MÉXICO, D.F: Tras el pago de una fianza exorbitante, los tres estudiantes detenidos en el marco de la manifestación del pasado primero de diciembre salieron del Reclusorio Varonil Norte a las 14:30 de este jueves, por lo que enfrentarán en libertad el proceso judicial en el que las autoridades les imputan los delitos de ataque a la paz pública, portación de objeto apto para agredir y ultraje a la autoridad.
Al aparecer ante las decenas de estudiantes presentes frente al reclusorio, Ariel Flores Pérez y Óscar Espinoza Trigueros recibieron fuertes aplausos y gritos de “huélum”.
El rostro de Óscar todavía exhibe huellas de la detención: varios puntos suturados en la ceja derecha, un arañazo en la mejilla. Parecía a punto de desmayarse a cada momento, por lo que su padre lo sostuvo por los hombros.
Ariel también denunció que lo golpearon durante su detención, pero “afortunadamente a mí se me desaparecieron rápido los golpes”. Explicó que tenía “un moretón en la mejilla, otro en la espalda y a altura de los riñones, y en la pantorrilla izquierda recibí un escudazo”.
El integrante de la Liga de Abogados, Miguel Méndez, aseveró que las autoridades no tienen prueba alguna de la responsabilidad de los estudiantes en los delitos que les imputaron. El próximo lunes, abundó, la defensa refutará el video que supuestamente inculpa a los jóvenes.
Proceso irregular
A raíz de su detención en la noche del pasado lunes, los granaderos del Distrito Federal llevaron a Ariel, Óscar y Demián Reyes Lara –de entre 18 y 20 años– a las oficinas del Ministerio Público de la delegación Gustavo A. Madero (GAM 4).
En la noche del martes, los familiares de los tres jóvenes se enteraron de que tenían que pagar una fianza a las nueve de la mañana del día siguiente.
Sin embargo, a las dos de la madrugada del miércoles, un hombre vestido con un pantalón de mezclilla y una sudadera roja entró en la celda de los jóvenes, pateó a uno que se encontraba tirado en el piso y les dijo: “Levántense huevones, vamos al médico”.
Ariel Flores contó a apro: “Nos agarran y nos esposan de mano y de pie. Caminar con estas porquerías es una tortura. Ya sabíamos el camino hacia el médico, pero el tipo nos indica otra dirección y nos lleva hacia la salida de emergencia”.
Una vez en el estacionamiento, el hombre obligó a los tres detenidos a subirse a un carro civil –“no sé de coches, no te podría decir la marca”, dijo Ariel–. Salieron del MP por la salida de atrás, sin que el sujeto les indicara que se dirigían al Reclusorio Norte. “Yo pensaba que nos iban a desaparecer”, concedió el estudiante.
A las nueve de la mañana del miércoles, las decenas de estudiantes en plantón afuera del MP, así como los familiares de los detenidos, habían reunido el dinero de las fianzas, unos 18 mil 600 pesos. Pero las autoridades les anunciaron que sus cercanos ya no se encontraban en el edificio.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PDJDF) emprendió una acción penal contra los tres jóvenes, los puso a disposición de un juez de delitos no graves, y aumentó la caución a más de 106 mil 500 pesos por cada preso.
Aterrados, los familiares contrataron a una afianzadora, pagaron 15% de la suma total –casi 50 mil pesos–, además de que los padres de Demián Reyes entregaron las escrituras de su casa como garantía, a raíz de lo cual los tres jóvenes obtuvieron su liberación por la tarde de este jueves.
Marcha
Una marcha que reunió a centenares de estudiantes salió a la una de la tarde de la unidad profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) rumbo al reclusorio para exigir la liberación de los tres jóvenes.
También estuvo presente la madre de Bryan Reyes Rodríguez, quien fue “levantado” afuera de su casa el 15 de noviembre, junto con su novia Jacqueline Santana López, por policías de la división de inteligencia de la Policía Federal vestidos de civil.
Una vez en el MP y con argumentos inverosímiles, los federales acusaron a la pareja de haber asaltado con cuchillos de cocina a una agente federal para robarle 500 pesos.
El pasado martes, Bryan –quién formó parte de los detenidos del 1 de diciembre de 2012– puso fin a su huelga de hambre iniciada el pasado 20 de noviembre, y sigue en espera de que un juez asuma su caso.
A las 14:30 la marcha llegó hasta el reclusorio, ubicado en el extremo norte del Distrito Federal, y los grupos de estudiantes acomodaron sus mantas en la calle y banquetas.
Después de un fuerte susto –ya que los jóvenes habían sido llevados en un auto blanco a las 14:15 sin mayor información–, los demás familiares se enteraron de que los había recogido el padre de Demián y trasladado a su casa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
viernes, 5 de diciembre de 2014
Juez ampara a detenidos de San Bartolo Ameyalco
MÉXICO, D.F: Familiares y defensores de derechos humanos exigieron la liberación inmediata de las cinco personas detenidas el pasado 21 de mayo, luego del zafarrancho entre habitantes del pueblo de San Bartolo Ameyalco y granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
A poco más seis meses de los hechos, en una manifestación frente a la sede del gobierno capitalino, informaron que el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, les notificó la resolución de un amparo en contra del auto de formal prisión a los detenidos.
El pasado 21 de mayo, alrededor de dos mil granaderos realizaron un operativo en el pueblo de San Bartolo Ameyalco para resguardar la construcción de una obra hidráulica impulsada por la delegación que gobierna el perredista Leonel Luna, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
La oposición vecinal acusó que no fue consultada e intentó parar la maquinaria; entonces, se generó un zafarrancho entre pobladores y policías, con varios lesionados. La policía detuvo a cinco personas, entre ellas a Javier Brígido Castro, Alberto Miguel Pérez Linares y Eduardo Nava Mejía.
La defensa acusó a la policía de violar los derechos humanos de los detenidos, así como el debido proceso legal. Aún así, el Juzgado 56 de lo Penal en el Reclusorio Preventivo Oriente dictó auto de formal prisión el 29 de mayo. Los delitos: ataques a la paz pública contra el ejercicio legítimo de la autoridad y, en uno de los casos, lesiones contra agentes de la autoridad.
Enseguida los abogados solicitaron un amparo contra la orden del juez. Este jueves, el Comité Cerezo informó que la Justicia de la Unión resolvió “amparar a los presos por motivos políticos de San Bartolo Ameyalco en ‘virtud de que el juez (que dictó) el auto de formal prisión no hizo una debida valoración de pruebas al no haber razonado de manera fundada ni motivada con qué medio de convicción se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de lesiones’”.
Lo que procede, explicó, es “conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, respecto del delito consistente en ataques a la paz pública contra el ejercicio legítimo de la autoridad, y con plenitud de jurisdicción emita otra resolución, en la que funde y motive su decisión, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, o en uno diverso, pero purgando los vicios formales de que adolecía el reclamado”.
En el documento se informó que, si bien el Juzgado Séptimo “debió ordenar la completa y absoluta libertad de los detenidos… el hecho de que resuelva que no está debidamente motivado ni fundado el auto de formal prisión comprueba lo que los familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos hemos denunciado: la violación al debido proceso y la presunción de inocencia”.
Bajo este argumento, familiares de los presos, pobladores y organizaciones derechos humanos realizaron un mitin frente a la oficina del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien le exigieron la liberación de los detenidos y el desistimiento de la acción penal en su contra, “dadas las irregularidades jurídicas y las violaciones a los derechos humanos”.
La “injusta reclusión” de los presos de San Bartolo Ameyalco, acusaron, “se da en el marco de una política de detenciones arbitrarias en el DF que tiene como objetivo el inhibir el derecho humano a la protesta social y la criminalización de la inconformidad social”.
No se trata de “un hecho aislado”, agregaron, por lo que “su libertad tendría que ser un acto mínimo de justicia por parte de las autoridades del DF”.
Entre los firmantes del comunicado participan el Comité de apoyo por la libertad de los presos políticos de San Bartolo Ameyalco, el Comité Cerezo México, Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Radio Estudiantil Libertaria, Organización de Lucha por la Emancipación Popular, Ajusco Radio, Cine Club Che Guevara y la Organización Campesina de la Sierra del Sur.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
A poco más seis meses de los hechos, en una manifestación frente a la sede del gobierno capitalino, informaron que el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, les notificó la resolución de un amparo en contra del auto de formal prisión a los detenidos.
El pasado 21 de mayo, alrededor de dos mil granaderos realizaron un operativo en el pueblo de San Bartolo Ameyalco para resguardar la construcción de una obra hidráulica impulsada por la delegación que gobierna el perredista Leonel Luna, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
La oposición vecinal acusó que no fue consultada e intentó parar la maquinaria; entonces, se generó un zafarrancho entre pobladores y policías, con varios lesionados. La policía detuvo a cinco personas, entre ellas a Javier Brígido Castro, Alberto Miguel Pérez Linares y Eduardo Nava Mejía.
La defensa acusó a la policía de violar los derechos humanos de los detenidos, así como el debido proceso legal. Aún así, el Juzgado 56 de lo Penal en el Reclusorio Preventivo Oriente dictó auto de formal prisión el 29 de mayo. Los delitos: ataques a la paz pública contra el ejercicio legítimo de la autoridad y, en uno de los casos, lesiones contra agentes de la autoridad.
Enseguida los abogados solicitaron un amparo contra la orden del juez. Este jueves, el Comité Cerezo informó que la Justicia de la Unión resolvió “amparar a los presos por motivos políticos de San Bartolo Ameyalco en ‘virtud de que el juez (que dictó) el auto de formal prisión no hizo una debida valoración de pruebas al no haber razonado de manera fundada ni motivada con qué medio de convicción se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de lesiones’”.
Lo que procede, explicó, es “conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, respecto del delito consistente en ataques a la paz pública contra el ejercicio legítimo de la autoridad, y con plenitud de jurisdicción emita otra resolución, en la que funde y motive su decisión, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, o en uno diverso, pero purgando los vicios formales de que adolecía el reclamado”.
En el documento se informó que, si bien el Juzgado Séptimo “debió ordenar la completa y absoluta libertad de los detenidos… el hecho de que resuelva que no está debidamente motivado ni fundado el auto de formal prisión comprueba lo que los familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos hemos denunciado: la violación al debido proceso y la presunción de inocencia”.
Bajo este argumento, familiares de los presos, pobladores y organizaciones derechos humanos realizaron un mitin frente a la oficina del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien le exigieron la liberación de los detenidos y el desistimiento de la acción penal en su contra, “dadas las irregularidades jurídicas y las violaciones a los derechos humanos”.
La “injusta reclusión” de los presos de San Bartolo Ameyalco, acusaron, “se da en el marco de una política de detenciones arbitrarias en el DF que tiene como objetivo el inhibir el derecho humano a la protesta social y la criminalización de la inconformidad social”.
No se trata de “un hecho aislado”, agregaron, por lo que “su libertad tendría que ser un acto mínimo de justicia por parte de las autoridades del DF”.
Entre los firmantes del comunicado participan el Comité de apoyo por la libertad de los presos políticos de San Bartolo Ameyalco, el Comité Cerezo México, Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Radio Estudiantil Libertaria, Organización de Lucha por la Emancipación Popular, Ajusco Radio, Cine Club Che Guevara y la Organización Campesina de la Sierra del Sur.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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