A las 14:00 horas de este viernes 31 de octubre, el dueño de la birriería Guadalajara en Ensenada, Manuel Cisneros Romero, acompañado por su abogado Miguel Lanz Paredes, su aparatosa escolta personal con hombres armados, y rodeado de medios de comunicación digitales, improvisó una conferencia de prensa en la acera frente a las oficinas del Semanario ZETA, donde, de forma agresiva, amenazó a la codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello, a quien exigía ver: “porque vamos a ir con todo, porque ella publicó, Adela Navarro”.

Cisneros Romero se refirió a la nota en la edición impresa del Semanario de este viernes 31 de octubre de 2025 titulada “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, donde se replican las tres hipótesis que la FGE maneja entorno a la investigación del asesinato, ocurrido el sábado 18 de octubre de 2025, de Omar Cisneros Salcedo, cuando dos hombres vestidos de negro ingresaron al restaurante Birriería Guadalajara poco antes de las 18:52 horas y dispararon a quemarropa contra él. La agresión armada ocurrió cuando la víctima se encontraba frente al mostrador conversando con la cajera.

El hombre, evidentemente alterado, dio un mensaje ante los reporteros digitales señalando en reiteradas ocasiones a la directora de ZETA, a quien emplazó a proporcionarle pruebas de lo publicado en el semanario, pese a que lo que se reproduce en el texto de la nota son las declaraciones oficiales, y extraoficiales, de funcionarios de la Fiscalía General del Estado e investigadores asignados al caso.

En tono amenazante, Manuel Cisneros Romeros amedrentó a la directora de ZETA para poder verla, cuando declaró y así quedó grabado en las cámaras y en vivos de los reporteros digitales presentes: “Quiero verla a ella, vengo a buscarla, porque la nota salió hoy, vengo a buscarla porque me va a dar la cara, si no es aquí o en otro lado pero me la va a dar”, arengando que se encontraría, de alguna manera, con Adela Navarro Bello.

Cisneros Romero insistió en sus señalamientos y en exigir pruebas de las declaraciones de los funcionarios de la FGE, pero respecto a ZETA y a su directora, en su exaltada alocución emitió comentarios calumniosos, al referir que la publicación del Semanario atendía a otros intereses y no al ejercicio del periodismo de investigación, cuando señaló dirigiéndose a Navarro Bello, que no estaba presente en el lugar: “Que tienes de pruebas para comprobar y dañar a la familia así, de negocios, simplemente por un dinero están haciendo eso, o no quiero saber por qué lo están haciendo”.

El dueño de la birriería, insistió en exigir a ZETA y a su directora pruebas, pero en algún momento, evidenció que sus sospechas sobre el asesinato de su hijo estaban en el cobro de piso (una de las hipótesis que reveló la FGR y que el semanario replicó), de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad de Baja California, así como licencias o autorizaciones del Ayuntamiento de Ensenada, su hijo Omar figuraba como propietario de los dos inmuebles que albergan las sucursales, una en la calle Ruiz, donde ocurrió el crimen, y la matriz que se encuentra en la calle Macheros, entre Primera y Segunda.

De acuerdo con la declaración que la familia hizo a los agentes de la Fiscalía, aseguraron que enfrentaban cobro de piso, pero además hicieron un señalamiento directo en contra de otra familia de empresarios de apellido Mancillas.

La familia Cisneros, sugirió, sin fundamento que el ataque podría venir de una disputa judicial por la fracción de terreno usado como estacionamiento que está contiguo a la matriz del restaurante ubicado en la calle Macheros.

El conflicto legal lo enfrentó durante varios años el padre de la víctima, con el empresario Fernando Mancillas Ponce, quien es propietario de diversos restaurantes de mariscos en la ciudad.

En la edición de este viernes se publicó un trabajo de investigación sustentado con información oficial de quienes investigan en la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes dan a conocer las líneas de indagatoria en torno al homicidio del empresario Omar Cisneros Salcedo.

La Fiscalía informó que las tres hipótesis que los agentes están investigando para esclarecer el homicidio son: Una disputa judicial por una fracción de terreno que los propietarios de la birriería sostienen con otro propietario de Marisco Bahía de Ensenada, el cobro de piso y los nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con un tono sumamente agresivo, Cisneros, primero atendió a blogueros que reunió en la vía pública a quienes, beligerantemente, dijo: “Vengo a buscar a esta señora Adela Navarro, por la nota publicada sobre mi hijo fallecido -Omar Cisneros-. Eso se publicó sin escrúpulos, sin sustento y sin nada. Se atreven a decir que mi hijo está vinculado con los cárteles. Yo vengo a pedir que me dé las pruebas, el sustento. Mi hijo tuvo 33 años de negocios familiares y si tienen pruebas para acusarlo, que me las muestren”.

“Quiero que dé la cara y que presente las pruebas. Tiene libertad de publicar lo que quiera, pero yo también tengo derecho a decir por qué publica eso”, añadió.

Cisneros acusó al medio de recibir pagos para publicar la nota: “Muéstrame fotos, muéstrame evidencias, ¿qué pruebas tienen para difamar y dañar a la familia por dinero?”, dijo, sugiriendo que la publicación carece de sustento.

Al ser cuestionado, advirtió, “porque vamos a ir por todo”, sin especificar más.

Insistió: “Adela Navarro, quiero que me dé la cara, que me muestre las pruebas. Si las tiene, yo se las comprobaré para saber si mi hijo realmente estuvo en eso que ella afirma”.

Cisneros también aseguró que quiere entregar información sobre otras líneas de investigación en torno al homicidio de su hijo.

“Hay denuncias; quiero ver a la codirectora para dárselas y que se ponga a trabajar de verdad como periodista profesional, no que cumpla su horario y se vaya. Ya publicó la nota, ahora la tiene que comprobar conmigo”.

Sobre el posible cobro de piso en los negocios de Ensenada, afirmó que su hijo se lo reservaba.

“Lo que siempre sucede es el cobro de piso; no se atreven a investigarlo. Mi hijo nunca me lo dijo directamente, yo ya lo había pasado hace algunos años; a mi hijo lo estaban atosigando, y ahora me entero”.

Señaló una supuesta colusión policial funciona así: “Llega la policía, hace su ‘pum pum’, ya cierra y se va”. Negó la línea de investigación sobre una posible colusión de Cisneros Salcedo que la Fiscalía confirmó a ZETA.

“Era una persona noble, apoyaba a su papá, a su mamá, a su hermano, a su exmujer, a sus nietas y sobrinas. Que venga y diga que está con el cártel… se lo digo con firmeza porque yo también tengo el derecho de ejercer mi réplica”.

Sin embargo, Cisneros Romero no buscó a ZETA en junio, cuando se publicó en este Semanario una investigación sobre las ligas entre sus empresas y las de otros como Fernando Salgado o Jesús González Lomelí, este último señalado por la OFAC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus nexos con la Mayiza, en donde figura la ex alcaldesa y hoy diputada federal por Morena, Araceli Brown.

“Que me compruebe y yo le puedo demostrar con cuentas bancarias. No se vale que se publique eso”, acusó Cisneros Romero antes de tocar la puerta de las oficinas de ZETA y exigir a la recepcionista hablar con Navarro Bello y cuestionar cuantas entradas y salidas tenía el inmueble.

La información contenida en la edición del viernes 31 de ZETA incluye a la empresa Cisgo y está disponible en el Registro Público de la Propiedad y el Registro Público de Comercio.

Entre socios de Cisneros en la citada empresa figura Jesús González Lomelí, quien aparece en listas que también son de dominio público del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con miembros del crimen organizado, en particular con Alfonso y René Arzate García, operadores del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Asimismo, información del Registro Público de Comercio indica que Cisneros participaba como socio en al menos tres compañías relacionadas con la industria alimentaria: Procesadora de Alimentos Alibaja, S.A. de C.V., Comercializadora Con Sabor a México, S.A. de C.V. y Alimentos Cisgo, S.A. de C.V., esta última al parecer fue disuelta.

Más información pública vinculan a los Cisneros con FJP & M, S.A. de C.V., propiedad de Fernando Rafael Salgado Chávez, originario de Guadalajara, quien, junto con el empresario Álvaro Vidal Velasco, constituyó el Grupo Xavkar, S.A. de C.V.

El mismo viernes 31 de octubre, ZETA y la codirectora Adela Navarro Bello, recibieron llamadas de alerta ante las amenazas de Cisneros Romero, de parte del Mecanismo de Protección Federal, el Mecanismo de Protección Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Presidencia Municipal de Tijuana.

Dado que además de las amenazas y exigencias vociferadas en la banqueta frenta a ZETA contra el medio y su codirectora, cuando fue evidente que la solicitada no se encontraba en las instalaciones, uno de los blogueros que lo acompañó a su improvisada conferencia de prensa, le alertó y conminó a que fuera a buscar a la periodista del Semanario a su domicilio particular, proporcionándole, además, la ubicación de su casa.

Aparte de su lopezobradorismo a ultranza, algo tienen en común los tres morenistas Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Andrés Manuel López Beltrán: políticamente están desactivados dentro del movimiento que fundó su líder moral, Andrés Manuel López Obrador.

Y otro denominador común: a pesar de ser señalados por los excesos adquiridos, disfrutados o cometidos durante los encargos de gobierno, legislativos o partidistas que han tenido, ninguno es investigado formalmente, sólo exhibido públicamente.

El verano de 2025 cambió la vida pública y política de los tres personajes, los tres varones morenistas que ya en el otoño se encuentran en la ignominia total. Primero fue el caso de Adán Augusto López, otrora poderoso morenista que intentó ser candidato a la Presidencia de la República después de haber sido honrado con la titularidad de la Secretaría de Gobernación por parte de Andrés Manuel López Obrador en el último tirón de su administración. Ambos tabasqueños, el expresidente lo llamó públicamente su “hermano”, para dar más certeza a la cercanía no sólo política que los unía, sino también personal.

Será por esos espaldarazos que López Hernández adquirió tanto poder al interior de Morena, en las bancadas legislativas del movimiento y desde la oficina que ocupó en gobernación, desde donde no sólo controló políticamente, también acordó con gobernadores y gobernadoras.

Como premio de consolación ante su derrota interna a manos de la ahora Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto, como se le suele identificar comúnmente, llegó al Senado de la República y a la coordinación morenista en la Cámara Alta con tanto poder que creyó que el presidencialismo se había extinguido y su posición en el Senado le era suficiente para negociar con la titular del Poder Ejecutivo. Pero nada; ni López Obrador en su momento, ni Sheinbaum Pardo hoy día, acabaron la centralización desde el Poder Ejecutivo.

Adán Augusto inició su caída en desgracia cuando se reveló y fue confirmado por la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la República y la FGR, que quien había sido su secretario de Seguridad al momento en que gobernó Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, era el líder de la célula La Barredora, al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación, apodado el Comandante H.

El exsecretario de Gobernación fue medido con la misma vara que le aplicaron en Morena a Felipe Calderón Hinojosa, a quien acusan por lo menos de incapacidad al no haber percibido que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, había servido a la mafia. Ahora, dentro -aunque especialmente fuera- de Morena reflexionaban sobre el mismo eje con otros protagonistas: ¿Cómo era posible que Adán Augusto no supiera que su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, no sólo servía al crimen organizado, sino que era cabeza de una célula, La Barredora, en la estructura misma del Cártel Jalisco Nueva Generación? Imposible no haberlo advertido.

Una vez entregado al descrédito político y moral con la develación oficial de los delitos cometidos por el cercano colaborador de López Hernández, el camino de las revelaciones que siguen hundiendo al antes poderoso secretario de Gobernación siguió llenándose de lastres. También con información de origen confidencial, fue revelado en reportes de prensa los más de 79 millones de pesos que en dos años, cobró de forma privada y particular el senador de Morena, pero que no consignó en sus declaraciones patrimoniales. De repente, en la arenga presidencial para dar una explicación, López improvisó una conferencia de prensa donde sembró más dudas y despertó más suspicacias sobre el origen de su fortuna, que intentó radicar en una herencia, aunque los ingresos mayores fueron cuando ya gozaba de las mieles de ser uno de los protagonistas del Movimiento fundado por su “hermano”, Andrés Manuel López Obrador; aunque no predicaba los principios de no ceder ante el lujo, el exceso, la acumulación de riqueza, sino todo lo contrario.

Es evidente, y así lo ha deslizado él, que la información que lo pone en la posición de ser investigado, ha salido del ámbito oficial. Sean filtraciones, delaciones o fuentes, el acceso a la información ha sido ágil y directo para exhibirle. Hace unos días, de nueva cuenta otro ramalazo: se confirmó la cercanía de López Hernández con el preso y exsecretario de Seguridad de Tabasco, a quien apoyó con trabajo notarial, con extensiones, con la apertura de empresas, con la contratación de sus servicios; si alguien era cercano y sabía de los alcances de Bermúdez Requena, ya no queda duda, ese era el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Su caída política, ante la pérdida de confianza, la sospecha, y la denuncia, va vertiginosamente. Sin embargo, los casos no llegan a integrar una carpeta de investigación; se le exhibe lo suficiente para inhabilitarlo políticamente, sin investigarlo formal y oficialmente.

Aunque de suyo no ha tenido el protagonismo suficiente para ser comparado con su padre de quien se dice ser el legado, en los meses recientes, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, ha estado más ausente de la vida política pública. Dos hechos de suma incongruencia con los principios de su padre subieron al mayor de los vástagos del tabasqueño a la palestra de la crítica social: un viaje de lujo a Japón para vacacionar después de “extenuantes” jornadas laborales; y la adquisición, a razón de casi medio millón de pesos, de una obra de arte de la magistral Yayoi Kusama.

En ambos casos, para revelar los detalles de los pagos, hubo filtración de documentos de prueba, del hotel, y las comidas en Japón, además de la transacción de la pintura. Andy López ha hecho lo posible, aunque ciertamente con poco esfuerzo y menor presencia, para justificar sus repentinos buenos gustos (al menos de lo que se conoce), que no coinciden con la política y los principios de austeridad republicana pregonados por su padre. Hasta donde se sabe, no constituye un delito darse unas vacaciones de lujo, o adquirir una carísima obra de arte, aun cuando se desconozcan los ingresos lícitos de López Beltrán, si el partido le paga o si su negocio de chocolates es exitoso; pero exhibirlo en los excesos, como a Adán Augusto, le resta calidad moral y congruencia, sin abrirle una carpeta de investigación a raíz de su enriquecimiento inexplicable.

Sucedió prácticamente lo mismo con Gerardo Fernández Noroña, cuando se reveló en una investigación periodística que quien se autoerigía como luchador social, el representante de los desprotegidos, el austero que vivía en una vecindad, el que se revelaba al sistema que le cobraba impuestos, ahora, en la bonanza del poder de Morena, vivía en una residencia de 12 millones de pesos en Cuernavaca, Morelos. Una casa cuyo monto no alcanza a cubrir con el salario que como legislador ha tenido, pero de la que goza a conciencia oficialista. Otra vez, se revela suficiente información para afectarlo políticamente, pero no para seguirle una indagación oficial.

Está claro que en Morena el poder no se comparte, y que quien lo acumula puede ser desactivado en la política con presunciones de excesos, abusos, riqueza repentina, sin iniciar averiguaciones formales porque, al parecer, el propósito no es enfrentarlos con la justicia por un posible enriquecimiento ilícito, sino inhabilitarlos moralmente rumbo a las próximas elecciones.