Según los primeros informes, García habría muerto por ahorcamiento, aunque las autoridades aclararon que la investigación sigue en curso y no se descarta ninguna línea, incluida la posibilidad de un homicidio.

Melvin García fue periodista en Cozumel y Mérida, Yucatán, actualmente se encontraba laborando como comisionista.

Es autor del libro “Mayra, su vida terminó, su historia comenzó”, en el que vinculó al exgobernador Félix González Canto con un crimen ocurrido en la isla.

Tras la publicación, denunció persecución política y se alejó del municipio por varios años, y según medios, regresó a Cozumel hace apenas unos meses.

La zona del hallazgo fue acordonada, y peritos continúan con las diligencias para esclarecer los hechos.

La Fiscalía aún no ha emitido información oficial sobre la causa del deceso.

Asimismo, añadió que el candidato que aparece en uno de los acordeones de las imágenes que acompañan su publicación “no ganó“.

Otra de las preguntas formuladas por la autoridad hacia Brugés fue si conocía quién financió la propaganda denunciada, y ésta respondió que “les pregunten a los de Morena”.

La periodista advirtió que este tipo de cuestionamientos puede tener un efecto inhibidor, tanto para la prensa como para ciudadanos que, de buena fe, denunciaron irregularidades en el proceso.

También explicó que, ante la falta de certeza del proceso, evitó entrevistar a candidatos y centró su cobertura únicamente en la documentación de anomalías, como el uso de acordeones físicos y digitales.

“Porque sin certeza, preferí solo limitarme a cubrir irregularidades. Y traca”, escribió.

A más de 12 horas de lo ocurrido, ni el gobierno de Puebla, ni el gobernador Alejandro Armenta habían emitido información o se habían pronunciado sobre el asesinato de Ordoñez Miranda.

“En este momento, el asunto está siendo atendido por la Fiscalía General del Estado de Puebla para esclarecer lo sucedido y llevar al o los responsables ante las instancias correspondientes para su sanción”, señala el escrito publicado por el Ayuntamiento de Cuetzalan.  

De acuerdo a versiones de los vecinos, sujetos desconocidos dispararon a quemarropa en dos ocasiones contra Ordoñez, para después salir huyendo.

Según otros periodistas de ese municipio, hasta el momento no es claro si el ataque contra el periodista fue debido a su labor o si fue víctima de la inseguridad que aqueja a ese Pueblo Mágico.

Algunos medios locales denunciaron que luego de los hechos los servicios de emergencia tardaron en llegar más de una hora para atender al comunicador, quien había quedado gravemente herido y que luego falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

Aunque el Ayuntamiento en su comunicado asegura que cuando se recibió la denuncia telefónica de lo ocurrido, elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal, acompañados de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron al lugar “de forma inmediata”.

“El Mecanismo aún no me dice sí proporcionará a otras dos personas para cubrir la guardia, debido a que además de detenerlos, se llevaron también sus armas, es decir, que las otras dos guardias del turno de hoy lunes están, pero sin armas en caso de un ataque o alguna acción violenta que pueda ponerme en peligro”.

Desde el pasado sábado, tras un operativo, la policía estatal tomó el mando de la seguridad del municipio de Juchitán, Oaxaca, realizando recorridos y acciones por toda las nueve secciones y más de 120 colonias populares de esta ciudad oaxaqueña.

Hasta el momento la policía estatal no ha informado nada al respecto.

José Ignacio, de 35 años de edad, vivió la última agresión en enero del 2022, cuando recorría la región de la mixteca oaxaqueña.

Hoy 19 de junio de 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT), el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (Consorcio Oaxaca), el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) e Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, espacios que en conjunto articulan a 245 organizaciones, 98 colectivos, 434 defensoras y mujeres periodistas en México llevaron a cabo el foro online “Protección pendiente en México”, para visibilizar la situación de riesgo que enfrentan las mujeres periodistas y defensoras en el país, así como una serie de recomendaciones, que se expusieron previamente ante el Comité de la CEDAW.

Jesús Peña y Niza Castañeda, de ONU Derechos Humanos, quienes participaron, destacaron la relevancia de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el papel activo de México en su revisión periódica ante el Grupo de Expertas. Subrayaron la importancia del escrutinio público, la transparencia y el diálogo abierto entre actores de la sociedad civil y las instancias gubernamentales, confiando en que se establezcan espacios permanentes para implementar las recomendaciones y avanzar en acciones concretas en favor de las mujeres en México.

Sandra Torres Pastrana, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), señaló el preocupante aumento de la violencia letal en particular contra las buscadoras y las defensoras de los derechos de las disidencias sexo-génericas. Resaltó también que las agresiones contra defensoras presentan con frecuencia un componente de discriminación de género, que se manifiesta a traves de discursos misóginos, violencia sexual, estigmatización y ataques desde el ámbito de lo privado. Alertó finalmente frente a algunas tendencias cada vez más documentadas como el incremento de los ataques registrados en el ámbito digital y la criminalización.

Lizeth Clavellina Angeles, de la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT), resaltó diversos patrones de agresiones identificados en los últimos dos años, enfatizando los riesgos diferenciados que enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio, el medio ambiente y los derechos de las mujeres, así como el alto grado de impunidad que prevalece.

Mina Ruiz, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), compartió los riesgos que han enfrentado en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, reportando que en los últimos seis años al menos 16 mujeres buscadoras han sido asesinadas. Recalcó la necesidad urgente de respaldo institucional para proteger las acciones de búsqueda frente a las amenazas, asesinatos y otras formas de agresión.

Lucía Lagunes, de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), señaló que persiste un trato desigual hacia las mujeres en los medios, marcado por discriminación, precariedad laboral, acoso, violencia y censura. Entre 2012 y abril de 2025, CIMAC ha documentado 1,896 agresiones contra mujeres periodistas, incluidos 14 feminicidios. Llamó a articular el marco legal nacional e internacional, transversalizar con perspectiva de género el Mecanismo de Protección y generar diagnósticos con enfoque integral para fortalecer la coordinación con instancias locales y avanzar en una política efectiva de prevención y protección.

Paola Pacheco, de Serapaz y en representación del Espacio OSC, también sobre el Mecanismo de Protección señaló la persistencia de deficiencias en la atención y aplicación de la perspectiva de género en todas sus fases de actuación. A pesar de la creación de “La Equipa”, punto focal para implementar la perspectiva de género, afirmó que no se han logrado impactos positivos en la protección de defensoras y periodistas, mencionando retos en incorporación, análisis de riesgo, coordinación, medidas, planes y reevaluaciones de mujeres defensoras y periodistas en riesgo.

Yesica Sánchez, de Consorcio Oaxaca, advirtió que Oaxaca es uno de los estados más peligrosos para la defensa de derechos humanos, con un aumento alarmante de la violencia feminicida. Que coloca al estado en el tercer lugar por los ataques. Enfatizó el caso reciente de la defensora Sandra Domínguez, desaparecida y posteriormente asesinada, quien había denunciado violencia sexual promovida por funcionarios públicos sin que se haya hecho justicia. Destacando la falta de atención a los impactos y desgastes que tienen dichos ataques. Así como la ausencia de una real coordinación entre los estados y la federación.

Finalmente, Emilie De Wolf de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), encargada de la moderación, cerró el foro resaltando que las defensoras de derechos humanos y periodistas realizan una labor urgente y trascendente, construyen alternativas dignas en un contexto de agudización de las crisis, desafían mandatos patriarcales y fortalecen tejido social y colectivo. Garantizar programas de protección integrales que  respondan a sus necesidades específicas, superen enfoques individualizados y urbanos, e incorporen una perspectiva intercultural y de género es impostergable concluyó. Informó finalmente que los informes presentados durante el foro están disponibles para descarga.

Informes disponibles en:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México (RNDDHM) e Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FCSS%2FMEX%2F63304&Lang=en

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) https://espacio.osc.mx/wp-content/uploads/2025/06/EOSC-Informe-mujeres-defensoras-y-periodistas-CEDAW-2025.pdf

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca):

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FCSS%2FMEX%2F63209&Lang=iv

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM): https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FCSS%2FMEX%2F63299&Lang=en

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT). y Observatorio Ciudadano Naonal del  Feminicidio: https://redtdt.org.mx/archivos/19366

Estos hechos se dan debido a que la gobernadora de Campeche denunció que el periodista realizó publicaciones que, a su juicio, incitaban al odio.

De acuerdo con los reportes, el periodista seguirá su proceso en libertad, aunque deberá cumplir con medidas cautelares como firma periódica ante la autoridad judicial. Además, también fue sentenciado a pagar una indemnización de dos millones de pesos al director estatal de Comunicación Social, Whalter Patrón Bacab, por presunto daño moral.

González Valdez fue detenido el pasado 9 de abril cuando intervino en la retención de un conductor, lo que derivó en el uso de la fuerza por parte de agentes estatales, lo que provocó que fuera trasladado a un hospital para atender sus heridas.

Desde ese día, el medio Quadratín reportó que el periodista ya tenía prohibido emitir opiniones negativas en contra de la gobernadora Layda Sansores, así como de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, debido a una orden de la Fiscalía de Campeche que le advertía que en caso de incurrir sería acreedor a una sanción económica y arresto de hasta 36 horas.

Este martes 20 de junio, la gobernadora de Campeche se pronunció sobre el periodista durante su conferencia de “Martes del Jaguar”, en la que retomó el caso del periodista Rafael Barrera, autor de Expediente, a quien acusó de realizar contenido “con saña” en su contra.

Además, aseguró que ese tipo de información continuó generándose por parte de Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna, por hacer notas que la dejan “en la indefensión”.

El domingo, el día de elección judicial, Cruz Lara se dirigía a una casilla a ejercer el voto cuando fue interceptado y privado de su libertad por varios sujetos que conducían mototaxis —pochitaxis, como aquí se le conocen—. 

“Me bajan bruscamente y me meten a un área verde. Me golpean, me dan patadas. Eran cuatro sujetos. Tres venían amagándome en la puerta de atrás del mototaxi (…) el chofer saca una tabla y me hinca, me da tablazos, me da 10 tablazos. Me dicen que es por hocicón, que es para que ya deje de hablar o hacer críticas periodísticas hacia el alcalde Gilberto Gómez Martínez y que eso era un primer escarmiento, que a la segunda iban contra mi familia”, narró a Proceso Hilario Alfonso, desde un sitio fuera de Quintana Roo donde se mantiene resguardado. 

El reportero atribuyó esta agresión a la cobertura que ha realizado sobre probables actos de corrupción registrados en Puerto Aventuras, una alcaldía que se ubica dentro del municipio de Playa del Carmen, cerca del corredor hotelero Riviera Maya. 

Por estos hechos, la víctima presentó una denuncia penal ante la Fiscalía local, la cual quedó asentada bajo el número de acta con terminación 4597/2025. 

Inmediatamente después abandonó esta entidad, donde desde hace siete años ejercía la labor reporteril a través de la página de noticias locales Informativo Puerto Aventuras. Se unió así a la lista de periodistas desplazados por la violencia que se vive a diario en diversas localidades del país. 

Sobre la agresión se encuentra notificado el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, afirmó Cruz Lara.

La organización exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que inicie «de forma urgente» una investigación «diligente, imparcial y con enfoque de género» para identificar a los responsables de las amenazas, así como llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a otorgar medidas de protección inmediatas para Navarro y el equipo de Semanario ZETA, «considerando el patrón reiterado de amenazas y la naturaleza de sus investigaciones».

De acuerdo con A19, tan sólo en 2024 se documentaron 90 amenazas contra periodistas en México, de las cuales la mayoría estuvieron orientadas a comprometer la integridad de las personas afectadas, incluyendo explícitamente amenazas de muerte.

ARTICLE 19 – Oficina regional para México y Centroamérica condena las amenazas dirigidas contra la periodista Adela Navarro, directora general del semanario ZETA, medio con sede en Tijuana, Baja California, que desde hace décadas realiza cobertura sobre temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado. 

La periodista ha recibido ocho llamadas telefónicas con amenazas entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025. En todas las comunicaciones, una voz masculina repite el mismo mensaje: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, para luego colgar de inmediato. Los mensajes han sido dirigidos tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que no cuenta con identificador de llamadas, lo cual ha dificultado conocer el origen de éstas.

De acuerdo con el testimonio de la periodista compartido con ARTICLE 19, en las primeras llamadas se escuchaba un eco notable, como si el interlocutor se encontrara en una habitación vacía. En las llamadas más recientes, el sonido de fondo sugería que se realizaban desde un entorno abierto, posiblemente en movimiento, con ruido de viento similar al de una motocicleta. Esto pudiera también implicar llamadas desde orígenes o individuos múltiples.

Cabe mencionar que las amenazas comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE),  en torno a una narcofosa y se han intensificado luego de revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal. Entre otras publicaciones recientes del semanario ZETA se encuentra un reportaje sobre la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.

Es preciso señalar que Navarro informó estos hechos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva. La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público.

A lo largo de 2024, ARTICLE 19 documentó un total de 90 amenazas contra periodistas en México, de las cuales, la mayoría estuvieron orientadas a comprometer la integridad de las personas afectadas, incluyendo explícitamente amenazas de muerte.

De acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato, secuestro, intimidación y amenazas a comunicadores, así como la destrucción de medios, violan los derechos fundamentales y restringen gravemente la libertad de expresión”. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha señalado que estas acciones provocan un efecto de autocensura que obstaculiza el ejercicio periodístico y pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a obtener y difundir información e ideas de cualquier tipo.

Ante ello, ARTICLE 19 exige:

–   A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE): iniciar de forma urgente una investigación diligente, imparcial y con enfoque de género que permita identificar a los responsables.

–   Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: otorgar medidas de protección inmediatas para Adela Navarro y el equipo de Semanario ZETA, considerando el patrón reiterado de amenazas y la naturaleza de sus investigaciones.