En su lucha para alcanzar candidatura de elección popular y puestos directivos de los tres órdenes de gobierno, las mujeres de la política mexicana pugnaron y, tras muchos años, lograron que los partidos de un país machista aprobaran leyes que los obligaran a designaciones y asignaciones de cargos públicos con paridad de género.

Aunque estas reformas no garantizaron la llegada de las mejores mujeres afiliadas a las instituciones políticas, porque las conexiones partidistas siguen siendo determinantes, es innegable que los cambios representaron un importante avance.

Algunos de los argumentos público-sociales esgrimidos para lograr esta paridad, y los nombramientos de damas en importantes áreas de la administración pública, han sido que las mujeres son más honestas, sensibles y sororas. El tema aquí es que ningún estudio ha probado que estos rasgos sean inherentes a la biología del sexo femenino, porque son temas de personalidad, educación, formación y valores.

Y hoy, en Tijuana, Baja California, se está viviendo un ejemplo de que aún con muchas mujeres en puestos claves de poder, las víctimas femeninas continúan padeciendo la ausencia de solidaridad.

El 11 de julio del 2025, se hizo pública la salida de Erik Isaac Morales Elvira de la titularidad de la Secretaría de Bienestar del XXV Ayuntamiento de Tijuana, después que una muchacha en sus temprano 20 lo denunciara el 10 de julio, y relatara cómo el día 4 del mismo mes, ese hombre de 48 años, muchos kilos, 1.73 metros de estatura y entrenamiento de box, siendo superior jerárquico, la encerró en su oficina, privándola de la libertad y la abusó.

La joven, apoyada por psicólogos, hizo una descripción descarnada de cómo el funcionario la llamó a su oficina con motivo de trabajo, y después le manoseó incluyendo sus zonas íntimas, la besó por donde pudo, se le friccionó y la estrelló de manera soez y agresiva, a pesar de que ella lo rechazó de viva voz; le dijo que por favor se detuviera, y que no lo hiciera.

Cierto es que una denuncia no significa culpabilidad y el Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en cuanto a la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Tampoco se trata de linchar al exfuncionario y exboxeador identificado como El Terrible Morales, aunque antes, en enero de 2024, él ya había tenido otra denuncia por otro delito similar, y esa carpeta sigue sin resolverse después de 18 meses.

Pero lo que hicieron el puñado de mujeres empoderadas en Baja California y adheridas a los gobiernos locales fue dejar sola a la víctima veinteañera y generarle un vacío. Todas se quedaron calladas, como si la causa de la joven no fuera parte de sus obligaciones y estuviera en contra de sus intereses.

El 14 de julio, tres días después que se hiciera pública la salida de Morales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda -quien junto con su esposo Carlos Torres, promovió al expugilista como precandidato a la alcaldía de Tijuana, pero fue superado por el actual presidente municipal Ismael Burgueño, a quien la mandataria terminó imponiéndole al Terrible como funcionario-, fue cuestionada respecto al tema de su otrora protegido;  respondió simplemente que no sabía de las denuncias y luego, a pesar del evidente desinterés, se atrevió a repetir su acostumbrada línea de “nuestro apoyo siempre a las mujeres”.

Caso similar el de Candelaria Aracely Márquez Peña, titular del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer) en el Ayuntamiento de Tijuana: no buscaron a la víctima para brindarle apoyo, ni le ofrecieron otro tipo de soporte en lo público o lo privado, y cuando se le preguntó por la denuncia el día 14, también dijo: “No tenemos conocimiento de eso”, y se dio la vuelta evitando responder más preguntas del tema.

Teresita Balderas Beltrán, Síndico Municipal tijuanenses que recibió la denuncia el 10 de julio, tardó seis días en dar la cara y lo hizo a través de un boletín publicado en redes sociales: “Ante las denuncias que recibimos en contra de un funcionario del Gobierno Municipal actuamos con transparencia y estricto apego a legalidad atendiendo con perspectiva de género y cuidando en todo momento la integridad y los derechos de la persona denunciante. Nuestro compromiso en claro: actuar con firmeza y sensibilidad ante situaciones que vulneren la dignidad humana. En este gobierno, la justicia y el respeto a los derechos de las mujeres son principios irrenunciables”, concluyó el comunicado.

De las otras damas del poder no se supo nada: ni de la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez; ni de Hortensia Noriega León, fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género; tampoco Mónica Vargas Núñez, titular del Instituto de la Mujer del Estado de Baja California (INMUJER); o de Magdalena Bautista Ramírez, directora del Centro de Justicia para las Mujeres; menos de Dunnia Montserrat Murillo López, presidente de la mesa directiva de la XXV Legislatura de Baja California; y de Rosina del Villar, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, partido al que ha representado Morales Elvira como diputado federal, funcionario estatal, precandidato a la alcaldía de Tijuana y secretario de Bienestar municipal.

Son tantas mujeres acomodadas en puestos públicos, con buenos sueldos, que tienen la consigna y obligación de proteger a las víctimas femeninas, y al final, en medio de la crisis, tan poco apoyo y tan grande la sensación de indefensión.

PD.- Los hombres del poder no reaccionaron mejor: intolerable y vergonzante el silencio del alcalde Ismael Burgueño y del secretario general Arnulfo Guerrero, ambos responsables de las relaciones y las políticas del Ayuntamiento.

Tras permanecer más se siete años sustraído de la justicia, un hombre acusado de violación agravada contra una alumna menor de edad en el CCH Vallejo, fue detenido en el exclusivo residencial Aldea Zamá, en Tulum, donde permanecía oculto.

Lo anterior se logró gracias a un trabajo de investigación entre agentes ministeriales locales y de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quienes dieron con el paradero de David “N”, informó la Fiscalía de Quintana Roo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reprobó el acoso sexual denunciado por una alumna de una preparatoria de Chiapas y pidió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) que amplíe la investigación dentro del plantel para identificar “posibles casos adicionales” de ese delito que no hayan sido denunciados. 

Dos días después de que una alumna del plantel “Felipe Carrillo Puerto”, ubicada en el municipio de Pijijiapan, denunció el acoso sexual vivido en esa escuela durante la ceremonia de fin del ciclo escolar, la dependencia dirigida por Mario Delgado Carrillo reaccionó a la situación que se hizo viral en redes sociales y reprobó “de manera categórica” los hechos “en agravio de una estudiante presuntamente cometidos por un integrante del personal docente”.

Pide investigar más casos

 

De la misma forma, la SEP solicitó “respetuosamente” a la FGE ampliar la investigación al interior del plantel educativo para identificar posibles casos adicionales de acoso sexual que no hayan sido denunciados por las y los estudiantes.  

Según la dependencia, esta medida permitirá “garantizar un entorno escolar verdaderamente seguro, libre de violencia y de cualquier forma de abuso”. 

Luego, informó que dará “todo el acompañamiento necesario” a la comunidad educativa del plantel afectado, así como a las autoridades estatales para garantizar la aplicación de los protocolos institucionales de atención, protección y sanción, según lo establecido en el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual, vigente en toda la administración educativa federal. 

Por último, la Secretaría reafirmó que “no hay lugar para la impunidad en el sistema educativo nacional. Cada acto de violencia, abuso o acoso será enfrentado con decisión, transparencia y justicia, priorizado siempre el bienestar y la seguridad de nuestras y nuestros estudiantes”. 

Y cerró al decir: “La educación debe ser un espacio seguro, libre de violencia y con pleno respeto a los derechos humanos”. En ello, dijo, no dará “un solo paso atrás”.

Después de que una estudiante de la preparatoria “Felipe Carrillo Puerto”, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, denunciara durante su ceremonia de clausura del ciclo escolar −frente a familiares, invitados, estudiantes y autoridades escolares− casos de abuso sexual en el plantel, uno de los docentes denunciado fue detenido.

La Fiscalía del estado informó que al detenido se le imputa el delito de hostigamiento y acoso sexual cometido en agravio de la joven que denunció los hechos públicamente en su ceremonia de graduación.

De acuerdo con las autoridades, el hombre identificado como José “N”, fue localizado en Tapachula y pretendía huir del municipio donde residía y laboraba, para evitar ser detenido.

“Puede que no todos sean acosadores, pero son amigos y defienden a sus cuates a capa y espalda”.

Aseguró que enfrentar a un maestro mayor y denunciar el acoso implica un desgaste emocional que ninguna alumna debería soportar.

“De verdad, chicas, si alguna vez un maestro les ha mandado un mensaje que no debía ¡hablen!”.

En lo que va del gobierno de Salomón Jara, más de 900 mujeres han desaparecido en Oaxaca, en su mayoría niñas y jóvenes de entre 12 y 29 años, denunciaron colectivos y organizaciones de derechos humanos con base en datos del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca).

“La mayoría de estos casos siguen impunes, mientras las familias enfrentan revictimización institucional, falta de protocolos con enfoque de género y negligencia sistemática”, señalaron las organizaciones tras un encuentro de juventudes activistas, colectivos e instituciones educativas, en el que realizaron un análisis colectivo e interseccional sobre las condiciones que atraviesan los jóvenes en la entidad.

Además de las cifras “alarmantes” por la desaparición de mujeres, las juventudes y organizaciones también alertaron por el índice de explotación y exclusión laboral; el racismo, la discriminación lingüística y el despojo territorial contra los jóvenes indígenas y afrodescendientes; la exclusión de las juventudes de la diversidad sexogenérica en espacios laborales y educativos; así como la exclusión sistemática de las juventudes con discapacidad.

“Las juventudes enfrentan una situación marcada por violencias estructurales, discriminación, falta de acceso a empleos dignos, desapariciones, criminalización, violencia institucional, las desigualdades de género, clase, origen étnico, orientación sexual, identidad de género y territorio, generando graves impactos en sus vidas, en su bienestar emocional y en el futuro de las juventudes oaxaqueñas”, destacaron en un comunicado conjunto.

Frente a la crisis de derechos humanos que enfrentan los jóvenes en Oaxaca, exigieron al gobierno estatal acciones efectivas de búsqueda e investigación de los casos de desaparición de mujeres; políticas que garanticen condiciones laborales justas y libres de violencias; políticas públicas interseccionales “que partan del diálogo real con juventudes urbanas, rurales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, con discapacidad y de la diversidad sexogenérica”, y el cese a la criminalización y persecusión policial de los jóvenes, entre otras medidas.

COMUNICADO:

Leer el relato de la joven de 24 años que denunció ante la Fiscalía General del Estado de Baja California, al exboxeador Erik Isaac Morales Elvira, apodado el Terrible, es doloroso. 

Aquel 4 de julio de 2025, la joven dice que Morales Elvira, entonces Secretario de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana y su jefe, la llamó a su oficina, y después de pedirle que se sentara, cerró la puerta y empezó a ordenarle trabajo: que debía hacerlo colaborador en sus redes sociales como figura pública, y también en la página de la Secretaría de Bienestar, para que el expugilista que quiso ser político, multiplicara seguidores en redes sociales.

Para explicarle, Morales sacó su teléfono celular, se acercó mucho a la joven, la tomó del brazo hasta hacerla sentir incómoda. Tanto, que ella prefiere levantarse e intentar salir de la oficina en el Palacio Municipal de Tijuana. Pero el funcionario puso seguro a la puerta “e inmediatamente me tomó a la fuerza de los brazos, con fuerza, y comenzó a utilizar un lenguaje obsceno hacia mi persona diciéndome me encantas, mamacita, chiquita dame un beso, comenzó a besarme en la cara y a jalarme el cabello, yo le decía que por favor no lo hiciera, pero él continuaba haciéndolo y cada vez me apretaba más con sus manos mis brazos, besó mi boca a la fuerza y pegó su cuerpo al mío, tocó mis glúteos y comenzó a mover su cuerpo y estrellarme contra la pared frente a frente, metió su lengua en mi oreja y con una de sus manos me abrió a la fuerza mi boca de una forma grotesca y metió su lengua, en ese momento también metió su pierna entre las mías, su pene estaba erecto y estaba poniéndolo en mi vagina, después me volteó mi cuerpo de espaldas y comenzó a besar mi cuello, yo le seguía diciendo que por favor se detuviera, que no lo hiciera, que no por favor, pero él no se detenía, él es boxeador y tuve miedo que fuera a golpearme, es robusto y más alto que yo, por lo que aprovechó y lo hizo a la fuerza, teniéndome contra mi voluntad, alguien toco la puerta de su oficina, él esperó un momento, abrió la puerta y aproveché para salir en ese momento”.

La joven explica, en la narrativa de hechos en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado, que tuvo mucho miedo, que se fue de las oficinas del Ayuntamiento de Tijuana y ya no regresó. Hasta la fecha. Venció el temor y comentó con sus padres lo sucedido, también con el pastor de la iglesia cristiana a la que pertenece desde que era una niña. Entre los religiosos y la familia, le prestaron apoyo psicológico, y la motivaron a denunciar la atrocidad de la que había sido víctima.

Cinco días después, el 9 de julio de 2025, se presentó a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y presentó la denuncia. Al día siguiente, el 10 de julio de 2025, levantó otra denuncia en la Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana.

El Alcalde de la ciudad, el morenista Ismael Burgueño, cuando tuvo conocimiento de lo denunciado por la colaboradora del Ayuntamiento y exempleada de Erik Morales Elvira, le solicitó al boxeador la renuncia. El 11 de julio, fue dado a conocer, de manera extraoficial, pues el Ayuntamiento no emitió comunicado alguno al respecto, que el Secretario de Bienestar había renunciado a su cargo, sin explicar motivos.

Erik Morales, el Terrible, como se le conocía en su época de boxeador en la cual cosechó varios campeonatos, no es nuevo en la política como tampoco lo es en las denuncias por abuso sexual. 

Su carrera en la administración pública inició en el PAN, cuando ese partido gobernaba Tijuana en el año 2010 con el Alcalde Jorge Ramos, hoy también en el ala morenista en el Congreso de Baja California aun cuando por la vía del Partido Verde Ecologista, y fue designado director del Instituto Municipal del Deporte. En la elección federal de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República, Erik Morales, el Terrible, fue candidato de Morena a una Diputación Federal, que en la ola lopezobradorista, también ganó.

Luego la Gobernadora Marina Ávila Olmeda tomó posesión como la primera mandataria estatal en Baja California, nombró a Erik Morales Elvira como titular del Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado, cargo al que renunció cuando, motivado entre otros por la Gobernadora, buscó la candidatura a la Alcaldía de Tijuana para las elecciones de 2024.

El Terrible fue el gallo de la Gobernadora Ávila Olmeda, quien ya traía un pleito político y personal (que prevalece) con la entonces Alcaldesa de Tijuana que buscaba su reelección, Montserrat Caballero Ramírez. En enero de 2024, en plena precampaña, al expugilista le salió la primera denuncia formal por abuso sexual. En ese caso la denunciante fue una mujer que relató haber trabajado para Morales en 2012 como recepcionista del gimnasio que tenía el exboxeador, Box Platino. En esas instalaciones, el expugilista, declaró la mujer, la tocó “sin su consentimiento” y quiso abusar de ella sexualmente. Por tales acontecimientos, refirió la denunciante, sufrió problemas psicológicos. Al verlo en campaña, decidió denunciarlo ante la FGE, donde se abrió una carpeta por “abuso sexual, hostigamiento sexual y lo que resulte”.

En enero de 2024 este caso fue muy mediático, dado que Morales Elvira pretendía ser el candidato de Morena a la Alcaldía de Tijuana. Al final, no llegó. Por una “decisión salomónica” tomada en el CEN de Morena, ni fue candidato el gallo de la Gobernadora, ni la Alcaldesa Montserrat Caballero obtuvo la reelección, eligieron a un tercero, a quien por entonces era el líder estatal del partido, Ismael Burgueño.

Sin embargo, las huestes de la Gobernadora y de su esposo Carlos Torres Torres, lograron no solamente incrustar a Erik Morales Elvira en el Gabinete de Burgueño, sino darle a Carlos Torres el cargo honorario al que ya renunció después de que su visa para entrar a los Estados Unidos le fue retirada, como a su esposa, la mandataria estatal.

Y ahí estuvo Erik “El Terrible” Morales hasta el 10 de julio de 2025, cuando Burgueño, tras las denuncias de la joven por abuso sexual, le solicitó la renuncia. El Terrible aceptó renunciar, y de él nada se ha sabido.

Cuatro mujeres tienen en sus manos el futuro de la justicia en este caso. La Gobernadora de Baja California, la primera mujer en ese cargo, Marina Ávila, la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade, la síndica procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas, la titular de la unidad de delitos sexuales, Hortensia Noriega León.

Sin embargo, ninguna ha dado un paso público en defensa de la víctima. Todas guardan un bajo perfil que protege al exsecretario de Bienestar de Tijuana y dos veces denunciado por abuso sexual, Erik “El Terrible” Morales.

La Fiscal María Elena Andrade y la Síndica Teresita Balderas permanecen en silencio. La titular de la unidad de delitos sexuales, ausente, y la Gobernadora, con sus frases ambiguas, también parece favorecer al exboxeador. Hace unos días cuando le preguntaron sobre el caso, respondió: “Él (Erik Morales Elvira) es una leyenda del box de Tijuana, de Baja California, y nuestras acciones serán muy respetuosas. Nuestro respaldo total a la joven también, y el que Erik haya tomado la decisión de separarse del cargo para que continúe la investigación”. Sin embargo, no fue así, no se separó del cargo el 4 de julio de 2025 cuando la joven que lo acusa de haberla abusado, salió corriendo de su oficina para no regresar más. No se separó del cargo el 9 de julio de 2025 cuando la joven presentó la denuncia ante la FGE de Baja California, como tampoco se separó del cargo el 10 de julio cuando también presentó denuncia en la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana. Morales Elvira dejó el cargo cuando el viernes 11 de julio de 2025, el Alcalde Ismael Burgueño le solicitó la renuncia.

El caso llegó a conocimiento del Alcalde no sólo por la denuncia presentada en la sindicatura, también por la comunicación del pastor de la iglesia cristiana a la que pertenece la joven denunciante, desde donde hicieron un llamado a la justicia y a la remoción del abusador denunciado.

En cualquier otra época política el caso sería un escándalo y las autoridades estarían investigando, pero como se trata de un morenista en un Gobierno de Morena, aún cuando Baja California sea gobernado por una mujer, la Fiscal sea mujer, la Síndica se mujer, y la Fiscal de delitos sexuales sea mujer, la joven víctima, a cómo se ve el panorama lleva la desventaja, ante el nocaut político de un exboxeador acusado dos veces por el delito de abuso sexual.

El congreso de Oaxaca optó por disolver el gobierno del municipio indígena de Zapotitlán Palmas, en la región mixteca, antes que reconocer la violencia de género que se ejerció contra su primera presidenta municipal, Inés Martínez, y la regidora de Salud, Elodia López.

Esto, pese a que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvió que la presidenta municipal fue víctima de violencia política en razón de género.

Desde hace dos años, las dos mujeres —junto con algunas compañeras de la administración local— comenzaron a ser discriminadas por los síndicos y regidores hombres, quienes les acusaban de ser incompetentes para el cargo público solo por el hecho de ser mujeres y posteriormente las acusaron de desvío de recursos sin presentar pruebas, con la intención de desprestigiarlas.

Sancionan a síndico y regidor por violencia política en razón de género

Martínez y López denunciaron la violencia política en razón de género ante el Tribunal Electoral oaxaqueño en noviembre de 2023, quien siete meses después emitió sanciones contra el síndico José Longinos y el regidor de Hacienda, Damián Reyes, por sus acciones machistas.

En el documento, señalaron que “en varias ocasiones eran ignoradas al querer emitir una opinión y muchas veces calladas, manifestándoles que no tenían que involucrarse en temas de hombres, como eran las obras que se llevarían a cabo en el Municipio”. Además, fueron objeto de gritos e insultos por parte del regidor de Hacienda.

Igualmente, en noviembre de 2023, durante una asamblea general del municipio, el síndico y sus allegados acusaron sin fundamentos a Martínez y López de mal uso de los recursos públicos, pero al intentar desmentir las acusaciones a ambas políticas se les negó la palabra.

Al analizar los hechos y las pruebas presentadas, el Tribunal Electoral de Oaxaca determinó que sí existió violencia política contra las dos mujeres en razón de género, ya que “los denunciados utilizaron su cargo para emitir acusaciones frente a la asamblea general de la comunidad, de las cuales ninguna prueba se aportó” y que hizo con la finalidad de difamar y calumniar a las servidoras públicas.

“Las acciones denunciadas no fueron espontáneas o fruto del desconocimiento de los denunciados, y en ellas se advierte un uso consciente de los estereotipos de género y de la consecuencia de las acciones llevadas a cabo”, detalló el órgano en el expediente PES/03/2024, que emitió en julio de 2024.

Los magistrados locales determinaron imponer al síndico Longinos y al regidor Reyes una multa de 54 mil 285 pesos cada uno, así como inscribir a ambos en el Registro oaxaqueño de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un periodo de nueve años un mes y siete años tres meses, respectivamente.

Por su parte, el síndico y el regidor interpusieron un juicio para la protección de sus derechos ante el Tribunal Electoral en febrero de 2025 donde alegaron que la presidenta municipal y dos regidoras estaban cometiendo violencia política e institucional en su contra, pero los magistrados determinaron que no habían elementos probatorios de modo, lugar y tiempo, por lo que concluyó inexistente esta violencia.

Sin embargo, el Tribunal sí identificó que la presidencia municipal adeudaba dietas tanto al síndico como al regidor de Hacienda, y resolvió que Inés Martínez debía convocarlos a las sesiones de cabildo.

Congreso oaxaqueño desaparece poderes del municipio de Zapotitlán Palmas

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ya tiene identificado y giró una orden de aprehensión contra el presunto responsable del feminicidio de una joven, identificada como Carla, a quien disparó con un fusil en calles de Guadalajara, además de que ya fue localizada la camioneta que utilizó para escapar.

En conferencia de prensa realizada este lunes, el Fiscal de Jalisco, Salvador González, detalló que fue posible identificar al presunto feminicida gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad que captaron los hechos, además de que la autoridad obtuvo una orden de aprehensión para su captura.

Agregó que la dependencia a su cargo está investigando si el arma que fue usada por el agresor para privar de la vida a la joven está relacionada con algún grupo del crimen organizado.

La información es preliminar y está sujeta a cambios conforme avance la investigación.

Los detalles 👉🏼 https://t.co/3YxjT7ZzgG

— Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 14, 2025