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Sonora: Encuentran a tres hermanas menores de edad asesinadas junto a carretera

El colectivo Buscadoras por la Paz denunció la crueldad del crimen y exigió justicia. Las menores habrían permanecido más de un día en el lugar donde fueron encontradas.

Tres hermanas de entre seis y ocho años de edad fueron asesinadas a balazos en Hermosillo, Sonora, informaron las autoridades estatales.

Fuentes de la investigación indicaron que las tres menores fueron presuntamente secuestradas junto a su madre. Una mujer, que podría ser la progenitora, fue hallada sin vida el pasado viernes en una cuneta de la Carretera 36 Norte, en las inmediaciones del poblado Miguel Alemán.

Los cuerpos de las niñas fueron localizados siete kilómetros al norte en esa misma vía.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora anunció la apertura de una carpeta de investigación tras el hallazgo de los cadáveres, en torno al kilómetro 7 de la carretera.

Personal de Servicios Periciales se desplazó al lugar de los hallazgos para realizar las primeras diligencias de investigación.

En un comunicado, la institución aseguró que se realizará “una rigurosa investigación” y que todas las áreas especializadas participarán en la misma, con el fin de establecer las circunstancias de los hechos.

Cecilia Delgado, líder del colectivo “Buscadoras por la Paz Sonora”, aseguró el sábado en un video publicado la cuenta de Facebook del grupo que al parecer se trata de dos gemelas de ocho años de edad y una de seis.

“Las dos más grandecitas, de ocho años, trataron de proteger a su hermanita porque la tenían abrazada. Algo que hasta al más duro lo hace llorar. La verdad que estuvo muy fuerte, muy fuerte, muy doloroso. Muy indignante. No hay palabras para decir lo que sentimos”, dijo.

“Fue algo que nos movió, y esperemos que sacuda a esa sociedad que dice que ‘es que por algo’, ‘es que por esto’, ‘es que por lo otro’. ¿Qué pudieron haber hecho esas tres niñas inocentes? ¿Qué pudieron haber hecho? Díganme nomás. Son unos angelitos, unas niñas inocentes que se les vio el terror en la cara”, mencionó.

Agregó: “Tendrían un día y medio, más o menos, ahí en ese lugar donde estaban, abajo de un árbol. Una de ellas abrazando a su hermana, a la más pequeña, de seis años. Fue una imagen que se nos va a quedar”.

Más tarde, compartió fotografías de las diligencias y un comunicado en el que el grupo de buscadores señaló que nunca se había visto “tanta crueldad” en todos los años de búsqueda y pidió que no se normalice este tipo de violencia.

“No debemos normalizar algo tan espantoso. Este hecho nos recuerda la importancia de trabajar juntos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas”, apuntó.

El colectivo hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas efectivas, así como a garantizar qué se haga justicia y “sobre todo a la no repetición”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cae hombre acusado de rociar gasolina y prender fuego a su pareja en Chimalhuacán, Edomex

Tras un año prófugo, el sujeto fue detenido en Oaxaca.

Gabriel Alejandro G.C., acusado de rociar gasolina y prenderle fuego a su pareja en mayo de 2024, en el municipio de Chimalhuacán en el Estado de México, fue detenido en Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dijo que Gabriel Alejandro G.C. fue arrestado en la calle Jacarandas, colonia Aurora, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, tras un operativo encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que trabajaron en colaboración con la Policía de Investigación del Estado de México.

La agresión del sujeto contra su pareja sucedió en mayo de 2024 en la colonia Orfebres, en el municipio mexiquense de Chimalhuacán, cuando roció con gasolina y le prendió fuego a la mujer, identificada con las siglas A.V.E.S., quien resultó con severas lesiones por quemadura.

Derivado de las investigaciones hechas por la Fiscalía Especializada de Feminicidios y gracias a la solicitud de colaboración para dar cumplimiento al mandato judicial, la Fiscalía de Oaxaca inició las labores de búsqueda, pues las indagatorias apuntaban que el presunto agresor se refugiaba en la capital del estado.

Una vez realizadas las labores de localización, se pudo establecer que Gabriel Alejandro G.C. estaba en un domicilio en el norte de la ciudad de Oaxaca, por lo que el 28 de junio pasado se desplegó un operativo en el que fue detenido.

Luego de la detención, se efectuaron los trámites legales pertinentes para su traslado al Estado de México y, con ello, ponerlo a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para su debido proceso legal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Colectivo Cuernavaca rechaza reformas electorales impulsadas por el PAN y avaladas por Morena

Una de las principales preocupaciones del colectivo es la ampliación del número de curules en el Congreso local de 20 a 30, lo cual, aseguraron, contradice el proyecto de reforma federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum que propone reducir el número de diputaciones en la Cámara de Diputados.

Integrantes del Colectivo Cuernavaca, conformado principalmente por personas fundadoras y militancia de base de Morena, manifestaron su rechazo a las reformas en materia electoral aprobadas recientemente por el Congreso local, al considerar que vulneran principios de igualdad sustantiva y representan un retroceso democrático.   

En conferencia de prensa- ofrecido en Zócalo de Cuernavaca-, el vocero del colectivo, Francisco Radilla Corona, criticó que las y los legisladores de Morena hayan respaldado una iniciativa promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) que, a su juicio, responde a intereses personales de un grupo político y no a una auténtica reforma democrática.
“Esta expresión ciudadana manifiesta públicamente su desaprobación y desacuerdo con la decisión de las y los legisladores del grupo parlamentario de Morena de respaldar con su voto la aprobación de las iniciativas de ley que en materia electoral fueron presentadas por el PAN, que claramente atentan contra la igualdad sustantiva plasmada en la Constitución”, expresó Radilla Corona. 
Una de las principales preocupaciones del colectivo es la ampliación del número de curules en el Congreso local de 20 a 30, lo cual, aseguraron, contradice el proyecto de reforma federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum que propone reducir el número de diputaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado.

“Ampliar de 20 a 30 curules el Congreso local es un claro retroceso. Va en sentido contrario de la reforma electoral que a nivel federal impulsa la presidenta de la república”, sostuvo el vocero. 

El colectivo también advirtió que el grupo parlamentario de Morena en la LVI Legislatura actuó “de manera ingenua e irresponsable”, al abrir la puerta —según señalaron— a que el PAN pueda controlar el presupuesto de egresos del estado en 2028.

Además, denunciaron que las reformas se han utilizado como moneda de cambio para la extinción de órganos autónomos como el Instituto Morelense de la Mujer, y advirtieron que lo mismo podría ocurrir con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 
“La utilización de esas reformas como moneda de cambio… pone en evidencia la actuación bajo consigna, el bajo nivel parlamentario y el interés acomodaticio de las y los legisladores de Morena”, agregó Radilla. 
Aunque reconocieron que algunos funcionarios de dichos órganos han incurrido en abusos en el manejo de recursos públicos, insistieron en que la solución no es su desaparición.

“Ante la ausencia de mecanismos claros de control y rendición de cuentas se autoasignan sueldos, prestaciones y haberes de retiro millonarios que los ha convertido en una especie de casta dorada del servicio público… eso no se puede seguir tolerando”, puntualizó. 

Finalmente, Radilla Corona anunció que el colectivo buscará establecer contacto con organizaciones feministas y de la sociedad civil organizada para analizar la posibilidad de promover un juicio de amparo en contra de las reformas. 

“Queremos dejar en claro que ante las reformas electorales retrógradas que recientemente han sido aprobadas, esta organización ciudadana buscará contactar con grupos feministas y otras expresiones de la sociedad civil organizada para analizar la posibilidad de recurrir al juicio de amparo… a fin de garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Observatorio de la Paridad pide a gobernadora de Morelos vetar reforma que limita igualdad política

El organismo advirtió que, de no vetarse, la reforma pondría en riesgo que las mujeres accedan al menos al 50% de las presidencias municipales, lo que implicaría un retroceso en materia de igualdad sustantiva y reforzaría dinámicas de exclusión en espacios de toma de decisiones.

Integrantes del Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos, acompañadas de ciudadanas y ciudadanos, hicieron un llamado público a la gobernadora Margarita González Saravia para que vete la reforma electoral, recientemente aprobada por el Congreso local, al considerar que vulnera el principio de paridad y limita el acceso de las mujeres a cargos de elección popular. 

La solicitud fue entregada de manera formal por escrito el 1 de junio a las 9:20 horas y quedó registrada con el folio 007894, con sello de recibido de la Jefatura de la Gubernatura.

Minutos después, las integrantes del Observatorio ofrecieron una conferencia de prensa frente a Palacio de Gobierno, en Plaza de Armas, en el centro de Cuernavaca. 

Durante la lectura del pronunciamiento, Luz María López, activista y vocera del Observatorio, recordó que la llegada de una mujer a la titularidad del Ejecutivo estatal representa un hecho histórico, resultado de las acciones afirmativas impulsadas durante décadas por los movimientos feministas.  

“Usted es prueba viva de que la paridad funciona y de que las cuotas no son dádivas, sino mecanismos de justicia”, expresó. 

Daniela Albarrán, abogada electoral, señaló que la reforma aprobada contraviene el artículo 41 de la Constitución federal y desatiende lo establecido por la sentencia TEEM/JDC/15/2024, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

“Solicitamos formalmente que la gobernadora ejerza su facultad constitucional de veto, prevista en el artículo 44, fracción VII, de la Constitución local”, puntualizó. 

El Observatorio advirtió que, de no vetarse, la reforma pondría en riesgo que las mujeres accedan al menos al 50% de las presidencias municipales, lo que implicaría un retroceso en materia de igualdad sustantiva. Además, señalaron que el cambio normativo refuerza dinámicas de exclusión en los espacios de toma de decisiones. 

Perla Pedroza, especialista en derecho electoral e integrante del colectivo, afirmó que la solicitud no parte únicamente del Observatorio, sino de una diversidad de voces organizadas: defensoras de derechos humanos, académicas, lideresas comunitarias y mujeres activas en la vida pública. “No estamos pidiendo un favor; estamos exigiendo el cumplimiento de la ley”, subrayó. 

En el mismo sentido, el colectivo informó que se ha extendido una invitación formal a la mandataria estatal para asistir a la presentación del informe técnico y sistematizado sobre el acceso histórico de las mujeres a presidencias municipales en Morelos, que se realizará el jueves 3 de julio en las instalaciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), con la participación de consejeras, consejeros e integrantes del Observatorio. 

El objetivo de esta reunión, destacaron, es ofrecer a la titular del Ejecutivo mayores elementos técnicos y jurídicos que respalden una eventual decisión de veto, con perspectiva de género y acompañamiento de la autoridad electoral en la materia. 

“Actuar con congruencia no es una opción, es una responsabilidad”, concluyeron las integrantes del colectivo, al reiterar su exigencia de que la paridad no se negocia: se garantiza. 

El colectivo advierte que la reforma electoral aprobada por el Congreso local representa un retroceso en los derechos político-electorales de las mujeres y pide a Margarita González Saravia actuar con responsabilidad constitucional y ética

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Localizan cuerpo desmembrado de la menor Keila en San Quintín

Una adolescente de apenas 13 años de edad, identificada como Keila Nicole, fue encontrada sin vida en las afueras del poblado de El Rosario, en el municipio de San Quintín, según confirmaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los primeros datos indican que la menor salió de su casa el martes 1 de julio junto con una amiga. Al ver que no regresaba, sus familiares realizaron el reporte a Seguridad Pública, quien dio parte a las autoridades competentes.

Fue este miércoles cuando se reportó el hallazgo de extremidades humanas, como cabeza y brazos, por lo que, de inmediato, agentes de investigación acudieron al llamado y lograron detener a dos sujetos como presuntos responsables.

La FGE llegó al lugar de los hechos para levantar las evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. La comunidad de El Rosario está consternada por la situación, y en redes sociales comenzó a exigir justicia por la menor.

San Quintín suma 18 homicidios dolosos en lo que va del año 2025

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LORENA LAMAS.

Mauricio “N”. denunciado de violencia vicaria, se rehúsa a revelar paradero de su hija

Por la búsqueda de Lucía se publicaron Alertas Amber en dos momentos. La primera en agosto de 2024 y se desactivó en marzo de 2025. La segunda en junio de este año.

Mauricio “N”, acusado del delito de violencia vicaria por negarse a entregar a su hija Lucía de 6 años de edad desde agosto de 2024, enfrenta un nuevo proceso legal por desaparición forzada cometida por particulares. En una audiencia realizada este sábado 28 de junio, se determinó que permanecerá en prisión preventiva por obstaculizar la búsqueda de la menor

Como Proceso informó previamente, el 13 de junio, Mauricio huyó con Lucía para no regresarla a su mamá Ericka Contreras. Ese día se efectuó un operativo en el que se autorizó el uso de la fuerza pública para recuperar a la pequeña. Tras no encontrarlos, denunciaron filtración de información del Poder Judicial.

“Él se niega a decir dónde está mi hija, Lucía. Se apegó al plazo constitucional y será hasta el lunes que se realizará la audiencia de vinculación, la jueza le dictó prisión preventiva porque está obstaculizando la búsqueda de mi hija”, declaró Ericka para Proceso.

Por la búsqueda de Lucía se publicaron Alertas Amber en dos momentos. La primera en agosto de 2024 y se desactivó en marzo de 2025. La segunda en junio de este año.

Pese a los esfuerzos de Ericka Contreras, su hija sigue desaparecida.

En una audiencia que se realizó el domingo 15 de junio, días después de que Mauricio huyó con Lucía para no entregarla; se realizó una audiencia en la que se había solicitado el cambio de medidas cautelares, pero la jueza de control, Silvia Elena Torres Cobá se negó.

Ericka ha hecho diversas acciones de búsqueda. El 11 de diciembre de 2024 acudió a la Cámara de Diputados y ofreció una rueda de prensa para exponer su caso. El 21 de junio durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Yucatán acudió al evento para intentar exponerle su situación y pedirle su intervención.

A Ericka, su expareja y padre de Lucía, Mauricio, imputado por el delito de desaparición forzada, la acusó de proteger a un agresor sexual de la menor. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán en abril de 2025, cerró la investigación y determinó el no ejercicio de la acción penal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

Violencia sexual es “imprescriptible”: SCJN confirma sentencia contra el productor Luis de Llano

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la violencia sexual a niños y adolescentes es “imprescriptible”, al confirmar la sentencia contra el productor Luis de Llano Macedo, acusado del abuso sexual cometido contra Sasha Sokol en la década de los 80, cuando ella, de 14 años, formaba parte del grupo Timbiriche.

Tras la victoria legal, Sokol aseguró aseguró que la resolución sienta un precedente y “abre la vía del juicio civil para otras víctimas” de delitos sexuales.

En marzo de 2022, Sokol reveló que sostuvo una relación con De Llano cuando éste tenía 39 años y ella 14, lo que confirmó el productor en una entrevista pública. De acuerdo con De Llano, la relación fue consensuada, lo que fue negado por Sokol, quien entonces presentó una demanda por daño moral.

En 2023, un juez civil determinó que sí existió daño moral contra la cantante al concluir que De Llano cometió abuso de poder, pues Sokol era menor de edad y él ocupaba un posición de autoridad en su entorno profesional. A pesar de que la sentencia fue apelada por el acusado, quien reclamó la prescripción de los hechos por haber sucedido en 1985, el Tribunal Superior de Justicia y la SCJN ratificaron el fallo.

“La acción de responsabilidad civil por daños provenientes de violencia sexual a niñas, niños o adolescentes es imprescriptible”, señaló la SCJN al negar el amparo a De Llano.

Con la sentencia, el productor está obligado a pedir una disculpa pública a Sokol, que deberá publicarse en los medios donde hizo declaraciones sobre ella, así como reconocer de manera clara su responsabilidad en el daño que provocó. Además, el fallo ordena cubrir una indemnización económica por daño moral, que Sokol anunció que donará a organizaciones que apoyan a víctimas de violencia sexual, y deberá asistir curso especializado en prevención del abuso sexual, con énfasis en el trato con menores de edad.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Militar evade pensión y servicio médico para su hija con ayuda institucional

Francisco Javier Xala, teniente oficinista adscrito a la Sedena, ha evitado cumplir una sentencia que lo obliga a reconocer a su hija, pagar manutención e inscribirla al ISSFAM. Con respaldo de la institución militar, ha obstruido la justicia y violado los derechos de la menor.

En los últimos cuatro años el teniente oficinista Francisco Javier Xala Chigo, adscrito a la sección 3 del Estado Mayor conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha evitado cumplir con una sentencia que le ordena pagar la manutención de una hija que durante seis años se negó a reconocer e inscribirla al servicio médico que le corresponde, lo que ha logrado con el apoyo de la institución castrense.

Desde 2021 el juez Séptimo de Proceso Oral en materia Familiar de la Ciudad de México, Teófilo Abdo Kuri, condenó a Xala Chigo a reconocer la paternidad sobre una niña que tuvo desde 2013, pagarle manutención así como el retroactivo de los años que no la reconoció como suya e inscribirla ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para que reciba servicio médico gratuito como corresponde a todos los hijos de los militares.

En 2013 el teniente Xala Chigo llevaba casi un año viviendo con su entonces pareja sentimental, ocho años menor que él, quien por razones de seguridad solicitó resguardar su nombre.

Un buen día ella le dio la noticia de que tenía dos meses de embarazo, él no respondió nada inmediatamente, simplemente esperó a que ella saliera a trabajar para sacar sus cosas del departamento que compartían y cambiar las chapas del lugar para evitar que ella intentara ingresar nuevamente al que había sido su hogar en los últimos meses.

En entrevista, ella reconoció que inicialmente no insistió en pedir una explicación sobre lo que estaba pasando, pues le tenía miedo, ya que, asegura, el teniente Xala Chigo se caracteriza por ser un hombre agresivo.
Me dejó un recado con el vigilante de que yo no tenía nada que hacer ahí, que no regresara, no pude hacer nada, la verdad tenía miedo.
Con este cambio repentino llegaron otros problemas, como la pérdida de su empleo y la falta de recursos para tomar acciones legales contra su expareja de quien, además, desconocía si contaba con algún fuero castrense que lo protegiera de cualquier demanda.

“Yo no sabía si como militar lo podía demandar para que reconociera a mi hija y le diera lo que por derecho le corresponde, y cuando empecé a buscar abogados, pues los que sí saben, cobran carísimo y yo no tenía recursos”, explicó.

Durante ese tiempo ella se enteró de que el teniente era divorciado, hecho que le había ocultado, que tenía dos hijos mayores y que, poco tiempo después de que él la sacó del departamento, Xala Chigo inició una relación con la mujer que les hacía el aseo cuando vivieron juntos con quien ahora tiene dos hijos pequeños.

En 2019, cuando al fin tuvo recursos para pagar un abogado, demandó a Francisco Javier Xala Chigo el reconocimiento de la paternidad sobre su hija.

El caso fue admitido a trámite por el juez Abdo Kuri y en su respuesta a la demanda el teniente dijo que nunca fue informado de la existencia de la niña, pese a que su expareja presentó diversas pruebas para acreditar, no sólo que le informó del embarazo y nacimiento de la bebé, sino que hasta le solicitó ayuda para su manutención.

En septiembre de ese año Xala Chigo ofreció a su expareja llegar a un convenio en el que reconocería la paternidad sobre la niña y registrarla conforme a la ley.

Sin embargo, en enero del año siguiente, la madre de la niña tuvo que informar al juez que el teniente jamás se presentó a registrar a su hija, por lo que el juzgador ordenó continuar con el procedimiento.

Ante la negativa de reconocer la paternidad de la niña, en el juicio se ordenó la realización de una prueba de ADN bajo la advertencia de que, si el teniente no acudía al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia capitalino a realizarse la prueba, se declararía que es el padre de la niña de manera automática.

De nueva cuenta el teniente ignoró la orden del juez y no se presentó a la toma de muestras, por lo que su expareja solicitó que, además de declarar formalmente que el militar es el padre de la niña, se le condene al pago de una pensión alimenticia, el pago retroactivo de la misma por todos los años que él omitió cumplir con su obligación, e inscribirla ante el ISSFAM, pues la pequeña carece de servicio de seguro social porque su madre trabaja de manera independiente.

Con la pandemia de 2020 el caso se retrasó y en mayo de 2021, cuando el juez estaba por dictar su sentencia, el teniente informó que desde septiembre de 2019 le dio mil 300 pesos quincenales a la madre de la niña por concepto de pensión alimenticia, para que esta cantidad fuera tomada en consideración al momento de fijar un monto definitivo en el fallo.

Además, indicó que mantenía a sus hijos mayores, uno de 21 y 17 años de edad en aquella época, y a su madre, de 77 años.

En su sentencia el juez Abdo Kuri ordenó al teniente registrar a la niña como suya y para evitarle confusiones a la menor autorizó que se le pusieran primero los apellidos de su mamá, con los que siempre había vivido hasta ese momento, y después el apellido de su padre, Xala.

En su análisis del caso, Abdo Kuri afirmó que durante el juicio el teniente Xala Chigo obstruyó la justicia y violó los derechos humanos de su propia hija.

“El demandado pasó por alto una determinación judicial (por no ir a la toma de muestras de ADN). En ese tenor el demandado, con su conducta procesal, obstruyó la impartición de justicia violentando el derecho humano de la menor de edad de investigar por conducto de su progenitora, su origen, el cual es un bien jurídicamente tutelado por nuestra Constitución”, explicó el juez en el fallo.

Asimismo lo condenó a pagar 20% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios como integrante de la Sedena por concepto de pensión alimenticia en favor de su hija, que equivalen a poco más de cinco mil pesos mensuales y, como en septiembre de 2019 fue el propio Xala Chigo quien ofreció llegar a un convenio y aceptó registrar a la niña, reconociendo desde entonces su paternidad, el juzgador también lo condenó a pagar el retroactivo exigido por su expareja, cuyo monto sería calculado conforme a sus percepciones, el porcentaje de la pensión alimenticia y el tiempo desde el nacimiento de la niña hasta el dictado de la sentencia.

También le ordenó inscribir a la niña en el servicio médico que le proporciona la Sedena, es decir, ante el ISSFAM.

Burocracia verde olivo

Una vez que el fallo quedó firme, en julio de 2021, la primera y última vez que el teniente Xala Chigo vio a su hija fue el día que acudió al Registro Civil a registrarla como suya.

Para entonces la niña tenía ocho años, pese a ello, actualmente no se acuerda de su papá ni pregunta por él, pues éste jamás ha buscado tener un vínculo con ella.

Debido a que el registro ante el ISSFAM lo debe realizar personalmente el teniente Xala, su expareja ha encontrado diversos obstáculos para lograr que su hija reciba la atención médica que le corresponde.

Pese a que la sentencia quedó firme desde 2021, no fue sino hasta 2023 que fue expedida la credencial del ISSFAM a nombre de la niña, pero, casualmente, sus apellidos estaban mal.

Por ello, en noviembre de ese año el director general de Seguridad Social Militar, general de brigada Roberto Claudio del Rosal Ibarra, informó al juzgado que la expareja del teniente Xala debía regresar la credencial errónea para recibir una nueva.

“Yo fui, pero al llegar me dijeron que esa persona ya no estaba ahí y hasta ahora nadie sabe a quién le corresponde recibir la credencial y darme una nueva, el problema es que en la Sedena todo lo tengo que hacer mediante oficios emitidos por el juzgado y todo eso es muy tardado”, explicó la madre de la niña.
Yo sé que él tiene contactos para bloquear cualquier trámite en la Sedena, y como es muy agresivo yo ya temo por mi seguridad.
Aunque al teniente le descuentan el porcentaje de la pensión alimenticia directamente de la nómina, el descuento para el pago del retroactivo no ha podido ser una realidad, pues incluso desde la propia Sedena han incumplido con los informes requeridos por el juez para cuantificar el monto, lo que ya causó que el juzgador imponga multas tanto al teniente como a otros funcionarios de la institución.

Desde el 28 de mayo último el Poder Judicial de la Ciudad de México está en paro de labores, lo que ha ocasionado que casos como el de la hija del teniente Xala Chigo se vean afectados, pues hasta ahora la niña no ha logrado tener ni siquiera la atención médica que por derecho le corresponde.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.