Los habitantes de esa zona habitacional llevan cerca de 13 años luchando por obtener los servicios básicos que les fueron prometidos al momento de adquirir sus viviendas, lo cual afecta a 2 mil 400 viviendas y a entre 5 mil y 7 mil habitantes.
El problema se remonta al inicio de la construcción del fraccionamiento entre 2010 y 2012, desarrollado por la empresa Inmobiliaria Tango, que construyó siete secciones de viviendas unifamiliares y de edificios de departamentos. Sin embargo, únicamente entregó al ayuntamiento las etapas 1, 2 y 3.
Para la operación del pozo de agua, la inmobiliaria realizó contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero no pagó los recibos de energía eléctrica y acumuló una deuda mercantil millonaria. No entregó los servicios básicos al ayuntamiento de El Arenal, como el pozo de agua, que está ubicado en la cuarta etapa, ni el alumbrado público; por su parte, la autoridad no entregó el dictamen de habitabilidad.
Además, las etapas 6, 7 y 7B de departamentos fueron construidas sin permisos, mediante amparos. La constructora es propiedad de Rodrigo Gil Ramírez, quien también fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Jalisco.
La falta de entrega de estos servicios generó una deuda millonaria de la inmobiliaria con la CFE, que asciende a aproximadamente 13 o 14 millones de pesos. Se compone de 7 millones de pesos por el pozo de agua y 6 o 7 millones de pesos por el alumbrado público.
El Ayuntamiento de El Arenal se niega a pagar, argumentando que no es responsable de una deuda mercantil. La Comisión también se ha negado a restablecer el servicio de agua, alegando que el Ayuntamiento debe pagar la deuda.
Los colonos se han visto obligados a recurrir a diversas instancias gubernamentales para que se resuelva la situación y se les brinde una solución definitiva a la problemática que enfrentan, sin obtener respuesta favorable.
La situación ha generado un clima de incertidumbre y desesperación entre los habitantes, quienes se ven afectados por la falta de agua potable, la falta de alumbrado público, la falta de servicios básicos y la falta de revalorización de sus viviendas.
Además, la carencia de servicios básicos ha generado un ambiente de inseguridad y ha afectado la calidad de vida de los residentes.
El presidente del Comité de Participación Ciudadana de La Cima, Ricardo Vargas, explicó que actualmente el abasto de agua es insuficiente; llega poca y, en muchas ocasiones, se detiene totalmente el servicio.
"Entonces, es muy complicado. Hay quienes tenemos 5 años sin tomar un baño en la regadera. No podemos lavar nuestros trastes con el agua corriente; tenemos que hacerlo mediante algún bote. En el lavado de la ropa, si tenemos la disponibilidad de algo de agua, llenamos el ciclo de lavado hoy y hasta el día de mañana hacemos el ciclo de enjuague. O sea, a ese extremo hemos llegado", explicó.
Actualmente, el pozo de agua del Fraccionamiento La Cima opera con un generador de energía prestado por la Comisión Estatal del Agua (CEA); sin embargo, de repente se lo llevan por dos días para darle mantenimiento y cada 15 días el agua falta nuevamente.
Ricardo Vargas explicó que a las casas de La Cima les llega entre 40 y 50 minutos de agua al día. Los habitantes de los terceros pisos de los 450 departamentos reciben, si acaso, 15 minutos de agua al día, es decir, entre 50 y 100 litros de agua diarios.
"El esfuerzo es estar almacenando agua y, también, como es en determinada hora del día, pues, obviamente, si tuviste que salir a trabajar, si tuviste algún imprevisto o algo y no estás a esa hora, ya no te tocó agua hasta el día siguiente", puntualizó.
Los vecinos presentaron denuncias ante la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur), el Congreso del Estado, el Gobierno del Estado, la Subsecretaría de Asuntos del Interior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no han logrado obtener una respuesta favorable.
Incluso se han presentado denuncias penales contra Rodrigo Gil Ramírez, pero estas no han prosperado.
"Hemos intentado, por medio de la Comisión Federal de Electricidad, ver la forma de que nos restablecieran el servicio. Incluso se tuvo que ir a la Ciudad de México a llevar un oficio al Consejo de Administración de CFE; se llevó un oficio al gobierno federal con atención a Claudia Sheinbaum, que sí lo recibieron en Atención Ciudadana, pero realmente no prosperó ninguno de estos oficios y seguimos en las mismas. En la Prodeur, metí la queja en mi carácter legal como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de aquí de La Cima; estuvo dándome largas, diciendo que vamos a ver y que vamos a hacer esto. Mandaron oficios a todos lados, pero con esos oficios, como si no pasara absolutamente nada", relató.
El representante vecinal sostiene que detrás de todos estos problemas hay un tráfico de influencias “muy, muy grande”, ya que, durante la etapa de construcción, el hermano de Rodrigo Gil, Juan Cristóbal Gil Ramírez, era el subdirector general de Administración de Cartera del Infonavit. Mientras tanto, el notario que escrituró todo el fraccionamiento, Mario Enrique Cámarena Obeso, es el suegro de Rodrigo Gil.
“Lo más curioso de todo es que para que el ayuntamiento pueda recibir el fraccionamiento, primero tiene que recibir los servicios. La constructora nunca entregó el pozo ni el alumbrado público al ayuntamiento. Y lo más grave es que el ayuntamiento nunca dio el dictamen de habitabilidad. Para poder escriturar una propiedad y poderla vender, se necesita que haya ese dictamen de habitabilidad; sin embargo, todas las propiedades están escrituradas”.
Cuando el ayuntamiento se negó a recibir el fraccionamiento por incumplimientos de las obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios, la compañía presentó un juicio.
“A partir de ese momento, la constructora se desapareció y metió un juicio contra el ayuntamiento, supuestamente por no querer recibirlo. En ese juicio estaba todo amañado porque las notificaciones no se dan en persona, sino por medio de correo electrónico, y justo cuando hay un cambio de administración. Entonces, en el cambio de administración y por correo electrónico, nadie las ve, y el ayuntamiento se va en rebeldía. Eso alargó el juicio, y hasta la fecha creo que se dictó sentencia hace como un mes, que todavía está en ese proceso de sentencia, pero aún no hay una recepción como tal del fraccionamiento”.
Ante la escasez de agua y la indefinición jurídica, los propietarios enfrentan una plusvalía que está por los suelos, aunque “ese tema lo hemos dejado a un lado porque lo principal es poder pertenecer ya como tal al ayuntamiento y poder acceder a todos los servicios”.
La empresa inmobiliaria también prometió que en el lugar habría una iglesia, un mercado, un centro de salud y una escuela. Nada de esto se cumplió; en el caso de las escuelas de educación básica, están a una distancia de más de 30 minutos.
