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¿Por qué fueron liberados los guardias de La Luz del Mundo?

Un juez federal en Morelia declaró ilegal la detención de 37 mexicanos y un ciudadano de Estados Unidos capturados en Vista Hermosa, Michoacán. Fallas en el proceso derivaron en su inmediata liberación.

En medio de supuestos errores judiciales, los 38 miembros de la guardia secreta de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) conocida como Jahzer, fueron liberados por falta de pruebas y fallas en el arresto.

Un juez federal en Morelia declaró ilegal la detención de 37 mexicanos y un ciudadano de Estados Unidos capturados en Vista Hermosa, Michoacán, mientras realizaban prácticas de combate con réplicas de armas.

La FGR buscó imputarlos por violar la Ley Federal de Armas de Fuego, pero el juez determinó que el operativo de la Policía Estatal fue ilegal. Los detenidos dijeron formar parte de Jahzer, la guardia secreta para proteger a sus líderes y templos.

De esta forma libraron las acusaciones de asociación delictuosa y portación de armas. De acuerdo con Milenio, la policía estatal se presentó sin orden de cateo, además de que las armas exhibidas ante los medios eran de utilería con excepción de una. 

Asimismo, superaron las horas de detención, pues fueron presentados ante el Ministerio Público después de 11 horas para que rindieran su declaración.

Los liberados habían sido arrestados el pasado 24 de septiembre en un campo de adiestramiento en Vista Hermosa. Les aseguraron una pista 9 milímetros, así como réplicas de armas, cuchillos y navajas, mismas que fueron exhibidas sin aclarar que no eran reales.

Tras la decisión del juez, los 38 hombres salieron de los juzgados federales al concluir con los trámites para reunirse con sus familiares que los esperaban en la entrada del recinto.

Al momento de ser detenidos por la Guardia Civil y Fuerzas Federales, los involucrados manifestaron estar preparándose para un apocalipsis y defender su fe, pero como el proceso judicial en su contra ya no avanzó, no fue necesario explicar por qué entrenaban con réplicas de armas. 

La persona de origen estadounidense, procedente de Minnesota, usó un despacho legal distinto al de los demás. EMEEQUIS publicó que LLDM también tiene una parroquia en ese estado, concretamente en Shakopee, una ciudad situada en el condado de Scott, Minnesota, Estados Unidos.

Publicaciones en Facebook muestran cómo los feligreses oran diariamente por Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia que enfrenta en Estados Unidos un juicio por delitos graves, incluyendo tráfico sexual. 

El 22 de septiembre publicaron en Facebook: “La Iglesia La Luz del Mundo en Shakopee, MN sigue firme en la Elección que Dios ha hecho en el Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. Nos unimos a él, en nuestra consagración de 8:00pm”.

El líder de la organización, Naasón Joaquín García, cumple condena en Estados Unidos desde 2019 por tráfico de personas, abuso sexual infantil y otros delitos.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CDMX, con el mayor número de carpetas de investigación contra mujeres por abortar

Hace 18 años, la Ciudad de México fue la primera entidad en México en permitir la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) dan cuenta que, pese a este histórico momento, esta entidad registra el mayor número de averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de aborto acumulando mil 337 casos.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) muestran que entre abril de 2007 a junio de 2024 se llevaron a cabo 277 mil 268 interrupciones legales del embarazo (ILE) en el sector público del país y de ellos el 68% ocurrieron en la capital.

De acuerdo con GIRE, la criminalización del aborto afecta a todas las mujeres que, bajo diferentes razones y circunstancias, tienen un embarazo no deseado y deben llevar a cabo un aborto fuera de la ley, continuar con el proceso o enfrentar maltrato por parte del personal de salud cuando solicitan el servicio estando dentro del marco legal. No obstante, quienes llevan a cabo la interrupción son las más señaladas y afectadas, por ello, la organización apuntó que es necesario conocer quiénes, cuántas y las circunstancias en las que ocurre la criminalización.

A través de varias solicitudes de información dirigidas a autoridades de procuración e impartición de justicia de la Ciudad de México para conocer las denuncias, juicios, sentencias y personas en prisión por abortar, encontraron diversos patrones contrarios a estándares internacionales. Los hallazgos dan cuenta que, pese a la despenalización parcial en 2007, las mujeres continúan siendo criminalizadas lo que implica un desgaste físico, económico y emocional, así como repercusiones en su vida personal.

Otros datos presentados en el informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México» señalan que entre 2015 y 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó 945 carpetas de investigación en la capital del país. A esto se suman las 412 carpetas registradas entre 2021 y 2025. Según esta información, la Ciudad de México sería una da las cuatro entidades que concentran el 56% de carpetas de investigación por el delito de aborto a nivel nacional.
A nivel nacional se encontró que existen 68 personas en prisión preventiva por el delito de aborto, de las cuales 14 son mujeres y 4 acontecieron en la Ciudad de México. Las ocasiones en las que se ejerció la acción penal para abrir la investigación fueron 412, donde 145 eran mujeres y 52 sucedieron en la capital (43 aborto forzado y 9 con consentimiento), encabezando así esta etapa de una investigación junto con Coahuila.
En cuanto al número de sentencias por el delito de aborto fue de 142 en México (99 condenatorias y 15 absolutorias), es decir, cuando se emite el fallo, de los cuales 32 se emitieron contra mujeres, diez de ellas sucedieron en la capital (2 mujeres, 7 hombres y un de la que se desconoce el sexo).

Aunque GIRE señala que los datos sobre la Ciudad de México se relacionan con su densidad de población también especifica que la despenalización parcial bajo plazos establecidos o razones especificas dan cabida a la apertura de carpetas de investigación. Por ello, señalaron que la única manera de eliminar la criminalización es con la despenalización total y que el único medio por el que sea regulado fuera a través del ámbito salud.

Para la organización, mientras el aborto permanezca en los códigos penales como un delito, la criminalización continuará, ya que contribuyen a reforzar el control, vigilancia y estigmatización hacia las mujeres. Por ejemplo, promover que sean denunciadas, imponer barreras significativas para obstruir el acceso al servicio o limitar su autonomía y derechos reproductivos. «Es por ello que el sistema punitivo no debe elegirse como vía para regular un servicio de salud como el aborto», sentenció GIRE.
«Eliminar el aborto de los códigos penales es fundamental para descartar procesos penales y erradicar la criminalización social y la que sucede al interior de los servicios de salud. La penalización de este servicio incumple con la obligación del Estado de respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la salud, pues desincentiva su prestación. Es por esto que lograr materializar la despenalización total del aborto en México sería un hito histórico que marcará un antes y un después en la lucha por la justicia reproductiva» -Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Cabe recordar que cuando el aborto está legalmente restringido o no, la probabilidad de que una mujer se someta a este procedimiento es la misma. En cambio, penalizarlo conlleva a abortos inseguros y peligrosos que causan morbilidad o mortalidad al no contar con personal calificado y condiciones higiénicas adecuadas.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, en países restrictivos, 3 de cada 4 abortos se practicaron en condiciones inseguras, mientras que el Estados donde ya es legal 9 de cada 10 abortos se practican de forma segura.

Ciudad de México, la puerta que dio paso a la despenalización en el país

El 24 de abril de 2007, se aprobó la reforma legal que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En dicha reforma se especificó que, las mujeres podían abortar de manera voluntaria hasta las doce semanas de gestación, además de poder contar con servicios gratuitos, seguros, informados y libres de discriminación.

Esto significó un logro para las mujeres y más tarde, se confirmó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 en el que dejó firme la posibilidad de interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Sin embargo, ha tomado más de una década para que el resto de las entidades del país se unieran y modificaron sus legislaciones. 

En septiembre de 2021, el Máximo Tribunal resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 en la que declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto y se pronunció en favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Esta decisión sentó un precedente clave respecto del derecho a la autonomía reproductiva en el país.

Además, la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018 en la que estableció que las instituciones de salud deben contar con personal suficiente para garantizar el acceso efectivo a la ILE y que la objeción de conciencia no puede invocarse cuando la vida o la salud de la persona usuaria estén en riesgo.

Posteriormente, en 2023, el Amparo en Revisión 267/2023 declaró la invalidez total de los Artículos 331 y 332, así como de porciones normativas de los Artículos 330, 333 y 334 del Código Penal Federal, al considerar que vulneraban los derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Constitución. Este fallo también estableció que las instituciones federales de salud tienen la obligación de proporcionar servicios de aborto en todo el país y que las entidades deben modificar sus Códigos.

Otro de los avances fue que se determinó que las instituciones de salud deben contar con personal suficiente y capacitado para garantizar el acceso efectivo a la ILE. En febrero de 2025, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) emitió el Acuerdo que garantiza la aplicación del procedimiento para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que, por primera vez, garantiza la aplicación de dicho procedimiento en sus unidades médicas.

Hasta este 2025, ya son 23 entidades federativas donde el aborto está despenalizado, ellas son: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Padres y madres de los 43 exigen al Ejército entregar documentos sobre Ayotzinapa

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron que, a once años de la desaparición forzada ocurrida en Iguala, Guerrero, el Ejército mexicano continúa ocultando documentos clave. Afirmaron que no aceptarán retrocesos en la investigación y exigieron verdad, justicia y castigo para todos los responsables.

A través de un comunicado, las familias agradecieron el acompañamiento de organizaciones, sindicatos, colectivos y estudiantes durante más de una década de búsqueda. “Nuestros pasos se han vuelto lentos, pero nos mantenemos de pie con la esperanza de que nuestros hijos regresen”, expresaron. También recordaron que seis madres y padres han fallecido sin conocer el paradero de sus hijos.

Los familiares reiteraron su rechazo a cualquier versión oficial que pretenda cerrar el caso sin evidencias reales. Exigieron al Ejército entregar los documentos que conserva en sus archivos y solicitaron que se mantenga abierta la línea de investigación sobre la telefonía celular, así como el caso de los 17 jóvenes llevados a barandilla municipal en 2014. También pidieron avanzar en las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio y Ulises Bernabé.

“Nuestra lucha no responde a ningún interés político ni partidista”, afirmaron. Llamaron a los colectivos de familiares de desaparecidos de Guerrero y del país a sostener la organización y la búsqueda. Ante más de 133 mil personas desaparecidas en México, advirtieron que no permitirán más mentiras ni abandono oficial. “Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz y se hará justicia a nuestros hijos”, concluyeron.

COMUNICADO:

Ayotzinapa: 11 años de remar contracorriente por verdad y justicia

Hoy 26 de septiembre del 2025 se cumplen 11 años desde que se llevaron nuestros hijos la noche del 26 de septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero, y aún no sabemos nada de ellos. 11 años de buscarlos de manera incansable con el corazón que late por volver a verlos y volver abrazarlos.

Agradecemos a las organizaciones civiles, sociales, sindicatos, colectivos, a los estudiantes de Ayotzinapa, a la FESCM y al pueblo de México por acompañarnos durante estos 11 años que no han sido fácil para los padres y madres. Seis de nuestros compañeros se han quedado en el camino sin tener noticias del paradero de sus hijos, varios de nosotros también cargamos el pesar de las enfermedades que se van agravando día a día.

Nuestros pasos se han vuelto lentos, pero nos mantenemos de pie con la esperanza de que nuestros hijos regresen. Los buscamos porque los queremos de vuelta. Con el apoyo solidario permanente de todos ustedes está lucha la mantendremos hasta saber el paradero de nuestros hijos y hasta saber la verdad.

No volverán a engañarnos con una verdad histórica ni permitiremos un retroceso de lo hoy hemos logrado. No quitaremos el dedo del renglón hasta que el ejercito entregue los documentos que obran en sus archivos y rindan cuenta por la desaparición de nuestros hijos. Insistiremos en la línea de la telefonía celular para que haya avances, exigiremos que se mantenga la investigación de los 17 jóvenes que fueron llevados a barandilla municipal la noche del 26 de septiembre del 2024 en Iguala, Guerrero, así como las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio refugiado en Israel y la de Ulises Bernabé asilado en Estados Unidos.

Solicitaremos a organismos internacionales sigan supervisando las investigaciones del caso de los 43, porque nuestra lucha no tiene ningún interés político ni partidista. Lo único que anhelamos es encontrar nuestros hijos y regresar a casa. Nuestra lucha será hasta alcanzar la verdad y justica.

Las madres y padres llamamos al acompañamiento y a la articulación de colectivos de familiares de desaparecidos de Guerrero y del país para buscar a nuestros desaparecidos y a no claudicar hasta encontrarlos. Hoy las cifras oficiales se han disparado a ciento treinta tres mil personas desaparecidas en este país espinoso que llamamos México.

No permitiremos más mentiras ni el desaliento de las autoridades. Levantemos la voz para nombrar nuestros desaparecidos una y otra vez hasta encontrarlos. Buscaremos en cada rincón para que ningún caso de desaparecido quede en la impunidad.

Los padres y madres de los 43 estamos convencidos que tarde o temprano lograremos derribar el muro de la impunidad y de la injusticia. La verdad saldrá a la luz y se hará justicia a nuestros hijos desaparecidos.

Atentamente.

Madres y padres de los 43

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Encuentran sin vida a estudiante desaparecido en Acapulco; cuerpo presentaba golpes y asfixia

La Fiscalía de Guerrero confirmó que el cuerpo presentaba huellas de golpes y asfixia, luego de que se reportara su desaparición el pasado 24 de septiembre.

El estudiante de 17 años Omar Kalid Sánchez Salto, de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue hallado sin vida en un hotel de la colonia Icacos, en Acapulco.

La Fiscalía de Guerrero confirmó a medios locales que el cuerpo presentaba huellas de golpes y asfixia, luego de que se reportara su desaparición el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo con los reportes oficiales, Omar Kalid fue visto por última vez el 24 de septiembre de 2025 en el puerto de Acapulco. Al no tener noticias de él, sus familiares interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el 25 de septiembre, lo que permitió activar la Alerta Amber para intensificar la búsqueda.


La familia difundió la ficha correspondiente en redes sociales, solicitando apoyo de la ciudadanía para localizar al estudiante. Según su testimonio, temían que se encontrara en peligro, ya que había perdido contacto de manera repentina con su entorno cercano.

El mismo día en que se presentó la denuncia, personal de limpieza del Hotel Casarru, ubicado en la calle Comandante Ortiz Monasterio, ingresó a la habitación 505 y encontró al joven sin vida. De acuerdo con medios locales, el parte policial indicó que el cuerpo presentaba múltiples golpes y signos de asfixia.

Los trabajadores del establecimiento dieron aviso a los servicios de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento y notificaron a la Fiscalía del hallazgo. El Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo para las diligencias correspondientes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías de Playas de Rosarito detenidos por el delito de desaparición fueron vinculados a proceso

Los elementos de la Policía Municipal de Playas de Rosarito que fueron detenidos el 3 de septiembre de 2025, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, fueron vinculados a proceso, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), tras los datos de evidencia presentados, se obtuvo la vinculación a proceso de Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”, otorgada por un Juez de Control Federal con residencia en el Estado de Baja California.

Luego de la orden de aprehensión cumplimentada por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Los hechos por los que se encontraría imputados, es la desaparición de dos personas, una de ellas menor de edad durante 2020 en el municipio donde laboraban, según precisó la corporación.

Los detenidos se encuentran en prisión preventiva justificada, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Según información publicada por ZETA, dos de los agentes detenidos también tienen denuncias ante la Fiscalía General de Baja California (FGE), Rosendo Valenzuela por abuso de autoridad y Jorge Abel por tortura, ambos durante 2019.

Asimismo, se presume que tanto Eusebio “F”, como Jorge “D”, pertenecían al grupo del ex comandante de la Policía de Rosarito, César Pedro Silva Ibáñez, detenido el 26 de abril de 2025, por el homicidio de Dulce y Hugo “N”, encontrados asesinados en la cajuela de un carro en la carretera de cuota Rosarito-Tijuana, el 18 de enero del 2024.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sin investigación, ni credibilidad

El 18 de septiembre de 2025, una hora después que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro levantó una alerta en contra de 15 empresas y nueve personas como presuntos “lavadores” de la célula que sirve en Rosarito Baja California, al cártel encabezado por el detenido Ismael Mayo Zambada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el bloqueo administrativo preventivo de las cuentas de 22 implicados y la realización de un “análisis financiero”, si localizan posibles acciones ilícitas, darán vista a la FGR.

Entre los bloqueados e investigados, está la ex alcaldesa por Morena de Rosarito, en el periodo del 2019 al 2024 (porque se reeligió), quien desde el 1 de septiembre de 2024 ocupa una curul como diputada federal del mismo partido vinotinto.

Cuestionada al respecto, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, afirmó que no protegería a nadie, pero también, sin que mediara investigación por parte de su gobierno, sin esperar a los resultados de la secretaria de Hacienda, decidió exculparla a priori y asegurar que no hay “pruebas suficientes” para ejercer acciones contra la legisladora, cuando la “investigación” apenas inicia.

La misma actitud y palabras similares fueron usadas por la mandataria federal en el caso del senador y coordinador de bancada, Adán Augusto López Hernández, primero cuando se informó que Hernán Bermúdez Requena, quien fuera responsable de la seguridad bajo su gobierno en Tabasco (2019-2021), era el jefe del cártel mafioso La Barredora, y luego cuando lo detuvieron.

La Presidenta dijo que la puerta estaba abierta para que se investigara a todos más allá de partidos, pero igual rechazó que existieran pruebas en contra del coordinador morenista. De la misma manera, a boca de jarro y sin una investigación de respaldo.

“No hay ninguna prueba en contra del gobernador (Rubén) Rocha Moya”, afirmó también la Presidenta Claudia Sheinbaum a finales del 2024, y lo respalda cada que le es posible, después que el gobernador morenista de Sinaloa, fuera señalado de presuntos acuerdos con el cártel de Los Chapitos.

Además del espaldarazo presidencial, otra cosa que comparte los tres casos antes mencionados es que la Fiscalía General de la República ni siquiera se ha molestado en investigarlos. Y el paquete de impunidad, es completado por su partido Morena, que tampoco los cuestiona o investiga.

Pareciera que el entendimiento respecto al bien y el mal al interior del partido estuviera volteado, o que el prestigio y la buena fama no les fuera prioritario, porque mientras Brown, Moya y López son respaldados, ocurren casos como el de Eduardo Cervantes, responsable de Formación de Formadores del Partido de Morena en Ciudad de México.

En agosto este señor de la tercera edad, fundador morenista, fue separado de su cargo porque se hizo público uno de sus discursos advirtiendo la pérdida de rumbo del partido, del no respeto al principio de austeridad y de la infiltración de las ideas del viejo régimen. “En nuestro partido hay mucha gente que miente, que es corrupta y que no comparte los fundamentos del proyecto de transformación. Creo que el enemigo principal de Morena está dentro de Morena”, se difundió en medios nacionales.

Por palabras, por un acto de contrición o “mea culpa” pública, el señor Cervantes quedó fuera; pero a Moya ninguna autoridad le dice nada, y no forma parte de la investigación -mínimo para exculparlo públicamente- del que la FGR califica como “secuestro” del Mayo; mientras que Aracely Brown, se dice difamada y reta “aquí estoy firme para cualquier situación”; y Adán Augusto no es siquiera cuestionado por la enorme omisión de “no darse cuenta” que su encargado de la seguridad coordinara las actividades criminales en el estado bajo su gobierno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum actúa conforme a derecho al negarse a señalar culpabilidad en los morenistas señalados, porque de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales, incluso los detenidos imputados “se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad judicial. Art 13, CNPP”.

Pero se equivoca al exonerarlos sin una indagatoria de por medio. Porque ella tiene el poder para instruir una investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, para saber si los señalamientos tienen sustento. Y sólo entonces, si los resultados son a favor del funcionario, puede exculparlo; porque de otra manera los arropa con un manto de impunidad presidencial.

Además, en caso contrario, si la UIF “identifica posibles actividades ilícitas, está obligada a dar vista a la FGR para los efectos legales conducentes”, para obligar a esta fiscalía “autónoma” a investigar. Y esto bien podría ayudar a reducir la percepción ciudadana de inseguridad, injusticia e impunidad.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Autoridades de EU retiran visa a exalcalde y diputado federal de Matamoros y lo retienen 14 horas en aduana

Las autoridades mexicanas y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de dónde es emanado el exalcalde y actual diputado federal, Mario López Hernández, no se han posicionado al respecto.

Mario López Hernández, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exalcalde de Matamoros, Tamaulipas, fue retenido y revocada su visa por autoridades de EU, en el puente internacional Matamoros Brownsville.

Tras 14 horas retenido en dicha aduana, fue ingresado al país durante la mañana de este sábado.

De acuerdo con su información legislativa, López Hernández tiene a su cargo la Entidad del Distrito 4 en Tamaulipas.

Ven en evento de Sheinbaum a Brown Figueroa

Ayer, la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueroa, quien es acusada por EU de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, asistió a un informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Mexicali, Baja California.

Después del evento “La Transformación Avanza”, Brown Figueroa dijo a medios que no tenía por qué renunciar a su diputación, pues “no hay motivos para dejar el cargo”.

“Yo creo que lo más importante es que sigamos legislando las iniciativas de nuestra presidenta de la república y que sigamos trabajando por la transformación”, declaró.

Recomienda Trump a fiscal de EU investigar a políticos mexicanos

En febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó, en entrevista para el medio The Spectator, que recomendará a la fiscal general, Pam Bondi, que investigue a políticos mexicanos por posibles vínculos con el narcotráfico.

El periodista Ben Domenech cuestionó al mandatario sobre si pedirá rendición de cuentas a políticos corruptos que se hayan beneficiado de la trata de personas y el tráfico de fentanilo, a lo que el mandatario contesto que “definitivamente”.

“¿Incluyendo políticos mexicanos?”, cuestionó Domenech.

“Ciertamente, recomendaría que se les investigue, ciertamente. Dependerá de Pam Bondi, quien es excelente en lo que hace”, respondió Trump.

En cuanto a una posible intervención en México, Trump evadió la pregunta diciendo que prefería no decirlo, pues a pesar de que quería responder, sería “un desastre” si lo hiciera.

“Preferiría no decirte eso. Es muy interesante, a veces te hacen preguntas como esas y no quieres dar una respuesta (…) porque si das una respuesta es un desastre, si das una respuesta sincera”, afirmó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Dejen de legislar con sus prejuicios”: colectivas de Sonora exigen despenalización del aborto

En el marco del Día de Acción Global por un aborto libre y seguro, la colectiva Ni Una Más de Hermosillo, Sonora, señaló que la inacción institucional en torno a la interrupción del embarazo lleva a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad.

El aborto en Sonora sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal y está reforzado por un “candado” legal en la Constitución local que protege la vida desde la concepción. Ante este marco restrictivo, colectivas feministas han intensificado su lucha para exigir la despenalización y legalización inmediata de esta práctica, denunciando una falta de “voluntad política y misoginia” con la que se gobierna en el estado.

Sonora es una de las entidades del país que aún no despenalizan el aborto, pese a que, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización de esta práctica al determinar que vulnera los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.

En ese estado del norte, la interrupción del embarazo solo está permitida por tres causales: violación, si ocurre de manera involuntaria o si la vida de la mujer está en riesgo. Fuera de ellas, la práctica se criminaliza.

En esa línea, Leslie Valdez, abogada e integrante de la colectiva Ni Una Más HMO, dijo a Animal Político que la lucha feminista va más allá de las causales, por lo que urgen al gobierno de Sonora, a cargo del morenista Alfonso Durazo, y al Congreso local, reconocer el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

“Nuestra postura es clara, la penalización es una medida institucional y exigimos la despenalización, pero no solo eso, no solo es la despenalización y la legislación inmediata del aborto, es también que se den las condiciones adecuadas para tener un aborto digno”, aseveró.

En el marco del Día de Acción Global por un aborto libre y seguro, Valdez hizo hincapié en que la penalización convierte el acceso a la interrupción del embarazo en una cuestión de clase social.

Además, sostuvo que la práctica sigue siendo un tabú en Sonora o “al menos así quieren manejarlo las autoridades”, por lo que atribuyó la inacción institucional al miedo de los legisladores a perder votos y privilegio.

Sin embargo, enfatizó que dicha inacción condena a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad.  

La despenalización del aborto, un tema pendiente en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo sí se ha pronunciado respecto al tema en distintas ocasiones durante su administración que comenzó en 2021.

Por ejemplo, en septiembre de 2023 sostuvo que la entidad debía atender el mandato de la Corte que obliga a las entidades a legislar en favor de la despenalización del aborto, sin embargo, señaló la importancia de realizar una consulta pública ante la división de opiniones.

Un año más tarde, en entrevista con Uniradio, dijo que el aborto era uno de los asuntos “más sensibles para la sociedad, para la opinión pública” en Sonora y señaló que “todos los estados tendrán en un momento u otro que dar el paso de la aprobación” a menos de que el máximo tribunal del país reconsidere su propia jurisprudencia.

En esa misma entrevista, el mandatario indicó que la diputada de Morena, Celeste Taddei, presentó una propuesta, pero él insistió en la necesidad de “trabajar ese tema todavía más”.

Este 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Durazo expresó que “en algún momento” habría que atender la sentencia de la Corte.

“Yo expresaba que el movimiento progresista del país tiene una agenda histórica que incluye ese postulado y también hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que recomienda a los congresos de los estados legislar en ese sentido, tendremos que dar el paso en algún momento para atender esa sentencia”, sostuvo.

Pese a sus declaraciones, la despenalización del aborto es un tema que hasta el momento sigue pendiente de legislar en la entidad. Incluso, se ha señalado que no hay disposición del Congreso local para despenalizar la práctica.

En agosto pasado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix, declaró que el tema requiere voluntad y los votos de la mayoría de las y los legisladores, sin embargo, enfatizó que no se percibe esa apertura dentro del Congreso.

“Yo creo que no la hay, sin embargo, no digo que no se pueda construir”, dijo Félix a diversos medios locales, quien se pronunció a favor de la despenalización y afirmó dar su apoyo para cuando se presente la iniciativa.

El silencio institucional por el tema del aborto en Sonora

Las exigencias para alcanzar la despenalización del aborto en Sonora se intensificaron desde julio pasado tras una reunión entre integrantes de colectivas y autoridades.

En el encuentro, relató la abogada Leslie Valdez, ella preguntó “qué iba a pasar con el tema” y la respuesta en ese momento, dijo, fue que el asunto no le compete al mandatario, pues se trata de una responsabilidad del Congreso. Sin embargo, las colectivas argumentaron que él podía presentar una iniciativa de ley.

Un mes más tarde ―el 15 de agosto―, sostuvieron un nuevo encuentro en el que esperaban la asistencia de Alfonso Durazo, pero no se presentó.

Ante cuestionamientos por no acudir al diálogo, el equipo del gobernador acordó gestionar una reunión que hasta la fecha no ha llegado, a pesar de haber entregado una solicitud para abordar el tema y tomar medidas en el asunto mientras sucede la discusión.

Con el documento esperaban obtener un enlace de seguimiento, pero solo ha persistido el silencio oficial.

Ante este panorama, el mensaje de las colectivas feministas ―incluyendo a Ni Una Más― es enfático y directo al exigir que dejen de lado los prejuicios.

“Dejen de legislar con sus prejuicios y su cobardía, quítense la venda de los ojos, nuestras vidas no son negociables y mucho menos nuestros derechos”, dijo Leslie Valdez.

Las exigencias para despenalizar la práctica en Sonora

La abogada explicó que en Sonora solo existen tres módulos de aborto, ubicados en Hermosillo, Obregón y Nogales, lo que limita el acceso a lo largo de los 72 municipios de la entidad.

La agenda de las colectivas feministas de Sonora, incluyendo a Ni Una Más, articula una exigencia clara para poner fin a la criminalización del aborto y garantizar el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

La demanda principal es la despenalización y la legislación inmediata del aborto, así como la creación de las condiciones para un aborto seguro y legal en el estado.

Las colectivas señalan, de acuerdo con la abogada Valdez, que la penalización actual es una medida institucional que obliga a muchas mujeres a la clandestinidad al dejarlas sin acceso a los apoyos necesarios, mientras otras tienen que viajar a otros estados o buscar el acompañamiento de redes feministas.

En ese sentido, dijo, han identificado barreras legales específicas que deben ser eliminadas para garantizar el derecho a decidir, como es la disposición que contempla la protección de la vida desde la concepción.

En sus demandas al gobierno, solicitaron al Ejecutivo girar instrucciones inmediatas a la Secretaría de Salud para garantizar el acceso al aborto voluntario hasta la semana 12, argumentando que esto es una obligación constitucional de los estados, aun cuando el Código Penal no se haya reformado.

También pidieron llevar a cabo las diligencias necesarias para que exista una campaña permanente sobre derechos sexuales y reproductivos y educación integral en sexualidad.


En tanto, a la Fiscalía del Estado, demandaron que suspenda la apertura de carpetas de investigación, “así como cualquier integración de carpetas para su judicialización por el delito de aborto voluntario”.

Asimismo, colectivas instaron a revisar y archivar las carpetas abiertas por aborto voluntario.

Movilización del 28S en Sonora

Las colectivas feministas de Sonora convocaron a una marcha para este domingo por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en el marco de su estrategia constante de presión y visibilización por el tema.

La movilización tiene como objetivo central demandar el derecho a decidir.

La ruta de la marcha está diseñada, dijo Valdez, para enviar un mensaje directo a las autoridades como parte de su “triángulo de acciones” que busca presionar simultáneamente al Ejecutivo, al Congreso e informar a la sociedad, reafirmando que no cesarán las acciones hasta que deje de criminalizarse esta práctica en el estado y se garanticen las condiciones adecuadas para ella.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEJANDRA GONZÁLEZ.

SAT BC investiga a empresas señaladas por presunto lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

El pasado 18 de septiembre, la OFAC y el Tesoro de los Estados Unidos designaron a personas claves presuntamente alineadas con Los Mayos, en la red de Playas de Rosarito, donde también apareció la exalcaldesa y actual diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo.

Las 14 empresas del municipio de Playas de Rosarito señaladas por formar parte de una red de presunto lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa (CDS), son investigadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Baja California, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.  

La mandataria estatal lo declaró a la prensa el jueves 25 de septiembre, tras encabezar la entrega de 123 patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la región.

“Cuando tuve esta información, cuando nos enteramos de estas 15 empresas (sic.), tengo entendido, se solicitó a nivel estatal al SAT Baja California, como también en el Poder Ejecutivo que se hiciera una revisión total de estas empresas”, afirmó Ávila Olmeda a la prensa.  

En el caso de Javier Robles Aguirre, actual funcionario estatal acusado de pertenecer al entramado, Ávila Olmeda aseguró que el señalado al parecer ya no tiene participación en dicha empresa.  

Robles Aguirre es director de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación de Baja California, en la administración de Ávila Olmeda; en el listado del Tesoro, se menciona la empresa Alimentos y Diversión Insurgentes, S. de R.L. de C.V., fundada por Jesús González Lomelí y Robles Aguirre, entre otras personas.  

“Lo que el propio servidor público, exalcalde de Rosarito, hace de conocimiento público a los medios de comunicación, es que desde hace muchos años él no tiene participación en esta empresa. Se deslinda completamente de esta persona que ha sido señalada por el gobierno de Estados Unidos”, citó Ávila Olmeda.  

Sin embargo, afirmó que se hará una investigación interna en torno a estas situaciones.  

El pasado 18 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Tesoro de los Estados Unidos designaron a personas claves presuntamente alineadas con Los Mayos, en la red de Playas de Rosarito, donde también apareció la exalcaldesa y actual diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo. 

Las empresas propiedad de Jesús González Lomelí son: JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatío, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; y Complejo Turístico JJJ, S.A. De C.V. 

Le siguen: Operadora De Espectáculos, Alimentos y Bebidas J&R S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversión Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronómicas S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.; y, Cavally Antro & Bar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Segundo ataque a policías de Culiacán en menos de 24 horas, deja un agente sin vida

En menos de 24 horas ocurre un segundo atentado a corporaciones locales en el mismo sector de la capital de Sinaloa.

Un segundo ataque a elementos policiales en menos de 24 horas se registró este sábado en la capital de Sinaloa, dejando un elemento de la Policía Estatal sin vida, después de resultar herido en un tiroteo con un grupo armado. 

Tras el ataque arribó al sitio el secretario de Seguridad, Óscar Rentería Schazarino en medio de un fuerte despliegue que incluyó agentes con blindaje al rededor del funcionario.

De acuerdo al parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), el ataque se da en el sector la Conquista cuando patrullas de esta corporación fueron atacadas por hombres armados quienes se resguardaron en un domicilio, donde hallaron armamento y tres vehículos. 

En el ataque resultó herido un agente de esta corporación y falleció más tarde mientras recibía atención médica. 

Este es el agente número 38 en ser asesinado durante este año en Sinaloa. 

La SSPE reportó el lugar de la detención de uno de los agresores, quien además resultó herido, como un domicilio en el que presuntamente se trata de una casa de seguridad. 

Apenas la noche previa un convoy se las policías Estatal y Municipal fueron atacados en Bacurimí, zona en el mismo sector de la Conquista, al poniente norte de la ciudad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Grupo “incel” en Facebook planea más ataques como los del CCH Sur

Tras el homicidio en el CCH Sur, comunidades "incels" en Facebook glorifican al agresor "Lex Ashton", justifican la violencia misógina y organizan nuevos ataques.

Después del homicidio del estudiante Jesús Israel Hernández en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur surgieron páginas y grupos en redes sociales que glorifican las acciones del agresor. 

Una de esas comunidades está Facebook. Denominada "Fans de Lex Ashton", promueve abiertamente discursos misóginos y justificativos del asesinato comparando al agresor del CCH Sur con Elliot Rodger, estudiante británico responsable de una matanza en California en 2014.

El mensaje principal de dicha página social dice: “Estas acciones buscan generar conciencia sobre nosotros los incels (acrónimo en inglés de célibes involuntarios), de tanta injusticia que se vive el día a día sobre mujeres y sus estándares (altos). El asesinato del alumno es totalmente justificable, ya que es una manera de que la sociedad nos deje de reprimir tanto y no seamos discriminados ni perseguidos. Es totalmente justificable y no tiene nada de malo, ya que las mujeres nos reprimen muchas veces, pero su movimiento feminista no es más que una carga inútil para la sociedad”. 

El texto también muestra una tendencia ideológica conservadora, pues condena el aborto, así como la libertad sexual y social de las mujeres.


En sus publicaciones, los integrantes de la página sostienen que las acciones de Ashton “buscan generar conciencia” sobre la supuesta opresión que viven los hombres incels y alientan la organización de futuros actos violentos a través de grupos de mensajería: “Buenas noches, brocels (hermano incel), les comparto el número de WhatsApp de la administración: +52 55 7688 5626. Manden un mensaje para agregarlos a un grupo de seguidores de Lex y organizar más actos como el que hizo nuestro líder Lex por ahí”.

En estas páginas de Facebook, además de glorificar la violencia, se fomentan dinámicas de burla y presión entre los propios integrantes. Los usuarios son etiquetados con términos como mentalcels o fakecels si no cumplen con los estándares del grupo, generando un entorno de exclusión y humillación interna.

Lo anterior se convierte en una manifestación de bullying que refuerza la frustración y el aislamiento de los jóvenes, normalizando la violencia como respuesta tanto hacia otros miembros como hacia la sociedad en general.

Este tipo de comunidades funcionan como ecosistemas digitales en los que se legitiman discursos de odio, se comparte terminología específica y se refuerza la idea de que la violencia contra mujeres o personas que ellos perciben como exitosas sexualmente es “justificable”, incluso, hacia la sociedad en general.


Resentimiento, el detonador

Una investigación publicada en la revista académica Frontiers in Psychology en 2024 destaca que los miembros de comunidades incels en línea a menudo se agrupan en torno a creencias misóginas y agresivas, creando un entorno que puede facilitar la radicalización y la adopción de ideologías extremistas

En tanto, la directora interina del Instituto de Liderazgo Social y Bienestar (ILSB), Silvia Soler, explica en entrevista con Proceso que el caso del CCH Sur evidencia la necesidad de intervenciones integrales:
No se trata únicamente de sancionar, sino de generar referentes y discursos que permitan a estos jóvenes construir su identidad y masculinidad de manera sana, sin recurrir a la violencia ni a la misoginia. 
La agresión en el CCH Sur se convierte así en un punto de alerta: no sólo por la tragedia individual, sino por cómo hechos violentos pueden activar comunidades digitales que celebran y reproducen discursos de odio, dice la especialista, subrayando la importancia de la prevención, la educación en género y la atención a la salud mental desde un enfoque estructural y colectivo.

Los ataques perpetrados por individuos vinculados a comunidades incels en el mundo han mostrado un patrón de violencia motivada por el resentimiento hacia las mujeres.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Isla Vista, California, en 2014, cuando Elliot Rodger, un joven de 22 años que se identificaba como incel, asesinó a seis personas e hirió a otras 14 antes de quitarse la vida. 

Rodger dejó un manifiesto y videos en los que expresaba su odio hacia las mujeres y su frustración por no poder establecer relaciones afectivas, convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de cómo la ideología incel puede derivar en agresiones extremas.

Otro caso significativo ocurrió en Toronto, Canadá, en 2018, cuando Alek Minassian, de 25 años, condujo una furgoneta por una acera, matando a 10 personas e hiriendo a 16; Minassian publicó en Facebook minutos antes del ataque un mensaje en el que declaraba: “La rebelión incel ha comenzado”, evidenciando que su acción estaba inspirada directamente por esa motivación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Disculpa pública de ex titular de INM ‘no cierra el caso’ por muerte de migrantes: FJEDD

La FJEDD aclaró que la disculpa es un acto personal acordado como parte de sus obligaciones judiciales, dentro del proceso penal que enfrenta Garduño.

El pasado viernes 26 de septiembre, el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ofreció una disculpa pública a las familias y sobrevivientes de las 40 personas que perdieron la vida en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023. 

Sin embargo, esta acción ha sido considerada insuficiente por la Fundación para la Justicia (FJEDD), organización que acompaña a las víctimas. En un comunicado manifestó que la disculpa “no cierra el caso ni será realizada por el Estado Mexicano”, sino que es un acto personal acordado como parte de sus obligaciones judiciales, dentro del proceso penal que enfrenta Garduño.

En un acto realizado en el Museo de la Ciudad de México y bajo instrucción judicial, Francisco Garduño reconoció la gravedad del incendio que causó la muerte de 40 migrantes y heridas graves en otros 27, incluyendo 15 mujeres sobrevivientes.

El excomisionado admitió que dicho hecho fue “inadmisible” y “una tragedia” con consecuencias permanentes en la vida de las víctimas, afectando su salud física, mental y emocional. Garduño expresó:
Me disculpo y reconozco que estos hechos son inaceptables y reprocho lo sucedido, toda vez que ocasionó modificaciones a sus proyectos de vida.
Además, pidió perdón a las familias por el sufrimiento causado: “A todos les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y sus familias que vieron cambiar su vida para siempre”.


Garduño no ha sido exonerado: FJEDD

Aunque esta disculpa representó un acto personal, el exfuncionario continúa sujeto a proceso penal por ejercicio ilícito del servicio público y no ha sido liberado ni exonerado por ello, según la FJEDD.

La Fundación para la Justicia, que representa legalmente a varias víctimas y familiares, aclaró en su comunicado oficial que esta disculpa pública no sustituye la responsabilidad del Estado mexicano ni la búsqueda de justicia y reparación integral.
La disculpa pública no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento del excomisionado.
En su comunicado, la organización ciudadana precisó que “es apenas un primer paso simbólico para la reparación integral del daño, pero no resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan.”

En este sentido, la FJEDD exigió la inclusión plena de todos los sobrevivientes –especialmente a las 15 mujeres que no han sido reconocidas formalmente como víctimas–, al igual que el otorgamiento de residencia y documentación adecuada.

Familias, víctimas y organizaciones exigen justicia

Desde la tragedia, múltiples organizaciones y familias han exigido una investigación profunda, que incluya toda la cadena de mando y elimine la detención migratoria como práctica.

En este contexto, la FJEDD ha presentado denuncias penales, quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y recomendaciones complementarias para asegurar una investigación efectiva, el respeto a derechos humanos y la atención digna de las víctimas.

La FJEDD enfatizó que avanzar en justicia implica no solo programas de reparación económica, sino también cambios estructurales en la política migratoria para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir.

En su comunicado señalan la necesidad de que los responsables directos, sin importar su rango, enfrenten los procesos penales correspondientes. Además, llaman a investigar el papel del gobierno local de Ciudad Juárez en la tragedia y adoptar reformas legislativas para eliminar la detención migratoria.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Liberan a integrantes de La Luz del Mundo que entrenaban para el apocalipsis

Los detenidos manifestaron ser parte de la guardia de protección de la cúpula de La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, cumple condena en Estados Unidos por cargos de abuso sexual infantil y otros delitos.

Una jueza federal con sede en Morelia, Michoacán, ordenó la liberación de 38 integrantes del grupo paramilitar ‘Jahzer’, vinculado a la organización religiosa La Luz del Mundo, tras considerar ilegal su detención en un campo de adiestramiento clandestino en Vista Hermosa, Michoacán. 

El operativo se realizó el pasado 24 de septiembre y en él fueron asegurados una pistola real, 19 réplicas de armas largas y cortas, cuchillos tipo militar, chalecos, radios y equipo táctico.

Durante el operativo, los detenidos, 37 hombres mexicanos y una mujer estadounidense, afirmaron que llevaban a cabo entrenamiento táctico como parte de la preparación de sus integrantes para enfrentar un escenario apocalíptico.

También manifestaron ser parte de la guardia de protección de la cúpula de La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, cumple condena en Estados Unidos por cargos de abuso sexual infantil y otros delitos.

En una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, la jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, declaró que la detención realizada por la Policía Estatal de Michoacán violó el debido proceso, ya que la captura se ejecutó sin orden de cateo ni pruebas fehacientes que justificaran legalmente la aprehensión.

Este fallo llevó a que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudiera imputar ningún delito a los detenidos, a pesar de los objetos asegurados y su confesión sobre la pertenencia al grupo “Jahzer”, informó el diario La Jornada.

El grupo Jahzer es conocido como la guardia secreta que protege al líder Naasón Joaquín García, así como a sus templos y eventos masivos. Su origen se remonta a “La Guardia de Jericó”, creada por Samuel Joaquín, padre del actual líder.

Exintegrantes y denuncias de exmiembros como Sharim Guzmán han revelado la estructura paramilitar del grupo y la vigilancia extrema dentro y fuera de la congregación. Guzmán afirmó:

Estaban entrenados tácticamente, portaban armas e incluso existía reclutamiento de menores para estos grupos de seguridad interna.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Audiencia de Vicente Carrillo, "El Viceroy", se aplaza a petición de fiscales de EU

Vicente Carrillo Fuentes encabezó durante casi dos décadas al Cártel de Juárez y es hermano de Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos". "El Viceroy" enfrenta siete cargos relacionados con delitos contra la salud.

Fiscales federales de Estados Unidos solicitaron posponer la audiencia contra el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy", y exlíder del Cártel de Juárez, actualmente preso en Nueva York, con el argumento de que la prórroga permitirá a ambas partes discutir un acuerdo de culpabilidad.

Con la petición del Departamento de Justicia, la audiencia que Carrillo Fuentes tenía programada para el 30 de septiembre, se reprogramó para el 19 de noviembre a las 12:30 horas.

Un documento fechado el pasado 25 de septiembre y presentado por el Fiscal Joseph Nocella Jr. ante la Jueza de distrito Joan M. Azrack, señala que “el Gobierno escribe en nombre de las partes para solicitar respetuosamente un aplazamiento”.

El texto añade que la medida es “en interés de la justicia, porque facilitará la producción de pruebas y dará a las partes tiempo para analizar una posible solución”.


Carrillo Fuentes, quien encabezó durante casi dos décadas al Cártel de Juárez y es hermano de Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos", enfrenta siete cargos relacionados con delitos contra la salud.

Según las acusaciones, controlaba el trasiego de drogas por el corredor El Paso-Ciudad Juárez, recibiendo cargamentos de cocaína del cártel colombiano del Norte del Valle. Entre 1993 y 2004, las autoridades estadounidenses decomisaron más de ocho mil 400 kilos de esta droga vinculados a su operación.

"El Viceroy" fue extraditado a Estados Unidos junto a otros 28 dirigentes de organizaciones criminales mexicanas. Desde agosto pasado mantiene conversaciones con la Fiscalía estadounidense para evitar un juicio que podría derivar en una sentencia de cadena perpetua.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza", es detenida en Ecatepec por la Semar

"La Güera" es señalada por las autoridades como lideresa de "La Chokiza", grupo criminal que opera en el Estado de México y que está relacionada con extorsión mediante préstamos "gota a gota".

Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa del grupo criminal "La Chokiza" fue detenida en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía municipal.

La mujer de origen colombiano fue arrestada junto con un hombre de la misma nacionalidad, identificado como Carlos Andrés "N"; ambos son señalados por las autoridades de estar vinculados con dicha organización delictiva relacionada con extorsión y otros delitos, la cual opera en municipios del oriente de la entidad mexiquense.

Según información difundida por la Semar, las dos personas fueron detenidas por elementos de la Fuerza de Tarea Marina y de la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes realizaban un patrullaje terrestre sobre la avenida General Manuel Ávila Camacho.


"La Güera" y Carlos Andrés "N" fueron detenidos por elementos de seguridad cuando viajaban a bordo de una motocicleta de color negro, cuando circulaban por dicha vialidad.

Al realizar una inspección a ambas personas, oficiales les hallaron cuatro bolsas de plástico que contenían hierba con características propias de la mariguana, por lo que fueron puestos bajo custodia y su vehículo quedó bajo resguardo.

La y el detenido fueron trasladados al Centro de Justicia de Ecatepec y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica y migratoria. Ambos se están en espera de la reclasificación de delitos con base en los elementos de prueba obtenidos.

La Semar informó que "La Güera" es señalada como presunta lideresa del grupo criminal "La Chokiza", mismo que está vinculado con delitos de extorsión a través de la modalidad de préstamos "gota a gota", con la cual delincuentes prestan dinero a personas con intereses sumamente altos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

México y EU lanzan "Misión Cortafuegos"; CSP aplaude plan contra el tráfico de armas

Autoridades de México y Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de la "Misión Cortafuegos", que tiene como objetivo frenar el tráfico de armas desde territorio estadounidense. En un evento en Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió dicho acuerdo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la celebración de la reunión inaugural entre las autoridades nacionales y su contraparte estadounidense que concluyó en la formación del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos para combatir el tráfico ilegal de armas. La reunión fue aplaudida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), quien resaltó la postura de México para exigir al Gobierno de Estados Unidos que refuerce sus acciones para frenar el ingreso de armas a territorio nacional.

Este mecanismo bilateral tiene la finalidad de combatir el tráfico ilegal de armas en la frontera de ambos países. Con este propósito se anunció el lanzamiento de la "Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”.

La misión acordada tiene la intención de cortar el flujo ilícito de armas en la frontera compartida, combatir las finanzas ilegales en ambos lados de la frontera, así como como cooperar en materia decomiso civil de activos y mejorar la coordinación para prevenir el robo de combustible.
En la reunión, los representantes estadounidenses informaron sobre la operación "Sin dejar rastro" que, dijeron, desde que arrancó el segundo mandato del Presidente Trump, se han abierto alrededor de 125 investigaciones por tráfico de armas que han resultado en aseguramientos de estas y se ha logrado identificar a presuntos integrantes de redes criminales vinculadas con este delito en territorio estadounidense.

Se fijaron como objetivos incrementar el número de operativos transfronterizos; aplicar el uso de la herramienta eTrace para fortalecer las investigaciones en ambos países y la implementación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas; ampliar el intercambio de inteligencia y avanzar en la judicialización de casos criminales.

Sobre el trabajo que se lleva a cabo en la frontera, los representantes de las dos naciones se comprometieron a respetar el marco legislativo de cada país para implementar las tareas compartidas. Ente estos compromisos se encuentra el intercambio de información entre autoridades aduanales sobre manifiestos de carga e intensificar el entrenamiento de las instituciones de seguridad para reforzar su capacidad logística y operativa para combatir a las organizaciones criminales.


Además, se acordaron acciones para fortalecer el decomiso civil de activos y mejorar la coordinación para prevenir el robo de combustible, "acciones fundamentales para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales al cortar sus fuentes de financiamiento", indicaron las autoridades.

En representación de México participaron Héctor Elizalde, Subsecretario de Inteligencia e Investigación; Roberto Velasco Álvarez, Jefe de la Unidad para América del Norte; Marcela Figueroa, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; además de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Armada de México y un representante de la Fiscalía General de la República.

Por parte de Estados Unidos asistieron Katherine Dueholm, Subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental; Simon Bland, Subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Doméstica; Joseph Humire, Subsecretario adjunto de Defensa; Eric McGuire, del Consejo de Seguridad Doméstica, y Warren Ryan, Subsecretario adjunto del Tesoro, entre otros funcionarios.


Sheinbaum resalta acuerdo

La tarde de hoy, durante un evento que encabezó en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre el acuerdo celebrado entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de armas y resaltó que dicha acción fue resultado de una exigencia por parte de México.
"Ayer hubo la primera reunión del comité que se formó para ver los temas de seguridad después de la visita del Secretario del Departamento de Estado; y les dijimos 'siempre dicen que el tema central es lo que va de México para Estados Unidos, pero ahora queremos que, por primera vez, lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México'", mencionó la mandataria federal.
La Presidenta agregó que, gracias a ese posicionamiento, EU accedió a firmar el acuerdo para la implementación de la llamada "Misión Cortafuegos", con los cuales reforzará sus operativos en territorio estadounidense para controlar el paso de armas a México.

"Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo", apuntó Sheinbaum, quien enfatizó que México vive un momento especial en términos de soberanía y su defensa.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa, 11 años y tres presidentes después, la desaparición de los 43 normalistas sigue impune

Las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa han visto pasar a los presidentes Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, sin que avancen las investigaciones. A 11 años de distancia, aún exigen acceso a información clave, como el análisis de telefonía celular, y denuncian que ninguno de los involucrados ha recibido sentencia condenatoria por el caso.

A 11 años de la noche de Iguala, la búsqueda de justicia sigue atrapada entre promesas incumplidas y líneas de investigación congeladas, y para las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso ha transitado de “las mentiras del gobierno de Enrique Peña Nieto” a avances parciales con Andrés Manuel López Obrador, que se detuvieron al “toparse con los militares”, para llegar al actual sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, con quien consideran que el proceso sigue estancado.

En entrevista con Animal Político, Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante del colectivo “Nos Faltan 43”, advirtió que el voto de confianza que le otorgaron los padres y madres de los 43 normalistas a la presidenta “se va diluyendo poco a poco al no tener los resultados”.

La percepción de Vicario es clara: “A la presidenta se le dio un voto de confianza, muchos padres y muchas madres decían, sobre todo las madres, ‘ella es mujer, nos va a entender, probablemente sea mamá y tenga un hijo, va a entender nuestro dolor’. Pero con estas reuniones que se han tenido, han visto que la disposición y la voluntad que ha referido tener en el caso de Ayotzinapa no se refleja en los hechos”.


Señaló que, tras la próxima reunión programada con la presidenta para principios de noviembre, los padres evaluarán los resultados y decidirán si continúan con las mesas de diálogo o buscan otros mecanismos de presión y exigencia de justicia. Según explicó, durante el sexenio de López Obrador los padres tomaron decisiones similares, suspendiendo reuniones hasta recibir información novedosa que justificara retomarlas.

Expectativas sobre la investigación de telefonía celular

Desde el inicio de la administración de Sheinbaum, las familias han sostenido cinco encuentros con ella. En la última reunión, el 4 de septiembre, esperaban recibir información concreta sobre una de las líneas clave del caso: el análisis de la telefonía celular, que apunta a que algunos dispositivos de los estudiantes desaparecidos permanecieron activos después de los hechos del 26 de septiembre.

Esta expectativa se generó luego de que la presidenta anunció a los padres y madres, en una de las reuniones previas, la formación de un nuevo equipo técnico, integrado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la fiscalía del caso, “iba a realizar un trabajo más científico en el tema de la telefonía celular, que iba a reanalizarlo porque no se había profundizado”.

La investigación sobre la telefonía celular no es un tema nuevo, sino una recomendación previa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Como señaló Vicario, “no es que sea una nueva línea, un nuevo tema, en el caso de Ayotzinapa, no es así. Esas recomendaciones han sido de parte del grupo de expertos”.

Obstáculos en el acceso a información militar

Otro obstáculo que persiste en el caso es el acceso a los 800 folios del Ejército, un conjunto de documentos que los padres y madres consideran fundamentales para avanzar en la investigación.

Vicario subraya que “tampoco se ha querido avanzar” en este tema y recordó que, en una de las últimas reuniones con López Obrador, el entonces presidente afirmó: “Nosotros ya pedimos información al Ejército, y lo que nos responde es que ya no tiene ningún archivo para entregar, ya todo fue entregado”. El abogado señala que “esa también ha sido la misma postura de la presidenta, es decir, que ‘el Ejército nos dijo a nosotros que ya entregó toda la información’”.

Los padres y madres han manifestado que esta postura limita severamente el avance del caso. Vicario explica que “precisamente este tema que estamos comentando fue lo que orilló al GIEI a dejar el caso y abandonar el país, porque no se podía avanzar más sin la información de estos 800 folios que tiene el Ejército mexicano”.

Línea pendiente de la barandilla de Iguala

Una línea más de investigación, que sigue pendiente y que los padres y madres de los 43 estudiantes exigen que se profundice, es la relacionada con el grupo de siete jóvenes que fueron llevados a la barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Vicario señaló que “ahora se puede afirmar que sí fueron detenidos los estudiantes, sí fueron llevados a barandilla, y que de barandilla fue sacado este grupo de jóvenes, pero de ahí ya no sabemos más y las investigaciones no han avanzado”.

En esta línea está implicado José Ulises Bernabé García, quien en ese momento fungía como juez de Barandilla en la comandancia municipal de Iguala. Actualmente, Bernabé se encuentra en Estados Unidos, donde realizó los trámites para obtener asilo, lo que ha impedido que las autoridades mexicanas puedan detenerlo y procesarlo de manera inmediata.

Pendientes de extradición y procesamientos

Entre los pendientes importantes en el caso Ayotzinapa está la situación de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, señalado por participar en la tortura de detenidos vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes. Vicario explicó que “en esta última reunión a los padres se les informó, respecto de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, que está en trámite”.

Vicario recordó que, hasta ahora, ninguna persona involucrada en la desaparición de los 43 ha recibido sentencia condenatoria específica por el caso; solo algunos responsables han sido procesados por otros delitos, como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, quien fue condenado por delincuencia organizada.

Tras renunciar en agosto pasado a la defensa de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales se integró al equipo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar. Al preguntarle sobre si esto pudiera influir en el avance del caso, Vicario señaló que “no hemos abordado el tema porque es reciente, pero creo que en algún momento tendríamos que valorarlo, porque varios de los expedientes de las personas detenidas por el caso Ayotzinapa se encuentran en proceso, no hay ninguna sentencia condenatoria, todas están en proceso”.

El abogado agregó que la presencia de Rosales en la Corte podría abrir oportunidades de acercamiento con el Poder Judicial para garantizar que los procesos avancen y se logren sentencias contra los responsables.

Frustración y desgaste de las familias

Para los padres y madres de los 43 estudiantes, la frustración por la falta de avances en la investigación persiste a 11 años de la noche de Iguala.

Sobre esto, apuntó que “en la primera acusación de Enrique Peña Nieto, solamente nos mintieron; con López Obrador pudimos avanzar ahí en algunas cosas, hasta toparse con los militares y ya se quedaron estancadas las investigaciones. Y hoy, con la actual presidenta, con ese estancamiento de las investigaciones, no hemos podido dar un paso firme hacia adelante”.


Vicario señaló que el desgaste de los padres y madres de los estudiantes es evidente. Como ejemplo indicó que durante la última reunión con la presidenta, uno de los padres llegó en muletas debido a complicaciones derivadas de la diabetes, mientras otra madre enfrenta la amputación de un pie por la misma enfermedad.

Además, recordó que seis padres han fallecido en estos años, entre ellos Minerva, Saúl Bruno, Miguel Mora Venancio y Bernardo Campos. Vicario subrayó que “ha sido muy complicado para los padres y madres de los 43” mantener la resistencia frente al Estado y la descalificación pública de su lucha.

La “verdad histórica” y la desaparición forzada

La versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto afirmaba que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos y luego asesinados e incinerados, hipótesis desestimada por el GIEI y organismos internacionales. El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) de 2022 concluyó que en el crimen participaron tanto integrantes del grupo delictivo como agentes del Estado, y que la creación de la “verdad histórica” fue un mecanismo de ocultamiento desde el más alto nivel del gobierno.

El GIEI documentó tortura sistemática, negligencia de las autoridades y la omisión del Ejército en la entrega de información crucial.

De acuerdo con Vicario, el caso de Ayotzinapa se inscribe en un patrón más amplio de desapariciones forzadas que ya ocurrían en Guerrero antes de 2014, pero que el caso de los 43 estudiantes visibilizó a nivel nacional e internacional. Según Vicario, “ha sido una forma que tiene el crimen organizado de causar un dolor interminable a las familias, porque no se sabe el paradero de los familiares”.

Indicó que, durante los primeros meses posteriores a la desaparición, el gobierno de Guerrero informó a los padres que habían localizado 28 cuerpos en fosas clandestinas y que estos corresponderían a sus hijos, aunque finalmente los estudios forenses demostraron que ninguno era de los estudiantes. Este hecho reflejó un patrón sistemático de ocultamiento y manipulación de información, propio de la desaparición forzada, y evidenció la estrategia del crimen organizado de desaparecer a personas para sembrar confusión y dolor.

Vicario explica que este método no solo tiene un impacto físico, sino también psicológico y social: las familias quedan atrapadas en la incertidumbre y en el sufrimiento continuo, sin poder tener certeza sobre la vida o muerte de sus hijos. Esta práctica ha marcado la manera en que los padres y las madres de Ayotzinapa han enfrentado la lucha por la verdad y la justicia.

Para el abogado, el caso de Ayotzinapa se ha convertido en un referente para otros colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país: surgieron colectivos en Guerrero y otras regiones, visibilizando la problemática y creando un movimiento social que sigue vigente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: AMIEL MARTÍNEZ.