El gobierno de Chilpancingo, a través de la Secretaría de Obras Públicas, detalló que Luquin Mendoza recibió llamadas anónimas “con exigencias de una suma millonaria, inaceptable e ilegal por un monto de 33 millones de pesos”.

El documento explicó que esta acción es “un claro esfuerzo por cooptar las funciones del Ayuntamiento y utilizarlo como un medio para legitimar y ampliar el ‘cobro de piso’ que desde hace tiempo violenta la tranquilidad, el derecho al trabajo y el sustento de la gente honesta de Chilpancingo”.

La Secretaría enfatizó que el gobierno municipal y el funcionario no cederán ante ningún acto de extorsión.

“No pagaremos a la delincuencia. La ilegalidad no tiene cabida en nuestra administración, y seremos un muro de contención inquebrantable contra quienes intenten extorsionar a los ciudadanos de Chilpancingo, o quieran usar al gobierno municipal para sus fines ilícitos”.

Además, desmintió “categóricamente todas las acusaciones infundadas de corrupción, favoritismo o relación con grupos delictivos vertidas en las lonas”.

Destacó que una reciente auditoría integral realizada por el Gobierno del Estado concluyó sin encontrar irregularidades en la Secretaría, lo que “valida la probidad de nuestra administración”

La situación en la capital guerrerense ocurre tras las declaraciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien reconoció la urgencia de fortalecer la lucha contra la extorsión a nivel nacional, y señalar que la extorsión es el delito que no han logrado disminuir las autoridades.

Ante ello, el gobierno de Chilpancingo dijo que se suma “plenamente a la visión de que el Estado debe asumir la responsabilidad de perseguir la extorsión de oficio, quitando el peso de la denuncia a la víctima, y protegiendo a todas y todos los afectados”.

Por la gravedad de las amenazas y acciones, la Secretaría de Obras Públicas presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que colaborará “con absoluta transparencia y determinación en todas las investigaciones”.

Finalmente, hizo un llamado “respetuoso y urgente” al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Guerrero, así como a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para reforzar las acciones de seguridad en Chilpancingo.

“Y se brinde todo el respaldo necesario para combatir estas prácticas delictivas que amenazan la gobernabilidad, la inversión y la libertad de trabajar en cada rincón de nuestro municipio, en plena sintonía con la nueva estrategia nacional”.

La Secretaría aseguró que seguirá trabajando “con honestidad y valentía por la infraestructura que nuestra ciudad necesita, sin ceder ante la presión de la delincuencia que busca someter a nuestra gente y cooptar a nuestras instituciones”.

El convenio se firmó en el Palacio de Gobierno, con la presencia de funcionarios del gobierno de Guerrero, ejecutivos de la empresa, autoridades municipales y ejidatarios. 

La ocupación por los próximos 20 años contempla la exploración y posteriormente la extracción, principalmente, de oro. Los detalles del convenio no fueron revelados por “razones de seguridad”. 

El vicepresidente senior México de Equinox Gold, Armando Ortega, dijo que el convenio da pauta para un nuevo ciclo minero en la entidad y lo consideró una contraprestación que contempla apoyos en salud, educación, infraestructura y proyectos productivos de los dos ejidos, dijo. 

Al final en entrevista aseguró que el pago por hectárea explotada en Guerrero es el más alto por hectárea que se paga en el país, sin especificar el monto. “Se pagan onzas que se producen por hectáreas que se rentan, eso no lo paga nadie”. 

Cabe mencionar que el contrato que concluyó de Equinox Gold con Carrizalillo suscribía el pago de 6.9 onzas de oro al año por cada hectárea ocupada. Para renovar el contrato la empresa ofreció pagar sólo 2.5 onzas de oro y rechazó la propuesta de 175 ejidatarios del pago de 4 onzas por cada hectárea rentada. 

Armando Ortega, negó que el río Balsas esté contaminado por la actividad minera, tal como lo han denunciado los pobladores de Carrizalillo. 

“Afortunadamente no hay ningún impacto nocivo ligado directamente a nuestras operaciones”. 

Incluso dijo que cada año la empresa realiza estudios con el acompañamiento de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Por su parte el gobierno de Evelyn Salgado celebró la firma del nuevo convenio de explotación. 

En un comunicado de prensa aseguró que el acuerdo es fruto de meses de diálogo en el que se privilegió la libre determinación de los pueblos y marca el inicio de una etapa basada en la confianza, el respeto al territorio y la sostenibilidad. 

“Las tierras comunales son un patrimonio invaluable; este acuerdo es también un acto de confianza”. 

En la firma del contrato estuvieron la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sarah Salinas Bravo; la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; y la diputada local y presidenta de la Comisión de Minería, Citlali Yaret Téllez Castillo; así como representantes agrarios de las dos localidades. 

“Este tipo de proyectos permiten detonar empleos, fortalecer las cadenas de proveeduría local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades”, expresó la secretaria Teodora Ramírez Vega, de acuerdo con la tarjeta informativa. 

Ejidatarios de Carrizalillo han admitido que en 20 años de operaciones de tres distintas empresas mineras han padecido daños considerables a su salud, como enfermedades crónicas respiratorias, de la piel, de los ojos y hasta cáncer.  

Una de cada 10 mujeres embarazadas ha padecido de abortos óbitos o muerte fetal, de acuerdo con los responsables de la Casa de Salud comunitaria. Mientras que sus tierras y los manantiales de agua se han secado.

Sin embargo, hasta ahora López ha obtenido resoluciones judiciales favorables que le han permitido evadir posibles sanciones en su contra. 

El pasado 5 de junio, interpuso un amparo que le fue concedido por un juzgado octavo de distrito para que las autoridades ministeriales y judiciales se abstuvieran de ejercer la acción penal en su contra sin previo desafuero o juicio de procedencia.

Mientras que el jueves 26 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió las suspensiones promovidas por el municipio de Acapulco para evitar que fuera removida del cargo y para frenar la investigación en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

Abelina López continuará con proceso en Suprema Corte

Al respecto, López reiteró que la Auditoría Superior del Estado no tiene competencia para examinar el uso de recursos federales, sino que esta tarea es responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

“Todo lo que aquí se metió, amparos y todo, nos tuvimos que ir a la Suprema Corte de Justicia y ahí dan entrada a nuestra controversia constitucional donde pusimos sobre la mesa el tema de la competencia y lo refuerzo con lo que dice la Auditoría Superior de la Federación: no tiene competencia del estado”, dijo este sábado. 

La alcaldesa informó que continuará con el proceso en la Suprema Corte y aseguró que las suspensiones le fueron otorgadas porque sus demandas tenían fundamento.

Minera Equinox Gold y los residuos que dejó la extracción de oro en Carrizalillo

El martes 17 de junio, día de este recorrido por el lugar, llovió. Las lluvias propician el escurrimiento de este líquido terroso por diferentes partes de la zona ocupada y el pueblo. Una vez recorrido el perímetro que ocupaba Equinox Gold, la última empresa a la que le tenían rentadas sus tierras, el calzado de los guías y de los reporteros quedaron con la marca arcillosa de los óxidos sulfuros.

Los óxidos y los sulfuros son minerales que están en las rocas expuestas de los yacimientos donde se practica la minería a cielo abierto, y su presencia o escurrimientos, en especial de los sulfuros, podrían contaminar las aguas superficiales y subterráneas porque contienen y liberan metales pesados. El impacto inmediato es en la flora y la fauna, explicó parte del equipo que asesora a los ejidatarios y parcelarios. “Son muy fuertes para ellos”, dice uno de ellos sin tener claro la consecuencia en los humanos.

Las instalaciones mineras se pueden recorrer porque están tomadas por los ejidatarios y parcelarios de Carrizalillo. Desde el 1 de abril pasado instalaron un plantón sobre el camino que conecta a Mezcala y Carrizalillo, donde Equinox Gold tiene varias casetas de vigilancia en este camino.

Los ejidatarios y parcelarios mudaron una parte del pueblo a la caseta cuatro. En estos más de dos meses y medio que llevan de movimiento construyeron unas improvisadas casas de madera en el lugar del plantón.

En estos 20 años de explotación minera han pasado varias empresas por el ejido. Los ejidatarios y parcelarios terminaron con Equinox Gold el contrato de arrendamiento de sus tierras –unas 1,400 hectáreas– el 31 de marzo pasado. No lo renovaron porque la empresa, de acuerdo con la versión de los ejidatarios, les ofrecía un 60 % menos en comparación con el contrato que terminó, porque Carrizalillo ya no le era rentable.

Qué pide el movimiento de ejidatarios de Carrizalillo a la minera de oro

El plantón que mantienen los ejidatarios y parcelarios es en busca de una mejor oferta de la empresa para que continúe con la explotación minera o, de lo contrario, por un buen proceso de cierre. Ellos sostienen que no han cerrado el diálogo.

Derivado del movimiento, los ejidatarios y parcelarios solo dejan pasar hasta la planta a quienes tienen a cargo el trabajo de rociar la solución cianurada en los partidos de lixiviados, para no interrumpir el bombeo y evitar un derramamiento de esos lixiviados, informó el presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, José Luis Rodríguez Saldaña.

El patio de lixiviados es el área donde comienza el procedimiento de separación de los metales, entre ellos el oro, de las rocas que son extraídas de los cerros y profundidades del suelo del ejido de Carrizalillo.

De manera visual el patio lo componen grandes cerros de rocas cargadas de metales, donde fueron instaladas una especie de fuentes que irrigan la solución cianurada. A los patios les siguen unas piletas donde escurren la solución tóxica y los metales.

La mesa ejidal de Carrizalillo, con la asesoría de expertos, calcula que en esos cerros de roca hay entre entre 350,000 y 500,000 onzas de oro, con pocas posibilidades de ser extraídos, por el método de lixiviados que usa la empresa.

Con el método de lixiviados, Equinox Gold solo recupera 30 % del oro depositado en el patio, de acuerdo con sus propios datos y estadísticas.

El patio de lixiviados y el complejo minero en general forma parte del pueblo, porque no son muchos metros los que les separan de las casas. Algunas zonas del complejo y la comunidad solo les divide una malla metálica que tiene unos pequeños carteles cada ciertos metros en los que se lee: “Solución cianurada”, la única advertencia de la alta toxicidad de este químico.

Pero con esta temporada de lluvias y con los trabajos de la empresa en pausa, el riesgo de los escurrimientos dispersos existe, lo que generaría un problema mayor.

Los habitantes de Carrizalillo viven desde hace años las consecuencias en el cuerpo de la explotación minera, por la contaminación que genera, el problema actual es que están solos y sin el pago por la ocupación de sus tierras que les permita tener acceso a la salud privada.

Horas antes, en la periferia de Acapulco, dos taxis de la ruta El Treinta fueron incendiados en hechos separados.

El presidente del comisariado estaba por iniciar un recorrido por los patios de lixiviados con reporteros, debido a que ya habían transcurrido dos meses y 17 días desde que comenzó el plantón en la caseta principal para impedir los trabajos de la empresa. El objetivo del plantón era forzar un nuevo acuerdo, ya fuera para renovar el convenio de explotación minera —vigente de forma ininterrumpida durante 20 años— o para dar inicio al proceso de cierre. En ninguno de los dos casos hubo avances; la empresa se negó a aceptar la propuesta de convenio presentada por los ejidatarios.

Rodríguez Saldaña realizó varias llamadas para que desde la Casa de Salud enviaran la ambulancia al hospital y así trasladar al pueblo el cadáver de Silvia. La Casa de Salud de Carrizalillo operaba de manera independiente a la clínica institucional, como parte de los beneficios del convenio social que los ejidatarios mantuvieron con las empresas mineras que durante dos décadas explotaron oro en este ejido, perteneciente al municipio de Eduardo Neri. El subsidio para su funcionamiento provenía tanto de la empresa minera como del Comisariado Ejidal de Carrizalillo.

Al no avanzar la negociación con la empresa, uno de los principales riesgos es que la Casa de Salud en Carrizalillo deje de operar. Según la versión de los ejidatarios, Equinox Gold les ofrece un 60 % menos por la renta de casi 1,400 hectáreas que ocupaba en su ejido, en relación al último convenio que venció el 31 de marzo pasado.

El plantón que comenzó el 1 de abril pasado ahora es un campamento que parece una extensión del pueblo, porque los plantonistas construyeron pequeñas casas de madera o techados con esqueletos de herrería para mantener el movimiento. El personal que hace el turno de la noche en la Casa de Salud ofrece el servicio desde la carpa donde atiende el Comisariado Ejidal en el campamento.

La Casa de Salud, además de ofrecer los servicios médicos básicos, subsidia en un 50 % el medicamento para la mayoría de los habitantes, y en 100 % para quienes no pueden costearlo. En este sitio trabajan tres médicos, tres enfermeros y paramédicos, y tres administrativos que dejaron de recibir sueldo desde el término del convenio.

La médica calcula que, si acaso, pueden cubrir bien tres meses más, no seis ni un año; ya no compraron la lista completa de medicamentos y dejaron de pedir tratamientos para los pacientes crónicos, como diabéticos, hipertensos y asmáticos, que son las enfermedades menores por aquí.

La tumba de Sofía, una evidencia de los daños en la salud por la explotación minera

El martes 17 de junio, cuatro reporteros recorrimos Carrizalillo en el contexto del plantón —de otro modo habría sido muy difícil hacerlo—. El pequeño panteón del pueblo resultó una parada obligada a propósito de la muerte de Silvia. La primera tumba visible al ingresar era la de Sofía Peña Figueroa, fallecida el 4 de diciembre de 2010. Su muerte fue uno de los primeros casos documentados como consecuencia de la explotación minera.

Sofía había sido contratada por Goldcorp como afanadora. La empresa inició la explotación de oro en el ejido en 2007 —aunque desde 2005 comenzó la instalación del consorcio—. Poco después, fue asignada al manejo del equipo de absorción atómica en el laboratorio. Para operar ese equipo habría requerido una especialización, ya que implicaba procesos de separación del mineral de la roca y el uso de sustancias químicas como el cianuro. Sin embargo, su escolaridad llegaba únicamente hasta primero de secundaria. En marzo de 2008, la empresa la presentó como un caso de superación, aunque su salario semanal era de apenas 1,800 pesos.

Sofía murió con los pulmones destrozados, después de dos días continuos de vómitos y convulsiones, y tres meses sin comer, de acuerdo con lo que documentaron en su momento los periodistas Marlén Castro y Rogelio Agustín en el reportaje Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio.

En el momento de su muerte, apenas habían transcurrido tres años desde el inicio de la actividad minera en la comunidad.

La médica Nancy dijo que estaban a la espera del acta de defunción del caso de Silvia, pero ya tienen registradas dos muertes recientes por cáncer, las que asocia de manera directa con la actividad minera, que acumula ya 20 años de operación.

Enfermedades causadas por la explotación minera en comunidades de México

Todos estos años de explotación minera en el pueblo han ocasionado que, de algún modo, todos los habitantes de Carrizalillo estuvieran expuestos a enfermedades: los patios de lixiviado y la planta están cerca del perímetro habitacional, además de que se practica una minería a cielo abierto. 

“Todo el polvo tiene un grado de contaminación”, dice la médica con claridad. Expone que en el ejido han comprobado que los informes semestrales que les entrega la empresa sobre los contaminantes ambientales, que siempre son bajos, están manipulados.

Ella misma forma parte de sus estadísticas de consecuencias en términos de salud; tuvo un embarazo pretérmino reciente, su bebé de poco más de dos meses nació antes de las 37 semanas. Esto también afecta a las mujeres del pueblo, incluidas las pérdidas fetales.

Además, se registraron casos de anemias severas en menores y adultos, así como malformaciones genéticas y diagnósticos de síndrome de Down. Estos casos también ocurren en lugares donde no hay explotación minera, pero en Carrizalillo tienen relación con esa función.

A sus 34 años, Didecsi Robles es madre de cinco hijos. El menor tiene tres años, se llama Pedro, y nació con síndrome de down, fallas en el corazón, presión pulmonar y hace poco le detectaron problemas en la tiroides, además de las recurrentes complicaciones respiratorias. Todo esto tiene que ver, dice la médica Nancy, con el ambiente del pueblo.

Iris Peña tiene 24 años, es madre de dos niñas, la mayor es María Guadalupe, de cuatro años, quien comienza a decir sus primeras palabras. Dice el nombre de su hermana que es una bebé. Comenzó a caminar casi a los tres años. Padece también una anemia eritropoyética, que le causa un problema en la estimulación de la producción de glóbulos rojos, por lo que deben llevarla a consultas periódicas al Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México.

Lo común que hay entre estas mujeres, además de ser habitantes de Carrizalillo, es que sus esposos, padres de sus hijos, trabajaban en la empresa minera, lo que les ponía en contacto con los químicos que se usan para la separación de los minerales de la roca. También tienen en común que Equinox Gold los liquidó en el contexto del actual conflicto con ejidatarios y parcelarios.

La etapa en la que los habitantes de Carrizalillo enfrentan solos las consecuencias de la explotación minera en sus cuerpos apenas comienza.