Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018), Pegasus se usó como herramienta para vigilar a periodistas, activistas y opositores. Esta semana, una disputa legal en Israel entre los empresarios Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Neria —líderes de KBH y BSD, respectivamente— reveló que, desde 2012, se habrían pagado hasta 25 millones de dólares para "invertir" en Peña. Ambas empresas estaban directamente involucradas en la venta de equipos y sistemas de seguridad al Gobierno mexicano durante el sexenio de EPN. La red KBH sirvió como intermediaria de NSO Group para introducir Pegasus en México.
En nuestro país, los registros de la FGR confirman la existencia de esta red. Un testigo protegido, identificado como "Zeus", ha señalado desde 2019 a Peña Nieto, Osorio Chong y Eugenio Ímaz como los responsables directos del aparato de espionaje. A pesar de contar con contratos, facturas y testimonios, la FGR sólo ha judicializado un caso, el de Juan Carlos García Rivera, quien fue absuelto en 2024, pese a que el propio Juez reconoció que sí hubo espionaje contra Carmen Aristegui… por investigar y publicar sobre la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.
Andrés Manuel López Obrador prometió terminar con el espionaje, pero los datos lo desmintieron. Según documentos del litigio WhatsApp/Meta contra NSO Group, en mayo de 2019 se detectaron 456 infecciones con Pegasus. México concentró el 37 por ciento de los casos globales en esa muestra. Citizen Lab, organización experta en ciberseguridad, identificó múltiples dispositivos infectados entre 2019 y 2022, incluyendo los de periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios del propio gobierno obradorista.
La Sedena adquirió Pegasus desde 2019, a través de Comercializadora Antsua, empresa ligada a la red KBH, la misma que habría sobornado al Gobierno anterior. Los contratos fueron ocultados bajo el pretexto de "seguridad nacional". Sólo tras una orden judicial en 2024, se obligó al Ejército a entregarlos. Aun así, la opacidad persiste y no se han entregado.
Pese a las pruebas —documentos, análisis forenses, testimonios— la FGR no ha avanzado en una sola carpeta de investigación abierta por los casos ocurridos en este sexenio. La Sedena niega a la institución investigadora la existencia de contratos que ya fueron exhibidos. En resumen: nadie ha sido nombrado, nadie ha sido juzgado, nadie ha rendido cuentas.
México tiene derecho a saber: ¿quién ordenó espiar?, ¿a quiénes?, ¿para qué?
Para nada resulta increíble que desde el periodismo de investigación, el trabajo de la sociedad civil organizada y la academia se haya avanzado más en el esclarecimiento de los hechos sobre un caso tan complejo. Lo que sí resulta inverosímil es que, pese a tantos hallazgos que se han traducido en pruebas en el marco de investigaciones formales, se siga diciendo desde el discurso de la FGR que “faltan pruebas”.
Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto. Hay evidencia y hay víctimas concretas. Por eso: no, no faltan pruebas. Lo que falta es voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias, cosa que el Fiscal Gertz no ha hecho hasta ahora.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.
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