“Mi hijo tenía un sueño, quería ser futbolista profesional. ¡Yo luché con él para superar todos los obstáculos. ¡Y miren lo que le hicieron! ¡Me lo mataron esos malditos!”, gritaba Virginia fuera de sí aquella noche ante la pérdida de ‘Chander’, como lo conocen en la comunidad.

La mujer habla ahora mucho más serena sentada en una silla de plástico en su casa, en un poco habitual día gris y lluvioso en la muy calurosa Acatlán, un municipio de unos 45 mil habitantes que está separado de Tezonapa, Veracruz, por una calle. 

Uno de los implicados en la muerte de Chander está preso y condenado a 35 años de cárcel, en buena medida, y así lo reconoció en una recomendación la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, por la investigación que ella misma emprendió contra la policía de su localidad. Una investigación, no obstante, y una búsqueda tenaz de la verdad que la ha llevado, además de soportar el tremendo peso de la muerte de su hijo, a vivir con escoltas por las amenazas.

Por fortuna, o más bien por “una señora con las faldas bien puestas”, como apunta ‘Vicky’, que testificó que ella vio cómo el policía trató de plantar el arma al joven, la versión oficial quedó desacreditada.

–No tengo estómago para ver a la cara a los policías de Acatlán –murmura ‘Vicky’–. Para mí, siempre serán los desgraciados que le quitaron la vida a Chander.

Por eso dice que el día que se encontró a uno de los implicados de frente en la graduación de su sobrina, donde muchos otros niños y niñas se graduaban para salir del kínder, se tuvo que sentar para procesar sus emociones. 

–Al principio no lo reconocí, porque ahora está más robusto. Él venía de recoger a uno de los niños, y cuando se topó frente a mí se puso rojo como un tomate. Yo todavía en mi mente pensé: ‘pobre muchacho, se ve que no ha caminado mucho entre tantas personas y se ha puesto rojísimo por la pena’. 

Fue entonces, dice la mujer, cuando alguien se le acercó por la espalda y le susurró al oído: 

“¿Has visto al asesino de tu hijo?”. 

Asesinato de Alexander: la versión de la policía de Acatlán y la de la familia

La noche del 9 de junio de 2020, la patrulla de policía municipal con número 023 se encontraba en un ‘filtro de seguridad’ sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez de Figueroa, a la altura del taller de ‘Los Hinestrozas’. El ‘filtro’, o el retén, se instaló debido a la presencia de grupos delictivos en la región –dos años antes, en abril de 2018, sujetos armados bajo aparentemente la siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron en un video al alcalde– y por “las constantes amenazas” a la corporación policiaca, justificó el edil de Acatlán, Adán Maciel, en el escrito que envió a la Defensoría de Derechos Humanos. 

De acuerdo con la versión policiaca, a eso de las 22:30, la patrulla se percató de unas luces que, al parecer, eran de motocicletas que venían a exceso de velocidad en su dirección. 

“Al notar que se trataba de nueve motocicletas, el mando Sergio R. R., indicó al conductor de la unidad, Higino C. M. que encendiera los códigos parlantes de la patrulla, y a los elementos Isaac R. G., Sergio R. R. (padre del mando) y Adolfo D. G., que con sus lámparas de mano les hicieran señas para que bajaran la velocidad, haciendo caso omiso a las indicaciones. Al no detenerse y pasar por donde se encontraba parado el elemento Sergio R. R. (padre del mando) lo tiran, y al caer su escopeta se acciona al impacto con el suelo”, asegura la versión oficial, que señala que de inmediato los policías trataron de brindar los primeros auxilios al joven Alexander, aunque subrayó que el adolescente iba armado.

“El mando corre a brindarle los primeros auxilios y observa que aproximadamente (sic) se encontraba un arma de fuego tipo pistola en el suelo”, continúa el escrito de la versión oficial, que más adelante asegura que, debido a la beligerancia de los vecinos y de la madre que llegó al lugar, los agentes pidieron apoyo a la comandancia y uno de ellos, Sergio R. R., “priorizó tomar el indicio que se encontraba cerca del lesionado –pistola color negra–” para resguardarlo como evidencia en el caso.

Otro adolescente resultó herido al caer también de su moto tratando de huir de los disparos. 

De inmediato, ‘Vicky’ se trasladó al lugar de los hechos, un camino de terracería donde, asegura, nadie podría transitar a gran velocidad por lo irregular del camino. 

–Vi a mi hijo tirado en el suelo junto a su moto, que aún tenía las luces encendidas, pero nunca pensé que estuviera muerto. Pensé que se había dado un golpe en la cabeza por la caída y que estaba inconsciente. 

La mujer recogió a su hijo entre sus brazos. Cuenta que los cinco policías la observaban en silencio. 

–Les gritaba qué le habían hecho a Chander, pero ninguno contestaba. Solo se miraban unos a otros. 

Ante el bullicio, vecinos del lugar se acercaron. Los ánimos comenzaron a caldearse, al tiempo que los policías trataban de sacarlos del lugar. 

Hasta ese momento, ‘Vicky’ asegura que, pese a lo que señaló el informe policial, los agentes no habían pedido una ambulancia, ni le dieron primeros auxilios. Fue una persona de la multitud que conocía a ‘Vicky’ quien llamó a la ambulancia, que llegó 15 o 20 minutos después. 

–Pero uno de los policías se acercó al chofer de la ambulancia y le dijo algo en corto, y éste hizo el amago como para retirarse del lugar. Entonces, mi otro hijo, Alexis, se puso delante de la ambulancia y comenzó a golpear el cofre, y mucha gente se tiró encima de la ambulancia y le obstruyó el paso. Al de la ambulancia ya no le quedó más remedio que sacar una camilla, subir a Alexander, y llevarlo al hospital de la comunidad.

Pero ya era demasiado tarde. 

Chander, el adolescente que soñaba con ser futbolista profesional, estaba muerto.

Violaciones a los derechos de las víctimas en el caso del homicidio de Alexander en Oaxaca

La Defensoría de Derechos Humanos, en su investigación previo a la emisión de la recomendación 1/2021, la cual elaboró a partir de dictámenes oficiales que fueron materia en el juicio del caso, señaló numerosas irregularidades en el actuar de la policía y en su posterior informe de los hechos.

Por ejemplo, la Defensoría establece que “no se acreditó la legalidad ni absoluta necesidad que motivara accionar el uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión o peligro real, actual o inminente”, por lo que concluyó que “la muerte arbitraria de un menor de edad fue el resultado de un uso ilegal de la fuerza imputable a la Policía municipal de Acatlán de Pérez de Figueroa”. 

El informe de la Defensoría también contradice la versión de la policía de que el arma de uno de los agentes se habría detonado por accidente al caer al suelo, producto de la supuesta embestida de uno de los jóvenes que iban en moto. 

“Según un informe pericial, es poco probable que el tipo de arma del policía Sergio R. R. se accionara en la forma en la cual dicen los policías que se disparó”, señala la Defensoría, que agrega al respecto: “Existe, además, un dictamen de criminalística en el que se documentó la existencia de otros disparos en la escena del crimen”. 

“La actuación omisa y negligente de los primeros intervinientes fue evidenciada por los familiares del adolescente que perdió la vida, su madre, padre y hermano, quienes se dieron a la tarea de investigar”, continúa señalando la Defensoría. 

“Fueron ellos quienes, al acudir a la escena del crimen, se percataron y se fijaron en –fotografía y video– de varios daños en árboles y un vehículo estacionado que en dictámenes posteriores la Fiscalía General corroboró que algunos fueron producidos por disparo de arma de fuego. Incluso, ubicaron y lograron que un perito en criminalística de campo extrajera de un árbol un elemento balístico esférico”.

El informe de Derechos Humanos concluye que los agentes locales, así como el agente de investigación estatal Gerardo P. C., cometieron “violaciones graves” en la preservación de la escena del crimen, y apunta también a la Fiscalía oaxaqueña, al señalar que tampoco investigó las demás armas de fuego de los policías para determinar si habían sido accionadas o no.

Además, tampoco le han querido pagar el dinero que, por ley, corresponde a las víctimas cuando hay un caso de homicidio. 

–Ningún dinero va a reparar la pérdida de mi hijo. Jamás –subraya tajante ‘Vicky’–. Ningún dinero me va a regresar su vida, porque mi hijo no tiene precio. Pero, como me dicen los abogados, es un derecho que tenemos, y aunque no quisiéramos ese dinero, es algo que están obligados a pagar, a cumplir, y tampoco lo han hecho. Se han hecho de la vista gorda. 

Mamá de Alexander dejó su trabajo de secretaria para buscar justicia para su hijo

Como muchas otras víctimas en México que ante la falta de resultados de las autoridades asumen el peso de las investigaciones en sus casos, o las búsquedas de sus seres queridos, ‘Vicky’ tuvo que dejar su trabajo como secretaria en una empresa y se ha convertido en una activista y en una voz autorizada y respetada en Acatlán, donde otras víctimas acuden a ella –mandadas a veces incluso por gente que trabaja en el Ayuntamiento– pidiéndole ayuda, a pesar de que les deja muy en claro que ella solo es una madre en busca de justicia para su hijo. 

–Les dicen: ‘miren, acá no podemos hacer nada, pero vayan con ‘Vicky’. Y pues no sé –se encoge de hombros–, creo que la gente me ve como una especie de ‘heroína’ porque fui una mamá que sí levantó la voz ante la injusticia de la muerte de un niño. Yo levanté la voz en un lugar donde la gente, por miedo, no lo hacía; preferían irse del municipio para que no les hicieran daño, porque inmediatamente empezaban las amenazas diciéndoles ‘si no te callas, te vamos a matar’. 

Su lucha, incluso, no pasó desapercibida para los partidos políticos, pues asegura que llegaron a tocar su puerta para que se presentara como candidata a la alcaldía, propuesta que rechazó. 

–Se los he dicho cuando han venido a buscarme para la ‘poliquería’: ustedes no piensan en mí, no piensan en lo que siento al ver a esos policías. ¿Ustedes creen que me voy a sentar en una silla en la Alcaldía y voy a ver a esos policías que mataron a mi hijo? No, sólo de pensarlo se me revuelven las tripas. 

Cuestionada si, por el desgaste que implica la búsqueda de justicia en México, un país con niveles de impunidad por arriba del 90 %, y por el hecho de que su vida cambió para siempre con cuatro escoltas cuidando cada uno de sus pasos, no ha pensado en irse de Acatlán para empezar de cero en otro lugar, la mujer de inmediato niega con la cabeza. 

–Hay gente que después de lo de Chander se me acerca y me dice: ‘ay, cómo estás, pensamos que ya no vivías aquí’. Y siempre les contesto lo mismo: ‘no, nunca me he ido de aquí, ¿por qué debería irme yo? Ellos, los policías, son quienes mataron a mi hijo. Yo no he hecho nada malo. 

Además, Vicky asegura a colación que está convencida que lo que está haciendo, la búsqueda de esa “justicia plena”, es la mejor forma de honrar la memoria de Chander. 

–Ha quedado claro que fue un crimen de Estado, pues agentes del Estado asesinaron a mi hijo. Por eso fui a la Fiscalía Anticorrupción y puse otra denuncia en contra de los otros cuatro policías y los funcionarios que los protegieron y respaldaron en sus mentiras. 

A continuación, la mujer hace una pausa y reflexiona en silencio. 

–Mi hijo siempre verá a una mamá fuerte, que no se dio por vencida, y que nunca estuvo sometida en un rincón llorando –recalca aseverando con la cabeza–. Por eso, yo voy a seguir luchando hasta que haya justicia.

La normalidad de la mañana de aquel martes 22 de junio del 2004 se volvió desgarradora cuando empezó a circular de manera extraoficial, la información del homicidio del editor de ZETA, Francisco Ortiz Franco. Tomaron su vida impunemente frente a sus dos menores hijos.

Primero, la defensa del cerebro que se niega a creer que una horda de criminales, traficantes, envenenadores, repulsivos, le quitaran la vida a un hombre justo, tranquilo, íntegro y ecuánime sin afanes protagónicos, al compañero periodista, al editor, al maestro.

Inmediatamente después, el golpe de realidad que derrumba, que ahoga, mientras se tiene la extraña sensación de que las manos de la muerte oprimen dolorosamente el corazón y el pecho.

Luego la furia, la impotencia frente a los augurios de injusticia. Ortiz Franco fue asesinado a plena luz de día, a 300 metros de las oficinas principales de la Fiscalía General del Estado, pero nadie fue detenido. La camioneta de los homicidas la abandonaron en la misma vialidad donde cometieron el homicidio, apenas unas cuadras rumbo al este, pero, aun así, tardaron muchas horas en encontrarla.

Las primeras investigaciones determinaron tres hipótesis, que no se excluían una a la otra, porque en todos los casos los sicarios estaban ligados al Cártel Arellano Félix. Pero después de 21 años sin que los responsables hayan sido detenidos, juzgados y sentenciados, evidencian que las fiscalías, estatal y federal, decidieron no avanzar.

En la primera hipótesis, se indicaba que el traficante Arturo Villarreal Heredia -detenido junto a Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, el 14 de agosto de 2006 y procesado en Estados Unidos- ordenó su muerte, después que el licenciado Ortiz Franco exhibió las relaciones del gobierno con el cártel, al publicar en un reportaje las caras de 71 sicarios del CAF, a los que les dieron credenciales oficiales como agentes ministeriales de la PGJE de Baja California.

La segunda era por el mismo motivo, pero involucraba como autores materiales a agentes ministeriales del estado, con pistoleros de los Zetas, y sicarios del Barrio Logan en California. En la tercera los matones también eran del CAF, pero el móvil era la revisión que Ortiz Franco estaba haciendo de la carpeta de investigación por el homicidio del codirector de ZETA, Héctor Félix que involucraba a Jorge Hank Rhon.

Este sábado 22 de junio se cumplirán 21 años de la tragedia, y la respuesta de los gobiernos y sus fiscalías continúa siendo el irresponsable silencio.

En este contexto, Francisco no sólo fue víctima de los asesinos materiales e intelectuales del CAF que lo privaron de la vida. Muerto, las autoridades estatales y federales decidieron revictimizarlo con la ausencia de justicia. Y esta impunidad alcanza a las otras víctimas, su familia, Gabriela su viuda y sus tres hijos hoy adultos con vidas hechas, quienes también han sido expuestos al desdén gubernamental.

Hace cuatro años, el 15 de febrero del 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la familia Ortiz enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informando su “voluntad de iniciar un proceso de solución amistosa” con el Estado Mexicano para la reparación del daño sufrido por la familia.

En aquel momento, la CIDH remitió un comunicado al Gobierno Federal, informando que había decidido “ponerse a disposición de ambas partes con miras a alcanzar una solución amistosa” y solicitó a la Federación “tenga a bien manifestar, dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, si tiene interés en iniciar el procedimiento”. Cuatro años y cuatro meses después, el Estado continúa sin responder.

Sin la participación del gobierno, el 20 de febrero de 2025, la CIDH informó “que el caso se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo”, los que únicamente significa que la CIDH podrá pronunciarse sobre el asunto “con base en la información disponible en el expediente”.

Ante el evidente desaire del Gobierno Federal, se le preguntó a Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), si han explorado algún otro camino para buscar el resarcimiento del daño; el representante de periodistas explicó que si la CIDH emite un informe con recomendaciones al Estado y éstas no se cumplen en un plazo razonable, la Comisión podría decidir, someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así las cosas. Después de 21 años, la indolencia del gobierno continúa ampliando, extendiendo, el camino de impunidad que la familia sigue recorriendo.

Por eso, de nuevo, como se ha hecho de manera permanente desde el año 2004, esta casa editora exige a los gobierno y fiscalías estatal y federal, que continúen la carpeta de investigación que irresponsablemente mantienen abandonada; que identifiquen a los autores materiales e intelectuales, los procesen, que los castiguen. Y cumplan con su obligación de atender a la familia Ortiz con el respeto que merecen todas las víctimas.

"Es un tema que nos ha absorbido bastante tiempo y trabajo en materia de investigación de campo y de inteligencia. La carpeta de investigación está conformada por tres tomos, en cuanto a entrevistas, análisis de videos y trabajo forense. Hemos realizado un gran esfuerzo para tratar de resolver este homicidio que ha sido, ciertamente, complejo de investigar, pero creo que ya tenemos muchos avances y espero que pronto podamos tener noticias", expresó. 

Sin embargo, el funcionario estatal no quiso revelar más detalles sobre el rumbo de las líneas de investigación. Indicó que existen varios enfoques y agregó que prefirió no dar más información para evitar la revictimización de Valeria Márquez. 

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la naturaleza del crimen y el contexto de violencia de género en el país. A un mes del suceso no se han emitido órdenes de aprehensión, aunque las autoridades han entrevistado a más de 30 personas, incluyendo a Vivian de la Torre, amiga de Valeria, y a una empleada identificada como Erika, quienes estaban presentes o conectadas al momento del ataque, respectivamente.

Valeria Márquez, conocida en redes sociales por su contenido de belleza y estilo de vida, se encontraba interactuando con sus seguidores en su negocio, "Blossom The Beauty Lounge", ubicado en la colonia Real del Carmen, Zapopan.

Cabe recordar que, durante la transmisión, tras expresar un "mal presentimiento" y preocupación por un paquete misterioso, se perpetró el ataque. Un hombre, presuntamente haciéndose pasar por repartidor, ingresó al establecimiento y le disparó al menos en tres ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en una fosa clandestina el pasado 23 de febrero de 2023, en la zona de El Escoplo, en el Rancho El Refugio.

Caso de los jóvenes en Romita, Guanajuato

“Posteriormente por un grupo de Whats App, el comisionario de Seguridad Pública de Romita es informado del suceso. Momentos después el mismo comisionado arriba al lugar y procede a detener a la víctima que conducía el vehículo en estado de ebriedad, remitiendo al mismo a la estación de policía de Romita”, señala la plataforma.

Añadió que, en testimonios de los declarantes, el comisionario declaró a la víctima que ya lo estaban buscando y que sería entregado al crimen organizado.

“A la estación de policía arribaron los otros dos ofendidos, con la intención de averiguar qué había ocurrido con la primera víctima. Ambos son detenidos y remitidos a la jueza cívica, pero ninguna de las detenciones es registrada en el Sistema Nacional de Detenciones, es archivada de manera física”, indicó.

Detalló que a las 23:00 horas de ese mismo día, arribó hasta las instalaciones de Seguridad Pública un vehículo de motor del cual descendieron varias personas y uno de ellos se identificó como el hermano de las víctimas, “que está ahí” para pagar la multa

“Pero que prefiere no entrar en las instalaciones”, refiere.

En ese sentido, dicho familiar entregó el dinero de las multas al elemento de la policía municipal y por mandato de una jueza cívica, son “liberados”.

“En esa la madrugada del día 20 de febrero, se presentan a la estación de policía los padres de los afectados, a los cuales se les informa que sus familiares ya fueron liberados por otro pariente. El comisario, al ser cuestionado por los padres asegura que no puede proporcionar más información de los eventos que acontecieron, ni del paradero de sus seres queridos”, aclaró la plataforma.

Según Valdez Alvarado, y que hubiera existido negativa a informar sobre la detención.

Violencia en Guanajuato

El estado del bajío ha sido recrudecido por la violencia en los últimos días, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la localización de 17 cuerpos en fosas clandestinas en una vivienda en la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, en el municipio de Irapuato.

En ese contexto, Guanajuato se mantiene a la cabeza como el estado más violento: en 2024 registró 3 mil 151 asesinatos y entre enero y abril de este año hubo mil 260, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La entidad junto con Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco, concentran más de la mitad de los homicidios en el país.

La violencia persiste a pesar de que a finales de marzo la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que, tras la visita del Gabinete de Seguridad federal, se acordó la creación de dos grupos especializados en materia de seguridad.

El primero de ellos, detalló, es liderado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se encarga de la ministerialización de las causas penales, esto significa que los operativos tengan como resultado más órdenes de aprehensión y más sentencias condenatorias.

El segundo, el cual es mixto y está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), coordina operaciones especiales, principalmente en los municipios de atención prioritaria, y tiene apoyo del Grupo de Inteligencia Operativa del Estado.

La resolución aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte el 3 de marzo pasado en sesión privada, también protege a la ministra presidenta Norma Piña quien fue denunciada por Zaldívar en abril de 2024 por supuestamente interferir en la elección presidencial a favor de la excandidata panista, Xóchitl Gálvez.

“Este Tribunal Constitucional determina que lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 9/2005 ya no se encuentra vigente para atender las quejas y/o denuncias ciudadanas en que se atribuya responsabilidad administrativa a alguna ministra o ministro de este Alto Tribunal.

“Por tanto, las quejas y/o denuncias ciudadanas en las que se atribuyan alguna responsabilidad administrativa en contra de alguna Ministra o Ministro, ya sea en funciones o en retiro, deben ser remitidas a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento, teniendo como referente lo determinado en la presente consulta a trámite”, establece la resolución cuyo proyecto fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

En su resolución el ministro precisó que la ley establece que los integrantes del Pleno cuentan con fuero que los protege contra acusaciones de responsabilidad política y penal e incluso frente a su propia renuncia, pero no especifica qué pasa con acusaciones de responsabilidad administrativa.

Añadió que el acuerdo General 9/2005 facultaba al Pleno de la Corte para investigar las acusaciones de posibles responsabilidades administrativas en contra de los ministros, pero que a partir de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya dejó de tener vigencia debido a que esa facultad fue transferida al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que entrará en funciones el 1 de septiembre próximo y ni siquiera es aplicable a estos casos.

“Actualmente ya no se sostiene la vigencia del Acuerdo General Plenario 9/2005, tratándose de faltas administrativas atribuidas a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ello es así, ante la inexistencia de un marco legislativo que desarrolle y precise el procedimiento sancionador aplicable a dichos juzgadores, así como el tipo de faltas administrativas que les pueden ser atribuidas (incluyendo su gravedad) y las sanciones susceptibles de imponerse”, indica.

“No pasa inadvertido lo dispuesto en el artículo 97 constitucional en su redacción vigente a partir de septiembre de dos mil veinticuatro, en el sentido de que ‘Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada’. Sin embargo, esa disposición no puede ser interpretada de manera aislada, sino en correlación con el resto de las disposiciones que campean en la materia. Concretamente, tratándose de ministras y ministros, también debe observarse lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Federal, en lo relativo a que las ministras y ministros de la Suprema Corte solo podrán ser removidos de sus cargos en los términos del Título Cuarto de la propia Ley Fundamental, en correlación con el cúmulo de garantías judiciales especialmente reforzadas para tales impartidores de justicia”.

Es decir, que pese a que la facultad le fue conferida al TDJ para investigar a los ministros, estos sólo pueden ser removidos de sus cargos por causas graves y a través de un juicio político o declaratoria de procedencia.

“Sin que lo anterior implique dotar de impunidad alguna a dichos impartidores de justicia, pues como ya se destacó, sí pueden ser sujetos de responsabilidad penal en términos de lo previsto por el artículo 111 de la Constitución Federal, o bien, ser sometidos a responsabilidad política de conformidad con el diverso artículo 110 del mismo ordenamiento”, enfatiza el fallo.

“Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se les ha conferido. Aunado a que la falta de ese desarrollo legislativo no puede ser subsanada a través de un Acuerdo General Plenario, como el 9/2005, que motivó la apertura de la presente consulta a trámite”.

Para diciembre de ese mismo año, y ante las presiones de la familia, la fiscalía estatal solicitó a la FGR que analice la carpeta de investigación del caso, pues, para entonces, ya existía una segunda necropsia y otra versión de los hechos proporcionada por los familiares del médico fallecido.

Desde agosto de 2024 la FGR señaló que no podía atraer el caso para continuar con la investigación porque no existían indicios sobre la comisión de delitos federales que son los que le competen investigar.

Ello, pese a que durante la revisión la delegación de la FGR en Tabasco envió a un policía federal ministerial que señaló que a unas casas del domicilio en el que Jorge Enrique Flores falleció, hay un punto de venta de droga.

Para noviembre de 2024, 11 meses después de recibir la carpeta de investigación, la FGR emitió diversos dictámenes periciales no concluyentes, pero en los cuales descartó todos los dictámenes aportados por la familia.

Entre ellos, la segunda necropsia en la que fueron halladas diversas lesiones en el cuerpo del doctor, además de la fractura de nariz y en la séptima cervical en las que se habían enfocado los peritos oficiales durante la primera necropsia y que fueron ignoradas por el Ministerio Público local.

Asimismo en esa segunda necropsia se evidenció la ausencia de un surco o marca en el cuello que indique que el joven médico se ahorcó, conforme a la versión oficial manejada por la fiscalía tabasqueña.

Dilación

La denuncia se encuentra radicada ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR que ya solicitó a la fiscalía de Tabasco la autopsia psicológica.

En tanto, en diciembre de 2024 Flores Mendoza también presentó una queja ante la CNDH en la que incluyó tanto a los funcionarios de la fiscalía de Tabasco como a los de la FGR, pues el caso de su hijo permanece estancado y las autoridades locales rechazan investigar cualquier posibilidad de que Jorge Enrique Flores Silva fue asesinado.

En su escrito de queja, el padre del médico fallecido acusa que “la carpeta sólo fue derivada a esta Fiscalía (General de la República) con la finalidad de ganar tiempo, de enfriar el caso ante la gran presión que se ejerció a través de medios de comunicación, marchas, redes sociales, por tanta irregularidad vertida en la carpeta por el personal de la FGE Tabasco.

“Ya se tenía preparado un plan que era declinarla, pregunto entonces, por qué la aceptaron, sin ningún fundamento jurídico que lo avalara o permitiera, solo basta leer el documento con el cual es remitida por la FGE Tabasco, para darse cuenta que no existía competencia jurídica, pero fue aceptada, inicia una carpeta y tarda 10 meses en emitir dictámenes”, expone el escrito consultado por Proceso.

“Lo cual nos hace ver que fue un favor el que hizo la FGR Tabasco a la FGE Tabasco, es evidente que se encargaron de enfriar la carpeta y esperar los tiempos, ya teniendo todo preparado, mientras que a nosotros nos decían que los dictámenes se encontraba aún en revisión e incluso en la FGR CDMX para su análisis”.

“Nuestras voces fueron silenciadas por las armas, fuimos obligados a ponernos como barrera humana en los enfrentamientos entre grupos delictivos, fuimos golpeados por quienes debían garantizar la seguridad de nuestros pueblos, nos vimos en la necesidad de huir de nuestras comunidades para salvar nuestra vida, regresamos, no porque hubiera condiciones de seguridad garantizadas por el estado sino por el temor de perder nuestro patrimonio ante el saqueo y robo”. 

En la ceremonia donde se expresó la indignación, la memoria y la denuncia de la violencia estructural que sufren las comunidades, los manifestantes aseguraron: “Vivimos tiempos difíciles con mucho dolor, indignación e impotencia ante la realidad de la violencia que hemos sufrido y seguimos siendo víctimas”. 

Luego de una caminata, se colocó un altar maya con frutas y granos para rendir homenaje a las víctimas: Ignacio, Isidra, Teresita de Jesús, Rosalinda, Yojari Belén, Dolores, Alfonso, Azael, Urbano, Brandi y Joel. Al final del acto religioso realizado en el panteón donde se construyó una capilla para honrar a las víctimas, se leyó un pronunciamiento. 

“Nuestro corazón se duele por las víctimas inocentes masacradas en medio de la violencia”, manifestó el Pueblo Creyente al demandar una paz real, “no sinónimo de militarización”, sino basada en la justicia y la libertad. 

Fuimos silenciados por las armas

Los fieles manifestaron: “Mucho se ha dicho que la paz ha llegado a nuestros pueblos, pero desde nuestra fe y nuestra esperanza sabemos que la paz no es una simple palabra, sino que brota de la justicia. Como pueblos de Chiapas necesitamos una verdadera paz, que no es sinónimo de militarización, una paz donde los pueblos podamos ser libres de violencia, amenazas e intimidaciones, donde se restablece el estado de derecho para todos y cada uno”. 

Expresaron que el hecho de que “los pueblos ya no denuncien, no quieren decir que hay paz, las voces de nuestros pueblos han sido silenciadas, nuestros silencios son un grito al cielo, clamamos justicia, queremos paz verdadera como ha sido proclamada por el Papa León XIV”. 

Origen del conflicto, la minería: pobladores

El control y disputa de la minería es señalada por los habitantes, como una causa estructural de la violencia en la región. En el documento aseguran que “la minería ha sido causa concreta de los intereses de empresas y grupos delictivos para controlar el territorio”. 

Los manifestantes refirieron que a principios del pasado mes de abril, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y diversos cuerpos de seguridad anunciaron de manera informal la clausura de la explotación minera, por lo que pidieron a las autoridades competentes que “hagan el pronunciamiento y publicación oficial de la clausura de la minería en Chicomuselo, ya que esto es algo en lo que hemos insistido como comunidades y pueblos desde hace muchos años, lo que ha ocasionado que mujeres y hombres fueran asesinados por quienes tienen sus intereses en la explotación minera”.

“Mi hermana está atorada y él todavía voltea la camioneta e impacta contra las puertas, son como dos toneladas más de fuerza”, dice Daniel.

Además de esto, comparte el hermano, se encuentran las irregularidades cometidas en el traslado de Pamela a un hospital, por ejemplo, no llevarla a la Cruz Roja ubicada a cinco minutos del lugar de los hechos o al Hospital General que está a diez minutos para que ella pudiera ser atendida. En lugar de eso, fue trasladada al Hospital ABC, ubicado en Observatorio, Ciudad de México, ubicado a más de 100 kilómetros de Avándaro.

Otro punto que resalta la familia es que Pamela estaba vestida cuando la trasladaron al hospital, pero al llegar ya no llevaba ropa. 

Durante el trayecto de más de 3 horas para llegar al hospital también cambiaron de ambulancia a Pamela, porque supuestamente la primera que la recogió se quedó sin gasolina. Ambos vehículos de emergencia pertenecen a Chevra Hatzalah y fueron operados por voluntarios durante el traslado, a lo largo del cual alguien le inyectó a Pamela 7.5 miligramos de midazolam. 

Midazolam es un sedante utilizado antes de procedimientos médicos y cirugía. Según Medline Plus, la inyección de esta sustancia “puede ocasionar problemas graves para respirar o que podrían poner en riesgo la vida como una respiración superficial, lenta o temporalmente detenida que puede ocasionar una lesión cerebral permanente o la muerte”.

Pamela llegó viva al hospital el domingo 2 de mayo del 2021, pero tras sufrir seis paros cardiorrespiratorios murió a las 16:45 horas del lunes 3 de mayo.

Según cuenta la familia de Pamela, los doctores dieron aviso al Ministerio Público, pues ella llegó con graves heridas y marcas en muñecas, tobillos y piernas que la hacían ver como una víctima de secuestro.

El caso de Pamela fue inicialmente cerrado por la fiscalía del Estado de México, argumentando que fue “un accidente”, sin embargo, la familia apeló esta decisión y consiguió que el 22 de marzo del 2022 se reabriera el caso.

Tanto el ministerio público Manuel Torres como la jueza Laura Serrano Mellado son los responsables de que el caso se haya cerrado inicialmente, acusan los familiares, quienes presentaron denuncias por las omisiones de la primera investigación.

Luego de la reapertura del caso, la fiscalía del Estado de México aparentó buena voluntad para esclarecer los hechos, no obstante, ahora ya no les contestan las llamadas y las investigaciones se encuentran prácticamente paralizadas, señalan el hermano, la madre y el padre de Pamela.

“La fiscalía no ha hecho nada, absolutamente nada“, enfatiza Daniel Anaya. “Se ve cómo están inclinados hacia el lado de la persona que ocasionó la muerte de mi hermana”.

Para la familia, el posible favorecimiento de la fiscalía hacia Isaac Salomón “N”. se debe a su poder económico. 

El poder económico de Isaac Salomón “N.”

Isaac Salomón “N.” es un empresario mexicano de origen judío, con ascendencia polaca. Tiene una trayectoria de más de cinco décadas en el sector inmobiliario.

Nacido en la Ciudad de México, se trasladó a Monterrey, Nuevo León, donde fundó en 1973 la empresa Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C.V., conocida como Casas Javer, misma que cotiza en la Bolsa y ha construido viviendas en diversos estados del país, incluyendo Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla.​

También es fundador de Nexxus, empresa privada de bienes raíces industriales con sede en Monterrey. Nexxus, establecida en 1991 como extensión industrial de Casas Javer, ha desarrollado siete parques industriales en el norte del país, invirtiendo más de mil millones de dólares y acumulando un extenso banco de terrenos en Monterrey.

Además ha sido miembro activo de diversas organizaciones empresariales, incluyendo la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) .​

Otro de sus proyectos ha sido El Pabellón M, construido en el centro de Monterrey.

En el 2016, le fue entregado por el Ayuntamiento de Monterrey el reconocimiento “Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo Zambrano Treviño”.

Se buscaron medios de contactos para contar con la postura de Isaac Salomón pero no fue posible localizarlos. Sin embargo, a lo largo de los años ha declarado a la prensa que todo se trata de un accidente.

Las contradicciones de Isaac Salomón “N.”

Aquel fatídico 3 de mayo de 2021 en que murió Pamela, Isaac Salomón “N.” cayó en una serie de contradicciones sobre los hechos que levantan sospechas para la familia de ella.

Según Daniel Anaya, Isaac dejó una carta en el hospital donde internó a Pamela en la cual explica que ella oprimió el botón de la puerta eléctrica donde quedó atascada, lo que se desmiente con los videos de aquel día y la explicación técnica sobre lo sucedido.

El hermano de Pamela también afirma que él habló por teléfono con el empresario. Durante la llamada, Isaac le habría dicho a Daniel que Pamela se había accidentado en unas puertas de cristal, pero que se encontraba bien– afirmaciones que resultaron falsas.

Para conocer la postura oficial de la Fiscalía del Estado de México, Aristegui Noticias envió solicitudes a los encargados de comunicación, pero no ha habido respuesta.

Antes del homicidio de Regina, 13 periodistas fueron asesinados. El caso que más impactó hasta entonces fue el del subdirector de Notiver, Milo Vela, y su familia, acribillados en su domicilio. 

El 27 de septiembre de 2011 Regina confió de manera anónima: “Vivo el peor clima de terror, cierro con llave toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay peligro”.

Tres meses después, en diciembre de 2011, entraron a robar a su casa. Cuando llegó, los intrusos apenas se habían ido, el baño aún tenía vapor. Regina sintió el miedo recorrer su espalda y respirarle en el oído. 

De acuerdo con Martínez, la puerta de su domicilio no fue forzada, como cuando la asesinaron dos meses después en su casa.

A partir de entonces, el asesino intelectual ha gozado de 37 años de impunidad.

“El Gato”, como apodaban a Félix, era reportero, columnista y codirector fundador ZETA, este proyecto de periodismo libre de investigación, contestatario, de denuncia, y los empleados del Grupo Caliente lo mataron cuando tenía apenas 47 años.

El dueño del hipódromo cumplió 69 años el pasado mes de enero, todos vividos bajo el halo protector y la impunidad generada por la cuantiosa fortuna y las relaciones políticas generadas desde tiempos de su fallecido padre, el priista Carlos Hank González (1927-2001); le han permitido evadir cargos judiciales, cada vez que ha sido detenido e investigado por varios delitos, desde hace 34 años.

En 1991, en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México lo retuvieron por contrabandear perlas y artículos fabricados con partes de animales en peligro de extinción de Japón

El 10 de enero de 2009, por sospechas de conducta ilegal, le quitaron la visa para cruzar a Estados Unidos.

En junio 2011, fue aprehendido y liberado dos veces: la primera junto con 11 escoltas, por el acopio de 40 armas largas, 44 cortas (dos relacionadas con homicidios), y más de nueve mil cartuchos en el hipódromo; la segunda vez, por su presunta participación el homicidio de una joven de 24 años, novia de su hijo, cometido en 2009. En la misma carpeta se mencionó que hubo movimiento de droga en el centro hípico entre 2006 y 2010.

En 2012, eludió la acusación por el delito de traslado de las aves exóticas que se transportaron en el avión privado en el que llegó a Tijuana con su personal.

Los hechos no deben olvidarse.

Pero los beneficios en territorio bajacaliforniano los recibe desde 1985, porque los gobiernos federales le han autorizado el disfrute y explotación comercial de las decenas de hectáreas de terrenos de la nación, que albergan el casino Caliente, el Hipódromo, el zoológico, un estadio, un club hípico, una escuela de futbol, un residencia y un colegio, a través de una concesión pública. Y no se ha informado de ningún cambio.

Todavía más, en el México de la narcocultura, el país en el que todo es posible, el adinerado casinero fue alcalde de Tijuana y candidato a gobernador en tres ocasiones. Instituciones electorales y partidos políticos simplemente han decidido burlarse del requisito de la buena fama pública. De hecho, la actual gobernadora Marina del Pilar le ha mostrado su apoyo desde que lo invitó al festejo privado de su toma de posesión.

La historia del lado de los agresores contrasta con los antecedentes de la víctima.

En 1980, en Tijuana, el ejercicio del periodismo crítico y responsable provocó la ira de los gobiernos del PRI que terminaron despojando a Jesús Blancornelas y Héctor Félix de un periódico; en ese contexto fundaron ZETA, un medio de comunicación al que estos periodistas le apostaron su dinero y su vida, para ser los dueños únicos de la línea editorial.

Durante los primeros dos años de este Semanario, cuando la persecución política obligó a Blanco a vivir en San Diego, California, fue el trabajo de Héctor Félix, yendo y viniendo de uno a otro lado de la frontera, con información, con notas periodísticas, con instrucciones, incluso cruzando él los ejemplares del periódico, lo que permitió el nacimiento y la sobrevivencia del medio, a pesar de la persecución de políticos acostumbrados a comprar periodistas y voluntades.

Previo a que los sicarios le quitaran la vida, “El Gato” sólo pudo disfrutar durante 8 años y 9 días de la libertad periodística que él y su compañero de lucha crearon. Pero ese tiempo le alcanzó a Félix para que su lenguaje y actitud relajada, lo convirtieran en uno de los columnistas más importantes en el estado. Quien a pesar de su amistad con el empresario hípico, escribió que en sus fiestas había droga y algunas carreras se “arreglaban”.

Tras su asesinato, fueron cientos los ciudadanos y lectores indignados que se manifestaron marchando en las calles de Tijuana. Pero los reclamos de la sociedad sólo alcanzaron para que la investigación alcanzara a dos de los homicidas materiales, Victoriano Medina, escolta, y Antonio Vera Palestina, jefe de escoltas de Hank Rhon, detenidos tras mantenerse prófugos (10 días y 2 años respectivamente), fueron sentenciados a 25 y 27 años, penalidad que completaron en 2015 cuando fueron liberados. El tercer guardia, y presunto homicida, Emigdio Nevarez, no fue procesado porque fue localizado asesinado.

37 años y 10 gobernadores han pasado sin que el autor intelectual del homicidio de Félix haya sido detenido y procesado. Ante la ausencia de justicia, les recordamos para que no olviden. Contamos la historia para los nuevos lectores y junto con los ciudadanos que nos han apoyado a lo largo de los años, repetimos a la Fiscalía General del Estado lo que dijo el exgobernador Ernesto Ruffo: en esta muerte “todos los caminos conducen al Hipódromo”.

No habrá silencio, ni olvido. El reclamo de justicia es permanente. La impunidad es inaceptable.

NEGATIVA DE DESAFUERO DE CUAUHTEMOC BLANCO Y LIBERACIÓN DE LA PATRONA, MUESTRAS DEL NARCOESTADO PATRIARCAL QUE TIENE QUE CAER

En la última semana de marzo ocurrieron dos hechos de impunidad, que protegen a personas señaladas como responsables en el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, que demuestran de manera clara, la estructura de protección que el narcoEstado patriarcal de MORENA ejerce para encubrir a delincuentes a ojos vistos.

El rechazo al desafuero de Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados para la investigación del delito de violación cometido contra su media hermana, cobijado por decenas de diputadas federales de MORENA que le gritaban “no estas solo” y el descontento de la sociedad y en especial de movimientos y personas feministas, nos demuestra una vez más que la vía por la cual va a cambiar este país y se va hacer justicia, no es a través de las instituciones del Estado, por que solo se encubren entre sí o son utilizadas como disputas políticas de arriba para llegar a ser el próximo verdugo de abajo. Entre narcopolíticos, narcofuncionarios y narcopartidos se atacan entre sí, para tomar el puesto del próximo verdugo en el poder.

Además del pacto patriarcal del narcoestado que incluye a hombres y mujeres de arriba como la Presidenta que señala, “llegamos todas”, pero “todas las fuerzas corruptas y corrompibles que de por sí estaban en el poder”

Pero ¿Por qué proteger tanto a Cuauhtémoc? Porque no dejar que avance una investigación efectiva en su contra, justificarse con deficiencias en la carpeta de investigación es extralimitar las facultades del Congreso. Pero cualquier pretexto es bueno y válido si desde arriba lo enuncian y lo cobijan con banderas del pueblo como “No estas solo”, no les importa la razón, la lógica, ni mucho menos la justicia, les importa encubrirse.

Por que ¿Quién propuso el fallo para eximir a Cuauhtémoc Blanco? El que protegió a los asesinos de Acteal, el cómplice junto con Cuauhtémoc Blanco y la Patrona del asesinato de Samir Flores Soberanes: Hugo Erik Flores. Quien una vez mas protege al delincuente, que aunque este peleado con Cuauhtémoc Blanco, se saben cómplices del mismo delito y se protegen entre sí.

Violación no es el único delito por el cual es investigado o señalado Cuauhtémoc Blanco, sino también por el asesinato de Samir (aquí las Fiscalías tanto Estatal de Morelos como federal FEADLE se han negado a investigar), por sus vínculos con el crimen organizado, por la auditoria superior de la federación, y por todo se le protege. ¿Por qué? No creemos que por la figura y papel tan importante que desempeña Cuauhtémoc Blanco para la 4T, sino por lo que sabe y que si cae él, caen más con él.

Ese es el pacto narcopatriarcal que realmente esta detrás de la protección de Cuauhtémoc Blanco, que si cae, puede decir quien le pidió que organizara el asesinato de Samir. Protegiendo a Cuauhtémoc Blanco están protegiendo los actos oscuros de López Obrador contra la oposición al Proyecto integral Morelos y la consolidación del narcoestado en Morelos.

Y a la par que protegen a Obrador, que diga Cuauhtémoc contra el desafuero, liberan a Angelina “N”, alias “La Patrona”, líder de la célula criminal de “Los Aparicio”, grupo señalado de ser el autor material del asesinato de nuestro compañero Samir Flores. Angelina acaba de ser liberada a pesar de ser detenida con armas de uso exclusivo del ejército, con paquetes de diversas drogas para su distribución, y diversas investigaciones que la vinculan con el grupo criminal de “Los Aparicio”, sin embargo, se le eximio del delito de crimen organizado y ahora se encuentra libre después de menos de 6 meses de prisión. La misma historia que su hijo que fue detenido hace un año y luego liberado, la misma que el único detenido por el asesinato de Samir, Javier N, quien antes de ser presentado como detenido por el asesinato de Samir, ya había sido detenido y liberado por delitos relacionados al crimen organizado.

Y esa es la justicia que tanto defiende Claudia Sheinbaum, la ofensa y ataque político que denuncia la Presidenta es orquestada en contra de la 4T por el descubrimiento por las madres buscadores del centro de exterminio de Teuchitlán.

La búsqueda de la verdad y los desaparecidos es criminalizada por el Estado, el estado protege a violadores y asesinos, asesinan a defensores del territorio y los derechos humanos, el estado camina al lado de los criminales y los libera…

Por eso a todas las personas y corazones que estamos viviendo la indignación que causa la guerra de exterminio que este capitalismo salvaje hace a la madre tierra y la humanidad, nos abrazamos y nos decimos adelante, construyamos vida y justicia desde abajo en nuestros territorios, caminemos en común, el común.

¡Justicia para Samir! ¡Teuchitlán, nunca mas! ¡Justicia para l@s desaparecid@s!

¡Se va caer, se va caer, el narcoestado patriarcal se va caer!

T’neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala