Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Unidad de la FGE retuvo expediente contra el Terrible: asesor legal

Los abogados de la empleada de gobierno que denunció a Erik “Terrible” Morales de abuso sexual en su contra, no han tenido pleno acceso a la carpeta de investigación abierta desde el 9 de julio en la Fiscalía General de Baja California, de acuerdo con el asesor legal José Carlos Contreras.

A decir del litigante, en pleno proceso de integración el expediente se envió a la Coordinación de Delitos Sexuales, con la justificación de tratarse de un asunto “de interés para la fiscalía”; posteriormente fue remitido al Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, en aras de procurar un arreglo entre las partes.

La víctima y su equipo legal rechazaron la propuesta. La carpeta volvió a quedar bajo resguardo de la Coordinación de Delitos Sexuales.

De manera que “no ha sido fácil tener el acceso que corresponde”, refirió a pregunta expresa el abogado. “O sea, lo hemos hecho de forma parcial, no de forma completa”, abundó.

Acusó que a 30 días de haberse emprendido las indagaciones ni siquiera se había practicado el dictamen pericial obligatorio, aun cuando por ley “a la víctima se le tiene que atender de forma rápida”.

Del envío de la carpeta a la Coordinación de Delitos Sexuales detalló que “la coordinadora” (a la que se refirió como Regina Handal) estableció que “se daba esa situación en razón de que no se filtrara algunos datos, alguna información”.

Contreras estimó que, con su resguardo en esa área, “hasta cierto punto” el expediente quedó retenido.
“Así es. Aunque consideramos que lo hacen para controlar la investigación, controlar los tiempos; y sobre todo es la forma de que la fiscalía decide cuándo avanza o se detiene o cuándo políticamente o mediáticamente conviene”, asentó.
José Carlos Contreras, quien dijo fungir como asesor, en conjunto con Sergio Enrique González Ibarra, sostuvo que posiblemente el 13 o el 14 de noviembre la carpeta quedaría en manos de una agente del MP “a efecto de poderla revisar y poder concretar qué es lo que le hace falta”. De ahí que se dijera a la espera de que se les informara “cuándo la van a judicializar o se va a desahogar alguna prueba pendiente”.

En entrevista con ZETA, el padre de la víctima, Rubén Hernández, expuso que aun cuando la Fiscalía General del Estado justificó el envío del expediente a la Coordinación con la relevancia que le atribuyó al caso, “ya son cuatro meses” de haberse abierto la investigación y “aun así no avanza”.

Conforme al testimonio que la denunciante proveyó a la FGE, el 4 de julio de 2025 Morales Elvira incurrió en abuso sexual en su contra en la oficina en la que el exboxeador despachaba como secretario de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana. En virtud de que una persona tocó a la puerta, a la que el expugilista le había puesto seguro, la empleada adscrita a esa dependencia logró zafarse y abandonar el despacho del presunto agresor.

El 10 de julio presentó una denuncia ante la Sindicatura Municipal, tras lo cual Morales Elvira se apartó del cargo de secretario.

Rubén Hernández afirmó que fue hasta 40 días después de procederse ante la fiscalía que se hicieron los peritajes psicológicos. Opinó que el dictamen correspondiente debería ser suficiente para que el caso se judicializara.

A propósito del Dictamen en Psicología Forense para Delitos de Índole Sexual el abogado José Carlos Contreras estableció, vía telefónica: “Tiene que haber una categoría de cuánto es el alcance o el daño o si lo hubo o no. Eso sirve para determinar si básicamente existió el hecho, porque al igual hay gente que a lo mejor hace una denuncia falsa, que tiene algún otro interés y obviamente el resultado no debe de salir positivo”.

El padre de la denunciante afirmó que ambos han acudido en siete u ocho ocasiones a la FGE y que en ningún momento han tenido acercamiento directo con la fiscal especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Hortensia Noriega León.

“Siempre cuando vamos pues nos reciben las que están ahí en los cubículos de atención, para que los afectados y de ahí no hemos pasado”, mencionó.
“Hay una agente que fue la que nos entrevistó cuando recién se inició el proceso. Nos llamó a mi hija, a mí, a otro testigo también; pero ya después de allí la agente ministerial no se acercaba con nosotros”, manifestó.
Tampoco negó que la MP se haya abstenido de atender el caso: “Las pocas veces que (los abogados) han accedido a la carpeta de investigación, sí hay fotografías que fueron a la Secretaría, a tomar fotos del lugar de los hechos de todo eso; sí está allí en la carpeta de investigación”.

HOSTIGAMIENTO

De medidas a implementar en favor de la denunciante, Rubén Hernández aseveró que se comunicaron con ella de la Policía y le hicieron saber que se llevarían a cabo rondines; “pero pues nosotros en nuestro hogar nunca hemos visto nada”, aseguró, aun cuando la denuncia se acompañó con una solicitud de protección.

El asesor legal señaló que “a la víctima no se le habían dado todas las medidas de protección que el Código Nacional de Procedimientos marca”. Precisó que tan sólo se le concedió “una vigilancia policial a los alrededores” de su domicilio.

De acuerdo con el abogado, el equipo legal cuestionó ante la FGE “por qué no se le otorgaron las otras dos o tres medidas de protección que son importantes”, entre estas la prohibición de que el señalado la contactara.

Contreras afirmó que a fin de evitar que Morales Elvira se comunicara con la denunciante, los asesores tuvieron que solicitar esa medida vía comparecencia.

La empleada municipal refirió a este Semanario que, el 4 de julio, luego de incurrir en abuso sexual en su contra, Morales Elvira le habló por teléfono.

“Yo iba en camino a mi carro (justo después de salir de Palacio Municipal). Me acuerdo que en esa ocasión sí le contesté, pero yo estaba muy asustada y le contesté; y me dijo qué iba a hacer en la noche y que si quería cenar, y yo le dijo que no”, expuso y recalcó que en ningún momento el ex pugilista le ofreció disculpas.

“Creo que no había entendido que lo que hizo está mal”, prosiguió.
“Creo que es como una costumbre que él tiene porque nuestros abogados investigando nos dicen que en total son siete carpetas por el mismo delito, de las cuales otras cinco están detenidas, como se dice carpetazo, pero que dos sí están activas”, intervino Rubén Hernández.
El 9 de enero de 2024, justo cuando Morales Elvira figuraba como aspirante de Morena a la alcaldía de Tijuana, Martha Basilia García Hernández denunció al siete veces campeón del mundo de haberla agredido más de 10 años atrás en la modalidad de “abuso sexual, hostigamiento sexual y/o lo que resulte”. La agresión habría tenido ocasión en un gimnasio de box ubicado en la colonia Hipódromo, en el que la denunciante trabajaba como recepcionista.

En cuanto al caso de agresión en el Ayuntamiento, la empleada municipal relató que Morales insistió en contactarla telefónicamente: “Pasó tiempo, en donde después de lo sucedido no fui a trabajar. Necesitaba procesarlo. No quería regresar a ese lugar y me acuerdo que durante ese tiempo me habló; me estuvo hablando y era muy molesto, y bloqueé el número”.

Dijo haber ingresado al área de Comunicación y Difusión de la Secretaría de Bienestar desde los inicios de la administración encabezada por Ismael Burgueño Ruiz.

Sostuvo que tras haberse ausentado unos días en razón de la agresión que denunció, se reincorporó a sus actividades y sufrió “violencia laboral”.

Según detalló, encontrándose en una sección ocupada por cuatro empleados municipales, escuchó “como si dijeran: ‘A algunas personas les gusta venir aquí y no trabajar y no hacer nada, ¿verdad?’”. Afirmó que semejante comentario se hizo en lo concerniente a su persona.

La entrevistada aseguró que, en su mayor parte, el personal a su alrededor no se mostró empático con ella: “A pesar de que conocen lo sucedido no mostraron empatía, o al menos no lo sentí”.

Expuso que en una ocasión en la que tuvo acceso a la carpeta, leyó que dos empleadas que se habían dicho amigas suyas declararon en su contra y a favor del Terrible Morales.

“Ya no trabajan en la secretaría. Curiosamente ya no”, manifestó.

También aludió a la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Aracely Márquez Peña: “La directora no mostró empatía y yo la veía, la tenía en mi cara. Eso era lo que más me molestó. Que era reciente y estoy segura que ella ya sabía que era yo y no mostró ni hizo nada, y aquí veo también favoritismo”.

A mediados de julio, Márquez Peña negó conocer a detalle el caso. “El único conocimiento que hemos tenido es por parte de los medios”, declaró la funcionaria municipal. “Lo que hemos leído todos en redes sociales. No tenemos conocimiento de quién sea la persona, ni tampoco se ha acercado con nosotros; pero si así lo hiciera, claro, con mucho gusto. Estamos para atender, para servir a todas las mujeres de nuestra ciudad”, añadió.

La denunciante reconoció que “hubo personas que manejaron la verdad como fue”. A propósito, expresó: “Ni a favor ni en contra. Entonces, digo, mínimo se agradece porque fue la verdad, como es”.

De quien reemplazó a Morales Elvira en la titularidad de Bienestar, Wendy Ontiveros González, refirió: “Creo que ella en todo su momento sí ha mostrado empatía”.

Observó que Burgueño Ruiz fue quien destituyó a Morales Elvira. De ahí que comentara: “Entonces también sentimos respaldo. O sea, al menos sí, porque se accionó algo”.

El padre de la empleada del Ayuntamiento aseveró que su familia y él pertenecen a un grupo de corte cristiano denominado Unidad, y que con motivo del caso de abuso, el pastor Fermín García, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, acudió con el secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, por iniciativa del propio funcionario.
“Se entrevistó con Fufo, y Fufo le dijo: ‘¿Qué es lo que quieres que hagamos?’; y él inmediatamente dijo: ‘Destitución inmediata’”, relató.
Agregó que Guerrero León dijo ser necesario denunciar en sindicatura y que, a un día de haberse interpuesto la denuncia, Morales Elvira dejó de estar al frente de la Secretaría de Bienestar.

El 4 de noviembre Rubén Hernández ofreció un posicionamiento referente a la carpeta de investigación, en la sede de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, bajo el auspicio de la Asociación de Periodistas de Baja California.

El entrevistado mencionó que por iniciativa de los asesores legales la rueda de prensa se planeó como una “estrategia mediática” para “llegar a los oídos tanto de la gobernadora (Marina del Pilar Avila Olmeda) como de la fiscal (Ma. Elena Ramírez) para que atendieran a este caso”.

En su conferencia semanal del 5 de noviembre, cuestionada sobre la carpeta en cuestión y otros expedientes, la gobernadora estableció: “En cuanto a la pregunta sobre la judicialización, ese es un tema del ámbito de la Fiscalía General del Estado, de las investigaciones como se desarrollan. La fiscalía es autónoma. Nosotros lo que podemos hacer es exhortar a las fiscalías, a ser más rápidas en esa parte, sobre todo cuando se trata de ese tipo de delitos que lastiman tanto”.

Se comprometió a preguntar sobre el avance de la investigación por la denuncia contra Morales Elvira. “¿Cuáles han sido los avances en cuanto a esta investigación? Siempre la postura del Gobierno del Estado es proteger a las víctimas, el de estar con las víctimas y de que se investigue trátese de quien se trate”.

Rubén Hernández observó que durante la conferencia semanal Marina del Pilar condenó los tocamientos de un individuo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales tuvieron lugar el 4 de noviembre en el Centro Histórico capitalino.
“Pero cuando se le lanza nuestra pregunta, ahí (actúa) como Poncio Pilato. Yo sentí que de alguna manera se lavó las manos y dijo: ‘Pues es la fiscalía, es autónoma, ellos están encargados, yo nada más lo único que puedo hacer es comentarle’”.
Previo a desempeñarse como secretario de Bienestar en el XXV Ayuntamiento, Morales estuvo a cargo del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, en el gobierno de Avila Olmeda.

El padre de la denunciante señaló que celebrada la rueda de prensa bajo el auspicio de la asociación de periodistas de BC, “sale la nota y a las dos horas (en al menos dos medios locales) la bajan, la quitan de redes sociales”.

De modo que “sí me alarmó y sigo pensando por qué hicieron eso. A lo mejor una llamada de arriba, ‘Sabes qué, túmbame esa nota’. No sé. La verdad, no sabemos; pero sí, eso me presta a pensar que de alguna manera lo están favoreciendo”.

Ponderó que el 4 de noviembre la fiscal general del Estado se haya pronunciado sobre la investigación en curso.

“Ese mismo día la fiscal Ma. Elena Andrade tuvo una rueda de prensa también, donde habló de diversos temas y ahí una reportera o un reportero que estuvo en nuestra conferencia le lanzó la pregunta”, dijo y detalló: “(la titular de la FGE) respondió que este ha sido un tema muy delicado, que se manejaba, que ha ido muy avanzado. Negó que se haya frenado un poco la investigación y que está por resolverse”.

Hernández sostuvo que, de ser necesario, recurrirá a otras instancias legales. “No queremos que esto quede impune por el tipo de personaje”, argumentó.

Por lo pronto, concluyó, “doy un punto de confianza a la fiscalía de que sí van a hacer su trabajo como corresponde. Sin favoritismos hacia el gobierno”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDRUARDO ANDRADE URIBE.

De la cárcel al lujo: Javidú, con un pie en libertad y sin responder por desfalcos y desapariciones

Aunque Javier Duarte fue condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa, organizaciones civiles sostienen que debe enfrentar cargos por desaparición forzada y por el fraude de más de 90 mil mdp atribuido a su gobierno. Su liberación anticipada, señalan, reforzaría la impunidad.

La posible liberación anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte ha generado inconformidad entre colectivos de personas desaparecidas, quienes demandan que también sea investigado por las miles de desapariciones forzadas registradas durante su administración.

Al mismo tiempo, advierten que su salida de prisión dejaría impune el fraude millonario cometido contra las finanzas públicas del estado. Tan sólo en la Auditoría Superior de la Federación existen 70 denuncias por el desvío de más de 60 mil millones de pesos, aunque nada más 14 han sido judicializadas y 44 siguen en integración desde hace una década, ninguna de ellas directamente contra el exgobernador.

A estos señalamientos se suman las denuncias del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que incluyen 55 denuncias por presunto desvío de 30 mil millones de pesos mediante el esquema empresas fantasma durante el gobierno duartista.

La red de corrupción documentada durante su administración también alcanzó a 25 exfuncionarios duartistas, entre ellos cuatro exsecretarios de Finanzas y dos tesoreros, detenidos e imputados por presuntos delitos que van desde abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias, hasta peculado.

A varios de ellos les fueron aseguradas casas, terrenos, aviones y cuentas bancarias, aunque sólo uno permanece en prisión. Amparos federales, criterios de oportunidad, negociaciones legales y presuntos problemas de salud les han permitido llevar sus procesos en libertad, mientras persisten dudas sobre el destino de los bienes asegurados y la reparación del daño.

Algunos de estos expedientes abiertos en la Fiscalía Anticorrupción continúan sin resolverse, lo que refuerza la percepción de que ninguno de estos casos se ha traducido en una acusación formal.

El abogado penalista Tomás Mundo advierte que la eventual salida de prisión de Javier Duarte se debe a errores de la Fiscalía de Veracruz, cuya falta de capacitación e investigación mantiene altos niveles de impunidad en el estado.

“Muchas veces la impunidad es por ignorancia legal, falta de capacitación de las instituciones de seguridad pública, de fiscalía, del Poder Judicial o complicidades”, afirmó.

El abogado reiteró que la discusión pública debe centrarse en la necesidad de fortalecer a las instituciones de justicia en Veracruz, pues las deficiencias actuales permiten que casos de alto perfil continúen en riesgo de quedar sin sanción.

En septiembre de 2018 la Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia de nueve años de prisión contra Duarte mediante un proceso abreviado. El exgobernador se declaró culpable únicamente de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, condena que concluye en abril de 2026.

En esa resolución se estableció que, durante su mandato de 2010 a 2016, Duarte desvió al menos mil 650 millones de pesos del erario veracruzano, recursos canalizados a empresas fachada y posteriormente triangulados mediante prestanombres. Como parte de la sentencia se decomisaron 41 bienes —entre terrenos, casas y departamentos— ubicados en Campeche, Ciudad de México, Cancún, Estado de México y Veracruz.

Tras su detención, que marcó uno de los mayores escándalos de corrupción del PRI, fueron detenidos más de 25 funcionarios de su administración por malversación de fondos y desaparición forzada. Sin embargo, actualmente sólo uno permanece en prisión: todos continúan sus procesos en libertad y persisten dudas sobre la recuperación de los recursos desviados.

La Secretaría de Finanzas del estado ha señalado a una treintena de exfuncionarios duartistas que deben reintegrar más de 19 mil millones de pesos sustraídos de las arcas públicas, aunque estas sentencias tampoco han sido cumplidas.

Ahora Duarte y su defensa sostienen que ha cumplido el 96 % de su condena, que mantiene una conducta ejemplar en prisión y que no tiene procesos penales vigentes en su contra —ni de la ASF ni del Orfis ni por desaparición—, argumentos con los que busca acceder a la libertad anticipada.

Desapariciones forzadas

Ante su reciente solicitud de liberación anticipada, los colectivos de personas desaparecidas en Veracruz han reclamado que Javier Duarte nunca ha respondido por las más de 3 mil 600 desapariciones ocurridas durante su gobierno ni por la política de terror que, aseguran, está ampliamente documentada.

Aunque la Fiscalía de Veracruz abrió un proceso penal en su contra por desaparición forzada, éste se limitó a la modalidad de entorpecer una investigación, relacionada con el caso del policía estatal David Lara Cruz, desaparecido en enero de 2016, como documentó la revista Proceso.

Sobre esa acusación, Duarte incluso se burló públicamente: “Sólo me tomará algunos meses tumbar esta aberrante mentira y más pronto que tarde saldré libre, es una chicanada judicial”. Y así ocurrió: el caso se cayó y los otros cinco exfuncionarios acusados por los mismos hechos también fueron liberados.

Para Lucía Díaz, vocera del Colectivo Solecito, la sentencia de nueve años es insuficiente: “Con nueve años no se paga lo que hizo Duarte, los crímenes y violaciones de derechos humanos, ¿quién va a dar cuenta de todo eso? Hay documentos que prueban la colusión”, afirma.

Recordó que, apenas en octubre pasado, el colectivo —junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) e IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos— denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) la desaparición forzada de 22 personas cometida con participación de autoridades durante el gobierno duartista y en presunta colusión con el crimen organizado.

Siete de estas víctimas fueron identificadas en la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, donde se localizaron 305 cráneos y 22 mil 500 restos.

“Fue un gobierno represor. Muchos de los crímenes de desaparición forzada en Veracruz fueron cometidos por el poder estatal, el crimen organizado o ambos actuando en conjunto. Ninguna fiscalía investigó la cadena de mando”, advierte Díaz.

Los hechos que describe también están documentados en diversas carpetas de investigación. Por ejemplo, en 2018, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, se confirmó la existencia de un patrón sistemático de desaparición forzada bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

La carpeta FEADPD/ZCX/011/2017, integrada por 35 tomos, 89 datos de prueba y más de 15 mil hojas, se abrió contra tres exmandos y 16 policías por la desaparición forzada de 15 personas en 2013. Ese expediente reveló que cuerpos de élite de la SSP realizaban detenciones de civiles considerados sospechosos y que esta misma cadena de mando podría estar vinculada con al menos 250 desapariciones en varias regiones del estado.

A la fecha, ningún alto mando de la Policía Estatal ha llegado a la etapa de juicio por estos delitos, siguen sus procesos en libertad y la acusación nunca alcanzó a Duarte.

La organización Propuesta Cívica también se pronunció al respecto. Su directora ejecutiva, Sara Mendiola Landeros, advirtió: “Otorgar el beneficio de una liberación anticipada a un personaje acusado de atrocidades como la desaparición forzada sería una afrenta a todas las víctimas”.

Denuncias por desfalcos en impunidad

En los datos de prueba utilizados por la Fiscalía General de la República (FGR) para consignar a Javier Duarte en 2018 se revela que, apenas unos días después de asumir como gobernador de Veracruz, ordenó la creación de empresas fachada y el uso de prestanombres para transferir recursos millonarios provenientes de fondos federales. Ese esquema operó para la compra de propiedades, apertura de cuentas bancarias y gastos personales.

En 2016, el entonces auditor de la ASF, Juan Manuel Portal, advirtió que el desfalco cometido por el gobierno de Duarte era histórico. El modus operandi estaba claramente documentado: los recursos federales destinados a educación, salud y seguridad eran transferidos de inmediato a otras cuentas. A pesar de ello, y aunque su extesorero Tarek Abdalá y el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita son hoy testigos protegidos que han detallado estos desvíos, sus declaraciones no han sido suficientes para imputar a Duarte por estos hechos.

Tampoco lo han hecho en contra de su esposa Karime Macías, quien no ha podido ser extraditada de Londres, donde vive desde hace varios años y sobre quien no se han podido demostrar cargos por desvíos, a pesar de que testigos protegidos han declarado que ella formaba parte del esquema de creación de empresas fantasma.

El propio exgobernador ha defendido públicamente sus acciones. Sobre las denuncias por desvíos declaró: “Yo tuve que tomar recursos y tenían que salir de algún lugar, pero eso no significa que me los robé. Eso significa gobernar. Y gobernar significa hacer lo que se tenga que hacer para mantener las condiciones para que una sociedad crezca. No me arrepiento, estoy orgulloso, se cayeron pruebas en mi contra”.

A lo largo del proceso, la FGR ha confiscado varios bienes vinculados a Duarte, entre ellos el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo —actualmente en poder de la Sedena—; El Faunito, en Fortín de las Flores, entregado en comodato al ayuntamiento; un departamento en la Torre Pelícano en Veracruz, así como un departamento y un local comercial en Woodlands, Texas.

En 2020, Duarte intentó frenar el decomiso de 41 propiedades. Sin embargo, en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó su solicitud y confirmó que los bienes debían pasar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En 2023, la SCJN también rechazó atraer el amparo promovido por un prestanombres que buscaba recuperar el rancho Las Mesas.

De cómplices a testigos protegidos

La red de corrupción en la que figuran 25 exfuncionarios duartistas prácticamente permanece intocada, pues han logrado llevar procesos en libertad gracias a diversos recursos, con todo y que los montos por los que han sido señalados suman miles de millones de pesos del erario.

Un ejemplo es Gabriel Deantes Ramos, exoficial mayor de la Secretaría de Educación (SEV), imputado por enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos. Aunque fue sentenciado en febrero pasado a tres años de prisión por desvío de fondos, no se encuentra en la cárcel.

En el caso de Tarek Abdalá, pasó de ser tesorero del gobierno de Duarte a convertirse en uno de los principales testigos en su contra. A cambio de su colaboración, la entonces PGR decidió no procesarlo en varios casos abiertos por peculado.

Otro caso relevante es el de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de enriquecimiento ilícito. Fue acusado de poseer cinco residencias en Texas, adquiridas entre 2012 y 2016 por un valor conjunto de 2.4 millones de dólares. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en sólo cinco años acumuló un patrimonio de 120 millones de pesos.

También fue acusado de desaparición forzada. Pero se encuentra siguiendo sus procesos penales en libertad.

Edgar Espinoso, subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y exoficial mayor de la secretaría de educación, entregó al gobierno de Miguel Ángel Yunes un departamento, un local comercial y un total de 15 lotes de terrenos ubicados en los municipios de Alvarado, Xalapa y Emiliano Zapata; además de un helicóptero Robinson R66 y un avión LearJet 45.

En 2023, un juez federal ordenó detener a siete excolaboradores cercanos de Duarte por peculado de más de mil millones de pesos.

La Fiscalía General de la República informó que el desfalco que busca imputar a Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández, todos exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, derivó de la supuesta realización de 17 transferencias irregulares en el año 2013. Ninguno ha sido detenido aún.

A ello se suman casos como el de Arnulfo Octavio García Fragoso, extesorero de Sefiplan, quien debe reintegrar más de 19 mil millones de pesos y litiga bajo el argumento de tener discapacidad intelectual, o el de Carlos Aguirre Morales, exsubsecretario de Egresos, obligado a devolver más de 2 mil millones de pesos, robados al erario, cuyo proceso sigue en litigio.

Más recientemente (en diciembre del 2024) la Fiscalía informó que Mauricio Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas y Planeación, fue sentenciado a más de 11 años de prisión por diversos delitos de corrupción durante su gestión. Aun así, como en los demás casos de la élite duartista, persisten dudas sobre la recuperación del dinero y la reparación del daño.

“A mí nadie me ha acusado”

Durante los años en que Javier Duarte ha permanecido bajo arresto, diversos reportajes periodísticos han documentado que la red de empresas fantasma utilizada durante su gobierno es todavía más amplia de lo previamente conocido. Algunos medios han documentado una red que alcanzaría 400 empresas falsas para desviar dinero público.

Recientemente una investigación de Quinto Elemento Lab reveló un presunto desvío de 276 millones de pesos mediante empresas aparentemente irregulares o fantasma documentado por el SAT, montos que no fueron incluidos en las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En respuesta, a través de una carta publicada en su cuenta de X, Duarte afirmó:

“Es falso lo que aseveran. A mí nadie me ha acusado, ni mucho menos condenado, por haber desviado un solo centavo del erario público. Tan es así que la reparación del daño en el proceso penal que me tiene privado de mi libertad es de cero pesos con cero centavos. Si alguien me hubiera acusado de haber sustraído recursos del erario, lo conducente sería que los tendría que devolver. Es más, ni siquiera me inhabilitaron para ejercer un cargo público (que no es que quiera)”.

Duarte, quien se ha mantenido activo en redes sociales, ha sostenido todo este tiempo que ha enfrentado una condena que aceptó “bajo amenazas contra su familia” y que su caso es “meramente político”

Ante su inminente salida de prisión, organizaciones y colectivos han reiterado su exigencia a la FGR para que investigue de manera efectiva, imparcial y con debida diligencia la denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada contra Javier Duarte ante la Corte Penal Internacional.

Mientras tanto, su abogado Pablo Campuzano señaló que existen sobreseimientos en dos casos penales en Veracruz, uno por desaparición y otro por usar un helicóptero del estado cuando ya no era gobernador y que “no hay manera de que se revoquen, por lo que no hay más señalamientos en su contra”.

Durante la pasada audiencia del 6 de noviembre, Javier Duarte declaró ante la jueza Ángela Zamorano Herrera que lleva nueve años sin ver a su familia y que se considera listo para reintegrarse a la sociedad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

“Se llevaron a mis hijos”, madre denuncia maltrato e indiferencia de gobierno, Ejército y Fiscalía

Liliana, cuyos hijos Emanuel y Marvin desaparecieron durante un operativo militar, es espejo de esta crisis en Chiapas donde se han documentado más de mil 500 casos en las dos últimas gubernaturas. Además, se ha reportado el hallazgo de 23 fosas con al menos 50 cuerpos.

Liliana es de Chiapa de Corzo y busca a sus hijos Emanuel Nanga Pérez y Marvin Valentín Nanga Pérez, desaparecidos el 28 de febrero de 2024 durante un operativo militar en su domicilio, de acuerdo con su testimonio.

“Eran las cuatro de la mañana cuando escuché que pateaban la puerta”, relata doña Liliana. “Entraron personas con uniformes del Ejército y chalecos de la Fiscalía. Nos tiraron al suelo, esposaron a mi esposo y se llevaron a mis dos hijos”.

El mayor de ellos, Emanuel, tenía 19 años cuando se lo llevaron; en ese momento era policía militar activo del Ejército mexicano, destacado en la Ciudad de México. El menor, Marvin, tenía 15 años y estudiaba en el Cobach 20 de Noviembre.

Liliana formó parte del grupo de madres de desaparecidos que mantuvo un plantón durante un mes frente a la Fiscalía General en Chiapas, un estado donde apenas después de asomar el impacto de la confrontación de grupos del narcotráfico con la desaparición de personas, se desvela también la existencia de fosas clandestinas masivas y un número de personas que, de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, es muy superior al dato oficial correspondiente al sexenio de Rutilio Escandón, primer gobernador de Morena, y del actual, Eduardo Ramírez, quien está por cumplir un año en el cargo.

La Fiscalía estatal reconoció, mediante el folio de transparencia 070136725000062, el hallazgo de 23 fosas clandestinas entre 2021 y 2024, periodo en el que se localizaron más de 50 cuerpos y restos óseos, la mayoría sin identificar.

El documento detalla un incremento constante: tres fosas en 2021, cuatro en 2022 y 13 en 2024, siendo este último el año más violento. El hallazgo más grande ocurrió en el municipio de La Concordia, donde se exhumaron 12 cuerpos sin identificar.

Pese a ello, no existen registros públicos que vinculen estos hallazgos con investigaciones activas de desapariciones en curso.

Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), presentó cifras alarmantes sobre desaparición en Chiapas, el 6 de noviembre último, ante la visita de una comisión internacional conformada por eurodiputados y organizaciones europeas, en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el obispo Raúl Vera, realizada en las puertas de la sede del Poder Ejecutivo estatal.

Faro detalló el número de personas no localizadas en la entidad durante las dos administraciones recientes, de acuerdo con el informe del Frayba la cifra de desaparecidos en el gobierno anterior, encabezado por Rutilio Escandón, fue de mil 204 personas.

En la actual gubernatura, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, el Frayba reporta 334 casos, de los cuales 230 son hombres. 

Las principales ciudades donde se reporta ese delito son Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, La Concordia y Arriaga.

La presentación de esas cifras se da justo al concluir un viaje de cooperación e intercambio en México de una delegación internacional, que incluyó a Europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, Agencia Catalana de Cooperación y el Fons Català de Cooperació, Consejo de la Abogacía de Cataluña, Federación Interamericana de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia), entre otras.

La visita de la delegación ocurrió del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Entre esperanza y decepción

“Sólo quiero recuperar a mis hijos”, dice Liliana con la voz quebrada. “No busco culpables, sólo saber dónde están. Siento que están vivos”.

Cuenta que tras la desaparición de sus hijos recibió una llamada de extorsión en la que le exigieron un millón de pesos a cambio de entregarlos. Logró reunir y transferir 600 mil pesos, pero después perdió comunicación con los supuestos captores. “Me hicieron una videollamada, pero cuando se me apagó el teléfono ya no volví a saber nada”.

Intentó denunciar los hechos ante la Fiscalía estatal, pero denuncia que fue intimidada por funcionarios, quienes le advirtieron que podría haber represalias. “Me dijeron que mejor no levantara la denuncia, que estaba en riesgo la vida de mis hijos”.

Posteriormente viajó junto con su esposo a la Ciudad de México para buscar apoyo en instalaciones del Campo Militar 1, donde le respondieron que si algún elemento no se presentaba a los tres días, estaba considerado como desertor, o bien que su hijo “se había ido con la maña”. Desde entonces, tampoco ha sabido nada de la investigación de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

“Entonces, de ahí me retiro llorando y le digo a mi esposo: Vámonos, aquí no vamos a resolver nada.”

Como ella, decenas de madres en Chiapas viven entre la esperanza y la desesperación; mientras, las cifras de desapariciones crecen y la búsqueda de justicia se diluye entre la impunidad y el silencio oficial.

Luego de un mes de mantener bloqueado el Libramiento Norte, una de las vías más importantes de la capital chiapaneca, la colectiva Madres en Resistencia, conformada por víctimas de feminicidios y desapariciones, levantó el plantón que sostenían frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El bloqueo se inició el 6 de octubre y durante ese tiempo las madres denunciaron al menos siete intentos de desalojo, presuntamente por parte de policías municipales, transportistas, “grupos de choque” y colonos inconformes.

Días antes de concluir la protesta, un grupo de madres decidió separarse para formar una nueva organización: la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, con el propósito de continuar de manera independiente la búsqueda de sus familiares.

En el plantón participaron madres provenientes de Cintalapa, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, quienes compartieron testimonios de desapariciones recientes. Entre sus casos están las de dos jovencitas, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal, y Yuritzi Pérez, desaparecida en Arriaga el 19 de agosto de 2024.

“Hasta la fecha no hemos tenido ningún avance. Las fichas de búsqueda de mis hijos desaparecidos no se habían difundido. Cuando entró el gobernador Eduardo Ramírez, por su discurso sobre justicia y humanismo, me dio confianza y le dije a mi esposo: “¿Sabes qué? Hay que hacer la denuncia, este gobernador me da confianza”, narra Liliana.

El 3 de enero último presentó la denuncia y ese mismo día se emitió la ficha de búsqueda.

 “Desde entonces sólo se ha realizado una búsqueda, pero fue incompleta, una “semibúsqueda”, como le dicen. También difundieron las fichas, pero no más”. Cuando se llevaron a mis hijos, mi esposo logró soltarse y me gritó: “Lili, pide ayuda, yo voy por los muchachos.”

“Él tiene un camión de tres toneladas y se fue detrás de las camionetas que se los llevaron. Alcanzó a llegar hasta un rancho cerca del aeropuerto, pero ahí ya no lo dejaron pasar; el lugar estaba cerrado y custodiado. Ahí fue donde pedí que se hiciera la búsqueda. Me la autorizaron, pero sólo parcialmente: no me dieron acceso completo al rancho; la Fiscalía me negó acceso a las casas donde había fotos de militares. Después recibí amenazas para que dejara de buscar ahí”.

La mujer de 40 años denuncia que la fiscalía no le ha informado de ningún hallazgo. “Desde el inicio proporcionamos muestras para el análisis genético, tanto mi esposo como yo”.

Indicios de reclutamiento

El 3 de enero último, con la ficha de búsqueda ya emitida, Liliana se integró a la Colectiva Madres en Resistencia y, desde entonces, participa en las actividades. “Hasta el momento no hemos sabido absolutamente nada. No han vuelto a aparecer hombres armados en mi casa, aunque en la zona hay muchos. En las últimas semanas han desaparecido aproximadamente 18 personas”, refiere. 

Sobre las desapariciones, Liliana dice que hay varios grupos armados que reclutan jóvenes a la fuerza, “aunque no tengo información precisa. Sólo se escuchan rumores”.

Narra que cuando se llevaron a sus hijos, “ese mismo día huyeron 12 familias de la colonia 20 de Noviembre, siete de ellas con jóvenes que eran compañeros de mis hijos –amigos, compañeros de futbol y de andar en bicicleta. Pedí a la Fiscalía que investigara a esas familias, pero no se hizo nada. Ninguna de ellas ha sido llamada a declarar, ni se han acercado a mí”.

El 12 de septiembre último Liliana tuvo una reunión con el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, quien, según su versión, mostró indiferencia ante las madres. 

“Nos dijo que, si queríamos chingar, viniéramos a chingar a la Fiscalía, y que, si queríamos quemarla, él nos apoyaba con la gasolina –relata Liliana”.

Para ella, fue una reunión decepcionante con el mandatario. “Pensamos que por ser un gobierno que se dice humanista nos iba a dar esperanza. Pero salimos llorando. No hay búsqueda real, ni apoyo psicológico, ni avances”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Tribunal ratifica absolución en caso Pegasus; Artículo 19 denuncia fallas procesales

El caso evidencia la dificultad sistémica para que las investigaciones sobre espionaje avancen en México, afirmó Leopoldo Maldonado.

Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19, analizó durante Aristegui en Vivo la reciente ratificación de la sentencia absolutoria para Juan Carlos García Rivera, el único individuo procesado por el espionaje con el software Pegasus en el caso judicializado a raíz de la denuncia de la periodista Carmen Aristegui.

Maldonado confirmó que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación mantuvo la absolución, pero argumentó que el juicio estuvo comprometido por fallas procesales significativas y una aparente falta de voluntad para investigar a fondo el “entramado político” detrás del espionaje.

Aunque el proceso reconoció judicialmente a la periodista como víctima de espionaje mediante Pegasus debido a su labor periodística, la fiscalía no logró acreditar plenamente la responsabilidad del acusado.

El director de Artículo 19 enfatizó que la secuela procesal fue condicionada de manera determinante desde 2021, cuando la jueza Gabriela Roca Urbina “desestimó y declaró ilícitas” pruebas fundamentales aportadas por el testigo protegido clave, conocido como “Zeus”.


Según Maldonado, estas pruebas no solo implicaban al acusado, sino que vinculaban directamente a otra víctima de Pegasus: el entonces Comisionado de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.

A juicio del director de Artículo 19, esta evidencia era la “prueba contundente” de la veracidad del testigo. Al haberla “cercenado desde el principio”, la jueza Urbina “condicionó el resto del proceso”.

Maldonado concluyó señalando que este caso evidencia la dificultad sistémica para que las investigaciones sobre espionaje avancen en México, tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en el poder judicial, debido al “entramado político que conlleva”.

Así, subrayó que la complejidad abarca diferentes administraciones, mencionando los casos de “Ejército Espía” en el actual gobierno y los casos de Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por lo anterior, cuestionó si “existe la voluntad política desde la investigación, desde las fiscalías, de avanzar tope donde tope”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sentencian a 5 años de cárcel a Christian Iván por feminicidio de Keyla Nicole.

Cinco años de prisión es la condena que recibió Christian Iván “N”, el adolescente de 16 años responsable del feminicidio agravado de Keyla Nicole Duarte Acevedo, de 13 años, sentenciado este viernes 7 de noviembre.

La condena representa la pena máxima de internamiento que la legislación mexicana actual permite aplicar a una persona menor de edad por delitos graves. El crimen, que conmocionó a la comunidad de El Rosario de Abajo, en San Quintín, Baja California, se perpetró el pasado 1 de julio de 2025.

El proceso legal se resolvió a través de un juicio abreviado, un mecanismo mediante el cual el adolescente de 16 años reconoció su participación en los hechos. De acuerdo con la investigación, Keyla fue vista por última vez junto a Cristian cuando se dirigían a una zona conocida como “la cueva”. La vinculación a proceso se había obtenido previamente por la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especializada en Adolescentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La sentencia de cinco años se debe estrictamente al marco normativo vigente, según explicó Álvaro Castilla Gracia, magistrado de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El magistrado precisó que el caso se condujo conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Dentro de este marco legal, y de acuerdo con el artículo 201 del Código Penal, la pena más alta aplicable para un menor de 16 años es de cinco años de internamiento en un centro especializado, incluso en procedimientos abreviados donde el imputado acepta su culpabilidad y las medidas sancionatorias.

Los hechos periciales revelaron la extrema brutalidad del feminicidio. El dictamen forense del Servicio Médico Forense (Seemefo) determinó que la causa de muerte de Keyla Nicole fue un traumatismo craneoencefálico, resultado de un golpe severo en la cabeza provocado por un objeto contuso, es decir, un objeto duro y sin filo.

El cuerpo de Keyla presentaba lesiones post mortem, incluyendo decapitación y cortes en las extremidades, causados por un objeto cortante y pesado aplicado con fuerza, indicando el uso de un instrumento con filo. Respecto a la inspiración del crimen, la Fiscalía General de Baja California (FGE) informó que Cristian “N” confesó haberse basado en la serie de televisión Dexter, que trata sobre un asesino en serie. En el cateo de su domicilio se encontraron dibujos detallados del crimen, descritos por la FGE como “planos o guía para no equivocarse”, incluyendo imágenes de un cuerpo con manchas de sangre apuñalado, desmembramiento desde la base del cuello, y un tercer dibujo que mostraba una cabeza, torso, brazos y piernas mutilados, reflejando lo que le hizo a la víctima.

Se presume que el joven habría planeado el asesinato con alevosía y ventaja. Antes de su desaparición, Keyla logró enviar un mensaje de auxilio a una amiga, expresando sentirse insegura porque Cristian “traía un palo”, un objeto que fue posteriormente localizado y estaba siendo analizado como posible arma. Testimonios de conocidos señalaron que Cristian estaba obsesionado con la Santa Muerte y gustaba de hacer comentarios sobre su deseo de “destazar” a una persona.

A pesar de que la Fiscal General, María Elena Andrade Ramírez, había manifestado que buscarían alcanzar la pena máxima para Cristian “N”, también refirió la necesidad de un análisis minucioso de la legislación. La Fiscal señaló que cada vez se observan asuntos muy graves y atroces en los que intervienen adolescentes, a veces con un “alcance negativo mucho mayor que otro grupo -delictivo-“, destacando la limitación de cinco años impuesta por la ley.

La madre de Keyla Nicole, de 13 años, reportó su desaparición el 2 de julio. Trágicamente, la búsqueda inicial se vio obstaculizada por la omisión de la Policía Municipal de San Quintín, que habría negado la atención inmediata, indicando a los menores que debían esperar 72 horas para activar el protocolo de búsqueda, un hecho que fue asentado en la investigación. Lamentablemente, el cadáver de Keyla fue localizado descuartizado ese mismo día, 2 de julio, en un terreno deshabitado. Incluso durante el operativo de búsqueda, se reportó que un perro traía en el hocico una de las piernas de la menor.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ERNESTO ESLAVA.

A cuatro meses de denuncia por abuso sexual, exigen judicializar caso contra “El Terrible” Morales

Rubén Hernández, padre de la trabajadora que acusó al entonces funcionario consideró que existen “obstáculos” para que avance el caso, ya que Morales es un personaje de nuestro Estado y fuera de él”, y que “se jacta de tener relaciones con la cúpula del poder”.

A cuatro meses de la denuncia por agresión sexual contra el boxeador y exsecretario de Bienestar en el municipio de Tijuana, Erik “El Terrible” Morales, el padre de la víctima exigió que sea judicializado el caso por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE). 

Rubén Hernández, padre de la trabajadora del XXV Ayuntamiento que acusó al entonces funcionario en la administración del alcalde Ismael Burgueño Ruiz, aseguró en rueda de prensa, realizada el martes 4 de noviembre, que su llamado es para que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales realice su labor.

“A que cumplan con su trabajo, a que el ministerio público y sus auxiliares nos faciliten el acceso a la justicia y presten los servicios con legalidad… en particular para el caso bajo el número 0204-2025-21785 de fecha 9 de julio de 2025 no se está realizando y no se ha prestado dicha representación social a favor de mi hija víctima”, dijo. 

Rubén Hernández, junto con sus abogados, consideró que existen “obstáculos” para que avance el caso. 

“No obstante a que existen todos los elementos necesarios para que esta carpeta de investigación se judicialice ante el órgano correspondiente. Repito: existen todos los elementos necesarios para que esta carpeta de investigación se judicialice ante el órgano correspondiente”, reiteró.  

Puntualizó que dichos obstáculos se deben a que el imputado “es un personaje de nuestro Estado y fuera de él”, y que “se jacta de tener relaciones con la cúpula del poder”, además de que intenta desvirtuar los hechos delictivos con señalamientos simples e infundados, como el hecho de que la denuncia “tiene tintes políticos”. 

Al respecto, la fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, declaró a la prensa ese mismo día que “ese asunto se ha atendido con todo el respeto y la delicadeza”. 

“Es un caso que va avanzado, lo tenemos casi listo para resolver. Hubo un acercamiento con los abogados, sin embargo, la fiscalía nunca detuvo la investigación y estamos por resolver el caso”, afirmó.  

Erik “El Terrible” Morales cuenta con dos denuncias: la primera fue presentada el 9 de enero de 2024, por parte de una recepcionista a quien presuntamente hostigó sexualmente; y la segunda corresponde a los hechos ocurridos el 4 de julio del año en curso, cuando el exsecretario presuntamente agredió a la víctima al interior de las oficinas de la Secretaría de Bienestar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Prescribe orden de aprehensión contra “El Mencho”

Sin que se conozcan detalles, un juez federal en Jalisco declaró prescrita la acción penal emprendida hace por lo menos 13 años en contra del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, por su probable responsabilidad criminal en el delito de delincuencia organizada. Fallo que fue impugnado por la Fiscalía General de la República para que sea resuelto por un Tribunal Colegiado de Apelación en la misma entidad federativa.

La polémica resolución fue emitida el 28 de septiembre reciente por el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco dentro de la causa penal 53/2024 declarando prescrita la acción penal, y por tanto, la orden de aprehensión dictada en el año 2012 en contra del capo michoacano que también utiliza los nombres de Nemesio Oseguera Ramos y/o Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como el Gallero o el Señor de los Gallos.

El asunto de delincuencia organizada por el que era acusado el Mencho está relacionado con el secuestro de una familia completa (hombres, mujeres y niños) en el año referido en la zona conocida como El Bajío, en el municipio de Zapopan, para despojarles de sus propiedades. Una vez liberados tras ser desapoderados de sus tierras, las víctimas salieron del país para refugiarse en Texas, desde donde se interpuso la denuncia y se llevan a cabo acciones legales para recuperar su inmueble.

Por los hechos existen personas presas, unas procesadas y otras sentenciadas condenatoriamente, pero para el juez de la causa el alcance de las autoridades ministeriales para llevar a cabo la captura del líder del CJNG ya feneció por el simple transcurso del tiempo sin que haya sido localizado ni llevado a juicio, por lo que decretó el sobreseimiento de la causa, dejando en estado de indefensión a las víctimas, según lo considera el Ministerio Público de la Federación, que desde luego apeló al fallo.

El asunto ya fue turnado al Primer tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, donde se radicó el toca penal para resolver si confirma, modifica o revoca la resolución del juzgador. Incluso el expediente ya se turnó a uno de los tres magistrados para que funja como ponente y elabore el proyecto de sentencia correspondiente.

Los coacusados de Nemesio Oseguera Cervantes, visibles en el mismo caso, son, entre otros, César Cazarín Molina, el Tanque; Héctor de Jesús de la Cruz Juan, el Teto; Ulises Héctor Olivares López y Wilfrido Vázquez Gutiérrez.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Proceso por feminicidio de Evangelina Alcalá Valero sigue suspendido; ocurrió en 2017 en Saltillo

La familia de la víctima de feminicidio teme que ante el tiempo que transcurre el detenido pueda obtener un amparo que lo deje en libertad y se dé a la fuga.

A Evangelina Alcalá Valero la desapareció su expareja Josafat “N” en 2017 y en 2018 localizaron su cuerpo semienterrado en el Ejido Puebla, al sur de la ciudad de Saltillo. Desde 2023 el Poder Judicial de Coahuila la desaparece constantemente al evitar poner el caso en la agenda de audiencias públicas y las cuales se han diferido en varias ocasiones desde marzo de ese año, cuando fue detenido el presunto responsable. 

La familia de la víctima de feminicidio teme que ante el tiempo que transcurre el detenido pueda obtener un amparo que lo deje en libertad y se dé a la fuga, como ocurrió tras los hechos y las autoridades tardaron cinco años en detenerlo cuando fue ubicado en l estado de California y las autoridades de Estados Unidos lo deportaron y entregaron en el puente internacional de Tijuana.

“La defensa ha interpuesto un recurso de amparo, y es muy probable que la autoridad federal lo resuelva en el sentido de reponer el juicio, quizás desde la etapa intermedia, no lo sabemos. Es por ello que no hemos escuchado testimoniales en estas audiencias y que la familia que pide justicia, esté desalentada. Reponer un juicio en caso de feminicidio, va en contra de la Ley General de Víctimas”, señaló Jackelyn Campbell Dávila, quien acompaña a la familia. 

Para la activista y defensora de derechos humanos, la defensa de Josafat está entorpeciendo el proceso derivado de la causa penal 2304/2018, debido a los constantes cambios que ha tenido en estos más de dos años de iniciado y a ocho años del feminicidio de Evangelina. 

“La audiencia ha quedado abierta; durante las audiencias que se han llevado a cabo en estos dos años y medio se han revocado varios abogados, entre ellos defensores públicos; incluso el anterior abogado particular, le renunció al cargo el lunes pasado por no haberse cubierto los honorarios pactados”, señaló. 

La familia y la representación legal y quien brinda el acompañamiento reconocen los derechos del acusado durante el juicio, pero lo que observan es que Josafat está dilatando el acceso a la justicia de la hoy occisa y de sus seres queridos, como víctimas indirectas en su feminicidio. 

En los registros del caso, se observa que desde mayo del 2024 la audiencia intermedia se ha suspendido al menos en seis ocasiones. En esa fecha trascendió que el responsable aceptaría su responsabilidad en un juicio abreviado a fin de reducir la condena, pero desde entonces ha cambiado de abogados y con ello solicitado se posponga la continuación del proceso. 

Campbell Dávila señaló que cada día que se cita a la audiencia, los testigos de los hechos y familia se trasladan desde sus trabajos o desde el mismo ejido Puebla al juzgado, donde al llegar les notifican que no habrá actividad. 

“La defensa ha interpuesto un recurso de amparo y es muy probable que la autoridad federal lo resuelva en el sentido de reponer el juicio, quizás desde la etapa intermedia, no lo sabemos. Es por ello que no hemos escuchado testimoniales en estas audiencias y que la familia que pide justicia, esté desalentada”, señaló. 

La activista agregó que reponer un juicio en el caso de feminicidio va en contra de la Ley General de Víctimas y una medida así implica que no se proteja a las víctimas, ni se garantiza el debido proceso y el acceso a la justicia; tampoco se promueve la protección y reparación del daño en detrimento de la familia Alcalá. 

Este jueves se programó una nueva audiencia, pero la misma no estaba registrada en la agenda pública que el Poder Judicial emite casi a diario. En el Centro de Justicia de la ciudad de Saltillo no se dio a conocer el motivo por el que se omitió el caso sólo que no fue “por no querer ponerla”, aunque dicha actuación ha sido recurrente y el lunes 20 de octubre, que fue la anterior cita, tampoco aparecía en la lista de audiencias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Impunidad en la FGR: congelan caso de acoso y premian a denunciado

Pese a las órdenes de un juez, la FEVIMTRA archivó la investigación por hostigamiento sexual contra un exjefe policial. Mientras la víctima exige justicia, el funcionario fue ascendido a un cargo en Chiapas.

Edgar Gerardo Aguilar Quintana, exjefe de la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de México, fue denunciado desde hace dos años por hostigamiento sexual y discriminación, pero la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) sólo inició su investigación por el segundo delito.

Este es el segundo caso en el que un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) es denunciado por acoso sexual y la FEVIMTRA decide no proceder penalmente en su contra.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, identificada con las iniciales EMB, Aguilar Quintana le envió mensajes vía WhatsApp en los que le hacía insinuaciones sexuales.

Al no obtener respuesta accesible por parte de su subalterna, quien ocupa el puesto de oficial investigadora, ella afirma que fue “congelada” para no poder crecer laboralmente dentro de la institución.

Cuando EMB acudió al Ministerio Público a presentar su denuncia, éste intentó justificar al entonces funcionario federal comentando que probablemente se encontraba en estado de ebriedad y que, por eso, después le ofreció disculpas.

Ella presentó testigos, datos de prueba, solicitó diversos actos de investigación y hasta denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC) las omisiones de la FEVIMTRA.

En septiembre de 2024 solicitó una audiencia ante un juez de control para debatir sobre las omisiones del Ministerio Público en la carpeta de investigación y obtuvo un fallo favorable.

El juez ordenó ampliar las líneas de investigación a hostigamiento sexual y no ceñirse a la discriminación, pues consideró que ésta fue consecuencia del hostigamiento.

También ordenó implementar medidas de protección para la víctima.

Sin embargo, para marzo último la FEVIMTRA decidió no ejercer acción penal, determinación que fue impugnada por Karina y calificada de ilegal por la juez que resolvió esa impugnación.

La juzgadora ordenó reabrir la investigación y realizarla con perspectiva de género por ambos delitos.

Pese a ello, el funcionario fue designado como “suplente para el despacho y resoluciones de los asuntos asignados a la Jefatura de la Policía Federal en el estado de Chiapas” por lo que, al sentirse vulnerable nuevamente, el 23 de julio de este año EMB presentó un escrito ante el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, con copia para el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sin que a la fecha hubiera recibido respuesta alguna.

Proceso tuvo acceso a la tarjeta informativa en la que EMB reprochó el nombramiento en favor de su agresor y lo señaló de intentar intimidar a sus testigos, que en su mayoría son mujeres.

“Promover a un puesto de mando a un servidor público que en el ejercicio de sus funciones ha vulnerado los derechos humanos y laborales de terceros, ha intimidado en aras del desistimiento de la denuncia en su contra y actuado en total desapego a los principios que nos rigen como personal adscrito a la Fiscalía General de la República, da muestra de la asimetría laboral que existe entre hombres y mujeres y que predomina al interior de la Policía Federal Ministerial, a su vez, implica la normalización de la violencia de género en el ámbito policial y transgrede mis derechos como víctima –señaló EMB en su escrito–”.

También acudió a la Secretaría de las Mujeres donde fue canalizada al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) donde ingresó una queja.

Sin embargo, en el Consejo le recomendaron acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las irregularidades de la FEVIMTRA.

La víctima pidió un tamizaje de riesgo para ajustar las medidas de protección que solicitó desde el inicio, pero la MP encargada del caso consideró que no existe riesgo “real y latente” para ella, pese a que el investigado tiene acceso a armas, poder económico y político.

Tendencia en la FGR

Esa no es la primera vez que una trabajadora de la Fiscalía General denuncia a un superior jerárquico por acoso sexual sin que el Ministerio Público federal proceda en su contra.

El 9 de mayo último Proceso dio a conocer el caso de Ana “N”, quien desde noviembre de 2017 intentó denunciar, sin éxito, al delegado de la FGR en Tabasco, Martín Rivera Cisneros, por realizarle tocamientos, insinuaciones, enviarle mensajes y cartas de índole sexual entre 2016 y 2017 cuando él era titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero.

Sin embargo, no fue sino hasta el año 2019 que la FEVIMTRA aceptó iniciar una carpeta de investigación contra Rivera Cisneros, pero en septiembre de ese año el Ministerio Público federal decretó el no ejercicio de la acción penal.

La decisión fue revocada por una juez de control el 5 de noviembre de 2019, quien destacó que hubo falta de análisis sobre la asimetría de poder existente entre Ana y su agresor, y que la FGR actuó con parcialidad durante la investigación ocasionando revictimización.

Por ello, la juez ordenó enviar la carpeta a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) por tratarse de un servidor público en activo, pero cuatro años después nuevamente el Ministerio Público decretó el no ejercicio de la acción penal.

La decisión fue revocada el 7 de noviembre de 2022 por un juez de control que consideró que el Ministerio Público fue omiso al no designar a Ana un asesor jurídico, pese a que le fue solicitado en diversas ocasiones.

La FEAI judicializó el caso por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación. Sin embargo, el 25 de agosto último el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, rechazó vincular a proceso a Martín Rivera Cisneros.

El 28 de agosto siguiente la FEAI, Ana e incluso su esposo, como víctima indirecta, presentaron un recurso de apelación contra esta decisión, misma que se prevé sea resuelta en los próximos meses.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Denuncian negligencia de procuraduría de Hidalgo en investigación del feminicidio de Araceli Cuevas

El feminicidio de Araceli Cuevas Hernández, una profesora de preescolar que vivía en la colonia San Cayetano de Pachuca, ocurrió hace tres años.

A casi tres años del asesinato de Araceli Cuevas Hernández, una profesora de preescolar que vivía en la colonia San Cayetano de Pachuca, su familia y la asociación civil “Yo te creo” denunciaron omisiones, negligencias y una constante retraumatización “por un sistema de justicia ineficiente y burocrático” que apenas el viernes pasado ejecutó la orden de aprehensión contra el presunto agresor, para quien exigen sea imputado por feminicidio.   

Para la familia, un ejemplo de la violencia institucional y desatención sobre el caso fue cuando personal de la procuraduría cuestionó a Beatriz, hermana de Araceli por qué la víctima no se presentaba a las oficinas, porque a ella no le podía dar información de la carpeta.

“¡Porque está muerta! ¿No leyó la carpeta?”, le reclamó Beatriz, quien junto a su familia e integrantes de la AC erigieron un altar afuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para exigir justicia y denunciar letargo institucional en las investigaciones oficiales. 

Con base en la reconstrucción de los hechos que hace la familia, basada en los partes médicos y de seguridad, así como los datos a los que han tenido acceso, Araceli empezó su agonía alrededor de las siete de la noche del primero de marzo de 2023, pero pasaron 19 horas antes de que recibiera atención médica, hasta su traslado e ingreso al Hospital del ISSSTE el 2 de marzo.  

El preámbulo fue una discusión con su expareja, quien les llamó para decirles que Araceli se había puesto mal y que la llevaría a un nosocomio. 

Al llegar, narraron, el diagnóstico de Araceli fue un estado de coma grave, con una respiración agónica y muerte cerebral total, sin reflejos vitales.  

“A pesar de la situación vulnerable y extraña en que se encontraba y la negligencia por parte de su entonces pareja, el personal médico se negó a dar aviso al MP”, denunció la AC. Tras ocho días hospitalizada en estado crítico, Araceli falleció el 9 de marzo de 2023. 

La familia inició dos carpetas de investigación: una el 4 de marzo –cuando Araceli aún estaba internada– por violencia y omisión de auxilio, y la segunda el día que falleció por lo que resulte de la muerte y contra quien resultara responsable. 

“En octubre de 2023, ante el ir y venir entre la Procuraduría y el Centro de Justicia, se programó una reunión con el entonces encargado del despacho (de la PGJEH) Santiago Nieto Castillo, donde se solicitó trabajar las carpetas con perspectiva de género, revisar exhaustivamente las pruebas y aplicar el Protocolo de Investigación de Feminicidio”, relató Beatriz, junto con integrantes de Yo te creo durante un posicionamiento que antecedió al montaje del altar en memoria de Araceli, afuera de la instancia encargada de investigar el caso.  

La familia colocó, además de arreglos florales y veladores, fotografía y lonas con la imagen de Araceli y reclamos como “también es violencia enfrentar las deficiencias de los Centros e Instituciones Procuradoras de Justicia, sin perspectiva de género, con nula sensibilidad”, y “el estado de Hidalgo está en deuda con Araceli”.    

La asociación civil reclamó que aunque Nieto Castillo se comprometió a dar seguimiento, revisar lo que hasta el momento se había indagado y mover la carpeta a la Fiscalía de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social, pasaron casi dos años sin que la encargada del asunto realizara “un trámite indispensable en la carpeta”, una solicitud por oficio a un juez federal”. Yo te creo denominó este lapso como “burocratización del dolor”, por el tiempo sin avance, mientras el probable responsable de la muerte de Araceli seguía libre y la familia de la víctima sin justicia.  

En la relatoría de posibles negligencias que hace la familia y Yo te creo, para el 10 de julio de 2025, el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo (CJM) informó a la familia que el equipo para el análisis de las pruebas con el que cuentan es obsoleto, “comprometiendo gravemente la evidencia y la obtención de información”.  

Para las víctimas indirectas, la procuraduría ha mostrado desinterés, porque, aunque afirman que hubo un nuevo compromiso, ahora del actual encargado del despacho, Francisco Fernández Hasbun, el 25 de febrero pasado, no les responden mensajes. 

Asimismo, señalan que el Comité de Evaluación y Seguimiento de la Investigación Ministerial, Policial y Pericial en caso de Muertes Violentas de Mujeres tampoco ha sesionado, pese a que le han solicitado que revisen el caso de Araceli. 

Con estos precedentes, el 17 de octubre pasado le notificaron a la familia que el posible feminicida había sido aprehendido y que las citaban para una audiencia inicial, que se llevaría a cabo en menos de una hora. En dicha audiencia, el presunto se acogió a la duplicidad del término constitucional. 

“El abandono de la carpeta de Araceli y el dolor provocado a su familia son evidencias de que las instituciones ‘procuradoras de justicia’ no funcionan (…) nada nos devolverá a Araceli, pero su familia tiene derecho a la justicia y reparación sobre la que alardea este sistema, impune, violento e indolente”, reclamó Yo te creo, al tiempo de pedir una investigación, como obliga la ley, con máxima diligencia, sensibilidad, compromiso y perspectiva de género, lo cual, insistió, no ha sucedido después de dos años y siete meses del feminicidio.  

En 2023, el año en el que falleció Araceli, Hidalgo cerró con 20 carpetas de investigación iniciadas por feminicidio, pero el número de emergencia 911 recibió 8 mil 144 llamadas por violencia familiar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

A 15 años de la masacre de San Fernando: Ni verdad ni justicia

Cuando se cumplía un nuevo aniversario del asesinato de 72 migrantes, las autoridades enterraron en la fosa común de Dolores a ocho de las nueve víctimas que todavía no han sido identificadas. Aún se desconoce a los autores de los crímenes, ya que los únicos condenados por estos hechos están presos por delincuencia organizada o portación de armas de fuego.

Ningún letrero anuncia la fosa común del Panteón Civil de Dolores. A diferencia de la señalizada Rotonda de las Personas Ilustres, donde descansan figuras como el compositor Agustín Lara y la escritora Rosario Castellanos, este espacio permanece tan anónimo como sus ocupantes.

Es 21 de agosto de 2025. Hay otras nueve sepulturas en la tierra; aquí, quince años después de ser asesinados, van a depositar los cuerpos —de ocho hombres y una mujer— que aún no han sido identificados de los 72 migrantes víctimas de la masacre de San Fernando, en Tamaulipas. El deterioro que sufrieron por la negligencia de las autoridades, el deficiente manejo forense y la falta de cooperación entre los países han impedido conocer sus nombres y apellidos. 

“De los nueve cuerpos pendientes de identificación, uno se quedó en el Incifo [Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México] por un error en el acta de defunción, pero los ocho restantes fueron inhumados en el panteón de Dolores; ya están perfectamente estudiados, eso no significa que no se puedan seguir identificando”, explicó en entrevista la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fabienne Cabaret.

Hasta la fecha, han sido restituidos 63 cuerpos a sus familias en Guatemala (13), Honduras (26), El Salvador (14), Ecuador (5), Brasil (4) y la India (1).  

La noche del 21 de agosto de 2010, un grupo de 77 migrantes fue secuestrado al pasar por San Fernando, de camino a Estados Unidos. Hombres armados pararon los dos autobuses en que viajaban y los condujeron a una bodega del rancho El Huizache. Allí les propusieron unirse al crimen organizado; quienes se negaron fueron asesinados, con las manos amarradas y los ojos vendados, y apilados junto a una barda de piedra. 

El gobierno mexicano se enteró de la matanza por Freddy Lala Pomavilla, un joven ecuatoriano que, tras recibir un disparo en la cara, se hizo pasar por muerto y luego caminó hasta un puesto militar. El 24 de agosto, los marinos, guiados por su testimonio, encontraron a 14 mujeres y 58 hombres asesinados. Al día siguiente por la noche, la presidencia de Felipe Calderón hizo público el relato del sobreviviente y responsabilizó al grupo criminal de Los Zetas. Nunca se explicó qué había sucedido con los cuatro migrantes que no aparecieron sin vida.

El 25 de agosto, los cuerpos comenzaron a ser trasladados a la Base Naval de Operaciones de San Fernando en camionetas pick up; debido al número de cadáveres, algunos permanecieron hasta cinco días expuestos, a cielo abierto, en pleno verano. Otros fueron llevados a una funeraria local y los dejaron tirados en el piso, por falta de espacio. Luego, el camión que los trasladó a la Ciudad de México no tenía refrigeración. Al llegar, pasaron nuevamente semanas a la intemperie antes de que fueran embalsamados. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 80/2013, emitida el 23 de diciembre de 2013, el personal de las procuradurías estatal y federal violó los protocolos de manejo de restos humanos y de la escena del crimen.

La masacre mostró la barbarie de la violencia de los grupos criminales y la vulnerabilidad de la población migrante. También permanece como un recordatorio de la impunidad que padecen las víctimas, pues hasta la fecha nadie ha sido condenado por estos asesinatos. 

En la fosa común de Dolores han sido enterrados, de 2002 a 2023, más de 18,000 cadáveres y restos humanos no reclamados, pero la cifra total de cuerpos que albergan sus ocho mil metros cuadrados de extensión nadie la conoce, pues no existen registros anteriores a esa fecha.

Avances y pendientes

En diciembre de 2010 ya se habían repatriado 56 cuerpos, a los que se sumaron otros cinco en los años siguientes. Pero pronto surgieron dudas sobre la correcta identificación de los cadáveres, que el gobierno mexicano envió sin documentos, y cuyos féretros no pudieron ser abiertos por las familias por disposición de las autoridades locales. Las madres, hermanas y padres de las víctimas exigieron pruebas científicas que acreditaran su identidad. En México, la FJEDD cuestionó la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y acordó representar a 12 familias de las víctimas.

Debido a la desconfianza en las autoridades, se propuso crear un grupo independiente de expertos. En 2013, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la PGR, primero, y posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR), integraron la Comisión Forense. Para entonces, en México ya habían ocurrido dos matanzas de migrantes: San Fernando, en Tamaulipas, y Cadereyta, en Nuevo León; también se habían hallado 196 cuerpos en 47 fosas clandestinas de San Fernando en abril de 2011, víctimas de las llamadas “masacres de los autobuses”. 

El primer resultado de la comisión en el caso de los 72 migrantes ocurrió en 2017. En septiembre arribó al departamento de Comayagua, en Honduras, el cuerpo de Marvin Leodán Euceda Aguilar. Trece meses después, Haidé Posadas recibió el cuerpo de su hijo Wilmer Gerardo Núñez Posadas, también hondureño. Él había sido identificado los días posteriores a la masacre por credenciales en su mochila y su cartera. Pero los documentos no importaron, el gobierno mexicano no lo envió junto con los cadáveres de los sobrinos con los que viajaba, y estuvo enterrado en la fosa común de Dolores durante ocho años.

Previo a la conmemoración de los quince años de la matanza de los 72, la comisión pudo dar tranquilidad a la familia de Juliard Aires Fernandes, una de las cuatro víctimas de Brasil. El 1 de octubre de 2010, los parientes recibieron un ataúd que contenía una bolsa con lo que parecía arcilla. La duda de si eran los restos del joven de 20 años se prolongó más de una década.

“Se confirmó la identificación de un caso de Brasil. Hubo buena coordinación, las autoridades brasileñas aceptaron la solicitud de México para que la Comisión Forense pudiera acudir a territorio brasileño y llevar a cabo conjuntamente la exhumación y revisión del cuerpo”, refirió Cabaret sobre el caso, ya que el gobierno mexicano no entregó pruebas científicas que corroboraran la identidad de Aires Fernandes.

La situación contraria se dio en Guatemala. Su gobierno impidió el ingreso de los peritos de la comisión para entregar el cuerpo correcto de una víctima y exhumar el cadáver erróneo que había enviado la PGR. “Todavía falta que Guatemala pueda regresar el cuerpo equivocado a México”, lamenta la directora de la FJEDD.

“Las personas que murieron allí acompañados de mi hermano no eran animalitos, eran seres humanos con derechos igual que todos, y se les violó uno de los derechos más grandes, que es el derecho a la vida”, lamentó Orlin, hermano mayor de Marvin Leodán Euceda Aguilar, en entrevista.

Sin sentencias por homicidios

A quince años de la masacre de los 72, las preguntas que surgieron en los días posteriores al hecho continúan sin respuesta: ¿quiénes, por qué y para qué los mataron?, ¿cuáles fueron los mecanismos de impunidad que protegieron a los perpetradores?

Entre 2010 y 2013, la PGR detuvo a 17 presuntos integrantes de Los Zetas que controlaban San Fernando, a quienes acusó de la muerte de los migrantes y de las víctimas halladas en las fosas clandestinas de la población. Además, 17 policías municipales fueron aprehendidos acusados de trabajar para el grupo criminal; después de un año en la cárcel, fueron liberados sin cargos.

La versión que la presidencia de Calderón dio a los medios no correspondió con la realidad jurídica. Los agentes del Ministerio Público federal no aportaron pruebas contra los supuestos líderes de Los Zetas vinculados a la masacre.

Martín Omar Estrada Luna, el Kilo; Édgar Huerta Montiel, el Guache, y Salvador Alfonso Martínez Escobedo, la Ardilla o Z-85, mandos locales y regionales del grupo criminal, no fueron consignados en la carpeta de investigación abierta por la masacre de los 72, a cargo del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Tamaulipas.

Lo mismo sucedió con Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, entonces líder máximo de Los Zetas. Extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 —junto con su hermano Omar, el Z-42—, enfrenta cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. No por cada homicidio y desaparición que cometieron.

“Creemos que la justicia ordinaria mexicana no ha dado respuesta a esos casos y difícilmente la va a poder dar en los contextos que estamos viviendo”, consideró la directora de la FJEDD. “Estamos observando que las cabezas mismas de Los Zetas ya fueron entregadas a Estados Unidos. Eso también ha generado mucha duda para los familiares de las víctimas, porque finalmente se va a seguir debilitando la posibilidad de acceso a la justicia en México”.

En enero de 2025, la FGR comunicó que Estrada Luna; Román Palomo Rincones, el Coyote, y Juvenal Burciaga Venegas, el Alacrán, habían sido condenados por los delitos de delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de menores, relacionados con el asesinato de los 72 migrantes. Uno de los presuntos implicados que evitó ser procesado fue Martiniano de Jesús Jaramillo, el Pata de Queso, quien murió en prisión tres días después de su captura en noviembre de 2017. 

La masacre ocurrida en El Huizache es procesada en dos causas penales, por las que han sido consignadas ​​14 personas. La fundación documentó las sentencias contra Jesús “N” y Manuel “N”, a 15 años y 6 meses, y a 19 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Ambos reconocieron ser “halcones” de Los Zetas y haber escuchado de la matanza por el radio de comunicación del grupo criminal. 

“Eso se ha convertido finalmente en sentencias centradas en el delito de delincuencia organizada o portación de armas, pero lo que tiene que ver en sí con los secuestros y la muerte de los migrantes, en concreto, no tenemos sentencias y menos aún de manera individualizada”, apuntó Cabaret.

En Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y la India, las familias de las víctimas siguen preguntándose qué pasó la noche del 21 de agosto de 2010 en el rancho ubicado a 30 minutos de la cabecera municipal de San Fernando. 

“Ya pasaron muchos años y nosotros seguimos con el dolor, como si fuera el día uno. Necesitamos exigirle a México que cumpla, porque nos han seguido engañando”, afirmó Mirna Solórzano, madre de Glenda Yaneira Medrano, de El Salvador, una de las 72 víctimas.

Acaso el único avance en el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es la negociación para la reparación de las familias. El proceso para determinar la indemnización económica se retomó después de que el Instituto Nacional de Migración, por instrucciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), procediera a pagar la reparación del daño a familiares de las 40 personas que murieron, y a las 27 lesionadas, en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez en 2023.

“Eso permitió colocar nuevamente los pendientes en los casos de las masacres de San Fernando. Como fundación no representamos a todas las víctimas, pero tratamos de que eso sirva para todos. En estos momentos estamos integrando los expedientes de víctimas de Guatemala y El Salvador, pronto vamos a [trabajar en los de] Honduras y en la víctima brasileña”, explicó Cabaret.

Para Guillermina Vega Sagastume, de Guatemala, la posibilidad de concretar la reparación significa cumplir el sueño de su nuera Nancy Pineda Lacan. En 2010, antes de partir a Estados Unidos junto a su papá, hermano, prima y tío, la joven madre prometió que mandaría dinero para construir una casa para sus hijos, entonces de tres y cinco años.

“Usted sabe que el dinero en todo momento sirve y prácticamente para ellos, pues qué felicidad sería decir `yo le voy a comprar su casita para que ellos vivan y no vayan a andar rodando el día que yo falte o algo así’,  ¿verdad?”, dijo en entrevista la abuela Guillermina, que espera el regreso de su nieto, que migró a los 17 años a Estados Unidos. La hija de Nancy, de 18 años, vive casada en Guatemala. 

Preocupación por nuevos jueces

La renovación del Poder Judicial en México es una nueva preocupación para las familias y el equipo legal que las representa.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, que concentra la investigación de lo ocurrido en el rancho El Huizache, no fue disputado en los comicios. Por ahora, la jueza Mabel Cortez Navarrete continuará al frente del proceso penal contra los presuntos responsables. 

No obstante, el viraje en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) preocupa a la fundación, ya que el acceso a los expedientes de las masacres —de los 72 migrantes, de las víctimas de las fosas clandestinas de San Fernando, de Cadereyta y de Güemez— y el reconocimiento de las familias extranjeras como víctimas indirectas se ha dado vía amparos resueltos por el máximo tribunal.

La aceptación de que la masacre es una violación grave a los derechos humanos ha sido parte esencial de la estrategia legal, pero la FJEDD desconoce si la nueva corte respetará la jurisprudencia que les permitió tener acceso a los expedientes judiciales. 

En su propuesta electoral, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó que los derechos humanos son la base para la impartición de justicia. Pero la falta de resultados de la FGR hace sentir a las familias de los migrantes que la verdad y la justicia se alejan cada agosto.

FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: LUCÍA FLORES, CARLOS MANUEL JUÁREZ.