Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

La organización Las Abejas acusa a ministros de la SCJN de “corrupción” a 16 años de liberar a implicados en Acteal

Las Abejas reiteraron la acusación contra el gobierno mexicano de crimen de Estado por la masacre en Acteal, de la que responsabilizan al expresidente Ernesto Zedillo y el Ejército Mexicano.

La sociedad civil Las Abejas conmemoró este 12 de agosto el 16 aniversario de la liberación, por parte de la Suprema Corte, de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, ocurrida en 1997, y exigieron juicio y castigo para los autores materiales e intelectuales, con el fin de evitar que hechos como este se repitan en el país.

Durante el acto simbólico y conferencia de prensa llevado a cabo en la Casa de la Memoria y la Esperanza —centro ceremonial de Acteal que honra a las 45 víctimas de la masacre—, calificaron a los ministros de “corruptos y cómplices de impunidad” por la liberación de paramilitares bajo el argumento de fallas en el debido proceso

“Estos ministros serán recordados en nuestra historia verdadera, en la historia misma de los crímenes de lesa humanidad. Sus nombres ya están pintados en nuestros comunicados, en nuestro libro, en nuestros videos, que son verdaderos cómplices de la masacre de Acteal, quienes son cómplices de corrupción e impunidad y resolvieron a favor los señores ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas”, afirmó una joven integrante de la organización, que dio lectura a un comunicado.

Reiteran acusaciones contra el expresidente Zedillo y el Ejército

Las Abejas reiteraron su acusación al gobierno mexicano de crimen de Estado por la masacre en Acteal, de la que responsabilizan al expresidente Ernesto Zedillo, funcionarios federales y el Ejército Mexicano.

“No conocimos a nuestras abuelas y abuelos por culpa de Ernesto Zedillo Ponce de León, por culpa de los paramilitares, por culpa del Ejército Mexicano, por culpa de la guerra de contrainsurgencia. No vamos a permitir que la muerte de nuestras abuelas y abuelos queden en el olvido. No dejaremos libre a Zedillo, ni a sus cómplices y ni a su Ejército”, afirmaron.

Exigieron también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte ya el Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros, sobre la masacre de Acteal, que tiene en proceso desde hace 10 años, y “que hasta la fecha no lo ha emitido a pesar de solicitarle desde hace varios años, y que por ello ha hecho que la impunidad se haya profundizado y escalado a una grave crisis de violencia generalizada en nuestra región”.

Condenan ataques contra activistas en Chiapas

Sobre la denuncia de la violencia en Chiapas, mencionaron los asesinatos de defensores como Simón Pedro Pérez López y el padre Marcelo Pérez, crímenes que atribuyeron a “la falta del Estado”.

También condenaron las amenazas y ataques contra Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), por lo que exigieron a la CIDH “obligar al Estado mexicano a garantizar la vida de todo el equipo del Frayba y se realice una investigación de los responsables”.

Por último, expresaron su apoyo al pueblo palestino y condenaron el ”genocidio” que atribuyen a Israel y Estados Unidos: “Si nos unimos todas y todos a levantar la voz para que se pare el infierno en Palestina, podremos salvar la vida de mucha gente, ¿verdad?”.

La masacre de 1997

La matanza de Acteal sucedió el 22 de diciembre de 1997 y en ella murieron 45 personas. La versión oficial dice que la tragedia fue resultado de un conflicto religioso y territorial entre comunidades chiapanecas, pero la versión de organizaciones civiles que representan a las víctimas asegura que fue un crimen orquestado desde el gobierno y llevado a cabo por paramilitares.

En ese entonces, de los detenidos y encarcelados, varios resultaron inocentes. De los 84 sentenciados, 36 fueron liberados por la Suprema Corte y a 22 se les abrió proceso después de que se comprobó que la fiscalía cometió violaciones graves al derecho de defensa de los acusados.

Lo que se detectó fueron confesiones bajo tortura, pruebas falsas y la no provisión de traductores a indígenas que no hablan español.

El expresidente Ernesto Zedillo fue acusado ante la Corte Federal de Estados Unidos por una decena de personas que se presentaron como sobrevivientes anónimos de la matanza de Acteal.

De acuerdo con la acusación, la masacre de Acteal ocurrió a raíz de la implementación por parte del gobierno mexicano del Plan de Campaña Chiapas 94, descrito como una estrategia secreta del gobierno para aplastar el movimiento insurgente zapatista de la década de 1990.

En octubre de 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la apelación de las personas que trataron de demandar al expresidente mexicano por su responsabilidad parcial e intento de encubrir los hechos ocurridos en Acteal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

A 11 años del derrame tóxico en el Río Sonora, Comités denuncian abandono del Gobierno Federal

Los Comités de Cuenca del Río Sonora señalaron al gobierno de Sheinbaum de "cobardía" al no atender a la población afectada tras la contaminación del agua.

A once años del derrame de tóxicos en el Río Sonora, ocasionado por una mina de cobre propiedad de Grupo México, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) acusaron al gobierno de Claudia Sheinbaum de replicar la “indolencia”, “cobardía” y “falta de voluntad” para atender a la población afectada por la contaminación del agua y el ambiente que ha provocado daños graves a su salud. 

En un pronunciamiento dado a conocer este miércoles, los CCRS lamentaron que durante los últimos tres gobiernos desde que ocurrió el accidente, y lo que ha habido ha sido “continuidad de la simulación” en los sexenios de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum Pardo.

Los afectados emplazaron a la presidenta a conocer de viva voz lo que ocurre con la población afectada por el derrame de tóxicos, ya que, a pesar de que los avances manifestados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada del caso, “sus funcionarios no le están diciendo la verdad”.  

Desmintieron la existencia de planes de trabajo y de propuestas reales, y denunciaron que funcionarios de dependencias encargadas de operar el Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, han roto compromisos y negado la urgencia de actuar, ante la evidencia de daños a la salud.  
“Es por esto que en su gestión también existe un abandono, e incluso retroceso, que debería preocuparle a su oficina y a todo México”, consideraron los CCRS.
“Desde los Comités de Cuenca Río Sonora les decimos que no vamos a aceptar estas reuniones simuladas, que juegan con nuestro dolor. ¿Por qué? Porque la utilizan para rendir informes de ‘avances’ que nada tienen de realidad. Porque avance no es venir a decirlos lo mismo una y otra vez”, reprocharon.

Tras criticar que gobernador Alfonso Durazo se haya presentado con los CCRS cuatro años después de haber tomado posesión, a petición del gobierno federal, denunciaron que el mandatario sonorense “ha decidido priorizar los contratos con empresas privadas sobre el bienestar e las comunidades”, lo que se advierte en la contratación de empresas privadas para la instalación de plantas potabilizadores, sin tener información de la calidad del agua por lo que es claro “el propósito de evitar la participación ciudadana y la rendición de cuentas a la que tienen derecho las comunidades”.  

Al señalar que solo operan seis plantas potabilizadoras privadas para 30 comunidades afectadas, lo CCRS exigieron a la Semarnat y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cumplir con el compromiso de proporcionar agua potable a cada una de las comunidades afectadas y no reducir el número a 22, como se pretende.  
“La población merece saber que mientras nos niegan agua limpia por falta de presupuesto y voluntad política, sí hay dinero y tiempo para construir presas”, pues en pocos mees “han planeado, aprobado y asignado presupuestos exorbitantes, de manera opaca, para el proyecto de construcción de presas que impactarían en nuestro territorio sin consenso de las poblaciones afectadas”, acusaron.
El señalamiento se refiere al proyecto aprobado durante el gobierno de López Obrador de construir tres presas, en Sinoquipe, sobre el río Sonora, y en Puerta del Sol y Las Chivas, sobre el río San Miguel de Horcasitas, para suministrar de agua a Hermosillo.  
“Construir presas en un río contaminado es absurdo. Esto demostraría que la prioridad del Estado es el interés económico de las corporaciones más que garantizar los derechos fundamentales del pueblo”, consideraron los afectados.  
Reprocharon que, si bien se ha reconocido que el derrame de tóxicos es responsabilidad del Grupo México, que se ha mantenido impune por “sus prácticas corporativas y su capacidad tan grande de intervenir en la política”, los integrantes de los CCRS consideraron vergonzoso que los gobiernos estatal y federal evadan sus facultades para atender el problema.
“La vergüenza debería caer sobre el gobierno estatal y federal, que nos han venido a dar montones de discursos sobre su compromiso con las comunidades, para que luego se den la vuelta y tomen decisiones que en nada nos benefician”, señalaron los afectados.  
Contaron que entre las justificaciones que las autoridades han sostenido para “no empezar a trabajar” es porque “dicen que no están en sus facultades tomar acciones, o que no tienen presupuesto porque Grupo México no ha pagado”, argumentos que funcionarios de los tres últimos gobiernos han sostenido para no dar respuesta a la población afectada.
“A estas alturas, escudarse en que Grupo México no quiere responder, como ya lo han hecho en cada sexenio, es n acto de cobardía y de  falta de voluntad; es no aceptar que ellas y ellos como funcionarios deben garantizar nuestros derechos humanos y deben obligar a la empresa a pagar, porque en este momento Grupo México está por encima del Estado”, acusaron.  
Recordaron que durante el gobierno de López Obrador se demostró la corresponsabilidad entre empresa y funcionarios para simular la reparación de los daños y dar carpetazo al caso, y que hace cuatro años se obtuvieron “la evidencia oficial de la presencia de metales pesados en la población el Rio Sonora y hace dos años cuentan con un dictamen oficial de la Semarnat que comprueba la presencia de la contaminación ambiental”.

Los afectados por el derrame exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum hablar de la contaminación del río Sonora y poner en evidencia a Grupo México, para hacerlo pagar por el daño ambiental y acatar las sentencias de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque el consorcio minero “disfruta tener un río Sonora destruido, porque construye su riqueza a costa de nuestras vidas”.  

Denunciaron que “el Estado mexicano está incumpliendo su deber de proteger a la población y está permitiendo que una empresa como Grupo México siga operando sin castigo, sin reparación del daño y con el respaldo de su silencio”.  

A once años del derrame de tóxicos lo integrantes de los CCRS exigieron la construcción de un hospital de tercer nivel con la capacidad de atender enfermedades provocadas por los desechos tóxicos; la instalación de una unidad permanente de vigilancia epidemiológica y ambiental en el municipio de Ures.  

Asimismo, piden que se instalen las 30 plantas potabilizadoras adaptadas con filtros para metales pesados; programa de remediación del río con base científica y con la participación de la sociedad civil, que se asigne presupuesto y a funcionarios institucionales, con un cronograma publico de cumplimiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

11 años del derrame tóxico de Grupo México: comités de Cuenca Río Sonora denuncian abandono y retrocesos

Durante la velada y protesta pacífica en el Antimonumento Río Sonora, integrantes de Comités de Cuenca recordaron a miembros que han fallecido por la contaminación directa de este derrame. Además, denunciaron que la empresa minera Grupo México no ha mostrado compromiso para reparar y remediar el Río Sonora.

Este 6 de agosto se cumplen 11 años del derrame tóxico de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa minera Grupo México, el cual afectó a los habitantes de ocho municipios en ese estado. 

Para conmemorar esta fecha, ante la falta de justicia y voluntad por parte de la compañía para la reparación de daños a las familias y personas afectadas por esta tragedia ambiental, miembros de Comités de Cuenca Río Sonora protestaron pacíficamente en el Antimonumento Río Sonora que se ubica en la plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo, Sonora.

Los integrantes de Comités de Cuenca junto con Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una organización que ha acompañado en estos años a las personas afectadas, realizaron una velada en memoria de las personas que han fallecido por consecuencia de la contaminación a los ríos.

La velada fue dedicada a la maestra Martha Patricia Velarde, una de las voces más fuertes en los Comités de Cuenca, quien falleció el 15 de febrero de 2025, por consecuencia de los metales presentes en su cuerpo al ser una de las afectadas directas por este derrame.

Además, recordaron a dos integrantes más: Francisco Ramón Miranda Córdova, habitante de la comunidad Aconchi y miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora y Norberto Bustamante.

Grupo México sin compromiso para la reparación integral

El derrame provocado por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México es considerado “el peor desastre de la minería en México” y, según denunciaron los miembros de Comités de Cuenca Río Sonora, la compañía no ha mostrado compromiso para reparar y remediar las afectaciones de este desastre ambiental.

Fernanda Hopenhaym Cabrera, codirectora de PODER, estuvo presente en la protesta pacífica acompañando a los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora. 

Durante la conferencia de prensa reflexionó sobre el significado de estos once años para las personas afectadas por el derrame y llamó a la remediación integral y urgente. 

Martín Valenzuela, representante de los comités, leyó el pronunciamiento de las comunidades afectadas, en él recalcó los once años de abandono y retrocesos para la población.

“No existe compromiso para reparar el río Sonora a once años de que Grupo México contaminara las aguas y la tierra (…) denunciamos a la empresa, al gobierno estatal y federal por el desinterés y el abandono e incluso el retroceso que vivimos las comunidades de Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Cananea, Huépac y San Felipe de Jesús”, denunciaron en el comunicado.

A once años sin justicia ambiental, los Comités de Cuenca levantaron la voz ante la simulación y el discurso oficial que promete justicia, pero que, al mismo tiempo, les da la espalda.

Los integrantes evidenciaron que esta negligencia ha resultado en que, a once años del derrame, continúan bebiendo agua contaminada, no tienen acceso a un sistema de salud especializado y no hay remediación ambiental adecuada, por lo que, las secuelas sociales aumentan cada año.

“Lo que es aún más grave es que esto sucede con total indiferencia de las autoridades que están más preocupadas por construir presas para llevarse el agua del Río Sonora que en atender la urgencia ambiental que prevalece en la cuenca”, señalaron.

Aunque señalaron que el responsable de este derrame es la empresa Grupo México por sus prácticas corporativas y su capacidad de intervenir en la política; recordaron que, por su parte, el gobierno federal y estatal solo ha acudido al territorio para darles discursos sobre su compromiso con las comunidades para después, tomar decisiones que en nada beneficia a la población afectada.

Piden a Sheinbaum hablar de la contaminación del río

Integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora se dirigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que sus funcionarios no están diciendo la verdad sobre la situación de la cuenca en Río Sonora.

“No hay trabajos serios de potabilización para tomar agua libre de metales pesados, no hay atención especializada para la salud (…) nuevamente la Semarnat y la Conagua están incumpliendo su promesa de construir plantas potabilizadoras en cada comunidad reduciendo la cantidad de plantas a 22. Esto suena identico al momento en que el gobierno de Claudia Pavlovich anunció la primera reducción de plantas prometidas por el fideicomiso Río Sonora”, manifestaron.

Los Comités de Cuenca denunciaron que, hasta ahora, solo hay seis plantas potabilizadoras y ninguna de ellas da garantía de separación de metales pesados.

En once años, recordaron, las autoridades han sido incapaces de resolver la problemática del caso del Río Sonora y, en cambio, en cuestión de meses han planeado, aprobado y asignado presupuestos exorbitantes de manera opaca para el proyecto de construcción de presas que impactaría en el territorio sin consenso de las poblaciones afectadas.

“Construir presas en un río contaminado es absurdo. Esto demostraría que la prioridad del Estado es el interés económico de las corporaciones, más que garantizar los derechos fundamentales del pueblo”, denunciaron.

Por ello, pidieron a Sheinbaum hablar de la contaminación del Río Sonora en las conferencias matutinas, que evidencie a Grupo México y se pronuncie al respecto para que paguen.

Además, llamaron a que se posicione como experta en temas ambientales sobre las afectaciones que dejó la contaminación y los posibles daños que podrían causar las presas que buscan construir sobre el Río Sonora.

Al finalizar la conferencia de prensa, miembros de Comités de Cuenca Río Sonora y la organización PODER realizaron una velada al pie del Antimonumento Río Sonora, donde colocaron velas y tres retratos correspondientes a Martha Patricia Velarde, Norberto Bustamante y Ramón Miranda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.

No están solos…

En Morena, la protección entre compañeros prevalece sobre la rendición de cuentas. Desde Adán Augusto hasta los hijos del expresidente, pasando por gobernadores, exfuncionarios y alcaldes, los escándalos por corrupción, violencia o vínculos criminales no provocan investigaciones, sino respaldos públicos. La consigna es clara: nadie está solo, ni aunque lo rodeen pruebas.

En Morena nadie está solo. Por más escándalos, por más pruebas, por más delitos, la consigna es proteger al compañero. Da igual si se habla de huachicol, narco, desvíos, violaciones o censura. Cuando un morenista es señalado, no se le investiga: se le arropa. 

NO ESTÁ SOLO ADÁN AUGUSTO

Hoy es señalado porque su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, es buscado por liderar el grupo criminal La Barredora, involucrado en huachicol, trata, extorsión y tráfico de migrantes. Además, su hermano, Humberto Bermúdez, está bajo sospecha de lavado de dinero, y su sobrino, Gerardo Bermúdez, bajo arresto domiciliario en Paraguay.

NO ESTÁ SOLO CUAUHTÉMOC BLANCO

Hoy está acusado de tentativa de violación contra su media hermana, corrupción en contratos públicos, daño a las finanzas por más de 6 mil millones de pesos y presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, mantiene el fuero.

NO ESTÁ SOLO CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ

La Auditoría Superior de la Federación le detectó irregularidades millonarias, incluyendo anomalías por más de 3 mil millones de pesos en gasto público. Sin embargo, la Presidenta defiende que es una persona honesta.

NO ESTÁ SOLO RUBÉN ROCHA MOYA

Tiene señalamientos por presuntos vínculos con Los Chapitos y por una violencia fuera de control: 1,723 homicidios dolosos y 1,400 personas desaparecidas en un año tras la captura de El Mayo Zambada.

NO ESTÁ SOLO FÉLIX SALGADO MACEDONIO

Ha sido acusado múltiples veces de violencia sexual, con casos documentados desde 1998. Aun así, sigue siendo respaldado políticamente y no pierde esperanzas de ser gobernador de Guerrero.

NO ESTÁ SOLO IGNACIO OVALLE

Encabezó Segalmex durante el saqueo de más de 20 mil millones de pesos, incluyendo contratos con empresas fantasma y desvíos confirmados por la ASF. Dejó la administración federal sin mayor preocupación. Hasta cursos de finanzas públicas da.

NO ESTÁ SOLO MANUEL BARTLETT DÍAZ

De larga trayectoria política, arrastra denuncias por fraudes electorales, propiedades no declaradas valuadas en millones y hasta sospechas de estar implicado en el asesinato del agente Kiki Camarena.

NO ESTÁN SOLOS LOS HIJOS DE AMLO

José Ramón, Andy y Bobby López Beltrán fueron señalados en la investigación El Clan por tráfico de influencias y corrupción. Coordinaban una red que favoreció con contratos millonarios a amigos y primos en obras como Tren Maya, Dos Bocas, Pemex e IMSS-Bienestar.

NO ESTÁ SOLA LAYDA SANSORES

Usó su poder para censurar al periodista Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna. Incluso, una logró que una jueza les ordenara no publicar sobre ella sin revisión previa de un censor judicial.

NO ESTÁ SOLA DATO PROTEGIDO

Denunció a Karla Estrella por presunta violencia política de género. Resultado: disculpas públicas por 30 días, multa económica y su nombre inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas hasta 2027.

NO ESTÁ SOLA ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ

La Auditoría estatal la denunció por no comprobar el uso de 898 millones de pesos de un fondo federal.

Además, la alcaldesa denunció al medio Acapulco Trends junto a su director, Jesús Gabriel Castañeda Arellano, por violencia política de género. Resultado: multa de 22 mil pesos, disculpas públicas por 15 días y difusión obligada de la sentencia por 30 días.

NO ESTÁ SOLO ALEJANDRO ARMENTA

Impulsó en Puebla la llamada Ley Censura, que criminaliza insultos en redes como “ciberasedio”. Organizaciones como Artículo 19, la ONU, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtieron que puede usarse para silenciar críticas y castigar la libertad de expresión.

NO ESTÁN SOLOS. PORQUE EN ESTE PAÍS, LA IMPUNIDAD CAMINA CON ELLOS.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)

Liberan al Kateo por ineficiencia del Ministerio Público Federal

El recientemente detenido en Zapopan, Jalisco, Diego Abel Miranda Rodríguez, el Kateo, que fuera lugarteniente de Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flaquito, líder del Cártel Arellano Félix (CAF), fue liberado de un Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de Juez de Control, con residencia en Puente Grande.

Pifias en la puesta a disposición por parte del Ministerio Público de la Federación solo consiguieron que el presunto narcotraficante estuviera menos de una semana en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara (Comisaría de Prisión Preventiva) y recibiera un auto de no vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El sujeto detenido cuando presuntamente se hallaba enfiestado al amanecer del domingo 13 de julio último, en el restaurante bar La Reina de Mazatlán, ubicado al cruce de las avenidas Valle de Atemajac y Servidor Público, en Jardines del Valle, por la Policía Municipal de Zapopan, fue registrado con el nombre de Luis Mier Luna, misma identidad que prevaleció para quedar enlistado en el Área de Filiación del penal y en la promoción de una demanda de amparo.

LOS HECHOS

La captura ocurrió poco después de las 06:00 horas cuando la pareja de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez acudió a recogerlo a bordo de un vehículo de la marca Jeep; sin embargo, la impericia de la mujer provocó que chocara levemente con alguna estructura, lo que advirtieron policías municipales, que al aproximarse a la unidad observaron un fusil AK-47 en el interior. El ahora liberado salió del establecimiento de mariscos y defendió a la joven, asegurando que ella no tenía broncas y que las cosas que había en el automotor eran suyas.

Pese a que la mujer tripulaba la unidad donde estaba el arma de fuego larga, los uniformados dejaron ir a la mujer y pusieron a disposición de autoridades ministeriales al apodado el Kateo. La Fiscalía del Estado no tenía asunto que perseguir al individuo, o al menos eso trascendió, del que por qué no lo investigaron a fondo, y entonces lo remitieron a la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR). De ahí le ejercitaron acción penal por la portación ilegal del arma de uso de las Fuerzas Armadas.

La defensa del imputado alegó una detención ilegal, sin embargo, el Juez de Control decidió dictar la medida cautelar de prisión preventiva y dejar que la defensa hiciera su trabajo durante el término constitucional ampliado. El argumento legal del equipo legal de alias el Kateo fue que su cliente no estaba dentro del automotor donde estaba el arma larga asegurada por los policías zapopanos e incluso presentaron un video sobre el momento del arresto que lo evidenciaba.

El Ministerio Público Federal adscrito no tuvo la capacidad de enderezar la carpeta de investigación ni de aportar pruebas que permitieran un auto de vinculación. Tampoco la voluntad de que compañeros de la Fiscalía General de la República, ya sea de la Delegación de Tijuana, o de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentaran carpetas de investigación existentes en Baja California por la pertenencia de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez al Cártel Arellano Félix y en los últimos tiempos aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

CRÍMENES EN BAJA CALIFORNIA

Es de dominio público, y ZETA lo ha documentado, que Diego Abel Miranda, el Kateo, además de ser líder de las células criminales referidas, está señalado de ser el autor intelectual del asesinato de la agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Dalia Consuelo Espinoza Suszek, el 3 de noviembre de 2023. El móvil del homicidio de la mujer policía estaría ligado a una detención y dos robos, uno de 30 kilos de cocaína y otro más de 20 armas ejecutado por agentes estatales en un lapso de dos a tres meses.

Al Kateo también se le imputan acciones en diversas carpetas de investigación, en México y Estados Unidos, por tráfico de drogas de Jalisco a San Diego, secuestros, trata de personas migrantes, homicidios y el incendio de 19 automotores el 12 de agosto de 2022. Antes, ya estuvo detenido por intervención de un grupo de inteligencia en julio de 2021, durante una boda realizada en un rancho en la zona de El Coronel, en Ensenada, donde era el padrino del evento; sin embargo, esa vez también fue liberado por un juez federal.

AMPARO POR SI LAS DUDAS

Debido a que quien se hace llamar Luis Mier Luna aún seguía preso el domingo 20 de julio, en el penal de Puente Grande, su abogada Tania Guadalupe Domínguez Campaña, quien llegó desde Tijuana para asesorar jurídicamente al imputado, presentó una demanda de amparo en su favor alegando actos de privación ilegal de la libertad de parte del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco y otras autoridades. El juicio de garantía fue radicado con el número de expediente 678/2025 en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la entidad, con el complejo penitenciario.

Dado el señalamiento de actos violatorios de derechos humanos como lo sería la retención prologada del imputado, seguramente dando tiempo al Ministerio Público Federal para que impidiera su excarcelación, el juez de amparo comisionó al actuario Judicial adscrito a ese tribunal para que acudiera a las instalaciones del penal, a efecto de localizar al directo quejoso Mier Luna, para pormenorizar los detalles que pudiese apreciar de la condición física del individuo e incluso lo cuestionara sobre su estado de salud.

En la misma diligencia, el actuario judicial de la adscripción tenía que notificarle la demanda de amparo promovida en su nombre, para que en ese momento, o bien, dentro del término de tres días, manifestara si ratificaba o no dicho escrito. El Kateo fue localizado en la prisión pero manifestó “No ratifico la demanda de amparo promovida a mi favor”. Además, se hizo constar que no se advirtieron golpes en su cuerpo y al ser cuestionado sobre su estado de salud, “refirió que se encuentra bien”. Por lo anterior, se tuvo por no presentada la demanda en el juicio de amparo. Ya estaba destinado que recuperaría en breve la libertad.

BIEN REPRESENTADO

La defensora de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez cuenta con experiencia en el ámbito penal federal, pues años atrás, a inicio de la década se le ubicaba como Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, Posteriormente se dedicó al litigio atendiendo casos relevantes de delitos contra la salud, llevando defensas como la del ex agente federal Édgar Luciano Beristáin Ávila, detenido junto con otros sujetos por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, en posesión de un cargamento de droga en 2016.

La profesionista también ha sido abogada de personajes como Pedro Herrera Estrada, el Viejón o Peter, identificado por autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad como cabecilla de la célula de Los Erres, que presta sus servicios al CJNG.

Por lo pronto, Diego Abel y/o Luis, el Kateo, quien abandonó el penal de Puente Grande a las 12:00 horas del lunes 21 de julio, seguirá moviéndose entre Guadalajara, Tijuana y San Diego, pues no existe impedimento legal para que lo haga.

Al solicitar información en la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República, en Guadalajara, solo se obtuvo evasivas y entretención para no dar a conocer el fracaso ministerial, bajo el argumento de “las investigaciones sobre este caso y la persona continúan”. En los próximos días se conocerá si dicha autoridad apela a la resolución o muestra su conformidad como aparentemente lo hizo al no aportar pruebas que lograran la vinculación a proceso.

FUENTE: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIONES)
AUTOR: 

Mayoría del TEPJF rechaza investigar reparto de acordeones de Morena y Gobierno de CDMX

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, el 10 de julio de 2025, la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) de desechar una denuncia contra Morena y el Gobierno de la Ciudad de México, relacionada con el uso de acordeones en la elección de integrantes del Poder Judicial, realizada el 1 de junio de 2025.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala Superior sostuvo que la queja no contenía elementos mínimos, como circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni identificación de responsables, para abrir una indagatoria. Los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Janine Madeline Otálora Malassis respaldaron el proyecto, mientras que Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra.

Según la argumentación del proyecto elaborado por De la Mata Pizaña, la denuncia carecía de pruebas suficientes. El documento presentado por la organización civil Justicia Común incluía publicaciones periodísticas, entre ellas una investigación que vinculaba a funcionarios públicos y brigadistas con la entrega de guías de votación, presuntamente financiadas con recursos públicos.

Rodríguez Mondragón advirtió que el análisis del INE no fue exhaustivo, al limitarse a una revisión preliminar de la información presentada. Señaló que la autoridad pudo solicitar información a la Policía Cibernética, al banco emisor de los cheques referidos en las denuncias o incluso al medio que publicó la investigación. Reiteró que las notas periodísticas debieron presumirse veraces y suficientes para iniciar una diligencia formal.

En contraste, Fuentes Barrera afirmó que no correspondía iniciar procedimientos sancionadores sin indicios claros, y consideró que las publicaciones no superaban el umbral de prueba mínima exigida por la ley electoral. La presidenta del TEPJF, Soto Fregoso, coincidió con esa postura.

En paralelo, la organización Defensorxs denunció que su impugnación contra la elección de los magistrados Gilberto Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho fue indebidamente retenida por el TEPJF. Miguel Alonso Meza señaló que, conforme a la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debía resolver ese recurso, no el propio Tribunal Electoral, al tratarse de la elección de sus integrantes.

El recurso, de 274 páginas, incluía señalamientos respecto a coacción del voto, uso de recursos públicos, encuestas dirigidas y propaganda ilegal. Defensorxs exigió que la denuncia sea remitida a la SCJN antes del 28 de agosto de 2025, fecha límite para resolver más de 300 impugnaciones relacionadas con el proceso judicial.

La Sala Superior del TEPJF afirmó que continuará evaluando los recursos que cumplan con los requisitos legales y reiteró su disposición al escrutinio público.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Pegasus: diez años de corrupción y espionaje impunes

Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto.

Desde 2015, México se convirtió en laboratorio del uso masivo del spyware Pegasus, desarrollado por NSO Group. Esta arma silenciosa invade teléfonos, graba conversaciones, rastrea ubicaciones y roba datos sin dejar huella visible. Casi una década después, su uso está más que documentado, pero la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado que se condene a un sólo responsable. 

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018), Pegasus se usó como herramienta para vigilar a periodistas, activistas y opositores. Esta semana, una disputa legal en Israel entre los empresarios Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Neria —líderes de KBH y BSD, respectivamente— reveló que, desde 2012, se habrían pagado hasta 25 millones de dólares para "invertir" en Peña. Ambas empresas estaban directamente involucradas en la venta de equipos y sistemas de seguridad al Gobierno mexicano durante el sexenio de EPN. La red KBH sirvió como intermediaria de NSO Group para introducir Pegasus en México.

En nuestro país, los registros de la FGR confirman la existencia de esta red. Un testigo protegido, identificado como "Zeus", ha señalado desde 2019 a Peña Nieto, Osorio Chong y Eugenio Ímaz como los responsables directos del aparato de espionaje. A pesar de contar con contratos, facturas y testimonios, la FGR sólo ha judicializado un caso, el de Juan Carlos García Rivera, quien fue absuelto en 2024, pese a que el propio Juez reconoció que sí hubo espionaje contra Carmen Aristegui… por investigar y publicar sobre la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.

Andrés Manuel López Obrador prometió terminar con el espionaje, pero los datos lo desmintieron. Según documentos del litigio WhatsApp/Meta contra NSO Group, en mayo de 2019 se detectaron 456 infecciones con Pegasus. México concentró el 37  por ciento de los casos globales en esa muestra. Citizen Lab, organización experta en ciberseguridad, identificó múltiples dispositivos infectados entre 2019 y 2022, incluyendo los de periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios del propio gobierno obradorista.

La Sedena adquirió Pegasus desde 2019, a través de Comercializadora Antsua, empresa ligada a la red KBH, la misma que habría sobornado al Gobierno anterior. Los contratos fueron ocultados bajo el pretexto de "seguridad nacional". Sólo tras una orden judicial en 2024, se obligó al Ejército a entregarlos. Aun así, la opacidad persiste y no se han entregado.

Pese a las pruebas —documentos, análisis forenses, testimonios— la FGR no ha avanzado en una sola carpeta de investigación abierta  por los casos ocurridos en este sexenio. La Sedena niega a la institución investigadora la existencia de contratos que ya fueron exhibidos. En resumen: nadie ha sido nombrado, nadie ha sido juzgado, nadie ha rendido cuentas.

México tiene derecho a saber: ¿quién ordenó espiar?, ¿a quiénes?, ¿para qué?

Para nada resulta increíble que desde el periodismo de investigación, el trabajo de la sociedad civil organizada y la academia se haya avanzado más en el esclarecimiento de los hechos sobre un caso tan complejo. Lo que sí resulta inverosímil es que, pese a tantos hallazgos que se han traducido en pruebas en el marco de investigaciones formales, se siga diciendo desde el discurso de la FGR que “faltan pruebas”.  

Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto. Hay evidencia y hay víctimas concretas. Por eso: no, no faltan pruebas. Lo que falta es voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias, cosa que el Fiscal Gertz no ha hecho hasta ahora.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.

Tribunal absuelve a excomandante acusado de torturar a Lydia Cacho

El Tribunal consideró que no hay pruebas suficientes que vinculen a Juan Sánchez Moreno con el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal absolvió a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la Unidad Especializada en Cumplimiento a Mandamientos Judiciales de la Policía Judicial de Puebla, de la condena en su contra por siete años de prisión, al considerar que no hay pruebas suficientes que lo vinculen con el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho. 

Al conceder un amparo liso y llano, el pasado 4 de julio, el tribunal con sede en Quintana Roo ordenó emitir sentencia absolutoria y la libertad inmediata de Sánchez Moreno, quien estaba preso en el Centro Penitenciario Benito Juárez, de esa entidad.

El 13 de abril de 2021 se condenó al excomandante a siete años de prisión, acusado de humillar, intimidar y amenazar a Cacho durante?su traslado de Cancún a Puebla en 2005. 

No obstante, su defensa apeló esta sentencia, que derivó en este fallo emitido por el Tribunal Colegiado que consideró que no había “evidencia fehaciente que destruya la presunción de inocencia o demuestre, sin duda razonable, que el acusado instigó a terceros para perpetrar el delito”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Cuatro años después de la muerte de Simón Pedro Pérez López se sigue pidiendo justicia

Se conmemoran cuatro años de la ejecución de Simón Pedro Pérez López, defensor comunitario de derechos humanos, miembro activo de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

La comunidad de Acteal, valora y reconoce la lucha que han dado la madre, padre, hermana y hermano, esposa, hijas e hijos de Simón Pedro al sostener sus voces frente a la violencia contra quienes defienden los derechos humanos.

Afirman que a pesar de la captura del autor material, el caso sigue en impunidad puesto que la Fiscalía General del Estado de Chiapas no agotó todas las líneas de investigación, ni esclareció la responsabilidad de autores intelectuales.

Finalmente, la comunidad le recuerda al Estado mexicano su obligación indeclinable de garantizar los derechos humanos, proteger la integridad y la vida de las personas defensoras, especialmente la de los pueblos originarios.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El adolescente Alexander salió por refrescos y la policía de Acatlán lo mató; 5 años después, su familia sigue exigiendo justicia

A 5 años del asesinato de Alexander, joven de 16 años, su mamá exige que las autoridades cumplan con la reparación del daño, como una disculpa pública y una investigación seria sobre el actuar de la policía de Acatlán, Oaxaca.

“¿Ya viste al asesino que mató a tu hijo?”. Virginia Gómez, de 46 años, recuerda con los ojos muy abiertos la escena en la que se encontró de frente con uno de los cinco implicados en el homicidio de su hijo Alexander Martínez Gómez; un joven de apenas 16 años que jugaba en la Tercera División del futbol mexicano, y que tenía serias posibilidades de debutar como profesional. 

Han pasado cinco años de la muerte de su hijo y de que un video suyo se hizo viral en grupos de whatsapp y redes sociales, y su caso escaló a nivel nacional. En ese video, tomado la noche del 9 de junio de 2020, se observa a la mujer en la puerta de un hospital en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, gritando desgarrada por el dolor. Minutos antes, a eso de las 22:30 de esa noche, su hijo adolescente había muerto de un balazo en la cabeza a manos de la policía municipal.

“Mi hijo tenía un sueño, quería ser futbolista profesional. ¡Yo luché con él para superar todos los obstáculos. ¡Y miren lo que le hicieron! ¡Me lo mataron esos malditos!”, gritaba Virginia fuera de sí aquella noche ante la pérdida de ‘Chander’, como lo conocen en la comunidad.

La mujer habla ahora mucho más serena sentada en una silla de plástico en su casa, en un poco habitual día gris y lluvioso en la muy calurosa Acatlán, un municipio de unos 45 mil habitantes que está separado de Tezonapa, Veracruz, por una calle. 

Uno de los implicados en la muerte de Chander está preso y condenado a 35 años de cárcel, en buena medida, y así lo reconoció en una recomendación la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, por la investigación que ella misma emprendió contra la policía de su localidad. Una investigación, no obstante, y una búsqueda tenaz de la verdad que la ha llevado, además de soportar el tremendo peso de la muerte de su hijo, a vivir con escoltas por las amenazas.

–He sido amedrentada, amenazada e intimidada. Me llegan muchos mensajes por medio de Messenger de Facebook diciéndome ‘ya cállate’, ‘ya lo que pasó, ya se olvidó, no le muevas más’, ‘te estás metiendo con el patrón, ya párale’. Pero nunca me callé. He ido a la Fiscalía una y otra y vez, y todas las veces que han sido necesarias, a denunciar.

Virginia, a quien conocen en Acatlán  más por el nombre de ‘Vicky’, dice a continuación que, a pesar de la detención y sentencia de uno de los policías implicados –supuestamente, el que realizó el disparo fatal–, el caso de Chander continúa sin lograr la “justicia plena”, además de que no se han cumplido las medidas de reparación del daño que en 2021 determinó tras una investigación la Defensoría de Derechos Humanos oaxaqueña, la cual consideró el caso de Chander como “una ejecución arbitraria” de la policía local de Acatlán. De ahí que los otros cuatro elementos implicados en el caso sigan en libertad y trabajando vestidos de uniforme, placa y pistola por las calles de la localidad, donde se encontró de frente con uno de ellos.


–Fui a la graduación de una sobrinita que va al kínder. Nunca pensé que el hijo del policía que asesinó a Chander iba a estar también ahí. 

El hijo del policía condenado es Sergio R. R., también agente de policía municipal de Acatlán, y uno de los cinco implicados en la muerte del adolescente. 

‘Vicky’ asegura que él fue el policía que trató de ‘plantar’ una pistola al cadáver de su hijo, para luego pregonar la versión de que el joven futbolista era un peligroso criminal que se había negado a detenerse en un retén policiaco. De hecho, esa fue la versión oficial: en un escrito enviado por el alcalde de aquel entonces del municipio oaxaqueño, Adán Maciel, a la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, el edil, que es el jefe de la policía, aseguró que de acuerdo con sus elementos el joven iba armado y se negó a parar en un retén. Además, aseguran que a un policía se le cayó el arma al suelo y por accidente se disparó matando en el acto al adolescente.

Por fortuna, o más bien por “una señora con las faldas bien puestas”, como apunta ‘Vicky’, que testificó que ella vio cómo el policía trató de plantar el arma al joven, la versión oficial quedó desacreditada.

–No tengo estómago para ver a la cara a los policías de Acatlán –murmura ‘Vicky’–. Para mí, siempre serán los desgraciados que le quitaron la vida a Chander.

Por eso dice que el día que se encontró a uno de los implicados de frente en la graduación de su sobrina, donde muchos otros niños y niñas se graduaban para salir del kínder, se tuvo que sentar para procesar sus emociones. 

–Al principio no lo reconocí, porque ahora está más robusto. Él venía de recoger a uno de los niños, y cuando se topó frente a mí se puso rojo como un tomate. Yo todavía en mi mente pensé: ‘pobre muchacho, se ve que no ha caminado mucho entre tantas personas y se ha puesto rojísimo por la pena’. 

Fue entonces, dice la mujer, cuando alguien se le acercó por la espalda y le susurró al oído: 

“¿Has visto al asesino de tu hijo?”. 

Asesinato de Alexander: la versión de la policía de Acatlán y la de la familia

La noche del 9 de junio de 2020, la patrulla de policía municipal con número 023 se encontraba en un ‘filtro de seguridad’ sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez de Figueroa, a la altura del taller de ‘Los Hinestrozas’. El ‘filtro’, o el retén, se instaló debido a la presencia de grupos delictivos en la región –dos años antes, en abril de 2018, sujetos armados bajo aparentemente la siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaron en un video al alcalde– y por “las constantes amenazas” a la corporación policiaca, justificó el edil de Acatlán, Adán Maciel, en el escrito que envió a la Defensoría de Derechos Humanos. 

De acuerdo con la versión policiaca, a eso de las 22:30, la patrulla se percató de unas luces que, al parecer, eran de motocicletas que venían a exceso de velocidad en su dirección. 

“Al notar que se trataba de nueve motocicletas, el mando Sergio R. R., indicó al conductor de la unidad, Higino C. M. que encendiera los códigos parlantes de la patrulla, y a los elementos Isaac R. G., Sergio R. R. (padre del mando) y Adolfo D. G., que con sus lámparas de mano les hicieran señas para que bajaran la velocidad, haciendo caso omiso a las indicaciones. Al no detenerse y pasar por donde se encontraba parado el elemento Sergio R. R. (padre del mando) lo tiran, y al caer su escopeta se acciona al impacto con el suelo”, asegura la versión oficial, que señala que de inmediato los policías trataron de brindar los primeros auxilios al joven Alexander, aunque subrayó que el adolescente iba armado.

“El mando corre a brindarle los primeros auxilios y observa que aproximadamente (sic) se encontraba un arma de fuego tipo pistola en el suelo”, continúa el escrito de la versión oficial, que más adelante asegura que, debido a la beligerancia de los vecinos y de la madre que llegó al lugar, los agentes pidieron apoyo a la comandancia y uno de ellos, Sergio R. R., “priorizó tomar el indicio que se encontraba cerca del lesionado –pistola color negra–” para resguardarlo como evidencia en el caso.

Posteriormente, a las 00:05 horas, un policía había sido detenido para esclarecer los hechos ante la fiscalía oaxaqueña, y a las 00:30 horas se presentaron agentes ministeriales en el lugar para iniciar la investigación. 

Sin embargo, esta versión oficial fue desmentida por la investigación de la Defensoría de Derechos Humanos, y también ante la justicia, que condenó a Sergio R. R. a 35 años de prisión, aunque se quedaron fuera de la imputación el resto de elementos que intervinieron. 

A continuación, ‘Vicky’ cuenta una versión muy distinta de los hechos. 

–Ese 9 de junio, mi hijo y unos amigos celebraban el cumpleaños de otro amiguito, y salieron a comprar unos refrescos y unas pizzas para pasar un rato en mi casa. Salieron con sus motos a comprar a una tiendita a menos de un kilómetro de mi casa y, de los nueve, ya solo regresó el hijo de una maestra y otro muchacho que iba con una amiga. 

–Ellos fueron los que me dijeron que los policías municipales les habían cerrado el paso cuando mi hijo y los amigos venían ya de regreso. Me dijeron que la policía no les hizo ningún alto, que nada más les cerraron el paso, que varios policías se bajaron de la batea de la camioneta y que comenzaron a tirarles, y que vieron cómo Chander se había caído de la moto.

Otro adolescente resultó herido al caer también de su moto tratando de huir de los disparos. 

De inmediato, ‘Vicky’ se trasladó al lugar de los hechos, un camino de terracería donde, asegura, nadie podría transitar a gran velocidad por lo irregular del camino. 

–Vi a mi hijo tirado en el suelo junto a su moto, que aún tenía las luces encendidas, pero nunca pensé que estuviera muerto. Pensé que se había dado un golpe en la cabeza por la caída y que estaba inconsciente. 

La mujer recogió a su hijo entre sus brazos. Cuenta que los cinco policías la observaban en silencio. 

–Les gritaba qué le habían hecho a Chander, pero ninguno contestaba. Solo se miraban unos a otros. 

Ante el bullicio, vecinos del lugar se acercaron. Los ánimos comenzaron a caldearse, al tiempo que los policías trataban de sacarlos del lugar. 

Hasta ese momento, ‘Vicky’ asegura que, pese a lo que señaló el informe policial, los agentes no habían pedido una ambulancia, ni le dieron primeros auxilios. Fue una persona de la multitud que conocía a ‘Vicky’ quien llamó a la ambulancia, que llegó 15 o 20 minutos después. 

–Pero uno de los policías se acercó al chofer de la ambulancia y le dijo algo en corto, y éste hizo el amago como para retirarse del lugar. Entonces, mi otro hijo, Alexis, se puso delante de la ambulancia y comenzó a golpear el cofre, y mucha gente se tiró encima de la ambulancia y le obstruyó el paso. Al de la ambulancia ya no le quedó más remedio que sacar una camilla, subir a Alexander, y llevarlo al hospital de la comunidad.

Pero ya era demasiado tarde. 

Chander, el adolescente que soñaba con ser futbolista profesional, estaba muerto.

Violaciones a los derechos de las víctimas en el caso del homicidio de Alexander en Oaxaca

La Defensoría de Derechos Humanos, en su investigación previo a la emisión de la recomendación 1/2021, la cual elaboró a partir de dictámenes oficiales que fueron materia en el juicio del caso, señaló numerosas irregularidades en el actuar de la policía y en su posterior informe de los hechos.

Por ejemplo, la Defensoría establece que “no se acreditó la legalidad ni absoluta necesidad que motivara accionar el uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión o peligro real, actual o inminente”, por lo que concluyó que “la muerte arbitraria de un menor de edad fue el resultado de un uso ilegal de la fuerza imputable a la Policía municipal de Acatlán de Pérez de Figueroa”. 

El informe de la Defensoría también contradice la versión de la policía de que el arma de uno de los agentes se habría detonado por accidente al caer al suelo, producto de la supuesta embestida de uno de los jóvenes que iban en moto. 

“Según un informe pericial, es poco probable que el tipo de arma del policía Sergio R. R. se accionara en la forma en la cual dicen los policías que se disparó”, señala la Defensoría, que agrega al respecto: “Existe, además, un dictamen de criminalística en el que se documentó la existencia de otros disparos en la escena del crimen”. 

“La actuación omisa y negligente de los primeros intervinientes fue evidenciada por los familiares del adolescente que perdió la vida, su madre, padre y hermano, quienes se dieron a la tarea de investigar”, continúa señalando la Defensoría. 

“Fueron ellos quienes, al acudir a la escena del crimen, se percataron y se fijaron en –fotografía y video– de varios daños en árboles y un vehículo estacionado que en dictámenes posteriores la Fiscalía General corroboró que algunos fueron producidos por disparo de arma de fuego. Incluso, ubicaron y lograron que un perito en criminalística de campo extrajera de un árbol un elemento balístico esférico”.

El informe de Derechos Humanos concluye que los agentes locales, así como el agente de investigación estatal Gerardo P. C., cometieron “violaciones graves” en la preservación de la escena del crimen, y apunta también a la Fiscalía oaxaqueña, al señalar que tampoco investigó las demás armas de fuego de los policías para determinar si habían sido accionadas o no.

En definitiva, remata la Defensoría, los elementos policiacos violaron el derecho de las víctimas a una “investigación seria, imparcial y efectiva” para esclarecer los hechos, a partir de los cuales un joven de 16 años fue muerto de un disparo en la cabeza, al que, además, intentaron criminalizar al ‘plantarle’ una pistola junto a su cuerpo, tratando de crear una narrativa de que se trataba de delincuentes que quisieron evadir un supuesto retén de la autoridad. 

Por todo ello, la Defensoría, desde marzo de 2021, determinó en su informe una serie de medidas de reparación del daño dirigidas tanto al presidente municipal de Acatlán, como a la Fiscalía estatal oaxaqueña. 

Entre esas medidas están, por ejemplo, que se realice por parte de ambas autoridades un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones graves cometidas contra Chander y su familia, y que se haga una investigación “seria, imparcial, y efectiva” sobre la actuación policiaca, y sobre “la manipulación y alteración en la preservación y procesamiento de indicios y evidencias (…), incluyendo a la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Acatlán, independientemente de la persona que ya se encuentra sujeta a proceso penal por estos hechos”. 

Sin embargo, a cinco años del caso, y a cuatro de la recomendación que ‘Vicky’ lleva siempre consigo cuando va a pedir a pedir ayuda al consulado estadounidense –su hijo tenía la doble nacionalidad– o cuando acude a la fiscalía estatal, o a tocar la puerta de las autoridades del Gobierno Federal, la mujer denuncia que esas medidas de reparación del daño no se han cumplido, y que los otros cuatro elementos involucrados no han sido investigados y continúan en activo.

Además, tampoco le han querido pagar el dinero que, por ley, corresponde a las víctimas cuando hay un caso de homicidio. 

–Ningún dinero va a reparar la pérdida de mi hijo. Jamás –subraya tajante ‘Vicky’–. Ningún dinero me va a regresar su vida, porque mi hijo no tiene precio. Pero, como me dicen los abogados, es un derecho que tenemos, y aunque no quisiéramos ese dinero, es algo que están obligados a pagar, a cumplir, y tampoco lo han hecho. Se han hecho de la vista gorda. 

Mamá de Alexander dejó su trabajo de secretaria para buscar justicia para su hijo

Como muchas otras víctimas en México que ante la falta de resultados de las autoridades asumen el peso de las investigaciones en sus casos, o las búsquedas de sus seres queridos, ‘Vicky’ tuvo que dejar su trabajo como secretaria en una empresa y se ha convertido en una activista y en una voz autorizada y respetada en Acatlán, donde otras víctimas acuden a ella –mandadas a veces incluso por gente que trabaja en el Ayuntamiento– pidiéndole ayuda, a pesar de que les deja muy en claro que ella solo es una madre en busca de justicia para su hijo. 

–Les dicen: ‘miren, acá no podemos hacer nada, pero vayan con ‘Vicky’. Y pues no sé –se encoge de hombros–, creo que la gente me ve como una especie de ‘heroína’ porque fui una mamá que sí levantó la voz ante la injusticia de la muerte de un niño. Yo levanté la voz en un lugar donde la gente, por miedo, no lo hacía; preferían irse del municipio para que no les hicieran daño, porque inmediatamente empezaban las amenazas diciéndoles ‘si no te callas, te vamos a matar’. 

Su lucha, incluso, no pasó desapercibida para los partidos políticos, pues asegura que llegaron a tocar su puerta para que se presentara como candidata a la alcaldía, propuesta que rechazó. 

–Se los he dicho cuando han venido a buscarme para la ‘poliquería’: ustedes no piensan en mí, no piensan en lo que siento al ver a esos policías. ¿Ustedes creen que me voy a sentar en una silla en la Alcaldía y voy a ver a esos policías que mataron a mi hijo? No, sólo de pensarlo se me revuelven las tripas. 

Cuestionada si, por el desgaste que implica la búsqueda de justicia en México, un país con niveles de impunidad por arriba del 90 %, y por el hecho de que su vida cambió para siempre con cuatro escoltas cuidando cada uno de sus pasos, no ha pensado en irse de Acatlán para empezar de cero en otro lugar, la mujer de inmediato niega con la cabeza. 

–Hay gente que después de lo de Chander se me acerca y me dice: ‘ay, cómo estás, pensamos que ya no vivías aquí’. Y siempre les contesto lo mismo: ‘no, nunca me he ido de aquí, ¿por qué debería irme yo? Ellos, los policías, son quienes mataron a mi hijo. Yo no he hecho nada malo. 

Además, Vicky asegura a colación que está convencida que lo que está haciendo, la búsqueda de esa “justicia plena”, es la mejor forma de honrar la memoria de Chander. 

–Ha quedado claro que fue un crimen de Estado, pues agentes del Estado asesinaron a mi hijo. Por eso fui a la Fiscalía Anticorrupción y puse otra denuncia en contra de los otros cuatro policías y los funcionarios que los protegieron y respaldaron en sus mentiras. 

A continuación, la mujer hace una pausa y reflexiona en silencio. 

–Mi hijo siempre verá a una mamá fuerte, que no se dio por vencida, y que nunca estuvo sometida en un rincón llorando –recalca aseverando con la cabeza–. Por eso, yo voy a seguir luchando hasta que haya justicia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Ortiz Franco: 21 años de impunidad

La exigencia de identificar a los responsables y castigarlos

La normalidad de la mañana de aquel martes 22 de junio del 2004 se volvió desgarradora cuando empezó a circular de manera extraoficial, la información del homicidio del editor de ZETA, Francisco Ortiz Franco. Tomaron su vida impunemente frente a sus dos menores hijos.

Primero, la defensa del cerebro que se niega a creer que una horda de criminales, traficantes, envenenadores, repulsivos, le quitaran la vida a un hombre justo, tranquilo, íntegro y ecuánime sin afanes protagónicos, al compañero periodista, al editor, al maestro.

Inmediatamente después, el golpe de realidad que derrumba, que ahoga, mientras se tiene la extraña sensación de que las manos de la muerte oprimen dolorosamente el corazón y el pecho.

Luego la furia, la impotencia frente a los augurios de injusticia. Ortiz Franco fue asesinado a plena luz de día, a 300 metros de las oficinas principales de la Fiscalía General del Estado, pero nadie fue detenido. La camioneta de los homicidas la abandonaron en la misma vialidad donde cometieron el homicidio, apenas unas cuadras rumbo al este, pero, aun así, tardaron muchas horas en encontrarla.

Las primeras investigaciones determinaron tres hipótesis, que no se excluían una a la otra, porque en todos los casos los sicarios estaban ligados al Cártel Arellano Félix. Pero después de 21 años sin que los responsables hayan sido detenidos, juzgados y sentenciados, evidencian que las fiscalías, estatal y federal, decidieron no avanzar.

En la primera hipótesis, se indicaba que el traficante Arturo Villarreal Heredia -detenido junto a Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, el 14 de agosto de 2006 y procesado en Estados Unidos- ordenó su muerte, después que el licenciado Ortiz Franco exhibió las relaciones del gobierno con el cártel, al publicar en un reportaje las caras de 71 sicarios del CAF, a los que les dieron credenciales oficiales como agentes ministeriales de la PGJE de Baja California.

La segunda era por el mismo motivo, pero involucraba como autores materiales a agentes ministeriales del estado, con pistoleros de los Zetas, y sicarios del Barrio Logan en California. En la tercera los matones también eran del CAF, pero el móvil era la revisión que Ortiz Franco estaba haciendo de la carpeta de investigación por el homicidio del codirector de ZETA, Héctor Félix que involucraba a Jorge Hank Rhon.

Este sábado 22 de junio se cumplirán 21 años de la tragedia, y la respuesta de los gobiernos y sus fiscalías continúa siendo el irresponsable silencio.

En este contexto, Francisco no sólo fue víctima de los asesinos materiales e intelectuales del CAF que lo privaron de la vida. Muerto, las autoridades estatales y federales decidieron revictimizarlo con la ausencia de justicia. Y esta impunidad alcanza a las otras víctimas, su familia, Gabriela su viuda y sus tres hijos hoy adultos con vidas hechas, quienes también han sido expuestos al desdén gubernamental.

Hace cuatro años, el 15 de febrero del 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la familia Ortiz enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informando su “voluntad de iniciar un proceso de solución amistosa” con el Estado Mexicano para la reparación del daño sufrido por la familia.

En aquel momento, la CIDH remitió un comunicado al Gobierno Federal, informando que había decidido “ponerse a disposición de ambas partes con miras a alcanzar una solución amistosa” y solicitó a la Federación “tenga a bien manifestar, dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, si tiene interés en iniciar el procedimiento”. Cuatro años y cuatro meses después, el Estado continúa sin responder.

Sin la participación del gobierno, el 20 de febrero de 2025, la CIDH informó “que el caso se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo”, los que únicamente significa que la CIDH podrá pronunciarse sobre el asunto “con base en la información disponible en el expediente”.

Ante el evidente desaire del Gobierno Federal, se le preguntó a Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), si han explorado algún otro camino para buscar el resarcimiento del daño; el representante de periodistas explicó que si la CIDH emite un informe con recomendaciones al Estado y éstas no se cumplen en un plazo razonable, la Comisión podría decidir, someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así las cosas. Después de 21 años, la indolencia del gobierno continúa ampliando, extendiendo, el camino de impunidad que la familia sigue recorriendo.

Por eso, de nuevo, como se ha hecho de manera permanente desde el año 2004, esta casa editora exige a los gobierno y fiscalías estatal y federal, que continúen la carpeta de investigación que irresponsablemente mantienen abandonada; que identifiquen a los autores materiales e intelectuales, los procesen, que los castiguen. Y cumplan con su obligación de atender a la familia Ortiz con el respeto que merecen todas las víctimas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Homicidio "'en vivo" de la influencer Valeria Márquez cumple un mes; sigue sin esclarecerse

A un mes del suceso no se han emitido órdenes de aprehensión, aunque las autoridades han entrevistado a más de 30 personas, incluyendo a Vivian de la Torre, amiga de Valeria.

Este viernes 13 de junio se cumplió un mes del homicidio de la influencer Valeria Márquez, de 23 años, asesinada durante una transmisión en vivo. Hasta el momento, no se han girado órdenes de aprehensión. Existen al menos tres líneas de investigación y han declarado 30 personas, entre ellas amigas y trabajadoras de la estética donde ocurrió el crimen.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, indicó que han "trabajado de forma intensa" para tratar de esclarecer el caso y mencionó que la carpeta de investigación es voluminosa, consistente en tres tomos.

"Es un tema que nos ha absorbido bastante tiempo y trabajo en materia de investigación de campo y de inteligencia. La carpeta de investigación está conformada por tres tomos, en cuanto a entrevistas, análisis de videos y trabajo forense. Hemos realizado un gran esfuerzo para tratar de resolver este homicidio que ha sido, ciertamente, complejo de investigar, pero creo que ya tenemos muchos avances y espero que pronto podamos tener noticias", expresó. 

Sin embargo, el funcionario estatal no quiso revelar más detalles sobre el rumbo de las líneas de investigación. Indicó que existen varios enfoques y agregó que prefirió no dar más información para evitar la revictimización de Valeria Márquez. 
"Sería muy aventurado en este momento proporcionar detalles, ya que queremos mantener el éxito de la investigación. Prefiero omitir esta parte no porque no deseemos compartirla, sino por el principio de sigilo de la investigación", señaló González de los Santos. 
La Fiscalía del Estado de Jalisco inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la naturaleza del crimen y el contexto de violencia de género en el país. A un mes del suceso no se han emitido órdenes de aprehensión, aunque las autoridades han entrevistado a más de 30 personas, incluyendo a Vivian de la Torre, amiga de Valeria, y a una empleada identificada como Erika, quienes estaban presentes o conectadas al momento del ataque, respectivamente.
"Puedo mencionar en lo general lo que se ha hecho, pero ha sido un trabajo intenso que continúa. Casi a diario realizamos operativos de búsqueda de campo, análisis de información y entrevistas a personas, lo cual ha hecho que este expediente sea tan voluminoso. Quiero dejar claro que hemos estado comprometidos desde el primer día para tratar de esclarecer este hecho", declaró el fiscal estatal. 
Valeria Márquez, conocida en redes sociales por su contenido de belleza y estilo de vida, se encontraba interactuando con sus seguidores en su negocio, "Blossom The Beauty Lounge", ubicado en la colonia Real del Carmen, Zapopan.

Cabe recordar que, durante la transmisión, tras expresar un "mal presentimiento" y preocupación por un paquete misterioso, se perpetró el ataque. Un hombre, presuntamente haciéndose pasar por repartidor, ingresó al establecimiento y le disparó al menos en tres ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Absuelven a cuatro policías acusados de presunta desaparición forzada y homicidio de tres jóvenes en Romita, Guanajuato, en 2023

Un juez absolvió a los policías, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGE) no pudo comprobar que presuntamente los hayan entregado a un grupo criminal, ni que los hayan amenazado.

Cuatro policías de Romita, Guanajuato, fueron liberados tras haber sido acusados de desaparición forzada y homicidio del matrimonio conformado por Daniela Castro y Juan Pablo Vargas, de 27 y 25 años, y de Carlos Esteban Rocha Anguiano de 25.

El pasado 11 de enero de este año, el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado, Alfonso Israel Valdez Alvarado, liberó a cuatro expolicías de Romita que habían sido acusados por el delito de desaparición forzada, incluido el entonces director de Policía de dicho municipio, pues la Fiscalía no pudo sostener mediante pruebas que existieron amenazas previas y que las personas detenidas fueron entregadas a un grupo delincuencial.

Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en una fosa clandestina el pasado 23 de febrero de 2023, en la zona de El Escoplo, en el Rancho El Refugio.

Caso de los jóvenes en Romita, Guanajuato

De acuerdo con la Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato, el 19 de febrero de 2023 a las 19:00 horas, las víctimas viajaban en un automóvil, cuando colisionó con otro que se encontraba estacionado en la calle. Al lugar de los hechos arribaron agentes de la policía vial para proporcionar asistencia, pero la víctima refiere al oficial que ya se están arreglando con los propietarios del vehículo y que su presencia no es necesaria.

“Posteriormente por un grupo de Whats App, el comisionario de Seguridad Pública de Romita es informado del suceso. Momentos después el mismo comisionado arriba al lugar y procede a detener a la víctima que conducía el vehículo en estado de ebriedad, remitiendo al mismo a la estación de policía de Romita”, señala la plataforma.

Añadió que, en testimonios de los declarantes, el comisionario declaró a la víctima que ya lo estaban buscando y que sería entregado al crimen organizado.

“A la estación de policía arribaron los otros dos ofendidos, con la intención de averiguar qué había ocurrido con la primera víctima. Ambos son detenidos y remitidos a la jueza cívica, pero ninguna de las detenciones es registrada en el Sistema Nacional de Detenciones, es archivada de manera física”, indicó.

Detalló que a las 23:00 horas de ese mismo día, arribó hasta las instalaciones de Seguridad Pública un vehículo de motor del cual descendieron varias personas y uno de ellos se identificó como el hermano de las víctimas, “que está ahí” para pagar la multa

“Pero que prefiere no entrar en las instalaciones”, refiere.

En ese sentido, dicho familiar entregó el dinero de las multas al elemento de la policía municipal y por mandato de una jueza cívica, son “liberados”.

“En esa la madrugada del día 20 de febrero, se presentan a la estación de policía los padres de los afectados, a los cuales se les informa que sus familiares ya fueron liberados por otro pariente. El comisario, al ser cuestionado por los padres asegura que no puede proporcionar más información de los eventos que acontecieron, ni del paradero de sus seres queridos”, aclaró la plataforma.

Según Valdez Alvarado, y que hubiera existido negativa a informar sobre la detención.

Violencia en Guanajuato

El estado del bajío ha sido recrudecido por la violencia en los últimos días, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la localización de 17 cuerpos en fosas clandestinas en una vivienda en la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, en el municipio de Irapuato.

Además, la madrugada del 19 de mayo, se registró un ataque armado en la comunidad de San Bartolo, en el municipio de San Felipe, que dejó como saldo siete muertos, todos del sexo masculino, informó el ayuntamiento.

En ese contexto, Guanajuato se mantiene a la cabeza como el estado más violento: en 2024 registró 3 mil 151 asesinatos y entre enero y abril de este año hubo mil 260, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La entidad junto con Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco, concentran más de la mitad de los homicidios en el país.

La violencia persiste a pesar de que a finales de marzo la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que, tras la visita del Gabinete de Seguridad federal, se acordó la creación de dos grupos especializados en materia de seguridad.

El primero de ellos, detalló, es liderado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se encarga de la ministerialización de las causas penales, esto significa que los operativos tengan como resultado más órdenes de aprehensión y más sentencias condenatorias.

El segundo, el cual es mixto y está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), coordina operaciones especiales, principalmente en los municipios de atención prioritaria, y tiene apoyo del Grupo de Inteligencia Operativa del Estado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

SCJN blinda a Yasmín Esquivel y a Arturo Zaldívar contra investigaciones en su contra

La resolución aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte el 3 de marzo en sesión privada, también protege a la ministra presidenta Norma Piña.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) blindó a la ministra Yasmín Esquivel Mossa y al ministro en retiro, Arturo Zaldívar contra la investigación de las denuncias que fueron presentadas en su contra.

Esquivel Mossa, fue denunciada en enero de 2023 por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura y con la que se tituló en el año 1987; mientras que Zaldívar, fue denunciado en el año 2024 por supuestamente encabezar una red de tráfico de influencias durante su presidencia en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

La resolución aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte el 3 de marzo pasado en sesión privada, también protege a la ministra presidenta Norma Piña quien fue denunciada por Zaldívar en abril de 2024 por supuestamente interferir en la elección presidencial a favor de la excandidata panista, Xóchitl Gálvez.

“Este Tribunal Constitucional determina que lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 9/2005 ya no se encuentra vigente para atender las quejas y/o denuncias ciudadanas en que se atribuya responsabilidad administrativa a alguna ministra o ministro de este Alto Tribunal.

“Por tanto, las quejas y/o denuncias ciudadanas en las que se atribuyan alguna responsabilidad administrativa en contra de alguna Ministra o Ministro, ya sea en funciones o en retiro, deben ser remitidas a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento, teniendo como referente lo determinado en la presente consulta a trámite”, establece la resolución cuyo proyecto fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

En su resolución el ministro precisó que la ley establece que los integrantes del Pleno cuentan con fuero que los protege contra acusaciones de responsabilidad política y penal e incluso frente a su propia renuncia, pero no especifica qué pasa con acusaciones de responsabilidad administrativa.

Añadió que el acuerdo General 9/2005 facultaba al Pleno de la Corte para investigar las acusaciones de posibles responsabilidades administrativas en contra de los ministros, pero que a partir de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya dejó de tener vigencia debido a que esa facultad fue transferida al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que entrará en funciones el 1 de septiembre próximo y ni siquiera es aplicable a estos casos.

“Actualmente ya no se sostiene la vigencia del Acuerdo General Plenario 9/2005, tratándose de faltas administrativas atribuidas a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ello es así, ante la inexistencia de un marco legislativo que desarrolle y precise el procedimiento sancionador aplicable a dichos juzgadores, así como el tipo de faltas administrativas que les pueden ser atribuidas (incluyendo su gravedad) y las sanciones susceptibles de imponerse”, indica.

“No pasa inadvertido lo dispuesto en el artículo 97 constitucional en su redacción vigente a partir de septiembre de dos mil veinticuatro, en el sentido de que ‘Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada’. Sin embargo, esa disposición no puede ser interpretada de manera aislada, sino en correlación con el resto de las disposiciones que campean en la materia. Concretamente, tratándose de ministras y ministros, también debe observarse lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Federal, en lo relativo a que las ministras y ministros de la Suprema Corte solo podrán ser removidos de sus cargos en los términos del Título Cuarto de la propia Ley Fundamental, en correlación con el cúmulo de garantías judiciales especialmente reforzadas para tales impartidores de justicia”.

Es decir, que pese a que la facultad le fue conferida al TDJ para investigar a los ministros, estos sólo pueden ser removidos de sus cargos por causas graves y a través de un juicio político o declaratoria de procedencia.

“Sin que lo anterior implique dotar de impunidad alguna a dichos impartidores de justicia, pues como ya se destacó, sí pueden ser sujetos de responsabilidad penal en términos de lo previsto por el artículo 111 de la Constitución Federal, o bien, ser sometidos a responsabilidad política de conformidad con el diverso artículo 110 del mismo ordenamiento”, enfatiza el fallo.

“Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se les ha conferido. Aunado a que la falta de ese desarrollo legislativo no puede ser subsanada a través de un Acuerdo General Plenario, como el 9/2005, que motivó la apertura de la presente consulta a trámite”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.