Silvia Delgado, aspirante al distrito 12 en la elección local, propuesta por el Poder Ejecutivo estatal -abogada de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa-, se perfilaba, hasta el 17 de junio de 2025, como una de las nuevas juezas locales en materia penal en Chihuahua.
Con el 86 por ciento de las actas computadas, la abogada del capo sinaloense ocupaba la segunda posición del Distrito 5, con cabecera en Ahumada, con 18 mil 999 votos. En ese Distrito ganarían las cinco mujeres y cinco hombres que obtuvieran el mayor número de sufragios.
“Estoy convencida que para ser juez no sólo se necesita preparación, se requiere carácter y temple para tomar las decisiones de manera imparcial, pero sobre todo: darle el valor que se merecen las personas”, afirmó la candidata a jueza penal, en su propaganda de campaña.
La organización no gubernamental Defensorxs advirtió que la candidata a juez penal en Chihuahua, aspirante al distrito 12 en la elección local, propuesta por el Poder Ejecutivo estatal, se integró al equipo de defensa de “El Chapo”, en agosto de 2016.
“Durante su participación en el caso, promovió un amparo en diciembre de 2016 solicitando una cobija adicional para su cliente, argumentando que las bajas temperaturas en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 9 de Ciudad Juárez afectaban su bienestar”, acusó la ONG.
“En enero de 2017, también denunció que un custodio del penal acosaba a Guzmán Loera durante las revisiones, aunque otro de los abogados del equipo desmintió que el narcotraficante hubiera denunciado haber sufrido acoso sexual”, indicó la organización no gubernamental.
Defensorxs aseguró que la aspirante trabajó con los abogados José Refugio Rodríguez Núñez y Andrés Granados Flores, quienes también fueron los principales defensores de “El Chapo” en México, incluyendo su proceso de extradición.
“Bajo la coordinación de estos abogados, su papel consistió en servir como enlace directo con Guzmán Loera, revisando amparos interpuestos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica”, apuntó la organización no gubernamental.
La ONG aseguró que la llegada de abogados con este perfil se debía a una elección judicial sin filtros reales. “En este momento, tal vez lo único que puede impedir que llegue al puesto es un litigio. En Defensorxs estamos buscando a los competidores de Silvia Delgado para que firmen un juicio contra su victoria por su inelegibilidad”, subrayó.
El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa admitió a trámite, el 6 de marzo de 2025, un amparo interpuesto, dos días antes, por la defensa de “El Chapo”, para impugnar la negativa del Gobierno de México a tramitar su repatriación desde Estados Unidos, donde estaba preso desde el 20 enero de 2017 y purgaba una condena de cadena perpetua.
El diario Reforma, que informó del hecho, recordó que la solicitud de repatriación fue presentada por los abogados del capo sinaloense, desde el 10 de enero de 2023, ante la Embajada de México en Estados Unidos.
Según el mismo rotativo, en la lista del Juzgado, se señaló como responsable a Antonieta del Rosario Osorio Morales, directora de Cooperación Penal Internacional en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El Reforma detalló que aunque admitió la demanda, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó una suspensión contra cualquier acción del Gobierno mexicano, a favor o en contra, en dicho caso.
Según el citado rotativo, “El Chapo” sí tendría el derecho legal a ser repatriado, ya que así lo preveían el artículo 18 de la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Tratado México-Estados Unidos sobre Ejecución de Sentencias Penales, firmado en 1977.
“Estas normas permiten la repatriación de reos ya condenados por sentencia inapelable, con al menos seis meses pendientes por compurgar, y han sido aplicadas en decenas de ocasiones para traer a México a delincuentes procesado en el país vecino”, indicó Reforma.
“Pero estos traslados requieren aprobación de ambos gobiernos, y en el caso de México, no solo la gestión de la SRE, sino el aval del Órgano de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridad responsable de las dos cárceles federales de las que ‘El Chapo’ se fugó en 2001 y 2015”, abundó el mismo diario.
El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, el 18 de enero de 2023, revisar la carta que José Refugio Rodríguez Núñez, abogado defensor de Guzmán Loera, envió, el día 10 del mismo mes y año, a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Embajada de México en Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseveró que el tema ya era analizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Asimismo, señaló que se trataba de un asunto de derechos humanos.
“Lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de hacer la declaración el abogado, según me informan, con Ciro Gómez Leyva, ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al Embajador de México en Estados Unidos, creo que el día 10 de este mes, entonces, Esteban envío la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a quien corresponde, el encargado de América del Norte [Roberto Velasco Álvarez] ya tiene está viendo este asunto, se va a revisar”, dijo el entonces mandatario nacional.
“Hay que ver, yo respeto mucho esa postura, pero cuando se trata de derechos humanos, hay vías e instancias internacionales, entonces, no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, hay que ver si procede o no procede, si tenemos posibilidades de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico todo eso, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar”, agregó el político tabasqueño.
Un reportero le preguntó al entonces presidente de la República cómo procedería el Gobierno mexicano frente a la petición del ex líder del Cártel de Sinaloa, ya que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón comentó que sería difícil intervenir, ya que Guzmán Loera estaba cumpliendo una sentencia en EE.UU.
“A cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, nada más hay que ver si procede, no procede, si tenemos como lo menciona Marcelo nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar”, puntualizó López Obrador.
La Embajada de México en Estados Unidos confirmó, el 17 de enero de 2022, que Rodríguez Núñez, abogado defensor de “El Chapo”, hizo llegar, el día 10 del mismo mes y año, un mensaje de su cliente -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos-, a través de un correo electrónico.
La representación diplomática mexicana detalló que el mensaje electrónico no se trataba de una carta escrita por el ex líder Cártel de Sinaloa, como había dicho el litigante.
“El pasado 10 de enero, esta Embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes (aic), quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera. No se recibió carta alguna del Sr. Loera. El correo se turnó a la Cancillería, por ser un tema de su competencia”, escribió la Embajada mexicana -cuyo titular era Esteban Moctezuma Barragán-, en su cuenta de la red social Twitter.
Por otra parte, Marcelo Ebrard Casaubón, entonces titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, aseguró, también el 17 de enero de 2023, que no le veía posibilidades a la petición que realizó el capo sinaloense, para que el Gobierno Federal solicitara a su homólogo de Estados Unidos, el traslado del ex líder del Cártel de Sinaloa a México.
“Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces, no le veo posibilidades, francamente”, señaló el entonces canciller, durante una entrevista informal con medios de comunicación. Sin embargo, dijo que revisaría el tema con la Fiscalía General de la República (FGR).
Mientras que el titular de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, indicó que se analizaría la petición de Guzmán Loera, como cualquier otra, aunque detalló que la decisión correspondía al Poder Judicial de la Federación (PJF), como ocurría con todas las extradiciones.
Rodríguez Núñez, abogado defensor de “El Chapo”, hizo llegar, el 17 de enero de 2023, un mensaje de su cliente -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos- al Gobierno de México, en el cual solicitó intervenir jurídicamente para solicitar su regreso a México, ante las supuestas condiciones inhumanas en las que vivía en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el litigante explicó que a solicitud del ex líder del Cártel de Sinaloa, escribió una carta dirigida al presidente López Obrador, en la cual solicitó, además, que el Gobierno Federal reparara las violaciones cometidas durante la Administración de Enrique Peña Nieto, buscando que Guzmán Loeara regresara a una cárcel en México.
El abogado defensor describió que “El Chapo” fue entregado a las autoridades de Estados Unidos por Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en enero de 2017, sin siquiera haber tenido derecho a su garantía de audiencia.
Rodríguez Núñez agregó que, en ese momento, el capo sinaloense vivía en condiciones degradantes e inhumanas, ya que desde que fue trasladado a EE.UU. se encontraba totalmente aislado, sin siquiera ver la luz del Sol, ni la oportunidad de mantener comunicación con su abogada, sus hijas, su hermana o su madre.
Además, según describió el litigante defensor del capo sinaloense, durante los seis años que “El Chapo” llevaba en Estados Unidos, solo había podido recibir seis visitas y había recibido tres cartas, mientras que los demás presos recibían cinco o seis visitas al mes.
“En los 6 años que Joaquín se encuentra en los Estados Unidos, no ha visto el Sol. De marzo a la fecha le han autorizado seis o siete llamadas con su abogada, sus niñas, su hermana y madre. Ha recibido sólo tres visitas, ha recibido sólo tres cartas y él solo ha mandado una; a los demás presos les dan cinco o seis visitas al mes, él solo ha tenido cinco o seis desde que se encuentra detenido en Estados Unidos”, narró el abogado.
“De abril a la fecha lo han sacado un corralito que mide dos metros de ancho por 2.5 de largo, una vez por semana, máximo tres veces a la semana por 2 horas, pero no le pega el Sol. La comida es de pésima calidad, nunca ha tenido visita de derechos humanos, no hay salud, estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo, se las sacaron para que no estuviera molestando”, describió el litigante.
“No le permiten comunicación con los con los otros internos del lugar en donde se encuentra detenido, la situación de él se traduce en una en una tortura psicológica, porque se encuentra segregado en su celda, sí tiene una televisión, pero como no habla inglés, dice que realmente tiene acceso a dos canales en español y pues a él le duele esta situación”, agregó el abogado.
El litigante explicó que existía un Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que obligaba al Estado mexicano vigilar cada seis meses, las condiciones en que se encontraba el capo sinaloense, esto por haberlo entregado a las autoridades de EE.UU., a través de un proceso de extradición. Sin embargo, esto no había sucedido.
Ante ello, el abogado defensor dijo que el “Chapo”, a través de su abogada en Estados Unidos, Mariel Colón y de su hermana Rosa Isela Guzmán Loera, le habían hecho llegar varios mensajes del ex líder del Cártel de Sinaloa, solicitándole luchar por su regreso a México.
“Joaquín fue lo que me pidió a través de mensajes verbales, porque no por escrito, que luchará por su regreso a México […] Yo sigo siendo su abogado de Joaquín Guzmán, tanto en los procesos penales, como en el procedimiento de extradición, con ese carácter yo voy a hacer un planteamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un fundamento legal”, explicó Rodríguez Núñez.
Asimismo, el abogado relató que las condiciones inhumanas y el trato que supuestamente recibe “El Chapo” en EE. UU., ya fueron denunciadas ante el titular de la Embajada de México en Estados Unidos, Moctezuma Barragán, a través de una carta que él mismo escribió y envió el 10 de enero de 2023, de la cual, hasta ese momento, no había recibido respuesta alguna.
“La carta que se la envié al señor embajador, es haciéndole hincapié en que condiciones fue entregado Joaquín Guzmán a Estados Unidos, también que está sufriendo un tormento psicológico y hasta cierto punto físico”, insistió el litigante.
“Lo que [Guzmán Loera] pide al presidente López Obrador es que ponga atención en esa conducta de violación de derechos humanos en que incurrió el Gobierno de Peña Nieto, y en especifico Videgaray, al entregarlo con flagrante violación a su garantía de audiencia, para ser juzgado en Nueva York, sin haberse defendido en México”, abundó el abogado.
Por ello, el litigante solicitó a Moctezuma Barragán “interceda en busca de un trato humano para su defendido, a efecto de que cese la tortura psicológica de que es víctima su representado, ya que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles inhumanos”.
“El señor Joaquín no sabe de derecho, pero sí sabe de sufrimiento, sí sabe lo que vivió en México y lo que está viviendo en Estados Unidos, si aquí en México se le trato mal y él pretende regresar a una prisión mexicana, es porque el trato es peor en Estados Unidos”, finalizó Rodríguez Núñez.
Guzmán Loera fue extraditado a territorio estadounidense desde México, durante el último día de la Administración del ex presidente Barack Obama -el 20 de enero de 2017-, luego, el febrero de 2019, fue encontrado culpable, por un jurado, de 10 cargos por narcotráfico, durante un proceso criminal en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
El 18 de julio de 2019, el juez Brian M. Cogan condenó a “El Chapo” a cadena perpetua. Desde entonces, el cofundador del Cártel de Sinaloa estaba encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”.
