Oaxaca, Oax. El grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), surgido en Guerrero a finales de 2013, hizo un llamado a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación: Desde nuestra trinchera ponemos a su disposición la voluntad de accionar de manera coordinada en la lucha para contrarrestar el embate del gobierno asesino y represor que encabeza el sátrapa, ratero y vendepatria Enrique Peña Nieto.
En un comunicado, las FAR-LP consideró que la reforma educativa es más una imposición de la administración federal, cuyo objetivo es privatizar la educación.
El magisterio popular de Oaxaca no está solo, indicó.
El grupo insurgente advirtió a los gobiernos federal y estatal que no será una tarea sencilla si están planeando reprimir.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ.
sábado, 22 de agosto de 2015
La culpa es de otros, resume Videgaray, ante el PRI, la caída del peso y de la economía
Ciudad de México, 22 de agosto: El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, aseguró este día que el problema de las finanzas públicas en el país se debe a dos factores externos: la caída histórica que en los últimos meses ha registrado el precio del petróleo y el aumento del dólar.
“El problema evidente en nuestras finanzas públicas es por el sector petrolero”, aseguró el Secretario durante la reunión plenaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo, dijo que el Gobierno Federal prepara una estrategia para que estos factores no afecten en los bolsillos de los mexicanos como ha ocurrido en épocas anteriores en las devaluaciones del peso. Consideró que en estos momentos sería irresponsable un endeudamiento público y destacó que las reformas que promovió el presidente Enrique Peña Nieto servirán para enfrentar los problemas económicos del país.
Videgaray llamó al Legislativo a actuar con responsabilidad en la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2016 y evitar caer en la tentación de avalar supuestos o que se basen en optimismos infundados.
Analistas e investigadores, sobre todo extranjeros, dijeron la semana pasada a medios internacionales que la economía de México camina hacia una “tormenta perfecta” por factores externos pero, además, por la crisis de credibilidad que existe en los actores económicos en el Gobierno mexicano.
Ayer, el dólar en ventanillas sumó una semana entera de marcas históricas: el lunes cerró en 16.77 pesos y para este viernes alcanzó los 17.28. Mientras el interbancario se ubicó en el último día de la semana en 16.9115, luego de haber iniciado la semana en 16.4190 pesos por unidad.
Durante agosto la moneda mexicana registra una baja de 13.5 por ciento y en un año de 27.58 por ciento.
Por su parte, el precio del petróleo también ha alcanzado mínimos no vistos desde 2009. Para la agencia especializada Reuters, el barril de West Texas Intermediate (WTI) consiguió su octava semana de retrocesos, la racha a la baja más duradera desde 1986.
Este viernes, la mezcla mexicana se ubicó en los 37.50 pesos por barril.
La crisis de sobreproducción a nivel mundial y la oleada de caídas de las cotizaciones en todo el mundo causada por las preocupaciones sobre el estado de la economía de China, tuvieron un efecto en el precio del combustible que se ha devaluado en un 70 por ciento en más de un año.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-08-2015/1459610.
“El problema evidente en nuestras finanzas públicas es por el sector petrolero”, aseguró el Secretario durante la reunión plenaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo, dijo que el Gobierno Federal prepara una estrategia para que estos factores no afecten en los bolsillos de los mexicanos como ha ocurrido en épocas anteriores en las devaluaciones del peso. Consideró que en estos momentos sería irresponsable un endeudamiento público y destacó que las reformas que promovió el presidente Enrique Peña Nieto servirán para enfrentar los problemas económicos del país.
Videgaray llamó al Legislativo a actuar con responsabilidad en la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2016 y evitar caer en la tentación de avalar supuestos o que se basen en optimismos infundados.
Analistas e investigadores, sobre todo extranjeros, dijeron la semana pasada a medios internacionales que la economía de México camina hacia una “tormenta perfecta” por factores externos pero, además, por la crisis de credibilidad que existe en los actores económicos en el Gobierno mexicano.
Ayer, el dólar en ventanillas sumó una semana entera de marcas históricas: el lunes cerró en 16.77 pesos y para este viernes alcanzó los 17.28. Mientras el interbancario se ubicó en el último día de la semana en 16.9115, luego de haber iniciado la semana en 16.4190 pesos por unidad.
Durante agosto la moneda mexicana registra una baja de 13.5 por ciento y en un año de 27.58 por ciento.
Por su parte, el precio del petróleo también ha alcanzado mínimos no vistos desde 2009. Para la agencia especializada Reuters, el barril de West Texas Intermediate (WTI) consiguió su octava semana de retrocesos, la racha a la baja más duradera desde 1986.
Este viernes, la mezcla mexicana se ubicó en los 37.50 pesos por barril.
La crisis de sobreproducción a nivel mundial y la oleada de caídas de las cotizaciones en todo el mundo causada por las preocupaciones sobre el estado de la economía de China, tuvieron un efecto en el precio del combustible que se ha devaluado en un 70 por ciento en más de un año.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-08-2015/1459610.
La respuesta de SEGOB que nunca llegó
Es inédito que se reúnan 400 firmas de periodistas e intelectuales. Es inédito que lo hagan para denunciar los altos índices de violencia contra la prensa en México. Lo hicieron a través de una carta dirigida a Enrique Peña. La carta era directa para denunciar el insostenible nivel de violencia contra los periodistas. Señala de manera puntual al gobernador Duarte y su aberrante récord de periodistas asesinados en Veracruz.
A la carta, también, le faltan dientes y desperdicia la oportunidad de demandar cosas concretas, acciones precisas que podrían acorralar al gobierno federal en su respuesta. Supongo que el tono fue el necesario para consensuar tantas mentes y firmas, pero no está de más decir que faltó garra. Sin embargo, si el objetivo era hacer evidente la preocupación internacional y colocar el tema en la agenda mediática, el hecho fue un éxito.
Días antes, el influyente diario neoyorquino, The New York Times, denunció en su editorial la zozobra que el multihomicidio de la colonia Narvarte ha provocado en el gremio periodístico. Describe cómo la prensa en México está bajo constante ataque y remata señalando de manera precisa la situación en Veracruz.
Ahí están, 400 intelectuales y un influyente diario denuncian una violencia sistemática y generalizada contra la prensa. Bienvenida la denuncia, porque la situación es verdaderamente insostenible. Pero, la mala noticia, es que parece ser que se puede poner peor porque no se ve ninguna fuerza en el horizonte que logre dar un golpe de timón a la situación actual.
Debería ser la oposición política la que aglutine la crítica a la situación. Deberían ser los partidos de oposición los que levanten las denuncias -de los 400 y del NYT- para poner contra la pared a la actual administración. Demandar acciones eficaces. Pero ya todos sabemos la inexistencia de una oposición real.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) fue la encargada, por parte del gobierno federal, de contestar la misiva de las 400 firmas. La respuesta en ningún sentido es satisfactoria. Llena de lugares comunes que buscan desviar la atención más que dar una respuesta a una crisis nacional. La SEGOB tuvo a bien dedicarle a la respuesta solamente 410 palabras vertidas en 40 líneas de texto. Parecerían un insulto de respuesta ante el abismal problema que presentaron los intelectuales.
La respuesta del gobierno mexicano debería ser puesta en duda por los mismo intelectuales. Deberían ser ellos los que alcen una vez más la voz para señalarle al gobierno que la respuesta es insatisfactoria. Sobre todo por un punto: en ningún momento de la carta el gobierno mexicano confirma que la violencia contra la prensa es un fenómeno que no han podido detener a pesar de todos los intentos. El reconocer el problema sería el primer e indispensable paso para sumar esfuerzos para buscar soluciones reales. Pero el gobierno optó por la retórica, las palabras fáciles y el camino de la mendacidad. Esa es la principal carencia de la respuesta. Pero imaginar una distinta sería imaginar un gobierno abierto, honesto y democrático. Mucha imaginación.
El gobierno federal afirmó en su respuesta: “El Gobierno de la República condena categóricamente las agresiones y ataques cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y colabora con las autoridades competentes en su esclarecimiento”.
Ese es el tema… no hay esclarecimiento. Por lo tanto, la colaboraciónes es más discursiva y para cuidar intereses políticos más que verdadermente atajar la impunidad. Y me surge una pregunta: ¿Si en verdad condena las agresiones, por qué el presidente Peña jamás ha salido a condenar algún homicidio de algún periodista, mientras sí lo hizo en el caso de Charlie Hebdo? No, no hay condena pública. Nunca la ha habido.
Continúa el gobierno: “El compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con la libertad de expresión se acredita todos los días. Respeta la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y comparte su preocupación por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista”.
Este párrafo de la carta a mí en particular me preocupa mucho. Primero porque el presidente no se asume como un jefe de estado, sino más bien como jefe de unos cuantos. Esto porque él puede tener un umbral de respeto alto, pero el hecho de que la libertad de expresión esté amenazada, coartada y bajo fuego en lugares como Veracruz, Guerrero y Quintana Roo es su problema también. Es decir, no asume la responsabilidad como jefe de Estado. Y eso nos debe de preocuparnos porque querrá decir que estamos en manos de los virreyes gobernadores.
Finaliza la respuesta gubernamental diciendo: “El Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, creado por disposición de ley, el 25 de junio de 2012, mantiene un proceso de fortalecimiento permanente, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de manera especial de Freedom House, una de las organizaciones con mayor prestigio a nivel internacional en materia de libertad de expresión y protección de personas”.
A esta fecha, el Mecanismo protege a 419 personas, 247 defensores o defensoras de derechos humanos y 172 periodistas.
El mecanismo no funciona. Podrá argumentar la Secretaría de Gobernación que está en un proceso de fortalecimiento, está bien, pero hoy por hoy no funciona como es requerido que un mecanismo funcione. Y si eso no se reconoce, después de 3 años, entonces no podremos deter el incremento regular de la violencia contra la prensa. El gobierno no debería -por más de 3 años- sostener una actitud victimizante sostenida en señalar esfuerzos más no resultados. Repito, la violencia crece, y un mecanismo solitario no podrá componer nada. Se necesita el respaldo político, la voluntad política que está ausente. En la respuesta del gobierno la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no mereció ni una sola palabra. Y no podemos culparlos, la Fiscalía no arroja ninguna buena noticia. Seis años de existencia y su eficacia para combatir la impunidad y conseguir castigo a los perpetradores de la prensa es prácticamente nula.
Enunciar que el mecanismo protege a 419 personas no quiere decir absolutamente nada. Aventar cifras así lo único que demuestra es la ausencia de un debate robusto sobre cómo está “protegiendo” el estado. Al respecto vale la pena citar un informe que un grupo de organizacones de la sociedad civil hicieron en relación con el funcionamiento del mecanismo de protección federal titulado: “Segundo diagnóstico sobre la implementación del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. El informe no tiene desperdicio y da contexto e información sobre cómo el mecanismo dice estar protegiendo. Enumera cuáles son las principales medidas de protección -que el gobierno luego presume – las cuales son botón de pánico o rondines policiacos. Decanta las limitaciones serias de un mecanismo muy presumido pero poco eficiente.
La presión internacional es básica para buscar medidas efectivas que combatan la violencia. La carta de los 400 fue importantísima, pero debería ser la primera de muchas. Al gobierno le importa lo que se diga afuera, a diferencia de lo que se dice adentro.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DARÍO RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/20-08-2015/38239.
A la carta, también, le faltan dientes y desperdicia la oportunidad de demandar cosas concretas, acciones precisas que podrían acorralar al gobierno federal en su respuesta. Supongo que el tono fue el necesario para consensuar tantas mentes y firmas, pero no está de más decir que faltó garra. Sin embargo, si el objetivo era hacer evidente la preocupación internacional y colocar el tema en la agenda mediática, el hecho fue un éxito.
Días antes, el influyente diario neoyorquino, The New York Times, denunció en su editorial la zozobra que el multihomicidio de la colonia Narvarte ha provocado en el gremio periodístico. Describe cómo la prensa en México está bajo constante ataque y remata señalando de manera precisa la situación en Veracruz.
Ahí están, 400 intelectuales y un influyente diario denuncian una violencia sistemática y generalizada contra la prensa. Bienvenida la denuncia, porque la situación es verdaderamente insostenible. Pero, la mala noticia, es que parece ser que se puede poner peor porque no se ve ninguna fuerza en el horizonte que logre dar un golpe de timón a la situación actual.
Debería ser la oposición política la que aglutine la crítica a la situación. Deberían ser los partidos de oposición los que levanten las denuncias -de los 400 y del NYT- para poner contra la pared a la actual administración. Demandar acciones eficaces. Pero ya todos sabemos la inexistencia de una oposición real.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) fue la encargada, por parte del gobierno federal, de contestar la misiva de las 400 firmas. La respuesta en ningún sentido es satisfactoria. Llena de lugares comunes que buscan desviar la atención más que dar una respuesta a una crisis nacional. La SEGOB tuvo a bien dedicarle a la respuesta solamente 410 palabras vertidas en 40 líneas de texto. Parecerían un insulto de respuesta ante el abismal problema que presentaron los intelectuales.
La respuesta del gobierno mexicano debería ser puesta en duda por los mismo intelectuales. Deberían ser ellos los que alcen una vez más la voz para señalarle al gobierno que la respuesta es insatisfactoria. Sobre todo por un punto: en ningún momento de la carta el gobierno mexicano confirma que la violencia contra la prensa es un fenómeno que no han podido detener a pesar de todos los intentos. El reconocer el problema sería el primer e indispensable paso para sumar esfuerzos para buscar soluciones reales. Pero el gobierno optó por la retórica, las palabras fáciles y el camino de la mendacidad. Esa es la principal carencia de la respuesta. Pero imaginar una distinta sería imaginar un gobierno abierto, honesto y democrático. Mucha imaginación.
El gobierno federal afirmó en su respuesta: “El Gobierno de la República condena categóricamente las agresiones y ataques cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y colabora con las autoridades competentes en su esclarecimiento”.
Ese es el tema… no hay esclarecimiento. Por lo tanto, la colaboraciónes es más discursiva y para cuidar intereses políticos más que verdadermente atajar la impunidad. Y me surge una pregunta: ¿Si en verdad condena las agresiones, por qué el presidente Peña jamás ha salido a condenar algún homicidio de algún periodista, mientras sí lo hizo en el caso de Charlie Hebdo? No, no hay condena pública. Nunca la ha habido.
Continúa el gobierno: “El compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con la libertad de expresión se acredita todos los días. Respeta la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y comparte su preocupación por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista”.
Este párrafo de la carta a mí en particular me preocupa mucho. Primero porque el presidente no se asume como un jefe de estado, sino más bien como jefe de unos cuantos. Esto porque él puede tener un umbral de respeto alto, pero el hecho de que la libertad de expresión esté amenazada, coartada y bajo fuego en lugares como Veracruz, Guerrero y Quintana Roo es su problema también. Es decir, no asume la responsabilidad como jefe de Estado. Y eso nos debe de preocuparnos porque querrá decir que estamos en manos de los virreyes gobernadores.
Finaliza la respuesta gubernamental diciendo: “El Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, creado por disposición de ley, el 25 de junio de 2012, mantiene un proceso de fortalecimiento permanente, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de manera especial de Freedom House, una de las organizaciones con mayor prestigio a nivel internacional en materia de libertad de expresión y protección de personas”.
A esta fecha, el Mecanismo protege a 419 personas, 247 defensores o defensoras de derechos humanos y 172 periodistas.
El mecanismo no funciona. Podrá argumentar la Secretaría de Gobernación que está en un proceso de fortalecimiento, está bien, pero hoy por hoy no funciona como es requerido que un mecanismo funcione. Y si eso no se reconoce, después de 3 años, entonces no podremos deter el incremento regular de la violencia contra la prensa. El gobierno no debería -por más de 3 años- sostener una actitud victimizante sostenida en señalar esfuerzos más no resultados. Repito, la violencia crece, y un mecanismo solitario no podrá componer nada. Se necesita el respaldo político, la voluntad política que está ausente. En la respuesta del gobierno la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no mereció ni una sola palabra. Y no podemos culparlos, la Fiscalía no arroja ninguna buena noticia. Seis años de existencia y su eficacia para combatir la impunidad y conseguir castigo a los perpetradores de la prensa es prácticamente nula.
Enunciar que el mecanismo protege a 419 personas no quiere decir absolutamente nada. Aventar cifras así lo único que demuestra es la ausencia de un debate robusto sobre cómo está “protegiendo” el estado. Al respecto vale la pena citar un informe que un grupo de organizacones de la sociedad civil hicieron en relación con el funcionamiento del mecanismo de protección federal titulado: “Segundo diagnóstico sobre la implementación del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. El informe no tiene desperdicio y da contexto e información sobre cómo el mecanismo dice estar protegiendo. Enumera cuáles son las principales medidas de protección -que el gobierno luego presume – las cuales son botón de pánico o rondines policiacos. Decanta las limitaciones serias de un mecanismo muy presumido pero poco eficiente.
La presión internacional es básica para buscar medidas efectivas que combatan la violencia. La carta de los 400 fue importantísima, pero debería ser la primera de muchas. Al gobierno le importa lo que se diga afuera, a diferencia de lo que se dice adentro.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DARÍO RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/20-08-2015/38239.
Violación a derechos minan confianza en instituciones: PGR
MÉXICO, D.F: La procuradora general de la República, Arely Gómez, reconoció que las múltiples violaciones a los derechos humanos ponen en riesgo el estado de protección de las garantías fundamentales, aparte de que lastiman a la sociedad y debilitan su confianza en las instituciones.
Durante la clausura de la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la titular de la PGR señaló que es indispensable un sistema de inteligencia que permita combatir el delito de manera eficaz, “un nuevo modelo que privilegie la utilización y el intercambio de información, que fortalezca las investigaciones y permita la construcción de casos jurídicamente sólidos”.
Este nuevo enfoque, confió, brindaría mayores incentivos a los Ministerios Públicos, quienes deberán lograr un mayor número de sentencias favorables en el combate a la delincuencia.
“Nuestra intención es entregar a los ciudadanos una Procuraduría transformada, con unidades especializadas donde la incorporación de nuevos elementos técnicos y científicos, además de un trabajo de inteligencia, generen certeza jurídica a las investigaciones”, ofreció.
Luego explicó que una gestión moderna debe estar soportada en cuatro ejes: procuración de justicia eficaz y eficiente; respeto a los derechos humanos; transparencia y rendición de cuentas, así como una debida implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
También advirtió que este último eje, que representa un cambio de paradigma en la procuración de justicia en el país, requiere de personal especializado y capacitado.
En el seno de este Consejo, abundó, se han construido protocolos de actuación en materia de implementación de este nuevo Sistema de Justicia Penal que otorguen certeza jurídica a quienes intervienen.
Prueba de ello, subrayó, es el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, que fue aprobado esta misma semana por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Así como este protocolo, argumentó, se han construido otros instrumentos de relevancia que confirman que el esfuerzo coordinado se traduce en ordenamientos eficientes.
En diciembre pasado, recordó, este Consejo también asumió el compromiso de trabajar en los protocolos de investigación en materia de desaparición forzada y tortura.
Enseguida admitió que la seguridad y la justicia son los reclamos sociales más sentidos de los mexicanos. “Recuperar la paz, la seguridad y la tranquilidad es una tarea que nos obliga a trabajar cotidianamente”.
Por último, aseguró que la confianza de la ciudadanía sólo puede ser recuperada sancionando a los responsables, garantizando la no repetición de hechos similares y definiendo los principios de actuación para una atención digna y respetuosa a las víctimas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Durante la clausura de la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la titular de la PGR señaló que es indispensable un sistema de inteligencia que permita combatir el delito de manera eficaz, “un nuevo modelo que privilegie la utilización y el intercambio de información, que fortalezca las investigaciones y permita la construcción de casos jurídicamente sólidos”.
Este nuevo enfoque, confió, brindaría mayores incentivos a los Ministerios Públicos, quienes deberán lograr un mayor número de sentencias favorables en el combate a la delincuencia.
“Nuestra intención es entregar a los ciudadanos una Procuraduría transformada, con unidades especializadas donde la incorporación de nuevos elementos técnicos y científicos, además de un trabajo de inteligencia, generen certeza jurídica a las investigaciones”, ofreció.
Luego explicó que una gestión moderna debe estar soportada en cuatro ejes: procuración de justicia eficaz y eficiente; respeto a los derechos humanos; transparencia y rendición de cuentas, así como una debida implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
También advirtió que este último eje, que representa un cambio de paradigma en la procuración de justicia en el país, requiere de personal especializado y capacitado.
En el seno de este Consejo, abundó, se han construido protocolos de actuación en materia de implementación de este nuevo Sistema de Justicia Penal que otorguen certeza jurídica a quienes intervienen.
Prueba de ello, subrayó, es el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, que fue aprobado esta misma semana por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Así como este protocolo, argumentó, se han construido otros instrumentos de relevancia que confirman que el esfuerzo coordinado se traduce en ordenamientos eficientes.
En diciembre pasado, recordó, este Consejo también asumió el compromiso de trabajar en los protocolos de investigación en materia de desaparición forzada y tortura.
Enseguida admitió que la seguridad y la justicia son los reclamos sociales más sentidos de los mexicanos. “Recuperar la paz, la seguridad y la tranquilidad es una tarea que nos obliga a trabajar cotidianamente”.
Por último, aseguró que la confianza de la ciudadanía sólo puede ser recuperada sancionando a los responsables, garantizando la no repetición de hechos similares y definiendo los principios de actuación para una atención digna y respetuosa a las víctimas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Conade contra las federaciones, y el deporte, en el caos
El director de la Conade, Alfredo Castillo, tardó casi medio año en realizar acciones concretas para el deporte mexicano. Pero su primera decisión de calado fue desconocer dos federaciones, lo que polarizó el ánimo de los directivos a menos de un año de los Olímpicos de Río 2016. Si bien buena parte de las agrupaciones deportivas están plagadas de irregularidades, el modo en que se toma esta medida ya comienza a afectar a los atletas, pone en entredicho el cumplimiento de la Carta Olímpica e ignora la inmensa responsabilidad que la propia Conade ha tenido a la hora de fomentar la opacidad, la corrupción y el amiguismo.
MÉXICO, D.F: La decisión de Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de “poner en orden” las asociaciones deportivas nacionales (federaciones) y a sus presidentes, creó un caos de indefinición jurídica en el que los atletas ya sufren los daños colaterales, a menos de un año de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
El primer coprotagonista de esta nueva confrontación en el deporte mexicano es Castillo, quien como máxima autoridad del deporte nacional acusa a los presidentes de las federaciones –con argumentos– de lucrar con los recursos públicos que reciben y de tomar decisiones técnicas que, lejos de llevar a la excelencia deportiva, van en detrimento de los resultados en competencias internacionales.
Por otro lado están las federaciones –la máxima autoridad técnica de la disciplina que representan– y sus dirigentes. Escudadas en el hecho de que son asociaciones civiles, se rehúsan a rendir cuentas sobre el dinero que reciben y generan.
Bajo un esquema aparentemente democrático, pues supuestamente rinden cuentas a una asamblea, algunos federativos se han perpetuado durante décadas en sus cargos, sin importar que su cosecha de medallas olímpicas sea raquítica o nula. La razón es que sus afiliados (las asociaciones estatales que conforman cada federación) siguen votando por ellos, en muchas ocasiones a cambio de prebendas o por simple amiguismo.
El tercer participante en este conflicto es otra asociación civil: el Comité Olímpico Mexicano (COM), que encabeza Carlos Padilla Becerra, responsable de vigilar el cumplimiento de la Carta Olímpica. Este documento contiene las reglas y principios del olimpismo, entre ellos respetar la autonomía de quienes integran este movimiento.
El lunes 10, a través de su cuenta de Twitter, Alfredo Castillo informó que la Conade inició un procedimiento para revocar el registro de la Federación Mexicana de Boxeo A.C. (Femexbox), que preside Ricardo Contreras, porque “presenta irregularidades en su documentación” y se detectaron “inconsistencias” en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade), es decir, en el padrón donde deben inscribirse todos los participantes en el deporte nacional, de acuerdo con lo ordenado en la Ley General de Cultura Física y Deporte (LCFD).
“Las federaciones están siendo revisadas tanto en sus estatutos como en el ejercicio de los recursos tal cual lo marca la ley”, añadió Castillo en otro tuit.
Al día siguiente, también mediante esta red social, Castillo desconoció a la Federación Mexicana de Luchas Asociadas (FMLA) porque no está inscrita en el Renade. De hecho, se refirió al director de la FMLA como “su supuesto dirigente, Artemio Izquierdo”.
“Desde este día, sólo se reconoce a la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas A.C. como asociación deportiva nacional”, escribió Castillo.
Aunque después la oficina de Comunicación Social de la Conade envió un par de boletines no ofreció ningún detalle extra sobre las irregularidades detectadas. Tampoco exhibió documentos que las demuestren.
Así, por ejemplo, es la palabra de Castillo contra la del presidente de la Femexbox, Ricardo Contreras, quien asegura que ni siquiera ha sido notificado oficialmente de su desafiliación, y presentó documentos firmados y sellados por la Conade, cuando la dirigía Jesús Mena, que certifican que está en orden.
Estos anuncios alarmaron a los presidentes de las federaciones, porque desde que Castillo asumió la dirección de la Conade, en abril de este año, comenzó a amedrentarlos con dejar de ministrarles dinero público ante la falta de comprobación de los recursos que recibieron en 2014.
(Fragmento del reportaje que publica la revista Proceso 2025, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA Y BEATRIZ PEREYRA.
MÉXICO, D.F: La decisión de Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de “poner en orden” las asociaciones deportivas nacionales (federaciones) y a sus presidentes, creó un caos de indefinición jurídica en el que los atletas ya sufren los daños colaterales, a menos de un año de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
El primer coprotagonista de esta nueva confrontación en el deporte mexicano es Castillo, quien como máxima autoridad del deporte nacional acusa a los presidentes de las federaciones –con argumentos– de lucrar con los recursos públicos que reciben y de tomar decisiones técnicas que, lejos de llevar a la excelencia deportiva, van en detrimento de los resultados en competencias internacionales.
Por otro lado están las federaciones –la máxima autoridad técnica de la disciplina que representan– y sus dirigentes. Escudadas en el hecho de que son asociaciones civiles, se rehúsan a rendir cuentas sobre el dinero que reciben y generan.
Bajo un esquema aparentemente democrático, pues supuestamente rinden cuentas a una asamblea, algunos federativos se han perpetuado durante décadas en sus cargos, sin importar que su cosecha de medallas olímpicas sea raquítica o nula. La razón es que sus afiliados (las asociaciones estatales que conforman cada federación) siguen votando por ellos, en muchas ocasiones a cambio de prebendas o por simple amiguismo.
El tercer participante en este conflicto es otra asociación civil: el Comité Olímpico Mexicano (COM), que encabeza Carlos Padilla Becerra, responsable de vigilar el cumplimiento de la Carta Olímpica. Este documento contiene las reglas y principios del olimpismo, entre ellos respetar la autonomía de quienes integran este movimiento.
El lunes 10, a través de su cuenta de Twitter, Alfredo Castillo informó que la Conade inició un procedimiento para revocar el registro de la Federación Mexicana de Boxeo A.C. (Femexbox), que preside Ricardo Contreras, porque “presenta irregularidades en su documentación” y se detectaron “inconsistencias” en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade), es decir, en el padrón donde deben inscribirse todos los participantes en el deporte nacional, de acuerdo con lo ordenado en la Ley General de Cultura Física y Deporte (LCFD).
“Las federaciones están siendo revisadas tanto en sus estatutos como en el ejercicio de los recursos tal cual lo marca la ley”, añadió Castillo en otro tuit.
Al día siguiente, también mediante esta red social, Castillo desconoció a la Federación Mexicana de Luchas Asociadas (FMLA) porque no está inscrita en el Renade. De hecho, se refirió al director de la FMLA como “su supuesto dirigente, Artemio Izquierdo”.
“Desde este día, sólo se reconoce a la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas A.C. como asociación deportiva nacional”, escribió Castillo.
Aunque después la oficina de Comunicación Social de la Conade envió un par de boletines no ofreció ningún detalle extra sobre las irregularidades detectadas. Tampoco exhibió documentos que las demuestren.
Así, por ejemplo, es la palabra de Castillo contra la del presidente de la Femexbox, Ricardo Contreras, quien asegura que ni siquiera ha sido notificado oficialmente de su desafiliación, y presentó documentos firmados y sellados por la Conade, cuando la dirigía Jesús Mena, que certifican que está en orden.
Estos anuncios alarmaron a los presidentes de las federaciones, porque desde que Castillo asumió la dirección de la Conade, en abril de este año, comenzó a amedrentarlos con dejar de ministrarles dinero público ante la falta de comprobación de los recursos que recibieron en 2014.
(Fragmento del reportaje que publica la revista Proceso 2025, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA Y BEATRIZ PEREYRA.
Vacacionistas de EU denuncian a agentes del INM por secuestro y extorsión
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga el caso de tres personas de nacionalidad estadunidense –dos de ellas menores de edad– quienes presuntamente fueron secuestradas y extorsionadas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Tabasco.
Lo anterior, luego de la queja interpuesta por un familiar de los agraviados, quien solicitó la intervención del organismo nacional con el fin de que se investiguen los hechos y no quede impune la agresión sufrida por dos jóvenes de 17 años de edad y por Diana Leal, de 39 años.
De acuerdo con la queja folio 840/15, los agraviados se encontraban en viaje de vacaciones por nuestro país y visitaron a sus familiares en Tabasco.
El pasado lunes 17, cuando viajaban en un autobús de pasajeros de regreso al estado de Texas, Estados Unidos, de donde son oriundos, fueron asegurados en el municipio de Huimanguillo por agentes del INM y trasladados a la estación migratoria de Villahermosa.
Visitadores de la oficina foránea de la CNDH en esa ciudad acudieron a dichas instalaciones y se entrevistaron con los quejosos, a efecto de recabar evidencia suficiente que permita acreditar la violación a los derechos humanos.
Uno de los jóvenes fue puesto en libertad y entregado a su madre biológica que es mexicana. Los otros dos agraviados –madre e hijo– serán trasladados a la estación migratoria del Distrito Federal, en Iztapalapa, a solicitud del Consulado norteamericano.
Una vez concluida la investigación y después del análisis y valoración de las evidencias, la CNDH emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
En tanto, el Instituto Nacional de Migración afirmó en un comunicado que es falso que agentes migratorios federales hayan secuestrado y extorsionado a vacacionistas norteamericanos.
Detalla que el pasado 17 de agosto del 2015 en un punto de revisión en Cárdenas, Tabasco se detectó a una mujer de nacionalidad estadunidense que viajaba con dos menores de edad, y que al momento de solicitarle su pasaporte y su forma migratoria múltiple de ingreso al país, dijo que no contaba con ninguno de esos documentos, además de que no acreditó que uno de los menores tuviera algún vínculo familiar, al carecer de cualquier documento probatorio, por lo que fue ingresada a la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, y los menores trasladados al DIF estatal.
De manera inmediata, el INM dio aviso al Consulado de la Embajada de Estados Unidos para su reconocimiento de nacionalidad y su repatriación, agrega el INM.
El Instituto precisó que en cumplimiento de sus atribuciones como marca la Ley de Migración y la Constitución Política de México, los extranjeros que administrativamente no acrediten su estancia legal, son presentados ante la autoridad migratoria correspondiente, independientemente de su nacionalidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Lo anterior, luego de la queja interpuesta por un familiar de los agraviados, quien solicitó la intervención del organismo nacional con el fin de que se investiguen los hechos y no quede impune la agresión sufrida por dos jóvenes de 17 años de edad y por Diana Leal, de 39 años.
De acuerdo con la queja folio 840/15, los agraviados se encontraban en viaje de vacaciones por nuestro país y visitaron a sus familiares en Tabasco.
El pasado lunes 17, cuando viajaban en un autobús de pasajeros de regreso al estado de Texas, Estados Unidos, de donde son oriundos, fueron asegurados en el municipio de Huimanguillo por agentes del INM y trasladados a la estación migratoria de Villahermosa.
Visitadores de la oficina foránea de la CNDH en esa ciudad acudieron a dichas instalaciones y se entrevistaron con los quejosos, a efecto de recabar evidencia suficiente que permita acreditar la violación a los derechos humanos.
Uno de los jóvenes fue puesto en libertad y entregado a su madre biológica que es mexicana. Los otros dos agraviados –madre e hijo– serán trasladados a la estación migratoria del Distrito Federal, en Iztapalapa, a solicitud del Consulado norteamericano.
Una vez concluida la investigación y después del análisis y valoración de las evidencias, la CNDH emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
En tanto, el Instituto Nacional de Migración afirmó en un comunicado que es falso que agentes migratorios federales hayan secuestrado y extorsionado a vacacionistas norteamericanos.
Detalla que el pasado 17 de agosto del 2015 en un punto de revisión en Cárdenas, Tabasco se detectó a una mujer de nacionalidad estadunidense que viajaba con dos menores de edad, y que al momento de solicitarle su pasaporte y su forma migratoria múltiple de ingreso al país, dijo que no contaba con ninguno de esos documentos, además de que no acreditó que uno de los menores tuviera algún vínculo familiar, al carecer de cualquier documento probatorio, por lo que fue ingresada a la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, y los menores trasladados al DIF estatal.
De manera inmediata, el INM dio aviso al Consulado de la Embajada de Estados Unidos para su reconocimiento de nacionalidad y su repatriación, agrega el INM.
El Instituto precisó que en cumplimiento de sus atribuciones como marca la Ley de Migración y la Constitución Política de México, los extranjeros que administrativamente no acrediten su estancia legal, son presentados ante la autoridad migratoria correspondiente, independientemente de su nacionalidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Hijo de alcalde arrolla y mata a motociclista; manipulan peritajes y sale libre en 24 horas
MÉXICO, D.F: Erick Fernando Monroy, hijo del alcalde priista de La Paz, Baja California, Francisco Javier Monroy Sánchez, es acusado de la muerte de un músico local durante un percance vehicular ocurrido la madrugada del pasado 31 de julio.
Usuarios de redes sociales denunciaron que Monroy habría sido encubierto por las autoridades tras haber arrollado con su camioneta tipo pick-up Dodge RAM al músico Jorge Tejero Villa, quien viajaba en una motocicleta.
Supuestamente las autoridades manipularon los peritajes, además de que 25 minutos después del accidente el cuerpo de la víctima ya había sido levantado y el hijo del alcalde ya tenía en su poder un certificado médico que aseguraba que conducía en estado “normal”.
Además, Monroy fue liberado por el agente del Ministerio Público en menos de 24 horas mientras que el músico fallecido fue declarado oficialmente responsable por el percance sucedido en la colonia Pueblo Nuevo.
Según el diario El Informante de Baja California, una semana después las autoridades habrían aceptado la presencia de Erick Fernando Monroy en los hechos.
El parte de la Dirección de Seguridad y Tránsito detalla que el accidente ocurrió por culpa de Jorge Tejero, quien no tuvo la precaución de hacer “alto de disco” al tratar de cruzar la calle en la que se produjo el fatal percance.
Además, el único testigo ocular del accidente cambió su declaración sobre el percance, según el diario El Informante.
El periodista Héctor Martín de la Rosa denunció en su cuenta de Facebook que Monroy conducía su camioneta a exceso de velocidad, a unos 50 kilómetros por hora en una zona donde el máximo permitido son 25 kilómetros por hora.
“El fallecido conocía muy bien las calles y avenidas de la localidad, y más esa fatídica esquina pues vivía a escasas 5 cuadras del lugar. Jorge Tejero trabajaba duro pues tenía tres hijos que educar y alimentar, pues su esposa sufre de una discapacidad que no le permite cocinar”, De la Rosa en la red social.
Según la versión oficial, el músico conducía una motocicleta Suzuki, modelo 2006, tipo turista, color azul, que circulaba de norte a sur sobre la calle Valentín Gómez Farías; omitió el señalamiento de alto, por lo que se impactó contra la camioneta tipo pick-up Dodge RAM, modelo 98, color gris, que era conducida por Erick Fernando Monroy.
De acuerdo con una nota del semanario Zeta, basado en el peritaje, la averiguación previa y opiniones de expertos, el caso está plagado de irregularidades como:
1.- El ocultamiento de la información sobre el percance y el sospechoso sigilo tanto del presunto responsable como de su padre, Francisco Javier Monroy Sánchez, respecto a los hechos.
2.- La premura con que fue agilizado el proceso. A las 12:50 am se reportó el choque, 10 minutos después, es decir, a la una de la mañana, arribó el perito y, 25 minutos después, 1:25 am, ya habían levantado a la víctima, las unidades involucradas y hasta elaborado el certificado médico del hijo del alcalde paceño, indicando que conducía en “estado normal”.
3.- El croquis ilustrativo no coincide con el parte del accidente, respecto a la dinámica de colisión entre la motocicleta del fallecido y la camioneta del vástago del político.
4.- El dictamen sobre la presunta velocidad con que conducía el joven de 24 años, y una dudosa voltereta después del impacto con la motocicleta, haciendo suponer que la moto iba tan veloz que sacó a la camioneta de su carril de rodamiento y la giró 180 grados, pero quedó sobre el mismo carril, en sentido contrario.
5.- La liberación en menos de 24 horas de Monroy, violentando así la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, por mandato, debió haber dejado detenido al hijo del alcalde hasta el término de la investigación y definir entonces su situación jurídica.
6.- El agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y representante de la sociedad, no investigó ni agotó todas las diligencias necesarias para recabar pruebas, testimonios y acreditar el cuerpo del delito, después de tener conocimiento de la muerte del músico, tal y como lo señala el Artículo 6 Fracción B y C de la Ley Orgánica del Ministerio Público, resolviendo solo por lo que visualmente observó la madrugada de la colisión en la escena del crimen y el peritaje elaborado por la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.
7.- El hoy cuestionado resultado del examen médico y de alcoholimetría. El agente del Ministerio Público no contrastó el certificado médico con versiones de testigos y omitió integrar en el expediente, de dónde venían la víctima y el hijo del alcalde a esas horas de la madrugada, lo que lo obligaba a citar a declarar testigos y comparar las versiones con los resultados del examen.
8.- No fueron integradas a la averiguación previa las grabaciones de dos cámaras de seguridad de comercios que captaron -a una y dos cuadras del accidente- el trayecto de la camioneta del hijo del edil, las cuales pueden ser clave para determinar con mayor precisión la forma en que era conducida y la velocidad aproximada de la unidad automotriz, previo al impacto.
La tarde de este viernes familiares y amigos del músico Jorge Tejero se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir un nuevo peritaje donde se esclarezcan las condiciones del accidente.
Además, piden al Ministerio Público que muestre la verdad de una forma “clara y objetiva” en un peritaje serio de qué fue lo que en realidad sucedió y aportando también a un perito experto en la materia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Usuarios de redes sociales denunciaron que Monroy habría sido encubierto por las autoridades tras haber arrollado con su camioneta tipo pick-up Dodge RAM al músico Jorge Tejero Villa, quien viajaba en una motocicleta.
Supuestamente las autoridades manipularon los peritajes, además de que 25 minutos después del accidente el cuerpo de la víctima ya había sido levantado y el hijo del alcalde ya tenía en su poder un certificado médico que aseguraba que conducía en estado “normal”.
Además, Monroy fue liberado por el agente del Ministerio Público en menos de 24 horas mientras que el músico fallecido fue declarado oficialmente responsable por el percance sucedido en la colonia Pueblo Nuevo.
Según el diario El Informante de Baja California, una semana después las autoridades habrían aceptado la presencia de Erick Fernando Monroy en los hechos.
El parte de la Dirección de Seguridad y Tránsito detalla que el accidente ocurrió por culpa de Jorge Tejero, quien no tuvo la precaución de hacer “alto de disco” al tratar de cruzar la calle en la que se produjo el fatal percance.
Además, el único testigo ocular del accidente cambió su declaración sobre el percance, según el diario El Informante.
El periodista Héctor Martín de la Rosa denunció en su cuenta de Facebook que Monroy conducía su camioneta a exceso de velocidad, a unos 50 kilómetros por hora en una zona donde el máximo permitido son 25 kilómetros por hora.
“El fallecido conocía muy bien las calles y avenidas de la localidad, y más esa fatídica esquina pues vivía a escasas 5 cuadras del lugar. Jorge Tejero trabajaba duro pues tenía tres hijos que educar y alimentar, pues su esposa sufre de una discapacidad que no le permite cocinar”, De la Rosa en la red social.
Según la versión oficial, el músico conducía una motocicleta Suzuki, modelo 2006, tipo turista, color azul, que circulaba de norte a sur sobre la calle Valentín Gómez Farías; omitió el señalamiento de alto, por lo que se impactó contra la camioneta tipo pick-up Dodge RAM, modelo 98, color gris, que era conducida por Erick Fernando Monroy.
De acuerdo con una nota del semanario Zeta, basado en el peritaje, la averiguación previa y opiniones de expertos, el caso está plagado de irregularidades como:
1.- El ocultamiento de la información sobre el percance y el sospechoso sigilo tanto del presunto responsable como de su padre, Francisco Javier Monroy Sánchez, respecto a los hechos.
2.- La premura con que fue agilizado el proceso. A las 12:50 am se reportó el choque, 10 minutos después, es decir, a la una de la mañana, arribó el perito y, 25 minutos después, 1:25 am, ya habían levantado a la víctima, las unidades involucradas y hasta elaborado el certificado médico del hijo del alcalde paceño, indicando que conducía en “estado normal”.
3.- El croquis ilustrativo no coincide con el parte del accidente, respecto a la dinámica de colisión entre la motocicleta del fallecido y la camioneta del vástago del político.
4.- El dictamen sobre la presunta velocidad con que conducía el joven de 24 años, y una dudosa voltereta después del impacto con la motocicleta, haciendo suponer que la moto iba tan veloz que sacó a la camioneta de su carril de rodamiento y la giró 180 grados, pero quedó sobre el mismo carril, en sentido contrario.
5.- La liberación en menos de 24 horas de Monroy, violentando así la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, por mandato, debió haber dejado detenido al hijo del alcalde hasta el término de la investigación y definir entonces su situación jurídica.
6.- El agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y representante de la sociedad, no investigó ni agotó todas las diligencias necesarias para recabar pruebas, testimonios y acreditar el cuerpo del delito, después de tener conocimiento de la muerte del músico, tal y como lo señala el Artículo 6 Fracción B y C de la Ley Orgánica del Ministerio Público, resolviendo solo por lo que visualmente observó la madrugada de la colisión en la escena del crimen y el peritaje elaborado por la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.
7.- El hoy cuestionado resultado del examen médico y de alcoholimetría. El agente del Ministerio Público no contrastó el certificado médico con versiones de testigos y omitió integrar en el expediente, de dónde venían la víctima y el hijo del alcalde a esas horas de la madrugada, lo que lo obligaba a citar a declarar testigos y comparar las versiones con los resultados del examen.
8.- No fueron integradas a la averiguación previa las grabaciones de dos cámaras de seguridad de comercios que captaron -a una y dos cuadras del accidente- el trayecto de la camioneta del hijo del edil, las cuales pueden ser clave para determinar con mayor precisión la forma en que era conducida y la velocidad aproximada de la unidad automotriz, previo al impacto.
La tarde de este viernes familiares y amigos del músico Jorge Tejero se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir un nuevo peritaje donde se esclarezcan las condiciones del accidente.
Además, piden al Ministerio Público que muestre la verdad de una forma “clara y objetiva” en un peritaje serio de qué fue lo que en realidad sucedió y aportando también a un perito experto en la materia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Anaya: México no necesita otro PRI
Si Ricardo Anaya será capaz de rescatar al PAN de la ignominia política electoral en la que está sumido desde 2009 cuando inició la caída de los votos azul hasta llegar a perder la elección presidencial del 2012 con un deshonroso tercer lugar nacional, es algo que está muy en duda.
No porque no le vean estatura política a un muchacho de 36 años, que el más alto cargo que ha tenido en el Gobierno fue en el sexenio de Felipe Calderón en calidad de Subsecretario en Turismo, o que antes de ser dirigente nacional interno del PAN en lo que Gustavo Madero “peleaba” una diputación plurinominal, lo haya sido del albiazul en Querétaro.
Diputado Federal en la legislatura que está por concluir su periodo, Anaya es más conocido por su fidelidad al grupo de Madero que por su aporte a la cultura ideológica panista. Para muchos representa el continuismo de la era azul que, hermanada con el Partido Revolucionario Institucional del Presidente Enrique Peña Nieto, acabaron con las diferencias ideológicas y le apostaron a conservar el poder.
A pesar que llega Anaya con un apoyo “contundente” -193 mil 944 votos- no parece ser el reflejo de una confianza hacia el cambio, sino la contundencia de una línea oficial en un partido que cada vez es menos independiente en la participación individual.
En muchos estados de la República Mexicana la línea oficial, fuese dictada desde el centro del País, de los Comités Directivos Estatales o del Gobierno del Estado en las seis entidades que Gobiernan miembros de Acción Nacional, era a favor de Ricardo Anaya Cortés. A pesar de las denuncias de panistas, analistas, opositores y periodistas, de padrones de azules inflados a lo largo y ancho de México –también por parte de la clase poderosa del PAN-, la estrategia de afiliación masiva, sin compromiso ni ideología que los llevara a unirse a un partido, funcionó.
Con esos panistas instantáneos –”Maruchanes” les llaman- Anaya reunió para su registro 235 mil 404 firmas de “apoyo”, sin embargo solo votaron por él 193 mil 944 panistas activos. La diferencia es sustancial aunque no por ello, u obviando esos votos, Javier Corral habría ganado la elección interna. La diferencia de votos refleja el padrón inflado y la falta de participación de los instantáneos.
El panorama antes de estas condiciones de corrientes y líneazos panistas que parecen una mezcla entre las prácticas arrasadoras del PRI y la división interna del PRD, les habían antecedido escenarios no menos favorables para la psique panista. Denuncias de cobro de comisiones –Moches les ha puesto la cultura mexicana- a gobernantes a cambio de llevar presupuestos federales a sus regiones, señalamientos de una doble moral a partir de evidencias de una vida de despilfarro, lujo y lujuria por parte de los persignados panistas, y no menos grave, una complicidad con la Presidencia de la República para la aprobación de las reformas estructurales –con sus discordancias en una o dos- y los nombramientos de Enrique Peña Nieto.
La realidad era y es, que el Partido Acción Nacional dejó de ser oposición para convertirse en un negocio de la política y el gobierno, con la utilización de las nóminas para incidir en los institutos políticos, la negociación en la toma de decisiones, la votación en bloque, hasta convertirse en el comparsa del Gobierno Federal. La debacle del PAN, naciente a partir de los gobiernos de ese partido en la Presidencia de la República que demostraron que no iban a cambiar el sistema sino a vivir de él, se aderezó con estas conductas y acciones como oposición.
No es fácil el reto de Ricardo Anaya. Joven tiene dos caminos: Hacerse como en al PRI, un nuevo viejo –bebesaurios, les dicen- o retomar las riendas de la oposición real. Si decide lo primero, no habrá muchos cambios. Se escucharán más los aplausos a Peña que las críticas al PRI-Gobierno, y el PAN se alzará en algunas regiones producto de negociaciones político-electorales, al momento que gozará de presupuesto, nómina, dinero y posiciones. Pero si elige lo segundo, los mexicanos debemos empezar a escuchar denuncias, señalamientos y un acompañamiento de las causas sociales provenientes de las muchas necesidades que el PRI en el Gobierno no ha subsanado.
Si Ricardo Anaya quiere dejar de ser comparsa de la Presidencia de la República y del PRI con quienes en el Gobierno y el partido han hecho buenas migas, deberá encabezar la denuncia de la corrupción en el Gobierno de Peña, el señalamiento del tráfico de influencias que alcanza hasta la primera dama (que por cierto, no ha vendido la “Casa Blanca”), deberá motivar a sus diputados para no votar en bloque e intentar un cambio en las reformas pasadas y en las venideras.
Para hacer eso, para ser realmente un oposición y regresar al PAN su objetivo político y de gobierno alejado de la transa y la corrupción, Anaya debe iniciar por casa. Limpiar el padrón que lo llevó al triunfo, hacer parte de la estructura a las alas reformistas o inconformes con la línea seguida por el partido encabezado por Gustavo Madero, investigar y señalar a los gobernadores panistas que, al más puro estilo priísta se sirven de las arcas estatales, reprimen, se corrompen y salen impunes por el cobijo nacional.
Aquí está el caso de Baja California, donde Francisco Vega de Lamadrid no ha cumplido con los compromisos de campaña del PAN, que viaja –de placer y de negocios- más tiempo del que gobierna, que sostiene en su administración a personas señaladas por tráfico de influencias en licitaciones diversas, de espionaje, e incluso de malversar los dineros públicos.
No es el único Gobernador Francisco Vega, que administra el Estado con sus amigos y la sospecha de corrupción, pero si fue uno de los que le llevó a Ricardo Anaya –a través de su Oficial Mayor, Loreto Quintero- miles de firmas para que la línea azul fuera contundente contra Corral. De más de 9 mil firmas en un padrón inflado a favor del dirigente electo del PAN, solo 6 mil 569 votaron, cientos de ellos acarreados en camionetas, cientos de ellos que no conocían el partido y ni identificaban a sus líderes, que acudieron llevados y votaron en consecuencia.
Anaya debe empezar por cambiar este tipo de prácticas, de lo contrario, el PAN seguirá en picada, ante un PRI avorazado en el ejercicio del gobierno y los triunfos electorales.
México no necesita otro PRI. De hecho no podría sobrevivirlo. Y si la oposición no fuera una utopía no necesitaría más partidos.
Las acciones están en la cancha de Anaya, en los siguientes días veremos de qué está hecho y cuáles son sus compromisos de facto porque lo que sobran en este país son las promesas huecas y las palabras al viento.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
No porque no le vean estatura política a un muchacho de 36 años, que el más alto cargo que ha tenido en el Gobierno fue en el sexenio de Felipe Calderón en calidad de Subsecretario en Turismo, o que antes de ser dirigente nacional interno del PAN en lo que Gustavo Madero “peleaba” una diputación plurinominal, lo haya sido del albiazul en Querétaro.
Diputado Federal en la legislatura que está por concluir su periodo, Anaya es más conocido por su fidelidad al grupo de Madero que por su aporte a la cultura ideológica panista. Para muchos representa el continuismo de la era azul que, hermanada con el Partido Revolucionario Institucional del Presidente Enrique Peña Nieto, acabaron con las diferencias ideológicas y le apostaron a conservar el poder.
A pesar que llega Anaya con un apoyo “contundente” -193 mil 944 votos- no parece ser el reflejo de una confianza hacia el cambio, sino la contundencia de una línea oficial en un partido que cada vez es menos independiente en la participación individual.
En muchos estados de la República Mexicana la línea oficial, fuese dictada desde el centro del País, de los Comités Directivos Estatales o del Gobierno del Estado en las seis entidades que Gobiernan miembros de Acción Nacional, era a favor de Ricardo Anaya Cortés. A pesar de las denuncias de panistas, analistas, opositores y periodistas, de padrones de azules inflados a lo largo y ancho de México –también por parte de la clase poderosa del PAN-, la estrategia de afiliación masiva, sin compromiso ni ideología que los llevara a unirse a un partido, funcionó.
Con esos panistas instantáneos –”Maruchanes” les llaman- Anaya reunió para su registro 235 mil 404 firmas de “apoyo”, sin embargo solo votaron por él 193 mil 944 panistas activos. La diferencia es sustancial aunque no por ello, u obviando esos votos, Javier Corral habría ganado la elección interna. La diferencia de votos refleja el padrón inflado y la falta de participación de los instantáneos.
El panorama antes de estas condiciones de corrientes y líneazos panistas que parecen una mezcla entre las prácticas arrasadoras del PRI y la división interna del PRD, les habían antecedido escenarios no menos favorables para la psique panista. Denuncias de cobro de comisiones –Moches les ha puesto la cultura mexicana- a gobernantes a cambio de llevar presupuestos federales a sus regiones, señalamientos de una doble moral a partir de evidencias de una vida de despilfarro, lujo y lujuria por parte de los persignados panistas, y no menos grave, una complicidad con la Presidencia de la República para la aprobación de las reformas estructurales –con sus discordancias en una o dos- y los nombramientos de Enrique Peña Nieto.
La realidad era y es, que el Partido Acción Nacional dejó de ser oposición para convertirse en un negocio de la política y el gobierno, con la utilización de las nóminas para incidir en los institutos políticos, la negociación en la toma de decisiones, la votación en bloque, hasta convertirse en el comparsa del Gobierno Federal. La debacle del PAN, naciente a partir de los gobiernos de ese partido en la Presidencia de la República que demostraron que no iban a cambiar el sistema sino a vivir de él, se aderezó con estas conductas y acciones como oposición.
No es fácil el reto de Ricardo Anaya. Joven tiene dos caminos: Hacerse como en al PRI, un nuevo viejo –bebesaurios, les dicen- o retomar las riendas de la oposición real. Si decide lo primero, no habrá muchos cambios. Se escucharán más los aplausos a Peña que las críticas al PRI-Gobierno, y el PAN se alzará en algunas regiones producto de negociaciones político-electorales, al momento que gozará de presupuesto, nómina, dinero y posiciones. Pero si elige lo segundo, los mexicanos debemos empezar a escuchar denuncias, señalamientos y un acompañamiento de las causas sociales provenientes de las muchas necesidades que el PRI en el Gobierno no ha subsanado.
Si Ricardo Anaya quiere dejar de ser comparsa de la Presidencia de la República y del PRI con quienes en el Gobierno y el partido han hecho buenas migas, deberá encabezar la denuncia de la corrupción en el Gobierno de Peña, el señalamiento del tráfico de influencias que alcanza hasta la primera dama (que por cierto, no ha vendido la “Casa Blanca”), deberá motivar a sus diputados para no votar en bloque e intentar un cambio en las reformas pasadas y en las venideras.
Para hacer eso, para ser realmente un oposición y regresar al PAN su objetivo político y de gobierno alejado de la transa y la corrupción, Anaya debe iniciar por casa. Limpiar el padrón que lo llevó al triunfo, hacer parte de la estructura a las alas reformistas o inconformes con la línea seguida por el partido encabezado por Gustavo Madero, investigar y señalar a los gobernadores panistas que, al más puro estilo priísta se sirven de las arcas estatales, reprimen, se corrompen y salen impunes por el cobijo nacional.
Aquí está el caso de Baja California, donde Francisco Vega de Lamadrid no ha cumplido con los compromisos de campaña del PAN, que viaja –de placer y de negocios- más tiempo del que gobierna, que sostiene en su administración a personas señaladas por tráfico de influencias en licitaciones diversas, de espionaje, e incluso de malversar los dineros públicos.
No es el único Gobernador Francisco Vega, que administra el Estado con sus amigos y la sospecha de corrupción, pero si fue uno de los que le llevó a Ricardo Anaya –a través de su Oficial Mayor, Loreto Quintero- miles de firmas para que la línea azul fuera contundente contra Corral. De más de 9 mil firmas en un padrón inflado a favor del dirigente electo del PAN, solo 6 mil 569 votaron, cientos de ellos acarreados en camionetas, cientos de ellos que no conocían el partido y ni identificaban a sus líderes, que acudieron llevados y votaron en consecuencia.
Anaya debe empezar por cambiar este tipo de prácticas, de lo contrario, el PAN seguirá en picada, ante un PRI avorazado en el ejercicio del gobierno y los triunfos electorales.
México no necesita otro PRI. De hecho no podría sobrevivirlo. Y si la oposición no fuera una utopía no necesitaría más partidos.
Las acciones están en la cancha de Anaya, en los siguientes días veremos de qué está hecho y cuáles son sus compromisos de facto porque lo que sobran en este país son las promesas huecas y las palabras al viento.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
Concluye PGJ de Michoacán peritajes del Caso Tanhuato; remitirá expediente a la PGR
La PGJE, detalló, que en el expediente del caso, constan de pruebas periciales especializadas en medicina forense, criminalística, balística, química, incendios y explosivos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE), informó que en relación a los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo en el “Rancho de El Sol”, donde murieron 42 civiles en un operativo de la Policía Federal, se han concluido las diligencias periciales especializadas, por lo que se ha determinado remitir el expediente ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La Fiscalía, señaló, que en torno a las actuaciones de los hechos, se harán llegar a la PGR.
La PGJE detalló que el expediente del caso constan pruebas periciales especializadas en medicina forense, criminalística, balística, química, incendios y explosivos; dactiloscopía, planimetría, mecánica de hechos, genética, fotografía, inspección ocular, ingeniería y reconstrucción de hechos.
“Con este acuerdo de incompetencia, será el Ministerio Público de la Federación quien continuará con la investigación en el marco de sus atribuciones y facultades”, concluyó la dependencia estatal.
Apenas el pasado 15 de julio se entregó el penúltimo de los 42 cuerpos a sus familiares; se trata de Juan Ávalos Martínez de 47 años de edad, originario del municipio de Tala, Jalisco, informaron funcionarios de la dependencia estatal.
A pesar de que ya dieron por concluidas las actuaciones en el ámbito del fuero común, todavía queda un cuerpo sin reclamar y que no ha sido identificado.
Se trata de una persona del sexo masculino de entre 40 y 45 años de edad, tez morena, cara ovalada y cabello castaño semiondulado, además, de que trae tatuajes en gran parte de cuerpo; uno de ellos en el cuello, con las iniciales del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), motivo por el cual las autoridades, aducen que es lo que ha impedido a que se acerquen sus familiares.
“Seguramente tienen temor a ser cuestionados o investigados a la hora de reclamar el cuerpo; eso los ha de haber detenido”, dijo la fuente consultada por Animal Político, quién además agregó, que de acuerdo a la ley, el cuerpo no podrá estar más de cinco meses en la morgue, por lo que el plazo se cumple el próximo 22 de octubre.
Los 42 civiles -presuntamente armados- que murieron al interior de ese predio de 112 hectáreas, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Zamora, han sido relacionados por las autoridades federales como integrantes del Cartel Nueva Generación (CJNG), que se ha extendido a Michoacán, Colima, Guanajuato y recientemente al Distrito Federal.
Al menos 39 de los muertos a tiros, eran originarios de Ocotlán, Jalisco, uno del municipio de Tala y los otros dos de Michoacán, de los cuáles, uno de ellos, Antonio Gutiérrez Quiroz, de 46 años de edad y nacido en el municipio de Uruapan, tenía apenas unas semanas de haber abandonado el penal de Ario de Rosales, luego de purgar una condena de 15 años por el delito de secuestro.
Asimismo, la PGJE, detalló, que César Vicente, de Ocotlán, estuvo recluido en el penal de Puente Grande Jalisco, por acopio de armas; Héctor de Jesús Arana de 19 años, estuvo en el tutelar de menores en la ciudad de Guadalajara, por Robo con Violencia; y, José Manuel Aguilar, fue detenido mese antes por delitos del fuero federal y encarcelado en Ciudad Guzmán, Jalisco. Todos ellos murieron al interior del Rancho del Sol.
Los hechos ocurrieron en las primeras horas del viernes 22 de mayo, sobre el kilómetro 370 de la Autopista de Occidente México-Guadalajara, entre los límites de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, en la zona colindante con el estado de Jalisco, donde también perdió la vida un elemento de la Policía Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE), informó que en relación a los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo en el “Rancho de El Sol”, donde murieron 42 civiles en un operativo de la Policía Federal, se han concluido las diligencias periciales especializadas, por lo que se ha determinado remitir el expediente ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La Fiscalía, señaló, que en torno a las actuaciones de los hechos, se harán llegar a la PGR.
La PGJE detalló que el expediente del caso constan pruebas periciales especializadas en medicina forense, criminalística, balística, química, incendios y explosivos; dactiloscopía, planimetría, mecánica de hechos, genética, fotografía, inspección ocular, ingeniería y reconstrucción de hechos.
“Con este acuerdo de incompetencia, será el Ministerio Público de la Federación quien continuará con la investigación en el marco de sus atribuciones y facultades”, concluyó la dependencia estatal.
Apenas el pasado 15 de julio se entregó el penúltimo de los 42 cuerpos a sus familiares; se trata de Juan Ávalos Martínez de 47 años de edad, originario del municipio de Tala, Jalisco, informaron funcionarios de la dependencia estatal.
A pesar de que ya dieron por concluidas las actuaciones en el ámbito del fuero común, todavía queda un cuerpo sin reclamar y que no ha sido identificado.
Se trata de una persona del sexo masculino de entre 40 y 45 años de edad, tez morena, cara ovalada y cabello castaño semiondulado, además, de que trae tatuajes en gran parte de cuerpo; uno de ellos en el cuello, con las iniciales del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), motivo por el cual las autoridades, aducen que es lo que ha impedido a que se acerquen sus familiares.
“Seguramente tienen temor a ser cuestionados o investigados a la hora de reclamar el cuerpo; eso los ha de haber detenido”, dijo la fuente consultada por Animal Político, quién además agregó, que de acuerdo a la ley, el cuerpo no podrá estar más de cinco meses en la morgue, por lo que el plazo se cumple el próximo 22 de octubre.
Los 42 civiles -presuntamente armados- que murieron al interior de ese predio de 112 hectáreas, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Zamora, han sido relacionados por las autoridades federales como integrantes del Cartel Nueva Generación (CJNG), que se ha extendido a Michoacán, Colima, Guanajuato y recientemente al Distrito Federal.
Al menos 39 de los muertos a tiros, eran originarios de Ocotlán, Jalisco, uno del municipio de Tala y los otros dos de Michoacán, de los cuáles, uno de ellos, Antonio Gutiérrez Quiroz, de 46 años de edad y nacido en el municipio de Uruapan, tenía apenas unas semanas de haber abandonado el penal de Ario de Rosales, luego de purgar una condena de 15 años por el delito de secuestro.
Asimismo, la PGJE, detalló, que César Vicente, de Ocotlán, estuvo recluido en el penal de Puente Grande Jalisco, por acopio de armas; Héctor de Jesús Arana de 19 años, estuvo en el tutelar de menores en la ciudad de Guadalajara, por Robo con Violencia; y, José Manuel Aguilar, fue detenido mese antes por delitos del fuero federal y encarcelado en Ciudad Guzmán, Jalisco. Todos ellos murieron al interior del Rancho del Sol.
Los hechos ocurrieron en las primeras horas del viernes 22 de mayo, sobre el kilómetro 370 de la Autopista de Occidente México-Guadalajara, entre los límites de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, en la zona colindante con el estado de Jalisco, donde también perdió la vida un elemento de la Policía Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.
Surge movimiento separatista en Holbox
CANCÚN, Q. Roo: Ante la intentona del ayuntamiento local por boicotear el plan de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de Yum Balam -donde se ubica Holbox-, organizaciones ambientalistas promueven la separación política de esta isla y otras comunidades costeras para crear un nuevo municipio que correspondería sólo al territorio comprendido dentro de esta Área Natural Protegida (ANP).
Las organizaciones ambientalistas de Holbox reaccionaron ante la consulta que inició el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas para incluir en el plan de manejo “desarrollos turísticos” dentro de esta isla.
Como parte de la consulta, esta semana el presidente municipal Luciano Sima Cab y el diputado local Emilio Jiménez Ancona, del PRI y Panal, respectivamente, se reunieron con representantes de 22 ejidos de todo el municipio de Lázaro Cárdenas a fin de que se sumen a la tarea de juntar cinco mil firmas para detener el plan de manejo del APFF de Yum Balam, que estaría próximo a publicarse por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Sin embargo, la mayoría de los ejidos son ajenos a las comunidades ubicadas dentro del área protegida de Yum Balam.
Carlos Martínez Correa, de la agrupación Yo Defiendo Holbox, dijo que los habitantes de Holbox y de otros ejidos costeros en lugar de firmar en apoyo al alcalde Sima, lo hagan en favor de la creación del nuevo municipio.
Sostuvo que “la creación del onceavo municipio de Yum Balam es una necesidad urgente para esta zona, desde hace ya mucho tiempo la gente habla de esto. Las leyes estatales pueden modificarse para este fin. Firmemos mejor para solicitar la creación de un nuevo municipio con las poblaciones que integran el área de protección”.
El ambientalista afirmó que hay una rivalidad entre la cabecera municipal de Kantunilkín con las comunidades que están dentro del APFF que ahora se refleja en la intención del alcalde Sima de afectar el entorno ambiental de Holbox.
“La rivalidad entre las poblaciones que integran la reserva y la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas ha llevado al abandono de estas poblaciones y en muchos casos a situaciones ríspidas como la intención de buscar detener o modificar el plan de manejo del APFF de Yum Balam”, dijo Martínez Correa.
Agregó que no hay razón para someter a consulta el proyecto del plan de manejo del APFF de Yum Balam, ya que ha sido evaluado “en dos ocasiones con las poblaciones interesadas, comunidad económica y dependencias del gobierno federal”.
Desde hace un año, ambientalistas exigen la publicación del plan de manejo de Yum Balam cuyos ecosistemas están bajo amenaza por los diversos proyectos turísticos que pretenden llevarse a cabo, entre los que figura La Ensenada.
La ANP de Yum Balam fue creada en 1994 y un año después debía contar con un plan de manejo, sin embargo, ese instrumento para regular las actividades en la reserva ubicada en el extremo norte de Quintana Roo no se ha publicado hasta ahora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Las organizaciones ambientalistas de Holbox reaccionaron ante la consulta que inició el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas para incluir en el plan de manejo “desarrollos turísticos” dentro de esta isla.
Como parte de la consulta, esta semana el presidente municipal Luciano Sima Cab y el diputado local Emilio Jiménez Ancona, del PRI y Panal, respectivamente, se reunieron con representantes de 22 ejidos de todo el municipio de Lázaro Cárdenas a fin de que se sumen a la tarea de juntar cinco mil firmas para detener el plan de manejo del APFF de Yum Balam, que estaría próximo a publicarse por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Sin embargo, la mayoría de los ejidos son ajenos a las comunidades ubicadas dentro del área protegida de Yum Balam.
Carlos Martínez Correa, de la agrupación Yo Defiendo Holbox, dijo que los habitantes de Holbox y de otros ejidos costeros en lugar de firmar en apoyo al alcalde Sima, lo hagan en favor de la creación del nuevo municipio.
Sostuvo que “la creación del onceavo municipio de Yum Balam es una necesidad urgente para esta zona, desde hace ya mucho tiempo la gente habla de esto. Las leyes estatales pueden modificarse para este fin. Firmemos mejor para solicitar la creación de un nuevo municipio con las poblaciones que integran el área de protección”.
El ambientalista afirmó que hay una rivalidad entre la cabecera municipal de Kantunilkín con las comunidades que están dentro del APFF que ahora se refleja en la intención del alcalde Sima de afectar el entorno ambiental de Holbox.
“La rivalidad entre las poblaciones que integran la reserva y la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas ha llevado al abandono de estas poblaciones y en muchos casos a situaciones ríspidas como la intención de buscar detener o modificar el plan de manejo del APFF de Yum Balam”, dijo Martínez Correa.
Agregó que no hay razón para someter a consulta el proyecto del plan de manejo del APFF de Yum Balam, ya que ha sido evaluado “en dos ocasiones con las poblaciones interesadas, comunidad económica y dependencias del gobierno federal”.
Desde hace un año, ambientalistas exigen la publicación del plan de manejo de Yum Balam cuyos ecosistemas están bajo amenaza por los diversos proyectos turísticos que pretenden llevarse a cabo, entre los que figura La Ensenada.
La ANP de Yum Balam fue creada en 1994 y un año después debía contar con un plan de manejo, sin embargo, ese instrumento para regular las actividades en la reserva ubicada en el extremo norte de Quintana Roo no se ha publicado hasta ahora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Recortará Hacienda presupuesto a la UNAM, IPN y UAM en 2016
MÉXICO, D.F: En su plan presupuestal para el 2016, la Secretaría de Hacienda contempla recortes a las principales universidades públicas del país, entre ellas la UNAM, el IPN y la UAM.
Según el diario Reforma, que cita el documento “Techos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, presentado a la SEP hace una semana, sería el Instituto Politécnico la institución más afectada con los recortes.
Hacienda propone recortar el presupuesto del IPN en un 11.2 por ciento al pasar de 3 mil 522 millones de pesos en 2015 a 3 mil 127.2 millones, es decir, 394.8 millones menos.
Luego seguiría la UNAM con una caída de su financiamiento de 350.4 millones de pesos al pasar de 7 mil 291.5 millones a 6 mil 941.2 millones, una baja del 4.8 por ciento.
La UAM sufriría también un recorte de fondos por 112.5 millones de pesos: pasará de mil 677.5 millones a mil 565 millones, una caída de 6.7 por ciento.
Mientras que a la Universidad Pedagógica Nacional le disminuirán 18.3 por ciento de sus fondos: de 194.9 millones en 2015 a 159.3 millones en 2016.
La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas también sufriría recortes: de 4 mil 282.3 millones a 4 mil 239.3 millones.
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN tendría 168 millones de pesos menos para quedar en 340.6 millones en 2016 en tanto que El Colegio de México obtendría 116.2 millones el año entrante frente a los 194.6 millones del año en curso.
Este viernes, el rector de la UNAM, José Narro, pidió a los nuevos diputados federales dar prioridad al presupuesto para las universidades públicas.
Narro consideró que cualquier decisión que no incluya a las universidades públicas como prioridad y que no se refleje en el presupuesto, es demagogia.
Indicó que las universidades necesitan fortalecer sus capacidades financieras y presupuestales y que a pesar de que el rezago educativo en el país es grande, “la UNAM ha hecho grandes esfuerzos por incrementar su marrícula”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Según el diario Reforma, que cita el documento “Techos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, presentado a la SEP hace una semana, sería el Instituto Politécnico la institución más afectada con los recortes.
Hacienda propone recortar el presupuesto del IPN en un 11.2 por ciento al pasar de 3 mil 522 millones de pesos en 2015 a 3 mil 127.2 millones, es decir, 394.8 millones menos.
Luego seguiría la UNAM con una caída de su financiamiento de 350.4 millones de pesos al pasar de 7 mil 291.5 millones a 6 mil 941.2 millones, una baja del 4.8 por ciento.
La UAM sufriría también un recorte de fondos por 112.5 millones de pesos: pasará de mil 677.5 millones a mil 565 millones, una caída de 6.7 por ciento.
Mientras que a la Universidad Pedagógica Nacional le disminuirán 18.3 por ciento de sus fondos: de 194.9 millones en 2015 a 159.3 millones en 2016.
La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas también sufriría recortes: de 4 mil 282.3 millones a 4 mil 239.3 millones.
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN tendría 168 millones de pesos menos para quedar en 340.6 millones en 2016 en tanto que El Colegio de México obtendría 116.2 millones el año entrante frente a los 194.6 millones del año en curso.
Este viernes, el rector de la UNAM, José Narro, pidió a los nuevos diputados federales dar prioridad al presupuesto para las universidades públicas.
Narro consideró que cualquier decisión que no incluya a las universidades públicas como prioridad y que no se refleje en el presupuesto, es demagogia.
Indicó que las universidades necesitan fortalecer sus capacidades financieras y presupuestales y que a pesar de que el rezago educativo en el país es grande, “la UNAM ha hecho grandes esfuerzos por incrementar su marrícula”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Pese al discurso oficial, repunta violencia en el país: Observatorio Ciudadano
MÉXICO, D.F: En mayo anterior, cuando se reportaron asesinatos de candidatos, la masacre de 42 personas en Tanhuato, Michoacán, a manos de agentes del Estado y la muerte de un niño de 6 años que “jugaba al secuestro” con sus amigos, el país también registró un aumento de la incidencia de asesinatos por tercer mes consecutivo del año, al igual que de secuestros.
Cada día de mayo las autoridades abrieron 47.19 carpetas de investigación por homicidio doloso –mil 463 durante todo el mes, que abarcaron a mil 621 víctimas–, 2.94 por secuestro –uno cada ocho horas–, 14.03 por extorsión, 443.13 por robo con violencia y 405.94 por robo de vehículo, alertó este día el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Sin embargo, los secuestros masivos de 103 y 57 migrantes en el Estado de México y Tamaulipas, respectivamente, quedaron fuera de las estadísticas oficiales, subrayó el ONC en su informa.
“No debemos dejar de mencionar que las cifras oficiales de incidencia delictiva siguen presentando serios problemas en su registro”, recordó la ONG, al señalar que estos datos “sólo representan casos en los cuales las personas tuvieron la confianza y el tiempo necesario para acudir al Ministerio Público y tener acceso a la justicia”.
Además, sostuvo que algunas entidades no reportan ciertos delitos, modifican sus estadísticas “de un plumazo” –fue el caso de 11 entidades– o no documentan la forma en la que se cometieron los homicidios.
“Cada vez contamos con indicios más claros respecto de que estamos muy lejos de encontrarnos en las condiciones de seguridad que refieren nuestras autoridades mediante los discursos oficiales”, planteó el ONC.
En el marco de la clausura de la 33 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada ayer, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), celebró que durante 2013 y 2014 las cifras de secuestros y de homicidios se redujeron prácticamente en una tercera parte, lo que –festejó– ilustra “que la ruta de trabajo es la indicada”.
Según el ONC, las cifras de asesinatos reportados en mayo de 2015 superan en 13.87% las que se observaron durante los 12 meses anteriores, mientras que la tendencia al secuestro se redujo 8.85% durante el mismo periodo.
Respecto del mes de abril, el número de averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso y secuestro aumentaron 6.32% y 3.41%, respectivamente.
Mayo violento
La mañana del viernes 1 de mayo, las autoridades –militares, policías federales y estatales— se desplegaron en el Occidente del país para poner en marcha el “Operativo Jalisco”, acción que fracasó en su objetivo de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y terminó en una humillación de las fuerzas del Estado.
En reacción inmediata al fallido operativo, los integrantes del cártel paralizaron las carreteras del estado, incendiaron bancos y gasolineras, derrumbaron un helicóptero Cougar –matando a sus nueve ocupantes– y extendieron sus acciones a Colima, Guanajuato y Michoacán para generar una situación de caos en la región que permitió a “El Mencho” desvanecerse.
“¿Se pudo prevenir Jalisco? ¡Indudablemente!”, sostiene Francisco Rivas en la introducción del reporte al resaltar que desde marzo de 2014 la ONC advirtió a las autoridades que “pese a que la entidad presentaba una incidencia delictiva que la ubicaba a un nivel intermedio, la situación de los delitos cometidos apuntaba a una mayor gravedad de lo que se aparentaba”.
Y recordó: “Incluso en abril pasado, quince días antes de este evento, en rueda de prensa lo dijimos, ‘urge atender la situación de aumento de la violencia en Jalisco’”.
De los acontecimientos en esa entidad, el ONC determinó que “la tendencia a la baja (o alza) de incidencia de los delitos no garantiza que ésta se mantengan”, pues “en un contexto de profunda debilidad institucional el fenómeno delictivo ha mostrado tener un comportamiento caprichoso”.
Asimismo, lamentó que los análisis de la inseguridad se limiten en medir el número de delitos perpetrados en el país, “omitiendo evaluar qué delitos son, quiénes son las víctimas, cuándo y dónde suceden”.
A su vez, esto demuestra una “carencia de inteligencia” que “lleva a políticas públicas insuficientes, declaraciones insensibles para las aún muchísimas víctimas del país, genera primero confusión en la opinión pública y luego desconfianza en el ciudadano”.
Todavía en mayo, durante el periodo preelectoral, fueron asesinados tres candidatos en Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
El caso Guerrero
En mayo pasado, el Estado de México, Guerrero y Sinaloa reportaron la mayor incidencia de homicidios dolosos –concentraron la tercera parte de los asesinatos reportados en el país–, y superaron en 14.89%, 32.41% y 53.61%, respectivamente, la tendencia observada entre mayo de 2014 y abril de 2015.
Las nueve entidades con el mayor número de asesinatos reportados observaron un incremento en las tasas de homicidio doloso, advirtió el ONC, al resaltar que Guerrero sufre de una incidencia de este delito tres veces superior al promedio nacional.
En promedio se abrió una carpeta de investigación por asesinato cada 30 minutos y 31 segundos; una por homicidio culposo cada 33 minutos; una por secuestro cada seis horas; una por extorsión cada hora y 33 minutos, mientras que las autoridades reportaron un robo con violencia cada tres minutos y un robo de vivienda cada seis minutos.
Con 17 averiguaciones previas abiertas –y 25 víctimas–, Tamaulipas se mantuvo como la entidad más peligrosa del país respecto del secuestro, seguida por el Estado de México, Tabasco y Veracruz, con 14, 9 y 8 carpetas abiertas, respectivamente.
“Oficialmente se tiene la creencia de que mediante mayores inversiones en equipamiento y la ampliación del número de los cuerpos de seguridad se pretende curar un mal con una medicina que ha demostrado ser inadecuada”, sentenció el ONC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Cada día de mayo las autoridades abrieron 47.19 carpetas de investigación por homicidio doloso –mil 463 durante todo el mes, que abarcaron a mil 621 víctimas–, 2.94 por secuestro –uno cada ocho horas–, 14.03 por extorsión, 443.13 por robo con violencia y 405.94 por robo de vehículo, alertó este día el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Sin embargo, los secuestros masivos de 103 y 57 migrantes en el Estado de México y Tamaulipas, respectivamente, quedaron fuera de las estadísticas oficiales, subrayó el ONC en su informa.
“No debemos dejar de mencionar que las cifras oficiales de incidencia delictiva siguen presentando serios problemas en su registro”, recordó la ONG, al señalar que estos datos “sólo representan casos en los cuales las personas tuvieron la confianza y el tiempo necesario para acudir al Ministerio Público y tener acceso a la justicia”.
Además, sostuvo que algunas entidades no reportan ciertos delitos, modifican sus estadísticas “de un plumazo” –fue el caso de 11 entidades– o no documentan la forma en la que se cometieron los homicidios.
“Cada vez contamos con indicios más claros respecto de que estamos muy lejos de encontrarnos en las condiciones de seguridad que refieren nuestras autoridades mediante los discursos oficiales”, planteó el ONC.
En el marco de la clausura de la 33 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada ayer, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), celebró que durante 2013 y 2014 las cifras de secuestros y de homicidios se redujeron prácticamente en una tercera parte, lo que –festejó– ilustra “que la ruta de trabajo es la indicada”.
Según el ONC, las cifras de asesinatos reportados en mayo de 2015 superan en 13.87% las que se observaron durante los 12 meses anteriores, mientras que la tendencia al secuestro se redujo 8.85% durante el mismo periodo.
Respecto del mes de abril, el número de averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso y secuestro aumentaron 6.32% y 3.41%, respectivamente.
Mayo violento
La mañana del viernes 1 de mayo, las autoridades –militares, policías federales y estatales— se desplegaron en el Occidente del país para poner en marcha el “Operativo Jalisco”, acción que fracasó en su objetivo de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y terminó en una humillación de las fuerzas del Estado.
En reacción inmediata al fallido operativo, los integrantes del cártel paralizaron las carreteras del estado, incendiaron bancos y gasolineras, derrumbaron un helicóptero Cougar –matando a sus nueve ocupantes– y extendieron sus acciones a Colima, Guanajuato y Michoacán para generar una situación de caos en la región que permitió a “El Mencho” desvanecerse.
“¿Se pudo prevenir Jalisco? ¡Indudablemente!”, sostiene Francisco Rivas en la introducción del reporte al resaltar que desde marzo de 2014 la ONC advirtió a las autoridades que “pese a que la entidad presentaba una incidencia delictiva que la ubicaba a un nivel intermedio, la situación de los delitos cometidos apuntaba a una mayor gravedad de lo que se aparentaba”.
Y recordó: “Incluso en abril pasado, quince días antes de este evento, en rueda de prensa lo dijimos, ‘urge atender la situación de aumento de la violencia en Jalisco’”.
De los acontecimientos en esa entidad, el ONC determinó que “la tendencia a la baja (o alza) de incidencia de los delitos no garantiza que ésta se mantengan”, pues “en un contexto de profunda debilidad institucional el fenómeno delictivo ha mostrado tener un comportamiento caprichoso”.
Asimismo, lamentó que los análisis de la inseguridad se limiten en medir el número de delitos perpetrados en el país, “omitiendo evaluar qué delitos son, quiénes son las víctimas, cuándo y dónde suceden”.
A su vez, esto demuestra una “carencia de inteligencia” que “lleva a políticas públicas insuficientes, declaraciones insensibles para las aún muchísimas víctimas del país, genera primero confusión en la opinión pública y luego desconfianza en el ciudadano”.
Todavía en mayo, durante el periodo preelectoral, fueron asesinados tres candidatos en Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
El caso Guerrero
En mayo pasado, el Estado de México, Guerrero y Sinaloa reportaron la mayor incidencia de homicidios dolosos –concentraron la tercera parte de los asesinatos reportados en el país–, y superaron en 14.89%, 32.41% y 53.61%, respectivamente, la tendencia observada entre mayo de 2014 y abril de 2015.
Las nueve entidades con el mayor número de asesinatos reportados observaron un incremento en las tasas de homicidio doloso, advirtió el ONC, al resaltar que Guerrero sufre de una incidencia de este delito tres veces superior al promedio nacional.
En promedio se abrió una carpeta de investigación por asesinato cada 30 minutos y 31 segundos; una por homicidio culposo cada 33 minutos; una por secuestro cada seis horas; una por extorsión cada hora y 33 minutos, mientras que las autoridades reportaron un robo con violencia cada tres minutos y un robo de vivienda cada seis minutos.
Con 17 averiguaciones previas abiertas –y 25 víctimas–, Tamaulipas se mantuvo como la entidad más peligrosa del país respecto del secuestro, seguida por el Estado de México, Tabasco y Veracruz, con 14, 9 y 8 carpetas abiertas, respectivamente.
“Oficialmente se tiene la creencia de que mediante mayores inversiones en equipamiento y la ampliación del número de los cuerpos de seguridad se pretende curar un mal con una medicina que ha demostrado ser inadecuada”, sentenció el ONC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
A 5 años de masacre de 72 migrantes en San Fernando, caso sigue impune: Amnistía Internacional
El pasado 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera de México con Texas.
La “escandalosa falta de investigaciones” sobre la matanza de 72 migrantes en México hace cinco años da luz verde a que los grupos criminales que asesinan a quienes cruzan el país en busca de seguridad y una mejor vida, dijo Amnistía Internacional.
Cabe recordar que el pasado 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera de México con Texas. Desde entonces, las autoridades han arrestado a un número de individuos pero no han publicado información sobre si alguien ha sido sentenciado.
Amnistía Internacional refiere en un comunicado que se cree que los responsables son miembros de bandas criminales y se sospecha que muchos de ellos trabajaban en colusión con agentes de seguridad locales.
“La masacre de San Fernando pinta una horrenda imagen sobre el estado de los derechos humanos en México, donde ser migrante parece ser razón suficiente para que los criminales te hostiguen, torturen y asesinen”, expuso Carolina Jiménez, Directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
“En medio de la brutal ‘guerra contra las drogas” en México, muchas rutas utilizadas por los migrantes para llegar a los Estados Unidos se han convertido en zonas de riesgo. La interminable lista de violaciones y abusos a los derechos humanos contra personas en movimiento en los últimos años demuestra la necesidad urgente de un plan regional para proteger a aquellos que hacen uno de los viajes más peligrosos en busca de una mejor vida, libre de pobreza y violencia.”
Amnistía denuncia que aún no se conoce mucho sobre las horas finales de las 72 personas que fueron asesinadas a sangre fría en San Fernando. Los únicos detalles han surgido del testimonio del único sobreviviente de la masacre, expone la organización, quien ha dicho que ha recibido amenazas de muerte. Eva Nohemi Hernández Murillo, una mujer de 25 años proveniente de Honduras, es una de las víctimas de la masacre de San Fernando. Viajaba a Estados Unidos con la esperanza de proveer a sus tres hijos de mejores oportunidades.
Eva Nohemi habló por teléfono por última vez con su madre, Elida Yolanda, dos horas antes de que un grupo de hombres armados interceptara la camioneta en la que viajaba con otros migrantes.
“Me enteré de lo que había pasado cuando prendí la televisión para ver las noticias dos días después de la masacre. Vi un cuerpo que parecía de Eva Nohemi pero no podía creer que era ella hasta que el gobierno lo confirmó cuatro años después”, dijo Elida Yolanda.
“Todo lo que pido es una investigación para saber que pasó con mi hija. No quiero ver a más gente muriendo”, comentó.
Las investigaciones sobre la masacre han sido insuficientes, considera Amnistía, ya que las autoridades locales y federales “no han coordinado esfuerzos o informado a los familiares de las victimas de progresos”. También han habido “demoras extremas” en la identificación de las víctimas –y algunos de los restos fueron enviados a los familiares equivocados.
Las autoridades también han fallado en proveer a las familias de las víctimas de protección ante las amenazas que muchos han recibido por reclamar justicia.
Amnistía Internacional señala además que desde la masacre de San Fernando, cientos de otros hombres, mujeres y niños que intentaban llegar a los Estados Unidos vía México han sido hostigados, desaparecidos, secuestrados, violados, forzados a ejercer trabajo sexual o asesinados.
Entre Abril y Mayo de 2011, las autoridades Mexicanas descubrieron 193 cuerpos en 47 fosas comunes en San Fernando en hechos que todavía tienen que ser investigados efectivamente.
Un año mas tarde, los torsos de 49 personas, “muchas de las cuales se sospecha eran migrantes irregulares”, fueron encontrados en la ciudad de Cadereyta, en el estado vecino de Nuevo León.
“¿Cuántos más migrantes tienen que ser asesinados en México para que las autoridades tomen acción? No hay tiempo que perder, las autoridades Mexicanas deben aumentar los esfuerzos para investigar estas masacres y llevar a los responsables a la justicia, proveer a los familiares de reparaciones y tomar pasos concretos para prevenir más muertes”, dijo Carolina Jiménez.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La “escandalosa falta de investigaciones” sobre la matanza de 72 migrantes en México hace cinco años da luz verde a que los grupos criminales que asesinan a quienes cruzan el país en busca de seguridad y una mejor vida, dijo Amnistía Internacional.
Cabe recordar que el pasado 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera de México con Texas. Desde entonces, las autoridades han arrestado a un número de individuos pero no han publicado información sobre si alguien ha sido sentenciado.
Amnistía Internacional refiere en un comunicado que se cree que los responsables son miembros de bandas criminales y se sospecha que muchos de ellos trabajaban en colusión con agentes de seguridad locales.
“La masacre de San Fernando pinta una horrenda imagen sobre el estado de los derechos humanos en México, donde ser migrante parece ser razón suficiente para que los criminales te hostiguen, torturen y asesinen”, expuso Carolina Jiménez, Directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
“En medio de la brutal ‘guerra contra las drogas” en México, muchas rutas utilizadas por los migrantes para llegar a los Estados Unidos se han convertido en zonas de riesgo. La interminable lista de violaciones y abusos a los derechos humanos contra personas en movimiento en los últimos años demuestra la necesidad urgente de un plan regional para proteger a aquellos que hacen uno de los viajes más peligrosos en busca de una mejor vida, libre de pobreza y violencia.”
Amnistía denuncia que aún no se conoce mucho sobre las horas finales de las 72 personas que fueron asesinadas a sangre fría en San Fernando. Los únicos detalles han surgido del testimonio del único sobreviviente de la masacre, expone la organización, quien ha dicho que ha recibido amenazas de muerte. Eva Nohemi Hernández Murillo, una mujer de 25 años proveniente de Honduras, es una de las víctimas de la masacre de San Fernando. Viajaba a Estados Unidos con la esperanza de proveer a sus tres hijos de mejores oportunidades.
Eva Nohemi habló por teléfono por última vez con su madre, Elida Yolanda, dos horas antes de que un grupo de hombres armados interceptara la camioneta en la que viajaba con otros migrantes.
“Me enteré de lo que había pasado cuando prendí la televisión para ver las noticias dos días después de la masacre. Vi un cuerpo que parecía de Eva Nohemi pero no podía creer que era ella hasta que el gobierno lo confirmó cuatro años después”, dijo Elida Yolanda.
“Todo lo que pido es una investigación para saber que pasó con mi hija. No quiero ver a más gente muriendo”, comentó.
Las investigaciones sobre la masacre han sido insuficientes, considera Amnistía, ya que las autoridades locales y federales “no han coordinado esfuerzos o informado a los familiares de las victimas de progresos”. También han habido “demoras extremas” en la identificación de las víctimas –y algunos de los restos fueron enviados a los familiares equivocados.
Las autoridades también han fallado en proveer a las familias de las víctimas de protección ante las amenazas que muchos han recibido por reclamar justicia.
Amnistía Internacional señala además que desde la masacre de San Fernando, cientos de otros hombres, mujeres y niños que intentaban llegar a los Estados Unidos vía México han sido hostigados, desaparecidos, secuestrados, violados, forzados a ejercer trabajo sexual o asesinados.
Entre Abril y Mayo de 2011, las autoridades Mexicanas descubrieron 193 cuerpos en 47 fosas comunes en San Fernando en hechos que todavía tienen que ser investigados efectivamente.
Un año mas tarde, los torsos de 49 personas, “muchas de las cuales se sospecha eran migrantes irregulares”, fueron encontrados en la ciudad de Cadereyta, en el estado vecino de Nuevo León.
“¿Cuántos más migrantes tienen que ser asesinados en México para que las autoridades tomen acción? No hay tiempo que perder, las autoridades Mexicanas deben aumentar los esfuerzos para investigar estas masacres y llevar a los responsables a la justicia, proveer a los familiares de reparaciones y tomar pasos concretos para prevenir más muertes”, dijo Carolina Jiménez.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Más de mil docentes en el DF se quedan sin empleo
Exige la sección 9 diálogo en la Afsedf.
Profesores disidentes de la sección 9 del Distrito Federal tomaron las instalaciones de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (Afsedf) para demandar la instalación de una mesa de trabajo con su titular, Luis Ignacio Sánchez, pues denunciaron que más de mil docentes que laboraron con contratos temporales en escuelas de educación básica el ciclo escolar pasado, ya no fueron recontratados.
Enrique Enríquez Ibarra, dirigente del magisterio en la capital del país, informó que pese a la exigencia de los padres, docentes y directivos de que las escuelas cuenten con una plantilla completa de maestros, no se cumple en los hechos con este requisito, y la excusa que se nos da para no recontratar a nuestros compañeros docentes es que se le debe dar preferencia a quienes resultaron idóneos en los mecanismos de ingreso al servicio profesional docente.
Sin embargo, indicó que las comunidades escolares son las que afrontan los costos de estas decisiones administrativas, pues perdemos maestros competentes, se deja a grupos sin profesor y debemos cubrir esas ausencias como se pueda.
Los inconformes, quienes marcharon la tarde de ayer de la estación del Metro Zapata a las instalaciones de la Afsedf, en la calle de Parroquia, señalaron que es urgente una reunión de trabajo con Luis Ignacio Sánchez, a fin de que no se vea afectado el regreso a clases.
Ante la negativa de las autoridades educativas para atender a los docentes inconformes, Enríquez Ibarra, informó que “se realizó una toma de las instalaciones, pero no hubo respuesta inmediata de las autoridades y sólo se nos ofreció una cita el próximo martes en sus oficinas de Río Nazas”.
Cerca de las 20 horas, los maestros disidentes liberaron las oficinas centrales de la Afsedf, aunque se reportó que hubo daños en una de las puertas del inmueble.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
Profesores disidentes de la sección 9 del Distrito Federal tomaron las instalaciones de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (Afsedf) para demandar la instalación de una mesa de trabajo con su titular, Luis Ignacio Sánchez, pues denunciaron que más de mil docentes que laboraron con contratos temporales en escuelas de educación básica el ciclo escolar pasado, ya no fueron recontratados.
Enrique Enríquez Ibarra, dirigente del magisterio en la capital del país, informó que pese a la exigencia de los padres, docentes y directivos de que las escuelas cuenten con una plantilla completa de maestros, no se cumple en los hechos con este requisito, y la excusa que se nos da para no recontratar a nuestros compañeros docentes es que se le debe dar preferencia a quienes resultaron idóneos en los mecanismos de ingreso al servicio profesional docente.
Sin embargo, indicó que las comunidades escolares son las que afrontan los costos de estas decisiones administrativas, pues perdemos maestros competentes, se deja a grupos sin profesor y debemos cubrir esas ausencias como se pueda.
Los inconformes, quienes marcharon la tarde de ayer de la estación del Metro Zapata a las instalaciones de la Afsedf, en la calle de Parroquia, señalaron que es urgente una reunión de trabajo con Luis Ignacio Sánchez, a fin de que no se vea afectado el regreso a clases.
Ante la negativa de las autoridades educativas para atender a los docentes inconformes, Enríquez Ibarra, informó que “se realizó una toma de las instalaciones, pero no hubo respuesta inmediata de las autoridades y sólo se nos ofreció una cita el próximo martes en sus oficinas de Río Nazas”.
Cerca de las 20 horas, los maestros disidentes liberaron las oficinas centrales de la Afsedf, aunque se reportó que hubo daños en una de las puertas del inmueble.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
Al descubierto, las ilegalidades de la DEA
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos es estremecedor: en el uso que hace de informantes confidenciales, la DEA viola leyes, pone en riesgo la seguridad nacional y solapa y aun alienta actividades relacionadas con el narcotráfico. Es una llamada de alerta de la administración de Obama para contener el abuso de la figura del “testigo protegido”.
WASHINGTON: El uso de informantes por parte de la administración antidrogas de Estados Unidos (DEA), viola leyes de su país y de otros, aumenta el nivel de riesgo para la seguridad nacional de varios países y coadyuva con las actividades del tráfico de drogas y del crimen organizado, sentencia un informe del gobierno del presidente Barack Obama.
“Debido a las irregularidades, las fuentes confidenciales se pueden involucrar en actividades ilegales o pisar la línea de la legalidad, creyendo que la DEA condona cualquier actividad ilícita en la que participan”, indica el informe del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Con el título de Auditoría a las políticas de la administración federal antidrogas (DEA), para el manejo de fuentes confidenciales y supervisión de fuentes confidenciales de alto riesgo, el informe de 50 páginas –hecho público el pasado 21 de julio– reprueba en esta materia a la dependencia federal encargada de combatir el tráfico de drogas.
Michael E. Horowitz, inspector general (auditor) del Departamento de Justicia, sostiene que la DEA incumple las reglas y los manuales federales sobre los tiempos útiles para el manejo de fuentes de información, informantes confidenciales y fuentes confidenciales de alto riesgo, gastando más recursos del erario y vulnerando el respeto y la aplicación de la ley.
La investigación que encabezó Horowitz, llevada a cabo durante poco más de un año, revela incluso que la DEA utiliza como informantes o fuentes de información de alto riesgo a criminales investigados por otras dependencias federales de Estados Unidos, lo cual socava aún más la credibilidad de las operaciones antinarcóticos.
“Esto ha creado un riesgo significativo de relaciones inapropiadas entre los agentes federales y las fuentes, que al continuar mucho tiempo pasando información, pueden resultar en la divulgación y pérdida de información sensible u otras consecuencias adversas para el gobierno”, subraya el reporte entregado la semana pasada a la procuradora general, Loretta Lynch.
“En algunos casos la DEA, sin la autorización necesaria, continuó utilizando informantes más de seis años, sin la intervención del Departamento de Justicia; éstos estaban involucrados en actividades ilegales y son sujetos de investigación por parte de entidades federales”, agrega el informe.
Las revelaciones de esta investigación exponen una realidad de las tácticas de la DEA, dentro y fuera de Estados Unidos: permite a sus informantes e incluso los autoriza a cometer delitos e implicarse en actividades criminales a fin de conseguir información carente de confiabilidad y de una supervisión rigurosa.
La investigación encabezada por Horowitz –iniciada en febrero de 2014 y concluida el pasado julio–, ubica 240 casos de informantes manejados por la DEA, quienes han sido utilizados más de seis años, plazo de credibilidad supervisada que autorizan la reglas internas de las agencias estadunidenses.
A la DEA se le acusa de usar como informantes o fuentes confidenciales a “líderes del crimen organizado, traficantes de drogas, abogados, médicos y periodistas”.
En su informe, el inspector general se queja de que los agentes de la DEA intentaron bloquear su investigación. Dilataron la entrega de expedientes de sus informantes, ocultaron información o simplemente se negaron a cooperar con lo que establece la ley de las auditorías internas del gobierno federal de Estados Unidos.
Permiso para delinquir
Otra de las irregularidades identificadas en el informe, sostiene que el reclutamiento de informantes o fuentes de información confidenciales o de alto riesgo por parte de los agentes de la DEA se lleva a cabo en violación de los estándares para este objetivo. En consecuencia, los informantes asumen que reciben una especie de licencia autorizada por la DEA para delinquir.
Sobre el uso de los recursos del erario, el informe añade que la DEA “compensa a sus informantes o fuentes de información” o familiares de éstos como si fueran empleados del gobierno federal en casos de su jubilación o por deceso durante sus funciones.
“Estimamos que durante el periodo de un año, del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, la DEA pago a 17 fuentes confidenciales de información o a sus dependientes, la cantidad de mil 34 millones de dólares en compensaciones, como si fueran empleados federales”, ejemplifica la oficina del inspector general.
En el manual de la DEA, la definición de un informante o una fuente de información confidencial dice: “Cualquier individuo quien con una expectativa razonable de confidencialidad, entregue información sobre el tráfico de drogas o lleve a cabo actividades de investigación”.
En ninguno de los casos revisados e investigados por la oficina del inspector general del Departamento de Justicia se da conocer el nombre de los informantes o fuentes confidenciales analizados. También se omite revelar los lugares donde se llevaron a cabo las irregularidades y violaciones a las leyes condonadas por los agentes de la DEA.
“De acuerdo con los funcionarios de la DEA, las fuentes confidenciales son una parte crítica de sus operaciones para la aplicación de la ley. Se refieren a ellos como ‘el pan y la mantequilla’ de la dependencia”, resalta el informe.
Horowitz reportó a la procuradora Lynch que los altos mandos y agentes de la DEA reconocen que los informantes representan un altísimo riesgo para la aplicación de la ley, pues, además de ser criminales, muchos de ellos frecuentemente condicionan su cooperación a cambio de dinero.
En las oficinas centrales, en las regionales y en las que tiene en el extranjero, la DEA mantiene una base de datos electrónica conocida como Confidential System Concorde, en la cual están archivados todos los datos personales de los informantes y fuentes confidenciales; así como sus antecedentes.
Categorías de las fuentes
Dentro de la DEA ésta es la definición que se tiene respecto a las categorías en las que clasifica a sus informantes o fuentes confidenciales de información.
1) De uso restringido: fuente confidencial sujeta a un alto nivel de supervisión y control, debido a sus antecedentes.
2) Acusado (testigo protegido): fuente confidencial que está bajo arresto y sujeta a juicio por haber cometido un delito estatal o federal. Requiere concurrencia de una fiscalía para definir su situación jurídica.
3) Nombre protegido: individuo cuya identificación pública o utilización como fuente confidencial de la DEA pueda significar una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos o para la de un país extranjero, o que resulte en actos violentos para él mismo o para su familia y socios y que además pueda elevar la complejidad legal de varios casos.
4) Informante: fuente confidencial que no cumple con los criterios para el establecimiento de uso restringido, acusado o de identidad protegida.
5) Informante de uso limitado: fuente confidencial únicamente para propósitos de pago, y que puede ser un profesionista, empresario o una persona que sólo proporciona pistas.
Esta categorización de la DEA es presentada por la oficina de Horowitz como la prueba de las irregularidades y violaciones a las leyes y reglamentos federales en las que incurre la dependencia encargada de combatir el trasiego de drogas, respecto al uso y manejo de informantes.
“De acuerdo con los funcionarios de la DEA, sus objetivos son los jefes de las organizaciones de las drogas, por lo que si tal individuo se convierte en una fuente confidencial, esa persona es definida como ‘acusado confidencial’, porque está sujeto a un arresto y a un juicio y requiere de la aprobación de la fiscalía”, se destaca en el informe.
En su informe, el inspector general resalta que en el manual de los agentes de la DEA para el manejo de informantes y fuentes confidenciales no existe el requerimiento de la aprobación de la fiscalía. En otras palabras, el reclutamiento de un capo del narcotráfico como informante es prerrogativa exclusiva del agente encargado del caso.
Las reglas o regulaciones para el manejo de informantes o fuentes de información confidencial de las dependencias federales de Estados Unidos, no autorizan a estos individuos a cometer ilícitos o involucrarse en actividades criminales a nombre del gobierno.
En el manual de los agentes de la DEA, la investigación del Departamento de Justicia no encontró la definición que le prohíbe al informante o la fuente confidencial de información participar en actividades ilegales, como la compra de narcóticos o actividades –no definidas– que de manera rutinaria llevan a cabo solamente los agentes encubiertos de la DEA.
Al cuestionar a los jefes de la DEA o a sus agentes sobre este tipo de actividades, el inspector general reporta que obtuvieron varias explicaciones.
Entre éstas, que la administración antidrogas no autoriza a sus informantes o fuentes confidenciales a llevar a cabo actividades exclusivas de los agentes encubiertos y que antes de autorizar la compra de drogas por parte de un informante, los agentes preparan un plan de operaciones, por escrito, que se somete a la aprobación de los altos mandos.
“Durante nuestra revisión limitada de los expedientes de las fuentes confidenciales, no identificamos casos que incluyan la documentación para autorizar a la fuente de información llevar a cabo actividades para la compra de narcóticos”, acota el informe.
“Cuando revisamos los planes de operación en un caso de investigación archivado, descubrimos que el plan carece de la autorización necesaria para permitirle a la fuente de información comprar drogas”, concluye el informe.
Aún más, el informe expone el tiempo que dedican los agentes de la DEA a revisar los antecedentes de sus informantes. De entre los 240 casos revisados y que se llevaron a cabo de 2003 a 2012, el promedio de revisión de estas personas fue de medio minuto.
Y las reuniones de los agentes de la DEA con los individuos al momento de ser reclutados como fuentes de información confidencial duraron un cuarto de hora, en promedio.
El documento del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos que enlista las violaciones legales de la DEA, tiene como propósito que la procuradora general emita correcciones a las ilegalidades reportadas o que incluso proceda con una investigación cuyas consecuencias podrían ser acusaciones criminales o civiles sujetas a un juicio en una Corte Federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL (REPORTAJE ESPECIAL)
WASHINGTON: El uso de informantes por parte de la administración antidrogas de Estados Unidos (DEA), viola leyes de su país y de otros, aumenta el nivel de riesgo para la seguridad nacional de varios países y coadyuva con las actividades del tráfico de drogas y del crimen organizado, sentencia un informe del gobierno del presidente Barack Obama.
“Debido a las irregularidades, las fuentes confidenciales se pueden involucrar en actividades ilegales o pisar la línea de la legalidad, creyendo que la DEA condona cualquier actividad ilícita en la que participan”, indica el informe del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Con el título de Auditoría a las políticas de la administración federal antidrogas (DEA), para el manejo de fuentes confidenciales y supervisión de fuentes confidenciales de alto riesgo, el informe de 50 páginas –hecho público el pasado 21 de julio– reprueba en esta materia a la dependencia federal encargada de combatir el tráfico de drogas.
Michael E. Horowitz, inspector general (auditor) del Departamento de Justicia, sostiene que la DEA incumple las reglas y los manuales federales sobre los tiempos útiles para el manejo de fuentes de información, informantes confidenciales y fuentes confidenciales de alto riesgo, gastando más recursos del erario y vulnerando el respeto y la aplicación de la ley.
La investigación que encabezó Horowitz, llevada a cabo durante poco más de un año, revela incluso que la DEA utiliza como informantes o fuentes de información de alto riesgo a criminales investigados por otras dependencias federales de Estados Unidos, lo cual socava aún más la credibilidad de las operaciones antinarcóticos.
“Esto ha creado un riesgo significativo de relaciones inapropiadas entre los agentes federales y las fuentes, que al continuar mucho tiempo pasando información, pueden resultar en la divulgación y pérdida de información sensible u otras consecuencias adversas para el gobierno”, subraya el reporte entregado la semana pasada a la procuradora general, Loretta Lynch.
“En algunos casos la DEA, sin la autorización necesaria, continuó utilizando informantes más de seis años, sin la intervención del Departamento de Justicia; éstos estaban involucrados en actividades ilegales y son sujetos de investigación por parte de entidades federales”, agrega el informe.
Las revelaciones de esta investigación exponen una realidad de las tácticas de la DEA, dentro y fuera de Estados Unidos: permite a sus informantes e incluso los autoriza a cometer delitos e implicarse en actividades criminales a fin de conseguir información carente de confiabilidad y de una supervisión rigurosa.
La investigación encabezada por Horowitz –iniciada en febrero de 2014 y concluida el pasado julio–, ubica 240 casos de informantes manejados por la DEA, quienes han sido utilizados más de seis años, plazo de credibilidad supervisada que autorizan la reglas internas de las agencias estadunidenses.
A la DEA se le acusa de usar como informantes o fuentes confidenciales a “líderes del crimen organizado, traficantes de drogas, abogados, médicos y periodistas”.
En su informe, el inspector general se queja de que los agentes de la DEA intentaron bloquear su investigación. Dilataron la entrega de expedientes de sus informantes, ocultaron información o simplemente se negaron a cooperar con lo que establece la ley de las auditorías internas del gobierno federal de Estados Unidos.
Permiso para delinquir
Otra de las irregularidades identificadas en el informe, sostiene que el reclutamiento de informantes o fuentes de información confidenciales o de alto riesgo por parte de los agentes de la DEA se lleva a cabo en violación de los estándares para este objetivo. En consecuencia, los informantes asumen que reciben una especie de licencia autorizada por la DEA para delinquir.
Sobre el uso de los recursos del erario, el informe añade que la DEA “compensa a sus informantes o fuentes de información” o familiares de éstos como si fueran empleados del gobierno federal en casos de su jubilación o por deceso durante sus funciones.
“Estimamos que durante el periodo de un año, del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, la DEA pago a 17 fuentes confidenciales de información o a sus dependientes, la cantidad de mil 34 millones de dólares en compensaciones, como si fueran empleados federales”, ejemplifica la oficina del inspector general.
En el manual de la DEA, la definición de un informante o una fuente de información confidencial dice: “Cualquier individuo quien con una expectativa razonable de confidencialidad, entregue información sobre el tráfico de drogas o lleve a cabo actividades de investigación”.
En ninguno de los casos revisados e investigados por la oficina del inspector general del Departamento de Justicia se da conocer el nombre de los informantes o fuentes confidenciales analizados. También se omite revelar los lugares donde se llevaron a cabo las irregularidades y violaciones a las leyes condonadas por los agentes de la DEA.
“De acuerdo con los funcionarios de la DEA, las fuentes confidenciales son una parte crítica de sus operaciones para la aplicación de la ley. Se refieren a ellos como ‘el pan y la mantequilla’ de la dependencia”, resalta el informe.
Horowitz reportó a la procuradora Lynch que los altos mandos y agentes de la DEA reconocen que los informantes representan un altísimo riesgo para la aplicación de la ley, pues, además de ser criminales, muchos de ellos frecuentemente condicionan su cooperación a cambio de dinero.
En las oficinas centrales, en las regionales y en las que tiene en el extranjero, la DEA mantiene una base de datos electrónica conocida como Confidential System Concorde, en la cual están archivados todos los datos personales de los informantes y fuentes confidenciales; así como sus antecedentes.
Categorías de las fuentes
Dentro de la DEA ésta es la definición que se tiene respecto a las categorías en las que clasifica a sus informantes o fuentes confidenciales de información.
1) De uso restringido: fuente confidencial sujeta a un alto nivel de supervisión y control, debido a sus antecedentes.
2) Acusado (testigo protegido): fuente confidencial que está bajo arresto y sujeta a juicio por haber cometido un delito estatal o federal. Requiere concurrencia de una fiscalía para definir su situación jurídica.
3) Nombre protegido: individuo cuya identificación pública o utilización como fuente confidencial de la DEA pueda significar una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos o para la de un país extranjero, o que resulte en actos violentos para él mismo o para su familia y socios y que además pueda elevar la complejidad legal de varios casos.
4) Informante: fuente confidencial que no cumple con los criterios para el establecimiento de uso restringido, acusado o de identidad protegida.
5) Informante de uso limitado: fuente confidencial únicamente para propósitos de pago, y que puede ser un profesionista, empresario o una persona que sólo proporciona pistas.
Esta categorización de la DEA es presentada por la oficina de Horowitz como la prueba de las irregularidades y violaciones a las leyes y reglamentos federales en las que incurre la dependencia encargada de combatir el trasiego de drogas, respecto al uso y manejo de informantes.
“De acuerdo con los funcionarios de la DEA, sus objetivos son los jefes de las organizaciones de las drogas, por lo que si tal individuo se convierte en una fuente confidencial, esa persona es definida como ‘acusado confidencial’, porque está sujeto a un arresto y a un juicio y requiere de la aprobación de la fiscalía”, se destaca en el informe.
En su informe, el inspector general resalta que en el manual de los agentes de la DEA para el manejo de informantes y fuentes confidenciales no existe el requerimiento de la aprobación de la fiscalía. En otras palabras, el reclutamiento de un capo del narcotráfico como informante es prerrogativa exclusiva del agente encargado del caso.
Las reglas o regulaciones para el manejo de informantes o fuentes de información confidencial de las dependencias federales de Estados Unidos, no autorizan a estos individuos a cometer ilícitos o involucrarse en actividades criminales a nombre del gobierno.
En el manual de los agentes de la DEA, la investigación del Departamento de Justicia no encontró la definición que le prohíbe al informante o la fuente confidencial de información participar en actividades ilegales, como la compra de narcóticos o actividades –no definidas– que de manera rutinaria llevan a cabo solamente los agentes encubiertos de la DEA.
Al cuestionar a los jefes de la DEA o a sus agentes sobre este tipo de actividades, el inspector general reporta que obtuvieron varias explicaciones.
Entre éstas, que la administración antidrogas no autoriza a sus informantes o fuentes confidenciales a llevar a cabo actividades exclusivas de los agentes encubiertos y que antes de autorizar la compra de drogas por parte de un informante, los agentes preparan un plan de operaciones, por escrito, que se somete a la aprobación de los altos mandos.
“Durante nuestra revisión limitada de los expedientes de las fuentes confidenciales, no identificamos casos que incluyan la documentación para autorizar a la fuente de información llevar a cabo actividades para la compra de narcóticos”, acota el informe.
“Cuando revisamos los planes de operación en un caso de investigación archivado, descubrimos que el plan carece de la autorización necesaria para permitirle a la fuente de información comprar drogas”, concluye el informe.
Aún más, el informe expone el tiempo que dedican los agentes de la DEA a revisar los antecedentes de sus informantes. De entre los 240 casos revisados y que se llevaron a cabo de 2003 a 2012, el promedio de revisión de estas personas fue de medio minuto.
Y las reuniones de los agentes de la DEA con los individuos al momento de ser reclutados como fuentes de información confidencial duraron un cuarto de hora, en promedio.
El documento del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos que enlista las violaciones legales de la DEA, tiene como propósito que la procuradora general emita correcciones a las ilegalidades reportadas o que incluso proceda con una investigación cuyas consecuencias podrían ser acusaciones criminales o civiles sujetas a un juicio en una Corte Federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL (REPORTAJE ESPECIAL)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)