El actual director general Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y exgobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, protegió la permanencia de Hernán Bermúdez Requena como exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, ya que se negó a destituirlo luego de que hicieron públicas las primeros acusaciones de presunta corrupción contra el ex mando policiaco que hoy se encuentra prófugo de la justicia.

Por el contrario, Merino Campos mantuvo a Bermúdez Requena como secretario de Seguridad entre agosto del 2021 y enero del 2024, a pesar de que en 2022 se hicieron públicos decenas de reportes de inteligencia militar que lo vinculaban con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el robo de combustibles o huachicol y el tráfico de personas.

El día de hoy Carlos Manuel Merino tiene a su cargo ASA, un organismo descentralizado que tiene como función principal “almacenar, comercializar y abastecer combustibles de aviación” en todo México, a través de 52 estaciones de servicio, principalmente turbosina elaborada por Petróleos Mexicanos.

Otra de las funciones de ASA es “administrar, operar y conservar los aeropuertos en todo territorio nacional”, por lo que tiene bajo su mando un total de 19 terminales aéreas.

El ascenso del “Comandante H”

En cada reporte de inteligencia militar sobre el caso Hernán Berm´dez Requena, los presuntos vínculos del secretario de Seguridad de Tabasco con el crimen organizado iban escalando, hasta que finalmente se convirtió en la cabeza del principal grupo criminal en la entidad.

En el primero, con fecha de 12 de noviembre de 2019, se vinculaba a Bermúdez Requena, en ese entonces Director de la Policía de Investigación estatal, con Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, alias ‘El Pelón de Playas’, líder de MM de 2021. Además, el CERFI Sureste emitió una alerta más en la ya que se documentaba la presunta corrupción de Hernán Bermúdez. Una tarjeta dirigida a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa advertía lo siguiente:

“Informar respecto a la posible cooptación y corrupción de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de Tabasco, por la presunta negociación para la liberación de integrantes de la delincuencia organizada”.

En ese reporte se menciona que Hernán Bermúdez Requena fue buscado por la gente de Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera”, para que fungiera como intermediario en la liberación de su cuñado, Francisco Javier Martínez Hernández, alias “Pelón”, detenido el 23 de febrero del 2019

El documento indica que “El Pantera” era investigado por actividades de huachicoleo, tráfico de armas y drogas, entre otros delitos. En tanto, Bermúdez es identificado como el “Comandante H” y se menciona que pidió al “Pantera” 500 mil pesos para liberar al Pelón y otros detenidos

Pruebas de ADN confirmaron el hallazgo sin vida de cuatro mujeres desaparecidas —entre ellas, dos menores de edad— desde el pasado 16 de mayo en las inmediaciones del Ejido Francisco Villa, en Tijuana, cuyos cuerpos fueron abandonados en distintos puntos de la Zona Este, según confirmó Fidel Corvera Gutiérrez, fiscal de Unidades Especializadas.

Fue el pasado 16 de mayo cuando tres jóvenes amigas desaparecieron tras ser vistas por última vez al dirigirse a una fiesta en el Ejido Francisco Villa, en Tijuana. Se trata de Guadalupe Leyvi Argüello Pineda, de 16 años; Melani Sujey Rodríguez Alegría, de 17 años; y Alondra Citlali Rico González, de 18 años. Mientras que la madre de Melani, Adriana Yanete Rodríguez Alegría, de 39 años, desapareció el 30 de mayo.

“Ya están identificados los 4 cuerpos. La primera que se identificó fue la de nombre Alondra; esta persona es la que tenía 18 años, fue localizada el 7 de junio en un vehículo calcinado. En un pick up, acompañado de otros dos cuerpos, pero todavía los otros dos cuerpos no fueron identificados de que tengan reporte de desaparición”, informó Corvera Gutiérrez a ZETA.

Según abundó, los cuerpos de las menores de edad, Melani y Guadalupe, fueron quemados en un vehículo tipo sedán, el cual también fue completamente calcinado. Fue a través de pruebas de ADN que lograron obtener su identidad. Ambos vehículos calcinados fueron localizados en la delegación La Presa Rural: el pick up en Terrazas del Valle y el sedán en Valle del Sol.

La última en ser localizada fue Adriana, en el predio de uno de los detenidos, en el Ejido Francisco Villa, el 7 de julio: “en el predio donde se localizó a la mamá de una de ellas, en un predio a un lado se había localizado anteriormente otro cuerpo también, pero no ha sido identificado”. Sin embargo, el hallazgo de ese otro cuerpo no estaría vinculado al mismo crimen.

De acuerdo con la narrativa de los hechos, los testigos refirieron que el último día que las vieron juntas fue el 16 de mayo en un domicilio de la colonia Francisco Villa. Después de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconstruyó los hechos, pues fue en el transcurso de la noche del 16 al 17 de mayo cuando fueron privadas de la libertad, para posteriormente asesinarlas y finalmente desaparecer sus cuerpos en diversas zonas.

“La mamá (Adriana Yanete) inclusive fue a buscarla, porque le llegó el rumor de que su hija fue vista en un domicilio en la colonia Francisco Villa. Ella fue a ese domicilio a buscarla y se presume que ahí fue donde a ella también la privan de la libertad y posteriormente la privan de la vida”, subrayó el fiscal de Unidades Especializadas.

Desde el inicio de la desaparición, la familia de Guadalupe Argüello salió a buscarla a las calles, en compañía del colectivo Enlace y Restauración, con la esperanza de localizarla con vida o incluso de que regresara caminando a casa. Aunque finalmente la localizaron, no fue de la manera que deseaban.

Atendiendo la denuncia por abuso sexual, el exsecretario de Bienestar en Tijuana, Erik “Terrible” Morales, ya acudió a comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE), reconoció la titular María Elena Ramírez. El exboxeador se negó a declarar, pero a cambio ofreció el testimonio de dos testigos que han evitado acudir a las instalaciones del Ministerio Público en Tijuana.

La fiscal Andrade reconoció que Morales Elvira tiene dos carpetas de investigación por abuso sexual. La denuncia más reciente fue interpuesta ante Sindicatura Municipal por una colaboradora de la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana.

“La carpeta reciente de su empleada entonces, la tenemos actualizada. Él ya compareció, pero se abstuvo de declarar, ofreció testigos que a la fecha no se han presentado. Se está trabajando el tema emocional de la víctima y en cuanto tengamos esos datos vamos a tomar la resolución correspondiente. Pues el aviso a las víctimas que en la Fiscalía del Estado no vamos a tolerar ninguna actividad ilícita, en especial contra las mujeres, y si hay evidencia, vamos a proceder conforme a la ley”, explicó la fiscal Andrade.

La primera denuncia, que se expuso en medios a principios de 2024, daba cuenta de un presunto abuso sexual ocurrido en junio de 2013 en las instalaciones del gimnasio Box Platino, en contra de la recepcionista de nombre Martha N., quien lo acusó de haberla tocado sin su consentimiento e intentar abusar de ella.

“El secretario Erik tiene dos carpetas de investigación. La primera es por hechos de hace 12 años, lo que ha complicado mucho obtener nueva información. Se va a tratar de trabajar con la víctima para establecer apoyo psicológico, un poco más de datos que nos permitan tener evidencia para esa carpeta”, recordó la titular de la FGE.

Paradójicamente, en el marco del programa financiado con recursos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum, “Tijuana Zonas de Paz”, el “Terrible” Morales fue homenajeado con un mural en la Zona Norte de Tijuana, en la colonia donde fueron sus inicios como boxeador amateur. La develación tuvo demoras debido a que el boxeador exigió que el artista favorito de los gobiernos morenistas, Gerardo “Mode” Orozco, sustituyera el color rosa del mural, a lo que no se accedió.

Las víctimas de extorsión sumaron 5 mil 887 en el primer semestre de 2025, la mayor cifra registrada para un periodo similar desde que se tiene registro, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Este delito creció 6.8% respecto al primer semestre de 2024, cuando sumaron 5 mil 509 víctimas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que la extorsión ha aumentado durante su administración, por lo que el pasado 8 de julio anunció una serie de medidas para combatir su crecimiento.

Marisol murió el 20 de julio de 2015 en el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los 30 años de edad, cuando tenía 39.2 semanas de embarazo. Luego de presentar vómitos y náuseas, el personal médico detectó que el producto había muerto y le realizó una cesárea de emergencia. 

Tuvo un desprendimiento prematuro de placenta, una de las más graves urgencias obstétricas con alto riesgo de muerte. Por su estado, se requería trasladarla a un hospital de mayor nivel, porque en Bochil no había suficientes hemoderivados ni equipo para atenderla, pero eso se hizo hasta seis horas después de terminado el procedimiento.

El retraso ocurrió porque el Hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, no tenía médico de cuidados intensivos que la recibiera, y tampoco se echó a andar el Convenio general de colaboración para la atención de emergencias obstétricas, que indicaba que debía ser trasladada a alguno de los hospitales firmantes de este. Cuando llegó a Tuxtla, ya había muerto.

La larga batalla por reparación para Marisol

Entre las deficiencias que condujeron a su muerte, la familia de Marisol también reclamó que su atención estuvo en manos de residentes de tercer y cuarto año, y de un médico pasante de servicio social que no tenía la experiencia suficiente ni la supervisión de un médico responsable. En el hospital de Bochil, había un solo ginecobstetra de base para el turno matutino. 

Aunado a ello, el centro de atención médica no contaba con hemoderivados suficientes, mientras que el retraso del traslado de Marisol al hospital de Tuxtla se debió también a la falta de médicos en la unidad de cuidados intensivos. Días antes de su muerte, se había ordenado un ultrasonido y otras pruebas para ella que tampoco se realizaron; el propio hospital alegó no contar con el equipo necesario. 

No solo eso: el útero que le fue extraído durante su cesárea para detener la hemorragia fue extraviado, por lo que el hospital no llevó a cabo el estudio histopatológico que se requería para determinar las causas de la emergencia obstétrica.

El acompañamiento de Fundar implicó interponer un juicio de amparo para poder acceder al expediente clínico, que le fue negado a la familia, y posteriormente el caso fue presentado ante la CNDH por las violaciones cometidas, organismo que en diciembre de 2018 finalmente emitió una propuesta de conciliación al IMSS. 

Fue en ese convenio que se incluyeron como medidas de reparación y no repetición la habilitación de un banco de sangre, la contratación de personal obstétrico en todos los turnos y fines de semana; la disponibilidad de insumos, equipo y personal necesario para la realización de estudios de ultrasonido, la capacitación de personal, la investigación de funcionarios responsables y la disculpa pública.

A siete años de ese acuerdo, sigue pendiente concluir la construcción y operación del banco de sangre, la contratación de personal ginecobstetra en todos los turnos y fines de semana; la plena disponibilidad de insumos, personal y equipo, así como garantizar la capacitación constante de personal. 

Además, ningún servidor público ha sido investigado o sancionado por los hechos. 

No es el único caso en Bochil, Chiapas

El periodista experto en seguridad, José Luis Montenegro, publicó información contenida en los Guacamaya Leaks que vincula al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, con actividades delictivas como secuestro, extorsión y robo de hidrocarburos, y señaló que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como el actual senador y exgobernador Adán Augusto López Hernández tenían conocimiento de estas investigaciones desde 2021, pero omitieron actuar al respecto.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Montenegro detalló que “por lo menos hay indicios criminales de Bermúdez Requena que datan del año 2004, más de 20 años que ha estado en el anonimato este hombre había estado bajo el sigilo y bajo el amparo y nadie se enteró”.

El 28 de octubre de 2021, explicó Montenegro, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) elaboró un reporte titulado Diagnóstico Delictivo Regional, que fue enviado al Centro Nacional de Inteligencia (CENI) y al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, en el que se mapeaban las actividades delictivas de Bermúdez Requena y sus colaboradores, entre ellos Carlos Tomás Díaz “Tomásín”, vinculado a proceso en 2023 por lavado de dinero y extorsión.

Montenegro denunció que “le tasajean, le cortan, le omiten información” al presidente en sus informes, a pesar de que “la sección 2 dedicada a inteligencia militar y la sección 8 de servicios especiales de la séptima región militar de Tuxtla Gutiérrez y la 30 zona militar en Chiapas sabían quién era el Comandante H”.

Sobre las redes criminales, Montenegro señaló que Bermúdez Requena operaba con “Euler, Rubalcaba, Colorado, el comandante Rayo, Benjamín, Mollinedo, Montiel, el Pantera”, entre otros, quienes controlaban zonas como Huimanguillo y Cárdenas y reclutaban exmilitares de Chiapas con sueldos mensuales de 3 mil pesos.

El periodista también reveló que el exgobernador y actual senador Adán Augusto López Hernández colocó a Bermúdez Requena como secretario de Seguridad en Tabasco, pero “nunca supo nada” de sus nexos criminales, pese a que el exfuncionario “se reunía de manera frecuente para temas de seguridad con Adán Augusto”.

De acuerdo con Montenegro, la filtración de Guacamaya Leaks permitió evidenciar que las autoridades conocían desde hace años la existencia de estas redes criminales en Tabasco, pero no tomaron medidas efectivas, lo que según él pone en duda la estrategia oficial contra el crimen organizado en esa región.

El arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda, uno de los activistas que recuperó una plaza pública decretada área verde en la ciudad de Tlapa, fue asesinado a balazos. 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y vecinos exigieron a las autoridades justicia y un alto a la violencia criminal contra la población.

El hallazgo de tres cuerpos sin vida en Playa del Carmen, presuntamente de taxistas del sindicato Lázaro Cárdenas del Río, ha sido un tema que la Fiscalía de Quintana Roo ha evitado informar desde que ocurrió. 

El viernes 18 fue reportado el descubrimiento de tres cuerpos abandonados a un lado de la carretera federal 307, frente al hotel Nickelodeon, en plena Riviera Maya, al norte de este municipio.

La noche del martes 8 de julio, a los activistas Eric Miller y Paola Cuevas les llegó un rumor: las autoridades planeaban clausurar las casas hogar de Ayudante al Niño IAP, una institución que han denunciado desde 2022 por presuntos abusos cometidos por cuidadores en contra de menores de edad. Fueron escépticos. Ya habían escuchado lo mismo antes y no pasaba nada.

Esta vez fue diferente. El rumor se volvió cierto y, al siguiente día, autoridades del Estado de México llegaron a las instalaciones de cinco casas hogar de Ayudante al Niño en los municipios de Texcoco y Chicoloapan. Funcionarios de la fiscalía local colocaron sellos de aseguramiento en las puertas. Estos centros habían operado desde 1967 con la financiación de iglesias cristianas de Estados Unidos. Ese día, sus puertas cerraron.

Pueblos del Istmo de Tehuantepec que este lunes instalaron cuatro bloqueos carreteros aseguraron que de no resolverse sus demandas contra la gentrificación, el despojo territorial, la criminalización de defensores comunitarios y las altas tarifas de luz en Oaxaca, protestarán durante la Guelaguetza en la región y se desplazarán a la capital para instalar un campamento.

Los cuatro bloqueos en Jalapa del Marqués, El Coyul, Puente Madera y Zanatepec fueron instalados «ante la falta de respuestas a nuestras legítimas demandas», entre las que se encuentran medidas contra la gentrificación y turistificación de los pueblos, barrios y colonias de Oaxaca, así como la revocación de la sentencia contra el defensor binnizá David Hernández Salazar, de la comunidad de Puente Madera, quien es víctima de una «persistente criminalización» a pesar de que existen dos sentencias que lo absuelven de los delitos fabricados desde 2022.

COMUNICADO:

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como autoridades judiciales, notificaron a un juez federal, el 22 de julio de 2025, que por el momento, no existía una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos, en contra de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Al respecto, Carlos Medrano García, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, negó la suspensión definitiva a “Don Rodo”, al no existir materia sobre que aplicarla, porque no existía una orden de detención con fines de traslado a EE. UU., contra el hermano del líder del CJNG.

En su acuerdo, el secretario en funciones de juzgador, puntualizó que Oseguera Cervantes no presentó elementos para desvirtuar lo informes de la Fiscalía General de la República y la Cancillería mexicana, así como de diversas autoridades judiciales.

“Como se ve, la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados y es la persona que directamente resiente los efectos del acto reclamado, por lo que se cumple el requisito establecido en la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo”, determinó Medrano García, en su resolución.

“Al rendir informe previo negaron la existencia del acto reclamado las autoridades […] Lo anterior, sin que la persona quejosa haya aportado medio de prueba idóneo para desvirtuar la negativa de dichas autoridades responsables; consecuentemente, lo procedente es negar la suspensión definitiva por no existir materia sobre que aplicarla”, detalló el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, vinculó a proceso, el 7 de marzo de 2025, a “Don Rodo”, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de venta, portación de arma y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército.

El citado juzgador también inició el procedimiento penal por los mismos delitos a Luis Enrique Flores Álvarez, Arnulfo Toscano Quintero y Felipe Isidro Santos, sujetos que fueron detenidos junto con “Don Rodo”, el 28 de febrero de 2025.

Elizondo Martínez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo en que la FGR y los defensores deberían reunir sus respectivos datos de prueba. Asimismo, rechazó que fueran incorporadas las videograbaciones de la recaptura de Oseguera Cervantes, al considerar que no eran legales, ya que no se aclaró cómo fueron obtenidas.

“Don Rodo” fue trasladado, el 3 de marzo de 2025, al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), No. 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Zumpango de Ocampo, en el Estado de México. Ello después de que Elizondo Martínez decretó la legalidad de su detención y le dictara la prisión preventiva de oficio, al estimar que existía un alto riesgo de que pudiera darse a la fuga.

Durante la audiencia inicial en que la Fiscalía General de la República imputó a “Don Rodo” por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de venta; portación de arma y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército.

Debido a que “Don Rodo” compareció por videoconferencia, desde la sede de Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, en la Ciudad de México, el juez instruyó su internamiento en “El Altiplano”.

A las 4:15 horas del 3 de marzo de 2025, el hermano de “El Mencho” salió en un vehículo blindado de la FEMDO, escoltado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Federal Ministerial (PFM).

Durante la audiencia, a solicitud de la defensa, Elizondo Martínez acordó duplicar el plazo legal para definir la situación jurídica de Oseguera Cervantes, por lo que sería hasta el viernes 7 de marzo de 2025, cuando el juez resolvería si lo vinculaba o no a proceso, por los delitos imputados.

“Don Rodo” fue recapturado, el 28 de febrero de 2025, según lo confirmó Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), sin dar detalles, luego de una conferencia de prensa.

El capo michoacano fue detenido a las 7:38 horas del viernes 28 de febrero de 2025, en la localidad de Atarjeas, municipio de Tonaya, en Jalisco, por elementos de la Guardia Nacional (GN), los cuales trasladaron al detenido ante la FEMDO, de la FGR.

Según datos del informe policial homologado, la recaptura de “Don Rodo” ocurrió luego de que los agentes de la GN supuestamente detectaran a un sujeto con un fusil Barrett calibre .50, en tareas de vigilancia de un inmueble, por lo que procedieron a detenerlo y acto seguido ingresaron al inmueble, donde capturaron en flagrancia a Oseguera Cervantes y a otros dos sospechosos, en posesión de armas y droga.

“Don Rodo” salió, a las 01:00 horas del 30 de abril de 2024, de “El Altiplano”, ello luego de que el 28 de abril de 2024, Rogelio León Díaz Villarreal, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ordenó su no vinculación a proceso y la liberación, por su presunta participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos y contra la salud, por no encontrar elementos suficientes.

La FGR adelantó, el 29 de abril de 2024, que apelaría la liberación de “Don Rodo”, pero que también denunciaría penalmente la supuesta complicidad de la Policía Municipal de Autlán de Navarro, con el hermano del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En un comunicado, la institución de procuración de justicia reveló que la Policía Municipal de Autlán de Navarro denunciaron ante la misma FGR a los elementos del Ejército y la GN que participaron en el operativo de captura de “Don Rodo”, el 21 de abril de 2024, lo que, según la Fiscalía General de la República, evidenció la colusión con el supuesto narcotraficante.

La FGR también dio a conocer que jueces de control federal de la Ciudad de México negaron cuatro veces las órdenes de cateo para ingresar al domicilio de Oseguera Cervantes, en el municipio jalisciense de Autlán de Navarro, antes de capturarlo.

Además, la Fiscalía General de la República cuestionó al juez de control Rogelio León Díaz Villarreal, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, por ordenar la liberación de “Don Rodo”, con base en unos videos “fragmentados, sin secuencia cronológica y sin documentación técnica que les diera credibilidad y certeza”.

“En una investigación por delitos graves de alto impacto, y después de cuatro ocasiones en las que diversos Jueces de Control, con sede en la Ciudad de México, negaron órdenes de cateo en el domicilio de Abraham ‘O’, la Guardia Nacional mantuvo vigilancia sobre el inmueble que ha venido ocupando dicha persona”, detalló la FGR.

“En la madrugada del pasado 21 de abril, las unidades de la Guardia Nacional observaron a tres personas en las afueras del domicilio citado, portando armas de fuego y en actitud beligerante, quienes los amagaron y se introdujeron a tal domicilio, cerrando la puerta. Por tal motivo, los miembros de esa corporación se vieron obligados a dar seguimiento a dichas personas en el interior inmueble, en debido cumplimiento de su obligación legal de perseguir un hecho delictivo evidentemente flagrante”, añadió la Fiscalía.

“En el interior del inmueble, efectivamente encontraron a Abraham ‘O’, portando un arma larga carabina de asalto calibre 5.56 x 45 y un arma corta calibre .9 milímetros, así como una cartera-bolsa con 38 gramos de cocaína; dos mil 011 pastillas de fentanilo y 255 pastillas de fluoprofentanil, razón por la cual se procedió a su detención y traslado a la Ciudad de México, poniéndolo a disposición del Ministerio Público Federal”, agregó la FGR.

“Es muy importante señalar que, durante ese evento, familiares de Abraham ‘O’, pretendieron dolosamente ocultar la verdadera identidad de éste, atribuyéndole el nombre de Rodolfo Garibay González, y al respecto pudo acreditarse que dicha persona también había tramitado y obtenido una licencia con el referido diverso nombre, lo cual es un delito que se comprobó al identificar debidamente a la persona ya mencionada”, indicó la Fiscalía General de la República.

“Durante ese mismo evento, agentes de la Policía Municipal de Autlán, que tenían conocimiento de que quien actuaba era la Guardia Nacional con el resguardo del Ejército Mexicano, presentaron ante la Fiscalía Federal en esa ciudad una denuncia en contra de los elementos actuantes; evidenciando con ello, la colusión y la complicidad de las autoridades policiacas locales, que llegaron al extremo de comprometer a sus propios directivos de esa corporación municipal, entre ellos, al subdirector de la misma”, subrayó la FGR.

“Esa conducta cómplice y encubridora se ratificó cuando dichos elementos de la policía municipal fueron presentados como testigos por la defensa del acusado, en la audiencia de vinculación correspondiente. Ya en el procedimiento judicial, y después de haber obtenido del Juez de Control Rogelio León Díaz Villarreal, la calificación de legalidad en la detención, al arribar a la audiencia de vinculación, el acusado pidió una extensión de varios días; al final de los cuales sus abogados presentaron una serie de videos fragmentados, sin secuencia cronológica y sin documentación técnica que les diera credibilidad y certeza”, dijo la Fiscalía General de la República.

“Dado que dichas pruebas no habían sido puestas a disposición del Ministerio Público por un lapso de varios días, y con ello impidiendo con ello su valoración y dictaminación pericial respectiva, ya que se obtuvieron tan solo dos horas antes de la reanudación de la audiencia, lo cual dejó a la Representación Social en estado de indefensión; y, en esas circunstancias, el Juez decretó la libertad de dicha persona con base en estos videos tan cuestionables e insuficientes, mientras el propio Juez soslayaba y dejaba de valorar las acusaciones por los delitos graves ya señalados en contra de Abraham ‘O’”, acusó la FGR.

“En este caso, con tantas conductas judiciales negativas para impedir cateos; dándole credibilidad a cuestionables videos segmentados; más el soslayamiento del Juez a las acusaciones y pruebas por delitos graves; y la presencia ominosa de complicidad y encubrimiento de la policía municipal de Autlán y de sus directivos; todo ello ha generado una evidente conducta judicial y de autoridades diversas que le dieron ventajas indebidas al acusado, en contra de la Representación Social y de las víctimas, (artículo 225, fracción VII del Código Penal Federal); razones por las cuales se presentará de inmediato el recurso de apelación respectivo y las denuncias penales que procedan en contra de autoridades policiacas locales”, insistió la Fiscalía General de la República.

“Todo lo anterior es una muestra más de los constantes criterios parciales e incongruentes de autoridades judiciales, que no deben quedar al arbitrio de una persona; y sí deben estar estrictamente determinados por la ley, como lo señala el artículo 19 de la Constitución General de la República”, finalizó la FGR.

“Con motivo de la detención y puesta a disposición de Abraham ‘N’, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Contra la Salud, en su modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio, en su connotación de venta; un juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, llevó a cabo la audiencia inicial, la cual tuvo una duración aproximada de 15 horas, concluyendo en esta fecha”, había informado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el 28 de abril de 2024.

“Escuchadas las partes, el juzgador determinó no vincular a proceso a la mencionada persona y ordenó su libertad, al considerar que su forma de detención resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su Informe Policial, toda vez que, con las pruebas aportadas por la defensa, llegó a la convicción que ésta aconteció en diversas circunstancias”, abundó el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), en un comunicado.