Al preguntar a la Secretaría Anticorrupción la razón por la que los contratos de Ethomedical no estaban disponibles, el área de prensa respondió que se trataba de adjudicaciones directas, “por lo que los documentos adicionales están bajo control de la Unidad Contratante”.

Con las adjudicaciones disponibles a finales de año en la plataforma, los restablecidos en marzo, y decenas de solicitudes de transparencia se pudo comprobar que las empresas vendieron hasta 885 % más caras las medicinas. 

Aunque en el desarrollo de esta investigación se detectaron inconsistencias en los contratos registrados a nombre de la empresa con vínculos con el yerno de una gobernadora morenista, no es el único ‘error’.

Funcionarios del IMSS explicaron que suelen ocurrir errores de registro en Compranet sin ser corregidos porque la antigua plataforma no permitía hacer modificaciones una vez publicada la información. 

Animal Político verificó la información con las facturas entregadas vía transparencia por el IMSS y se confirmó en la Cuenta Pública que Sinaloa gastó 2 mil 608 millones de pesos en la compra de medicinas ese año. 

De ahí que, para esta investigación, se descartaron estos cuatro contratos a la hora de contabilizar los recursos entregados a Ethomedical. Únicamente se consideraron los 1 mil 134 millones de pesos de 756 contratos cuya existencia se pudo confirmar a través de Compranet, solicitudes de información y la Plataforma Nacional de Transparencia.

Pero aún cuando se establecieran los parámetros para las excepciones, por primera vez en tres décadas se volvió a permitir que las negociaciones de contratación del gobierno sean de forma privada, sólo con la participación de ciertos funcionarios con empresarios, y sin que los ciudadanos puedan vigilar cada paso del proceso en tiempo real. 

“En casos excepcionales y justificados, la Secretaría podrá autorizar que se lleven a cabo los procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta ley”, establece el artículo 74 de la Ley de Obras reformada. 

También habrá excepción de transparencia de contratos dentro de Compranet para el Ejército cuando ejecuten obras en el marco de convenios intergubernamentales para “proyectos prioritarios”. 

Además se incluye una nueva figura llamada “diálogo competitivo”, donde la institución entabla un diálogo con los proveedores interesados para dar a conocer información sobre los bienes o servicios que se busquen adquirir. La negociación continuará hasta alcanzar un acuerdo benéfico para la institución. 

Aunque este método se ocuparía para bienes o servicios especializados para generar un proceso de contratación colaborativo, el Instituto Mexicaro para la Competitividad (IMCO) alertó la necesidad de realizar un monitoreo constante, debido a que los diálogos entre funcionarios y empresas incrementa el espacio de contacto y  el riesgo de corrupción.

Estas adecuaciones son contrarias a los criterios de máxima transparencia impulsados en 20 años de reformas en la materia, que consideraba que todo ciudadano tenía derecho a conocer absolutamente todo lo referente a cualquier contratación pagada con recursos públicos; salvo excepciones como afectar la seguridad nacional en caso de que la información se hiciera pública. 

Con la reforma de la presidenta también se eliminó Compranet y en su lugar crearon la Plataforma Digital de Contrataciones, aunque especialistas advirtieron la falta de certeza sobre el traspaso del archivo histórico de contrataciones de 30 años y que abarcan los gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco hay seguridad de que cualquier persona pueda obtener información vía transparencia de las negociaciones, por ejemplo, en los “diálogos estratégicos” o de aquellos contratos que no se publiquen en Compranet. 

El gobierno de Sheinbaum desapareció el INAI, el organismo autónomo de acceso a la información. Aunque supuestamente el derecho a la información seguirá siendo ejercido a través del nuevo organismo, Transparencia para el pueblo, éste estará a cargo de la Secretaría Anticorrupción. Es decir, el gobierno será juez y parte para definir si entrega o no información.

De ahí que desde hace 22 años, académicos, activistas y periodistas impulsaron la creación de un organismo autónomo para dirimir estas controversias de acuerdo a la Ley de Transparencia. Por ejemplo, si una dependencia se negaba a entregar información a un ciudadano que la solicitaba, el INAI analizaba la solicitud y en caso de que las personas tuvieran la razón, obligaba a los funcionarios públicos a entregar la información pública. 

Ahora, un ciudadano podrá solicitar información a través de Transparencia para el pueblo, pero si se la niegan, la única posibilidad de obtenerla será interponiendo juicios ante tribunales. 

Las fallas de Compranet

Por primera vez en 26 años, Compranet estuvo fuera de servicio durante meses en dos ocasiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno decidió pasar la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda, cuando la Oficial Mayor era Raquel Buenrostro, y quien ahora es titular de la la Secretaría Anticorrupción, desde donde nuevamente estará a cargo del registro de contratos públicos. 

Compranet colapsó y estuvo fuera de funcionamiento durante 17 días en julio de 2022. Luego sumó más intermitencias en 2023 y en 2024 pasó meses sin funcionar. Al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, no se podía consultar las contrataciones previas a 2022, lo que incluía todos los procedimientos de compra durante la pandemia de Covid.

En 2022, tras una primera caída del sistema, Hacienda aseguró que se debía a problemas técnicos, pero Animal Político reveló que la empresa Bravosolution México, a cargo de la operación de Compranet durante los 12 años previos, dejó de proveer el servicio desde el 31 de diciembre de ese año debido a la falta de pagos.

En 2020, tras la decisión de pasar Compranet a responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación detectó “debilidades en el registro”. En 32 mil 661 contratos, lo que representó 21.2 % del total de procedimientos realizados ese año, presentó “al menos 1 de sus 24 características sin información”. 

Además, en 2 mil 902 contratos que representan 5.4 % del total de contratos de 2020, los  proveedores no coinciden en sus números de contratos y en 2 mil 201 (5.7 %) son diferentes en la cantidad de importe de contrato.

Por ello, la Auditoría recomendó al gobierno implementar “mecanismos de seguimiento y control que permitan asegurar que se cuente con información fidedigna, confiable y relevante que contribuya a la transparencia, honradez y eficiencia de las compras y contrataciones”. 

Esto, “para medir su contribución en la atención del problema público relativo a que, las adquisiciones, contrataciones y servicios y obras públicas relacionados con las mismas del sector público son una fuente potencial de corrupción”.

A Javier se le ocurrió subir videos a redes sociales para denunciar la falta de atención, como única posibilidad para que lo escucharan. Luego, Animal Político y otros medios publicaron su caso. “Me tenían muriéndome, pero gracias a las presiones que ustedes hicieron sí me atendieron”, reconoce Javier. Sólo así, lo canalizaron a Mérida, a la Unidad Médica de Alta Especialidad “Ignacio García Téllez” para las quimioterapias y radioterapias.

Aún cuando superó la primera etapa del cáncer, su corazón sigue fallando y requiere de medicamentos permanentes que cada mes es difícil conseguirlos en su clínica 3 de Cancún. Desde marzo del año pasado le recetaron la inyección Evolocumab, que deben aplicarle cada 15 días para prevenir un derrame cerebral y ataque cardiáco, pero en realidad se la surten cada dos o tres meses.

Su familia no puede comprarla porque cuesta siete mil pesos cada una, casi el mes de salario que gana su yerno como personal de limpieza en un hotel. Y ese sueldo lo ocupan para vivir los cinco integrantes de la familia: Javier, quien era mecánico y perdió la pensión que le daban en su trabajo, su esposa, su hija y su nieta. 

También debe tomar otros cinco medicamentos que no siempre le dan. “Me dicen venga para la siguiente semana y la siguiente. Cuando ya hay, me dicen que la receta está vencida y hay que volver a sacar cita con el cardiólogo para que me vuelva a recetar”. 

Ahora, dice Javier, no tiene ni siquiera la programación de otra cita, luego de que el 28 de abril le negaron la atención pese a llegar 5 minutos antes de la hora programada argumentando que debía llegar 15 minutos antes, y por lo tanto, tampoco tendrá más recetas.

A veces pueden comprar algunas medicinas baratas, como el ácido acetilsalicílico, pero otras simplemente es imposible. “A veces hasta sin comer la pasamos en algunas ocasiones”, confiesa. 

Javier ha aprendido a vivir entre desmayos cada tres o dos veces por semana y dolores en el pecho, ante la falta de medicinas. Pero su caso no es el único. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó en cinco el número de recetas no surtidas en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Con sobreprecios de hasta 678 %, como la Sitagliptina metformina, cuyo costo unitario en compra consolidada fue de 225 pesos, pero la empresa Pharma Trimed la vendió en 1,750 pesos a la delegación Colima del IMSS.

O las tiras reactivas para medir glucosa, vendidas por Grupo Osherx, SA de CV en 2,150 pesos cada paquete, un precio incluso mayor a los 260 pesos que se consigue en farmacias comerciales. Ambos, insumos para el tratamiento de diabetes, la enfermedad con la segunda mayor incidencia en el país. 

Sin embargo, para el IMSS, la reciente creación de una empresa no es impedimento a la hora de contratar. La fecha de constitución “no es relevante ante evaluaciones de las propuestas que se hacen bajo un método binario (el proveedor cumple o no cumple requisitos), donde la antigüedad o experiencia no es un factor”.

Aumentan las adjudicaciones y el gasto

Las adjudicaciones directas a sobreprecio son efecto de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en su búsqueda de ahorros en todo el gobierno, cada año intentó una forma de adquisición de medicamentos; primero, con la compra centralizada desde la Secretaría de Hacienda, luego en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS), después en el INSABI, luego la llamada “megafarmacia” y el IMSS. 

Ante el fracaso de cada uno, las delegaciones del IMSS argumentaron que, por incumplimiento de otros proveedores o la insuficiencia de proveedores en las megacompras, había urgencia de comprar medicamentos e insumos. 

Precisamente, la urgencia, es uno de los motivos que exceptúan las compras por licitación que permite la Ley de Adquisiciones. Y, en el gobierno de López Obrador hubo menos licitaciones públicas, es decir, concursos abiertos para poner a competir a los proveedores, y más elección de empresas de manera directa. 

Mientras en 2018 el porcentaje de compras de medicinas a través de adjudicaciones directas fue de 80 %, cada año incrementó hasta alcanzar 88 % en 2022 y 95 % en 2023. Esto es: casi la totalidad de las compras de medicamentos se hicieron eligiendo directamente a proveedores y no a través de competencias para lograr las mejores condiciones. 

A diferencia de comprar en gran volumen con menor costo, en el gobierno de López Obrador las compras estuvieron fragmentadas. Con esto efectivamente rompieron el monopolio de las grandes farmacéuticas que acaparaban las ventas al gobierno, como acusaba el expresidente López Obrador, pero eso no significó obtener ahorros, sino lo contrario.

Las delegaciones del IMSS gastaron 31 % más en la adquisición de medicamentos e insumos médicos entre 2018 y 2024. Pasaron de un gasto de 71 mil millones de pesos al inicio del sexenio obradorista, a 93 mil millones de pesos al concluir. 

A la par hubo desabasto, como denunció el personal médico y usuarios. Además, los datos lo confirman. Mientras en 2018 no se surtieron 1.4 millones de recetas en el IMSS, en 2021 aumentó a 22 millones de recetas, bajó a 12 millones el año siguiente y 5 millones en 2023, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por la organización Cero Desabasto.

Empresas nuevas, contratos millonarios

La empresa que más contratos ganó en esta selección fue Comercializadora de Materiales SVG, SA de CV., con 205 adjudicaciones directas por 525 millones de pesos. Fue constituida en junio de 2021 y se dedicaba a la “compra, venta, importación, exportación, fabricación, producción, maquila, desarrollo, distribución, suministro y comercialización de toda clase de bienes y productos que estén o puedan estar en el comercio”. 

Meses después, el 30 de marzo de 2022, cambió su objeto social y agregó la comercialización de “productos para uso médico en todas sus ramas y de laboratorios clínico médico”.

Apenas 44 días después de ese movimiento, la empresa ganó la primera adjudicación directa con la delegación de Sonora por 10 millones de pesos. Vendió 110 mil piezas de Celecoxib, antiinflamatorio para artritis reumatoide, en 92 pesos cada una. El precio en compra consolidada fue de 17 pesos, mientras que farmacias privadas se consigue hasta en 68 pesos. De acuerdo con los registros de comprobación, cumplió con la totalidad del pedido.

El contrato más oneroso de Comercializadora de Materiales SVG fue por 67 millones 860 mil pesos por la adquisición de 20 mil pruebas rápidas de Covid, a un precio unitario de 2 mil 950 pesos, mientras que el costo promedio en ese entonces ascendía a 2,500 pesos. 

Aunque el contrato lo hizo la delegación de Guerrero, los registros de entrega incluían la distribución a hospitales de otras entidades, como el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México. 

En los reportes oficiales se asienta que se recibió la totalidad del pedido en almacén, pero en el registro de distribución se observa que sólo llegó 11 % de las piezas a los hospitales. Por ejemplo, el área de Pediatría y Oncología del Centro Médico Siglo XXI supuestamente recibirían más de una centena de pruebas, pero no les llegó ni una. Lo mismo que en Puebla y el Estado de México Oriente. Mientras que el Hospital General de Subzona 19, solo recibió 2 unidades. Y el que más recibió fue el Hospital General Regional 1, con 500 piezas. 

Comercializadora de Medicamentos CMI ganó contratos a los 8 meses de ser creada, en septiembre de 2022. Sólo tuvo 4 adjudicaciones por 8 millones 621 mil pesos, pero vendió a Guanajuato y la Ciudad de México productos tan relevantes como inmunoglobulina humana, utilizada para tratar enfermedades inmunitarias en las que hay pocos anticuerpos en la sangre.

Sin embargo, la empresa fue boletinada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en abril de 2024 por irregularidades sanitarias, según la alerta difundida por la institución en la que avisaba sobre los proveedores irregulares. 

Incluso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente inhabilitó a otra empresa con la mismas características halladas en esta investigación: creada poco antes de recibir contratos y vendiendo a sobreprecio. El 29 de abril, la titular de Anticorrupción, Raquel Buenrostro anunció la inhabilitación de Biomics Lab SA de CV por diversas irregularidades. 

Biomics Lab fue creada en 2020 y ese mismo año sumó 14 contratos por 20 millones de pesos, y el año siguiente obtuvo 49 adjudicaciones por 31 millones de pesos, de acuerdo con registros de Compranet. Al participar en la compra consolidada de 2025, sus irregularidades fueron identificadas por la Secretaría Anticorrupción. 

Otra de las empresas destacadas fue Materiales Médicos Rey, constituida en enero de 2021 y que comenzó a sumar adjudicaciones un año después. Ganó 79 millones de pesos con ventas a sobreprecio. 

Por ejemplo, vendió Enoxaparina de 40 mg en 729 pesos, pese a que el costo en compra consolidada fue de 151 pesos. Mientras que la inmunoglobulina G, fue vendida en 12 mil 700 pesos cada unidad, cuando el costo en consolidada fue de 10 mil 191 pesos. Solo de esos dos contratos, el IMSS de Nuevo León habría pagado más de 2 millones de pesos ‘de más’.

Redes de empresas

Promotora Médica Selec SA de CV fue creada en mayo de 2021. Un año después comenzó a ganar contratos que sumaron 149, de los cuales, 144 fueron adjudicaciones directas. En total obtuvo 155 millones de pesos, sobre todo con contrataciones de las delegaciones de Nuevo León y Guanajuato. 

Entre sus administradores está Francisco Pavel Gutiérrez Mújica, quien en 2017 apareció como representante legal de la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), una filial de Laboratorios Pisa, acusado por el presidente López Obrador de acaparar el mercado.  

Gutiérrez Mújica, además, aparece en otras dos empresas: Lógica Médica Regiomontana, creada en marzo de 2020 y que al año siguiente ganó 103 contratos por 152 millones de pesos. La otra es Inmedical Soluciones en Salud, constituida en julio de 2020 y que en 2021 ganó 11 millones de pesos. 

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que esta última empresa y Pável Gutiérrez ayudaron a burlar el veto Laboratorio Solfrán, propiedad de Carlos Lomelí, exdelegado de Guadalajara, impedida para ser proveedor gubernamental. A través de la empresa distribuidora, que ganaba los contratos, se seguían comercializando las medicinas de dicho laboratorio. 

La segunda empresa con más contratos fue Leo-Medik con 198 millones de pesos. Fue creada en septiembre de 2021 y cinco meses después obtuvo la primera de 117 adquisiciones directas.

Ésta, además, comparte integrantes con Grupo Farmacéutico MDK, creada en enero de 2021, y que es la tercera en recibir la mayor cantidad de contratos, con 173 millones de pesos.

Ambas empresas tienen más de 40 actividades en su objeto social y sus accionistas están personas que han tenido otras empresas. Como María del Pilar Monroy, que aparece como representante de Evtek SA de CV en una junta de aclaraciones para vender computadoras en Aguascalientes. También, Omar Eduardo Llanos, accionista en Pick and Go Comercial SA de CV, creada en 2023, y, como contratista del IMSS ha vendido artículos de aseo en Aguascalientes. 

El contrato más oneroso de Leo-Medik fue por 41 millones 500 mil pesos con la delegación Colima para comprar 50 mil piezas de eritropoyetina, para tratar la anemia y efectos secundarios tras una quimioterapia. 

El costo unitario ofrecido fue de 830 pesos, aunque en la compra consolidada era de 651 pesos. Solo por la diferencia de 178 pesos en cada unidad, la delegación pagó 8 millones 922 mil pesos ‘de más’. 

Pagan medicinas más caras

En 2022, las delegaciones del IMSS de al menos 19 entidades contrataron a empresas de reciente creación: Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Durango, Sonora, Colima, Tamaulipas, Estado de México, Coahuila, Tlaxcala, Puebla y Jalisco. 

Animal Político analizó los contratos registrados en Compranet para ubicar a aquellas empresas que obtuvieron contratos al poco tiempo de ser creadas. En la lista destacan al menos 35 que tenían menos de un año de operación cuando ganaron el primer contrato.

Sin embargo, se descartaron aquellas que vendían mobiliario, artículos de limpieza o servicios subrogados especializados cuyos precios eran muy variables. Para esta investigación se seleccionaron únicamente 19 empresas que vendieron medicinas o insumos hospitalarios básicos. 

En total, estas compañías recibieron mil 382 contratos por mil 666 millones de pesos, cuya fecha de creación varió entre 2, 3, 5 y hasta 15 meses. 

Luego, se solicitó por transparencia el primer contrato realizado, el de mayor monto y otro con una delegación distinta a las anteriores. De las respuestas obtenidas se analizaron 59 contratos por la compra de 1.9 millones de piezas y un monto de 292 millones de pesos. 

Al contrastar el costo unitario de cada medicamento e insumo vendido en estos contratos se hallaron sobreprecios prácticamente en todos los casos que entregaron información. Aunque según los reportes, las empresas cumplieron con la mayoría de los pedidos, el impacto está en el sobrecosto pagado con recursos públicos. 

Si las compras se hubieran realizado a través de compras consolidadas el monto pagado habría sido de 141 millones de pesos. Es decir, las delegaciones del IMSS habrían pagado 150 millones de pesos de más. Un sobreprecio total del 106 por ciento.

Ethomedical vendió, por ejemplo, Bleomicina, un tratamiento contra el cáncer en 3 mil 200 pesos cada unidad a la delegación de Baja California en 2021. Aunque la misma medicina la compró en 329 pesos cada pieza el Instituto Nacional de Pediatría.

La Sitagliptina, tratamiento para diabetes mellitus –segunda enfermedad con mayor prevalencia en el país con 14.6 millones de pacientes– tuvo un sobrecosto de 617% en la delegación del IMSS de Morelos. Fue vendida en 850 pesos cada pieza en 2022, pese a que su costo en la compra consolidada fue de 118 pesos. Incluso, la vendió más cara que las farmacias comerciales, en donde puede adquirirse en 330 pesos.   

En otros casos, ni siquiera hay pruebas de que los pedidos fueran entregados completos. Guanajuato pagó 12 millones de pesos por el anticoagulante postoperatorio Enoxaparina, pero sólo recibió 10 mil de las 17 mil unidades pedidas, según el reporte de entregas obtenido por transparencia.

En la delegación del IMSS de Sinaloa se adquirieron 1,260 piezas de Carboplatino, tratamiento contra el cáncer, pero no cuentan con ninguna prueba de que haya ingresado esas medicinas.

La proveedora fue Ethomedical, una empresa cuya experiencia se resumía en dos contratos  por 2 millones de pesos en 2015, pero que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en una de las favoritas. 

Fue contratada de manera directa una y otra vez hasta acumular mil 134 millones de pesos entre 2020 y 2022. Año en que, además, fue enlistada por la Cofepris como proveedor irregular por incumplir medidas sanitarias.

La bonanza de Ethomedical coincidió con la compra de acciones en 2020 por parte de María Teresa Muñoz Caraveo, esposa de Aldo Díaz Pérez, el socio de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora Nahle. 

Juntos crearon las empresas Comercializadora Delta Dibal, SA de CV y Servicios y Premezclados Forte, SA de CV en 2017 y 2018, respectivamente. Ambas empresas recibieron depósitos por 100 millones de pesos por parte de empresas que obtuvieron permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la explotación de hidrocarburos entre 2019 y 2023, periodo en el que Nahle fue titular de Energía, de acuerdo a una investigación de N+Focus.

Díaz Pérez además fue subdirector de Venta Comercial en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2019. Según su declaración patrimonial, su función era asignar contratos de bienes y servicios durante la gestión de Ignacio Ovalle, cuando ocurrieron desvíos por más de 17 mil millones de pesos. Caso investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y que tiene a tres detenidos. 

El IMSS respondió a esta investigación argumentando que no hubo impedimento para contratar a estas empresas y que los precios de las adquisiciones resultan de una investigación de mercado que toma en cuenta distintos factores. (Aquí puedes consultar el cuestionario al IMSS y sus respuestas)

En tanto, Birmex y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, no respondieron a la solicitud de entrevista.

Unos se enriquecen, otros se endeudan para salvar la vida

Mientras las empresas Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales vendieron medicinas a sobreprecio, otros, como Sara Montenegro, tuvieron que hipotecar su único patrimonio para poder pagar su tratamiento y salvar su vida. 

A los 58 años, Sara fue diagnosticada con cáncer de mama en Baja California. Era un periodo complicado porque todos los servicios de salud públicos estaban abocados en atender la pandemia de Covid en 2020, aún cuando enfermedades como la suya no pueden esperar. Afortunadamente tenía contratado un seguro contra cáncer con el que pudo cubrir la cirugía y cuatro quimioterapia. 

Sin embargo, tres años después, el cáncer regresó. Esta vez fue en el colon, pero en la clínica 20 de Tijuana le dijeron que el aparato para la radioterapia estaba descompuesto y tal vez lo repararían en diciembre, aunque no le aseguraban la fecha de atención porque había lista de espera. 

La mujer, que había dedicado 27 años de su vida al IMSS como asistente médica, decidió empeñar su único patrimonio: su casa. Consiguió 500 mil pesos y con eso pagó las sesiones de radioterapia en privado. Gracias a eso pudo salvar su vida por segunda vez.

Pero aún debe tomar exemestano, tratamiento para la remisión del cáncer de mama, por cinco años. Cada mes acude a su clínica, pero “a veces voy y no hay. En los últimos dos años he batallado más. Antes me decían que una semana y sí me la daban, pero de dos años para acá ha sido peor. Esta vez duraron dos meses para surtir una caja”. 

Cuando no se la dan, Sara debe gastar 4 mil pesos por el medicamento, y también solventar las tomografías, colonoscopias y resonancias magnéticas para monitorear su estado de salud y confirmar que el cáncer no regrese.

A partir de su experiencia forma parte de grupos de Facebook donde otros pacientes exponen sus casos y entre todos se ayudan. Hacen rifas, se regalan medicamentos que les sobran o hacen coperacha para pagar medicinas. Aún así, no todas son historias de éxito. 

“Hay gente que se ha muerto, me consta, porque no les han dado el tratamiento y no tienen la solvencia para comprarlo. A veces ya no tengo ganas ni de estar peleando. A veces ya no tenemos la esperanza de que esto mejore”, dice. 

El caso de Sara no es aislado. Datos de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), en la que se demuestra que el gasto que hicieron los ciudadanos en 2022 para compra de medicinas creció en 39% en comparación con 2018; y los más pobres, incluso, gastaron el doble de recursos.

Ethomedical, beneficiaria del sobreprecios

Aunque Ethomedical fue creada en 2014, en 2020 María Teresa Muñoz Caraveo, esposa de Aldo Díaz Pérez, compró acciones de la empresa, y en 2022 sumó al hijo de ambos, Daniel Díaz Muñoz, quien desde 2020 también era socio de la empresa Comercializadora Delta Dibal. 

En 2022 crearon Abastecedora de Medicinas y Materiales, donde participan Muñoz Caraveo y sus otros dos hijos, Andrés Díaz Muñoz e Isabel Díaz Muñoz.

Ahora, Animal Político revela en esta investigación que los socios de Bilbao Arrieta también fueron favorecidos con contratos directos en al menos 20 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS (OOAD), antes conocidas como delegaciones estatales: Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, y Veracruz. 

Así, obtuvo 334 millones de pesos en contratos en 2020; el año siguiente, 461 millones de pesos y en 2022, 339 millones de pesos. 

Y una vez que Ethomedical fue impedida para comprarle por sus irregularidades sanitarias, entró al negocio Distribuidora de Medicinas y Materiales, SA de CV, nuevamente vendiendo a sobreprecio. Pero ésta vez también fue contratada por Birmex. Sólo en 2023 y 2024 sumó 63 millones de pesos. 

Este tipo de contrataciones encontraron terreno fértil durante los cinco intentos fallidos de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el procedimiento de compra de medicinas en busca de un mayor ahorro como parte de su política de “austeridad republicana”.

El sobrecosto también podría explicar el aumento de 29% del monto en contratos de medicinas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en comparación con el de Enrique Peña Nieto. Mientras en 2018 el gasto fue de 61 mil millones, en 2024 fue de 79 mil millones de pesos, como reveló Animal Político en la primera entrega de la investigación No fuimos Dinamarca.

Además, el sobreprecio tuvo como consecuencia que el gobierno gastara más, pero obtuviera menos piezas de fármacos de uso tan cotidiano en los hospitales como anestésicos (Propofol) o tratamientos para las principales enfermedades como diabetes (Sitagliptina) o cáncer (bleomicina, carboplatino, ciclofosfamida).

También para la hipertensión (metoprolol); depresión (fluoxetina), artritis (celecoxib), gota (alopurinol); colitis (mesalazina); presión alta (losartán); problemas respiratorios (salbutamol). Analgésicos como dexmedetomidina o metamizol; antibiótico para infección urinaria, meropenem; o palonosetron para prevenir el vómito tras la quimioterapia; anticonceptivos (levonorgestrel), entre otros.

En tanto, durante todo el sexenio de López Obrador hubo más desabasto en hospitales, como denunciaron el personal médico y pacientes durante los últimos seis años y cuyos datos oficiales lo confirman: el gobierno de AMLO dejó de surtir 15 millones de recetas, cinco veces más que en el de Enrique Peña Nieto.

Metodología del sobreprecio

Para esta investigación Animal Político analizó una tercera parte de los 756 contratos que Ethomedical recibió. Comparó el precio unitario de cada artículo vendido con el de las compras consolidadas, y así se detectó que el sobreprecio global alcanzó un 79%.

Luego se aplicó ese porcentaje a los mil 134 millones de pesos de todas las adjudicaciones. De ahí se calcula que el IMSS podría haber pagado 500 millones de pesos ‘de más’ a Ethomedical a causa del sobreprecio. 

También se hizo una segunda comparación, con contratos por los mismos productos, pero con otras instituciones y distintos proveedores. Se comprobó que vendió más caro que otros competidores. En este caso, el sobreprecio global fue de 63%. Un pago extra estimado de 438 millones de pesos.

Este monto es comparable con la inversión que hizo el IMSS para siete proyectos de construcción y remodelación de hospitales, y una tercera parte del presupuesto del Instituto Nacional de Cardiología en 2024.

El sobreprecio

Entre los ejemplos de venta a sobreprecio de Ethomedical está un medicamento de uso tan cotidiano como el ácido acetilsalicílico soluble (aspirina). Fue vendida hasta en 41 pesos cada caja al Órgano de Operación Administrativa de Jalisco en 2021 pese a que el precio unitario en compra consolidada fue de 7.85 pesos y otros proveedores la vendieron en 11 pesos. 

El Órgano de Guerrero le compró cada pieza en 32 pesos, Nuevo León en 29.5 pesos en 2021, y Morelos, 18 pesos. En todos los casos pagaron más caro que el precio comercial en el que actualmente se vende en farmacias comerciales en versión genérica que es de 14 pesos. 

Sólo por 14 contratos por 707 mil piezas de ácido acetilsalicílico, las cuatro delegaciones del IMSS pagaron 19 millones de pesos. Con el precio de una compra consolidada, el costo hubiese sido de 5 millones de pesos. Esto implicó que el IMSS habría pagado 14 millones de sobreprecio a Ethomedical. 

En tanto, la Sitagliptina metformina fue adquirida en la compra consolidada en 2022 por 118 pesos cada caja, y otro proveedor la vendió en 247 pesos al INER, pero Ethomedical vendió cada pieza en 2 mil 190 pesos a la delegación de Querétaro, 873% más cara. 

Incluso también hubo compras fraccionadas con los que se aparenta hacer adquisiciones pequeñas, pero resultan millonarias, como lo hizo el Órgano regional del Estado de México-Oriente. El mismo día (15 de junio de 2021) hizo siete contratos por 596 mil pesos cada uno y otro por 391 millones de pesos. Al sumarlos, el monto ascendió a 4 millones 569 mil pesos. 

Se trató de la compra de 147 mil 388 piezas del analgésico Metamizol, cuyo sobreprecio fue de 283% cada pieza. Ethomedical la vendió en 31 pesos, mientras que en la compra consolidada el precio fue de 8 pesos y al compararlo con el precio ofrecido a usuarios del sistema de salud del Estado de México fue de 17 pesos. 

Sólo por este producto, el organismo del Edomex erogó 3 millones 335 mil pesos de más, toda vez que la compra, a un precio de ‘mayoreo’ sólo hubiera pagado un millón 234 mil pesos. 

Uno de los productos más vendidos por esta empresa fue el Propofol, un anestésico de uso habitual en los hospitales. Aunque especialistas y personal médico consultados aseguran que a partir de la pandemia, el costo se elevó debido a la alta demanda para la intubación de pacientes. De ahí que las instituciones de salud tuvieron que comprar a distintos precios. 

Ethomedical aprovechó la demanda de esta anestesia: consiguió 43 contratos por 148 millones de pesos. El precio unitario más oneroso fue por 1,640 pesos a la delegación de Puebla el 13 de enero de 2021. Y el mismo día la vendió a la delegación de Durango por 1,445 pesos. En adelante, la vendió en 1,400 pesos cada pieza.

Por la venta de este producto entre 2020 y 2021, comparando el costo unitario provisto por otros proveedores, 775 pesos y 1,045 respectivamente, el sobrecosto pagado a esta empresa ascendería a 56 millones de pesos. 

En tanto, por 6 mil 886 cajas de guantes de látex, el proveedor la vendió a 450 pesos cada pieza a la delegación de Chihuahua en 2021, aún cuando el precio de la compra consolidada fue de 233 pesos y otros proveedores la ofrecieron en 292 pesos. Esto resultó en el pago ‘de más’ de un millón 491 mil pesos de sobreprecio. 

Entre los 245 contratos analizados, el proveedor ofreció precios igual o menores en comparación con sus proveedores únicamente en 10 contratos. Tres de ellos que suman 186 millones de pesos fueron asignados por el IMSS central para la compra de ropa quirúrgica, cubrebocas y pruebas de covid en 2020. 

A causa de la pandemia, los precios de compra aumentaron debido a la alta demanda. Por ejemplo, la bata quirúrgica fue vendida por Ethomedical en 92 pesos, por 1 millón de piezas vendidas ganó 92 millones de pesos. En este caso vendió al mismo precio de la compra consolidada, y 4% menos que otros proveedores que la vendieron a 95 pesos.

Distribuidor irregular

Proveedores de la industria consultados a condición de anonimato afirmaron que durante el sexenio notaron que Ethomedical ganaba todos los contratos pese a ser nuevo en el negocio, y la molestia se materializó en reclamos ante la Cofepris, la institución encargada de verificar las condiciones sanitarias de productores y proveedores de medicamentos. 

La Cofepris realizó una inspección al supuesto almacén de la empresa y según dio a conocer en el boletín emitido en 2022, la catalogó como “distribuidor irregular”, “por no permitir visita de verificación”. Además de “registrar un establecimiento inexistente e incumplimientos graves como carecer de infraestructura y equipamiento para mantener la temperatura óptima de medicamentos, no contar con sistema definido de inventario y la presencia de fauna nociva”. 

En este año, la Cofepris confirmó el señalamiento e incluso informó que el establecimiento se encuentra “suspendido”, como consta en el listado oficial publicado el 21 de enero pasado. “El establecimiento cuenta con irregularidades graves y se se encuentra suspendido”.

Si bien las compras directas y a sobreprecio podrían ser justificadas por cuestiones de oferta y demanda (alza de precios) o que deben ser adquiridas de urgencia como tratamiento de “soporte de vida”, Ethomedical ni siquiera tenía experiencia probada como proveedor de grandes volúmenes de medicinas para justificar su contratación.

En cambio, está comprobado que fue poco eficiente. Por ejemplo, la dirección Regional de Occidente delegación de Guanajuato le compró 864 piezas de Colchicina –tratamiento para la gota–. Las entregas comenzaron 11 días después de firmar el contrato, el 11 de noviembre de 2021, pero las últimas entregas ocurrieron en marzo de 2022, con una sola caja en la Unidad Méxica Familiar 38 y 12 cajas en el Hospital General de Zona 3. 

Es decir, las entregas ocurrieron hasta cuatro meses después, pese a que en las compras urgentes como estas y justamente por su naturaleza, el surtimiento debe ocurrir 10 días después de la firma del contrato. 

Benefician a segunda empresa con los mismos socios

Aunque en 2022 Ethomedical fue incluida en la lista negra de la Cofepris, lo cual le impedía ser contratada por cualquier institución, esto no detuvo las ganancias para los mismos socios. 

Ese mismo año, el 8 de julio de 2022, María Teresa Muñoz Caraveo y otro de sus hijos, Andrés Díaz Muñoz constituyeron la empresa Abastecedora de Medicinas y Materiales, S. A. de C. V., y en septiembre de 2023 le cedió acciones a su hija, Isabel Díaz Muñoz.

A 14 meses de su creación, el IMSS le entregó tres adjudicaciones directas por 36 millones 400 mil pesos en 2023 y 360 mil pesos en 2024.

Nuevamente con sobreprecio. En 2023, el Órgano de Sinaloa le compró 11 mil 400 piezas de Sitagliptina metformina en 1,181 pesos cada pieza. Pero en la compra consolidada de ese año se vendió en 118 pesos, y otros proveedores la vendieron en 400 pesos al gobierno del Estado de México.

Sólo por este contrato, el IMSS pagó 13 millones 463 mil pesos. Al compararlo con el precio de una compra consolidada, esto sólo debió costar 1.3 millones de pesos; es decir, el IMSS pagó 12 millones de pesos ‘de más’.

Y el IMSS no fue el único contratante. En 2024, cuando el presidente AMLO ordenó que las compras de medicinas únicamente las haría Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), ésta le dio al menos una adjudicación directa por 26 millones 690 mil pesos. 

Fue la venta de 6 mil 236 piezas de Factor VIII de la Coagulación humana, utilizada para profilaxis de sangrado quirúrgico en pacientes con la enfermedad de von Willebrand (EVW), con un precio unitario de 4 mil 280 pesos. El precio en la compra consolidada fue de 800 pesos, lo que significaría un pago de más de 21 millones de pesos. 

Cadena de mando

Todas las compras del IMSS debían ser avaladas por el IMSS central a través de las direcciones encargadas de autorizar las adquisiciones, liberar los recursos y vigilar a los Órganos de Operación de los estados. 

Todos ellos subalternos directos del director general, Zoe Robledo: Javier Guerrero, director de Operación y Evaluación, donde están adscritos los Órganos de Operación; Marco Aurelio Ramírez Corzo, director de Finanzas, responsable de los recursos del instituto; y Borsalino González, director de Administración, área donde se autorizan todas las compras, como se advierte en los Manuales de Organización del Instituto. 

Aunque los Órganos y delegaciones pueden hacer compras, estos deben justificar que necesitan ciertos fármacos debido a que, por ejemplo, un proveedor haya incumplido. Luego, áreas de la Dirección de Administración, como la coordinación de Control de Abasto deben verificar en el sistema que realmente no lo haya y avalar la adjudicación para la liberación de recursos. 

En estos casos, los funcionarios que intervinieron directamente en avalar las compras entre 2020 y 2022, de acuerdo al organigrama, fueron Jesús Eduardo Thomas Ulloa, como titular de la Unidad de Administración; Jorge de Anda García, Coordinador de Control de Abasto, Daniel Esteban Ramírez Garcen, Coordinador Técnico de Administración del Gasto de Bienes y Servicios y Karina del Rocío Sarmiento, Coordinadora Técnica de Planeación.  Sin embargo, estos han dejado de trabajar en el Instituto en los últimos meses.

EL IMSS avaló las compras a sobreprecio

El área central del IMSS avaló las compras millonarias, según demuestran documentos oficiales y manuales de operación del Instituto. 

En la documentación de la contratación que hizo el Órgano de operación administrativa desconcentrada regional del Estado de México-Oriente en 2022, por ejemplo, explica que los recursos fueron avalados por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, un área de la Dirección de Finanzas.

Esta adquisición, además, se trató de contratos fraccionados. Es decir, el IMSS dio 15 contratos por 592 mil pesos cada uno y la compra de 6 mil 300 piezas de Celecoxib, medicamento para la artritis reumatoide. 

El total de los contratos sumaron 8 millones 649 mil pesos. El costo unitario de 94 pesos es 445% más caro en comparación con los 17.25 pesos de costo en precio en compra consolidada.

En la justificación de la Adjudicación se establece que en la delegación contaba con un “dictamen de disponibilidad presupuestal previo No. 0000152492-2022 emitido por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática de fecha 12 de mayo de 2022, para sustentar las adquisiciones en procesos locales de Bienes de Consumo autorizadas por la Coordinación de Control de Abasto”. 

En otros contratos hechos por la delegación Sinaloa con Ethomedical, incluso en el documento de pedido de medicinas, se agregó un oficio en el que la jefatura de Servicios Jurídicos, a cargo de Sandra Torres, se deslinda de la contratación. 

El documento advierte: “La validación jurídica se efectúa sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia de viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y la demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirente técnica y contratante de la delegación”.

En un primer momento, el reporte policiaco sostuvo que el delegado llevaba 3 millones de pesos y una pistola. Horas después, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas negó que se haya encontrado dinero y armas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el caso en la conferencia matutina.

Ella contó que el delegado del IMSS acusó a los elementos de la Guardia Estatal de “sembrar” el arma corta y el efectivo. En el mismo acto, el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, mencionó que el hecho podría relacionarse con un plan anticorrupción para combatir el desabasto de medicamentos en Tamaulipas.

El 28 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Sergio Chávez García, insistió que el delegado sí viajaba armado y con dinero en efectivo en una camioneta RAM con placas del Estado de México.

IMSS destituye a nueve funcionarios por compras de medicamento

Este viernes, el IMSS reveló la denuncia ante la FGR. Además, reiteró que la detención del doctor José Luis Aranza se relaciona con “una serie de acciones de combate contra posibles actos de corrupción”, que se pausó por una amenaza anónima.

El 6 de marzo de 2025 se rescindió al subdelegado en Reynosa, Tamaulipas, por posibles actos de extorsión, denunciado por empresarios.

Asimismo, el 14 de abril se ordenó la separación del cargo de 8 funcionarios posiblemente involucrados en el proceso de compras locales no autorizadas. Lo anterior, acompañado de investigaciones laborales y denuncias legales ante las instancias correspondientes.

Esa misma fecha, el titular del OOAD (delegación) recibió una advertencia anónima para no destituir a estas personas y frenar las investigaciones.

Nombran a militar al frente de la delegación IMSS

Como una última acción, el IMSS nombró al general brigadier Flavio Alejandro Perea Alcaraz, encargado de la operación administrativa de la delegación de Tamaulipas, con base en el reglamento de la institución.

El general Perea Alcaraz es el encargado de cuidar la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas. El mando militar fue enviado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, para reforzar al delegado José Luis Aranza Aguilar.

Perea Alcaráz estudió en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Desempeñó los cargos de administrador de granjas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y comandante de regimientos en Apatzingán, Michoacán y Ensenada, Baja California.

En 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo nombró coordinador técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles. Él fue responsable de la conversión de hospitales para la pandemia por Covid-19 y el resguardo de insumos.