Ruiz Ocampo realizó activismo para exigir agua en ese fraccionamiento, que enfrenta escasez desde 2012, de acuerdo con Reforma.

Los habitantes tienen acceso al agua durante 30 minutos al día, y, al parecer, el problema que afecta a unas 7 mil personas se debe al adeudo que tiene la constructora con la Comisión Federal de Electricidad, señaló el medio.

La activista fue amenazada en redes por personas que afirmaban que deberían robarle su moto o lincharla, lo que provocó que considerara retirarse del activismo, indicó Reforma.

El 13 de abril, cerca de las 20:00 horas, un grupo de personas entraron a su casa y se la llevaron. Su familia presentó una denuncia ante la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y la dependencia comenzó a investigar.

¿De qué se le acusa a Ovidio Guzmán López?

Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, fue arrestado en Sinaloa y tras ser extraditado el 15 de septiembre de 2023 enfrentó una audiencia tres días más tarde para la lectura de los cinco cargos en su contra, de los que se declaró no culpable.

Está acusado de conspirar para distribuir droga, formar parte de una empresa criminal, exportar narcóticos a EU, efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales y usar y portar ilícitamente armas de fuego.

El Ejército mexicano detuvo a Ovidio, uno de los principales herederos de ‘El Chapo’, en enero de 2023 en Sinaloa durante un operativo que derivó en disturbios violentos en diversos puntos de la región y en los que murieron decenas de militares y miembros del crimen organizado.

La detención sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense, Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó cualquier relación entre los dos hechos.

En septiembre pasado fue extraditado a Estados Unidos al ser considerado como uno de los narcotraficantes más buscados por ese país tras su participación en el tráfico de fentanilo.

El mandatario informó que desde el momento en que fue notificada, la FGE abrió la carpeta de investigación sobre el suceso y se encuentra realizando las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido. 

De acuerdo con reportes extraoficiales, en un camino de terracería que va de las localidades de Las Pilitas a El Ranchito, fue encontrada una camioneta Chevrolet pick up quemada, con tres cuerpos calcinados en la batea; posteriormente, en un camino aledaño, fueron localizados dos cadáveres en el interior de una camioneta Tahoe y una Hummer; un cuerpo más fue descubierto bajo un puente, en un área cercana. 

A los sitios de los hallazgos acudieron elementos de la FGE, adscritos a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes realizaron las labores periciales y primeras acciones de investigación, al concluir trasladaron los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Morelia, para continuar con los estudios y exámenes correspondientes. 

Desde el sábado anterior, lugareños habían reportado a las autoridades enfrentamientos armados en esa región, por lo que se presume que los fallecidos sean víctimas de esos hechos. 

Aunque se implementó un operativo de búsqueda en la zona, no se informó sobre la localización o detención de algún presunto responsable de los hechos.

Uno de los ejes más preocupantes de la propuesta es la concentración de poder y atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un órgano subordinado al Ejecutivo federal que concentrará funciones regulatorias, técnicas y de política pública en una sola persona.

Este diseño institucional rompe con el principio de independencia regulatoria, pone en entredicho la imparcialidad en la toma de decisiones y contradice lo estipulado por el T-MEC, que exige que el organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente.

La propuesta legal contempla la facultad de la ATDT para bloquear plataformas digitales mediante lineamientos administrativos. Cualquier aplicación o servicio digital podría ser bloqueado. Esto no sólo vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información: representa una peligrosa concentración de poder que coloca en manos de una autoridad administrativa la capacidad de silenciar voces, controlar el acceso a contenidos y limitar derechos habilitados por internet como educación, salud, cultura o movilidad.

Este afán controlador se confirma en otro apartado: la exigencia de autorización previa de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos audiovisuales patrocinados por gobiernos extranjeros. La censura previa es rechazada por tratados internacionales de derechos humanos. Introducirla en pleno siglo XXI revela una visión anacrónica, autoritaria y profundamente desconectada del ecosistema informativo global.

Otro punto grave es la eliminación del régimen de propiedad cruzada de medios. La legislación vigente contiene disposiciones destinadas a evitar la concentración de frecuencias y mercados, elementos esenciales para preservar la pluralidad informativa. Suprimir estas salvaguardas legales abre la puerta a una mayor concentración mediática y de frecuencias, debilitando la diversidad de voces y contenidos en un país que ya enfrenta serios desafíos en materia de pluralismo informativo.

La iniciativa también amenaza la neutralidad de la red. Al suprimir los lineamientos técnicos que garantizaban que los proveedores de servicios de internet no discriminaran contenidos ni limitaran el acceso o la velocidad contratada. La neutralidad de la red es una condición para garantizar que todos los usuarios tengan acceso igualitario a los contenidos y servicios disponibles en línea.

En el ámbito de la radiodifusión pública, la iniciativa elimina los principios establecidos en la reforma constitucional de 2013: independencia editorial, autonomía financiera, participación ciudadana y acceso a tecnologías. La omisión no es casual; busca consolidar medios oficialistas bajo control vertical, debilitando su misión como garantes del derecho a la información plural y culturalmente diverso.

A los medios comunitarios, sociales, indígenas y afromexicanos se les apoya con migajas. Aunque se les reserva 10% del espectro en FM y una mínima capacidad de comercialización de 40 segundos por hora, estos medios requieren más espacio en el espectro, mayor acceso a financiamiento público federal y libertad de organización para representar genuinamente la voz de las comunidades que sirven.

En cuanto al acceso a servicios digitales, la propuesta no soluciona uno de los principales obstáculos a la conectividad en México: el costo elevadísimo del espectro radioeléctrico, uno de los más caros del mundo.

Espectro caro equivale a conectividad limitada y exclusión digital. Si el Estado realmente quiere cerrar la brecha digital, debe repensar su política fiscal en esta materia. Más que recaudar a corto plazo, el verdadero beneficio económico y social del espectro está en su uso intensivo para habilitar redes, servicios e innovación en todo el territorio.

Por si fuera poco, los operadores públicos como CFE Telecom e Internet para Todos están compitiendo en mercados urbanos y rentables, en lugar de concentrarse en su misión social: llevar conectividad a las comunidades rurales, marginadas y desconectadas. Se desvirtúa así su razón de ser y se desperdician o trasladan a actores privados recursos públicos que deberían destinarse a cerrar la brecha digital del país. Las redes públicas deben operar con total transparencia, bajo objetivos medibles de cobertura y sin ninguna posibilidad de censura de contenidos o plataformas digitales.

La nueva ley telecom no responde a estos desafíos. Aún hay tiempo para corregir el rumbo. La digitalización del país no puede construirse sobre una arquitectura legal diseñada para controlar, cuando lo que urge es conectar, digitalizar, habilitar y democratizar el acceso a las tecnologías. Porque sin inclusión digital, no hay democracia plena.

La dirigencia de Morena en Veracruz, confirmó que una de las camionetas que integraba el convoy del dirigente Esteban Ramírez Zepeta estuvo involucrada en un accidente en el que un joven comerciante perdió la vida, durante el arranque de campaña de la candidata a la alcaldía de Uxpanapa, Elsa Cobos. 

Los hechos ocurrieron el lunes 5 de mayo, en la comunidad rural Los Juárez, al sur de Veracruz. De acuerdo con testigos, una camioneta tipo Suburban sin placas, presuntamente parte del convoy, atropelló a José Luis Chipahua Bernabé, de 31 años, quien falleció poco después del impacto.

A través de un comunicado, Morena informó que el conductor de la unidad implicada permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades “en la medida de lo posible”. El documento, firmado por Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, representante del partido ante el OPLE, señaló que el presunto responsable está a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades. 

Morena expresó que lamenta profundamente los hechos y afirmó que, desde el primer momento, su equipo jurídico ha estado en comunicación con la familia, brindando acompañamiento y apoyo. 

Sin embargo, familiares y habitantes de Uxpanapa han denunciado irregularidades en la actuación de las autoridades ministeriales y la falta de atención por parte del propio partido. Aseguran que elementos uniformados impidieron a los vecinos intervenir en el sitio del accidente y que el vehículo fue retirado sin la presencia de peritos. 

Los familiares acudieron a la Fiscalía del Poblado 10, donde, según sus testimonios, se les informó que no había personas detenidas, en contradicción con lo dicho por los primeros policías que arribaron al lugar. 

También señalaron que el cuerpo fue entregado sin documentación oficial ni peritaje forense, lo que consideran una omisión grave en un posible caso de homicidio. 

La indignación se extendió entre los habitantes, quienes, como medida de presión, retuvieron al alcalde de Uxpanapa, Alonso Jaime Ayala, al que responsabilizan de manera indirecta por el manejo del caso. 

Además, pobladores de la comunidad Los Juanes se manifestaron ante la Fiscalía, exigiendo justicia por la muerte de José Luis Chipahua. Acusaron a la institución de negligencia y señalaron que hasta ahora no se ha realizado el peritaje correspondiente. 

El cuerpo del padre de dos menores será sepultado y la familia expresó su temor de que el caso quede en la impunidad.

Chiapas venía de una crisis de violencia que se agudizó a mediados de 2021 por la intensificación del conflicto entre grupos del crimen organizado, con más de 15 mil 700 desplazados entre enero de 2023 y junio de 2024, desapariciones que se cuadruplicaron en cinco años y homicidios dolosos que incrementaron un 63 % en un sólo año. 

Por ello, la estrategia de seguridad del nuevo gobernador ha generado que algunos ciudadanos celebren las capturas y el abandono de la estrategia de “abrazos, no balazos”, pero otros cuestionan si la medida tendrá efectos duraderos o se tratará de una puesta en escena.

“Un aire distinto”

“En poquito más de cuatro meses en Chiapas se respira un aire distinto, de paz y tranquilidad”, afirmó el gobernador Eduardo Ramírez el pasado 22 de abril, al presentar una encuesta sobre percepción de seguridad. Todavía el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no divulga los datos de este año sobre la percepción de inseguridad de los chiapanecos, cuyo porcentaje se duplicó entre 2011 y 2024, pero en abril publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que muestra un gran alivio entre los habitantes de las dos ciudades más grandes e inseguras: Tapachula pasó del primer lugar a nivel nacional al octavo y Tuxtla Gutiérrez del lugar 33 al sexto. Además, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros meses del año la inseguridad sí disminuyó repentinamente, por ejemplo, los homicidios dolosos cayeron un 45.4 % si se compara con el mismo periodo de 2024.

Los medios locales, que cubrían continuos enfrentamientos y desplazamientos forzados, están contribuyendo a este cambio de percepción en la ciudadanía: desde que Eduardo Ramírez tomó posesión no reportaron ningún desplazamiento, sólo cinco enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con grupos de la delincuencia organizada y uno entre civiles armados que, de acuerdo con las autoridades, fue nada más una riña entre borrachos. A partir de este año, la cobertura de los medios chiapanecos está centrada en operativos exitosos que resultan en incautaciones y detenciones, aunque en su mayoría relacionadas con delitos menores.

Programa Cero impunidad en Chiapas, qué es

En los últimos meses, en Chiapas, carreteras que durante años fueron intransitables debido a asaltos y bloqueos ahora son patrulladas de forma constante. Zonas arqueológicas y centros turísticos ubicados en regiones anteriormente muy inseguras han reanudado actividades, lo que ha contribuido parcialmente a la reactivación económica. 

De acuerdo con el gobierno, estos resultados se alcanzaron en tan poco tiempo gracias a la presencia del recién creado grupo de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), al incremento del salario del 40 % a los policías estatales y al programa Cero Impunidad. Sus detalles no son públicos, pero según el gobernador se trata de una estrategia integral para erradicar la impunidad y fortalecer la seguridad a través del uso de herramientas tecnológicas de vanguardia y de un sistema de incentivos para mejorar el rendimiento de los ministerios públicos y fiscalías.

Sin embargo, expertos y organizaciones de la sociedad civil chiapaneca temen que la pacificación exprés de Chiapas responda a un pacto del estado con quienes generaban la violencia.

Nuevos pactos de gobernabilidad

Las carreteras de Chiapas están llenas de espectaculares con fotos de los Pakales y de pintas que recuerdan el resultado del gobierno: “100 días de paz”, dicen. Una paz que llegó a Chiapas de repente, como si estuviera lista detrás de una puerta esperando a que alguien le abriera. 

“Eduardo Ramírez se vende como el salvador que pacífica y trae las inversiones, como la única opción para que el caos no se derrame”, dice una activista local que prefiere el anonimato. “Sin embargo, para controlar en 100 días un estado que está al borde del abismo tienes que tener la solución lista: la negociación empezó mucho antes del comienzo de su mandato y la FRIP, que es su guardia pretoriana, ya la tenía lista”.

Una paz social con cimientos endebles en Chiapas

La FGE afirma que los criminales se fueron a Guatemala, pero analistas y organizaciones sociales piensan que siguen en los territorios, donde operan con un perfil más bajo. De todos modos, según el abogado Leonel Rivero, no se puede negar que la población sale beneficiada de este pacto: actualmente en Chiapas sí existe una paz social, aunque está construida sobre cimientos endebles. “La cuestión es también cuál es el precio de este pacto: hay un costo de impunidad para los cabecillas de la delincuencia”, dice.

Para el Frayba, los pactos de impunidad se podrían romper si el Estado se investigara a sí mismo, empezando por personalidades como el actual Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. Decenas de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron tras su nombramiento, recordando su pasado oscuro, sobre todo como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. “Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad”, escriben.

“La paz verdadera no se negocia”

“Pakal [antiguo rey de Palenque] era el protector de Chiapas y la FRIP está para defender al pueblo”, dijo en entrevista con Canal 10 el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño. “Cuando vean a un Pakal ofrézcanle una botella de agua, un pozol: que se sientan bienvenidos en Chiapas”.

El 78.1 % de la población chiapaneca recibió con ánimo la estrategia de seguridad de su gobierno, de acuerdo con una encuesta realizada por FactoMétrica en marzo de 2025, pero en el estado preocupan las violaciones a los derechos humanos que han acompañado la intervención policial y militar del territorio.

Organizaciones sociales como la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, cuyos integrantes habitan municipios que han padecido mucha violencia como Chenalhó y Pantelhó, ven con temor los continuos operativos y hablan de “paz simulada”. 

“Se llevan a narcomenudistas, quizás sean pequeños delincuentes, pero no están desarticulando realmente a los grandes criminales que han metido terror en las comunidades”, escribieron Las Abejas en un comunicado.

“Reconocemos que en nuestras comunidades algunos desplazados han podido regresar a sus pobres y saqueadas casas y salir a cosechar un poco de café, aunque con miedo. Pero la paz verdadera no se negocia, porque si no, no es verdadera”.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron los días 10 y 11 de abril del presente año, cuando, presuntamente, Dolores Cerino Javier —señalada en la denuncia como coordinadora de la Unidad y jefa directa de los implicados— se acercó a ellos “uno por uno” para informarles que, por instrucciones del titular de la UEILCA, Rosendo Gómez Piedra, debían “apoyar” a la maestra Herrerías Guerra para que “ganara como Ministra de la Corte”.

“Que el Doctor Rosendo nos mandaba a decir que teníamos que dar 250 pesos por cada quién en una quincena y 250 pesos en la otra que, porque se le iba a organizar un evento en Tabasco, al cual además teníamos que ir y llevar a la gente que pudiéramos”, se puede leer en el documento. 

En el escrito dirigido al fiscal Gertz Manero, los trabajadores señalan que el dinero se lo tuvieron que entregar a una persona que mandó César Ovidio Suárez Aldecoa, supuesto director de la Unidad, quien junto con Dolores Cerino y Rosendo Gómez Piedra supuestamente organizaron el evento. 

“Persona que nos dijo que por órdenes del Doctor Rosendo en caso de no ir a Tabasco de todos modos teníamos que dar el dinero y que si en ese momento no traíamos para cooperar nos anotarían para después dar el dinero, al igual que si nos negábamos a darlo también nos anotarían, dando a entender que el doctor Rosendo lo tomaría a mal y nos perjudicaría, por lo que nadie se pudo negar a dar el dinero”. 

En el mismo escrito, los trabajadores aseguraron que no fueron los únicos servidores públicos a los que se les pidió dinero para la campaña de Herrerías Guerra, sino que también a diversos agentes del Ministerio Público les pidieron “500 pesos por cada quincena” y que si estos laboraban en Tabasco “debían llevar por lo menos 10 personas más cada quien al mitin”.

“Estas situaciones señor Fiscal son constantes. La maestra Dolores Cerino en múltiples ocasiones nos ha pedido dinero por diversos motivos […] Todo eso hemos aguantado señor fiscal porque no nos queda de otra, necesitamos el trabajo, pero ahora sí ya fue el colmo, no solo es darles nuestro dinero sino ahora también nuestro tiempo de descanso y el de nuestras familias […] por eso esta vez nos atrevimos a denunciar ante usted que es el único que puede hacer una verdadera investigación”. 

Los trabajadores solicitaron al fiscal iniciar una carpeta de investigación “entrevistando al personal de la UEILCA e incluso pidiendo que le entreguen la lista que tiene el licenciado César Ovidio de las personas que ya pagaron y los que faltan por pagar”. 

También pidieron que Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial del Caso Ayotzinapa, devuelva el dinero y ordene la suspensión del evento de campaña a realizarse supuestamente este sábado 3 de mayo en Tabasco, mismo que fue convocado “para promover el voto para la maestra Sara Irene Herrerías como ministra de la Corte por estar pagado con dinero de sus subordinados”.

Remiten investigación a la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR

Un día después de la presentación de la denuncia, una persona identificada como Rosario Gabriel Guerra, agente del Ministerio Público de la Federación y titular de la Ventanilla Única de Atención de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, envió un escrito a la licenciada Adriana Campos López, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, para informarle que recibió la denuncia.

En ella la agente del Ministerio Público detalla de manera breve que recibió la denuncia por correo electrónico en la que “se denuncia la solicitud de dinero por parte de mandos de la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa a sus subalternos, para apoyar la candidatura de la Mtra. Sara Irene Herrerías como ministra de la Corte”. 

“Del análisis del correo electrónico, se advierten hechos posiblemente constitutivos del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 215 fracción IX del Código Penal Federal”, señala el documento fechado el 14 de abril de 2025 y del que este medio también tiene una copia con un sello de recibido por parte de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Dicho artículo y fracción señala que comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que “obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o cualquier persona parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios”. 

Si bien el artículo 95 del Estatuto Orgánico de la FGR establece que dicho delito es competencia de la Fiscalía anticorrupción, la agente del Ministerio Público especificó que debido a que en los hechos denunciados se encuentra involucrado personal de la FGR la competencia para conocer de este tipo de caso recae en la Fiscalía Especial en Asuntos Internos.

En un sentido similar, el 22 de abril de 2025, Maithé Rivera Cabrera, directora de denuncias y atención ciudadana “B” de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó a los denunciantes que remitiría la denuncia al Órgano Interno de Control de la FGR, sin abundar en más detalles sobre la razón por la cual no inició algún procedimiento al respecto.

Cancelar órdenes de aprehensión contra militares: la participación de la candidata a ministra en el caso Ayotzinapa

En noviembre de 2019, a petición de las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República creó la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa (UEILCA) para continuar con las indagatorias sobre la desaparición de los estudiantes. 

Como titular de la unidad, el fiscal Gertz Manero eligió a Omar Gómez Trejo, quien en el pasado había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el que los familiares de los estudiantes mantuvieron una buena relación como fiscal especial del caso. 

Pero todo cambió cuando en septiembre de 2022 se dio a conocer que la Fiscalía General de la República canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto de ese año, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes, pasando por encima de la UEILCA. 

De acuerdo con el diario El País, de las 21 órdenes de aprehensión canceladas, 16 habían sido giradas en contra de militares acusados de delincuencia organizada. Esta situación llevó a que el fiscal de la Unidad, Omar Gómez Fierro, presentara su renuncia al caso Ayotzinapa tan solo unos días después.

Desde su conferencia de prensa matutina, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia del fiscal Gómez Trejo asegurando que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. 

Tras la renuncia de Gómez Trejo, el fiscal Gertz Manero nombró como nuevo encargado del caso Ayotzinapa a Gómez Piedra, un abogado tabasqueño considerado como cercano a Adán Agusto López, entonces secretario de Gobernación y actual senador de la República. 

La participación directa de la fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra en la crisis al interior de la UEILCA se dio a conocer cuando el periodista John Gibler publicó el texto “La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa”, en la que expuso que la fiscal fue la que ordenó cancelar las 21 órdenes de aprehensión contra militares. 

“El viernes 9 de septiembre, menos de una semana después de la llegada de la “visita” (de seis abogadas de la FGR que llegaron de improviso para realizar una auditoría espontánea en la UEILCA), Sara Irene Herrerías Guerra, la fiscal especializada en Derechos Humanos, y Adriana Campos López, fiscal especializada de Asuntos Internos, firmaron los primeros oficios que pedían la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, 16 contra militares, de las 83 que la UEILCA había elaborado, y que habían sido concedidas por un juez”, señala el texto que se reprodujo íntegro también en Animal Político.

Este texto fue la razón por la que incluso un año después de la renuncia del exfiscal Gómez Trejo y a tres años de la publicación, el Gobierno informó que investigaría al exfiscal Gómez Trejo por presuntamente entorpecer la investigación. 

En su conferencia matutina del 19 de octubre de 2023, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre si se busca fincar responsabilidades a Gómez Trejo. “Sí, yo creo que sí porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación. No se avanzaba en la investigación, había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas”, dijo. 

La propia CIDH fue quien confirmó en el Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, que la fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra ordenó que se cancelaran las órdenes de aprehensión que un juez había librado a petición de la UEILCA, cuando la encabezaba el fiscal Omar Gómez Trejo. 

“La CIDH tuvo acceso a la solicitud de cancelación de la orden de aprehensión. Dicha solicitud está motivada en la supuesta falta de pruebas o en la existencia de pruebas únicamente de tipo testimonial contra las 21 personas implicadas. Según lo expresado en la solicitud de cancelación de las aprehensiones, el Fiscal adscrito se basó en (los) denominados ‘hallazgos’ de la auditoría conducida por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos desde el 5 de septiembre de 2022”. 

“Los ‘hallazgos’ citados por el Fiscal adscrito no indican con claridad cuáles serían las supuestas ‘deficiencias probatorias’ encontradas por la Fiscalía de Asuntos Internos y más bien su formulación es vaga, abierta y general. Estos ‘hallazgos’ habrían sido identificados en un lapso de siete días, incluido el fin de semana, y seguidamente transmitidos preliminarmente a la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos, órgano superior de la UEILCA”, se puede leer en el documento. 

Minimizar la tortura en el caso Ayotzinapa

Además, durante una audiencia realizada ante la CIDH el 2 de marzo de 2018, la fiscal Sara Irene Herrerías Guerra también minimizó la tortura cometida en contra de algunos detenidos del caso Ayotzinapa, al asegurar que “solo dos casos arrojaron resultados positivos”, defendiendo así la llamada “Verdad Histórica”. 

“El Estado ya respondió a las preguntas correspondientes en el cuestionario que se entregó hace unos días; sin embargo, los datos relevantes es que se han analizado 128 casos, de ellos se realizaron ya 48 dictámenes mediante el Protocolo de Estambul, 46 personas no aceptaron que se les practicara, 19 no lo han solicitado los jueces y quedan 13 pendientes por realizar. Hasta la fecha solo dos casos arrojaron resultados positivos, en lo que toca al análisis médico”, dijo la fiscal en una audiencia en vivo. 

Tan solo unos días después, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas publicó un informe titulado “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” en el que concluyó que la investigación del caso Ayotzinapa se vio afectada por torturas y encubrimientos, contrastando con lo asegurado apenas unos días antes la fiscal especial en derechos humanos de la FGR. 

“La ONU-DH examinó información sobre 63 personas, de un total de 129 personas procesadas en relación con los eventos ocurridos en la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala. En 51 casos, la ONU-DH obtuvo información que indicaba posibles actos de tortura. Este informe está basado en el análisis de 34 de estos casos, en los que la ONU-DH tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.

El funcionario agregó que la pareja del “coyote consentido”, Christian “N”, fue detenida en el municipio de Matías Romero Oaxaca acusada también de pornografía infantil, porque “ella le facilitaba a menores que lo visitaban en la celda, haciéndolos pasar por sus hijos”.

Explicó que, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Oaxaca, la pareja de El Coyote Consentido, Christian “N”, fue detenida “luego de diversas investigaciones, se acreditó que visitaba frecuentemente a Yudiel Flores y le facilitaba el acceso a los menores de edad, haciéndose pasar como la madre”.

Christian ´N´ “fue trasladada a Chiapas, por lo que ahora se encuentra recluida en El Amate, como presunta responsable de pornografía infantil”, dijo el Fiscal. 

“No habrá impunidad para ningún servidor público que se aparte de sus responsabilidades legales y vamos a actuar con contundencia ante cualquier hecho delictivo en el cual se vean involucrados”, manifestó Llaven Abarca al dar a conocer que los custodios Luis Miguel “N”, José Avelino “N”, Miguel Ángel “N” y Óscar Antonio “N”, también fueron detenidos por los delitos de pornografía infantil y ejercicio ilegal del servicio público.

El fiscal añadió que después del hallazgo del cuerpo de Yudiel Flores, se realizaron diversas diligencias periciales para dar con los responsables, determinando que el móvil del homicidio fue la venganza de dos personas privadas de la libertad, que también se encontraban al interior del centro de reclusión “El Amate”, siendo estas Francisco “N” y Marco Antonio “N”, quienes permanecían en el módulo 4, mientras que el youtuber estaba en la celda 3.

Además, el Fiscal General dio a conocer que se firmó un Acuerdo de Recompensa de 500 mil pesos, para quienes puedan ofrecer información fidedigna sobre el paradero de Pascual “N”, exdirector del centro penitenciario “El Amate”, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía.

El pasado 14 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Chiapas confirmó el homicidio del youtuber Yudiel Flores, conocido como “el Coyote consentido”, quien entre sus pertenencias tenían un teléfono celular con imágenes de sexuales con menores de edad que presuntamente ingresaron a su celda en el penal “El Amate”, donde estaba recluido cumpliendo una sentencia de más de 70 años por pederastia y pornografía infantil. 

Fue en el celular, donde también se le encontró información de su pareja Christian “N”, quien presuntamente lo visitaba en el penal y le llevaba a los menores que hacía pasar como sus hijos, con los que “el Coyote consentido”, se tomaba fotografías. 

Yudiel Flores estaba relacionado con un caso seguido por “el FBI por una detención en Australia de una de las redes mundiales más importantes de pederastia” en donde fue identificado como “Demonio azul”. También purgaba una sentencia por la violación de un menor con autismo, originario de San Cristóbal de Las Casas.

Después de la carta, la presidenta detalló que pidió a la secretaria de Gobernación “que pudiera haber, por lo menos, un llamado del fiscal con este grupo de buscadores, de buscadoras ‘Guerreros Buscadores’”.

Expuso que “hubo una llamada de teléfono del fiscal con la presencia de la fiscal de Víctimas, Irene Herrerías, con ellas, para poder seguir teniendo comunicación”.

El objetivo es que las víctimas puedan expresar libremente lo que encontraron en el rancho “y que puedan ser atendidos en toda la magnitud, las solicitudes que tengan, además de las reuniones que se están teniendo con la Secretaría de Gobernación”.

Sobre el avance de lo encontrado en el rancho Izaguirre, expuso que el fiscal tiene que informar cuáles son las pruebas de este vínculo delincuencial del presidente municipal de Teuchitlán, José Murguía Santiago, detenido recientemente.

“Él lleva ya en la Presidencia o llevaba ya en la Presidencia Municipal… Fue reelecto, o sea, lleva más de este año, que es cuando entraron los presidentes municipales de Jalisco; entonces, ya lleva tiempo ahí en la Presidencia Municipal, entonces la Fiscalía tiene que informar cuáles son los vínculos o los presuntos vínculos con uno de los cárteles”, expuso.

La mandataria mexicana destacó que el ámbito comercial cambió con las imposiciones de Trump no solo a México, sino a otros países con el inicio de sus anuncios sobre aranceles.

“En esa circunstancia, México tiene una situación mejor que la de otros países, o menos mala que la de otros países -a mí me gusta mejor que la de otros países- por el tratado comercial y también creo yo por la relación que hemos establecido y la comunicación. Hay muy buena comunicación y la va a seguir habiendo”, señaló en conferencia. 

La posición del gobierno mexicano, dijo, siempre ha sido de defensa de las y los mexicanos; también de la soberanía, independencia, de las libertades y su democracia. 

“Aunque algunos todavía creen que democracia es el dedazo del presidente, como en épocas anteriores, defienden aquello en vez de que participe el pueblo en las decisiones. Siempre ha sido esa la defensa y va a seguir siendo y hasta ahora con sus características actuales con la administración del presidente Trump, pero ha habido muy buena comunicación y hasta ahora ha habido respeto”, afirmó. 

Precisamente en términos de respeto, la presidenta dijo que es un tema que siempre han solicitado, además de que así seguirá con las pláticas.

En parte de esas conversaciones, por ejemplo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está en Washington en una reunión con su homólogo de Comercio para revisar los temas pendientes de resolver, sobre todo, en el marco de anuncios de represalias por parte de Donald Trump en caso de no darle respuesta que le favorezca. 

Así como ayer lo mencionó, este martes la presidenta Sheinbaum reiteró que es histórico que un presidente estadunidense diga que impondrá mano dura al tráfico de armas en su país, para evitar que lleguen a grupos criminales de México y que eso les permita la llegada de fentanilo al país vecino.

El domingo pasado, el presidente Donald Trump dijo que Sheinbaum, rechazó su propuesta de enviar tropas de Estados Unidos hacia México para ayudar a frenar el tráfico ilegal de drogas porque le tiene miedo a los poderosos cárteles del país.

Para esta investigación, Animal Político revisó los contratos entregados a empresas de nueva creación y a personas físicas, de 2018 a 2023. Luego, los integrantes de esas empresas fueron buscados en los padrones de beneficiarios de programas sociales y las coincidencias fueron confirmadas por su RFC, la edad que se registraba al momento de recibir el programa social y el municipio. Después se buscaron en las direcciones fiscales registradas y por teléfonos.  Se entrevistó a los supuestos dueños y se confirmó que las obras nunca se realizaron.

No se encubrirá a nadie, asegura Rocío Nahle

La gobernadora del estado aseguró que en su gobierno no se encubrirá a nadie, sin importar que sean militantes de partido, y que los procedimientos marcados por la ASF señalan que se deben interponer las denuncias correspondientes, además dijo que se debe llamar a rendir cuentas a los involucrados, entre ellos, al exsecretario de Salud, Roberto Ramos Alor, recientemente designado por Nahle como nuevo coordinador estatal del programa IMSS-Bienestar en la entidad.

Durante la gestión de Cuitláhuac García, la Secretaría de Salud tuvo tres titulares: Roberto Ramos Alor, Gerardo Díaz Morales, quien lo sucedió hasta su fallecimiento en 2023, y Guadalupe Díaz del Castillo Flores, última titular de la dependencia.

Ethomedical vendió, por ejemplo, Bleomicina, un tratamiento contra el cáncer en 3 mil 200 pesos cada unidad a la delegación de Baja California en 2021. Aunque la misma medicina la compró en 329 pesos cada pieza el Instituto Nacional de Pediatría.

La Sitagliptina, tratamiento para diabetes mellitus –segunda enfermedad con mayor prevalencia en el país con 14.6 millones de pacientes– tuvo un sobrecosto de 617% en la delegación del IMSS de Morelos. Fue vendida en 850 pesos cada pieza en 2022, pese a que su costo en la compra consolidada fue de 118 pesos. Incluso, la vendió más cara que las farmacias comerciales, en donde puede adquirirse en 330 pesos.   

En otros casos, ni siquiera hay pruebas de que los pedidos fueran entregados completos. Guanajuato pagó 12 millones de pesos por el anticoagulante postoperatorio Enoxaparina, pero sólo recibió 10 mil de las 17 mil unidades pedidas, según el reporte de entregas obtenido por transparencia.

En la delegación del IMSS de Sinaloa se adquirieron 1,260 piezas de Carboplatino, tratamiento contra el cáncer, pero no cuentan con ninguna prueba de que haya ingresado esas medicinas.

La proveedora fue Ethomedical, una empresa cuya experiencia se resumía en dos contratos  por 2 millones de pesos en 2015, pero que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en una de las favoritas. 

Fue contratada de manera directa una y otra vez hasta acumular mil 134 millones de pesos entre 2020 y 2022. Año en que, además, fue enlistada por la Cofepris como proveedor irregular por incumplir medidas sanitarias.

La bonanza de Ethomedical coincidió con la compra de acciones en 2020 por parte de María Teresa Muñoz Caraveo, esposa de Aldo Díaz Pérez, el socio de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora Nahle. 

Juntos crearon las empresas Comercializadora Delta Dibal, SA de CV y Servicios y Premezclados Forte, SA de CV en 2017 y 2018, respectivamente. Ambas empresas recibieron depósitos por 100 millones de pesos por parte de empresas que obtuvieron permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la explotación de hidrocarburos entre 2019 y 2023, periodo en el que Nahle fue titular de Energía, de acuerdo a una investigación de N+Focus.

Díaz Pérez además fue subdirector de Venta Comercial en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2019. Según su declaración patrimonial, su función era asignar contratos de bienes y servicios durante la gestión de Ignacio Ovalle, cuando ocurrieron desvíos por más de 17 mil millones de pesos. Caso investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y que tiene a tres detenidos. 

El IMSS respondió a esta investigación argumentando que no hubo impedimento para contratar a estas empresas y que los precios de las adquisiciones resultan de una investigación de mercado que toma en cuenta distintos factores. (Aquí puedes consultar el cuestionario al IMSS y sus respuestas)

En tanto, Birmex y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, no respondieron a la solicitud de entrevista.

Unos se enriquecen, otros se endeudan para salvar la vida

Mientras las empresas Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales vendieron medicinas a sobreprecio, otros, como Sara Montenegro, tuvieron que hipotecar su único patrimonio para poder pagar su tratamiento y salvar su vida. 

A los 58 años, Sara fue diagnosticada con cáncer de mama en Baja California. Era un periodo complicado porque todos los servicios de salud públicos estaban abocados en atender la pandemia de Covid en 2020, aún cuando enfermedades como la suya no pueden esperar. Afortunadamente tenía contratado un seguro contra cáncer con el que pudo cubrir la cirugía y cuatro quimioterapia. 

Sin embargo, tres años después, el cáncer regresó. Esta vez fue en el colon, pero en la clínica 20 de Tijuana le dijeron que el aparato para la radioterapia estaba descompuesto y tal vez lo repararían en diciembre, aunque no le aseguraban la fecha de atención porque había lista de espera. 

La mujer, que había dedicado 27 años de su vida al IMSS como asistente médica, decidió empeñar su único patrimonio: su casa. Consiguió 500 mil pesos y con eso pagó las sesiones de radioterapia en privado. Gracias a eso pudo salvar su vida por segunda vez.

Pero aún debe tomar exemestano, tratamiento para la remisión del cáncer de mama, por cinco años. Cada mes acude a su clínica, pero “a veces voy y no hay. En los últimos dos años he batallado más. Antes me decían que una semana y sí me la daban, pero de dos años para acá ha sido peor. Esta vez duraron dos meses para surtir una caja”. 

Cuando no se la dan, Sara debe gastar 4 mil pesos por el medicamento, y también solventar las tomografías, colonoscopias y resonancias magnéticas para monitorear su estado de salud y confirmar que el cáncer no regrese.

A partir de su experiencia forma parte de grupos de Facebook donde otros pacientes exponen sus casos y entre todos se ayudan. Hacen rifas, se regalan medicamentos que les sobran o hacen coperacha para pagar medicinas. Aún así, no todas son historias de éxito. 

“Hay gente que se ha muerto, me consta, porque no les han dado el tratamiento y no tienen la solvencia para comprarlo. A veces ya no tengo ganas ni de estar peleando. A veces ya no tenemos la esperanza de que esto mejore”, dice. 

El caso de Sara no es aislado. Datos de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), en la que se demuestra que el gasto que hicieron los ciudadanos en 2022 para compra de medicinas creció en 39% en comparación con 2018; y los más pobres, incluso, gastaron el doble de recursos.

Ethomedical, beneficiaria del sobreprecios

Aunque Ethomedical fue creada en 2014, en 2020 María Teresa Muñoz Caraveo, esposa de Aldo Díaz Pérez, compró acciones de la empresa, y en 2022 sumó al hijo de ambos, Daniel Díaz Muñoz, quien desde 2020 también era socio de la empresa Comercializadora Delta Dibal. 

En 2022 crearon Abastecedora de Medicinas y Materiales, donde participan Muñoz Caraveo y sus otros dos hijos, Andrés Díaz Muñoz e Isabel Díaz Muñoz.

Ahora, Animal Político revela en esta investigación que los socios de Bilbao Arrieta también fueron favorecidos con contratos directos en al menos 20 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS (OOAD), antes conocidas como delegaciones estatales: Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, y Veracruz. 

Así, obtuvo 334 millones de pesos en contratos en 2020; el año siguiente, 461 millones de pesos y en 2022, 339 millones de pesos. 

Y una vez que Ethomedical fue impedida para comprarle por sus irregularidades sanitarias, entró al negocio Distribuidora de Medicinas y Materiales, SA de CV, nuevamente vendiendo a sobreprecio. Pero ésta vez también fue contratada por Birmex. Sólo en 2023 y 2024 sumó 63 millones de pesos. 

Este tipo de contrataciones encontraron terreno fértil durante los cinco intentos fallidos de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el procedimiento de compra de medicinas en busca de un mayor ahorro como parte de su política de “austeridad republicana”.

El sobrecosto también podría explicar el aumento de 29% del monto en contratos de medicinas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en comparación con el de Enrique Peña Nieto. Mientras en 2018 el gasto fue de 61 mil millones, en 2024 fue de 79 mil millones de pesos, como reveló Animal Político en la primera entrega de la investigación No fuimos Dinamarca.

Además, el sobreprecio tuvo como consecuencia que el gobierno gastara más, pero obtuviera menos piezas de fármacos de uso tan cotidiano en los hospitales como anestésicos (Propofol) o tratamientos para las principales enfermedades como diabetes (Sitagliptina) o cáncer (bleomicina, carboplatino, ciclofosfamida).

También para la hipertensión (metoprolol); depresión (fluoxetina), artritis (celecoxib), gota (alopurinol); colitis (mesalazina); presión alta (losartán); problemas respiratorios (salbutamol). Analgésicos como dexmedetomidina o metamizol; antibiótico para infección urinaria, meropenem; o palonosetron para prevenir el vómito tras la quimioterapia; anticonceptivos (levonorgestrel), entre otros.

En tanto, durante todo el sexenio de López Obrador hubo más desabasto en hospitales, como denunciaron el personal médico y pacientes durante los últimos seis años y cuyos datos oficiales lo confirman: el gobierno de AMLO dejó de surtir 15 millones de recetas, cinco veces más que en el de Enrique Peña Nieto.

Metodología del sobreprecio

Para esta investigación Animal Político analizó una tercera parte de los 756 contratos que Ethomedical recibió. Comparó el precio unitario de cada artículo vendido con el de las compras consolidadas, y así se detectó que el sobreprecio global alcanzó un 79%.

Luego se aplicó ese porcentaje a los mil 134 millones de pesos de todas las adjudicaciones. De ahí se calcula que el IMSS podría haber pagado 500 millones de pesos ‘de más’ a Ethomedical a causa del sobreprecio. 

También se hizo una segunda comparación, con contratos por los mismos productos, pero con otras instituciones y distintos proveedores. Se comprobó que vendió más caro que otros competidores. En este caso, el sobreprecio global fue de 63%. Un pago extra estimado de 438 millones de pesos.

Este monto es comparable con la inversión que hizo el IMSS para siete proyectos de construcción y remodelación de hospitales, y una tercera parte del presupuesto del Instituto Nacional de Cardiología en 2024.

El sobreprecio

Entre los ejemplos de venta a sobreprecio de Ethomedical está un medicamento de uso tan cotidiano como el ácido acetilsalicílico soluble (aspirina). Fue vendida hasta en 41 pesos cada caja al Órgano de Operación Administrativa de Jalisco en 2021 pese a que el precio unitario en compra consolidada fue de 7.85 pesos y otros proveedores la vendieron en 11 pesos. 

El Órgano de Guerrero le compró cada pieza en 32 pesos, Nuevo León en 29.5 pesos en 2021, y Morelos, 18 pesos. En todos los casos pagaron más caro que el precio comercial en el que actualmente se vende en farmacias comerciales en versión genérica que es de 14 pesos. 

Sólo por 14 contratos por 707 mil piezas de ácido acetilsalicílico, las cuatro delegaciones del IMSS pagaron 19 millones de pesos. Con el precio de una compra consolidada, el costo hubiese sido de 5 millones de pesos. Esto implicó que el IMSS habría pagado 14 millones de sobreprecio a Ethomedical. 

En tanto, la Sitagliptina metformina fue adquirida en la compra consolidada en 2022 por 118 pesos cada caja, y otro proveedor la vendió en 247 pesos al INER, pero Ethomedical vendió cada pieza en 2 mil 190 pesos a la delegación de Querétaro, 873% más cara. 

Incluso también hubo compras fraccionadas con los que se aparenta hacer adquisiciones pequeñas, pero resultan millonarias, como lo hizo el Órgano regional del Estado de México-Oriente. El mismo día (15 de junio de 2021) hizo siete contratos por 596 mil pesos cada uno y otro por 391 millones de pesos. Al sumarlos, el monto ascendió a 4 millones 569 mil pesos. 

Se trató de la compra de 147 mil 388 piezas del analgésico Metamizol, cuyo sobreprecio fue de 283% cada pieza. Ethomedical la vendió en 31 pesos, mientras que en la compra consolidada el precio fue de 8 pesos y al compararlo con el precio ofrecido a usuarios del sistema de salud del Estado de México fue de 17 pesos. 

Sólo por este producto, el organismo del Edomex erogó 3 millones 335 mil pesos de más, toda vez que la compra, a un precio de ‘mayoreo’ sólo hubiera pagado un millón 234 mil pesos. 

Uno de los productos más vendidos por esta empresa fue el Propofol, un anestésico de uso habitual en los hospitales. Aunque especialistas y personal médico consultados aseguran que a partir de la pandemia, el costo se elevó debido a la alta demanda para la intubación de pacientes. De ahí que las instituciones de salud tuvieron que comprar a distintos precios. 

Ethomedical aprovechó la demanda de esta anestesia: consiguió 43 contratos por 148 millones de pesos. El precio unitario más oneroso fue por 1,640 pesos a la delegación de Puebla el 13 de enero de 2021. Y el mismo día la vendió a la delegación de Durango por 1,445 pesos. En adelante, la vendió en 1,400 pesos cada pieza.

Por la venta de este producto entre 2020 y 2021, comparando el costo unitario provisto por otros proveedores, 775 pesos y 1,045 respectivamente, el sobrecosto pagado a esta empresa ascendería a 56 millones de pesos. 

En tanto, por 6 mil 886 cajas de guantes de látex, el proveedor la vendió a 450 pesos cada pieza a la delegación de Chihuahua en 2021, aún cuando el precio de la compra consolidada fue de 233 pesos y otros proveedores la ofrecieron en 292 pesos. Esto resultó en el pago ‘de más’ de un millón 491 mil pesos de sobreprecio. 

Entre los 245 contratos analizados, el proveedor ofreció precios igual o menores en comparación con sus proveedores únicamente en 10 contratos. Tres de ellos que suman 186 millones de pesos fueron asignados por el IMSS central para la compra de ropa quirúrgica, cubrebocas y pruebas de covid en 2020. 

A causa de la pandemia, los precios de compra aumentaron debido a la alta demanda. Por ejemplo, la bata quirúrgica fue vendida por Ethomedical en 92 pesos, por 1 millón de piezas vendidas ganó 92 millones de pesos. En este caso vendió al mismo precio de la compra consolidada, y 4% menos que otros proveedores que la vendieron a 95 pesos.

Distribuidor irregular

Proveedores de la industria consultados a condición de anonimato afirmaron que durante el sexenio notaron que Ethomedical ganaba todos los contratos pese a ser nuevo en el negocio, y la molestia se materializó en reclamos ante la Cofepris, la institución encargada de verificar las condiciones sanitarias de productores y proveedores de medicamentos. 

La Cofepris realizó una inspección al supuesto almacén de la empresa y según dio a conocer en el boletín emitido en 2022, la catalogó como “distribuidor irregular”, “por no permitir visita de verificación”. Además de “registrar un establecimiento inexistente e incumplimientos graves como carecer de infraestructura y equipamiento para mantener la temperatura óptima de medicamentos, no contar con sistema definido de inventario y la presencia de fauna nociva”. 

En este año, la Cofepris confirmó el señalamiento e incluso informó que el establecimiento se encuentra “suspendido”, como consta en el listado oficial publicado el 21 de enero pasado. “El establecimiento cuenta con irregularidades graves y se se encuentra suspendido”.

Si bien las compras directas y a sobreprecio podrían ser justificadas por cuestiones de oferta y demanda (alza de precios) o que deben ser adquiridas de urgencia como tratamiento de “soporte de vida”, Ethomedical ni siquiera tenía experiencia probada como proveedor de grandes volúmenes de medicinas para justificar su contratación.

En cambio, está comprobado que fue poco eficiente. Por ejemplo, la dirección Regional de Occidente delegación de Guanajuato le compró 864 piezas de Colchicina –tratamiento para la gota–. Las entregas comenzaron 11 días después de firmar el contrato, el 11 de noviembre de 2021, pero las últimas entregas ocurrieron en marzo de 2022, con una sola caja en la Unidad Méxica Familiar 38 y 12 cajas en el Hospital General de Zona 3. 

Es decir, las entregas ocurrieron hasta cuatro meses después, pese a que en las compras urgentes como estas y justamente por su naturaleza, el surtimiento debe ocurrir 10 días después de la firma del contrato. 

Benefician a segunda empresa con los mismos socios

Aunque en 2022 Ethomedical fue incluida en la lista negra de la Cofepris, lo cual le impedía ser contratada por cualquier institución, esto no detuvo las ganancias para los mismos socios. 

Ese mismo año, el 8 de julio de 2022, María Teresa Muñoz Caraveo y otro de sus hijos, Andrés Díaz Muñoz constituyeron la empresa Abastecedora de Medicinas y Materiales, S. A. de C. V., y en septiembre de 2023 le cedió acciones a su hija, Isabel Díaz Muñoz.

A 14 meses de su creación, el IMSS le entregó tres adjudicaciones directas por 36 millones 400 mil pesos en 2023 y 360 mil pesos en 2024.

Nuevamente con sobreprecio. En 2023, el Órgano de Sinaloa le compró 11 mil 400 piezas de Sitagliptina metformina en 1,181 pesos cada pieza. Pero en la compra consolidada de ese año se vendió en 118 pesos, y otros proveedores la vendieron en 400 pesos al gobierno del Estado de México.

Sólo por este contrato, el IMSS pagó 13 millones 463 mil pesos. Al compararlo con el precio de una compra consolidada, esto sólo debió costar 1.3 millones de pesos; es decir, el IMSS pagó 12 millones de pesos ‘de más’.

Y el IMSS no fue el único contratante. En 2024, cuando el presidente AMLO ordenó que las compras de medicinas únicamente las haría Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), ésta le dio al menos una adjudicación directa por 26 millones 690 mil pesos. 

Fue la venta de 6 mil 236 piezas de Factor VIII de la Coagulación humana, utilizada para profilaxis de sangrado quirúrgico en pacientes con la enfermedad de von Willebrand (EVW), con un precio unitario de 4 mil 280 pesos. El precio en la compra consolidada fue de 800 pesos, lo que significaría un pago de más de 21 millones de pesos. 

Cadena de mando

Todas las compras del IMSS debían ser avaladas por el IMSS central a través de las direcciones encargadas de autorizar las adquisiciones, liberar los recursos y vigilar a los Órganos de Operación de los estados. 

Todos ellos subalternos directos del director general, Zoe Robledo: Javier Guerrero, director de Operación y Evaluación, donde están adscritos los Órganos de Operación; Marco Aurelio Ramírez Corzo, director de Finanzas, responsable de los recursos del instituto; y Borsalino González, director de Administración, área donde se autorizan todas las compras, como se advierte en los Manuales de Organización del Instituto. 

Aunque los Órganos y delegaciones pueden hacer compras, estos deben justificar que necesitan ciertos fármacos debido a que, por ejemplo, un proveedor haya incumplido. Luego, áreas de la Dirección de Administración, como la coordinación de Control de Abasto deben verificar en el sistema que realmente no lo haya y avalar la adjudicación para la liberación de recursos. 

En estos casos, los funcionarios que intervinieron directamente en avalar las compras entre 2020 y 2022, de acuerdo al organigrama, fueron Jesús Eduardo Thomas Ulloa, como titular de la Unidad de Administración; Jorge de Anda García, Coordinador de Control de Abasto, Daniel Esteban Ramírez Garcen, Coordinador Técnico de Administración del Gasto de Bienes y Servicios y Karina del Rocío Sarmiento, Coordinadora Técnica de Planeación.  Sin embargo, estos han dejado de trabajar en el Instituto en los últimos meses.

EL IMSS avaló las compras a sobreprecio

El área central del IMSS avaló las compras millonarias, según demuestran documentos oficiales y manuales de operación del Instituto. 

En la documentación de la contratación que hizo el Órgano de operación administrativa desconcentrada regional del Estado de México-Oriente en 2022, por ejemplo, explica que los recursos fueron avalados por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, un área de la Dirección de Finanzas.

Esta adquisición, además, se trató de contratos fraccionados. Es decir, el IMSS dio 15 contratos por 592 mil pesos cada uno y la compra de 6 mil 300 piezas de Celecoxib, medicamento para la artritis reumatoide. 

El total de los contratos sumaron 8 millones 649 mil pesos. El costo unitario de 94 pesos es 445% más caro en comparación con los 17.25 pesos de costo en precio en compra consolidada.

En la justificación de la Adjudicación se establece que en la delegación contaba con un “dictamen de disponibilidad presupuestal previo No. 0000152492-2022 emitido por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática de fecha 12 de mayo de 2022, para sustentar las adquisiciones en procesos locales de Bienes de Consumo autorizadas por la Coordinación de Control de Abasto”. 

En otros contratos hechos por la delegación Sinaloa con Ethomedical, incluso en el documento de pedido de medicinas, se agregó un oficio en el que la jefatura de Servicios Jurídicos, a cargo de Sandra Torres, se deslinda de la contratación. 

El documento advierte: “La validación jurídica se efectúa sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia de viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y la demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirente técnica y contratante de la delegación”.