Un grupo de servidores públicos presentaron una denuncia para que se investigue a los mandos que presuntamente les pidieron dinero para apoyar la campaña de la fiscal Sara Irene Herrerías Guerra, candidata a ministra de la Suprema Corte.
La denuncia anónima, presentada vía correo electrónico el pasado 13 de abril de 2025 y de la que Animal Político tiene una copia, fue enviada directamente al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, así como a diversos titulares de las Fiscalías Especiales de la misma dependencia, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México.
En ella se denuncia que al menos dos altos funcionarios de la UEILCA no solo habrían solicitado dinero al personal a su cargo a nombre del fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, sino también asistir en compañía de más personas a un evento de campaña de la candidata Herrerías Guerra, actual titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), organismo del que de hecho depende la propia Unidad Especial del Caso Ayotzinapa.
La denuncia ya recibió una primera respuesta por parte de una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), quien señaló que los hechos denunciados podrían constituir el delito de abuso de autoridad. No obstante, remitió la denuncia a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), por ser esta la autoridad competente para investigar a funcionarios de la FGR.
Dicha autoridad ya habría iniciado una carpeta de investigación por estos hechos. Incluso, el 15 de abril acudió a la UEILCA para realizar diversas entrevistas con el personal. Por su parte, la Secretaría Anticorrupción habría remitido la denuncia al Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, a fin de que inicie una investigación interna. En contraste, los denunciantes no han recibido respuesta alguna por parte del INE.
Animal Político buscó a la Fiscalía General de la República y a la candidata Herrerías Guerra para que pudieran dar un posicionamiento al respecto, pues no solo se trata de una persona involucrada en la denuncia, sino que además es jefa directa de los funcionarios públicos aludidos. Sin embargo, las autoridades no contestaron a la solicitud de entrevista al cierre de edición.
“Nadie se pudo negar a dar el dinero”, acusan trabajadores de la UEILCA ante fiscal Gertz
Según la denuncia, los hechos ocurrieron los días 10 y 11 de abril del presente año, cuando, presuntamente, Dolores Cerino Javier —señalada en la denuncia como coordinadora de la Unidad y jefa directa de los implicados— se acercó a ellos “uno por uno” para informarles que, por instrucciones del titular de la UEILCA, Rosendo Gómez Piedra, debían “apoyar” a la maestra Herrerías Guerra para que “ganara como Ministra de la Corte”.
“Que el Doctor Rosendo nos mandaba a decir que teníamos que dar 250 pesos por cada quién en una quincena y 250 pesos en la otra que, porque se le iba a organizar un evento en Tabasco, al cual además teníamos que ir y llevar a la gente que pudiéramos”, se puede leer en el documento.
En el escrito dirigido al fiscal Gertz Manero, los trabajadores señalan que el dinero se lo tuvieron que entregar a una persona que mandó César Ovidio Suárez Aldecoa, supuesto director de la Unidad, quien junto con Dolores Cerino y Rosendo Gómez Piedra supuestamente organizaron el evento.
“Persona que nos dijo que por órdenes del Doctor Rosendo en caso de no ir a Tabasco de todos modos teníamos que dar el dinero y que si en ese momento no traíamos para cooperar nos anotarían para después dar el dinero, al igual que si nos negábamos a darlo también nos anotarían, dando a entender que el doctor Rosendo lo tomaría a mal y nos perjudicaría, por lo que nadie se pudo negar a dar el dinero”.
En el mismo escrito, los trabajadores aseguraron que no fueron los únicos servidores públicos a los que se les pidió dinero para la campaña de Herrerías Guerra, sino que también a diversos agentes del Ministerio Público les pidieron “500 pesos por cada quincena” y que si estos laboraban en Tabasco “debían llevar por lo menos 10 personas más cada quien al mitin”.
“Estas situaciones señor Fiscal son constantes. La maestra Dolores Cerino en múltiples ocasiones nos ha pedido dinero por diversos motivos […] Todo eso hemos aguantado señor fiscal porque no nos queda de otra, necesitamos el trabajo, pero ahora sí ya fue el colmo, no solo es darles nuestro dinero sino ahora también nuestro tiempo de descanso y el de nuestras familias […] por eso esta vez nos atrevimos a denunciar ante usted que es el único que puede hacer una verdadera investigación”.
Los trabajadores solicitaron al fiscal iniciar una carpeta de investigación “entrevistando al personal de la UEILCA e incluso pidiendo que le entreguen la lista que tiene el licenciado César Ovidio de las personas que ya pagaron y los que faltan por pagar”.
También pidieron que Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial del Caso Ayotzinapa, devuelva el dinero y ordene la suspensión del evento de campaña a realizarse supuestamente este sábado 3 de mayo en Tabasco, mismo que fue convocado “para promover el voto para la maestra Sara Irene Herrerías como ministra de la Corte por estar pagado con dinero de sus subordinados”.
Remiten investigación a la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR
Un día después de la presentación de la denuncia, una persona identificada como Rosario Gabriel Guerra, agente del Ministerio Público de la Federación y titular de la Ventanilla Única de Atención de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, envió un escrito a la licenciada Adriana Campos López, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, para informarle que recibió la denuncia.
En ella la agente del Ministerio Público detalla de manera breve que recibió la denuncia por correo electrónico en la que “se denuncia la solicitud de dinero por parte de mandos de la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa a sus subalternos, para apoyar la candidatura de la Mtra. Sara Irene Herrerías como ministra de la Corte”.
“Del análisis del correo electrónico, se advierten hechos posiblemente constitutivos del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 215 fracción IX del Código Penal Federal”, señala el documento fechado el 14 de abril de 2025 y del que este medio también tiene una copia con un sello de recibido por parte de la Fiscalía de Asuntos Internos.
Dicho artículo y fracción señala que comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que “obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o cualquier persona parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios”.
Si bien el artículo 95 del Estatuto Orgánico de la FGR establece que dicho delito es competencia de la Fiscalía anticorrupción, la agente del Ministerio Público especificó que debido a que en los hechos denunciados se encuentra involucrado personal de la FGR la competencia para conocer de este tipo de caso recae en la Fiscalía Especial en Asuntos Internos.
“Por lo anterior, remito a usted, la impresión del correo electrónico (a través del cual recibieron la denuncia anónima) y sus anexos en copia simple a efecto de que se realicen las acciones pertinentes conforme a sus facultades por considerar que los hechos denunciados son de su competencia”, misma dependencia que abrió una carpeta de investigación y acudió a la UEILCA el 15 de abril para entrevistar a sus empleados.
En un sentido similar, el 22 de abril de 2025, Maithé Rivera Cabrera, directora de denuncias y atención ciudadana “B” de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó a los denunciantes que remitiría la denuncia al Órgano Interno de Control de la FGR, sin abundar en más detalles sobre la razón por la cual no inició algún procedimiento al respecto.
Cancelar órdenes de aprehensión contra militares: la participación de la candidata a ministra en el caso Ayotzinapa
En noviembre de 2019, a petición de las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República creó la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa (UEILCA) para continuar con las indagatorias sobre la desaparición de los estudiantes.
Como titular de la unidad, el fiscal Gertz Manero eligió a Omar Gómez Trejo, quien en el pasado había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el que los familiares de los estudiantes mantuvieron una buena relación como fiscal especial del caso.
Pero todo cambió cuando en septiembre de 2022 se dio a conocer que la Fiscalía General de la República canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto de ese año, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes, pasando por encima de la UEILCA.
De acuerdo con el diario El País, de las 21 órdenes de aprehensión canceladas, 16 habían sido giradas en contra de militares acusados de delincuencia organizada. Esta situación llevó a que el fiscal de la Unidad, Omar Gómez Fierro, presentara su renuncia al caso Ayotzinapa tan solo unos días después.
Desde su conferencia de prensa matutina, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia del fiscal Gómez Trejo asegurando que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.
Tras la renuncia de Gómez Trejo, el fiscal Gertz Manero nombró como nuevo encargado del caso Ayotzinapa a Gómez Piedra, un abogado tabasqueño considerado como cercano a Adán Agusto López, entonces secretario de Gobernación y actual senador de la República.
La participación directa de la fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra en la crisis al interior de la UEILCA se dio a conocer cuando el periodista John Gibler publicó el texto “La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa”, en la que expuso que la fiscal fue la que ordenó cancelar las 21 órdenes de aprehensión contra militares.
“El viernes 9 de septiembre, menos de una semana después de la llegada de la “visita” (de seis abogadas de la FGR que llegaron de improviso para realizar una auditoría espontánea en la UEILCA), Sara Irene Herrerías Guerra, la fiscal especializada en Derechos Humanos, y Adriana Campos López, fiscal especializada de Asuntos Internos, firmaron los primeros oficios que pedían la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, 16 contra militares, de las 83 que la UEILCA había elaborado, y que habían sido concedidas por un juez”, señala el texto que se reprodujo íntegro también en Animal Político.
Este texto fue la razón por la que incluso un año después de la renuncia del exfiscal Gómez Trejo y a tres años de la publicación, el Gobierno informó que investigaría al exfiscal Gómez Trejo por presuntamente entorpecer la investigación.
En su conferencia matutina del 19 de octubre de 2023, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre si se busca fincar responsabilidades a Gómez Trejo. “Sí, yo creo que sí porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación. No se avanzaba en la investigación, había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas”, dijo.
La propia CIDH fue quien confirmó en el Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, que la fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra ordenó que se cancelaran las órdenes de aprehensión que un juez había librado a petición de la UEILCA, cuando la encabezaba el fiscal Omar Gómez Trejo.
“La CIDH tuvo acceso a la solicitud de cancelación de la orden de aprehensión. Dicha solicitud está motivada en la supuesta falta de pruebas o en la existencia de pruebas únicamente de tipo testimonial contra las 21 personas implicadas. Según lo expresado en la solicitud de cancelación de las aprehensiones, el Fiscal adscrito se basó en (los) denominados ‘hallazgos’ de la auditoría conducida por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos desde el 5 de septiembre de 2022”.
“Los ‘hallazgos’ citados por el Fiscal adscrito no indican con claridad cuáles serían las supuestas ‘deficiencias probatorias’ encontradas por la Fiscalía de Asuntos Internos y más bien su formulación es vaga, abierta y general. Estos ‘hallazgos’ habrían sido identificados en un lapso de siete días, incluido el fin de semana, y seguidamente transmitidos preliminarmente a la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos, órgano superior de la UEILCA”, se puede leer en el documento.
Minimizar la tortura en el caso Ayotzinapa
Además, durante una audiencia realizada ante la CIDH el 2 de marzo de 2018, la fiscal Sara Irene Herrerías Guerra también minimizó la tortura cometida en contra de algunos detenidos del caso Ayotzinapa, al asegurar que “solo dos casos arrojaron resultados positivos”, defendiendo así la llamada “Verdad Histórica”.
“El Estado ya respondió a las preguntas correspondientes en el cuestionario que se entregó hace unos días; sin embargo, los datos relevantes es que se han analizado 128 casos, de ellos se realizaron ya 48 dictámenes mediante el Protocolo de Estambul, 46 personas no aceptaron que se les practicara, 19 no lo han solicitado los jueces y quedan 13 pendientes por realizar. Hasta la fecha solo dos casos arrojaron resultados positivos, en lo que toca al análisis médico”, dijo la fiscal en una audiencia en vivo.
Tan solo unos días después, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas publicó un informe titulado “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” en el que concluyó que la investigación del caso Ayotzinapa se vio afectada por torturas y encubrimientos, contrastando con lo asegurado apenas unos días antes la fiscal especial en derechos humanos de la FGR.
“La ONU-DH examinó información sobre 63 personas, de un total de 129 personas procesadas en relación con los eventos ocurridos en la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala. En 51 casos, la ONU-DH obtuvo información que indicaba posibles actos de tortura. Este informe está basado en el análisis de 34 de estos casos, en los que la ONU-DH tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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