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Si ex gobernador de Guanajuato renta casa de empresa contratista, sería corrupción, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 2 de julio de 2025, que, de comprobarse que la casa que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo -gobernador de Guanajuato desde el 26 de septiembre de 2018 al 25 de septiembre de 2024, así como militante del Partido Acción Nacional (PAN), rentaba en Houston, Texas, una casa que pertenecía a la empresa Seguritech, a la que él otorgó contratos, se trataría de un caso de corrupción.

Cuestionada respecto al tema -durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que su Administración no investigaría dicho caso a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ni denunciaría ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que urgió nuevamente a que fuera el político panista quien diera una explicación.

Sin embargo, la mandataria nacional sugirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) Guanajuato o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrían realizar indagatorias para determinar si hubo irregularidades por el nexo entre los contratos de seguridad y la residencia, que habita la familia de Rodríguez Vallejo en el fraccionamiento The Woodlands, en Houston, Texas.

“Se está diciendo que él tiene una casa a nombre de una empresa que él contrató en la cual vive ahora […] Sí, pero [la UIF] hace las investigaciones a partir de lo que va encontrando y tiene la atribución para hacerlo”, respondió la presidenta de la República.

“El tema aquí es que es un contrato que hizo el ex gobernador con una empresa y presuntamente vive en una casa [de la compañía] en los Estados Unidos, entonces eso, de comprobarse que eso es cierto, pues es corrupción”, sentenció Sheinbaum Pardo.

“Pero el Gobierno Federal no [intervendrá], ¿quién hace investigaciones? Las fiscalías, las fiscalías tienen autonomía, entonces, si hay una denuncia en particular, a la Fiscalía General de la República, pues la Fiscalía tendría que ver si tiene atribuciones para ello e intervenir, de parte del Gobierno Federal, no”, enfatizó la mandataria nacional.

“La Unidad de Inteligencia Financiera, más allá de lo que salga en un periódico o en un medio de comunicación, está permanentemente investigando y cuando encuentra algún asunto de lavado de dinero, pues interviene, preventivamente, cerrando o solicitando el congelamiento de la cuenta, y si es el caso, presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, dijo la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Pero en este caso, pues tiene que haber, ¿quién tiene que intervenir? Las fiscalías, entonces la Fiscalía de Guanajuato puede intervenir”, recomendó Sheinbaum Pardo, quien insistió en que el caso del ex gobernador debería transparentarse.

“Tiene que aclararse, tiene que aclararse, la Auditoría Superior de la Federación es una de las instituciones que puede hacer una auditoría, la Fiscalía General de la República si tiene atribución, si fueron fondos federales, pues tiene la posibilidad de hacer una investigación y las propias fiscalías y las propias instituciones de Auditoría del Estado de Guanajuato”, abundó la presidenta de la República.

“Depende de ellos [de las autoridades locales], yo creo que el ex gobernador tiene que aclarar. Pero ¿quién tiene que hacer la investigación? Pues las instituciones que tengan que hacer esas investigaciones, entonces de parte de nosotros no vamos a poner nosotros la denuncia, quien encontró esta circunstancia o quien revise, frente a los datos que están, si lo hace la Fiscalía, pues tiene que hacerlo la Fiscalía y también en Guanajuato y tiene que dar cuentas el ex gobernador”, destacó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

La mansión es propiedad de Seguritech, empresa que obtuvo contratos por 2 mil 800 millones de pesos durante la Administración de Rodríguez Vallejo. La vivienda -valuada en un millón de dólares- pertenece a Daniel Ezquenazi Beraha, ejecutivo de Seguritech, según reveló una investigación periodística de POPLab y CONNECTAS.

Libia Dennise García Muñoz Ledo -también militante del PAN, desde el 26 de septiembre de 2024- ordenó, el 30 de junio de 2025, abrir una investigación al respecto, a través de la Secretaría de Honestidad estatal, para deslindar cualquier responsabilidad. Aseguró que ella no estaba en dicho cargo para defender personas, contratos o empresas, sino para ver por el bienestar de la entidad.

“Iniciamos una investigación por parte de la Secretaría de Honestidad para deslindar cualquier responsabilidad. Yo no estoy aquí para defender ni a personas, ni contratos, ni empresas, estoy para ver por el bien de Guanajuato y cualquier inquietud legítima será investigada a profundidad”, manifestó la ex titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, entre 2021 y 2023, durante la Administración de Rodríguez Vallejo.

“Esta investigación nos debe arrojar eso [claridad], ha habido muchos datos, pero tenemos que ser muy responsables al emitir la información; por supuesto que daremos a conocer lo que resulte de esta investigación. Es importante que haya claridad y transparencia”, ofreció García Muñoz Ledo.

Previamente, en una carta, Rodríguez Vallejo negó que el inmueble fuera de su propiedad y explicó que renta de la mansión en Houston era porque su esposa y sus hijas vivían ahí, ya que estas últimas estudiaban en Estados Unidos.

La empresa llegó al estado de Guanajuato en 2012, durante la Administración de Miguel Márquez Márquez actual senador del grupo parlamentario del PAN y gobernador de Guanajuato entre el 26 de septiembre de 2012 al 25 de septiembre de 2018.

La compañía continuó con presencia en Guanajuato, durante la Administración de Rodríguez Vallejo, para desarrollar el Programa de Seguridad Escudo, cuyos contratos fueron clasificados bajo reserva y continuaban vigentes en el actual Gobierno de García Muñoz Ledo.

Al concluir su mandato en la Gubernatura de Guanajuato, el 25 de septiembre de 2024, Rodríguez Vallejo y su familia se mudaron a Texas. La casa en The Woodlands -considerado uno de los mejores lugares para vivir en EE. UU.- se ubica en una calle privada de 17 viviendas, donde sólo circulan los residentes.

En esa zona residencial también vivió, en 2019, José Ramón López Beltrán -hijo mayor del ex presidente Andrés Manuel López Obrador- y su esposa Carolyn Adams Solano, en la llamada “casa gris”, que era propiedad de una filial de la empresa Baker Hughes, una contratista de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de la que la brasileña fue funcionaria.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Diputados pagan con dinero público medias becas para sus maestrías y doctorados

Diputados y empleados de la Cámara estudiarán posgrados con fondos públicos: San Lázaro cubrirá 50% de maestrías y doctorados en Administración Pública, con un gasto de más de cinco millones de pesos.

La Cámara de Diputados pagó la mitad de la maestría y doctorado en Servicios Públicos a trabajadores y legisladores de San Lázaro en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

Del erario esta cámara pagará la mitad del posgrado a 80 trabajadores y legisladores por un monto total de cinco millones 416 mil 425 pesos para que puedan cursar la maestría y doctorado en Administración Pública.

De acuerdo con documentos públicos de Diputados, el convenio con el instituto es para que 53 trabajadores y legisladores cursen el grado de maestría y 27 de doctorado en Administración Pública en la generación 2025-2027 pagando sólo la mitad. 

Clases a distancia

Según el convenio LXVI/SG/UCFP /056/2025, se establece que 53 diputados cursarán la maestría por un monto de cinco millones 843 mil 250 pesos, pero la Cámara de Diputados erogará dos millones 921 mil 625 pesos sin IVA incluido y el resto deberá ser cubierto por los alumnos. Así, los 53 estudiantes deberán cubrir en general 20 mensualidades de 146 mil 81 pesos.

El convenio fija que la Unidad de Capacitación y Formación Permanente (UCFP) será el órgano legislativo que designe a los diputados que tomarán la maestría, y el INAP realizará el proceso de admisión de los aspirantes. 

El anexo técnico establece que los aceptados como alumnos serán responsables en lo individual de la acreditación de las 18 asignaturas académicas que conforman el programa.

El convenio detalla que la maestría en Administración Pública cuenta con el reconocimiento de validez oficial que le otorga la SEP y se realizará del 10 de marzo de 2025 al 8 de marzo de 2027. 
Además, establece que la impartición de la maestría se realizará a distancia mediante la plataforma designada por el INAP. Las asignaturas se impartirán los lunes y jueves de 17 a 21 horas. 
El convenio fija que los gastos de titulación y certificación de los estudios de la maestría serán cubiertos por los trabajadores y diputados seleccionados.

En el convenio LXVI/SG/UCFP /056/2025 se estable que la Cámara de Diputados y el INAP ofrecerá el doctorado en Administración Pública Generación 2025-2027 para 27 legisladores y trabajadores de la Cámara de Diputados. 

El convenio detalla que el costo de la maestría para la veintena de alumnos es de cuatro millones 989 mil 600 pesos, pero la Cámara de Diputados sólo pagará la mitad, dos millones 494 mil 800 pesos sin IVA incluido; de esa manera, los alumnos deberán cubrir el resto; es decir, en su conjunto se harán responsables de 20 mensualidades de 124 mil 740 pesos.
Los documentas aclarar que los descuentos se realizarán vía nómina. 
El anexo técnico detalla que el INAP impartirá las 11 asignaturas académicas que integran el doctorado con una duración de 60 horas que impartirá el instituto, con validez de la SEP.

Igual que en la maestría, los gastos de titulación y certificación de los estudios para el doctorado deberán ser cubiertos por los legisladores o empleados de San Lázaro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Tren Maya implicado en red corruptora del 'Caso Koldo' en España: Académico

José Francisco Parra, director ejecutivo del Instituto Universitario Ortega y Gasset, explicó en Aristegui en Vivo la relación de políticos y empresarios españoles acusados por corrupción, cercanos al presidente Pedro Sánchez, y constructoras españolas que ganaron licitaciones directas para llevar a cabo obra pública en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Parra explicó en qué consiste el llamado “Caso Koldo”, una trama de corrupción política en torno al asesor político Koldo García Izaguirre, y los políticos José Luis Ábalos Meco, ministro de Fomento en los dos primeros gobiernos de Pedro Sánchez y secretario de organización del PSOE (2017-2021), y Santos Cerdán León, secretario de organización del PSOE (2021-2025), a quien este lunes el Tribunal Supremo de España dictó prisión preventiva, tras ser acusado por organización criminal y cohecho, así como al presunto cobro de mordidas por la adjudicación irregular de obras.

Asimismo, Parra explicó que existe una investigación judicial en curso en torno a cómo estos personajes estuvieron atrás de la adjudicación de obra pública en México a constructoras españolas como Acciona e Ineco mediante sus contactos con políticos mexicanos, entre ellos Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca y actual senador, y Pedro Heces, líder sindical ligado a Morena.

En qué consiste el ‘Caso Koldo’

Parra, también profesor de Ciencia Política, hizo un resumen de lo que se conoce como ‘Caso Koldo’.

“La cuestión es la siguiente tanto Ábalos como Serdán son del círculo cercano de Pedro Sánchez en su ascenso a la secretaría general del Partido Socialista (PSOE) y posteriormente en su vestidura como presidente de gobierno de España, con lo cual son dos personajes muy cercanos, de su círculo personal porque no nada más eran compañeros de partido sino también amigos.

“Y en el caso de Ábalos fue su primer secretario de organización en el PSOE y, después, su segundo secretario de organización fue Santos Serdán, entonces podemos decir que las dos personas más importantes en el ámbito operativo, cercanos a Pedro Sánchez, están implicados en casos de corrupción.

“(Caso Koldo) Esto comenzó con una denuncia que hizo el Partido Popular (PP) respecto del manejo corrupto el costo a sobreprecio de los cubrebocas que se vendieron durante la pandemia en los que estaban involucrados tanto Koldo como Ábalos, quien era secretario de transporte en ese momento y tuvo que en la segunda legislatura de Pedro Sánchez dejar el ministerio, quedarse solo con su cargo de diputado en el congreso de los diputados lo que le daba cierto tipo de autonomía.

“No había existido nunca que un diputado se negara a devolver su constancia de diputado, renunciar a ella cuando el partido se lo pedía, en este caso Ábalos al día de hoy todavía es diputado y está en el grupo mixto con lo cual habla del derrotero que han tomado estas cuestiones.
(Koldo y Ábalos) estaban imputados por el caso de las mascarillas y a cuenta de la investigación que realizó la policía, la fiscalía anticorrupción, intervino la computadora y los celulares de Koldo y Ábalos y rescata información en la que ya no solamente hablan de los casos de los cubrebocas sino hablan de los moches y mordidas que pedían a las empresas constructoras.
Es a partir de la información que recaba la policía con la intervención de computadoras y celulares que aparece en escena Santo Cerdán, en ese momento todavía era secretario de organización del PSOE.
Lo que se sospecha es que es una trama corruptora, pero la pregunta esencial es se beneficiaron ellos de manera personal. Sí, esto es evidente, y seguramente, es lo que va a transcurrir en los próximos meses; pero, la pregunta central, y aquí es donde involucra al PSOE y al mismo Pedro Sánchez es si esas comisiones sirvieron para financiar su campaña electoral.
“Como suele ocurrir en estos casos Pedro Sánchez dice que no sabía nada, que lo desconocía, pidió perdón hacia los militantes del PSOE, pidió perdón a los ciudadanos españoles, pero como suele ocurrir no hay ningún indicio que lo involucre a él directamente, pero pero está claro que ya sea por omisión o participación es responsable político, no penal, pero si político.

“Este fin de semana hubo una carta, un manifiesto, que firmaron una cantidad importante de políticos, intelectuales, historiadores, en el que le exigen a Pedro Sánchez y al PSOE transparentar y tener responsabilidad política y ética respecto a cómo se han estado manejando estos asuntos en los últimos meses.

“Lo más grave y peligroso de todo esto es que este tipo de conductas de los partidos tradicionales tanto de izquierda, en este caso del PSOE progresista, que venía de sustituir un caso de corrupción por el caso Gürtel de Mariano Rajoy, con aquella moción de censura, pone a los dos principales partidos en casos de corrupción y esto no hace más que abrir la puerta a la extrema derecha que es la beneficiaria de todos estos casos de corrupción porque existe un desencanto de la ciudadanía con dos partidos que, uno en la derecha, otro en la izquierda, pero constitucionalistas y demócratas.

México, Tren Maya, Refinería Dos Bocas

Parra explicó como la red de corrupción en la que están implicados Koldo García Izaguirre,  José Luis Ábalos Meco y  Santos Cerdán León, estaría atrás de la adjudicación de obra pública en México a constructoras españolas, como Acciona. 

“Los medios de comunicación han hecho eco del caso del Tren Maya, pero hay que ser muy cuidadosos porque hay un secreto de sumario, una investigación judicial en curso, hay que ser responsables en esto, pero lo que más llama la atención y que creo que hay bastantes indicios es de que el modus operandi de estos tres personajes era cobrar comisiones a empresas constructoras, entre ellas a Acciona, que es una las cinco grandes constructoras en España

“Acciona fue la que, en su momento, ganó una licitación directa para construir un tramo del Tren Maya que posteriormente fue cancelada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y se la se la dio a la Secretaría de la Defensa; pero, está otra empresa que es española que es AECDI que en unión con una empresa mexicana, aparentemente de reciente creación en ese momento, se le adjudicaron más de 10 mil millones de pesos para un tramo

“Y, luego, también hubo una asignación a una empresa pública que es Ineco, una empresa encargada de hacer estudios de viabilidad económica en el sector de transporte, a la que se le consiguió un contrato de 13 millones de euros

“Esos tres contratos fueron gestionados, promovidos, en un viaje que hizo Koldo junto con el ministro Ábalos a México. Y sus principales promotores en México fueron Alejandro Murat y Pedro Haces y, consta en muchas evidencias, de que el intermediario entre esos políticos españoles que llegaron a México buscando contratos para estas empresas privadas, el enlace fue el empresario Víctor de Aldama, un ‘coyote de cuello blanco’, nombrado embajador cultural o promotor turístico de Oaxaca, siendo español, por su cercanía con Alejandro Murat, entonces, evidentemente hay toda una conexión, toda una red de coyotaje, por decirlo así en términos claros, respecto de empresas españolas que buscaban contratos en México.

“Los medios no ha recogido lo de Dos Bocas, lo que sí tienen claro fue los contratos con el Tren Maya; evidentemente, lo están manejando los medios muy discretamente sobre lo que van soltando poco a poco las investigaciones.
De momento no hay nada que lo demuestre. En México vimos la reacción de la presidencia de la república de que se iba a investigar, se encargó a la secretaria de anticorrupción (Raquel) Buenrostro de que se hicieran las investigaciones; creo que ya de antes, también el propio gobierno de Andrés Manuel intuyendo algo, se hizo algo, pero de momento no se puede decir que efectivamente haya ocurrido así.
ENTREVISTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Caso Koldo”: empresas ligadas a caso de corrupción en España obtuvieron contratos en el Tren Maya de AMLO

Este caso de corrupción implica a José Luis Ábalos, exministro de Fomento de España y "brazo derecho" del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Tres empresas relacionadas con la trama obtuvieron contratos para los tramos del Tren Maya.

Tres empresas españolas relacionadas con un escándalo de corrupción y con tres personajes vinculados con el presidente español, Pedro Sánchez, obtuvieron contratos para el Tren Maya, la megaobra del exmandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, publicó el periódico Reforma. 

El llamado “Caso Koldo” puso en descubierto en España el cobro sistemático de sobornos para asignar contratos de obra pública y ha generado reclamos para que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, renuncie a su cargo, afirmó el diario mexicano.

El grupo de personajes, que viajó a México el 4 de febrero de 2019 para conseguir los contratos para obras del Tren Maya, está conformado por José Luis Ábalos, entonces ministro de Fomento de España, a quien el medio mexicano y agencias internacionales identifican como brazo derecho del presidente Pedro Sánchez. 

Viajaron también Koldo García, operador del presidente español y asesor de Ábalos, y Víctor de Aldama, un empresario con contactos con políticos mexicanos, quien habría organizado este traslado a México para buscar los contratos.

De acuerdo con Reforma y declaraciones judiciales de Víctor de Aldama citadas, José Luis Ábalos se reunió con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, para tratar asuntos del Tren Maya y fue recibido además por el otrora presidente del Senado, Ricardo Monreal, en febrero de 2019.

Tras esta visita, la empresa pública española INECO, que depende del Ministerio del Transporte y bajo el cargo de Ábalos, ganó un contrato de 13.2 millones de euros en consorcio con una firma alemana, para “para fungir como ‘operador sombra’ de Fonatur-Tren Maya durante las obras” en 2020.

También dos constructoras españolas implicadas en el “Caso Koldo” ganaron contratos para la megaobra: el grupo español AZVI, en asociación con la mexicana Grupo INDI, “una de las constructoras favoritas de la 4T, logró un contrato para el Tramo 3, que fue valuado en 10 mil 192 millones de pesos, pero costó finalmente más de 23 mil millones de pesos, según el diario mexicano.

“De Aldama ha admitido en sus declaraciones judiciales sobre el Caso Koldo que grupo AZVI le entregó 18 mil de euros como sobornos por distintos contratos de obra conseguidos y afirmó que él medio por AZVI para obtener los contratos del Tren Maya”, indicó el medio.

En tanto, la constructora ACCIONA -que habría pagado sobornos a Ábalos, Koldo García y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán– ganó en 2021 el contrato para el Tramo 5 del Tren Maya, afirmó el diario Reforma.

El “Caso Koldo” en España

Considerado durante mucho tiempo como el brazo derecho de Pedro Sánchez, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que fue cesado de sus funciones en julio de 2021, pues está siendo investigado en un caso de presunta corrupción y desvío de fondos, junto a un antiguo asesor suyo, Koldo García.

La justicia española busca determinar si Ábalos participó en la presunta contratación irregular de cubrebocas y material sanitario durante la pandemia de Covid-19, recibiendo comisiones ilegales del empresario Víctor de Aldama, junto a Koldo García.

Esta investigación, que también indaga en posibles adjudicaciones irregulares de contratos públicos, sumó un fuerte capítulo al salpicar al número tres del partido socialista (PSOE), Santos Cerdán.

Muy cercano también a Sánchez, Cerdán renunció a sus cargos en la formación, así como a su escaño de diputado, después de que un juez del Tribunal Supremo revelara un informe policial que muestra “consistentes indicios acerca de la posible participación” del socialista “en una adjudicación indebida” de contratos públicos a cambio de dinero.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AFP.
AUTOR:  REDACCIÓN/

Empresa de esposo de Tatiana Clouthier vivió bonanza mientras ella era secretaria de Economía

Durante la época en la que Tatiana Clouthier era secretaria de Economía, la empresa de su marido incrementó sus importaciones de Estados Unidos en casi 2 millones de dólares, sin que esta relación aparezca en sus declaraciones patrimoniales.

José Martínez Minor, esposo de la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), Tatiana Clouthier, es uno de los socios principales de la empresa Versatilidad Industrial de Saltillo, VINSSA que incrementó sus importaciones justo cuando ella era secretaria de Economía. 

Durante la época en la que la funcionaria federal se desempeñó como titular de la Secretaría de Economía (del 4 de enero de 2021 al 6 de octubre de 2022), esta empresa incrementó sus importaciones de Estados Unidos en casi 2 millones de dólares. 

*Actualización: en carta enviada a EMEEQUIS, Tatiana Clouthier argumenta, entre otras cosas: “No tengo ni tuve conflicto de interés pues la Secretaría de Economía no es la que le dio los permisos de importación sino el SAT hace 30 años” (misiva completa con respuesta del reportero al final de la nota).

De acuerdo al registro del SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet) y a recopilaciones de importaciones públicas en datos abiertos del gobierno de Estados Unidos (recopilados por Veritrade), esta empresa pasó de importar 4 millones y medio de dólares de Estados Unidos en mercancía en 2021, a más de 6 millones de dólares para 2022.

La empresa actualmente sigue importando más de 6 millones de dólares por año de Estados Unidos y está constituida legalmente en el país, sin que la funcionaria haya declarado aún el conflicto de interés, porque la empresa de José Martínez Minor depende para su labor de importaciones de Estados Unidos. 

En ninguna de sus declaraciones patrimoniales de cuando fue diputada federal o secretaria de Estado aparece esta relación.

LA EMPRESA

Versatilidad Industrial de Saltillo es una empresa constituída en 1983 con los accionistas José Martínez Minor, Juan Martínez Minor, Adriana Odrisola de Martínez, Sergio Gerardo Pérez Jiménez y Floria Flores de Pérez.

La empresa se dedica a la compraventa y arrendamiento de maquinaria. Ha participado en licitaciones menores, con ventas al gobierno como al Instituto Mexicano de Materiales, al que le vendió soldadura Eureka por un total de 405 dólares.

También en ventas de cubrebocas tricapa realizadas en 2020 al gobierno de San Luis Potosí durante la administración del priista Juan Manuel Carreras López, en compras realizadas por el Centro de Justicia para las Mujeres del Gobierno de San Luis Potosí.

A su vez la empresa recibió una condonación fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2016 por $111,189 pesos, por el concepto de reducción de multas.

La empresa cuenta con una empresa filial registrada en Estados Unidos, VINSSA Industrial Solutions, que está asentada en el estado de Texas, a nombre de Sergio Gerardo Pérez Jiménez, uno de los socios de José Martínez Minor, empresa que fue registrada en Estados Unidos en 2022, justo cuando Tatiana Clouthier era Secretaria de Economía. 

Tatiana Clouthier actualmente está al frente del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, donde ha tenido una gestión discreta, cuando por la coyuntura actual se esperaría el caso contrario, como documentó anteriormente EMEEQUIS. 

Mientras tanto, después de demandar por difamación al profesor y analista Alfredo Jalife Rahme en diciembre de 2022, el juicio penal está detenido por un amparo que tramitó Jalife, quien a su vez interpuso una contrademanda por daño moral.

La dirigencia estatal de Morena en Nuevo León le dio la espalda a las intenciones de Clouthier, ya que la presidenta estatal de Morena, Anabel Alcocer, presentó una iniciativa para derogar del Código Penal del Estado los delitos de calumnia, injurias y difamación. 

“Esta propuesta responde a una tendencia nacional. Actualmente, sólo en tres estados de la República siguen siendo delitos la calumnia, la injuria y la difamación, y queremos que en Nuevo León ya no sea así”, señaló el diputado local Jesús Elizondo Salazar, dándole la espalda a las acusaciones e intenciones de la funcionaria federal en su pleito contra Jalife. 

Se buscó a la funcionaria para que proporcionara su versión sin que esto haya ocurrido hasta el momento.

FUENTE: EMEEQUIS (INVESTIGACIONES).
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.

Irrelevancia y corrupción de BC

Ciertamente la primera en salir a decir que no tenía conocimiento del operativo para detener a Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”, y que su Agencia Estatal de Investigación nada había tenido que ver en la captura del capo del Cártel Arellano Félix, fue la fiscal general del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez. El segundo fue el General Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad de Baja California, quien al inicio confirmó que tal hazaña había sido ejecutada de manera exclusiva por el Gobierno de la República, y que ellos no tenían conocimiento; aunque después intentaría cambiar su versión y decir que sí hubo una notificación.

La realidad es que no, ni a la FGE ni a la SSPC de Baja California les informaron de la investigación que desde diciembre iniciaron -y desde hace cuatro meses obtuvieron resultados positivos- para detener al narcotraficante que, a pesar de tener su influencia criminal en Tijuana y otras áreas de la Zona Costa del Estado, no cuenta con una orden de aprehensión en esta entidad fronteriza.

Todo el operativo, ciertamente con información compartida de los Estados Unidos, fue llevado a cabo desde la Ciudad de México, específicamente en un grupo no numeroso, pero sí altamente especializado, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR por sus siglas), y cuando confirmaron la presencia del capo en una céntrica y pudiente zona residencial de Tijuana, arribaron en un avión especial para capturarlo.

No es gratuito que ni la fiscal ni el secretario de Seguridad de Baja California no fuesen informados sobre el operativo de captura del Flaquito; tampoco es casual que la encargada de la procuración de justicia haya sido la primera en deslindarse de la aprehensión. Por lo menos en dos o tres ocasiones anteriores, al capo lo dejaron ir autoridades locales en supuestos operativos para detenerle. La complicidad de corporaciones policiacas bajacalifornianas con el miembro del Cártel de los hermanos Arellano, era conocida.

El Flaquito ha sido señalado de haber ordenado asesinatos, secuestros, robos de droga con ayuda de oficiales de corporaciones policiacas y de seguridad; de encabezar una de las células fronterizas más prolífica, violenta e impune en Baja California; tan es así, que no cuenta con una orden de aprehensión en esta entidad federativa. De hecho, no lo estaban buscando ni la fiscalía ni la Secretaría de Seguridad; no era su prioridad ni de cerca, a pesar de haber sido nombrado uno de los principales “generadores de violencia”, como suelen llamar oficialmente a los narcotraficantes que asesinan, secuestran, cobran piso y cometen otros delitos.

Al momento de su aprehensión, que fue por la madrugada del martes 17 de junio, los agentes especiales que llegaron a aprehenderlo lo hicieron unas horas antes, el 16 de junio, para no dar tiempo a una nueva escapatoria del capo; en las imágenes de su traslado a la Ciudad de México, éste aparece no sólo relajado y con dotes de cinismo en su rostro, sino vestido para huir, enfundado en un pants de la marca de alto diseño de costura, Balmain, con detalles dorados en brazos y piernas y  logo en el pecho derecho.

La aprehensión, relevante por el personaje criminal del que se trata, se hizo sin la ayuda de las autoridades locales, de la fiscalía supuestamente autónoma, pero encabezada por una cercana a la gobernadora Marina Ávila Olmeda, ni de la Secretaría de Seguridad que está en el gabinete de la mandataria estatal. Para los efectos de la detención, ambas autoridades fueron irrelevantes debido a la corrupción que en el Estado se ha detectado en sus corporaciones, precisamente, a favor de la impunidad de Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flaquito.

Justo seis meses antes de su detención, el 17 de diciembre de 2024, las mismas autoridades norteamericanas que apoyaron con información para la captura el 17 de junio de 2025, habían proporcionado a las autoridades locales datos que indicaban la presencia de Huerta Nuño en el Casino Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon, donde de hecho se reuniría con personajes del Cártel de Sinaloa.

Pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California llegó varias horas tarde a la hora de la cita programada para el cónclave criminal. En un operativo vistoso, pero no efectivo, informarían más tarde que el elemento de interés que buscaban no se encontraba en el lugar, y por lo tanto no había habido detenidos.

Trascendería a Semanario ZETA que el Flaquito sí estaba en el lugar cuando los agentes de seguridad llegaron al casino de Hank, pero que éste ofreció -y le aceptaron- una dote de 300 mil dólares por dejarle huir. Y así sucedió. La información estuvo en conocimiento de autoridades tanto de los Estados Unidos como de la Ciudad de México, y aunque se hicieron cambios en los mandos de seguridad en Baja California, la confianza se perdió por completo, hasta terminar en el operativo estructurado y ordenado desde el centro del país, para que cayera el escurridizo capo de la droga.

Ya en diciembre de 2023 también le habían ayudado a huir, cuando el Flaquito sobrevivió a un atentado a balazos ordenado por otra célula criminal. La lentitud de las autoridades de Baja California para reaccionar y montar un operativo de captura, sabiendo que el sujeto estaba herido, le permitió no solo huir, sino curar sus heridas para continuar con su vida delictiva.

Cuatro años antes, en el 2019, Huerta sobrevivió a otro atentado armado, cuando su hermano, Ronaldo Alexis, fue ultimado en el estacionamiento de un céntrico hotel de Tijuana. El Flaquito, a sabiendas de su impunidad, salió caminando de la instalación hotelera y huyó sin que nadie lo persiguiera, a pesar de la alerta de un atentado a balazos en las inmediaciones.

Pero tal impunidad terminó la madrugada del 17 de junio de 2025, y fue posible al no dar aviso a las autoridades de Baja California del operativo encabezado y fraguado por un grupo de operaciones especiales de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, pues, de lo contrario, el escurridizo Huerta Nuño habría logrado huir de nueva cuenta; total, ya estaba vestido para la ocasión.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Delegado de Bienestar del Gobierno Federal: Viajero frecuente en aviones privados

Entre el 31 de enero y el 25 de marzo de 2025, el delegado en Coahuila utilizó, al menos, en 25 ocasiones el avión privado. De acuerdo con registros de vuelo, en promedio abordó la aeronave una vez cada dos días durante ese periodo.

Entre el 31 de enero y el 25 de marzo de 2025, el delegado de Bienestar del gobierno federal en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, utilizó al menos en 25 ocasiones el avión privado. De acuerdo con registros de vuelo, en promedio abordó la aeronave una vez cada dos días durante ese periodo.

El uso frecuente de la aeronave privada contrasta con las declaraciones recientes de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien afirmó el pasado 4 de mayo: “El uso de aviones o helicópteros privados no es parte de nuestro movimiento”.

También el 15 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el uso de helicópteros y aviones privados:
“Yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo para la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos dar un ejemplo.”
Más de un millón de pesos en vuelos de avión gasta el delegado del Bienestar en Coahuila

Rentar por hora un avión con las características del que utilizó Américo Villarreal Santiago —un Cessna 340A— tiene un costo promedio que oscila entre mil 300 y mil 800 dólares.

Durante el periodo del 31 de enero al 25 de marzo de 2025, el delegado de Bienestar en Coahuila abordó la aeronave privada en al menos 25 ocasiones, acumulando un total de 31 horas con 57 minutos de vuelo. Con base en estas cifras, el gasto mínimo estimado asciende a por lo menos 797 mil 16.22 pesos.


Información oficial de la Secretaría de Bienestar federal revela que Américo Villarreal Santiago ocupa el cargo de delegado de programas para el desarrollo en Coahuila, con una remuneración mensual neta de 108 mil 133 pesos.

De acuerdo con estos datos, el delegado habría destinado el equivalente a más de siete meses de sueldo para cubrir el costo mínimo de utilizar el avión privado en al menos 25 ocasiones durante poco menos de dos meses.

En su última declaración patrimonial, Américo Villarreal Santiago informó que no posee inversiones, cuentas bancarias, ni otro tipo de activos; los únicos ingresos que recibe provienen de su remuneración como funcionario del gobierno federal.

No solo aviones privados, también camionetas de lujo y guardaespaldas

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde comentó: “No es de nuestro movimiento tener como anhelo portar ropa de marca, tratar mal a las personas o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro.”

Américo Villarreal Santiago no solo utiliza con frecuencia aviones privados, sino que también se desplaza en vehículos de alta gama, acompañado de guardaespaldas y choferes.

En diversas ocasiones, después de aterrizar, el avión privado que traslada al delegado se dirige hacia un hangar, donde lo espera una camioneta de lujo de modelo reciente. El funcionario desciende del avión y aborda la camioneta dentro del mismo hangar. La camioneta que lo traslada es escoltada por otra camioneta blanca, en la que viajan tres guardaespaldas.


El avión privado es utilizado frecuentemente por Américo Villarreal Santiago y personas cercanas a él. Esta información se corrobora tanto con fotografías y videos como con la comparación entre las bitácoras de vuelo del avión y las publicaciones en las plataformas sociales del funcionario.

20 de marzo de 2025

Las bitácoras registran que el avión con matrícula XB-BBK recorre la ruta Saltillo–Ciudad Victoria. En este vuelo, se trasladaron Américo Villarreal Santiago y la senadora Cecilia Guadiana. Un día después, ambos asistieron en Tamaulipas al segundo informe de María de Villarreal, madre del delegado federal en Coahuila. Ella encabeza el DIF en Tamaulipas y es esposa del gobernador de ese estado.


8 de marzo

El delegado del Gobierno Federal utilizó el avión privado para trasladarse de Ciudad Victoria a Toluca, con el fin de participar, al día siguiente, en la asamblea informativa convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Villarreal Santiago también utilizó la misma aeronave para viajar a Saltillo el 12 de marzo.


27 de febrero

Américo Villarreal, a bordo del avión con matrícula XB-BBK, despegó de Saltillo a las 8:16 a.m. y aterrizó en Matamoros a las 9:29 a.m. El delegado participó como invitado de honor junto a Barbara de Regil, en un evento organizado por el gobierno de Matamoros, Tamaulipas.


El mismo 27 de febrero, al intentar confirmar la presencia de Américo Villarreal Santiago en las oficinas de la delegación en Saltillo, el personal aseguró que el delegado se encontraba en la ciudad, aunque en realidad estaba en Matamoros.

18 de febrero

El 18 de febrero de este año, el avión voló del aeropuerto de Toluca a Saltillo, un día después de que Américo Villarreal se entrevistara en la Ciudad de México con Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar del gobierno federal.

19 de febrero

El avión voló de Saltillo a Torreón trasladando a Américo Villarreal, quien posteriormente asistió a la ceremonia de arranque del programa de bienestar “Beca Universal de Educación Básica ‘Rita Cetina’” en la ciudad lagunera.

El 19 de febrero, por la tarde, la aeronave regresó a Saltillo, aterrizando a las 16:57 horas. Al día siguiente, Villarreal se reunió con diversos delegados en la capital de Coahuila.

21 de febrero

El 21 de febrero, Américo Villarreal utilizó nuevamente el avión privado para trasladarse a Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el fin de realizar diversas actividades privadas. El 23 de febrero participó en la cabalgata y jornada asistencial de salud en el Ejido Graciano Sánchez.

El uso recurrente de aviones privados, así como la disposición de guardaespaldas y camionetas de lujo por parte de Villarreal Santiago, contrasta con los principios promovidos por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El propietario del avión

El avión Cessna 340A con matrícula XB-BBK es propiedad de la empresa Servimecánica Aérea S.A. de C.V. Según consta en su acta constitutiva, el objeto social de la compañía es la reparación y mantenimiento de aeronaves y planeadores. Ni en plataformas comerciales ni en redes sociales, la empresa se anuncia como prestadora de servicios de renta de aviones.

Al comunicarnos vía telefónica con la empresa para solicitar una cotización por el servicio de renta, nos informaron que únicamente ofrecen mantenimiento, no servicios de arrendamiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GUILLERMO FLORES.

Contratista de FCE se convierte en cocinera de Rosario Piedra y luego directora en CNDH

Proveedora de la FCE, Wendy Verenice Rodriguez Bernal se convirtió en cocinera de Rosario Piedra Ibarra y, posteriormente, en directora general de Recursos Humanos en la CNDH.

De ser la contratista de banquetes y comidas del Fondo de Cultura Económica (FCE), Wendy Verenice Rodriguez Bernal se convirtió en cocinera de Rosario Piedra Ibarra y, posteriormente, en directora general de Recursos Humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Documentos oficiales y testimonios revelan que Rodríguez Bernal fue la cocinera de Rosario Piedra Ibarra en la sede de la CNDH en la Calle República de Cuba en Centro Histórico de la Ciudad de México y luego fue colocada en posiciones estratégicas para las contrataciones y movimientos de plazas en el organismo público defensor de los Derechos Humanos en México. 

Actualmente Wendy Berenice Rodríguez Bernal es directora general de Recursos Humanos en la CNDH.

Puesto clave en CNDH.

El 4 de mayo de 2023, el periodista Jorge García Orozco reveló en el reportaje “Paco Ignacio Taibo II en el FCE: 300 mil pesos en pavos y promoción gratuita de sus libros”, publicado en EMEEQUIS, que Wendy Berenice Rodríguez Bernal recibió contratos para alimentos durante el 2019, uno de ellos por más de 300 mil pesos, meses antes de que ingresara a la CNDH con Rosario Piedra.

En la primera gestión de Paco Ignacio Taibo al frente de la FCE –en la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador– se contrató el servicio de banquetes para el personal, en los que la dependencia gastó un monto de 586 mil 534 pesos en comidas y festejos.

Estos contratos por alimentos fueron entregados a la misma proveedora, de nombre Wendy Berenice Rodríguez Bernal. 

Se trata de los contratos LG-SE/ADQ-19-000362, LG-SE/ADQ-19-000663, LG-SE/ADQ-19-000495, LG-SE/ADQ-19-000416, que se utilizaron para banquetes de aniversario, comidas del Día del Padre y reuniones para festejos internos del Fondo de Cultura Económica. 

El más costoso fue festejo para el fin de año en 2019 por 327 mil pesos, con carpas y bebidas para 450 personas. 

El 13 de diciembre de 2019, Wendy Verenice Rodríguez Bernal entregó el servicio de preparación de alimentos y logística, ambientación musical, carpa y bebidas para 450 personas con motivo del fin de año en el FCE.

Contratista en FCE.

Un mes antes, el 14 de noviembre de 2019 Rosario Piedra rindió protesta como presidenta de la CNDH en el Senado de la República.

De acuerdo con testimonios recogidos por EMEEQUIS –de personas cercanas que solicitaron el anonimato– Wendy Verenice Rodríguez Bernal trabajó como cocinera de Rosario Piedra en el 2020, cuando despachaba en el inmueble de República de Cuba número 60 en el Centro de la Ciudad de México.

“Ella era quien preparaba los alimentos, la comida de Rosario Piedra cuando estaba en las oficinas de República de Cuba”, señala una de las fuentes. 

Y justamente entre el 2019 y el 2022, Wendy Verenice Rodríguez Bernal no registró ninguna actividad laboral en su currículum, pero trabajaba para la CNDH.

En junio de 2002, Wendy Verenice Rodríguez Berna terminó su bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7 de la UNAM, y se tituló en Gestión y Administración Pública en Mayo de 2024 por el Acuerdo 286.

Obtuvo la licenciatura apenas en 2024.

De octubre 2008 a noviembre 2009, Wendy Verenice Rodríguez Bernal trabajó como coordinadora Zonal del Programa Social para Unidades Habitacionales “Ollín Callan, Unidad en Movimiento” en la Procuraduría Social del Distrito Federal.

Laboró de octubre de 2011 a mayo de 2019 como asistente de investigación-estudios agrarios en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM,  a la par que era proveedora del FCE.

En su CV pone que fue subdirectora en CNDH sin estar titulada (Plataforma Nacional de Transparencia).

Testimonios coinciden en que Wendy Verenice Rodríguez Bernal trabajó como cocinera de Rosario Piedra en el edificio República de Cuba número 60 hasta la toma de la sede de la CNDH por colectivas feministas en septiembre de 2020.

Este empleo no aparece en el currículum laboral de Wendy Verenice Rodríguez Bernal que entregó a la CNDH.

Cuando las oficinas de Rosario Piedra se trasladaron a la sede de Periférico Sur, Wendy Verenice Rodríguez Bernal fue nombrada en abril de 2021 subdirectora de Operación y Logística hasta noviembre de 2022.

De acuerdo con el reglamento interno de la CNDH, los puestos de subdirección y dirección requieren un mínimo de estudios de licenciatura, situación que no cumplía Wendy Verenice Rodríguez Bernal, ya que se tituló hasta mayo del 2024.

A finales de 2022, Wendy Berenice Rodríguez Bernal fue nombrada directora de Capital Humano de la CNDH, sin contar con experiencia en temas de administración de personal.

Después Rosario Piedra ascendió a Wendy Berenice Rodríguez Bernal como directora general de Recursos Humanos de la CNDH.

Tras la eliminación del outsourcing que impulsó al Gobierno Federal, la CNDH contrató al personal de limpieza que estaba bajo el esquema de subcontratación, quedando bajo las órdenes de Wendy Berenice Rodríguez Bernal.


Un video inédito en poder de EMEEQUIS exhibe cómo personal femenino y masculino de limpieza fue colocado en los accesos al edificio de la CNDH de Periférico Sur para impedir el ingreso de la activista Ceci Flores y otras madres buscadoras. Personal de limpieza es quien detiene el ingreso de Ceci Flores y otras activistas.

En su cuenta de la red social X, Ceci Flores publicó fotos y videos en los que también se ve al personal de limpieza de la CNDH utilizado para confrontar a la activista y sus acompañantes.
Y a pesar de que de manera pública Wendy Berenice Rodríguez Bernal pide un trato digno a los trabajadores y firma cartas como la  del Comité Cerezo para exigir “mejores condiciones laborales para las compañeras injustamente despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la CDMX” (febrero de 2018), la actual directora general de Recursos Humanos de la CNDH amedrenta y coacciona a las y los trabajadores para que cumplan sus instrucciones, como impedir el paso de la activista Ceci Flores, bajo amenaza con despedirlos.

En sólo cuatro años, Wendy Berenice Rodríguez Bernal pasó de ser contratista de la FCE y cocinera de Rosario Piedra en el edificio de República de Cuba número 60 a la mujer más poderosa en recursos humanos de la CNDH.

EMEEQUIS solicitó a Gustavo Garibay López, director de Información Institucional de la CNDH una postura o posicionamiento sobre el reportaje y nos encontramos en espera de su respuesta.
FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ALEJANDRO ALATRISTE.

Semar contrata a empresa de consul nicaragüense; bajo su custodia entró combustible ilegal a México

Servicios Especializados de Investigación y Custodia es el nombre de la empresa contratada por la Marina para vigilar el puerto de Guaymas, en Sonora. Bajo su mando ocurrió el ingreso ilegal al país de más de dos millones de litros de diesel, el 20 de marzo último.

Las aguas en la bahía de Guaymas, Sonora, se caracterizan por su tranquilidad y profundo color verde con rayas azules que pintan el Mar de Cortés.

En esta calma una empresa de seguridad privada vinculada al sandinismo nicaragüense, contratada por la Secretaría de Marina, vigila las instalaciones del puerto federal desde agosto de 2022, gracias a un contrato vigente de 65.6 millones de pesos.

Se trata de Servicios Especializados de Investigación y Custodia, SA de CV (SEICSA), registrada en Monterrey y propiedad del cónsul honorario Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien acumuló contratos por casi cuatro mil millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Valdés Cabrera, además, abrió otras dos empresas en la Ciudad de México, en las que uno de sus accionistas es Roberto Carlos Avendaño Vázquez, socio en otra empresa creada también en la capital del país por David Ashdruval Martínez Hernández, hijo del general en retiro Audomaro Martínez, quien fue el titular del Centro Nacional de Inteligencia en el sexenio lopezobradorista.

Otra socia del cónsul honorario es María Dolores Zorrilla Solana, exfuncionaria del DIF en Chiapas. Su hermano, Juan Jerónimo, está también asociado con el hijo del general Audamaro junto con Avendaño Vázquez.

Con SEICSA como responsable de la seguridad en el puerto de Guaymas, ocurrió parte de la operación transnacional que involucró a funcionarios públicos mexicanos y empresas extranjeras para ingresar al país de manera ilegal dos millones 226 mil litros de diesel el 20 de marzo último, en el buque contenedor Torm Agnes.

La embarcación, de manufactura danesa y bandera singapurense, surcó por el Golfo de México desde la última semana de enero proveniente del puerto de Houston, en Estados Unidos.

Ahí embarcó en el muelle 16 de la Refinería de Houston City, administrado por la empresa Valero Energy Corporation. El buque arribó a la agencia de aduanas y fronteras CBP (siglas en inglés), según constata el registro de buques en comercio exterior, correspondiente a despachos, con folio CF1401, publicado el 25 de enero.

Tras su salida de aguas estadunidenses, el barco de 180 metros de largo se dirigió al puerto…

Fragmento del texto publicado en la edición 0024 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS IBARRA.

Infonavit presenta 150 denuncias ante FGR y despide a 22 trabajadores por corrupción

El director del Infonavit informó que se han presentado 150 denuncias ante la FGR, mientras que más de cuatro millones de trabajadores han sido beneficiados con medidas para aliviar su deuda crediticia.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó este lunes que se han presentado 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, detalló que el Instituto ha rescindido 22 contratos laborales a trabajadores por su presunta participación en dichas irregularidades.

Las declaraciones se dieron durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezada este lunes por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.


Romero Oropeza indicó que en el 2024 se interpusieron 15 denuncias y mostró un desglose mensual que evidencia la continuidad del proceso legal hasta el día de hoy.

Además, subrayó que estas acciones forman parte de un esfuerzo institucional por combatir la corrupción dentro del Infonavit, con medidas tanto penales como administrativas.

El director general también dio a conocer que, desde la entrada en vigor de la nueva Ley del Instituto, se ha beneficiado a más de cuatro millones 155 mil trabajadores con medidas de reestructuración de créditos impagables.


Entre estas acciones implementadas, se encuentran el congelamiento de saldos y mensualidades, así como reducciones de tasa de interés y descuentos al saldo.

Asimismo, Romero Oropeza desglosó los beneficios adicionales en distintas etapas:
  • 915 mil acreditados ya han recibido reducciones en su tasa, mensualidad y saldo.
  • 495 mil más serán beneficiados en julio de 2025 con una tasa del cuatro por ciento y mensualidades fijas.
  • Un millón 665 mil recibirán condiciones similares en el cuarto trimestre de 2025.
  • Un millón 80 mil acreditados adicionales están contemplados en un protocolo en fase de diseño.


En cuanto al estado del parque habitacional, el Infonavit colabora con la Secretaría de Bienestar en un censo nacional para diagnosticar las viviendas abandonadas, vandalizadas u ocupadas irregularmente.

Hasta el 13 de junio de 2025, se han censado 168 mil viviendas, de las cuales 145 mil están habitadas y 23 mil presentan daños o se encuentran desocupadas.

Van contra ola de fraudes


El pasado 14 de abril, el Instituto anunció que alistaba la presentación de tres mil 405 denuncias ante la FGR por presuntos actos de corrupción cometidos durante administraciones pasadas.

Romero Oropeza explicó que los casos incluyen fraudes inmobiliarios, desvíos de recursos públicos, usurpación de identidad y colusión de funcionarios.

Durante su participación en la "mañanera", expuso que las denuncias engloban esquemas como los juicios masivos que afectaron a más de 73 mil derechohabientes, la venta sucesiva de viviendas y el uso indebido del nombre del Infonavit por parte de coyotes.
“Estas administraciones neoliberales cometieron innumerables actos de corrupción que devastaron el patrimonio de los trabajadores”, señaló.
El titular del Infonavit aseguró que hasta entonces habían 38 denuncias presentadas, pero que el Instituto se encontraba preparando más de tres mil adicionales, que serían entregadas de manera progresiva ante las autoridades competentes.

Asimismo, adelantó que se trabajaba en conjunto con la Secretaría de Bienestar para levantar un censo sobre 845 mil viviendas abandonadas, vandalizadas o habitadas de forma irregular, con el fin de ofrecer soluciones habitacionales a las familias afectadas.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Fue un engaño”: Ejército pidió permiso para construir alojamiento para empleados, pero es un hotel del Tren Maya en Uxmal

En 2022, la Semarnat autorizó en solo una semana un permiso en materia de impacto ambiental para que el Ejército construyera un alojamiento para personal de seguridad, pese a que los detalles del proyecto describían un hotel turístico.

Para su procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) presentó el Hotel Tren Maya de Uxmal, en Yucatán, como si fuera un alojamiento para personal de seguridad y no como un destino turístico.

El 3 de noviembre de 2022, el Ejército solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el otorgamiento de la autorización provisional en materia de impacto ambiental para realizar la “Construcción de un alojamiento para el personal que brinda el servicio de seguridad a la zona arqueológica de Uxmal (Santa Elena, Yucatán)”. Sin embargo, los detalles del proyecto que los funcionarios de Semarnat recibieron en sus escritorios describen algo muy distinto, pues incluye un área de hotel de 26.6 hectáreas, una zona de glamping de 5.91 hectáreas en la selva maya, una entrada monumental y pretende ocupar un total de 40.76 hectáreas, la misma superficie de colonias como la Juárez o la Doctores de la Ciudad de México.

A pesar de estas incongruencias, Semarnat otorgó la autorización provisional en una sola semana, cuando este procedimiento suele tardar un par de meses. Poco más tarde, el 24 de noviembre de 2022, la Sedena solicitó la modificación de algunos detalles del proyecto y lo renombró “Construcción de un Hotel en Nuevo Uxmal”, esta vez diciendo explícitamente que la finalidad era “solucionar la necesidad de servicio de hospedaje a los visitantes de la Zona Arqueológica de Uxmal”.

“Obviamente un inmueble de este tipo tendría un impacto ambiental mucho inferior al que tiene un hotel de lujo”, dice Romel González del Área jurídica del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX). “La lógica del gobierno y del Ejército parece ser primero construir y luego eventualmente pedir perdón por las afectaciones, como lo hicieron con el Tren Maya”.

De acuerdo con el área jurídica del CRIPX, se trata de un “engaño institucional” que involucra varias dependencias federales: Sedena, Semarnat y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que dictaminó la viabilidad de la obra. 

Fue hasta un año después del inicio de las obras que un ingeniero del Ejército ingresó a Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Construcción de un Hotel en Nuevo Uxmal”, que según la dependencia está en su página de Internet “a disposición del público”, aunque en realidad no se encuentra.

Sucesivamente, el pasado 27 de marzo de 2025, la Semarnat publicó en la Gaceta Ecológica el resolutivo del proyecto con su nombre originario: “Alojamiento para el personal que brinda el servicio de seguridad a la zona arqueológica de Uxmal”. Pese a que opera como un hotel.

Animal Político buscó una postura de la Sedena, pero no recibió ninguna respuesta. A Semarnat se le preguntó por qué otorgó la autorización provisional a un proyecto de alojamiento para militares cuyas características son de un hotel turístico, pero al cierre de edición no hubo una explicación.


Un parque y un hotel gestionados por militares en Uxmal

El Hotel Tren Maya de Uxmal comenzó a construirse antes de contar con permisos ambientales, es decir, antes de que su MIA fuera aprobada, como ocurrió con los otros cinco hoteles que el Ejército gestiona a lo largo de la ruta del Tren Maya, tal como te contamos en esta nota. Además, la población local no fue consultada ni informada antes del inicio de las obras. 

El inmueble tiene 160 habitaciones, un estacionamiento para 212 vehículos, alberca, gimnasio, spa y se encuentra a lado de la zona arqueológica de Uxmal. Está inmerso en el Parque Nacional Nuevo Uxmal, de 1700 hectáreas, que a la par del hotel es de propiedad de una empresa del Ejército: el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSAOMM).

Recientemente, Pedro Ayuso, un poblador de la zona, visitó el Parque Nacional Nuevo Uxmal con su familia. “A unos metros de la entrada hay un retén de militares que te piden tus documentos y te preguntan a qué vas; siendo que estás allí de turista, se siente realmente muy raro”, relata.

“Después del retén se encuentra el Hotel Tren Maya y luego el ingreso al parque, que cuesta 140 pesos para los turistas nacionales. El boleto incluye la posibilidad de recorrer un pasillo que está bajo el sol, aunque en Yucatán el calor es realmente infernal. El camino lleva a un espacio donde hay unos animales en cautiverio, y son un venado, un jabalí, un pavo de monte y un ocelote: la verdad es que no me pareció nada atractivo para los turistas. De hecho, no había casi nadie y los artesanos que trabajan allí me dijeron que gastan más en pasaje para alcanzar su puesto de lo que ganan con la venta de sus productos”.

No sólo es Uxmal, Ejército pide autorización para otro hotel en ruta del Tren Maya

Sedena empleó la misma maniobra para obtener la autorización provisional de impacto ambiental para poder comenzar a construir el Hotel Tren Maya de Calakmul. Según una nota publicada en agosto de 2023 por Giovanna Gasparello y Jorge Fernández Mendiburu en Los Angeles Press, en febrero del mismo año la Dirección General de Ingenieros de la SEDENA presentó a SEMARNAT una solicitud de autorización provisional relativa a la “Construcción de un alojamiento para el personal que brinda seguridad, monitoreo, investigación, logística y educación ambiental en la Zona Arqueológica de Calakmul, Campeche” (que, por otro lado, fue registrado ante la Secretaría de Hacienda como “alojamiento para el personal [militar] en tránsito en la región Sureste”).

Los planos del proyecto muestran un edificio efectivamente pequeño, pero el oficio de autorización provisional describe la obra que hoy en día afecta al corazón de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, a 10 kilómetros de la zona arqueológica: el Hotel Tren Maya, un inmueble de dos pisos con cuatro torres, un estacionamiento para casi 400 carros y 144 habitaciones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

Pemex sigue consintiendo a empresa que era socia de Felipa Obrador con 539 millones

A través de tres contratos, la empresa que era socia de Felipa Obrador recibió 539 millones de pesos para realizar actividades con Pemex Transformación Industrial.

Química Apollo, empresa que participó como socia en los contratos de Pemex que celebró Litoral Laboratorios Industriales, de Felipa Obrador Olán, ha sido una de las principales empresas contratistas en el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

A través de tres contratos, la empresa que era socia de Felipa Obrador recibió 539 millones de pesos para realizar actividades con Pemex Transformación Industrial. Dichas asignaciones consisten en tratamientos de enfriamiento con dióxido de cloro para las actividades que la petrolera desarrolla en Coatzacoalcos, Veracruz, una zona donde también tiene bastante influencia la actual gobernadora, Rocío Nahle. 

QUÍMICA APOLLO: CONSENTIDA

Química Apollo es una empresa que participó en sociedad con las empresas de Felipa Obrador para obtener contratos con Pemex, que fueron “cancelados”, después de que se diera a conocer que Felipa era prima del entonces presidente López Obrador en el sexenio pasado. 

Un ejemplo significativo es la alegada notificación de Pemex Exploración y Producción (PEP) del 11 de diciembre de 2020, que informaba la cancelación de los contratos 648819810, 648220804, 648220805 y 648220806. Estos acuerdos unían a Marinsa, Química Apollo, Maren Marine Energy, Movilab, Mensuranda, Laboratorio ABC Química, Investigación y Análisis y Gamatek, con Litoral Laboratorios Industriales, empresa vinculada a Felipa Obrador Olán, prima de AMLO.

LOS CONTRATOS

Pemex Transformación Industrial (PEMEX TRI) ha adjudicado tres contratos de servicios a la empresa Química Apollo, sumando un valor potencial de 539 millones de pesos para el tratamiento químico integral del agua en diversas instalaciones clave de la petrolera nacional.

Los tres acuerdos, identificados como contratos abiertos de servicios, tienen como objetivo central la ejecución de “Servicio de tratamiento químico integral con dióxido de cloro para el agua de las torres de enfriamiento para los Complejos Procesadores de Gas Cactus, Nuevo Pemex, Ciudad Pemex y Coatzacoalcos”. Según la documentación, estos servicios son “indivisibles” y se ejecutarán a precio unitario, con sus alcances detallados en los anexos técnicos y económicos correspondientes.

El contrato 5400036169 establece un monto mínimo de $100,416,000.00 pesos y un máximo de $116,106,000.00 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por otro lado, el contrato 5400036167  es por un monto mínimo de $170,082,000.00 pesos y un máximo de $247,392,000.00 pesos, más IVA.

El contrato 5400036168 es por un monto mínimo de $132,120,000.00 pesos y un máximo de $176,160,000.00 pesos, más IVA. Dando un total de más de 539 millones de pesos a la empresa que fuera socia de la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos contratos se dan en el marco de la inversión continua de Pemex en el mantenimiento y la operatividad de sus complejos procesadores de gas, esenciales para la infraestructura energética del país. La adjudicación a Química Apollo destaca porque no es la primera vez que la paraestatal confía en sus servicios para garantizar que funcionen las torres de enfriamiento, vitales para los procesos industriales.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.

Alcaldesa de Acapulco recurre a la SCJN para evitar auditoría de 898 millones de pesos desaparecidos

La morenista Abelina López sostiene que la auditoría del estado no tiene competencia para revisar los fondos que entregó la federación al municipio para la reconstrucción tras el huracán "Otis".

El ayuntamiento de Acapulco intenta impedir que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) revise las finanzas municipales por un supuesto manejo irregular de 898 millones de pesos, entregados por el gobierno federal a la alcaldesa Abelina López Rodríguez, para la reconstrucción del puerto después del paso del huracán Otis.  

La morenista interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que alega que la auditoría estatal no tiene competencia para revisar el manejo de recursos federales entregados al municipio, y que sólo le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ordenó registrar el expediente con el número 174/2025, el cual fue turnado al ministro Javier Laynez, quien deberá estudiar las cuestiones de fondo y emitir un proyecto de resolución. 

En su acuerdo, la ministra ordenó clasificar el asunto como de tramitación urgente para que sea la actual conformación de la Corte la que dicte la sentencia y no los nuevos ministros que entrarán en funciones el 1 de septiembre próximo. 

“Se advierte que el actor solicita la medida cautelar de referencia, con lo cual, el presente asunto debe considerarse de atención urgente o preferente”, señaló la ministra. 

El martes pasado, la ASE presentó una denuncia formal contra Abelina López Rodríguez por ejercicio ilícito de los recursos públicos.
Las autoridades estatales de Guerrero acusan a López Rodríguez por presuntamente malversar el dinero durante el ejercicio fiscal del 2023, año en que el huracán “Otis” tocó tierra y el gobierno federal entregó recursos para la reconstrucción.  

Ante esto, la alcaldesa de Acapulco declaró que recurrió a un juicio de amparo para proteger su integridad y aseguró que hay una persecución política en su contra.  

“Nuestra administración ha afrontado severas adversidades y las hemos superado sin solicitar créditos, sin endeudar a la ciudad y sin afectar a la ciudadanía. Quienes no conocen el trabajo honesto buscan ensuciar por medio de la burda acusación sin fundamento”, declaró la alcaldesa a través de redes sociales. 

El marzo pasado, Félix Salgado Macedonio publicó en sus redes sociales que no buscaría la candidatura a la gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones locales del año 2027 por ser fiel a los estatutos de Morena y a la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum para acabar con el nepotismo político.  

“Es muy temprano para hablar de candidaturas, cerraré mi pico, respaldo con todo mi amor a morena, a la 4T y a mi gran presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033 y con esto cierro el capítulo”, escribió el senador en su cuenta de Facebook. 

La morenista Abelina Rodríguez se perfilaba como una de las aspirantes más claras a la gubernatura, puesto que dirige el municipio más poblado del estado y fue reelegida en su cargo por los habitantes de Acapulco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ETHAN BALANZAR.