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SOBSE: dos empresas con misma representante legal ganan contratos el mismo día

Contratos oficiales exhiben cómo las empresas Técnica Internacional en Limpieza y Servicios Integrales Ecológicos de Limpieza y Saneamiento no sólo comparten el mismo giro, sino que también comparten representante legal ante el gobierno capitalino que encabeza Clara Brugada.

Dos empresas de limpieza, con la misma representante legal, recibieron contratos por adjudicación directa, el mismo día, por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE), de acuerdo con documentos oficiales.

Contratos en manos de EMEEQUIS exhiben cómo las empresas TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA y SERVICIOS INTEGRALES ECOLÓGICOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO no sólo comparten el mismo giro, sino que también comparten representante legal ante el gobierno capitalino que encabeza Clara Brugada.

En el mes de enero ambas empresas recibieron dos contratos por 3.7 millones de pesos, y el mes de febrero, dos contratos más por 38.4 millones de pesos. En dos meses ambas empresas facturaron 42.1 millones de pesos al gobierno de la Ciudad de México.

Además TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA comparte a la misma administradora y el teléfono con las empresas Grupo Tilsa y ARQUITECNIA URBANA, esta última ganó cinco contratos en la SOBSE entre julio y septiembre de 2025.

En ese mismo periodo de este año, TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA y SERVICIOS INTEGRALES ECOLÓGICOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO obtuvieron dos contratos por 38.4 millones de pesos.

LOS CONTRATOS DEL 13 DE ENERO

El 13 de enero de 2025 fue un excelente día para las empresas TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA y SERVICIOS INTEGRALES ECOLÓGICOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO, dos ya que recibieron adjudicaciones directas de la SOBSE por 3.7 millones de pesos.

A TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA se le entregó la notificación de adjudicación a través del oficio CDMX/SOBSE/DGAF/DRMAS/0081/2025 por 553 mil 195 pesos para la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PAGO DEL PEAJE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA DIFERENTES ESTACIONES DE TRANSFERENCIA, CON TRACTOCAMIONES PROPIEDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, PARA REMOLQUE DE CAJAS DE TRANSFERENCIA TIPO PISO VIVO DE 70 M3 DE CAPACIDAD, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL CAÑADA Y MILAGRO”.



El oficio lo recibió Karina Berenice Rosas Avalos en la Calle Bertha número 347, Colonia Villa de Cortes, Alcaldía Benito Juárez. La empresa señala como teléfono el 55 5579 0651 y correo electrónico tilsasa@yahoo.com.mx.

Ese mismo día, SERVICIOS INTEGRALES ECOLÓGICOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO También recibió una notificación de adjudicación mediante el oficio CDMX/SOBSE/DGAF/DRMAS/0088/2025 por 3 millones 174 mil 364 pesos para la  “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSISTENTE EN EL BARRIDO MANUAL EN BANQUETAS, PAPELEO Y RETIRO DE PROPAGANDA COMERCIAL COLGADA”.

El documento lo recibió la misma Karina Berenice Rosas Avalos, pero ahora en la Calle TOMÁS ELENA #6, COL. SAN SEBASTIÁN, ALCALDÍA TLÁHUAC, C.P. 13093. 

La empresa señala como teléfono el  55 2161 4970 y correo electrónico servin2121@yahoo.com. El mismo día, Karina Berenice Rosas Avalos, como representante de ambas empresas, recibió las notificaciones de adjudicaciones directas por 3.7 millones de pesos de la SOBSE.

Leticia Beltrán Hernández, administradora única de TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA firmó con la SOBSE el contrato SOBSE/AD/S/015/2025 el 17 de enero de 2025.

Ese mismo 17 de enero de 2025,  SERVICIOS INTEGRALES ECOLÓGICOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO firmó el contrato “SOBSE/AD/S/039/2025 a través de su apoderada legal Ericka Patricia Acatitla Beltrán.

Misma representante legal (Karina Berenice Rosas Avalos), mismo giro, misma fecha de notificación y de firma del contrato.

MÁS CONTRATOS

La buena racha de TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA y SERVICIOS INTEGRALES ECOLÓGICOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO con la SOBSE siguió ya en febrero de 2025, cuando recibieron dos contratos por 38.4 millones de pesos.

El 14 de febrero, TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA firmó el contrato SOBSE/LPN/052/2025 por 29 millones de pesos para “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA, PLANTA DE COMPOSTA Y RECHAZO DE LAS PLANTAS DE SELECCIÓN A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADOS (ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA CENTRAL DE ABASTOS)”.

La empresa volvió a señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México la Calle Bertha número 347, Colonia Villa de Cortes, alcaldía Benito Juárez, así como el teléfono el 55 5579 0651 y el correo electrónico tilsasa@yahoo.com.mx

Dos semanas después, el 28 de febrero la empresa SERVICIOS INTEGRALES ECOLÓGICOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO firmó el contrato SOBSE/LPN/052/2025 por 9 millones 450 mil 950 pesos por “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSISTENTE EN EL BARRIDO MANUAL EN BANQUETAS, PAPELEO Y RETIRO DE PROPAGANDA COMERCIAL COLGADA”.

TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA tiene ligas con  las empresas Grupo Tilsa y ARQUITECNIA URBANA.

Grupo Tilsa tiene como directores a Leticia Beltrán Hernández y José Héctor Huerta Carrasco. Leticia Beltrán es la administradora única de TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA y José Héctor Huerta Carrasco es el administrador único de ARQUITECNIA URBANA.

En su sitio de web, Grupo Tilsa (https://tilogistica.com.mx/contacto.html) tiene como telefono de contacto 55 5579 0651, el mismo que señala TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA.

Y la empresa ARQUITECNIA URBANA utiliza el teléfono 55 5579 0651 para los contratos que ha firmado con la SOBSE.

TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA, Grupo Tilsa y ARQUITECNIA URBANA tienen el mismo teléfono de oficina y señalan distintos domicilios fiscales.

Como representante legal de ARQUITECNIA URBANA ante la SOBSE se ha presentado Joel Garrido Marroquín, y como representante legal de TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA se ha presentado Juan Marcos Garrido Marroquin. Los dos son hermanos.

Joel y Juan Marcos Garrido Marroquin acudieron como representantes legales a la licitación SOBSE/LPN/S/004/2025, el primero por ARQUITECNIA URBANA, y el segundo por TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA.

Y esa licitación la ganó TÉCNICA INTERNACIONAL EN LIMPIEZA S.A. DE C.V. que firmó el contrato SOBSE/LPN/052/2025 por 9 millones 450 mil 950 pesos por “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSISTENTE EN EL BARRIDO MANUAL EN BANQUETAS, PAPELEO Y RETIRO DE PROPAGANDA COMERCIAL COLGADA”, el cual se se mencionó anteriormente.

Una semana antes, ARQUITECNIA URBANA y SERVICIOS INTEGRALES ECOLÓGICOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO acudieron a la licitación SOBSE/LPN/S/003/2025, por la primera acudió José Héctor Huerta Carrasco, y por la segunda Ericka Patricia Acatitla Beltrán.

La licitación la ganó SERVICIOS INTEGRALES ECOLÓGICOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO. y se firmó el contrato SOBSE/LPN/052/2025 por 9 millones 450 mil 950 pesos por “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSISTENTE EN EL BARRIDO MANUAL EN BANQUETAS, PAPELEO Y RETIRO DE PROPAGANDA COMERCIAL COLGADA”, que también se mencionó antes.

Aunque perdió en las licitaciones, ARQUITECNIA URBANA no se quedó con las manos vacías y obtuvo al menos seis contratos de limpieza de la SOBSE en 2025 por 55.7 millones de pesos.

Los contratos SOBSE/LPN/S/175/2025 por 11 millones 128 mil 926 pesos; el contrato SOBSE/LPN/S/129/2025 por 5 millones 117 mil 230 pesos; el contrato SOBSE/LPN/S/114/2025 por 3 millones 214 mil 540 pesos; el contrato SOBSE/LPN/S/178/2025 por 15 millones 563 mil 286 pesos; el contrato SOBSE/LPN/S/021/2025 por 9 millones 087 mil 813 pesos; y el contrato SOBSE/LPN/S/025/2025 por 11 millones 597 mil 583 pesos.

Es así como estas empresas han coincidido en la fecha de notificación de adjudicaciones directas, licitaciones, firmas de contratos y representantes legales en la SOBSE, sin que nadie en la dependencia capitalina que dirige Raúl Basulto Luviano note alguna irregularidad.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ALEJANDRO ALATRISTE.

Líderes sindicales y crimen organizado, los vínculos expuestos por Guacamaya Leaks

Es larga la lista de los líderes sindicales, especialmente de los gremios de transporte y de la construcción, que han sido detenidos por sus vínculos con cárteles, de acuerdo con decenas de informes de inteligencia de la Sedena hackeados por Guacamaya Leaks.

La detención de Nazario Ramírez Ramírez, líder del Frente Transportista de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM) en Jalisco, Puebla y Michoacán –entre otros–, por su presunta afiliación al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se suma a una larga lista de líderes sindicales vinculados al crimen organizado, especialmente de los sindicatos charros.

La CTM, organización históricamente afiliada al PRI y ahora cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido un amplio historial de líderes que han enfrentado la justicia o acusaciones por crimen organizado. En diciembre de 2016, las autoridades de Tamaulipas dieron vista a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para actuar contra Ramiro Leal Barrera, el líder del Sindicato de Transportistas de Materiales de Construcción de la CTM en Reynosa, al que identificaron como parte del Cártel del Golfo.

En 2017, Ismael Flores Cantú, entonces líder de la CTM en Nuevo León, fue investigado en Estados Unidos por extorsionar a comerciantes y transportistas, y por relacionarse con el Cártel de los Zetas; en 2019, José Isidro Santamaría Casanova, líder de la CTM en Quintana Roo y tercer regidor de Cozumel por el PRI, fue vinculado a proceso por presunta trata de personas, y apenas en septiembre pasado libró una orden de aprehensión por el homicidio de Luis Fernando Peón Cardín, sobrino del entonces coordinador de la CTM en Quintana Roo.

Todavía en noviembre del año pasado, el exlíder de transportistas de la CTM en Oaxaca, Marcos Sánchez Cruz, fue atacado a balazos por un grupo armado, en un ataque que dejó cinco muertos, incluyendo las escoltas del sindicalista. El hombre había pasado cuatro años en la cárcel, acusado de cinco homicidios.

La historia del sindicalismo charro de México está llena de capítulos criminales, y sus líderes se han perpetuado en sus dirigencias a pesar de las denuncias y las investigaciones en su contra, incluyendo por delincuencia organizada. Así, Carlos Romero Deschamps, otrora todopoderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), fue denunciado por sindicalistas disidentes por varios delitos, incluyendo sus presuntos vínculos con los Zetas y con grupos dedicados al huachicol.

Entre los millones de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron hackeados y publicados por el colectivo Guacamaya en 2022 figuran decenas de informes de inteligencia que señalan los nexos criminales de líderes sindicales, especialmente de los gremios de transporte y de la construcción.

Entre los líderes con presuntos vínculos criminales destaca Hugo Bello Valenzo, fundador del Sindicato Libertad de Trabajadores de Transporte de México, que durante un tiempo se afilió a la CTM en la Ciudad de México antes de tronar con violencia en 2018. Según la Sedena, Bello tejió redes de influencia con el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y con Jesús Valencia Guzmán, entonces jefe de la delegación Iztapalapa.

La Sedena atribuyó a Bello acciones de extorsión y amenazas para obligar empresarios a contratar a su sindicato en los sectores de la construcción, del transporte público o del transporte de gas LP, pero también en el despojo de predios y la apropiación de minas de material pétreo. El líder sindical fue detenido en agosto de 2020, y sus cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los vínculos criminales de líderes sindicales manchan también a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleadores de México (CATEM), la organización gremial encabezada por el influyente y polémico diputado morenista Pedro Haces Barba, que la incorporó a la estructura corporativista de la llamada Cuarta Transformación.

Varios acontecimientos de violencia extrema han dado cuenta de la batalla que han librado la CATEM, la CTM y el sindicato Libertad para controlar territorios y ganar contratos colectivos en empresas. En el estado de Oaxaca y el municipio veracruzano de Las Choapas, dirigentes de la CATEM fueron atacados a balazos –uno falleció– cuando el sindicato abrió sus delegaciones locales, en 2019.

La CATEM logró implantarse en Oaxaca, hasta que en septiembre de 2023 el gobernador morenista de la entidad, Salomón Jara, acusó a la CATEM y la CTM de cobrar derecho de piso a tortillerías, como lo hacen los grupos de la delincuencia organizada.

Afiliados de la CATEM y de Libertad se han enfrentado por el control de la central de abastos de la capital del estado, y Libertad ha acusado a un presunto líder del Cártel del Golfo, Carlos Abraham Ríos Suárez, de utilizar las siglas de la CATEM para extorsionar a transportistas.

Recientemente la CATEM fue denunciada por un grupo de empresarios de la región de la Comarca Lagunera de coludirse con grupos de la delincuencia organizada para extorsionarlos. El pasado 6 de septiembre, escasos días después de darse a conocer la denuncia, soldados de la Sedena y de la Guardia Nacional (GN) catearon las oficinas de la CATEM en Gómez Palacio, Durango, y días más tarde el subsecretario de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, llamó a conformar un frente sindical para evitar las extorsiones y amenazas del sindicato de Pedro Haces.

En marzo de 2021, la Sedena identificó los vínculos de Jesús Ramón Ortiz Cisneros, secretario general de la Unión de Camioneros de Coatzacoalcos –organización de la CATEM– en Veracruz, con Hernán Martínez Zavaleta, el entonces líder de los Zetas en la zona Sur de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, quien había sido agente de la Policía Ministerial del Estado de México antes de dedicarse de lleno a la delincuencia organizada.

Después de ser arrestado y encarcelado una primera vez en marzo de 2021 por delitos contra la salud, ultraje a la autoridad y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, el líder sindical, al que el Ejército identificó como “líder transportista y empresario de la construcción, promotor del partido Fuerza por México en el sur de Veracruz, fue detenido por segunda ocasión en julio pasado por agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, mientras circulaba en una carretera.

Otro informe confidencial de la Sedena, también elaborado en marzo de 2021 –descubierto por el periodista Carlos Carabaña para El País–, identificó a Gilberto Antonio Luna Sánchez, expriista, transportista, líder de la CATEM en Guerrero y subsecretario de Infraestructura y Movilidad en el sindicato, como responsable de actividades ilícitas relacionadas con la construcción, especialmente de “amedrentar, amenazar, extorsionar y cobrar piso” a las empresas dedicadas a este ramo en Acapulco y parte de la Costa Chica del estado. La ficha de la Sedena lo relacionó con José Alberto Alonso Gutiérrez, entonces candidato a alcalde de Acapulco.

En noviembre de 2020, las autoridades veracruzanas detuvieron a Rodolfo Cruz Domínguez y José Arturo García Barberio, delegado y subdelegado sindical de la CATEM en Coatzacoalcos, quienes habían amenazado con una pistola a la propietaria de un depósito de cerveza.

En otro informe de inteligencia, relativo a los candidatos a cargos de elección popular del Estado de México con vínculos criminales, la Sedena también identificó a Adrián Francisco Sánchez García, aspirante a la presidencia municipal de Nicolás Bravo, como presunto líder de una banda llamada Los Julios o Los Sánchez de la que también forma parte Felipe Francisco Sánchez Santos secretario de Infraestructura y Movilidad de la CATEM.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Álvarez-Buylla pagó proyectos a ella misma y su madre cuando dirigía Conahcyt

Otra controversia de María Elena Álvarez-Buylla: entregó 3 millones y medio de pesos a estudios científicos de ella y de su madre con dinero del Conahcyt cuando era titular, de acuerdo con documentos oficiales. Mientras eso pasaba, a miles estudiantes les era arrebatada su beca de investigadores.

María Elena Álvarez-Buylla Roces se “auto pagó” un estudio en el Conahcyt por 751 mil pesos siendo directora de la misma institución, para realizar una investigación sobre bioquímica, biología molecular, genética y genómica, justo cuando dejaba a miles de estudiantes sin becas de posgrado en el extranjero. 

Mientras tanto, el proyecto de Elena Roces, madre de Elena Álvarez Buylla, para la exploración “un área crucial de la patología metabólica: las alteraciones en la diferenciación de células inmunes y adipocitos dentro del tejido graso visceral, y su vínculo con la inflamación sistémica en ratas con hiperinsulinemia y obesidad”, recibió 2 millones 733 mil 518 pesos, también durante el periodo en que Álvarez-Buylla era la titular de la ciencia en México (2021) en el sexenio pasado.

El proyecto de Álvarez-Buylla es un informe técnico que detalla los avances y resultados de investigación en la disciplina de bioquímica, biología molecular, genética y genómica. 

El estudio, llamado “Patrones Genéricos y Sistémicos de la Diferenciación y la Proliferación en los Nichos de Células Troncales: Raíz de Arabidopsis thaliana como sistema de estudio teórico-experimental”, tiene como objetivo central entender los mecanismos sistémicos y genéricos que subyacen al ciclo celular, la diferenciación y la formación de patrones en los nichos de células troncales (NCT), utilizando la raíz de la planta Arabidopsis thaliana como modelo experimental.

La responsable de la investigación fue precisamente María Elena Álvarez-Buylla Roces, adscrita al Instituto de Ecología, y quien en ese momento también era titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

El proyecto resultó en la publicación de un libro y múltiples artículos en revistas internacionales como Plant Physiology, Frontiers in Plant Science y PNAS, además de la titulación de al menos tres estudiantes de licenciatura.

Mientras que el proyecto de su madre se titula: “Alteraciones de la diferenciación de linfocitos T CD4+, macrófagos y adipocitos en el tejido adiposo visceral e inflamación sistémica asociada a hiperinsulinemia y obesidad en ratas: validación experimental de modelos dinámicos de la plasticidad celular”.

Este proyecto se centra en estudiar cómo la hiperinsulinemia y la obesidad en ratas afectan la diferenciación de células inmunes (linfocitos T CD4+ y macrófagos) y células de grasa (adipocitos) en el tejido adiposo visceral, y la consecuente inflamación sistémica. También busca validar experimentalmente modelos dinámicos de la plasticidad celular. 

Y MIENTRAS: ESTUDIANTES SIN BECA

Mientras tanto, hay más de 100 estudiantes de posgrado tan sólo del Cinvestav sin beca de manutención desde enero de 2024, pero a nivel nacional son miles. La crisis de financiamiento pone en peligro la continuidad de estudios e investigaciones en ciencia básica y de frontera, a pesar de las expectativas de un cambio favorable con la llegada de una presidenta (Sheinbaum) con perfil científico.

Más de 125 estudiantes de maestría y doctorado del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), de diversas unidades, enfrentan incertidumbre: se quedaron sin beca de manutención desde enero de 2024. 

Este apoyo económico, que consideran un pago por su labor investigadora, es vital para cubrir renta, comida y transporte, poniendo en riesgo la conclusión de sus tesis y la continuidad de proyectos cruciales. 

Hasta septiembre de 2023, todos los estudiantes de posgrado del Cinvestav recibían una beca del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt). Sin embargo, debido a modificaciones estructurales y presupuestales, el SECIHTI redujo las becas asignadas al Cinvestav.

La beca SECIHTI (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación) es un programa del gobierno mexicano que ofrece apoyo económico y seguridad social a estudiantes de posgrado (maestría, doctorado y especialidades médicas) inscritos en programas registrados en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP).

El cambio de nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) ocurrió el 22 de abril de 2023. 

MINI BECAS

Para paliar la situación, el Cinvestav creó las becas Sep-Cinvestav, generando una segregación entre los estudiantes. Aunque este programa cubrió el vacío temporalmente, sus reglas cambiaron constantemente. En enero de 2024, se les informó que la ayuda pasaría a gestionarse a través del programa Becas Elisa Acuña.

El problema se agravó cuando, en 2025, las Reglas de Operación de las Becas Elisa Acuña, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero, dejaron al Cinvestav fuera de los apoyos. Este “ir y venir” ha dejado a los 125 estudiantes sin sustento por meses.

María Elena Álvarez-Buylla tuvo una gestión polémica en el Conacyt (luego Conahcyt), al que pretendió limpiar de dispendios incurriendo en otros, como la famosa vacuna Patria contra Covid, que enfrentó varios retrasos en su cronograma original, que apuntaba a una disponibilidad para finales de 2021 (noviembre o diciembre, según anuncios del gobierno en abril de 2021). La aprobación de uso de emergencia por la Cofepris se otorgó en junio de 2024, lo que representa un retraso de aproximadamente 36 meses, esto sin contar que las variantes de Covid han ido cambiando con el tiempo.

El Conahcyt (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías) ya no existe como tal. Fue elevado de categoría y ahora es la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez desde el 1 de enero de 2025.

A principios de octubre, Milenio dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de María Elena Álvarez-Buylla por presuntos malos manejos de recursos públicos en el año 2021 cuando era titular de Conacyt por 57 millones, monto relacionado con los procesos de extinción de cuatro fideicomisos. 

A lo que la aludida respondió en una carta difundida en sus redes sociales y medios como La Jornada que las irregularidades “fueron identificadas en su momento por el Órgano Interno de Control (OIC) del entonces Conahcyt y por la propia ASF, en relación con el uso de recursos de uno de los fideicomisos”. 

ESTUDIANTES A LA DERIVA

No hay un número oficial, pero reportes independientes indican que al menos 2 mil 400 programas de posgrado en universidades públicas quedaron excluidos del SNP en 2024-2025, afectando potencialmente a miles de estudiantes (estimaciones varían de 1,000 a 5 mil, dependiendo de la matrícula). Esto se debe a la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (vigente desde agosto de 2023), que relega becas a “disponibilidad presupuestaria” para programas no prioritarios.

DOCUMENTOS:



FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.

Detienen a líder sindical de la CTM; Se le vincula con CJNG

La Fiscalía y el Ejército detuvieron a Nazario Ramírez, líder sindical en Jalisco y presunto operador del CJNG, en un operativo que aseguró armas, droga y vehículos en Guadalajara.

En un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano en la colonia Jardines del Bosque, Guadalajara, fueron detenidas tres personas, entre ellas Nazario Ramírez ‘N’, líder sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco y presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Nazario ‘N’ está involucrado en extorsiones a transportistas y comerciantes, además de la venta de droga en Jalisco y Puebla.

El operativo incluyó cuatro órdenes de cateo y se aseguraron 170 dosis de metanfetamina, 186 cartuchos útiles, diez cargadores, cinco vehículos (uno blindado) y dos equipos de cómputo, presuntamente usados para coordinar actividades ilícitas.

Los detenidos Juan Martín Espinosa ‘N’ y Jorge Octavio Quezada ‘N’ también quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

En una entrevista para el diario Mural, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que Nazario Ramírez era un objetivo prioritario para federales y añadió que se le acusa de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Lemus aclaró que, aunque el detenido mantuvo contacto con figuras políticas, “eso no implica que recibiera protección”.

Sobre una foto con el líder sindical, el gobernador comentó: “Sé reconocer a mis personas que conozco… si se cometió un delito lo tiene que pagar”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cuatro empresas habrían simulado competencia para ganar contratos en CDMX

Documentos oficiales exhiben cómo cuatro empresas caen en lo que todo parece indicar un esquema de simulación desde el sexenio anterior y mantienen el modus operandi en este “segundo piso” de la 4T en CDMX.

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México, en las gestiones de Jesús Esteva y Raúl Basulto, ha entregado contratos a una red de empresas que habrían simulado competencia entre ellas y que comparten administradores y representantes legales.

Documentos oficiales en poder de EMEEQUIS exhiben cómo cuatro empresas caen en lo que parece indicar un esquema de simulación desde el sexenio anterior y mantienen el modus operandi en este “segundo piso” de la llamada Cuarta Transformación en CDMX.

Consorcio Constructor AA S.A. de C.V., Mialcami Construcciones S.A. de C.V., Constructora Apigro S.A. de C.V., y GRUPO ALAVEZ LAMBARRI S.A. DE C.V. han competido en licitaciones e invitaciones restringidas entre ellas a nivel federal y nivel local para obtener contratos, sin que la SOBSE haya detectado las relaciones y vínculos entre las empresas.

Mialcami Construcciones S.A. de C.V. y Grupo Alavez Lambarri S.A. de C.V. obtuvieron contratos en abril de 2025 para realizar construcciones en una Utopía de la Alcaldía Iztacalco.

LA POSIBLE SIMULACIÓN

En octubre de 2023, Alba Margarita García Cerón asistió como representante de Constructora Apigro S.A. de C.V. a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 3000-1116-087-23 en la alcaldía Iztapalapa para los trabajos de rehabilitación, conservación y mantenimiento del Centro Comunitario Amapola en la Unidad Territorial San Pablo I, II y V-Lomas del Paraíso.

Constructora Apigro S.A. de C.V. fue la única constructora que participó en la licitación y obtuvo un contrato por 3.6 millones de pesos.

En abril de 2024, nuevamente Alba Margarita García Cerón se presentó a la alcaldía Iztapalapa como representante de Mialcami Construcciones S.A. de C.V. a la licitación LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 3000-1116-100-24 para los trabajos de rehabilitación, conservación y mantenimiento: 2A Ampliación Santiago Acahualtepec y Miguel de la Madrid Hurtado de la Dirección Territorial Acahualtepec Teotongo.

Mialcami Construcciones S.A. de C.V.  fue la única participante en la licitación y obtuvo un contrato por 1.9 millones de pesos.

Alba Margarita García Cerón era representante de Constructora Apigro S.A. de C.V. y de Mialcami Construcciones S.A. de C.V.

Meses atrás las empresas coincidieron en una invitación restringida de la SOBSE.

El 4 septiembre de 2023, Consorcio Constructor AA S.A. de C.V., Mialcami Construcciones S.A. de C.V., Constructora Apigro S.A. de C.V. recibieron de la SOBSE la invitación restringida número IO-68-015-909005989-N-26-2023 OPIR-DCOA-F-012-2023, correspondiente al: “PROYECTO INTEGRAL PARA LA RESTAURACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO EN LOS TEMPLOS DE SANTA MARÍA DE LA NATIVIDAD, DE SANTA LUCÍA XANTEPEC, DE SAN MATEO, EL TEMPLO Y CAPILLA DE SAN LORENZO, Y EL CONJUNTO PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA DE LA CIUDAD DE MÉXICО”.

A la junta de aclaraciones asistieron Eric Ian Alavés Lambarri de Consorcio Constructor AA S.A. de C.V., Guadalupe Itzel Bautista Velasco de Mialcami Construcciones S.A. de C.V., y Erick Estrada Pérez de Constructora Apigro S.A. de C.V.

Guadalupe Itzel Bautista Velasco se presentó en abril de 2025 como representante de  GRUPO ALAVEZ LAMBARRI S.A. DE C.V. en la  Licitación Pública Nacional No. 909005989-DGCOP-L-055- 2025 correspondiente a la: “CONSTRUCCIÓN DE REDES GENERALES DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA “UTOPÍA DEPORTIVO HERMANOS GALEANA”, UBICADA EN EL CENTRO DEPORTIVO HERMANOS GALEANA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO”.

Consorcio Constructor AA y Grupo Alavés Lambarri están encabezados por los hermanos Eric Ian y Edgar Jahir Alavés Lambarri.

Por su parte, Erick Estrada Pérez no solo es representante de Constructora Apigro S.A. de C.V., también es representante de  GRUPO ALAVEZ LAMBARRI S.A. DE C.V., esta última empresa obtuvo un contrato en mayo de 2025 de la SOBSE.

Este esquema de simulación ya lo habían realizado a nivel federal. El 9 de agosto de 2021, Mialcami Construcciones S.A. de C.V. y Constructora Apigro S.A. de C.V. se presentaron para participar en la invitación a cuando menos tres personas de Fonatur para “trabajos de sustitución de drenaje sanitario y pluvial, bacheo y rehabilitación del pavimento asfáltico en el Sector ‘E’ del CIP Huatulco, Oaxaca”.

Por Mialcami Construcciones S.A. de C.V. se presentó Alba Margarita García Cerón y por Constructora Apigro S.A. de C.V., José Eduardo Carrasco Rivera.



CONTRATOS SOBSE

En septiembre de 2023, la SOBSE realizó la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes No. IO-68-015-909005989-N-26-2023 OPIR-DCOA-F-012-2023 para el “PROYECTO INTEGRAL PARA LA RESTAURACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO EN LOS TEMPLOS DE SANTA MARÍA DE LA NATIVIDAD, DE SANTA LUCIA XANTEPEC, DE SAN MATEO, EL TEMPLO Y CAPILLA DE SAN LORENZO, Y EL CONJUNTO PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA DE LA CIUDAD DE MÉXICО”.

La SOBSE convocó a Consorcio Constructor AA S.A. de C.V., Mialcami Construcciones S.A. de C.V., y GRUPO ALAVEZ LAMBARRI S.A. DE C.V.

Por Consorcio Constructor AA S.A. de C.V., asistió Eric Ian Alavez Lambarri; por Mialcami Construcciones S.A. de C.V., Guadalupe Itzel Bautista Velazco, y por Constructora Apigro S.A. de C.V., José Eduardo Carrasco Rivera. Es decir, que el contrato se quedó entre amigos y socios.

Y a pesar de el modus operandi de presunta simulación de competencia, la SOBSE convoca a participar en licitaciones e invitaciones a estas cuatro empresas constructoras.

Mialcami Construcciones S.A. de C.V. obtuvo el contrato DGCOP-LPN-L-1-016-25 por 8 millones 019 mil 387 pesos para la “CONSTRUCCIÓN DE DOS INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL EJE DE SALUD EN LA UTOPÍA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS, UBICADA EN EL DEPORTIVO MAGDALENA MIXIUHCA, ALCALDÍA IZTACALCO”.



El contrato se firmó el 30 de abril de 2025 y se estableció un plazo de ejecución de obras del 2 de mayo al 31 de octubre de 2025.

A la junta de aclaraciones asistió Alba Margarita Garcia Ceron,  y el contrato lo firmó Miguel Ángel Domínguez Pérez.

La empresa Mialcami Construcciones S.A. de C.V. tiene oficinas en una vivienda particular en la Alcaldía Iztapalapa. Señaló su domicilio fiscal en Prolongación Plutarco Elías Calles No. 2711 Edificio 1 Interior 104 Colonia Ejército Constitucionalista en la Ciudad de México.

El 9 de mayo de 2025, GRUPO ALAVEZ LAMBARRI S.A. DE C.V. suscribió el contrato DGCOP-LPN-L-1-051-25 por 8 millones 167 mil 549 pesos para la “CONSTRUCCIÓN DE REDES GENERALES DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UTOPÍA DEPORTIVO HERMANOS GALEANA UBICADA EN EL CENTRO DEPORTIVO HERMANOS GALEANA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO”. Se estableció un plazo de ejecución del 12 de mayo al 7 de diciembre de 2025.

A la junta de aclaraciones asistió Eric Ian Alavez Lambarri, y el contrato lo firmó  Edgar Jahir Alavés Lambarri. Como domicilio fiscal una vivienda en la Calle Escenógrafos No. 21 Colonia Sifón, Alcaldía Iztapalapa.

Así es como cuatro empresas tienen todas las características de simular competencia en licitaciones en Iztapalapa durante la pasada gestión de la alcaldía y en Fonatur. Ahora reciben contratos del gobierno capitalino, sin que la SOBSE haya detectado alguna irregularidad de estas constructoras.



FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ALEJANDRO ALATRISTE.

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al Gobierno de los Estados Unidos y a partir de ahí justifican su inacción contra la delincuencia organizada que exhiben y nada más".

Hace unos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que su Gobierno no había recibido ninguna prueba contundente por parte de los Estados Unidos contra tres instituciones financieras sobre las que el vecino país emitió órdenes a través de la Red de Aplicación de la Ley a Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), y señaló de participar principalmente en lavado de dinero proveniente del tráfico de opioides por parte los cárteles mexicanos, a los que ya ha catalogado como organizaciones terroristas.

La Presidenta deslizó el comentario de que tampoco la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría encontrado indicios de actividades ilícitas, y aunque la mandataria no presentó pruebas de ello, el hecho se confirma al no haber una investigación judicial contra tales instituciones financieras.

La que sí intervino a los tres señalados, CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; a algunas las multó por faltas administrativas, y al tiempo las tres instituciones financieras han tenido cambios o estragos debido al señalamiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero no por una investigación del Gobierno mexicano.

El IPAB informó, en el caso de CIBanco, S.A., que a partir del 10 de octubre inició proceso de liquidación. En agosto, Intercam anunció a sus usuarios la venta de sus activos a Kapital Bank, y Vector Casa de Bolsa, transfirió su cartera de activos y clientes a Finamex Casa de Bolsa.

La Presidenta Sheinbaum defendió desde el inicio a las instituciones financieras, una maniobra que pudo tener origen político (de hecho, no impactó en la economía mexicana el señalamiento de las tres instituciones), dado que una de ellas fue fundada por un exfuncionario, Alfonso Romo, además morenista, además amloista. La línea presidencial tampoco impactó en el futuro próspero de las instituciones financieras, ya diluidas o en proceso de serlo.

Un importante funcionario federal que conoce de los entresijos para integrar investigaciones y carpetas en la UIF, refirió que lograr la información de las instituciones financieras para elaborar un diagnóstico inicial con pruebas, puede tomar como mínimo, un mes, para lograr las respuestas de las entidades financieras. En este caso han transcurrido poco más de tres meses, y si bien el Gobierno de la República no ha informado de los resultados de las investigaciones, son las propias instituciones las que han notificado a sus clientes, inversionistas y usuarios, de los pasos que han seguido, primero para garantizar los recursos de cada uno, y posterior para informar del nuevo camino que tomarán.

Es decir, sin las pruebas de los Estados Unidos ni del Gobierno de la República para demostrar lo contrario, llegó el fin de las tres instituciones señaladas. Pero no este es el caso de otros nombrados por departamentos de los Estados Unidos. En el caso de Ismael Zambada García, "el Mayo", por ejemplo, la Presidencia de la República sigue solicitando pruebas y contexto de la aprehensión del capo del Cártel de Sinaloa, a más de un año de su aprehensión y cuando el propio narcotraficante ya entregó una carta de culpabilidad al Departamento de Justicia de la Unión Americana, con el objetivo de alcanzar una sentencia que no conlleve la pena de muerte. En México sin embargo, "el Mayo" sigue tan impune como siempre, y su detención sí impactó en la seguridad del país, al iniciar una narcoguerra entre las distintas facciones del CDS que parece no tener fin.

Recientemente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otros mexicanos, por ser parte de una red de protección y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, entre quienes se encuentra una morenista, la Diputada federal por Baja California, Araceli Brown y dos empresarios, Candelario Arcega y Jesús González Lomelí. A los tres, cuando no ha transcurrido ni un mes de la mención por parte del vecino país, les han sido congeladas sus cuentas en México, y buscan recuperar sus activos con la presentación de amparos.

No hay un protocolo en México, ni en materia de investigación ni de sanción para personas señaladas en los Estados Unidos, mientras a unos se les defiende, a otros se les congelan cuentas, lo que sí, en todos los casos prevalece la falta de investigaciones para imponer sanciones más allá de las administrativas.

Hace unos días y a propósito de las inundaciones en el Estado de Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum justificó que ya no existía el Fondo de Desastres Naturales porque había habido mucha corrupción en el pasado, y que esta estaba documentada. La cuestión es que no presentó pruebas y a saber no se denunció la documentada corrupción cuando se tiene en poder del Gobierno de la República.

Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al Gobierno de los Estados Unidos y a partir de ahí justifican su inacción contra la delincuencia organizada que exhiben y nada más.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Gobierno de Baja California pide dinero para damnificados y lo tunden en redes sociales

La ciudadanía criticó al Gobierno de BC por solicitarle dinero para, supuestamente, ayudar a los damnificados por las lluvias en México.

El Gobierno del Estado de Baja California publicó este lunes 13 de octubre una campaña para solicitar donativos con el supuesto fin de ayudar a los damnificados por las lluvias en México, pero la tuvo que borrar debido al alud de críticas por pedirle dinero a la ciudadanía.  

La administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda hizo una publicación en la cuenta oficial de redes sociales de Facebook del gobierno estatal bajo el lema “¡Es momento de Ayudar! Apoyemos a los damnificados por las lluvias en México”. 

Para esto, indicó que se había “habilitado una cuenta para recibir donaciones” a nombre de “Gobierno del Estado” y con la cuenta 1339386692 del banco Banorte. 

Además, la Clabe Interbancaria 072 020 013393866927 y el RFC GEB4603194H7, para cerrar con el mensaje “Tu apoyo hace la diferencia porque cuando México se une nada nos detiene”. 

Para los 47 minutos ya había acumulado casi mil reacciones, principalmente de “Me Divierte”, y habían escalado las burlas y cuestionamientos, además de recordarse que para estos casos se usaba el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 

Dicho fideicomiso fue eliminado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, debido a que tenía “mucha burocracia” o se falsificaban las compras, según expuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes 13 de octubre, al abordar los daños, decesos y personas perdidas en cinco estados del país, luego de las lluvias extraordinarias del 6 al 9 de octubre.  

Por su parte, la ciudadanía que alcanzó a ver la petición se mostró crítica ante la misma.  
“Si, si, ¿efectivo? ¡N´ombre! Mejor busquemos asociaciones civiles para que les hagan llegar la ayuda”, sugirió Mariza Arcos, mientras que Joss Az cuestionó: “¿No se supone que para ese tipo de situaciones hay dinero? Si no mal recuerdo, se llamaba Fonden, o algo así. Entonces, ¿por qué pedir dinero cuando pueden pedir víveres? Digo porque, conociendo al gobierno, no me sorprendería que quieran sacar provecho de la situación y robarse unos miles de pesos porque es la primera vez que veo que piden dinero y no víveres”.  
Ricardo A. de León señaló: “Por algo no están dejando a las asociaciones civiles ayudar directamente”, al tiempo que Isela Rodríguez agregó: “Que donen lo que gastó Marina del Pilar en la Fiesta del Grito. Y ni es en contra de ayudar, pero creo que los bajacalifornianos sabemos hacer el bien y ayudar, pero el descaro del gobierno ahora pidiendo”.
“Si antes no llegaban las latas, mucho menos el dinero. Ahora sí se pasaron esos de la 4T”, comentó Graciela ViDa, mientras que Emmanuel Buelna reviró: “Y el pueblo de Baja California invita a la gobernadora, diputados, senadores y presidentes (municipales) a que pongan sus comprobantes de que ya mandaron su apoyo”. 
Samuel Díaz coincidió con lo anterior: “Que la gobernadora y los legisladores locales donen el total de su salario”, al tiempo que Iván Martínez exigió: “Ya estuvieran los del gobierno poniendo el ejemplo donando una cuarta parte de su sueldo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Cuitláhuac García dejó Veracruz con un boquete de 830 millones de pesos

Auditoría descubre que cinco dependencias y 34 organismos públicos descentralizados incurrieron en pagos en exceso, obras inconclusas y gastos sin comprobar. Las observaciones más graves, de acuerdo con la revisión, están en obras emblemáticas como el estadio Luis “Pirata” Fuente.

El último año del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez cerró con un presunto daño patrimonial de más de 830 millones de pesos, derivado de obras con sobrecostos, deficiencias técnicas y mala calidad constructiva, de acuerdo con la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) en la revisión de la Cuenta Pública 2024.

El informe señala que cinco dependencias y 34 organismos públicos descentralizados incurrieron en pagos en exceso, obras inconclusas y gastos sin comprobar.

Las observaciones más graves se concentran en obras emblemáticas como el estadio Luis “Pirata” Fuente, el Nido del Halcón y el Acuario de Veracruz, que acumulan más de 300 millones de pesos observados.

El Orfis documentó un daño patrimonial de 160.3 millones de pesos en la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente, donde se detectaron deficiencias técnicas, pagos en exceso y volúmenes no ejecutados.

En agosto último, Proceso publicó que dicha remodelación fue el proyecto emblemático del gobierno del morenista Cuitláhuac García, quien destinó mil 500 millones de pesos del erario para este fin y prometió que entregaría el inmueble para un equipo de primera, pero incumplió. 

Las obras fueron asignadas en una primera etapa a la empresa Pegsa Construcciones, pero se detectaron irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación antes de que concluyera.

Para la segunda y tercera etapa del proyecto se adjudicaron contratos por más de mil millones de pesos a la empresa Grupo AEM México JF SA de CV, a la que en 2019 se incorporó el empresario Mario Manuel Guerra Mabarak, cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó Proceso en agosto pasado.  

La remodelación del estadio que hasta hace algunas temporadas fue casa de los Tiburones Rojos del empresario y político priista Fidel Kuri Grajales fue entregada con retrasos y fallas estructurales que generaron críticas públicas de los aficionados. Ante las denuncias, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, anunció que no se realizarán los pagos pendientes a los constructores hasta concluir una auditoría técnica de la obra. 

Durante las visitas de verificación realizadas en junio y julio de 2025 se constató el deterioro de estructuras metálicas, roturas en las membranas de las torres y tensores, oxidación en barandales, módulos comerciales sin servicios básicos y problemas de visibilidad en más de 600 butacas.

El informe también reporta filtraciones, desprendimiento de césped, tuberías expuestas, irregularidades en escaleras y gradas, y accesos insuficientes para mantenimiento, además de marcos oxidados y fallas estructurales.

En el Aquarium, el Orfis detectó un presunto daño de 81 millones 381 mil pesos, correspondiente a la inversión ejecutada entre 2023 y 2024.

Se identificaron pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, deficiencias técnicas, así como la falta del resolutivo de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El organismo advirtió fallas estructurales, desprendimiento de material y terminaciones deficientes en estanques y módulos de concreto.

En tanto, el Nido del Halcón, en Xalapa, presenta observaciones administrativas por atrasos que prolongaron su conclusión durante varios meses.

Dependencias con más observaciones
El Orfis, encabezado por Delia González Cobos, precisó que tres dependencias concentran la mayor parte del presunto daño patrimonial:

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), con 273.8 millones de pesos; el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), con 201.7 millones de pesos, y los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), con 83.6 millones de pesos.

Otras instancias que también registran irregularidades son el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, con 79.8 millones; la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), con 27.7 millones; la Comisión Estatal del Agua (CAEV), con 24.7 millones; el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Coveicydet), con 21.5 millones, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedarpa) con 15.1 millones.

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente concentra las mayores irregularidades por obras ambientales inconclusas o no realizadas, entre ellas figuran el rescate y remediación de la laguna San Julián en el puerto de Veracruz, con daño estimado en 12.2 millones de pesos; la limpieza del corredor acuático en la laguna Río Viejo, en Otatitlán, con 22 millones; la remediación y control de lixiviados en el tiradero municipal de Veracruz, con 41 millones, y la construcción del Centro de Transformación de Residuos Plásticos (CTR-PMA), con 54 millones de pesos.

El Orfis señaló que la suma de estas irregularidades supera los 273 millones de pesos, por pagos en exceso, obras sin operar y sobrecostos en materiales y servicios.

La PMA tuvo como titular a Sergio Rodríguez Cortés, con un largo historial político y señalamientos por presunta corrupción. Pasó del PRD a Morena, y fue uno de los funcionarios más controvertidos del gobierno estatal.

En 2020 el corporativo Walmart de México denunció públicamente que Rodríguez Cortés les exigió más de 10 millones de pesos en multas y pagos para adherirse al Programa de Certificación Verde, impulsado por la PMA. La empresa acusó al funcionario de presión económica y clausuras injustificadas, luego de negarse a pagar las cuotas que, según la Procuraduría, eran “voluntarias”.

Rodríguez Cortés fue dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz entre 2013 y 2014 y posteriormente diputado local.
Durante su gestión partidista protagonizó un escándalo mediático tras difundirse una fotografía en la que aparecía rodeado de fajos de billetes sobre una cama, imagen que generó acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito.
Tras su salida del PRD, fue alcalde de Camerino Z. Mendoza, donde enfrentó críticas por presuntas irregularidades financieras. Más tarde se sumó a Morena, partido con el que ha ocupado cargos clave en la actual administración estatal.

Su papel fue determinante en mayo de 2022, cuando el gobierno estatal tomó el control del Acuario de Veracruz, rebautizado como “Aquarium”, mediante el Decreto publicado en la Gaceta Oficial. 

Con ese movimiento, la PMA asumió la administración y manejo de un fideicomiso de 120 millones de pesos, que antes estaba bajo gestión privada.

Sector educativo en la mira

En los Servicios de Salud, donde el administrador es Jorge Sisniega, se observó un posible daño de 56 millones de pesos en la adquisición de un sistema fotovoltaico y planta de emergencia para los hospitales de Coatzacoalcos y Veracruz, contratados con la empresa Antber, SA de CV, constituida apenas en 2022.

El organismo detectó anticipos no amortizados y pagos sin comprobar, que permanecen bajo revisión.

Asimismo el Instituto de Espacios Educativos, a cargo de Zenzayen Escobar (exsecretario de Educación y actual diputado federal) acumula más de 200 millones de pesos observados por obras escolares inconclusas, mientras que en la CAEV se reportan proyectos de agua potable sin construir y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, más de 15 millones de pesos por caminos saca cosechas sin construir.

El órgano fiscalizador concluyó que las obras y contratos revisados presentan fallas estructurales, sobrecostos, falta de permisos ambientales y documentación incompleta, además de deficiencias técnicas y mala calidad constructiva.

Las observaciones fueron integradas en los Informes Individuales de Resultado, los cuales serán analizados para determinar responsabilidades administrativas, resarcitorias o penales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Gobierno de Aguascalientes coopta al PJ a favor de intereses inmobiliarios: denuncian ambientalistas

El abogado de las inmobiliarias, Gustavo Martínez Romo, pertenece a una familia de exservidores públicos de primer nivel en los gobiernos del PAN, mientras que el nuevo juez a cargo de resolver los amparos de las organizaciones, fue asesor de la bancada panista en el Congreso local.

Organizaciones ambientalistas acusaron la intervención de nuevos jueces federales en Aguascalientes, vinculados con el PAN, en la defensa jurídica de espacios naturales contra la industria inmobiliaria, un sector que ha sido favorecido por la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel.  

Eso ocurrió con el proceso legal para blindar a la mezquitera La Pona, un bosque urbano con fauna nativa que funciona como uno de los dos únicos pulmones naturales que quedan en la capital del estado y cuyo terreno pertenece a dos inmobiliarias: Patrimonio Inmobiliario, S.A. de C.V. SOFOM ENR, y Próxima S.A. de C.V.

Como alcaldesa y luego gobernadora, Jimenez Esquivel intentó urbanizar ese espacio con el objetivo de que posteriormente pudiera convertirse en un condominio residencial.  

Mientras que el abogado de las inmobiliarias, Gustavo Martínez Romo, pertenece a una familia de exservidores públicos de primer nivel en los gobiernos de Acción Nacional.  

Javier Soto Reyes, exasesor de la bancada panista en el Congreso local, participante del Frente por la Familia, director de Asuntos Jurídicos y posteriormente secretario del Ayuntamiento en la capital del estado, donde intervino como apoderado legal del gobierno en los juicios de amparo promovidos por ambientalistas contra la destrucción de la mezquitera. 

Tras la elección judicial local celebrada este año, Soto Reyes se convirtió en juez séptimo de Distrito, desde donde quedó a cargo de resolver tres amparos presentados por las organizaciones: uno para proteger a la mezquitera, otro contra los incendios en zonas de protección ambiental y el último contra los cambios en el Programa de Ordenamiento Ecológico municipal, que levantaron la protección al hábitat de la rana de madriguera, una especie endémica en peligro de extinción. Desde ahí, de acuerdo con asociaciones civiles, obstaculizó el proceso de amparo de protección a La Pona.  

Luego se declaró incompetente para resolver los casos por conflicto de interés según lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Amparo, que señala que jueces y ministros deberán excusarse de resolver asuntos “si han sido abogados, abogadas, apoderados, apoderadas de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo”.  

“Esa persona cercana al gobierno toma el caso, acumula los procesos de La Pona y no nos da acceso al expediente. Luego abre dos expedientes distintos para tramitar el mismo juicio acumulado, y él puede notificarnos en uno o en el otro, y en uno estamos notificados en un aspecto y en el otro no, eso genera una falta de certeza jurídica que impide que podamos defendernos. (...) Soto Reyes primero puso una bomba en el juicio, nos obstaculizó, continúo el juicio sin que tuviéramos acceso al expediente y después se declaró incompetente para resolver el caso”, dijo la abogada Carla Escoffié.  

“Uno de los juzgados encargados de resolver amparos ambientales en Aguascalientes está en manos de una persona estrechamente vinculada al actual Ayuntamiento de la ciudad, el cual se ha caracterizado por tomar decisiones a favor de los intereses inmobiliarios”, señaló un comunicado de la Red de Colectivos por la Defensa del Territorio en la entidad, conformada por una decena de organizaciones sociales en favor de los derechos ambientales.
“Si mañana ocurre algo en el Bosque de Cobos, o hay un nuevo desarrollo inmobiliario, la posibilidad de protegerse vía judicial está en serios riesgos porque prácticamente lo que está haciendo el gobierno de Aguascalientes es cooptar al Poder Judicial a través de la elección, ahorita lo que tenemos son jueces y magistrados que tendrían que demostrarnos si son inmobiliarios”, agregó Escoffié.  
Soto Reyes no es el único militante panista o exfuncionario del gobierno estatal que ganó las elecciones para juez federal, otros tres magistrados de los Tribunales Colegiados y del Centro de Justicia Penal Federal tuvieron cargos de confianza en el gobierno estatal, y al menos once nuevos magistrados y magistradas de circuito figuraron en el acordeón difundido por militantes panistas durante el proceso electoral.

En el Poder Judicial del estado, el 60% de los nuevos integrantes son militantes panistas en activo o tuvieron distintos cargos públicos en administraciones panistas, entre ellos María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, quien a través de un proceso opaco y fuera de la ley, fue designada como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad.  

“Denunciamos que intereses inmobiliarios están buscando cooptar los juzgados para impedir la defensa del derecho al medio ambiente y del derecho a la ciudad. Esta situación compromete la imparcialidad en la justicia ambiental en el estado, en un contexto en el que hemos enfrentado distintos intentos por sabotear los juicios de amparo en defensa del medio ambiente, particularmente el amparo de La Pona y el amparo de la ranita de madriguera. (...) Estamos hablando del futuro ambiental de la ciudad y del estado. Urgimos a hacer un escrutinio popular sobre todas las personas juzgadoras electas, para identificar los vínculos que comprometan su imparcialidad en temas de medio ambiente”, agrega el comunicado de las organizaciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.

Secretaría de Bienestar de CDMX: la dependencia de los sobreprecios

Los contratos de la Sebien CDMX exhiben la adquisición de insumos alimenticios, perecederos y abarrotes a precios muy superiores al costo comercial.

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (Sebien CDMX), que encabeza Araceli Damián, ha comprado artículos con sobreprecios de más de 60% a la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales, de acuerdo con documentos oficiales.

Los contratos exhiben la adquisición de insumos alimenticios, perecederos y abarrotes de la dependencia capitalina a precios muy superiores al costo comercial.

En el primer trimestre de 2025, la Sebien CDMX firmó tres contratos por más de 9.1 millones de pesos con Abastos y Distribuciones Institucionales a pesar de los altos precios que ofrece.

Un ejemplo es el aceite de oliva de la marca Ybarra de 946 mililitros, el cual tiene un precio comercial de 250 pesos en Walmart, mientras que Abastos y Distribuciones Institucionales S se lo vendió al gobierno capitalino en 403.06 pesos, es decir, 153.06 pesos más, lo que representa un sobreprecio de 61.44%.

LOS ALTOS PRECIOS

El 27 de diciembre de 2024, el director general de Administración y Finanzas de la Sebien CDMX, José David Méndez Santa Cruz, y el representante legal de Abastos y Distribuciones Institucionales, Álvaro Santiago Cabrera Pichardo, firmaron el contrato SEBIEN/CRMS/001/2025 por 8.5 millones de pesos para “la Adquisición de Insumos Alimenticios, Perecederos y Abarrotes, para la preparación de comidas en los Centros de Asistencia e Integración Social CVC-TECHO para el mes de Enero 2025”.

En el contrato se detallaron 246 productos alimenticios que serían entregados a la dependencia capitalina. Tras una revisión y comparación hecha por EMEEQUIS, se revelan los sobreprecios acordados entre la dependencia capitalina y el proveedor.

Los precios ofertados por el proveedor son de enero de 2025 y los comparados por EMEEQUIS son de octubre de 2025.

Por ejemplo, se pidió aceite de oliva de la marca Ybarra de 473 mililitros: la Sebien y el proveedor acordaron un precio de 200.94 pesos. Este artículo en tiendas Chedraui tiene un precio de 142 pesos, es decir 58.94 menos, por lo que se pagó un sobrecosto de 41.50%.

O bien, el aceite de canola de un litro de la marca Maravilla, por el cual el gobierno capitalino pagó 69.54 pesos y la distribuidora de abarrotes La Valenciana lo ofrece en 46 pesos, 23.54 pesos menos, por lo que se pagó un sobreprecio de 51%.



Otro alimento que se pidió fue atún en Agua Nair 1.88 kg y se pagaron 378.35 pesos, y en la distribuidora de abarrotes La Valenciana tiene un precio de 241 pesos. La Secretaría de Bienestar pagó 137.35 más, un sobreprecio de 57%. 

Por la salsa catsup Clemente Jacques 340 gramos se pagó 26.80 pesos, y en la tienda Aurrera tiene un precio de 15 pesos. Cereal seco para lactantes Gerber mi 1er cereal arroz 270 gr por el que se pagó 81.46 pesos, y en la tienda Aurrera tiene un precio de 60 pesos.

También se pidió harina para Hot Cakes Tres Estrellas 1 Kg de la marca Tres Estrellas. Por ella se pagaron 80.21 pesos, y en la tienda Chedraui tiene un precio de 45 pesos, es decir, 35.21 pesos menos, Precio del 76.54%.

En la leche para niños también se registraron precios elevados. Se pidieron latas de fórmula  fórmula infantil Nan 2 de 1.2 kg. La dependencia capitalina pagó 659.55 pesos, en Farmacia Benavides tiene un precio de 462 pesos. 

Fórmula  infantil Nan 3 de 1.2 kg, la secretaría capitalina pagó 450.17 pesos, y en Farmacias del Ahorro tiene un precio de 353.90 pesos.

En el precio de la carne se registran sobreprecio. Se pidió bistec de cerdo corte de alambre y se pagaron 217.69 pesos por kilo, y en las tiendas Calimax el bistec ranchero de cerdo por kilo tiene un precio de 106 pesos.

Se solicitó un kilo de chuleta ahumada de cerdo, y se pagaron 215.01 pesos mientras que en la tienda Walmart tiene un precio de 143 pesos el kilo. También queso manchego de la marca La Villita de un kilo, por el cual se pagaron 314.06 y tiene un costo comercial de 240 pesos en tiendas Chedraui.

Además el gobierno de la Ciudad de México firmó otros dos contratos con Abastos y Distribuciones Institucionales S. A. de C.V., el SEBIEN/CRMS/002/2025 por el “Suministro y Control de Alimentos Perecederos y Abarrotes para la Preparación de Comidas” con un monto mínimo de 298 mil pesos y un monto máximo de 2 millones 980 mil pesos. 

Y El contrato SEBIEN/CRMS/003/2025 por el “Suministro y Control de Insumos Alimenticios, Perecederos y Abarrotes, realizando un pedido Semanal, con entregas diarias a cada comedor del Programa de Comedores Consolidados para el bienestar CEDA y UNISA”. Un monto mínimo de 250,000 y un monto máximo de 2 millones 500 pesos.

Entre los contratos que también contienen sobre precios, un ejemplo es el SEBIEN/CRMS/002/2025Se en el que se solicitó una mayonesa McCormick de 3.4 kilos. Pagaron 367.76 y en las tiendas Sam’s Club tiene un precio de 295.64  pesos. El frijol bayo marca El Labrador de un kilo por el cual se pagaron 69.93 y que tiene un costo de 47.50 pesos en distribuidora de abarrotes La Valenciana.

También el contrato SEBIEN/CRMS/003/2025 exhibe los sobreprecios. Se pagaron 194.40 pesos por un bote de mostaza de 3.85 kilos, el cual tiene un costo de 152.99 pesos en Mercado Libre. Se pidió una bolsa de 3 kilos de puré de tomate marca La Costeña y se pagaron 126.56 pesos: este producto tiene un costo de 83.60 la pieza en abarrotes Scorpion.

Así, la Sebien CDMX, que encabeza Araceli Damián, maneja la chequera de la dependencia capitalina sin aplicar los principios de austeridad de la llamada Cuarta Transformación, con sobreprecios a todas luces evidentes.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ALEJANDRO ALATRISTE.

Gobierno de Nahle contrata empresas fraudulentas por más de 400 millones de pesos

Las empresas Biodist, Casa Plarre, Brain Global Health Tech y Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria fueron contratadas por la Secretaría de Salud estatal, no obstante tener observaciones de la ASF en 2023 por irregularidades en los servicios otorgados.

A través de la Secretaría de Salud, el gobierno de Rocío Nahle entregó mediante adjudicación directa contratos por más de 400 millones de pesos a empresas que ya habían sido señaladas en la revisión de las cuentas públicas de 2023 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por tener irregularidades en los servicios otorgados.

Los contratos fueron pagados con recursos federales del IMSS Bienestar, pero firmados por el secretario de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón, así como por David Jahziel Pérez, subdirector de Recursos Materiales.

Fueron otorgados a las empresas Biodist, Casa Plarre, Brain Global Health Tech y Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH), para pruebas de laboratorio, servicios de anestesia, suministros de insumos de laboratorio y servicios de arrendamiento de equipo en unidades hospitalarias.

La reciente auditoría forense de la ASF, sobre la que Proceso publicó un reportaje en su edición impresa de abril del presente año, señaló que estas empresas contratadas durante el gobierno del también morenista Cuitláhuac García acumulaban cuentas por aclarar que representaron más de 900 millones de pesos, por irregularidades en servicios subrogados.

Ante estas anomalías, la ASF solicitó a la Contraloría General de Veracruz iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos de los Servicios de Salud (Sesver) por no vigilar, supervisar y garantizar el cumplimiento de los contratos.

Empresa de limpieza deja de pagar a sus trabajadores

Las recientes contrataciones en el actual gobierno de Rocío Nahle quedaron evidenciadas cuando empleados de la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria, que tiene el servicio subrogado de limpieza en hospitales, salieron a las calles para reclamar el pago del salario de varias quincenas atrasadas.

La empresa fue creada en 2017 y tiene su domicilio en un fraccionamiento del Puerto de Veracruz.

Los paros en varios hospitales de Veracruz, Río Blanco y Xalapa generaron una crisis sanitaria que fue denunciada por usuarios de servicios, como las madres de niños con cáncer en la torre pediátrica.

La empresa es una de las señaladas por la ASF, que documentó que LEIH declaró contar con 3 mil trabajadores, pero los registros del IMSS reflejaron entre 750 y 1,400 empleados asignados a la limpieza de 880 unidades hospitalarias.

Además se detectó incumplimiento en la entrega de insumos básicos —como papel higiénico, toallas desechables y pastillas desodorantes— que no fueron suministrados conforme al calendario pactado.

La ASF concluyó que la empresa no tenía la experiencia ni la capacidad técnica para cubrir los servicios, y que Sesver no aplicó sanciones ni penalizaciones por estas deficiencias. Por ello, instruyó a la Contraloría General del Estado iniciar investigaciones contra exfuncionarios responsables de otorgar y supervisar dichos contratos.

Por estas irregularidades señaló un posible daño patrimonial por más de 300 millones de pesos.

Nuevas adjudicaciones en 2025

Pese a las observaciones, LEIH fue contratada nuevamente en enero de este año para brindar el servicio subrogado de limpieza en oficinas centrales, jurisdicciones sanitarias, hospitales, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, asilos, el Hogar del Niño, Capasits y centros de salud dependientes de Sesver.

De acuerdo con los datos obtenidos por transparencia, se le adjudicaron de forma directa dos contratos por más de 150 millones de pesos con recursos federales del IMSS Bienestar, del subsidio estatal y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Sobre el tema, la gobernadora Rocío Nahle dijo que el contrato se canceló en agosto y reconoció que los pagos están siendo detenidos.

Ante la crisis de limpieza en hospitales, propuso la creación de un ente administrativo estatal para contratar directamente al personal de limpieza y cocina de los hospitales, en lugar de depender de empresas privadas.

Señaló que el Estado buscaría replicar un esquema similar al del IPAX en seguridad, pero aplicado a los servicios hospitalarios, para evitar la intermediación de compañías privadas y garantizar el pago oportuno a los trabajadores.

“Yo no estoy de acuerdo con que se subrogue la limpieza, se debería contratar al personal por el IMSS Bienestar, que se compren los productos de limpieza y que se haga, como se hizo hace muchos años”, dijo.

Nahle precisó en conferencia de prensa que habló con Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, sobre el tema: “Les dije que la empresa no estaba cumpliendo y no pagaba. Les pido que analicen para que se contrate directamente a los trabajadores”.

La gobernadora Nahle afirmó que por los desvíos detectados en Salud por la ASF se había interpuesto una denuncia y que la contraloría hacía revisiones. Aunque no habló sobre nuevos contratos con las empresas señaladas.

De acuerdo con los datos obtenidos, en enero de 2025 se firmaron cuatro contratos abiertos con Biodist, SA de CV, para la subrogación de servicios como suministro de pruebas de laboratorio y otros equipos médicos.

Previamente la ASF (en la cuenta pública 2023) señaló a esta empresa por no entregar los equipos comprometidos en los contratos. Las visitas, registradas en actas circunstanciadas, revelaron que 36 equipos no cumplían con las especificaciones de marca y modelo estipuladas en los contratos. Además, los dispositivos entregados en comodato llevaban etiquetas de otras empresas distintas a la proveedora adjudicada.

Se identificó también que de 512 equipos, 96 pertenecían a otra empresa, lo que contraviene los términos del contrato, que prohíben la cesión, traspaso o subcontratación parcial o total de los servicios contratados.

Otras empresas incumplidas

También se entregó vía adjudicación directa un nuevo contrato este año a la empresa Casa Plarre para el servicio de anestesia en hospitales.

Sobre esta empresa, la auditoría detectó un posible desfalco de 116.8 millones de pesos en el contrato SESVER/DA/C-053/2023, porque entre otras irregularidades detectó que 46 equipos otorgados en comodato no fueron entregados en los hospitales estipulados en el contrato.

Además la empresa no acreditó la instalación y puesta en marcha de los equipos, ni validó al personal técnico especializado.

Los Servicios de Salud de Veracruz también dieron dos contratos a la empresa Brain Global Health Tech para el servicio de arrendamiento de áreas de imagenología, aunque la ASF ya había señalado inconsistencias, pues la empresa no acreditó la entrega, instalación y operación en 2023 de la totalidad de los equipos necesarios para la prestación del servicio, lo que representa una grave omisión en el cumplimiento contractual.

En resumen, la ASF pidió al gobierno estatal fortalecer los filtros en los procedimientos administrativos de Sesver para garantizar que las adjudicaciones y licitaciones se realicen con transparencia y en estricto apego a la normativa, evitando irregularidades y malos manejos de recursos públicos, pese a ello los contratos continuaron por lo menos en el primer semestre de este año, según consta en su portal de transparencia.

Cancelado el contrato de subrogación de comida en hospitales

De este combo de empresas señaladas por la ASF, la gobernadora Nahle sólo canceló los contratos a Productos Serel, que es parte de la escisión de Kosmiko (uno de los múltiples brazos empresariales de Kosmos).

Grupo Kosmos fue señalado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador por irregularidades en contratos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Nahle prometió que se reactivarán las cocinas en los hospitales para evitar la subrogación de este servicio.

IMSS Bienestar paga contratos, dice gobernadora

Cuestionada sobre la contratación del resto de las empresas, Nahle argumentó que los contratos fueron pagados con recursos del IMSS Bienestar, que las empresas sólo fueron contratadas durante el primer semestre de 2025 y que su contrato venció en agosto.

“Ésas las contrataron de México”, respondió.

Sobre el caso, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), Delia González, advirtió que las contralorías internas y la Contraloría General del Estado deben reforzar la supervisión de los procesos de contratación, ante la continuidad de empresas observadas por irregularidades que siguen obteniendo contratos en dependencias estatales.

Explicó que el órgano interno de control en cada dependencia es el responsable de validar los procesos de licitación y adjudicación, mientras que la Contraloría General del Estado interviene en las convocatorias.

Cuando los contratos llegan al Orfis, añadió, las empresas ya están prestando el servicio. Por ello la revisión de resultados ocurre con un desfase de hasta un año, lo que permite que compañías previamente observadas sean contratadas de nuevo.

Ante esta situación, subrayó la necesidad de que las contralorías sean más rigurosas y propuso la creación de un listado estatal de empresas incumplidas, similar al registro que mantiene el SAT a nivel federal.

“Si en algún estado ya se ha documentado que una empresa dio un servicio deficiente, esa referencia debería impedir que vuelva a ser contratada en Veracruz”, señaló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.