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Cae regidor de Chalco por presunto huachicol de agua

Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o "Jimy" también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros.

Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o “Jimy”, sexto regidor de Chalco, identificado como líder del “Sindicato 22 de octubre”.

La dependencia indicó que el sujeto fue detenido las primeras horas de este viernes 21 de noviembre, en cumplimiento de orden de aprehensión en el marco de la segunda fase de Operación “Caudal”.


Resaltó que Christian Jesús “N” era un objetivo prioritario de dicho operativo al estar relacionado con actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el Estado de México.

Añadió que “Gimmy” y/o “Jimy” también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros.

Fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senado gasta 27 mil pesos en pintura de Fernández Noroña

La erogación, que está generando controversia, fue confirmada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Senado.

El Senado de la República desembolsó $27,840.00 pesos de recursos públicos para la adquisición de una pintura al óleo del senador Gerardo Fernández Noroña, según reveló una respuesta oficial a una solicitud de transparencia presentada ante la Cámara Alta.

El gasto, que ha generado controversia, fue confirmado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Senado, luego de la difusión que el propio legislador hizo sobre la existencia del cuadro.

DETALLES DEL GASTO

La respuesta a la petición de transparencia detalla el concepto exacto de la erogación, precisando que el monto de $27,840.00 pesos corresponde a una:
  • Descripción: “Pintura elaborada a mano, técnica óleo sobre tela.”
  • Medidas: 40×50 centímetros.
El documento oficial invoca como fundamento para el pago el oficio SGSA/DGRMSG/LXVII2088/2025, mediante el cual el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales instruye a dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

UN RETRATO FUERA DEL MOLDE

El senador informó que, a diferencia de las demás obras, que tradicionalmente presentan a los legisladores en una sobria pose de busto, el retrato de Noroña lo muestra con un gesto distintivo:

“Todos mis antecesores aparecen en una misma postura, de busto, pero yo decidí que mi cuadro fuera diferente”, explicó el senador.

En la pintura, el legislador aparece ataviado con una camisa blanca, y su mano izquierda se encuentra levantada con el dedo pulgar hacia arriba, un gesto que utiliza frecuentemente.

ELOGIOS A LA ARTISTA

El senador se mostró “contento y satisfecho” con el resultado final. La obra fue realizada por la pintora Aurora Argüello Gutiérrez, a quien Noroña elogió:

“Muy buena la pintora Aurora, es la que ha hecho la mayoría de los cuadros de los presidentes del Senado. Francamente me pareció una estupenda pintora, estupenda ejecución, me gustó mucho”, comentó.

Con esta revelación, el retrato de Fernández Noroña se suma al acervo histórico-artístico de la antigua sede del Senado, dejando una marca personal en la galería.

CONTEXTO Y REACCIONES

El cuadro en cuestión ya había sido anunciado por el propio legislador en días pasados, lo que motivó la solicitud ciudadana para conocer el costo total de la obra de arte.

Hasta el momento, no se ha emitido una explicación oficial por parte de la Mesa Directiva del Senado sobre la justificación para destinar fondos públicos a la adquisición de un retrato de un legislador en activo. Se espera que en las próximas horas se presenten posicionamientos por parte de grupos parlamentarios y la propia Dirección de Recursos Materiales.

El propio legislador reveló el retrato al óleo que será colgado en la prestigiosa Galería de Presidentes y Presidentas de la cámara alta, ubicada en la Antigua Casona de Xicoténcatl.

Durante una videocharla, Fernández Noroña no sólo presumió la obra, sino que destacó que la pieza rompe con el formato tradicional que ostentan sus antecesores.

DOCUMENTOS


FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.

Con amenazas, Rommel Pacheco despojó a Paola Espinosa de una casa

Rommel Pacheco pagó una mínima cantidad de dinero a cambio de que la doble medallista olímpica le cediera una casa en Mérida y él le regresara la mitad de otras dos propiedades que ella también compró.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, mintió en las declaraciones patrimoniales que presentó como servidor público entre 2020 y 2025 para ocultar una casa localizada en la ciudad de Mérida de la que despojó bajo amenazas a la medallista olímpica Paola Espinosa, con quien sostuvo una relación de pareja durante 11 años. 

Proceso realizó una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, de donde es originario Rommel Pacheco, y la información disponible no corresponde con lo reportado, pues en sus declaraciones patrimoniales, presentadas entre 2020 y 2025, aparece que es propietario de una casa en San Crisanto, una localidad costera del estado de Yucatán, ubicada en el municipio de Sinanché, a poco más de una hora de la capital Mérida.

No obstante, la información que obra en el Registro Público esa supuesta casa no existe en San Crisanto, pues se trata de una propiedad que en realidad se encuentra en Mérida.  Según sus declaraciones patrimoniales, esta casa que la reporta como de 180 metros cuadrados de superficie, la compró el 27 de abril de 2013 a un precio de un millón 640 mil pesos que le pagó a la persona moral denominada Ejido de San Crisanto. Pero esto no fue así.

En la búsqueda de propiedades a nombre de Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, en el Registro Público de la Propiedad aparece el Folio Electrónico 1078459 donde puede leerse que el 6 de enero de 2017, ante la notaría número 35 del estado de Yucatán de Ayisa Golib Ferrón, compró a Paola Milagros Espinosa Sánchez la mitad de una casa ubicada en el Fraccionamiento Residencial Montecristo, una de las zonas de mayor plusvalía en el norte de Mérida. 

De acuerdo con la información disponible, Pacheco Marrufo pagó a Paola Espinosa 820 mil pesos por el 50% de la propiedad, es decir, la mitad de 1.6 millones de pesos. Justamente el año anterior, previo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, habían terminado su relación como pareja. En el mismo folio del predio aparece otra información que desnuda la trampa que hizo Rommel Pacheco para ocultar esa casa y mentir en sus declaraciones patrimoniales. 

La escritura pública número 169 indica que esa casa de Montecristo, que tiene 218 metros cuadrados de superficie, la compraron Paola y Rommel el 27 de abril de 2013 por un monto de un millón 640 mil pesos. La parte vendedora fue la Constructora VNP, SA de CV, que estuvo representada por Jorge Alfonso Borges Ordóñez. 

Esto significa que en lugar de poner en sus declaraciones patrimoniales la existencia de esta casa, Pacheco Marrufo la ocultó simulando que es una propiedad ubicada en San Crisanto, que él fue el único comprador y que la adquirió del ejido en mención y no de una compraventa a Paola Espinosa.

Consultada al respecto para verificar la información, Espinosa aceptó dar una entrevista. Aclaró que, efectivamente, ella compró esa casa que, además, nunca conoció. Dijo que la adquirió a petición de Rommel Pacheco, quien la convenció de que la compraran. Supuestamente ahí vivirían cuando se casaran. Reconoce que Pacheco contribuyó con alrededor de 200 mil pesos para dar un pago inicial, pero que el resto del dinero salió de su bolsa y ella aceptó ponerla a nombre de los dos. 

Eso, añade, ocurrió con otras dos casas más que ella también pagó, una en la zona de Fuentes Brotantes, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, y otra en Tequesquitengo, municipio de Jojutla, en el estado de Morelos, que la entonces clavadista compró en su totalidad. 

Peor aún, la doble medallista olímpica y ahora diputada federal por el PAN cuenta que en realidad Rommel Pacheco la despojó de esa casa, ya que no le pagó ni los 820 mil pesos que aparecen consignados en el folio electrónico. Según las capturas de los mensajes de WhatsApp que intercambió con su ya para entonces exnovio —y que proporcionó a esta reportera con la condición de no publicarlas porque contienen conversaciones personales entre ambos— Pacheco le ofreció 600 mil pesos para que le cediera el 100% de la casa de Mérida y, a cambio, le firmaría el 50% de las propiedades en la Ciudad de México y Morelos, por las cuales él había desembolsado muy poco dinero. 

“De todas las casas me quitó, pero ésta él la quería por completo. Yo le dije cómpramela. Puedes ponerle el adjetivo que quieras: por tonta yo acordé, no recuerdo la cantidad, pero el acuerdo fue págamelo y ya. Me dio muy poco dinero por esa casa. Yo fui a Mérida, firmamos ante un notario y se acabó. Eso pasó en realidad, esas cosas son con las que siempre se ha manejado Rommel Pacheco y él va a quedar muy bien porque al final me la pagó y suena bien, pero así no fueron las cosas. 
(Hubo) amenazas mucho tiempo de ‘ya rápido y si quieres este dinero ya te lo doy, porque si no, no te dejo en paz’. Lo que quiero que quede claro es que tal vez no suena grave, pero él hizo todo lo posible para que todo fuera beneficioso para él y esa casa le costara muy poco dinero (…) fue una injusticia, fue súper mala onda de su parte, pero yo lo único que quería era ya deshacerme de él, porque ni a él ni a su familia me los quitaba de encima con el tema de dinero, dinero, dinero todo el tiempo.
Una “minita de oro”

Proceso consultó a una perito valuadora de Mérida que informó que el metro cuadrado de terreno en Montecristo cuesta alrededor de 10 mil pesos, así que más la construcción que es de 208 metros a precio de 2025 esa casa cuesta ahora unos ocho millones de pesos. Cuando Rommel Pacheco le entregó a Paola Espinosa 600 mil pesos en efectivo la propiedad estaba valuada en por lo menos cinco millones de pesos. 

La operación de la compraventa se realizó en la misma notaría número 35 donde se firmó la primera escritura. Según explica Paola Espinosa, cuando ella llegó a Mérida ya estaba todo cuadrado para que simplemente firmara y Rommel se convirtiera en el único dueño de la casa. 
Las otras dos casas yo las pagué, él dio si acaso 100 mil pesos o cositas de notario, cosas que son muy sencillas, pero en realidad las cantidades fuertes y la que terminó pagando todo fui yo tanto de coches como de casas y pues él lo que quería era quitarme la mitad de todo. Yo para Rommel fui su minita de oro. Nunca tuvimos de su parte algo en conjunto que él tuviera que comprar, así como yo compraba y lo incluía en todo, él jamás, nunca. 
Paola Espinosa refiere que la razón por la cual ella aceptó las condiciones de Rommel Pacheco sobre las casas que estaban a nombre de ambos es que la amenazó con “la ley de concubinato”, es decir, le dijo que, como ellos ya llevaban más de cinco años viviendo juntos, a ella, como tenía dinero, le iba a tocar mantenerlo y eso le costaría más caro.

“Era un chiste mal contado cuando estábamos de novios. Siempre decía, pues si nos separamos aquí la que se chinga eres tú porque ya llevamos más de cinco años juntos. O sea, siempre fue como ese chistecito en pareja y mira…”.

—¿Te sentiste contra la pared?

—No me cayó de sorpresa en lo absoluto porque yo con Rommel estuve 11 años, entonces claro que lo conocía perfecto a él y a su familia. Siempre supe que en el momento que hubiera problemas, él y su familia me iban a quitar lo que tenía. Siempre creí que me iba a quedar ahí de tonta con él, nunca creí abrir los ojos. Y dicho y hecho, en cuanto pasó (la separación) , su hermano (Irak Greene Marrufo) y su mamá (Landy Marrufo Morales) enloquecieron. 

—¿Exploraste la posibilidad de dar una batalla legal?

— No, porque en ese momento para mí fue como traer un alacrán en la espalda. Él y su familia son exageradamente absorbentes. Si hoy me preguntas, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Por mí hubiera preferido perder los millones de pesos en esa casa que seguir ahorita en una batalla. 

“En mi humilde opinión, Rommel no tiene las cualidades que se necesitan para ser un servidor público. No tiene empatía con las demás personas, es primero él, después él y luego él. Fue un deportista que se retiró enojado con todo el mundo que no le lamió las botas, ahora que ya tiene este puesto, (está) a venganzas con todas esas personas que le cayeron mal. 

“Personas así en la Conade sirven para servirse a ellos mismos, pero no para servir a los demás. A él le interesa tanto el dinero que no va a hacer nada por el deporte, todo va a ser para él. Eso te lo afirmo porque si de algo está enamorado, no es de las mujeres ni nada, es del dinero”, advierte Espinosa.

—¿Ni del deporte?

—Ama el dinero, es su su fuente de inspiración. Siempre desde muy chiquito decía: “Yo quiero llegar a ser gobernador porque allá se roba bien, ahí se roba como debe ser”, y  decía: “De que robe alguien más a que me lo robe yo…”. 
—¿Hablaba de sus aspiraciones de dirigir el deporte?
Nunca, no lo escuché decir de la Conade. Él decía: Yo voy a ser gobernador de Yucatán'. 
En respuesta a una solicitud de entrevista, Rommel Pacheco sólo dijo por escrito que los bienes que forman su patrimonio están declarados y registrados conforme a la ley. “Por lo que se refiere a las manifestaciones de terceros, los registros y actividades de la adquisición son de libre consulta en el Registro Público de la Propiedad”. El funcionario precisó que es lo único que dirá sobre el tema.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BEATRIZ PEREYRA.

Casas ocultas y declaraciones manipuladas: la doble vida patrimonial de Rommel Pacheco

El director de la Conade ha ocultado y enmascarado sistemáticamente sus propiedades en las declaraciones patrimoniales que ha hecho como funcionario; una de ellas, una casa de la cual despojó a Paola Espinosa, su expareja.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, mintió en las declaraciones patrimoniales que presentó como servidor público entre 2020 y 2025 para ocultar casas y terrenos, una de las cuales renta sin declarar los recursos económicos que obtiene y otra de la que despojó bajo amenazas a la medallista olímpica Paola Espinosa, con quien sostuvo una relación de pareja durante 11 años. 

Así, en violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que en México están obligados a observar los funcionarios de los tres niveles de gobierno, Rommel Pacheco, bajo protesta de decir verdad, también omitió declarar un grupo de bienes inmuebles de su propiedad, así como el dinero que al menos por uno de ellos obtiene y proporcionó información falsa y tergiversada.

Tras revisar las cinco declaraciones patrimoniales que Pacheco ha presentado, tres de ellas —una inicial, una de modificación y una final entre 2020 y 2021— como teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dos —una inicial y una de modificación de octubre de 2024 a mayo de 2025— como titular de la Conade, Proceso realizó una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, de donde es originario Rommel Pacheco. La información disponible no corresponde con lo declarado. 

La primera irregularidad asoma cuando en las declaraciones aparece que Pacheco es propietario de una casa y de un terreno en San Crisanto, una localidad costera del estado de Yucatán, ubicada en el municipio de Sinanché, a poco más de una hora de la capital Mérida. 

Según sus declaraciones patrimoniales, la casa, de supuestamente 180 metros cuadrados de superficie, la compró el 27 de abril de 2013 a un precio de un millón 640 mil pesos que le pagó a la persona moral denominada Ejido de San Crisanto, y que el terreno, de mil 231 metros cuadrados, lo adquirió el 18 de noviembre de 2010 a cambio de 514 mil 881 pesos que también pagó a los ejidatarios. 

No obstante, la información que obra en el Registro Público es que el supuesto terreno en realidad es una casa ubicada en la calle 25 que compró cuando él tenía 24 años y la supuesta casa no existe en San Crisanto, pues se trata de una propiedad de la cual despojó a Paola Espinosa como se verá más adelante. 

Proceso se trasladó al lugar donde corroboró que cualquier persona de esa comunidad sabe que esa casa es de Rommel Pacheco y que la renta.

Se llama Casa Chukum y está ubicada muy cerca de la entrada a San Crisanto frente a la playa, lo cual eleva su precio. Ahí, una lugareña a la que se le pide informes invita a pasar y recorrerla, pero cuando se le pregunta si es la casa de Rommel Pacheco se pone nerviosa y abre los ojos. “No sé, yo no puedo decirle eso”, responde. Pero ante el cuestionamiento de que varias personas del pueblo dieron esa información no tiene más remedio que asentir.

Al llegar a la zona de la alberca el fondo de mosaicos azul cielo contrasta con la figura de un clavadista, diseñada con azulejos de un tono más oscuro. La forma del cuerpo e incluso del cabello no deja margen a la duda. Es la silueta del director de la Conade. 

Las ganancias del “guapo”

La mujer de la Casa Chukum accede amablemente a proporcionar el teléfono de una persona de nombre Jorge a quien hay que llamar para saber los precios de la renta y las condiciones de pago. Ella, dice, no sabe más, y se queda con la angustia de que una desconocida tuviera esa información que es vox populi, porque la gente lo menciona cuando uno pregunta en algún restaurante, a quien va pasando por la calle o incluso en la Casa Ejidal de San Crisanto, donde proporcionaron dos números telefónicos de personas quienes tienen toda la información sobre los dueños de las casas y los terrenos en el lugar.

Uno de ellos, a quien se le preguntó vía telefónica, lo confirmó. “Esa casa ya la verifiqué y sí está a nombre de Rommel Pacheco (...) es la que está en la calle 25, entre 64 y 66”, dijo la persona cuyo nombre se omite para evitar represalias. 

Lo mismo hizo el señor Jorge, quien trabaja para la Inmobiliaria Flamingo, empresa que, según la información proporcionada, administra la Casa Chukum que también se renta en plataformas como Airbnb, Expedia o Booking.

Un colaborador de Proceso simuló ser una persona interesada en rentar la casa para una fiesta durante un fin de semana. De entrada, el señor Jorge informó que tiene que ser de viernes a lunes, no se puede sólo sábado y domingo. Esta persona también confirmó que se trata de la casa de Pacheco, aunque reconoció que es información que no debería compartir. Tampoco tuvo remedio cuando quien le llamó le dijo que en Instagram aparecen fotografías de Pacheco en la casa. 

“Sí, lo que pasa es que es una casa medio famosita, de una persona famosita”, dice Jorge. 

—¿De quién es? —pregunta el interesado.

—Je, je. No le puedo decir de quién es, pero sí es una persona de la farándula.

—El que está en las fotos es Rommel Pacheco, el clavadista...

—Sí, era un diputado algo así. Fue clavadista de aquí de Mérida, olímpico, y fue diputado y creo ahorita es algo de la Conade, algo así creo es el director de la Conade. 

Tras haber proporcionado un primer presupuesto de casi 48 mil pesos, dos días después mandó otro más caro, por más de 75 mil pesos, pues explicó que se equivocó. En este precio por pago en efectivo aplica un descuento de 21 por ciento.

El señor Jorge fue muy insistente en que de preferencia el pago se hiciera en efectivo y que tampoco se solicitara factura. Esto, añadió, ofrece otro pequeño descuento, ya que no se paga el IVA. 
Si lo pueden hacer todo en efectivo, mejor (...) también te puedo hacer una liga de pago que se llama Stripe. Se paga en el país que estés y a mí me cae en pesos. 
Finalmente, el señor Jorge accedió a compartir el número de cuenta al cual se transfiere el dinero por la renta del lugar. Se trata de una cuenta de BBVA a nombre de Comercializadora Jorshapi S de RL de CV. De esta manera no hay rastro de que esos ingresos vayan a parar directamente a la bolsa de Rommel Pacheco.

Jorshapi es una empresa que fue creada por dos mujeres en la notaría 33 de Mérida (de María del Carmen Baltazar Arceo) en julio de 2023. Cinthia Beatriz López Reyes, de 53 años, y Betshua Janine Aguilar López, de 33, con domicilio fiscal en la calle 45 número 352 entre 18 y 20, en el Fraccionamiento Juan Pablo Segundo. Once meses después, ambas cedieron sus acciones a favor de Lilia Aparicio Cabrera y de Sadat Noé Guzmán Rodríguez. 

Por si quedara alguna duda de que Rommel Pacheco es propietario de una casa y no de un terreno y que se beneficia económicamente sin reportar que tiene esos ingresos, su esposa, Yajaira Alhely Falla Aguilar, con quien se casó el 21 de abril de 2021, publicó tres videos en Facebook donde ella misma contó que ella y Pacheco tienen esa propiedad “desde hace muchos años”, que siempre está rentada y narró que los últimos inquilinos que la tuvieron la entregaron en mal estado, razón por la cual tuvo que remodelarla por completo.

“(...) La cosa es que esta casa la tenemos desde hace muchísimos años. El guapetón (Rommel) la renta. Honestamente me gustaría vivirla más, pero siempre está rentada, se renta desde por fines de semana, hasta por meses y hasta por años, como tú quieras (...) Decidí echarle una mano a mi marido para poner en orden todo este show. Para quienes nos siguen desde hace muchísimos años recordarán que aquí es donde pasamos toda la pandemia el guapetón y yo. También deben de recordar que aquí es donde estuvimos haciendo todos los videos durante pandemia de recetas de cocina y también el guapetón estuvo haciendo los videos de ‘Aprende en casa’. No sé si ustedes lo recuerdan, pero él era el maestro de educación física que salía en la televisión. Ahora bien, la parte buena es que siempre está rentada, la parte mala es que siempre nos quedamos con las ganas de estar en ella”.

En los videos de Yajaira Falla, conocida en las redes sociales como Lylo Fa, se ve todo el interior y exterior de la casa, pero ella también la describe en las tres publicaciones que hizo entre julio y septiembre de 2024. 

“Regresando al tema de la casa, como pueden ver, es muy amplia y tiene muchísimos espacios y amenidades para disfrutar con la familia, con los amigos, para una fiestita. Tiene tres cuartos, dos con su baño, closet y el tercer cuarto es nuestro favorito, es el que está en el segundo piso y tiene una terraza gigantesca como para hacer una cena muy grande a la luz de la luna (...) Si tu familia y tú son pachangueros, no te preocupes que aquí tenemos una barra, asador, camastro, sala, comedor y todo con una vista maravillosa a la piscina (...) Todos los cuartos cuentan con aire acondicionado, amplias y cómodas camas, todos tienen que su baño, que si sus amenidades para que salgas a la playita (...) Pero si tú eres de esos que dices: ‘Me gusta estar con mi familia, pero no tan cerca porque necesito mi espacio’. No te preocupes que en el segundo piso tengo un departamento, una master suite, totalmente independiente (...) Aquí vas a tener tu área de lectura, tu televisor, tu frigobar, tienes tu barra (...) Ay, se me estaba olvidando, y ya se me está acabando el tiempo, porque bendito seas, hay la forma de un clavadista en la piscina. Miren, nenas, la conclusión es que este lugar es maravilloso para pasar un par de días con la familia y lo del clavadista se los respondo en otro video”.


Lo casa de Paola que Rommel se quedó

En la búsqueda de propiedades a nombre de Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, en el Registro Público de la Propiedad aparece el Folio Electrónico 1078459 donde puede leerse que el 6 de enero de 2017, ante la notaría número 35 del estado de Yucatán de Ayisa Golib Ferrón, el director de la Conade compró a Paola Milagros Espinosa Sánchez la mitad de una casa ubicada en el Fraccionamiento Residencial Montecristo, una de las zonas de mayor plusvalía en el norte de Mérida. 

De acuerdo con la información disponible, Pacheco Marrufo pagó a Paola Espinosa 820 mil pesos por el 50% de la propiedad. Justamente el año anterior, previo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, habían terminado su relación como pareja. En el mismo folio del predio aparece otra información que desnuda la trampa que hizo Rommel Pacheco para ocultar esa casa y mentir en sus declaraciones patrimoniales.

De acuerdo con la escritura pública número 169, esa casa de Montecristo, que tiene 218 metros cuadrados de superficie, la compraron Paola y Rommel el 27 de abril de 2013 por un monto de un millón 640 mil pesos. La parte vendedora fue la Constructora VNP, SA de CV, que estuvo representada por Jorge Alfonso Borges Ordóñez. 

Esto significa que en lugar de poner en sus declaraciones patrimoniales la existencia de esta casa, Pacheco Marrufo la ocultó simulando que es una propiedad ubicada en San Crisanto, que él fue el único comprador y que la adquirió del ejido en mención y no de una compraventa a Paola Espinosa. 

Consultada al respecto para verificar la información, Espinosa aceptó dar una entrevista. Aclaró que, efectivamente, ella compró esa casa que, además, nunca conoció. Dijo que la adquirió a petición de Rommel Pacheco, quien la convenció de que la compraran. Supuestamente ahí vivirían cuando se casaran. Reconoce que Pacheco contribuyó con alrededor de 200 mil pesos para dar un pago inicial, pero que el resto del dinero salió de su bolsa y ella aceptó ponerla a nombre de los dos. 

Eso, añade, ocurrió con otras dos casas más que ella también pagó, una en la zona de Fuentes Brotantes, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, y otra en Tequesquitengo, municipio de Jojutla, en el estado de Morelos, que la entonces clavadista compró en su totalidad.


Peor aún, la doble medallista olímpica y ahora diputada federal por el PAN cuenta que en realidad Rommel Pacheco la despojó de esa casa, ya que no le pagó ni los 820 mil pesos que aparecen consignados en el folio electrónico. Según las capturas de los mensajes de WhatsApp que intercambió con su entonces ya exnovio —y que proporcionó a esta reportera con la condición de no publicarlas porque contiene conversaciones personales entre ambos— Pacheco le ofreció 600 mil pesos para que le cediera el 100% de la casa de Mérida y, a cambio, le firmaría el 50% de las propiedades en la Ciudad de México y Morelos, por las cuales él había desembolsado muy poco dinero. 

“De todas las casas me quitó, pero ésta él la quería por completo. Yo le dije cómpramela. Puedes ponerle el adjetivo que quieras: por tonta yo acordé, no recuerdo la cantidad, pero el acuerdo fue págamelo y ya. Me dio muy poco dinero por esa casa. Yo fui a Mérida, firmamos ante un notario y se acabó. Eso pasó en realidad, esas cosas son con las que siempre se ha manejado Rommel Pacheco y él va a quedar muy bien porque al final me la pagó y suena bien, pero así no fueron las cosas. 

“(Hubo) amenazas mucho tiempo de ‘ya rápido y si quieres este dinero ya te lo doy, porque si no, no te dejo en paz’. Lo que quiero que quede claro es que tal vez no suena grave, pero él hizo todo lo posible para que todo fuera beneficioso para él y esa casa le costara muy poco dinero (...) fue una injusticia, fue súper mala onda de su parte, pero yo lo único que quería era ya deshacerme de él, porque ni a él ni a su familia me los quitaba de encima con el tema de dinero, dinero, dinero todo el tiempo”.

Una “minita de oro”

Proceso consultó a una perito valuadora de Mérida que informó que el metro cuadrado de terreno en Montecristo cuesta alrededor de 10 mil pesos, así que más la construcción que es de 208 metros a precio de 2025 esa casa cuesta ahora unos ocho millones de pesos. Cuando Rommel Pacheco le entregó a Paola Espinosa 600 mil pesos en efectivo la propiedad estaba valuada en por lo menos cinco millones de pesos. 

La operación de la compraventa se realizó con la misma notaría número 35 donde se firmó la primera escritura. Según explica Paola Espinosa, cuando ella llegó a Mérida ya estaba todo cuadrado para que simplemente firmara y Rommel se convirtiera en el único dueño de la casa. 

“Las otras dos casas yo las pagué, él dio si acaso 100 mil pesos o cositas de notario, cosas que son muy sencillas, pero en realidad las cantidades fuertes y la que terminó pagando todo fui yo tanto de coches como de casas y pues él lo que quería era quitarme la mitad de todo. Yo para Rommel fui su minita de oro. Nunca tuvimos de su parte algo en conjunto que él tuviera que comprar, así como yo compraba y lo incluía en todo, él jamás, nunca”. 

Paola Espinosa refiere que la razón por la cual ella aceptó las condiciones de Rommel Pacheco sobre las casas que estaban a nombre de ambos es que la amenazó con “la ley de concubinato”, es decir, le dijo que, como ellos ya llevaban más de cinco años viviendo juntos, a ella, como tenía dinero, le iba a tocar mantenerlo y eso le costaría más caro. 
Era un chiste mal contado cuando estábamos de novios. Siempre decía, pues si nos separamos aquí la que se chinga eres tú porque ya llevamos más de cinco años juntos. O sea, siempre fue como ese chistecito en pareja y mira...
—¿Te sentiste contra la pared?

—No me cayó de sorpresa en lo absoluto porque yo con Rommel estuve 11 años, entonces claro que lo conocía perfecto a él y a su familia. Siempre supe que en el momento que hubiera problemas, él y su familia me iban a quitar lo que tenía. Siempre creí que me iba a quedar ahí de tonta con él, nunca creí abrir los ojos. Y dicho y hecho, en cuanto pasó (la separación) , su hermano (Irak Greene Marrufo) y su mamá (Landy Marrufo Morales) enloquecieron. 

—¿Exploraste la posibilidad de dar una batalla legal?

— No, porque en ese momento para mí fue como traer un alacrán en la espalda. Él y su familia son exageradamente absorbentes. Si hoy me preguntas, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Por mí hubiera preferido perder los millones de pesos en esa casa que seguir ahorita en una batalla. 

Otra casa oculta

En sus declaraciones patrimoniales Rommel Pacheco también omitió mencionar una casa que se encuentra en el centro de Mérida. La propiedad, sin embargo, sí aparece en el Registro Público. Se trata de un inmueble ubicado en la calle 76, de 178 metros cuadrados, que compró el 28 de abril de 2021, es decir, siete días después de haber contraído matrimonio por lo civil con Yajaira Falla. Sin embargo, su estado civil aparece como soltero. Pagó 580 mil pesos por ella a un señor de 70 años ya pensionado. 

Esa casa está siendo remodelada. El día de octubre último cuando Proceso la visitó se encontraba un grupo de trabajadores ejecutando la obra. 

En las declaraciones patrimoniales de Rommel Pacheco sí aparece otra casa de 168 metros de superficie y 174 de construcción, por la cual declaró que pagó 630 mil pesos y la adquirió el 14 de agosto de 2020. En el Registro Público no está registrada esa casa, pero sí otra localizada en la colonia San Pedro Cholul de 180 metros cuadrados que compró el 22 de mayo de 2020 a cambio de 525 mil pesos. 

Otra irregularidad grave es que dicha casa en la colonia San Pedro Cholul y otras tres propiedades Rommel Pacheco las mantuvo ocultas, pues no las reportó en sus declaraciones patrimoniales de 2020 y 2021. Esas cuatro propiedades las hizo públicas hasta que tomó la dirección de la Conade. 

Las propiedades son las siguientes: 1) un terreno de mil 394 metros cuadrados que compró el 18 de septiembre de 2006 por 130 mil pesos cuando él apenas tenía 20 años. Se ubica en la localidad de Cholul y aparece con el folio electrónico 632623, 2) otro terreno de 10 mil 75 metros que le costó 400 mil pesos que adquirió el 22 de mayo de 2020. Es una propiedad ubicada en Puerto Progreso que le compró a tres muchachos que son hermanos, 3) otra casa de 364 metros de superficie que le costó un millón 500 mil pesos en 2019 y que se ubica en la colonia San Esteban y 4) la citada casa de la colonia San Pedro Cholul. 

Estas cuatro propiedades debió reportarlas cuando fungía como teniente en la Sedena en sus declaraciones patrimoniales del 6 de junio de 2020 y del 31 de mayo de 2021. Rommel Pacheco Marrufo debió haber sido sancionado por ocultarlas.

Más propiedades

Otra propiedad que Rommel Pacheco tiene y no ocultó es una casa que compró junto con su esposa el 2 de agosto de 2022, cuando se desempeñaba como diputado federal por el PAN. Se trata de una propiedad de mil 95 metros cuadrados ubicada en el Club de Golf La Ceiba, en la calle Caimito, por la cual entre los dos pagaron cinco millones de pesos. 

De acuerdo con lo que indica la propia declaración patrimonial, Pacheco no está obligado a hacerla pública porque se trata de un bien en copropiedad con su esposa Yajaira Falla, con quien está casado por separación de bienes, y quien declaró ser nutrióloga de profesión. Mencionarla simplemente contribuye al conteo de casas y terrenos.

Además, Rommel Pacheco Marrufo tiene otras propiedades que sí aparecen en sus declaraciones patrimoniales: un departamento de 70 metros en la Ciudad de México que le costó 460 mil pesos en 2009 y que, curiosamente, aunque también está en copropiedad con su esposa sí lo hizo público; y una casa de 218 metros en Tixkokob, un poblado a 40 minutos de Mérida, que compró en 2002 por 20 mil pesos a sus tíos maternos. 

Todas las casas y terrenos que Rommel Pacheco hizo públicas en sus declaraciones patrimoniales las compró de contado. 

“En mi humilde opinión, Rommel no tiene las cualidades que se necesitan para ser un servidor público. No tiene empatía con las demás personas, es primero él, después él y luego él. Fue un deportista que se retiró enojado con todo el mundo que no le lamió las botas, ahora que ya tiene este puesto, (está) a venganzas con todas esas personas que le cayeron mal. 
Personas así en la Conade sirven para servirse a ellos mismos, pero no para servir a los demás. A él le interesa tanto el dinero que no va a hacer nada por el deporte, todo va a ser para él. Eso te lo afirmo porque si de algo está enamorado, no es de las mujeres ni nada, es del dinero -advierte Espinosa.
—¿Ni del deporte?

—Ama el dinero, es su su fuente de inspiración. Siempre desde muy chiquito decía: “Yo quiero llegar a ser gobernador porque allá se roba bien, ahí se roba como debe ser”, y  decía: “De que robe alguien más a que me lo robe yo…”. 
—¿Hablaba de sus aspiraciones de dirigir el deporte?

—Nunca, no lo escuché decir de la Conade. Él decía: “Yo voy a ser gobernador de Yucatán”. 

En respuesta a una solicitud de entrevista, Rommel Pacheco sólo dijo por escrito que los bienes que forman su patrimonio están declarados y registrados conforme a la ley. “Por lo que se refiere a las manifestaciones de terceros, los registros y actividades de la adquisición son de libre consulta en el Registro Público de la Propiedad”. El funcionario precisó que es lo único que dirá sobre el tema.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BEATRIZ PEREYRA.

Auditoría oculta información de irregularidades en la compra de medicinas durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos

La Auditoría Superior de la Federación testó nombres, fragmentó expedientes y reservó las pruebas de que una red de empresas ligada al círculo de Cuauhtémoc Blanco cobró millones por medicinas y servicios que nunca llegaron a los hospitales de Morelos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) está ocultando las pruebas que recabó sobre medicinas no entregadas, y servicios de anestesia y mantenimiento de equipo médico que no se dieron en 238 hospitales, pero por los que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos pagó al menos 323 millones de pesos.

Animal Político hizo una solicitud de transparencia a la ASF para revisar el expediente de la auditoría realizada a Servicios de Salud de Morelos, pero la institución a cargo de David Colmenares, separó del archivo todo lo relacionado con las pruebas de incumplimiento, argumentando que dicha documentación fue enviada al “área de seguimiento”, dado que la investigación continuaba abierta.

Entre los documentos rasurados están los reportes de las visitas que los auditores hicieron a hospitales y almacenes de Morelos con los que comprobaron los incumplimientos; las entrevistas con los funcionarios de los hospitales que confirmaron el desabasto; facturas emitidas por las empresas; archivos contables de Servicios de Salud de Morelos; reportes fotográficos de los servicios, y evidencia documental del suministro de medicamento a hospitales y clínicas.

Todo lo anterior fue mencionado en la auditoría de cumplimiento forense número 1355, hecha a Servicios de Salud de Morelos, en la que confirmaron que las empresas Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación incumplieron contratos.

Animal Político reveló que estas tres empresas están relacionadas entre sí por sus socios y representantes legales y compitieron en los mismos procesos de contratación, simulando competencia y obtuvieron contratos por actividades no contempladas en su objeto social.

Además, integrantes de estas empresas son socios de Christian Carmona, consejero estatal de Morena, quien fue allegado a Blanco durante su gobierno y también es primo hermano de Héctor Barón Olivares, el exdirector de los Servicios de Salud de Morelos, quien firmó al menos 11 contratos a favor de la red de empresas.

La fragmentación de un expediente es un ejemplo de opacidad por parte de la Auditoría, advirtió Gerardo Lozano Dubernard, quien entre entre 2018 y 2021 fue auditor especial de Cumplimiento Financiero.

“Tendría que estar la documentación completa. Una de dos, o es un dictamen hecho sobre las rodillas, lo cual sería gravísimo, o rasuraron el expediente, que es lo que yo creo que sucedió, para que ustedes no tengan la información a la vista”, dijo Lozano.

Con su experiencia de tres años en la ASF, Lozano Dubernard insistió en que “tú mandas a seguimiento todo el expediente completo, mandas todo, no mandas una parte. Lo digo porque estuvimos ahí. Nosotros terminamos la auditoría y enviamos el expediente completo”.

La instancia encargada de revisar y vigilar la actuación de la auditoría corresponde a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, presidida por Javier Herrera Borunda, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este medio lo buscó para conocer qué medidas tomarían ante esto, pero no aceptó la entrevista.

Auditoría testa información clave

Además de entregar el expediente incompleto, la ASF testó datos clave de la investigación, como el nombre y el Registro Federal del Contribuyente (RFC) de las empresas que incumplieron con servicios, una información que tampoco está disponible en el informe público de auditoría. Sin embargo, para la investigación, Animal Político obtuvo los contratos y pudo confirmar el nombre de las compañías.

Ocultar los nombres de las empresas que reciben recursos públicos contraviene una tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el 19 de noviembre de 2021, en la que resolvió que no se puede ocultar los nombres de las empresas en los informes de la auditoría.

“La transparencia en la fiscalización de las operaciones relacionadas con recursos públicos no tendría sentido si se testara el nombre de los particulares involucrados, ya que son éstos quienes prestan los servicios que constituyen la materia del escrutinio”, resolvió la Suprema Corte.

El Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, dirigido por Lozano Dubernard, detectó que el ocultamiento de las empresas es sistemático. En una revisión hecha a 20 informes de resultados de auditorías de la cuenta pública 2023, la organización encontró que en ningún caso se menciona el nombre de las compañías implicadas en presuntos hechos de corrupción.

Incumplimientos en el sector salud de Morelos

El pasado mes de septiembre, Animal Político reveló que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos entregó 323 millones de pesos a una red de tres empresas integradas por socios del consejero estatal de Morena, Joan Christian Carmona Barón, para la compra de medicinas y servicios a hospitales, pero los contratos no se cumplieron.

Esto afectó a pacientes de 238 clínicas y hospitales del estado que no recibieron antibióticos, oncológicos, ni los servicios de anestesia indispensables para realizarles cirugías. Tampoco hubo mantenimiento ni reparación para las máquinas de rayos X, incubadoras, ventiladores y desfibriladores para el corazón.

El monto desviado es sólo una muestra. Las tres empresas que incumplieron servicios recibieron 20 contratos del gobierno de Blanco por hasta mil 161 millones de pesos entre 2022 y 2023, según consta en los documentos oficiales.

Aunque la auditoría ocultó los nombres de las compañías en sus reportes, Animal Político accedió a los contratos y detectó la red conformada por Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos, empresas que entre los cinco y ocho meses de haber sido creadas empezaron a ganar contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente es diputado federal de Morena.

Los recursos que recibió esta red de empresas provenían del gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de la compra consolidada que hizo el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), institución que sustituyó al Seguro Popular, programa transexenal eliminado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al acusar supuesta corrupción.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Chiapas: exsecretario de Salud morenista también se subió a la caravana

José Manuel Cruz Castellanos, exsecretario de Salud estatal, se valió de programas de salud con fines de promoción personal, beneficiando a una empresa ligada a Adán Augusto López.

En Chiapas el médico José Manuel Cruz Castellanos, actualmente senador, fungió durante el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas como el principal vínculo con el entorno político y empresarial del grupo relacionado con el entonces mandatario estatal, con Adán Augusto López Hernández y Rosalinda López Hernández.

Durante su gestión al frente de la Secretaría de Salud de Chiapas, el hoy presidente de la Comisión de Salud del Senado fue duramente cuestionado, primero por su falta de arraigo en el estado, ya que su carrera profesional se desarrolló principalmente en Tabasco, y después por su desempeño durante la pandemia, cuando llegó a declarar que quienes contraían el virus quedaban prácticamente “chafiretes”.

En tiempos de definiciones electorales, el senador por Morena también fue cuestionado por el presunto uso de programas de salud con fines de promoción personal. Su grupo político, denominado Grupo Tabasco, decidió impulsarlo como aspirante a la gubernatura y en ese contexto José Manuel Cruz Castellanos inició las llamadas Caravanas de la Salud, con las que recorrió todo Chiapas promoviendo su nombre e imagen.

Mediante el Sistema Nacional de Transparencia, esta reportera tuvo acceso a diversos contratos y órdenes de pago correspondientes al periodo 2019-2023, vía los cuales la Secretaría de Salud de Chiapas contrató, por adjudicación directa, a la empresa FMedical, SA de CV, propiedad del empresario Fernando Padilla Farfán, socio de Adán Augusto López Hernández.

Los contratos suman al menos mil 974 millones de pesos entre 2019 y 2023, y están relacionados con el uso de unidades móviles instaladas en los lugares determinados por el gobierno de Chiapas.

Entre marzo y diciembre de 2019 FMedical acumuló...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0029 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

El hospital que Ramírez Bedolla pagó en comunidad indígena y no se construyó

El gobierno de Michoacán pagó por un hospital no concluido en una comunidad indígena y ahora debe aclarar el uso de 120 millones de pesos, según auditoría.

El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán no hizo efectiva una fianza por el incumplimiento en la construcción de un hospital integral situado en una comunidad indígena con un alto grado de marginación. 

Al no hacerlo, vulneró el derecho a la salud de pobladores que enfrentan pobreza y rezago social, porque el nosocomio debía estar concluido y dar servicio completo en febrero pasado.

El fallo en la entrega, con base en el contrato original, generó conceptos pagados, con cargo al erario, que son inexistentes en el hospital.

Por ello, más la falta de amortización de un anticipo otorgado con recursos del Programa de Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social por la misma obra, la administración del morenista Ramírez Bedolla debe aclarar el uso de 119 millones 964 mil 983.33 pesos.

Al fiscalizar los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federativa para ser Ejercidos en Materia de Salud, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las especificaciones del contrato número SSM/OP/AD-001/2024, relativo a la “Construcción de segunda etapa y terminación del Hospital Integral Comunitario de la localidad de Arantepacua, Municipio de Nahuatzen”, no coinciden con los resultados, por falta de obras.

Aunque la auditoría 1241, parte de la segunda entrega de informes de fiscalización de la cuenta pública 2024, no especifica los faltantes en cuanto a infraestructura, afirma que detectó “sobrecostos determinados en función de la obra no ejecutada” por 23 millones 842 mil 422.28 pesos, por lo que demanda que “aclare y proporcione” la documentación comprobatoria o el reintegro del dinero a la Hacienda federal.

Según el informe, los Servicios de Salud de Michoacán firmaron el contrato SSM/OP/AD-001/2024 por un monto de 228 millones 855 mil 900 pesos, con un periodo de ejecución del 5 de junio de 2024 al 9 de febrero de 2025.

Cuando llegó el día de entrega, la obra sólo tenía un avance del 22.4% con respecto al programa general de los trabajos.

El propio gobierno michoacano, bajo el mando de Alfredo Ramírez Bedolla, inició un procedimiento de rescisión administrativa del contrato porque “…durante la ejecución de los trabajos se presentaron irregularidades en el cumplimiento del programa calendarizado y las actividades convenidas, a cargo del contratista, pues presentaban retraso en porcentaje de obra de manera permanente, eventos que quedaron asentados en múltiples notas de bitácora …”

Ese proceso para rescindir el acuerdo lo hizo oficial por medio del oficio SSM/5009/2025/23161, así como en actas circunstanciadas de fechas 1 y 25 de abril de 2025; es decir, hasta dos meses después de la fecha para que la obra fuera entregada.

EMEEQUIS rastreó que, antes de la intervención de la auditoría, el gobierno de Michoacán, en sus Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, como parte del ejercicio del gasto y su “Sistema de Recursos Federales Transferidos”, validó los “avances” del hospital y no emitió nunca observación en 2024 por este “Proyecto de Inversión de Infraestructura Social” que se construía con desfase.

Incluso, al cierre anual, de acuerdo con la información que le aprobó el Ejecutivo, el contratista reportaba haber ejercido en su totalidad los 132 millones 733 mil 376.46 pesos que la administración estatal le había dado.

En esos mismos informes, el sector salud expuso que la obra atendería a 3 mil 408 mujeres y 3 mil 146, en una comunidad indígena de alta marginación donde 23 por ciento de la población no sabe leer y escribir por falta de acceso a la educación; 10 por ciento de las viviendas no cuentan con excusados y 92 por ciento no tiene acceso a agua potable entubada, aunado a que el 62 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra.

Al constatar la ASF que la obra pagada no estaba concluida, revisó el cumplimiento de la fianza y corroboró que no había evidencia de que la administración actual la hubiera hecho efectiva.

Además, detectó que los Servicios de Salud de Michoacán optaron por realizar el cálculo de sobrecostos en función de la obra no ejecutada, por 23 millones 842 mil 400 pesos, en vez de aplicar una penalización para la empresa que, aunque la auditoría no la menciona, es I 25 S.A. DE C.V.

Adicionalmente, los auditores comprobaron que Salud sólo pagó dos estimaciones con recursos del Programa E001 2024 por 18 millones 147 mil 600 pesos y realizó las retenciones y enteros por concepto del 5 al millar a la anteriormente denominada “Secretaría de la Función Pública (SFP)”, ahora “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG)”por 157 mil 800 pesos; además, otorgó un anticipo por 114 millones 428 mil pesos, de los cuales se acreditó que fueron amortizados 18 millones 305 mil 400 pesos, por lo que están pendientes por amortizar 96 millones 122 mil 600 pesos, que también reclama como faltantes.

De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2024, el municipio de Nahuatzen, donde se sitúa la comunidad indígena de Arantepacua, tiene una población de 24 mil 451 habitantes, de los cuales 78.2 por ciento vive en pobreza, 30.1 por ciento en pobreza extrema.

Siete mil 677 personas habitan 1 mil 533 viviendas con techos de material endeble y 8 mil 637 pobladores viven en 1 mil 825 casas con pisos de tierra. Por las condiciones de habitabilidad, 5 mil 298 personas viven hacinadas, 6 mil 72 no tienen acceso al agua potable y 16 mil 859 habitan 3 mil 618 casas sin drenaje.  

En este contexto de rezago social, sólo 2.3% de los habitantes de Nahuatzen, es decir, 717, no son pobres ni vulnerables; el resto enfrenta alguna o más carencias en alimentación, servicios básicos y acceso a la salud.

IMÁGENES:




FUENTE: EMEEQUIS (INVESTIGACIONES)
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

Arte, mansiones y autos de lujo bajo el gobierno de Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla reporta en su declaración patrimonial una casa de 4 millones de pesos, pero quien sorprende es su consejero jurídico, César Augusto Ocegueda, con una propiedad de 200 millones.

El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán enfrenta problemas de seguridad en un entorno marcado por el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que plantó cara al crimen organizado y fue ejecutado por un joven de 17 años el pasado 1 de noviembre. 

Pero el mandatario morenista también tiene otros pendientes: la falta de austeridad de él y su propio gabinete, que no han dudado en tener propiedades millonarias y autos de lujo, como así lo revela una investigación de EMEEQUIS basada en la revisión de sus declaraciones patrimoniales. 

EL CASO DE BEDOLLA: LA CASA DE CUATRO MILLONES DE PESOS

El 2 de noviembre, Ramírez Bedolla llegó a un evento lejos de su agenda de gobierno: el funeral de Carlos Manzo. Sin embargo, ese acto de presencia de aparente solidaridad terminó con abucheos en su contra y huida entre reclamos.  

Pero más allá de la efectividad que la estrategia de seguridad del gobernador haya tenido en Michoacán, el mandatario vive una historia de bonanza. 

Según su declaración patrimonial actualizada en 2025, el gobernador reportó un inmueble valuado en cuatro millones de pesos, adquirido mediante crédito en 2022, con una superficie de 212 metros cuadrados. Es decir, cuando llevaba un año al frente del estado.

El funcionario aclaró que fue un error suyo.

Unos años antes, declaró un vehículo Honda Pilot 2019, valuado en 809 mil 900 pesos, igualmente adquirido a crédito y que sigue poseyendo. 

Registra 264 mil pesos por arrendamiento de inmuebles.

Además, forma parte de una empresa llamada PRO ORIGEN, la cual, según afirma en su declaración patrimonial, no le genera ingresos. En total, su sueldo neto anual como funcionario es de 1 millón 115 mil 9 pesos.


EL CASO DE CÉSAR AUGUSTO OCEGUEDA ROBLEDO Y SU CASA DE 200 MILLONES 

Sin embargo, el caso que más llama la atención por su magnitud es el de César Augusto Ocegueda Robledo, consejero jurídico del Estado de Michoacán desde 2021, que tiene una historia controvertida entre empresarios y políticos por presuntamente “hacer trampas jurídicas” cuando fue secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso local (según narra una editorial de El Universal).

De acuerdo con su declaración patrimonial, Ocegueda posee un inmueble pagado al contado con un valor de 200 millones de pesos. Sí, 200 millones de pesos. Adquirido en 2013 a la empresa Creación e Innovación de Espacios Sustentables S.A. de C.V.


Asimismo, reporta otro inmueble adquirido a crédito en 2024, cuando ya estaba en funciones, con un costo de 10 millones de pesos y una superficie de 990 metros cuadrados.
  • También declaró varios vehículos, entre ellos:
  • Un Mini Cooper valuado en 150 mil pesos.
  • Un BMW adquirido en 2014 por 180 mil pesos.
  • Y un Mercedes Benz de 2016, por 320 mil pesos.
La riqueza de Ocegueda resulta difícil de justificar, pues, según su currículum y su propia declaración patrimonial, ha ocupado únicamente cargos públicos desde 2013. Su salario actual asciende a 2 millones 150 mil pesos anuales, lo que significa que tardaría más de 93 años en reunir el monto equivalente al de su inmueble de 200 millones de pesos.

Incluso para cubrir el crédito de la casa de 10 millones, tendría que destinar 4.65 años íntegros de su sueldo actual. 

Según su CV en la Secretaría de Contraloría estatal, Ocegueda trabajó un año (2019) en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán (actualmente prófugo de la justicia), como subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, adscrito a la Secretaría de Gobierno, que estaba a cargo de Carlos Herrera Tello.

EL CASO DE RAÚL ZEPEDA VILLASEÑOR: 2 MILLONES DE PESOS AL CONTADO

Otro caso que genera dudas sobre la austeridad bajo el gobierno Ramírez Bedolla es el de Raúl Zepeda Villaseñor, encargado de la Secretaría de Gobierno del estado, y parte de la oficina del gobernador junto con Ocegueda. 

Su ingreso anual actual es de 1 millón 111 mil 690 pesos, y, al igual que en el caso anterior, ha ocupado únicamente cargos públicos desde 2010.

Sin embargo, en 2021, pagó de contado un inmueble con un valor de 2 millones 362 mil 574 pesos, adquirido por compraventa.


También adquirió en 2018 otro inmueble por donación, valuado en 369 mil 500 pesos. En 2019, obtuvo otro bien, también donado, por 185 mil 950 pesos, y en 2022 adquirió un cuarto inmueble a crédito, por 3 millones 500 mil pesos. ¿De dónde salieron estos bienes? 

A ello se suma una colección de pinturas y cuadros valorados en 600 mil pesos, según consta en su declaración patrimonial. 

Esta riqueza, que va en contra de los valores de austeridad republicana de la Cuarta Transformación, es un vistazo a la vida política de Michoacán; un estado que sufre de violencia mientras sus políticos compran propiedades millonarias, vehículos y obras de, todo bajo el amparo de Ramírez Bedolla y las personas que sirven en las oficinas de su estado. 

Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad, quien fuera acusado de impedir el trabajo de una fotoperiodista en las protestas por el asesinato de Carlos Manzo, a pesar de tener una maestría en derechos humanos, sólo reportó un terreno de 425 mil pesos adquirido en 2023, antes de que fuera designado por Ramírez Bedolla en su actual cargo.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Dan 47 años de prisión a siete expolicías de Nicolás Romero por "facilitar" un homicidio

A los siete sentenciados además les fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos, y también se les investiga por su probable intervención en la privación ilegal y de la vida de 10 personas cuyos restos trataron de ocultarse en dos pozos ubicados en la misma demarcación.

Siete expolicías municipales de Nicolás Romero fueron sentenciados a 47 años y medio de prisión por homicidio, como resultado de la Operación Enjambre mediante la que fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios de diversos municipios mexiquenses presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado y/o de alto impacto.  

Los condenados, cinco hombres y dos mujeres, responden a los nombres de Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.

El delito del que fueron acusados ocurrió el 9 de febrero de 2024, en la calle Francisco Villa, colonia La Libertad, de ese municipio, donde la víctima se encontraba en un negocio destinado a la venta de alimentos.   

Al lugar arribaron ocho individuos a bordo de dos vehículos compactos, quienes descendieron de las unidades y realizaron detonaciones de arma de fuego contra esta persona, ocasionándole la muerte.  

La investigación de la Fiscalía mexiquense llevó a establecer que los detenidos intervinieron en este homicidio al obstruir con una unidad oficial la vialidad para que otros vehículos no transitaran por el lugar y con ello facilitar que los autores materiales cometieran el homicidio.  

El octavo imputado, también elemento de la corporación, identificado como Francisco Javier “N”, alias “El Javis y/o Aragón”, fue detenido el 8 de mayo pasado y es investigado por el mismo hecho.  

En tanto, a los siete sentenciados además les fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos, y también se les investiga por su probable intervención en la privación ilegal y de la vida de 10 personas cuyos restos trataron de ocultarse en dos pozos ubicados en la misma demarcación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Detectan irregularidades en apoyos a damnificados del huracán Otis

Entre los hallazgos principales, la ASF reportó que no se entregaron 214 expedientes de beneficiarios ni la documentación comprobatoria por un monto de 2.7 millones de pesos, lo que impide comprobar el destino de dichos recursos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades en el manejo del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, operado por la Secretaría de Bienestar, durante la segunda revisión a la Cuenta Pública 2024.

La auditoría de cumplimiento, bajo el número 2024-0-20100-19-0289-2025, tuvo como objetivo verificar que los recursos del programa se ejercieron conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Entre los hallazgos principales, la ASF reportó que no se entregaron 214 expedientes de beneficiarios ni la documentación comprobatoria (recibos y órdenes de pago) de apoyos económicos por un monto de 2.7 millones de pesos. Esta situación impidió comprobar el destino de dichos recursos.

Además, se identificaron pagos en exceso por un total de 56 mil pesos a siete beneficiarios en el estado de Guerrero, en el contexto de la emergencia causada por el huracán Otis. 

Estas personas recibieron más de un apoyo económico por concepto de trabajos de limpieza, lo que no está permitido por las reglas de operación del programa.

En total, la ASF determinó un posible daño a la Hacienda Pública por 14.2 millones de pesos. Durante el proceso de auditoría se recuperaron recursos por 11.3 millones. El resto, por un monto de 2 millones 693 mil pesos, permanece pendiente de aclaración.

Esta auditoría se enmarca en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, elaborado conforme al Plan Estratégico de la ASF.

Cabe recordar que, en auditorías previas correspondientes a la Cuenta Pública 2023, la ASF también documentó irregularidades en la atención a emergencias. 

En particular, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió más de 400 mil artículos para damnificados por el huracán Otis sin registrarlos en su Programa Anual de Adquisiciones. En aquel caso, la ASF promovió responsabilidad administrativa por omisiones y deficiencias en la documentación de contratos.

LA INCONFORMIDAD DESPUÉS DE OTIS

Las quejas desde el huracán Otis son largas y abarcan muchos ámbitos: desde las fallas en los apoyos económicos y la destrucción de la infraestructura de Acapulco, hasta el deterioro de los tesoros ecológicos del puerto.

Uno de los casos fue reportado por el medio local El Sur. Se trata de la primaria Baltazar R. Leyva Mancilla, que no cuenta con bardas perimetrales desde que el huracán Otis las derribó. A dos años del incidente, la escuela aún no recibe recursos gubernamentales para poder reconstruirlas. Además, un examen de Protección Civil señaló que dicha barda es fundamental para la seguridad de los alumnos.

Esto recuerda que el pasado 17 de octubre, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, realizó una conmemoración para “fortalecer la cultura de la prevención” en el municipio, en la que se incluyeron conferencias para recordar los lineamientos para la construcción segura. Sin embargo, varias edificaciones dentro de Acapulco aún no han sido siquiera reparadas.

Según un reporte de El Sol de Acapulco, cerca de 20 inmuebles de la zona continúan presentando daños ocasionados por el huracán y no han sido atendidos. Algunos siguen completamente destruidos. Entre ellos se encuentran oficinas de gobierno, restaurantes y hoteles, incluido el Acapulco Dream, catalogado como hotel de gran turismo.

Asimismo, persisten numerosos rastros de destrucción que siguen afectando a la población. Un ejemplo claro es el reportado por Excélsior, que documentó cómo miembros de la organización Ola del Cambio realizaron labores de limpieza de embarcaciones hundidas que llegaron hasta Playa Honda. Entre los restos se encontraron peligrosos pedazos de metal, madera y fibra de vidrio, que representan un riesgo constante para quienes transitan por la zona y han afectado la actividad turística del lugar.

En materia de responsabilidad gubernamental, además de la falta de limpieza en muchas partes de Acapulco, están también los posibles fraudes en licitaciones de instituciones como la Sedena, según documentó un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

“Adiam Abastecedora de Insumos y Alimentos, una empresa con domicilio en un pequeño departamento de la Ciudad de México, fue contratada por Defensa para abastecer colchones a los damnificados por el huracán Otis. Sin embargo, fue inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”, explica el texto. 

“Dicha dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que todas las entidades de gobierno deberán abstenerse de aceptar propuestas o contratar a Adiam durante los próximos 15 meses.”

Apenas el 3 de junio de 2025 comenzaron a rehabilitarse algunos mercados afectados por el huracán, esta vez con apoyo de las autoridades, ante la urgencia de garantizar condiciones higiénicas y de seguridad en estos centros de abasto tan importantes para la comunidad acapulqueña.

Mientras tanto, han resurgido diversos escándalos en la política local, como el del presunto collar de 200 mil pesos de la presidenta municipal Abelina López, sin olvidar la ola de violencia que azota al estado desde hace varios años, sin que se vislumbre una salida al final del túnel, a 24 meses del huracán más potente que ha golpeado la costa en décadas.

FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ.

Auditoría detecta pagos por 20 millones de pesos a presuntos “aviadores” en Pachuca

Los pagos se habrían realizado durante el último año de gobierno del priista Sergio Baños Rubio, miembro del grupo político del exgobernador Omar Fayad Meneses.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) detectó pagos por más 20 millones de pesos a personas de las que no tiene certeza que hayan laborado en el ayuntamiento de Pachuca, pero fueron parte de la nómina municipal durante 2024, el último año del entonces alcalde priista Sergio Baños Rubio, miembro del grupo político del exgobernador Omar Fayad Meneses. 

Ese monto forma parte de las observaciones por 47 millones 354 mil 428.33 pesos que el ente fiscalizador detectó en el segundo informe de la cuenta pública 2024, entregado el 31 de octubre al Congreso estatal. 

Entre las irregularidades también identificó que no existe comprobación de la cantidad de residuos sólidos urbanos depositados en el relleno sanitario que se ubica en el ejido de El Huixmí, por lo que 23.5 millones de pesos pudieron ser cargados al erario como confinamiento de desechos que no llegaron al basurero o, al menos hasta ahora, de los que no se puede acreditar existencia y destino. 

Por los posibles “aviadores”, la ASEH emitió tres observaciones: la primera es por 18 millones 49 mil 78 pesos en la partida de Personal eventual; la segunda, de 2 millones 565 mil 829 pesos en la Otras prestaciones sociales y económicas, que corresponde al personal eventual, y la tercera por 419 mil 131 pesos, por un “retroactivo” para “empleados eventuales” de los que tampoco “se tiene la certeza que pertenezcan a la plantilla”. 

En los tres casos, el órgano de fiscalización expuso que revisó “las pólizas de diario, reporte de nómina, comprobante fiscal digital por internet, analítico de plazas y servicios personales, listas de raya”, así como “estados de cuenta, contratos y reportes de actividades” sin que se acreditaran las contrataciones, funciones desempeñadas y presencia de las personas que recibían dinero del ayuntamiento. 

Aunque en 2024 los primeros ocho meses estuvieron a cargo del edil Baños Rubio, quien cedió el mando en septiembre al actual alcalde morenista Jorge Reyes Hernández, la ASEH confirmó que las observaciones competen únicamente al periodo del miembro político del denominado Grupo Plural Independiente (GPI), conformado por el hoy embajador de México en Noruega, Omar Fayad, tras su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en junio de 2023. 

La administración de Sergio Baños tampoco presentó evidencia de la entrega de roscas de reyes, por las que cargaron al erario 2 millones 876 mil 220 pesos. La auditoría expuso que el gobierno municipal entregó identificaciones oficiales de supuestos beneficiarios, más recibos con firmas y sellos de delegados, pero que es insuficiente para acreditar que el producto en realidad se compró y que fue correctamente distribuido. 

El municipio tampoco presentó los tickets de pesaje inicial y final para determinar la cantidad de desechos que ingresaron al sitio de disposición final en el Huixmí, según lo reportado en sus bitácoras diarias, semanal, mensual y ticket por unidad de manera general, por lo cual no se acredita el gasto de 27 millones 785 mil 308.86 pesos. 

De igual forma, en la partida de Mantenimiento de vehículos no presentó la solicitud de servicio y requisición, bitácora y evidencia gráfica de los trabajos supuestamente realizados a las unidades municipal, por lo cual no acreditó 72 mil 654.04, en tanto que en Material de combustibles no comprobó los “recorridos u oficios de comisión del personal” que justifiquen el uso de 441 mil 988.17 pesos. En Prensa y publicidad, también hay 999 mil 998.49 pesos sin justificar. 

Exsecretario particular de Fayad debe justificar 24.7 mdp

Mineral de la Reforma, conurbado de Pachuca y el segundo municipio metropolitano en dimensión poblacional, tuvo observaciones por 24 millones 788 mil 782.80 pesos durante el último año de gobierno de Israel Félix Soto, uno de los dos exsecretarios particulares de Omar Fayad desde que el hoy embajador era alcalde de Pachuca (2006-2009) y hasta su elección como gobernador (2016); el segundo era Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor preso por cuatro cargos por presuntos delitos de corrupción y una sentencia de 12 años por peculado agravado. 

Félix, secretario de la Política Pública –una dependencia de reciente creación– durante la primera parte del mandato de Fayad, fue impulsado por su jefe político para la candidatura priista al gobierno de Hidalgo en 2022. Cuando Omar renunció al PRI y creó el GPI, Israel no se sumó públicamente, entre versiones al interior del grupo político del hoy embajador de distanciamiento. 

Israel Félix pidió licencia en marzo de 2024 con la intención de participar en el proceso electoral en el que, en lo estatal, se renovaron diputaciones locales, y en lo federal las cámaras de Diputados y Senadores. Fue sustituido de forma interna por Fernando Escalante Sánchez –su suplente y afín políticamente–, hasta septiembre, cuando tomó posesión el actual edil morenista Eduardo Medécigo Rubio. 

La ASEH detectó en la segunda revisión a la cuenta pública de aquel año que en la partida Sueldos a personal eventual el municipio no acreditó 923 mil 74 pesos, porque “no presentó actividades detalladas del personal de enero a junio de 2024, evidencia detallada de las actividades realizadas, solicitudes de pago de las áreas responsables a Recursos Humanos posterior al cumplimiento de las actividades asignadas al personal, timbrado de comprobantes fiscales digitales por internet, listados del personal contratado con firmas e identificaciones”; además, no se apegaron a los lineamientos del Programa de Empleo Eventual 2024, que tenía como meta 20 vacantes. 

En la partida de Mantenimiento de vehículos del ejercicio fiscal 2023, el municipio no presentó requisiciones y bitácoras que acredite 354 mil 134.25 pesos, tampoco relación de movimientos de las tarjetas inteligentes de monedero electrónico ni tickets de la gasolinera firmados por los usuarios que justifiquen 2.5 millones de pesos según la póliza número EGR1301 de fecha 9 de febrero de 2024, y 1.5 millones según la póliza EGR1300 del 2 de marzo de 2024. 

Tampoco proporcionó evidencia de un supuesto seguro contratado para vehículos que costó 2 millones 553 mil 686.84 pesos, mientras que en la partida de Servicios profesionales, el municipio no presentó el Programa de ordenamiento ecológico local aprobado, publicado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como también los dictámenes por parte de los peritos, por los que se dispusieron de 1 millón 409 mil 498.94 pesos e, incluso, hubo demandas laborales por incumplimiento. 

Entre los posibles faltantes están 317 mil 907.60 pesos cargados a la partida de Arrendamiento de fotocopiadoras, pero el municipio no presentó la relación de reportes de servicios realizados y reportes de servicio técnico, sólo la póliza número EGR1957, el 14 de mayo de 2024. 

Sin evidencia también, otro cargo por 2 millones 266 mil 797.83 pesos de la partida “Otros materiales y artículos de construcción y reparación”, registrado en la póliza número EGR3741, de fecha 19 de agosto de 2024. 

En Ayudas sociales a personas, el municipio no presentó listados de beneficiarios, recepción del beneficio, bases del programa, evidencia gráfica, reglas de operación y estudio socioeconómico que validen la salida de 8 millones 806 mil 277.80 pesos, y en la misma partida tampoco justifica otros 459 mil pesos; además, hay 839 mil 75 pesos registrados como “adquisición de semillas” para el programa "produciendo contigo", pero no hay constancia de los beneficiarios. 

Igualmente, según el dictamen de la auditoría estatal, Mineral de Reforma otorgó licencias a diversos giros para la venta de bebidas alcohólicas, pero no las cobró, lo que generó un posible daño al patrimonio municipal por 376 mil 818.94 pesos. 

Pachuca y Mineral de la Reforma concentran el 52 por ciento de las observaciones por 137 millones 961 mil 680.98 pesos que la ASEH hizo a municipios. 

Después de ellos, el tercer municipio con más observaciones fue Zempoala, con 10 millones 663 mil 384.70 pesos. 

El ayuntamiento que estuvo encabezado hasta el 31 de agosto por Jesús Hernández Juárez (PRI) y después por Sinuhé Ramírez Oviedo (Nueva Alianza), no presentó evidencia de desalojo de excavación, tepetate, renta de maquinaria y mano de obra por la cual registró la salida de 1 millones 456 mil 619.74 pesos, además de que tuvo conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por 214 mil 310.33 en el contrato PMZ-REPO-083/2024-005, denominada Escaleras de plaza todos los Santos, en la localidad de Zempoala. 

Sin embargo, la mayor carga de dinero no justificado está en la partida de Ayudas sociales, con 5 millones 429 mil 437.64 pesos en “Apoyos a comunidades” por las que no hay solicitud del beneficiario, agradecimiento, presupuesto, expediente técnico y evidencia gráfica del apoyo recibido. 

También, en Apoyos a instituciones educativas, no presentó expediente técnico para determinar el monto del monto otorgado, así como la evidencia de la aplicación de 256 mil pesos. 

Igualmente hubo cargos como el del comprobante fiscal digital por internet 7DC2CA de fecha 8 de agosto de 2024, pagado mediante transferencia electrónica número 719175 ese mismo día, por presentación de grupos artísticos, pero al revisar los programas de corrida de toros del 16 de septiembre de 2024, fiestas patrias Zempoala 2024, Xantolo en Zempoala 2024, día del músico, festejos navideños, listado de entrega de arcones e invitación a cena de fin de año correspondiente a la partida de Festividades públicas, no se encontró que esas agrupaciones se hayan presentado. 

Con más monto por aclarar sigue el municipio de Zapotlán, con probables recuperaciones por 8 millones 482 mil 183.21 pesos (1 millón 924 mil 802.76 pesos en Gastos de orden social y cultural), y Huejutla de Reyes, con 7 millones 54 mil 676.25 pesos, principalmente en la desincorporación o baja de bienes y falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa de obras y pagos. 

En total, la ASEH observó 211 millones 404 mil 902. 41 pesos en el segundo informe de la cuenta pública 2024, que también incluye 49 millones 359 mil 646.34 pesos a organismos descentralizados municipales y 24 millones 83 mil 575.09 pesos a entidades del sector paraestatal y organismos autónomos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL HÁVEZ.