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Caen casi 60 policías municipales y 4 integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala

Asimismo fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala; durante cateos, se aseguró un felino jaguar.

La Fiscalía General de Chiapas dio a conocer este martes la detención de 59 elementos de la policía municipal de Cintalapa, incluido al director de la corporación policial, así como a cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía estatal, a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplimentaron seis órdenes de cateo en el municipio Cintalapa.

En esa operación conjunta fueron detenidas las 59 personas, además aseguraron armamento.

Las diligencias de cateo autorizadas por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 1 para la Atención de Delitos No Graves con residencia en Chiapa de Corzo, se realizaron en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos, la Comandancia Municipal y uno en el municipio Jiquipilas.

Las y los policías municipales, así como Ulber “N”, quien fungía como director de la policía municipal, fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa.

Por el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, fueron detenidos Fabiana “N”, de nacionalidad venezolana, y Andrés “N”. En tanto, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de narcótico conocido como metanfetamina y marihuana, fueron arrestados Daniel “N” y Maximiliano “N”.

Durante los cateos se aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos, con placas del estado y uno con placas de la Ciudad de México; una motocicleta Vento con placas del estado y una cuatrimoto modelo 2020, así como un jaguar.

Los policías municipales y el director de la corporación quedaron a disposición del Fiscal del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Graban despojo violento: científica y empresario austriaco denuncian abusos de los hermanos Kuri

Los restauranteros Carolina Mendoza y Armin Brandel acusan a los hermanos Kuri Carballo (ligados al Partido Verde) de orquestar su desalojo violento en Lomas de Angelópolis mediante amenazas, agresiones, difamación y abuso de poder. Los hechos, en complicidad con la policía de San Andrés Cholula.

El 7 de mayo último el matrimonio formado por la científica Carolina Mendoza y el ingeniero austriaco Armin Brandel fueron desalojados con violencia de su restaurante en el que no sólo invirtieron los ahorros de su vida (poco más de cinco millones de pesos), sino en el cual trabajaron para convertirlo, en pocos meses, en uno de los mejor calificados de la exclusiva zona de Lomas de Angelópolis de este municipio.

Aficionados a la cocina, Carolina y Armin creyeron estar cumpliendo un sueño al emprender ese establecimiento especializado en comida italiana al que llamaron Fenotti, pero al poco tiempo se vieron inmersos en la pesadilla que jamás imaginaron.

En lo que ahora asumen fue una maquinación, los restauranteros denuncian que fueron despojados de su trabajo y dinero en medio de una cadena de atropellos, difamación en medios de comunicación y redes sociales, robos, amenazas de muerte, violencia institucional, boicots al negocio, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y falsificación de documentos, entre otras acciones. 

Ante distintas autoridades la pareja ha acusado a los hermanos Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo, propietarios del Centro Comercial Riona High Plaza, de haber usado influencias políticas y poder económico para avasallarlos de diversas maneras hasta sacarlos de dos locales que en marzo de 2024 les arrendaron en obra negra y en los cuales invirtieron para acondicionarlos como un restaurante de alta gama.

Juan Pablo Kuri fue regidor en el Ayuntamiento de Puebla de 2014 a 2018, y, al mismo tiempo, fungió como dirigente estatal del Partido Verde hasta julio de 2019, cuando se integró al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como secretario de Comunicación Social de ese partido hasta noviembre de 2020. 

De 2018 a 2021 fue diputado local, cuando el Verde se sumó a la alianza Juntos Hacemos Historia, que llevó a la 4T a ganar la gubernatura de Puebla. 

Además, los hermanos Kuri Carballo son hijos de Antonio Kuri Alam, quien fue delegado del Infonavit de 2016 a 2023, época en la que ese instituto fue señalado por demandar a derechohabientes en otras entidades del país para dejarlos en la indefensión. Al perder sus casas, éstas se remataron en favor de inmobiliarias.

En denuncias ante autoridades como la Secretaría de la Función Pública estatal, la contraloría de San Andrés Cholula, la embajada de Austria, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los restauranteros aseguran que en el entramado en su contra participaron servidores del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, que preside la panista Guadalupe Cuautle y del Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

Las maniobras para anular el contrato de renta, que se firmó por tres años, y para apropiarse de las adecuaciones que hicieron los empresarios, se relacionarían con que en ese centro comercial operará en breve una franquicia Akademi, de Kidzania, centro interactivo para niños que, al estar en la zona de mayor nivel socioeconómico de Puebla, atraería una alta afluencia de familias a esa plaza. 

Los Fenotti

Armin y Carolina llegaron a Puebla hace cuatro años, cuando la científica, doctora en Nanociencias y Materiales, fue contratada para trabajar en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). Su pareja, quien labora en línea para Microsoft, no tuvo problema en cambiar residencia.

En entrevista con Proceso, explican que a principios del año pasado decidieron aventurarse y poner a trabajar sus ahorros en un restaurante en una zona de alta demanda como lo es Angelópolis. 

El 1 de marzo de 2024 firmaron un contrato de renta con los Kuri Carballo para pagar 100 mil pesos mensuales por dos locales en la Plaza Riona High, ubicada en el bulevar Atlixcáyotl.

Los dueños del centro comercial condicionaron el arrendamiento a que, en la adecuación de las instalaciones, que estaban en obra negra, contrataran al arquitecto Miguel Jacobo Yitani, amigo de los Kuri, quien cobró dos millones de pesos sin entregarles factura por sus servicios. 

Desde los primeros meses enfrentaron problemas, pues tuvieron que hacerse cargo de la instalación de gas, ya que, aunque el centro comercial rentó el lugar para restaurante, no contaba con ese indispensable servicio.

Armin asume ahora que esta intención de despojo estaba presente desde ese momento, pues en el proceso para tramitar licencia de funcionamiento y permisos de protección civil, los empleados de la plaza nunca entregaron documentos que requerían, por lo que tuvieron que contratar a un perito que resolviera esos trámites. “Creo que la intención era que no obtuviéramos los permisos, pero a pesar de todo, lo logramos”, refiere el austriaco.

“Éramos muy niños”, expresa al reconocer la ingenuidad con la que aceptaron condiciones, omisiones, tratos de palabra y cláusulas que luego usaron en su contra. 

Fenotti empezó a operar el 1 de agosto del año pasado. La pareja cuenta que el establecimiento logró ganar popularidad por lo que en poco tiempo empezaron a tener lleno los fines de semana. Esto, pese a los constantes saboteos de la administración a cargo de Rosario Pedraza, quien apagaba las luces de la plaza o dejaba sin funcionar elevadores y escaleras eléctricas, cuando aún tenían clientela. 

Detenciones y difamación

El 10 de enero de 2025 ocurrió el primer incidente grave. Carolina buscó estacionarse en un lugar cercano al local, pero el personal de seguridad se lo impidió.

Al suscitarse un altercado, los Brandel llamaron al 911 para pedir el auxilio de la policía vial, pero al lugar llegaron además elementos municipales que, luego de saludar con familiaridad a la administradora, esposaron a Armin y se lo llevaron detenido. Al temer la desaparición de su pareja, Carolina igual se subió a la patrulla. 

Ambos fueron llevados al Complejo de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula donde una jueza los puso en libertad al no haber cargos, aunque las fichas que les levantaron dice que fueron aprehendidos por “escandalizar en evento deportivo” y los obligaron a pagar dos mil pesos de multa.  

En su denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Armin afirma que los policías fueron sobornados por la administradora de la plaza, Rosario Pedraza, para grabarlo en video cuando lo subían a la patrulla. Esas imágenes fueron pautadas en medios de comunicación locales y en redes sociales para exponer al austriaco como un “agresor de mujeres”. 

“Armin Brandel ya tiene antecedentes de agresiones y es conocido por ser conflictivo. Este incidente no es el primero en el que se ve involucrado en situaciones de violencia”, dice una de las notas de ese día.

En tanto que Pedraza presentó una demanda contra Armin al que acusó de haberla agredido físicamente por el espacio de estacionamiento. 

Tras esta andanada mediática, el austriaco acudió ante la embajada de su país en México y el 13 de enero dio una rueda de prensa en la que señaló a los Kuri Carballo de usar sus contactos y recursos económicos para hostigarlo y difamarlo. 

En ese momento pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta para que hicieran prevalecer el Estado de derecho y la certeza jurídica en su derecho al trabajo y el de los 15 empleados del restaurante.

Amenaza de desalojo y clausura

El 20 de febrero último, cuando el restaurante apenas tenía seis meses de operar, los empresarios fueron notificados de un juicio de desalojo en el que los Kuri pidieron conservar las adecuaciones y retener tres meses que habían pagado como depósito.

A partir de entonces iniciaron la defensa legal, que aún sigue en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en Puebla bajo el expediente 14/2025, aunque el desalojo ya se consumó.

La pareja menciona que sus abogados dieron por hecho que la demanda no procedería, pues los Kuri usaron la vía mercantil, cuando el contrato de renta es civil. No obstante, el juzgado inicio el proceso y les pidió una garantía de 800 mil pesos. 

Luego de que ellos recurrieron al amparo y al observar la posible falta de competencia de la vía mercantil, Armin cuenta que los Kuri desataron otras estrategias de presión. 

El 4 de abril un inspector del SOAPAP llegó a Fenotti y cortó el suministro del agua bajo el argumento que incumplían con permisos de descargas, aunque éstos no correspondían al establecimiento, sino al centro comercial. 

Para no suspender el servicio, los empresarios instalaron un tinaco y compraron otros dos recipientes que no usaron. Armin asegura que la noche del 7 de abril, cuando ya el restaurante había cerrado, empleados del centro comercial allanaron la terraza de su local y tiraron desde la segunda planta dos de los tinacos. Días después, afirma, los encontraron en una bodega de la plaza, aplastados y orinados. 

El austriaco, alertado por un vecino, regresó al restaurante cuando acababa de ocurrir este hecho y encontró patrullas de la municipal de Cholula en el lugar que se negaron a actuar, aunque les mostró los videos de las cámaras de seguridad donde identificó a trabajadores de seguridad de la plaza ingresando al negocio y lanzando los tinacos. 

En tanto, la SSPPC de Cholula emitió un comunicado ese día en el que descartó que se tratara de un robo y expuso que todo se debió a la falta de pago de agua por parte del restaurante. Aseguró que los tinacos fueron resguardados por personal de la plaza, aunque en el video se ve cuando los lanzan desde la terraza. 

Tras cinco días sin servicio de agua, el SOAPAP reconoció la ilegalidad del corte aplicado el 4 de abril y reconectó el suministro al restaurante. 

Dos días después, el 11 de abril, inspectores de Protección Civil llegaron a Fenotti con la intención de clausurarlo. Los empresarios relatan que presentaron todos los permisos en orden, pero los empleados del ayuntamiento de Cholula arguyeron el peso de los tinacos llenos de agua, aunque estos fueron robados. 

Colocaron un gran pegote de “clausurado” en una de las ventanas del local.  

De nueva cuenta, la SSPPC de Cholula publicó un comunicado para sostener que la clausura del restaurante se debió a que se “constató que los tinacos llenos de agua se encontraban adentro del inmueble”.  Y de nuevo, la nota fue difundida en medios. 

Los propietarios de Fenotti iniciaron el 14 de abril un procedimiento administrativo de revisión y, el día 23, la Secretaría de Protección Civil del municipio anuló por irregular esa clausura, aunque nunca se presentaron para retirar el pegote de “Clausurado” que causaba confusión entre los clientes. 

También, afirman que otro de los ataques fue mediante bots en Google, Instagram y Twitter para tumbar la calificación de las reseñas de Fenotti que era de 4.9. Tras una denuncia pudieron comprobar el ataque masivo y anular los falsos mensajes. 

Armin y Carolina reconocen que a este punto ya estaban agotados y desgastados anímica y económicamente. Cuando los abogados les advirtieron que podrían proceder al desalojo con el uso de la fuerza pública, decidieron salirse voluntariamente pensando en la seguridad de sus empleados y de ellos. 

Carolina asegura en una de las demandas que en ese entonces la administradora del centro comercial se acercó a ella y le dijo: “Si no se largan, los Kuri los van a matar”.

El 7 de mayo pasado comenzaron a desocupar los locales en presencia de un representante de la CEDH. Pero Carolina cuenta que apenas éste se retiró, los empleados de la plaza desataron la violencia, rompieron vidrios y los amedrentaron para tratar de impedir que siguieran sacando sus equipos. 

Todo esto ocurrió frente a elementos de la policía de San Andrés, de un supuesto notario y de representantes de medios de comunicación. 

Carolina mostró a Proceso un video (ver en el link original) donde ese día Octavio de Jesús Solís Morán, apoderado legal de los Kuri, se lanza a golpes contra un empleado del restaurante y contra ella misma, a la que tiró al piso para arrebatarle el celular con el que grababa.

Entrevistado por este medio, Raúl Sánchez Betanzos, consejero jurídico del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, rechazó que la alcaldesa, Guadalupe Cuautle, tenga alguna inclinación en favor de los Kuri y aseguró que las denuncias presentadas por los Brandel contra policías y servidores públicos ante la Contraloría Municipal se investigarán y se procederá si se encuentran responsabilidades.

“Yo puedo pensar que, de mala fe, la administradora haya presentado denuncias. Fuimos dos áreas, una municipal y otra estatal que fue el SOAPAP, que caímos a lo mejor en el engaño y nos subieron a un escenario de particulares donde nosotros no teníamos nada que ver”, argumentó.

De la misma manera, Proceso buscó la posición de los hermanos Kuri, pero sólo se pudo contactar a la administradora de la plaza Riona, Rosario Pedraza. En respuesta a los señalamientos, este medio recibió ligas de internet sobre las notas publicadas en distintos portales locales sobre las “conductas agresivas” por parte de Armin Brandel. 

Rosario Pedraza insistió en que fue agredida y ofendida por el empresario austriaco. “Están mal de la cabeza”, dijo. 

Los Brandel acudieron ante las autoridades a denunciar cada uno de estos hechos, igual que se quejaron ante la alcaldesa de San Andrés, pero hasta ahora nada ha procedido. Dicen que en este trayecto descubrieron que no son los únicos que han sido víctimas de despojo por parte de los Kuri. 

“Cedimos porque, aunque Fenotti fue un espacio construido con amor, esfuerzo y sueños compartidos, ningún negocio merece sostenerse a costa de la paz, la salud mental y la integridad física de quienes lo crean”, manifestaron en un mensaje que confirma su cierre.
Lo que con amor, esfuerzo y disciplina construimos se entregó al despojo, ¿Por qué? Porque este despojo estaba pactado desde el día mismo que acudimos al pent-house del edificio Komplex a celebrar la firma del contrato de arrendamiento. Porque entramos en un sistema perfecto, que se desarrolla en silencio, pero protegido y encubierto por las autoridades que nos negaron refugio. ¿Por qué? Porque sacamos permisos y licencias en lugar de dar mordidas, porque como niños confiamos que las autoridades actuarían.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Sheinbaum pide a Pemex revisar si hay contratos con empresarios acusados de sobornos

El Departamento de Justicia de EU acusó a dos empresarios mexicanos de pagar sobornos en efectivo y artículos de lujo a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021. Uno de ellos ya fue detenido; el otro está prófugo y vinculado al crimen organizado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum  Pardo ordenó una investigación sobre posibles contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculados a dos empresarios mexicanos acusados en Estados Unidos de pagar sobornos millonarios a funcionarios de la empresa estatal entre 2019 y 2021.
“Hay que revisar si hay contratos con estas personas. Ya pedimos información a Pemex y al Gobierno de Estados Unidos”, declaró la mandataria federal durante su conferencia matutina.
La titular del Ejecutivo también instruyó a la Secretaría Anticorrupción y a la Fiscalía General de la República (FGR) a intervenir en caso de hallarse nexos con los contratos.


Uno de los acusados, Mario Alberto Ávila Lizárraga, se encuentra prófugo y fue candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno de Campeche.

“Vale la pena hablar del empresario prófugo porque fue militante del PAN, trabajó en Pemex y está acusado por corrupción. Hoy es buscado por el Gobierno de Estados Unidos”, destacó la Presidenta Sheinbaum Pardo.

La acusación formal, presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, señala que Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, ambos residentes en Texas, ofrecieron al menos 150 mil dólares en efectivo, relojes de lujo y artículos de diseñador para manipular licitaciones y obtener contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).


Además, las autoridades estadounidenses vinculan a Rovirosa Martínez con redes del crimen organizado, lo que agrava el caso. Mientras que éste ultimo ya fue detenido, Ávila Lizárraga permanece prófugo.

Por ello, el Gobierno mexicano revisará el periodo 2019–2021 para detectar posibles contratos irregulares y determinar si hubo complicidad institucional.

La investigación se realizará en coordinación con autoridades estadounidenses bajo el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU imputa a empresarios mexicanos de sobornar con artículos de lujo a funcionarios de Pemex

La justicia de EU acusó a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga haber entregado productos de Louis Vuitton y Hublot, así como “pagos en efectivo” a por lo menos tres funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021, lo que les permitió recibir contratos por 2.5 mdd.

El gobierno de Estados Unidos imputó a dos empresarios por pagar al menos 150 mil dólares de sobornos a tres funcionarios de Pemex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando la petrolera estaba a cargo de Octavio Romero Oropeza, ahora a cargo del Infonavit. 

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la Corte de Distrito de Texas imputó a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez –un empresario al que la justicia estadunidense identifica por sus vínculos con cárteles mexicanos-- y Mario Alberto Ávila Lizárraga de haber entregado productos de Louis Vuitton y Hublot, así como “pagos en efectivo” a por lo menos tres funcionarios de Pemex y de Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021, lo que les permitió recibir contratos públicos de al menos 2.5 millones de dólares.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no reveló los nombres de los tres altos funcionarios de Pemex que recibieron los presuntos sobornos; en un comunicado publicado en la tarde de este lunes 11, la dependencia indicó que los dos imputados fueron acusados de delitos que entran bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), por los cuales podrían pasar hasta cinco años en la cárcel. 

Originario de Villahermosa, en Tabasco, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez es dueño de varias empresas dedicadas al sector petrolero –incluyendo su grupo Roma Energy-- y a la construcción, constituidas en Tabasco, y varias de ellas participaron en licitaciones de Pemex. Según el Departamento de Justicia, los pagos de sobornos estuvieron relacionados con contratos entregados a sus empresas; la institución informó que el empresario fue detenido hoy. 

Mario Alberto Ávila, por su parte, es un personaje del panismo de la primera década de los años 2000; delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche, y cercano a Juan Camilo Mouriño –el secretario de Gobernación de Felipe Calderón Hinojosa, quien falleció en la caída de su helicóptero en 2008--, el político compitió por la gubernatura de Campeche por el PAN en 2009. 

Ávila fungió como subdirector de Mantenimiento y Logística en PEP durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y fue inhabilitado en 2015 por irregularidades en torno al caso de corrupción de Oceanografía. Según la extinta Secretaría de la Función Pública (SFP), Ávila firmó a destiempo una adenda a favor de la empresa petrolera e incurrió en conflictos de interés al utilizar el avión de la empresa, a la que firmó contratos millonarios. Según el Departamento de Justicia, Ávila tiene residencia permanente en Estados Unidos pero “está prófugo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Empresa contratista de la Ciclovía La Gran Tenochtitlán tiene domicilio… en oficinas de camiones

La SOBSE de CDMX suscribió dos contratos por 6.3 millones de pesos con Black Bear Mobility Consulting para proyectos ejecutivos de la “Ciclovía La Gran Tenochtitlán”. Esta empresa presenta domicilio fiscal de una compañía camionera.

Black Bear Mobility Consulting, empresa responsable de los estudios y proyectos ejecutivos de la nueva “Ciclovía La Gran Tenochtitlán” en la CDMX, señaló como domicilio fiscal una bodega de reclutamiento de operadores del transporte público en el oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con documentos oficiales en poder de EMEEQUIS, en los contratos que recibió de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE), Black Bear Mobility Consulting indicó el mismo domicilio fiscal que tienen las oficinas de recursos humanos y reclutamiento de la empresa Autopartes Metropolitanas de Oriente – Periférico S.A. de C.V. (AMOPSA).

En mayo y junio de 2025, la SOBSE suscribió dos contratos por 6.3 millones de pesos con Black Bear Mobility Consulting, S.A. de C.V. para los proyectos ejecutivos de la nueva “Ciclovía La Gran Tenochtitlán”.

El 1 de abril de 2025, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la construcción de la “Ciclovía Gran Tenochtitlán”, de aproximadamente 34 kilómetros -17 kilómetros por sentido-, que tendrá una ruta de desde el Zócalo capitalino hasta el sur de la ciudad, atravesando cinco alcaldías (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Tlalpan), incluyendo la Calzada de Tlalpan y conectando con el Estadio Azteca. 

Sería una vía exclusiva para bicicletas y peatones, a nivel de vialidad, con infraestructura como jardineras, banquetas remodeladas y áreas verdes. Esto a un año de realizarse partidos del Mundial de Fútbol en México, el primero de ellos en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026.



LOS CONTRATOS.

Un mes después, el 2 de mayo de 2025, la SOBSE entregó por invitación restringida a Black Bear Mobility Consulting el contrato DGOIV-IR-L-3-128-25 por 4.4 millones de pesos para la “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS CICLOVÍAS TRANSVERSALES A CALZ. DE TLALPAN, UBICADAS EN DIFERENTES ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.

Se estableció como plazo de ejecución del 5 de mayo al 13 de julio de 2025, y la empresa señaló para efectos legales y como domicilio fiscal la calle Oriente 229 número 347 colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México.

Sin concluir el primer contrato, el 4 de junio de 2025 la SOBSE entregó nuevamente  un segundo contrato ahora por adjudicación directa a BLACK BEAR MOBILITY CONSULTING, S.A. DE C.V., el contrato DGOIV-AD-L-3-129-25 para la “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS DE CICLOVÍAS ENTORNO A CALZ. DE TLALPAN, UBICADAS EN DIFERENTES ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” por 1.8 millones de pesos.



El misterioso domicilio fiscal.


La fachada del supuesto domicilio fiscal.

Se estableció como plaza de ejecución 5 de junio al 19 de julio de 2025, y  nuevamente indicó para efectos legales y como domicilio fiscal Oriente 229 número 347 colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco.

Black Bear Mobility Consulting fue constituida por Luis Oscar Flores Pérez y Alejandro Ortiz Sánchez el 6 de marzo de 2023 en la Ciudad de México. Luis Oscar Flores Pérez es el administrador único y Alejandro Ortiz Sánchez el comisario.

Sin embargo, en ese domicilio fiscal señalado por Black Bear Mobility Consulting tiene sus oficinas de reclutamiento de operadores de autobuses la empresa Autopartes Metropolitanas de Oriente – Periféricos S.A. de C.V.

AMOPSA tiene una flota con autobuses de marcas como DINA y Mercedes-Benz, ha incorporado sistemas de prepago con tarjetas para sus usuarios, “prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros de manera segura, confiable oportuna, garantizando un servicio eficiente y de calidad a nuestros usuarios”, expone en su descripción de perfil de Facebook.


En sus redes sociales, AMOPSA señala Oriente 229 número 347 colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco y exhibe videos con actividades de la empresa.

Y en su portal de internet Black Bear Mobility Consulting reconoce a Autotransporte Metropolitanos Oriente – Periférico S.A. de C.V. (AMOPSA) como uno de sus clientes, pues le encargó el “Estudio de demanda del transporte público de pasajeros Corredor Periférico Oriente CDMX, AMOPSA”.

En caso de una notificación de parte de la SOBSE a Black Bear Mobility Consulting llegaría Oriente 229 número 347 colonia Agrícola Pantitlán, es decir, a la dirección de su cliente.

En el Registro Público del Comercio,Black Bear Mobility Consulting señaló como dirección Oriente 229 número 347 colonia Agrícola Pantitlán.

Black Bear Mobility Consulting tiene como domicilio fiscal la dirección de uno de sus clientes, domicilio para efectos oficiales y contratos públicos, sin embargo, la SOBSE siguió y pagó los contratos con la consultoría responsable del proyecto de la  nueva “Ciclovía La Gran Tenochtitlán”, a pesar de registrar una bodega de reclutamiento de operadores del transporte público en el oriente de la Ciudad de México como domicilio fiscal.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ALEJANDRO ALATRISTE.

La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

El Fiscal anticorrupción de Morelos informó que Mirna Zavala Zúñiga, titular de Hacienda de la entidad, es investigada por presunto enriquecimiento ilícito, luego de haber ordenado la construcción de un inmueble valuado en 15 millones de pesos. 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda del estado, Mirna Zavala Zúñiga, a raíz de la polémica surgida por presuntamente construir una mansión.

La funcionaria morelense fue criticada luego de revelarse que, supuestamente, había ordenado la construcción de un inmueble que estaría valuado en 15 millones de pesos, en un terreno de su propiedad ubicado en la colonia Vistahermosa, considerada como una zona de alta plusvalía.

Al respecto, el Fiscal anticorrupción del estado, Leonel Díaz Rogel, reveló que la dependencia a su cargo inició una investigación contra la servidora pública, en declaraciones hechas a medios de comunicación.
"Se ha iniciado una carpeta, es lo que puedo decir, y está en fase de integración. Como lo he comentado, la presunción de inocencia aplica para todas y todos los ciudadanos que lleguen a ser señalados en una carpeta de investigación", dijo.
El Fiscal detalló que, como parte del proceso en su contra la funcionaria morelense, ésta podrá presentar las pruebas a su favor con las que cuenta para demostrar su inocencia.

Mirna Zavala, titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos, fue señalada de presunto enriquecimiento ilícito por presuntamente haber ordenado construir la mansión en la colonia Vistahermosa.

La servidora pública calificó dichos señalamientos como una mentira y confirmó que sí es dueña del terreno en cuestión; sin embargo, afirmó que no hay ninguna construcción en el predio.

"Me permito señalar que la información que ha estado circulando es una mentira, no hay una propiedad, como se ha señalado. Es un terreno donde solamente tiene una cisterna y unos cimientos. Fue declarado de manera oportuna todo lo que exigen las autoridades”, comentó la Secretaria a finales de julio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La obra fantasma y otros pagos indebidos en la Línea 12 del Metro CDMX

Tras el colapso de la Línea 12 del Metro, la SOBSE pagó más de 10 millones de pesos en irregularidades, incluyendo una obra fantasma con pilas de concreto que nunca se requerían. El contrato adjudicado sin licitación a CARGO CRANE fue inflado con conceptos innecesarios, sobreprecios y pagos duplicados durante la rehabilitación. Jesús Esteva, actual titular de Infraestructura federal, encabezaba la dependencia al momento de los hechos.

Tras el colapso de la Línea 12 del Metro en mayo de 2021, la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE) que encabezaba Jesús Esteva –actual secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México– pagó por una “obra fantasma”, es decir, que no existía y que no se necesitaba en la reconstrucción del Sistema de Transporte Colectivo.

EMEEQUIS tuvo acceso a documentos oficiales que revelan que la SOBSE solicitó trabajos de reparación distintos a los que se requerían para dejar en operación la Línea 12 del Metro.

La SOBSE pagó por pilas de concreto para cimentación cuando la obra del metro se realizó a base de zapatas de concreto. Por ese trabajo la secretaría capitalina desembolsó 4 millones 078 mil pesos.

Además, se registraron pagos indebidos y pagos en exceso durante los trabajos de reparación y rehabilitación del Metro.

LA OBRA

La noche del 3 de mayo de 2021, se registró el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro entre las estaciones Olivos y Tezonco, provocando la caída de un tren y la muerte de 26 personas y decenas de heridos.

El Gobierno capitalino inició los trabajos de rehabilitación y reforzamiento de la Línea 12 del Metro, algunas obras estuvieron a cargo de la SOBSE y otras del Metro.

La SOBSE adjudicó de manera directa el contrato número DGCOT-AD-L-1-006-2023 a CARGO CRANE S.A. DE C.V. por 117.9 millones de pesos por “los trabajos de obra civil, cimentación y estructura de la zona denominada y ubicada entre la Zona Cero y la zona espejo en los encadenamientos 10+272.379 al 10+532.494; para el reforzamiento estructural de la Línea 12, Tláhuac Mixcoac; entre las estaciones Olivo-Tezonco y en apoyos adicionales del Sistema de Transporte Colectivo” por 80.4 millones de pesos, con un periodo de ejecución del 15 de enero de 2023 al 15 de mayo de 2023.

Después se firmó un convenio modificatorio y otro convenio especial para ampliación de periodo y el importe, por lo que el importe total fue de 117.9 millones de pesos (sin IVA) con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2023.

Del monto total del contrato se tomó una muestra de 31.3 millones de pesos en conceptos para su análisis, y se encontró un pago irregular por más de 4 millones de pesos, es decir, el 13% de la muestra revisada.

Los días 11 de abril y 18 de mayo de 2023 fueron estimados y pagados dos conceptos que no se requerían para los trabajos de reconstrucción.

El primero fue la perforación para pilas en el sitio, en material saturado, incluye: tubos, brocas para perforación, ademe, bentonita, agua, la mano de obra en apoyo a las maniobras de herramientas necesarias para correcta ejecución de los trabajos, perforación para pila de 80 cm de diámetro y hasta 10.8 metros de profundidad.

La SOBSE justificó que la ejecución de las pilas 1, 2, 3 y 4 se requerían “en la zona espejo (1 de apoyo) del tramo elevado”.

El segundo concepto fue por concreto hidráulico de f’c=350 kg/cm² en cimentación, con el concreto prefabricado, vaciado y colocación.

Sin embargo, el proceso constructivo de la Línea 12 del Metro es otro, a base de zapatas, no de pilas de concreto, por lo que era un trabajo innecesario y pagado sin justificación.

“Se observó que no se justifica la ejecución de los conceptos de obra señalados, toda vez que esto refieren pilas de concreto para cimentación, la realizada en la obra fue a base de zapatas de concreto, por lo que se determinó un importe pagado no justificado de $4,078,893.06 (cuatro millones setenta y ocho mil ochocientos noventa y tres pesos 06/100 M.N.) sin incluir I.V.A.”, se expone en la investigación.


No existía fundamento técnico o constructivo para la ejecución de los conceptos de obra señalados.

“Justificar y/o aclarar las diferencias de volúmenes de obra observados o en su caso, recuperar el monto observado por un importe 4 millones 078,893 pesos más los intereses que se generen desde su cobro hasta su devolución total a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México”, se solicita en la indagatoria.

Quizá en la SOBSE, por desconocimiento, ignorancia, dolo o corrupción, se permitió el pago sin que se necesitaran los trabajos, ya que tampoco la supervisión externa realizó su trabajo.

“Implementar mecanismos de control, a efecto de que en lo subsecuente, previo a la autorización y tramitación de las estimaciones, las cantidades de obra estimadas, sean justificadas y fundamentadas conforme al proyecto y sus modificaciones, y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, con el objeto de evitar la recurrencia de lo observado”, se le recomendó a la SOBSE encabezada en ese año por Jesús Esteva.


OTROS PAGOS INDEBIDOS

En la revisión de la obra se detectaron otros pagos irregulares por 6.7 millones de pesos, que sumado a los 4 millones 78 mil pesos, el monto total de las irregularidades de este contrato ascienden a 10.7 millones de pesos, es decir el 33% del total revisado y analizado de 31.7 millones de pesos.

De manera inusual la SOBSE incrementó el costo “de las excavaciones por medios mecánicos”, lo que derivó en un pago diferenciado de 3.7 millones de pesos en favor de CARGO CRANE.

Las excavaciones por medios mecánicos hasta una altura de 3 metros tenían un precio unitario de 137.10 pesos en las estimaciones, sin embargo, se detectó el pago del precio extraordinario de 467.45 pesos, por lo que del volumen total de 8 mil 095 m3 se alcanzaron los 3.7 millones de pesos.

“Justificar y/o aclarar el importe de 3 millones 784 mil 007 pesos que fue pagado derivado de un precio extraordinario, sin considerar lo establecido en la Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México para excavaciones”, se lee en la indagatoria.

También se detectó un pago en exceso por 1.6 millones de pesos por material producto de excavaciones y acarreos.


De la revisión de la documentación se encontraron diferencias en los volúmenes pagados y los realizados, 2 mil 131 m3 de volúmenes de excavación, carga y acarreo a primer kilómetro de material y acarreo a kilómetros subsecuentes, que dan un total de 1.6 millones de pesos.

Otros pagos indebidos fueron por 499 mil 475 pesos por diferencias de volúmenes de obra entre el autorizado y lo cobrado en plantilla de cimentación; 375 mil 658 pesos por diferencia de volúmenes de obra entre el autorizado y lo cobrado en concreto lanzado en excavaciones; 345,884 por duplicidad de volumen de concreto en generadores de obra; y 118 mil 834 de pago en exceso por errores en la cuantificación del volumen de obra.

Así el Gobierno de la Ciudad de México y la SOBSE en la administración de Jesús Esteva pagaron 10.8 millones de pesos de manera irregular a una empresa, casi el 10% del monto total del contrato.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ALEJANDRO ALATRISTE

Hijo de Guadalupe Taddei asciende a secretario particular del gobierno de Sonora en siete meses

El hijo de Guadalupe Taddei pasó de ser secretario de la Consejería Jurídica de Sonora a secretario particular del gobierno en poco más de medio año.

En poco más de medio año, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, pasó de ser nombrado secretario de la Consejería Jurídica de Sonora a secretario particular del Poder Ejecutivo estatal.

La noche de este lunes 4 de agosto, el gobernador Alfonso Durazo dio a conocer el nuevo nombramiento a través de una publicación en sus redes sociales.

“Hoy tomé protesta a Luis Rogelio Piñeda Taddei como nuevo secretario particular del Poder Ejecutivo, y a Ramón Alejandro Acosta Cortez como nuevo secretario de la Consejería Jurídica del Estado”, escribió.

A inicios de enero, el ahora nuevo secretario particular del gobierno de Sonora había sido nombrado secretario de la Consejería Jurídica, cargo que desempeñó por tan solo siete meses.

Cabe mencionar que la familia de Guadalupe Taddei tiene diversos vínculos con Morena. Otro de sus hijos, León Fernando Piñeda Taddei, quien fue secretario escribiente del Tribunal de Justicia Administrativa, fue nombrado director de Operación Fiduciaría y Mercadotecnia en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

También su primo Jorge Taddei Bringas fue superdelegado del gobierno federal en Sonora, quien a su vez es padre de Pablo Daniel Taddei Arriola, director de la paraestatal Litio Mx, y es pariente de Celeste Taddei Arriola, quien fue diputada por Morena también en Sonora.

¿Quién es Luis Rogelio Piñeda Taddei?

Jorge Luis Piñeda Taddei tiene dos licenciaturas: una en derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) y otra en Negocios y Comercio Internacional por la Universidad de Sonora. Además, tiene estudios de maestría en Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública.

En cuanto a su trayectoria profesional, el hijo de la consejera presidenta del INE fue director del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, donde atendió y dio seguimiento a solicitudes de diputados en materia de investigaciones, estudios y análisis.

Piñeda Taddei también se desempeñó durante el periodo 2013-2016 como administrador en Ingeniería, Proyectos y Construcción (IPYC), “una empresa dedicada a la señalización vial, construcción y remodelación de vivienda”, según indica su currículum.

En esa empresa realizó labores de reclutamiento de personal y estuvo a cargo del material para la realización de proyectos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El caso Landsteiner: juicios, deuda millonaria y contratos públicos sin freno

En los últimos 15 años, el gobierno federal adjudicó más de 10 mil millones de pesos en contratos al conglomerado farmacéutico de Miguel Antonio Granados Cervera, un empresario sin cédula profesional.

En los últimos 15 años, el gobierno federal adjudicó más de 10 mil millones de pesos en contratos al conglomerado farmacéutico de Miguel Antonio Granados Cervera, un empresario sin cédula profesional, pero con influencia suficiente para sortear una declaratoria de insolvencia, vender vacunas rusas, entregar pruebas defectuosas al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y mantener un historial de más de 400 litigios sin perder acceso a las contrataciones públicas. 

Granados Cervera es hijo de Miguel Alberto Granados Mora, exfuncionario federal de la vieja guardia con cargos en dependencias como Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares), Fonacot (Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores), la Secretaría de Hacienda y el IMSS. Aparece como accionista a por lo menos 16 razones sociales, entre ellas la farmacéutica Landsteiner Scientific, su principal vehículo para obtener contratos del sector salud.

De acuerdo con datos de Compras MX, de 2010 a la fecha, Landsteiner Scientific y Landsteiner Pharma han recibido 432 contratos públicos por un total de 10 mil 431 millones de pesos, principalmente para la adquisición de medicamentos, material de curación y pruebas de diagnóstico. 

Pero 2025 ha sido el año de real bonanza, pues de enero a la fecha, ha acumulado 80 contratos por un monto superior a los 3 mil 500 millones de pesos, pese a que recientemente enfrentó un procedimiento de concurso mercantil. 

Entre las instituciones que le adjudicaron contratos destaca Petróleos Mexicanos, que en marzo formalizó un acuerdo por 58 millones de pesos con vigencia hasta diciembre de 2026. La contratación, realizada mediante licitación pública, corresponde a una compra consolidada de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico. 

Del colapso financiero a los contratos federales 

A inicios de 2022, Landsteiner Scientific fue declarada en concurso mercantil tras una demanda interpuesta por Grupo Zamberk, dedicada a la impresión. La farmacéutica enfrentaba deudas por más de 2 mil 800 millones de pesos a acreedores, incluyendo a instituciones como Bancomext, BBVA, Invex y Banorte. 

El proceso terminó en 2023, luego de que un juez federal aprobara un convenio de reestructura en el que se ofreció pagar el 100 por ciento de la deuda en 19 años con interés anual de 1 por ciento, o aplicar una quita del 80 por ciento con pagos diferidos. La mayoría de los acreedores eligió la espera. 

La resolución permitió a Landsteiner mantener su operación y continuar como proveedor del Estado, a pesar de su precaria situación financiera y su extenso historial legal. 

El negocio de la pandemia

Durante la pandemia, en 2020, Landsteiner anunció la compra de 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Aseguró tener un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, condicionado a la aprobación de la Cofepris. Sin embargo, no hay registros oficiales que confirmen que dicho acuerdo se haya concretado. 

De manera paralela, la farmacéutica suministró pruebas rápidas defectuosas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que arrojaban falsos positivos de covid-19. Por el lote de más de 2.5 millones de pruebas, el organismo le pagó 230 millones de pesos a través de un contrato adjudicado de manera directa. Las fallas no ameritaron sanción alguna por parte de la autoridad y la empresa continuó recibiendo contratos del sector público. 

La compañía pasó de presumir su acuerdo para envasar la vacuna Sputnik V a la insolvencia por el incumplimiento generalizado de pagos a sus proveedores y acreedores.  

Imperio farmacéutico

Miguel Antonio Granados Cervera no cuenta con cédula profesional, pero figura como inventor en al menos cinco solicitudes de patente ingresadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se trata de desarrollos relacionados con composiciones a base de cannabinoides, sustratos orgánicos y hongos con posibles aplicaciones farmacéuticas, cosméticas o alimenticias. 

Según datos del Registro Público del Comercio, ha conformado una red empresarial de al menos 16 compañías activas y dos disueltas. Entre ellas destacan Grupo Landsteiner Scientific, Landsteiner Pharma, Landsteiner Cannabis Health, Grupo Diabeclinics y Grupo Cannwell. 

En varias de estas empresas aparecen como accionistas Banco INVEX y CIBanco, este último registrado actualmente como único accionista activo de Landsteiner Pharma, de acuerdo con información mercantil. Su participación podría estar relacionada con un mecanismo para garantizar el cumplimiento de obligaciones con acreedores, tras el concurso mercantil. 

Además de su cartera de contratos, las compañías del grupo acumulan más de 400 procedimientos judiciales solo en la Ciudad de México, entre ellos amparos, revisiones fiscales, reclamaciones y juicios administrativos. Uno de los casos más recientes involucra a la paraestatal Birmex  (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México), a la que según el expediente 879/2025 se le reclama el “silencio administrativo”. 

Este amparo habría sido presentado por Landsteiner Scientific un mes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara durante una de sus conferencias en Palacio Nacional, que al menos cinco funcionarios de Birmex fueron cesados de su cargo, incluido el director general del organismo, Iván Olmos, tras hallarse irregularidades en la adquisición de medicamentos. 

“Cambiamos a los servidores públicos de Birmex porque, mientras se hace la investigación, no pueden seguir allí. Todos los que estuvieron involucrados, ya sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, fueron separados de su cargo”, detalló la mandataria el pasado 10 de abril. 

Sin embargo, a Landsteiner no se le tocó, solo aumentaron sus contratos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Excontralora de Cuauhtémoc Blanco solicita amparo para evitar posible detención

América Berenice Jiménez Molina, quien se desempeñó como secretaria de la Contraloría durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, es investigada por presuntos actos de corrupción.

América Berenice Jiménez Molina, quien se desempeñó como secretaria de la Contraloría durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, tramitó un juicio de amparo para evitar una posible orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos la investiga por presuntos actos de corrupción. 

El recurso fue promovido el 30 de julio de 2025 ante un juzgado de distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, en la vía penal, con el objetivo de frenar la ejecución de una orden de aprehensión emitida el 23 de julio. Esto consta en los estrados judiciales. En su demanda, Jiménez Molina señaló como autoridad responsable al Juzgado de Control del Único Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Xochitepec, y argumentó la presunta violación de los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del Estado de Morelos tiene abiertas tres carpetas de investigación en su contra por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones —este último conlleva prisión preventiva oficiosa—, de acuerdo con información corroborada por esta periodista. 

El juzgado admitió el recurso al no encontrar causa notoria de improcedencia y concedió una suspensión provisional, en tanto se resuelve el incidente de suspensión, cuya audiencia fue programada para el 6 de agosto. La audiencia constitucional se fijó para el 11 de septiembre, cuando se determinará si se concede la protección definitiva de la justicia federal. 

Jiménez Molina fue una funcionaria clave durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco. Como titular de la Contraloría, encabezó el proceso de entrega-recepción hacia la administración de Margarita González Saravia, procedimiento en el que, según la actual gestión, se detectaron múltiples irregularidades en al menos una decena de dependencias estatales. 

Este medio localizó un contrato oficial que confirma que América Berenice Jiménez Molina mantiene una relación contractual con la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. El documento fue firmado por el maestro Eduardo Medel Quiroz, director general de Recursos Humanos de la Cámara, y por la propia exfuncionaria como prestadora del servicio. 

Según el contrato, Jiménez Molina fue contratada para brindar servicios especializados, aplicando su experiencia, conocimientos y capacidades técnicas. El acuerdo tiene vigencia del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2024, sin posibilidad de prórroga automática. El monto mensual bruto acordado es de 28 mil 410 pesos, cantidad sujeta a las deducciones fiscales correspondientes. 

Ambas partes se comprometieron a respetar la confidencialidad de la información derivada de la relación contractual, y establecieron que cualquier incumplimiento será causa de rescisión. En caso de controversia, acordaron que el conflicto se resolverá en tribunales federales civiles con sede en la Ciudad de México. Aunque la información pública correspondiente a 2025 no ha sido actualizada, fuentes confiables confirmaron que Jiménez Molina continúa prestando servicios bajo ese esquema. 

Hasta ahora, ni la Cámara de Diputados ni la propia exfuncionaria han emitido algún posicionamiento público sobre la situación jurídica que enfrenta ni sobre el contenido del contrato vigente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Detienen a 6 policías de BCS relacionados con la desaparición de dos jóvenes

Integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal en Baja California Sur confirmaron la detención de seis elementos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, relacionados por el delito de desaparición forzada de personas.

Dijeron, que presuntamente estarían relacionados con la desaparición de los jóvenes, Pablo Figueroa Martínez, de 21 años, y Xandro Jesús Torres Procopio, de 17 años.

Y es que, la última vez fueron vistos, el 26 de junio de este año, cuando eran detenidos por elementos policiacos, los ahora imputados.

“Hay probabilidad de que ellos hayan participado en la detención de estos jóvenes, y que después de la detención ya no fue posible localizarlos. La investigación que se realizó por la desaparición de estos dos jóvenes, se iniciaron las investigaciones y se desplegaron diversas líneas de investigación, se logró recabar cierta información que poco a poco se fue recopilando, y desafortunadamente apuntó a agentes de seguridad municipal”, confirmó Antonio López Rodríguez, Procurador General de Justicia del Estado.

Los agentes fueron ubicados en un domicilio de Lomas del Sol, justo cuando culminaban su turno, y fueron identificados como: Alejandra “N”, de 32 años, originaria del estado de Sinaloa; Ramón “N”, 30 años y originario de la Ciudad de México; Sergio “N”, de 23 años del estado de Chiapas; Jesús “N”, de 33 años; José “N”, de 26 años y Pedro N, de 21 años, estos últimos originarios de Baja California Sur.


El Gobierno de Los Cabos a través de su Secretario General de Gobierno, Alberto Rentería Santana dijo que por instrucciones del Alcalde, Christian Agúndez Gómez están colaborando con las autoridades estatales y federales para el esclarecimiento de los hechos, además de que no tolerarán esta clase de conductas que afectan la integridad de los ciudadanos.

“Redoblamos esfuerzos, no solo en capacitación interna, sino con la sociedad de este destino turístico en temas de prevención, porque nuestro interés es la seguridad de cada familia que contribuye a la fortaleza del municipio, así como de quienes nos visitan. La XV administración municipal refrenda su compromiso con la legalidad y no tolerará actos que vayan en contra de la salvaguarda y seguridad de todos los ciudadanos de Los Cabos, siempre en el marco de la ley y el respeto a sus instituciones”, indicó Alberto Rentería.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ANTONIO CERVANTES.

Exalcaldesa de Morena en Nochixtlán desvió 80 % del presupuesto de los primeros seis meses de su gobierno, advierte auditoría

Lizbeth Victoria Huerta, alcaldesa de Nochixtlán de 2019 a 2021 por Morena, desvió 8 millones 795 mil pesos del presupuesto municipal a través de compras y servicios simulados en el primer semestre de su gobierno, de acuerdo con una auditoría local.

Durante sus primeros seis meses de gobierno, la ahora exalcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta –que gobernó el ayuntamiento oaxaqueño de Asunción Nochixtlán de diciembre de 2019 a mayo de 2021– desvió 8 millones 795 mil pesos del presupuesto local, concluyó una auditoría especial realizada sobre 11 millones de pesos entregados a su administración, en dicho periodo.

El monto de este desvío equivale a 80 % del recurso público ejercido en ese periodo por la exalcaldesa de Nochixtlán y auditado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, ahora llamada Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

Aunque esta auditoría fue realizada en 2021, a raíz de las denuncias de corrupción promovidas por la activista Claudia Uruchurtu Cruz –quien luego fue víctima de desaparición forzada, por agentes del mismo ayuntamiento–, el gobierno de Oaxaca ordenó mantener ocultos sus resultados por un periodo de cinco años, hasta marzo de 2025, al considerar que hacerlos públicos obstruiría las actividades de revisión y fiscalización. Tras el vencimiento del plazo, Animal Político obtuvo esta auditoría especial a través de una solicitud de información pública.

Tal como determinó este ejercicio de revisión presupuestal, la administración de la exalcaldesa morenista desvió estos 8 millones 795 mil pesos a través de compras simuladas de diversos bienes, sobre los cuales no existe “constancia de recepción y los resguardos correspondientes, por lo que no se comprueba que dichos bienes se encuentren en propiedad y uso del municipio”.

Exalcaldesa de Nochixtlán presuntamente simuló compras y servicios para desviar recursos, revela auditoría

Entre los bienes cuya compra simuló la administración de Lizbeth Victoria Huerta, en sus primeros seis meses de gestión, están diversos equipos de cómputo, mobiliario de oficina, artículos para aseo, productos químicos básicos, combustible, uniformes para trabajadores, herramientas, carritos para recolección de basura y al menos ocho motocicletas, cuya adquisición fue incluida en la contabilidad del municipio, pero no pudo ser comprobada.

Según esta auditoría especial, la administración de Lizbeth Victoria Huerta también simuló la contratación de diversos servicios, a través de procedimientos administrativos irregulares, cuya realización tampoco fue comprobada. Entre estos servicios cuya contratación fue simulada están actividades culturales, servicios de ingeniería, de elaboración e impresión de documentos oficiales, servicios de reparación de equipo de transporte, así como de producción y difusión publicitaria.

Entre las contrataciones simuladas por el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta se encuentran, incluso, los mismos “servicios de contabilidad” del municipio.

La auditoría también confirmó que, tras asumir el cargo como alcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta otorgó a su hermana Natalie Victoria Huerta un salario como empleada municipal, aunque en realidad no pertenecía a la nómina ni existe un expediente de personal que compruebe que realizó algún trabajo por el sueldo devengado.

Bajo este mismo procedimiento de contratación simulada, la exalcaldesa de Nochixtlán otorgó un salario como empleado del ayuntamiento a José Manuel Muñoz Quevedo, a quien se registró en la contabilidad como “asesor jurídico de la presidencia (municipal)”, sin que tampoco pudiera presentarse la “documentación justificativa correspondiente”.

Activista denunció irregularidades en el presupuesto de Nochixtlán

La mayoría de estas irregularidades en el manejo del presupuesto municipal fueron documentadas y denunciadas por la activista local Claudia Uruchurtu entre 2019 y 2020, a través de su propia investigación y la solicitud de información pública.

Uruchurtu denunció estos hechos ante el gobierno estatal del priista José Murat, actualmente senador de Morena. También acudió a la Secretaría de Gobernación, cuya titular era Olga Sánchez Cordero, y a la Presidencia de México, encabezada en ese momento por Andrés Manuel López Obrador. La activista no obtuvo respuesta de ninguna de esas instancias.

La única denuncia de Claudia Uruchurtu que tuvo alguna consecuencia fue la que presentó ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Oaxaca (OSFE), el 26 de agosto de 2019.

Esta denuncia derivó en la realización de una “auditoría por situación excepcional” a los primeros seis meses de la gestión de Lizbeth Victoria Huerta. Esta revisión sólo analizó un tercio del presupuesto asignado en ese periodo.

A pesar de que este ejercicio de fiscalización detectó un desvío de 80 % del presupuesto auditado, el Órgano Superior de Fiscalización, dependiente del Congreso local,  no ordenó revisar el resto del presupuesto asignado en los primeros seis meses del gobierno de la exalcaldesa morenista, ni tampoco los recursos ejercidos luego de ese periodo.

“Si extrapolamos este desfalco de 80 % a todo el presupuesto municipal, no solamente del primer semestre de 2019, sino de toda la administración de Lizbeth Victoria Herta, estamos hablando de mucho más dinero desviado, que sólo 8 millones”, subraya Elizabeth Uruchurtu, hermana de la activista víctima de desaparición forzada.

“Lo más trágico –añade– es que la auditoría con la que se confirmaron estos actos de corrupción se realizó de manera ‘excepcional’, sólo por las denuncias de Claudia. Es decir que si ella no hubiera estado insistiendo, nada habría pasado. Entonces, los políticos corruptos que llegan al gobierno se la pasan robando como si nada, porque saben que no los van a auditar y aunque los auditen, no va a pasar nada.”

El Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca (OSFE) recibió en agosto de 2019 la denuncia de Claudia Uruchurtu y notificó los resultados finales de la Auditoría Excepcional a Nochixtlán en mayo de 2021.

En ese tiempo, el OSFE le requirió directamente a Lizbeth Victoria Huerta “un informe sobre el avance de gestión financiera del Municipio” y concluyó que la entonces alcaldesa de Nochixtlán “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para el correcto ejercicio del gasto público”, lo que dio la razón a Claudia Uruchurtu. Sin embargo, la autoridad clasificó estas conclusiones como reservadas durante los siguientes cinco años.

La desaparición forzada de Claudia Uruchurtu y el gobierno de Nochixtlán

Dos meses antes de que la autoridad concluyera su auditoría excepcional, empleados del ayuntamiento de Nochixtlán raptaron y desaparecieron a la activista Claudia Uruchurtu, luego de que participó en una manifestación afuera de la presidencia municipal, el 26 de marzo de 2021. Hasta la fecha, el paradero de Claudia Uruchurtu sigue sin ser determinado.

En diciembre de 2022, cuatro funcionarios públicos del ayuntamiento de Nochixtlán, entre los que se encuentra la exalcaldesa Lizbeth Victoria Huerta, fueron sentenciados hasta por 60 años de prisión, por el delito de desaparición forzada cometido contra Claudia Uruchurtu. En febrero de 2023 se declaró culpable a un quinto imputado: el asesor jurídico de Lizbeth Victoria.

Así, el de Claudia Uruchurtu Cruz es el primer caso plenamente documentado, aunque no el único, de una desaparición forzada cometida por el Estado mexicano, tras la llegada de Morena a la presidencia de México.

Aunque la morenista Lizbeth Victoria Huerta también fue procesada penalmente por estos hechos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado determinó que la exalcaldesa no incurrió en el delito de desaparición forzada en calidad de autora intelectual, sino que sólo cometió el delito de “obstrucción de las investigaciones” emprendidas para esclarecer este crimen, y la benefició con una pena de sólo cuatro años de prisión, que terminó de cumplir en diciembre de 2024.

Este criterio en beneficio de Lizbeth Victoria Huerta fue aplicado por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, incluso cuando la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que son “autores del delito” los funcionarios que físicamente privan de la libertad a la víctima, así como los superiores jerárquicos que oculten o nieguen información sobre los hechos, tal como hizo la exalcaldesa al obstruir las investigaciones realizadas.

“Ninguna autoridad investigó las denuncias de corrupción presentadas por Claudia, como el motivo por el cual fue desaparecida forzosamente”, detalla Sara Uruchurtu, otra hermana de la activista. “Nosotras siempre insistimos en que ocultar esos actos de corrupción de la exalcaldesa Lizbeth Victoria Huera era el móvil del crimen cometido contra nuestra hermana, pero la respuesta que siempre nos dieron fue que ese era un delito diferente, desvinculado, y si queríamos una investigación específica, teníamos que iniciar un proceso separado. Nunca fueron a fondo.”

Todas las autoridades que omitieron estas investigaciones, tanto federales como estatales, pertenecían o estaban subordinadas a Morena.

Investigaciones por desvío de recursos públicos de Nochixtlán sigue inconclusa

A cinco años de que la auditoría excepcional iniciada por las denuncias de Uruchurtu Cruz revelara que el gobierno de la alcaldesa incurrió en desvío de recursos, el Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca notificó que las investigaciones iniciadas por este desfalco siguen sin concluirse.

La autoridad fiscalizadora informó que desde 2021 existe un “expediente de presunta responsabilidad administrativa que no se le ha dictado resolución alguna. Se considera aún un proceso abierto de investigación”, por lo que, hasta la fecha, ningún involucrado ha sido sancionado, ni tampoco ha sido recuperado el dinero desviado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Conseguir una es imposible”: denuncian en Playa del Carmen venta ilegal de citas para hacer trámites ante Migración

Un grupo de personas acapara citas para trámites migratorios en el Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo, y las vende ilegalmente hasta en 3 mil pesos cada una, denuncian ciudadanos.

Ciudadanos en Playa del Carmen, Quintana Roo, denunciaron que hay personas que se dedican a acaparar citas para realizar trámites migratorios ante la subdelegación en esa localidad del Instituto Nacional de Migración (INM) y luego venderlas de manera ilegal para lucrar con un trámite que, además, es gratuito por Ley.

Las personas que venden las citas, que se presentan como ‘facilitadores’, hacen también un uso ilegal del logotipo y la imagen del INM para engañar a los posibles compradores.

La denuncia la realizó un despacho de abogados de Playa del Carmen, que a su vez recibió múltiples quejas de ciudadanos por esta situación. El despacho pide mantenerse en el anonimato por temor a represalias de las personas que venden las citas ilegalmente.

Por su parte, el INM dijo a este medio que ya abrió una investigación interna y que están trabajando en mejorar el sistema informático para evitar el acaparamiento de las citas.

Cómo se obtiene en línea una cita en Migración

Desde octubre de 2024, el INM implementó un sistema de citas en línea para realizar trámites migratorios (el Portal de Servicio del INM), como la solicitud de un permiso de permanencia en el país, una visa de trabajo, la residencia permanente, o la reposición de un documento migratorio.

A través de ese portal de internet, la autoridad federal establece un día y una hora, y la persona extranjera acude con su cita para iniciar el trámite. En este punto hay que aclarar que la cita por sí sola es un trámite gratuito. Lo que sí tiene un costo es el trámite que se realice posteriormente ante la autoridad.

“Sin embargo, desde junio pasado, obtener una cita se ha vuelto una tarea imposible”, plantea uno de los abogados del despacho, al que llamaremos Javier.

Lo anterior, explica el abogado, debido a que el sistema agota los espacios “en tan solo unos segundos”, dejando sin posibilidad a los usuarios de realizar trámite alguno.


Venden ilegalmente citas para trámites migratorios hasta en 3 mil pesos

El despacho legal detectó que, al mismo tiempo que las citas se agotaban en solo unos segundos en el portal del INM, comenzaron a aparecer múltiples anuncios en redes sociales de personas que ofrecen ‘ayuda’ para la obtención de una de esas preciadas citas.

Las personas que se anuncian ofrecen precios que oscilan entre los 1 mil y los 3 mil pesos por cita. Animal Político pudo constatar algunos de estos anuncios, en los que personas también de origen extranjero se publicitan con un número de celular para contactarlos.

“Nuestra investigación indica que la mayoría de las citas en línea están siendo acaparadas por una mujer, al parecer de nacionalidad rusa. Esta persona lucra con la venta de esas citas que acapara mediante un chat de Whatsapp, manteniendo oculta su identidad”, explica Javier.

Incluso, el despacho legal tomó registro de que, en las inmediaciones de la Subrepresentación Federal del INM en Playa del Carmen, se encuentran pegadas, en postes y paredes, hojas que anuncian abiertamente la venta ilegal de citas.

Igualmente, en algunos negocios cercanos a las oficinas locales del INM se reparten tarjetas que contienen un código QR que conecta a un número de Whatsapp.

“Al conectarse a la aplicación mediante el mencionado código QR, se observa que se trata de un número celular de extranjeros y que se utiliza como imagen el logotipo oficial del INM con la leyenda ‘Secretaría de Gobernación Instituto Nacional de Migración´”, expuso el despacho de abogados en una carta remitida al titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, y de la que este medio guarda copia.

“Al consultar a dicho número mediante un chat de Whatsapp, en respuesta envían una captura de pantalla del Portal de Servicios del INM que contiene un listado de citas disponibles y a la venta. Llama la atención que cuentan con citas disponibles todos los días de la semana y prácticamente en todos los horarios”.

Una vez que se elige la hora y la fecha, entonces se solicita al extranjero una serie de datos necesarios para poder agendar la cita. Y cuando éste paga la cantidad que le solicita la persona, entonces le envían el comprobante de la cita.

“Esta es la única vía en la que actualmente pueden conseguirse citas”, subraya el abogado.

Defraudan con citas falsas para trámites migratorios en Playa del Carmen, Quintana Roo

No obstante, el despacho legal también detectó que otras personas, aprovechando la necesidad que muchos extranjeros tienen de realizar múltiples trámites migratorios, ofrecen también citas, que luego resultan “apócrifas”, falsas.

“Así, cuando los extranjeros acuden al INM con una cita adquirida de manera informal, frecuentemente descubren que no está registrada en el sistema, lo que les impide realizar sus trámites y los dejan en una situación de vulnerabilidad”.

Además, diversos testimonios dijeron al despacho de abogados que uno de los ‘facilitadores’, que ofrece citas por medio de dos perfiles de Facebook con la promesa de “librar la batalla de las citas por ti”, lo que hace es vender una misma cita a varios extranjeros. Es decir, la revende.

“Como resultado, los migrantes que por necesidad compran una cita a esta persona, llegan a la oficina del INM y se encuentran con que la cita ha sido cancelada, quedando expuestos a una pérdida de tiempo y dinero”.

Sobre lo anterior, Javier expone como hipótesis que el portal de citas del INM ha podido ser “hackeado”, o “manipulado por personas que se apoderan de casi la totalidad de citas disponibles para venderlas a extranjeros migrantes que necesitan realizar trámites en la subdelegación de Playa del Carmen, en una práctica que los deja en un estado de total indefensión”.

Los abogados recuerdan que el posible hackeo del portal del INM representa un delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, “pues, evidentemente, para acaparar la gran mayoría de las citas disponibles, debe accederse y manipularse de alguna forma el sistema informático que opera el Estado mexicano”.

INM abre investigación interna sobre venta ilegal de citas para trámites migratorios

Javier dijo durante la entrevista que han denunciado esta situación en reiteradas ocasiones ante las autoridades del INM, pero éstas, acusa, “han sido omisas” a la fecha.

“La única respuesta recibida hasta ahora ha sido: ‘Es imposible que se manipule el sistema’, lo cual evidencia la falta de atención seria y exhaustiva del problema, lo que resulta inaceptable dada la gravedad de los hechos expuestos”, denunció el abogado.

Animal Político buscó al departamento de comunicación social del INM para preguntar a la institución por esta denuncia.

En respuesta, el Instituto dijo estar al tanto de la situación y subrayó que está tomando medidas en dos sentidos.

El primero, el INM aseguró a este medio que ya abrió “una investigación formal” a través de su Órgano Interno de Control. “Si ha habido alguna situación indebida (de algún funcionario del Instituto) habrá consecuencias”, señaló la dependencia.

Y el segundo, el Instituto informó que ya se está trabajando en “mejorar el sistema informático” para que ya no haya personas que puedan acaparar las citas para los trámites.

“Eso ya se está llevando a cabo. Estamos trabajando en fortalecer los protocolos para evitar este tipo de situaciones”, recalcó la dependencia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.