“Me presenté por oficio a la sede de la Coordinación Regional de la Agencia de Investigación Criminal, donde el jefe regional de la unidad administrativa de esta dependencia me informó que a partir del 1 de enero del 2022 se terminaría la relación jurídico administrativa que me une con la fiscalía, debido a un nuevo modelo institucional. También me dijo que tendría que firmar mi renuncia voluntaria y recibir el dinero que me estaban ofreciendo porque no habría forma de evitar mi separación del cargo”. Este es el relato de un agente de la policía ministerial al que fue anunciado su cese el pasado 28 de diciembre.
Como él, agentes del Ministerio Público, peritos y policías de diversas delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República (FGR) recibieron en los últimos días citatorios para presentarse en las oficinas de la institución y allí fueron notificados de su inminente despido, que se hará efectivo el próximo 1 de enero.