Ronald Douglas Johnson, “Ron”, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, aseguró, el 5 de junio de 2025, que el Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump y su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo, trabajaban juntos, para frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano.
Ello a pesar del fallo unánime que emitió el Pleno de la Corte Suprema de Estados Unidos, que desestimó, el mismo día, la demanda que interpuso, en agosto de 2021, el Gobierno de México, en contra de al menos dos de las ocho compañías de la industria armamentista -el fabricante Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms-, ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.
“Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump, trabajamos con la presidenta @ClaudiaShein y su equipo para frenar el tráfico de armas hacia el sur y desmantelar las redes que alimentan la violencia. Juntos hacemos a nuestros países más fuertes y seguras”, escribió Johnson, en su cuenta de la red social X.
“México rechaza la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos contra la demanda presentada a fabricantes de armas”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana , en un comunicado.
“La Suprema Corte de Estados Unidos sostuvo hoy que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) da inmunidad y protege a los fabricantes de tener responsabilidad legal”, señaló la SRE.
“El argumento central, publicado esta mañana en su sitio web oficial, fue que no se probó que las empresas ‘ayudaran y facilitaran’ (aiding and abetting) al tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo esgrimido que es el de la proximidad del daño (proximate cause)”, detalló la Cancillería.
“Con esta decisión, la Suprema Corte revoca la que previamente adoptó la Corte de Apelaciones, que había admitido la demanda de México, y devuelve el caso a la Corte de Distrito para que los procedimientos sigan en consonancia con su decisión”, agregó la SRE.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles”, insistió la Cancillería.
“México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país, y seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, afirmó la SRE.
“Esta demanda fue presentada por México en agosto de 2021 ante un Juez de Distrito de Boston, Massachussets. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que México había alegado de manera suficiente que ‘los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México’”, recordó la Cancillería.
“La decisión de la Suprema Corte del día de hoy, no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencia”, explicó la SRE.
“Las dos demandas presentadas por México tanto en Massachussets como en Arizona, han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego a nuestro territorio. México ha logrado posicionar el tema no sólo en la esfera bilateral, sino también multilateral, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021. Actualmente, se está a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita también una opinión sobre el tema”, finalizó la Cancillería.
En un fallo unánime de votos a favor y cero sufragios en contra, el Pleno de la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó, el 5 de junio de 2025, la demanda que interpuso, en agosto de 2021, el Gobierno de México, en contra de al menos dos de las ocho compañías de la industria armamentista -el fabricante Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms-, ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.
“México alega que las empresas ayudaron e instigaron ventas ilícitas que canalizaron armas a cárteles mexicanos. La cuestión presentada es si la demanda de México demuestra plausiblemente esa conducta. Concluimos que no lo hace”, escribió la jueza progresista Elena Kagan, en nombre de la Corte Suprema de Estados Unidos.
“Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA [Ley de Protección del Comercio Legal de Armas] impide la demanda”, indicó el fallo unánime de los nueve magistrados de la Corte Suprema de EE. UU., seis de ellos conservadores y tres progresistas.
En este caso los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos debían dar respuesta a dos cuestiones. Primero, si la producción y venta de armas de fuego en EE. UU. era la “causa inmediata” de las presuntas lesiones al Gobierno mexicano, derivadas de la violencia cometida por los cárteles de la droga en México.
Segundo, si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos equivalía a “ayudar e instigar” el tráfico ilegal de las mismas, porque las empresas que las fabricaban y comercializaban supuestamente sabían que algunos de sus productos eran objeto de tráfico ilegal.
“No nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar y que los fabricantes son conscientes de ello. Sin embargo, México no ha alegado adecuadamente lo que debe: que los fabricantes ‘participan en’ esas ventas ‘como en algo que desean llevar a cabo’ y ‘pretenden, con [su] actuación, que se lleve a cabo”, agregó el fallo del máximo tribunal constitucional estadounidense.
Asimismo, Kagan subrayó que la demanda no señalaba ninguna transacción delictiva específica, en la que los demandados presuntamente hubieran prestado ayuda. No decía, por ejemplo, que un fabricante en particular ayudó a un comerciante de armas determinado, en un momento y lugar concretos, a vender armas a un traficante mexicano determinado, que no estaba legalmente autorizado a comprarlas en virtud de una ley específica.
En cambio, la demanda del Gobierno mexicano formuló una acusación más general: que todos los fabricantes ayudaban a un número indeterminado de comerciantes de armas sin escrúpulos, a realizar numerosas ventas de armas de fuego, en violación de diversas prohibiciones legales.
El carácter sistémico de esa acusación aumentó la carga de la prueba del Gobierno de México, por lo que la Corte Suprema de Estados Unidos enfatizó que, para que la acusación prosperara, debía estar respaldada por alegaciones plausibles de “asistencia generalizada, sistémica y culpable”, lo que no ocurrió.
Además, la Corte Suprema de EE. UU. subrayó que la estructura comercial del sector pasaba por intermediarios mayoristas, lo que dejaba en precario la acusación de que los fabricantes vendían a algunas tiendas de armas en concreto, mismas que facilitaban el acceso a los cárteles de la droga.
“Al afirmar que los fabricantes suministran intencionadamente armas a distribuidores sin escrúpulos, México nunca reconoce que los fabricantes no suministran directamente a ningún distribuidor, sea este sin escrúpulos o no. En su lugar, venden armas de fuego a distribuidores intermediarios, cuya independencia nunca ha cuestionado México”, destacó el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El martes 4 de marzo del mismo año, representantes del Gobierno de México expusieron,ante la Corte Suprema de Estados Unidos, sus argumentos respecto la demanda que interpuso, en agosto de 2021, en contra de ocho compañías de la industria armamentista ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.
Durante la audiencia, los representantes del Gobierno mexicano reiteraron que las empresas no gozaban de inmunidad por su conducta negligente, como resolvió en su favor, Rosemary Márquez, de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en Tucson, dictaminó, el 25 de marzo de 2024.
Dicha juzgadora indicó que el Gobierno mexicano podría seguir adelante con una demanda que acusaba a cinco empresas vendedoras de armamento de dicho entidad de Estados Unidos -Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Ruger, así como Glock y Strum-, de participar en el tráfico de armas y municiones a los cárteles del narcotráfico en México.
La juzgadora federal rechazó los argumentos de los distribuidores -Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague’s Sports Inc-, que argumentaron que gozaban de una llamada “inmunidad procesal” de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escudaba a los fabricantes y distribuidores de EE.UU., de recibir querellas por la vía civil, por el mal uso de sus productos.
Los argumentos del Gobierno de México ante la Corte Suprema de EE. UU. fueron presentados por la abogada Cate Stetson, quien estuvo acompañada de los abogados Jonathan Lowy, presidente de la organización de la sociedad civil Global Action on Gun Violence y Steve Shadowen, que representaron a México en este litigio. También estuvieron Fadia Ibrahim Nader, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga.
“Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río, con pleno conocimiento de causa. Para frenar a los cárteles, es imperante cortar el suministro de sus armas de fuego”, indicó Arrocha Olabuenaga, durante la audiencia ante la Suprema Corte de EE. UU.
El máximo tribunal constitucional de Estados Unidos podría emitir una decisión a finales del segundo trimestre del presente año, cuando determinaría si estas empresas demandadas gozarían de inmunidad, aun cuando incurrieran en este tipo de prácticas.
En un comunicado, la SRE informó que en enero de 2024, lo que calificó como “un hecho sin precedentes”, México superó la inmunidad que otorgaba la ley estadounidense a estas empresas, tras una resolución favorable de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito.
Según la Cancillería, durante la audiencia ante la Suprema Corte de EE. UU., el Gobierno mexicano sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permitían que sus armas de fuego fueran traficadas a México, causando violencia y sufrimiento a su población, por lo que no gozaban de inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos.
Respecto a la Segunda Enmienda, el Gobierno de México indicó que respetaba el derecho de autogobernarse y reiteraba que este caso no versaba respecto a la misma, ni sobre el derecho de los estadounidenses a portar armas.
El Gobierno de México anunció, el 4 de agosto del 2021, que demandó a 11 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos en una Corte Federal del Distrito de Massachusetts, en Boston, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos eran traficados ilegalmente a territorio mexicano.
Según un documento citado por la agencia británica Reuters y el diario estadounidense The Washington Post, la demanda señalaba que el Gobierno de México buscaba una compensación de hasta 10 mil millones de dólares.
Ello alegando que las unidades de Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt´s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock GES; Sturm, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group; e, Interstate Arms; sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país latinoamericano.
