Apenas veinte días antes de que la marcha contra la gentrificación sorprendiera a las colonias Roma y Condesa con su reclamo de responsabilidad a los turistas y migrantes del norte global, por la expulsión de la población originaria y el encarecimiento de las vida en el Ciudad de México, la empresa Airbnb había anunciado su maridaje con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) como la “plataforma oficial de reservas de alojamiento alternativo y experiencias”.
Asumido desde entonces como un “promotor” del evento, el acuerdo colocó a Airbnb en una posición de superioridad frente al gremio hotelero que se ha sumado a las exigencias de regulación de la plataforma, que proyecta generar un ingreso de 35 millones de dólares por el cobro de al menos 60 dólares por persona y por noche (unos mil 200 pesos mexicanos) a las 90 mil personas que usarían la plataforma para alojarse, según la información publicada en un informe de la empresa titulado “El papel de Airbnb en la Copa Mundial de la FIFA 2026”.
“Mucha gente está en proceso de búsqueda de espacios para rentar y no encuentra, porque todo está carísimo”, explicó en entrevista uno de los convocantes a la manifestación anti-gentrificación, que gestiona la página “Gentrificación en tu idioma”, quien prefirió que no se publique su identidad en este reportaje. “Eso provocó que la convocatoria a la marcha del 4 de julio se extendiera tanto, porque estamos en la punta de la crisis: el encarecimiento está provocando el desplazamiento por no poder pagar, hay gente que tiene que elegir entre pagar la renta o pagar los servicios, porque no le alcanza. Esto, junto al choque geopolítico que hay actualmente con Trump (por las políticas de persecución de migrantes en Estados Unidos) y la llegada de estadounidenses a las zonas centrales de la ciudad, amplificó el reclamo contra ellos”, explicó.
La fuente insistió en que, si bien es necesario diferenciar que “los gringos” no son la causa de la situación, “sí son un reflejo del problema, y se aprovechan de la crisis de vivienda que aquí existe. Aunque tenemos problemas más grandes, como la falta de una política clara, la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la renta, los desalojos ilegales, Airbnb y por supuesto, ahora un punto importante es el Mundial”, destacó.
Impacto en Ciudad de México
La relación entre el gobierno de la capital mexicana y la empresa trasnacional símbolo de los alquileres de corta estancia tiene varios años de recorrido. Cuando en la Jefatura de Gobierno estaba todavía la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se conoció la firma de un primer acercamiento formal entre ambos.
El 26 de octubre de 2022, el gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo de entendimiento con Airbnb por medio de la Coordinación general de asesores y asuntos internacionales, referido como “una carta de intención y de buena fe, que no crea derechos u obligaciones vinculantes o exigibles”, destinada sin embargo a identificar “áreas de cooperación” entre ellas y a la creación de “una campaña de promoción de los atractivos de la Ciudad de México” para convertir a la capital mexicana en “la alternativa preferida por turistas nacionales y extranjeros”, en la cual “se incluirá a los nómadas digitales como uno de los principales objetivos”.
En el documento —al que Desinformémonos tuvo acceso— se reconoce que Airbnb hizo una donación previa, en 2021, a la Secretaría de las Mujeres capitalina de 52 mil 500 dólares (cerca del millón de pesos mexicanos) para pagar el “alojamiento temporal a mujeres víctimas por razones de género”. Es decir, Airbnb donó a Semujeres un monto equivalente a la inversión de un año de su presupuesto en ese rubro (según información oficial, en 2023, Semujeres dedicó el 0.36 por ciento de su presupuesto total, equivalente a 935 mil pesos mexicanos, a la “atención integral en espacios de refugio a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia extrema”) para que la Secretaría “gestione el proceso de reserva para las víctimas” y cubra los gastos de su alojamiento temporal en la plataforma ¡con el mismo dinero donado por Airbnb!
Ese fue el puntapié público para una relación compleja, que ha tenido a la plataforma de ambos lados del mostrador y que hizo que, cuando la presión pública creció sobre ella, la empresa aceptara que se le apliquen restricciones a su funcionamiento. “Es normal que se negocie con la plataforma, pero esta regulación parece ser algo que ellos propusieron, porque la tanda de legislaciones que ha avanzado en todas las ciudades es muy similar. Hay una estrategia de su parte”, dijo en entrevista con Desinformémonos Silvia Emanuelli, coordinadora regional en América Latina de Habitat International Coalition (HIC), una organización no gubernamental que ha investigado y acompañado este proceso.
El registro de las viviendas y “anfitriones” es el elemento articulador de la regulación —que pretende limitar la oferta de cada espacio al 50 por ciento de las noches del año— pero, hasta el momento, ese registro no existe: “por lo tanto, es una legislación que no está operando”, apuntó la fuente. Mientras tanto, grupos de propietarios han comenzado a reclamar que se diferencie entre los “pequeños anfitriones” que tienen una sola vivienda en la plataforma, de los “grandes” tenedores que tienen “hoteles casi ilegales” con edificios en los que todos sus departamentos están dedicados a Airbnb, para que el gobierno ponga el límite de noches sólo a estos últimos.
“A mayor densidad de rentas temporales, mayor es el aumento de los precios de la vivienda en los alrededores donde están ubicadas, y en la ciudad misma. Hay una sustracción de la vivienda que podrías ofertar a través de la renta clásica, que es trasladada al mercado de la renta breve, el cual se ha comprobado que es mucho más atractivo porque una persona que renta una vivienda por Airbnb, puede ganar hasta tres veces lo que obtiene de un alquiler clásico. O sea, no sólo quita vivienda sino que también participa en el incremento de los precios. El problema es que en México no tenemos estudios sobre esto”, explicó Emanuelli.
Según datos sistematizados por HIC en su informe de enero de este año, puede verse cómo las viviendas enteras para renta temporal en la capital mexicana representan el 65.31 por ciento de los espacios ofrecidos, mientras que la renta de cuartos dentro de casas habitadas son el 32.7 por ciento de la oferta. El ritmo de aumento del ofrecimiento de viviendas enteras frente a cuartos es mayor: entre 2023 y 2024 se agregaron 166 casas enteras para renta temporal frente a 27 nuevos cuartos.
Las gráficas elaboradas por HIC, que reproducimos en este reportaje, muestran la predominancia territorial de la oferta de renta temporal en Airbnb en cuatro alcaldías —Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán—, las cuales concentran el 84.62 por ciento de la ciudad, que ronda las 26 mil unidades en total.
La otra propuesta que ha estado en debate, según comentó Emanuelli, es excluir momentos del año dónde la reglamentación no opere, como por ejemplo, durante el tiempo en que se jueguen los partidos del Mundial en la Ciudad de México. “Esto fue sólo una propuesta que no ha pasado todavía, pero hacia ahí quieren ir”, sentenció.
Precarios y precarizados
La aparición de estas plataformas vino a exacerbar una situación económica en declive durante los últimos 30 años, donde el encarecimiento de la vivienda operó también. “El problema con la gentrificación y el encarecimiento de la vivienda es que este es uno de los servicios, la renta o la adquisición, que causa mayores problemas a los trabajadores para poder cubrirlo”, dijo a Desinformémono David Lozano, economista del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM.
El experto explicó que del total del ingreso de las familias mexicanas, el 56 por ciento se gasta en alimentos, mientras que el 30 por ciento se dedica a la renta o servicios de renta, es decir, el 86 por ciento de su gasto se dedica en comida y casa. “Antes no sucedía así, pero a finales de los años 90 el gasto en vivienda rondaba el 20 por ciento y comenzó a subir, aumentando la precarización de las personas. Este fenómeno también comenzó a verse en los países desarrollados”, explicó.
El encarecimiento volcó a más cantidad de población a buscar una vivienda subisdiada o de interés social, popular, y a otro sector, a compartir gastos, vivir con otras familias y a hacinarse. Lozano explicó que ésta es la verdadera característica de este proceso, el hacinamiento que tiene a 36 millones de mexicanos viviendo en espacios menores del que necesitan. La disminución del tamaño de las familias también impactó en su capacidad para costear el gasto en vivienda, como muestra la gráfica realizada por el CAM para este reportaje.
El Mundial, explicó Lozano, viene a jugar un papel de encarecimiento en estos ya altos costos de vida, que aumentará aún más los precios de la vivienda aunque, para el experto, ese impacto será temporal: “la llegada de extranjeros va a subir los costos durante ese mes, las rentas van a estar enfocadas en ellos, sobre todo aquellas ubicadas en las principales avenidas que llevan a los estadios de las tres ciudades donde habrá partido (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y a zonas comerciales y seguras. Eso es lo que reclaman los que vienen al Mundial, que sea seguro y de fácil acceso”, apuntó.
Vivienda vs. Copa
Además de exacerbar la tensión económica, el Mundial también llegó para agitar el conflicto social. Para Lágrimas lagrimógenas, quien integra el Frente Anti-Gentrificación de la Ciudad de México, denunciar los impactos del Mundial en este complejo proceso fue parte de sus motivaciones para alzar la voz colectiva: “personalmente sí me impulsó, ese día durante el micrófono abierto lo mencioné. Y poco a poco, cuando vas rascándole al asunto, encuentras esta relación no sólo entre la FIFA y Airbnb, sino que también hay otras plataformas digitales y la vivienda turística. Creo que el tema se va a volver más importante en este tiempo”, reflexionó en entrevista con este medio.
En las manifestaciones los carteles que vinculan a la Copa del Mundo y a la FIFA, como “la FIFA no es Antifa” o “Queremos vivienda, tu Copa nos vale”, reflejan cómo el evento para el que se han puesto todas las baterías de promoción turística de la ciudad es una piedra en el zapato en las discusiones sobre desplazamiento.
“Se le dice neo-colonización a este proceso para marcar que es parte de lo mismo, pero con nuevas formas de extender las injusticias espaciales y la desigualdad a través de modelos de colonización, con este control que tienen sobre el territorio y la vida de las personas. Estas dinámicas dictan cómo debe ser vivida, habitada, transitada la ciudad, a partir de modelos que apelan a cosas que no son locales y que no son adecuadas para el territorio, incluso con la diversidad de situaciones que tenemos aquí”, analizó.
Explicó que han buscado que el tinte nacionalista que se le dio a la primera marcha en la difusión mediática sea dejado de lado, profundizando la discusión sobre la vivienda y el derecho a la ciudad, planeteando la necesidad de una ley inquilinaria y la consolidación de la regulación de la renta por plataformas. “Por parte del Frente Antigentrificación estamos pensando acciones para plantear cómo los mexicanos también gentrifican. Es importante darle la vuelta a esa narrativa, que aprovecharon los medios tradicionales y hegemónicos, e hicieron lo que quisieron con ella”, relató.
Pero el malestar ampliamente reflejado en las marchas anti-gentrificación por mucha gente que no acostumbraba a volcarse a las calles es el alto costo de la renta en la Ciudad de México: “es importante aprovechar estos espacios para la crítica de la financiarización de la vivienda, del papel de los desarrolladores nacionales, no sólo internacionales, en este proceso. Creemos que responde a las necesidades de este sector que padece el encarecimiento de la vivienda y la precarización de lo laboral también, aprovechar la virtualidad para ello”, explicó.
El uso de “memes como herramienta política” y de la comunicación por medio de redes sociales han pautado el proceso de organización del Frente Antigentrificación y su forma de promover la discusión sobre la vivienda digna, con una perspectiva generacional nueva: “vemos un área de oportunidad increíble en este contexto, también para hacer cosas divertidas, muy creativas desde lo cultural y podemos impulsar discursos interesantes”.
La respuesta gubernamental a las marchas anti -gentrificación ha sido el despliegue de un nuevo tipo de encapsulamiento policial para estas y otras manifestaciones capitalinas, el cual agrega una capa de complejidad y desafío al proceso organizativo: “sus protocolos entorpecen la forma de planeación de los eventos, siguen molestando a la gente y nos recuerdan que es la única forma que el Estado conoce. Pero también nos obliga a la creatividad, a salirnos del cerco, literal. Algo que es muy desafiante, pero ahí estaremos”, concluyó.
