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Trabajadores judiciales de CDMX en paro exigen auditoría interna, bono extraordinario y basificación

Trabajadores del Poder Judicial de CDMX en paro entregaron un pliego de exigencias que incluye una auditoría interna, incremento salarial con base en ahorros presupuestales, un bono extraordinario en diciembre y la basificación del personal con más de seis meses de antigüedad.

Tras más de dos semanas de paro de labores en el Poder Judicial de CDMX, el viernes pasado la base trabajadora entregó a autoridades capitalinas un pliego de exigencias. Entre los puntos principales se encuentra la solicitud de una auditoría interna antes de agosto, con el fin de detectar y suspender gastos considerados injustificados, y destinar los recursos resultantes a un incremento salarial general.

Además, demandaron la aprobación de un bono extraordinario en diciembre, así como la basificación de personal administrativo, proyectistas, secretarios y trabajadores de medidas cautelares con al menos seis meses de antigüedad, conforme a lo planteado en una “Carta convenio” redactada por el colectivo en paro, documento al que tuvo acceso el Observatorio de Justicia de la Universidad Iberoamericana.

Los trabajadores exigieron participar en la planeación presupuestal de 2026, con el objetivo de garantizar mejoras en condiciones laborales, mobiliario, insumos y atención a la falta de personal.

Finalmente, demandaron que en las negociaciones para el levantamiento del paro no tenga ninguna participación el Sindicato Único de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o cualquiera de sus secciones, luego de que este órgano gremial se ha mantenido omiso ante la movilización de la base trabajadora.

Tribunal Superior de Justicia de CDMX recibe pliego petitorio de trabajadores en paro

En respuesta, el Tribunal Superior de Justicia, en su calidad de parte patronal, propuso revisar el presupuesto para analizar la viabilidad de otorgar un estímulo económico. También se comprometió a no tomar represalias contra los trabajadores movilizados.

Durante la mesa de negociación del pasado viernes, que se prolongó por más de seis horas, las autoridades reiteraron que el monto del posible bono se conocería hasta septiembre, una vez que se revisen los ahorros presupuestales, pero se negaron a establecer un monto concreto o, incluso, a garantizar dicho estímulo.

Esta propuesta oficial implica una modificación al acuerdo ofrecido en la mesa de diálogo previa, realizada el martes 18 de junio, en la que se prometió a los trabajadores un bono y, si quedaba presupuesto, un aumento adicional.

Sin embargo, el viernes, con la presencia del oficial mayor, las autoridades manejaron la entrega del bono sólo como una posibilidad. “Ya no existió esa flexibilidad”, señaló Erika Italia Ojeda, trabajadora administrativa especializada, quien es una de las voceras del movimiento.

Según los trabajadores, las autoridades insisten en que no es viable un incremento adicional este año por la política de austeridad, pero el movimiento consideró que el problema no es la falta de recursos, sino la necesidad de revisar el gasto y redistribuirlo con justicia, mediante una auditoría.

“Incluso, nos dijeron que no jugáramos a las vencidas con Sansón. Fue una especie de amenaza entre líneas. Los trabajadores ya queremos volver a las actividades, pero no así, si firmamos cualquier cosa, en diciembre nos dicen que no hay dinero y otra vez quedamos igual”, subrayó.


Paro en juzgados de CDMX: trabajadores denuncian amenazas

Tras la reunión, los trabajadores en paro denunciaron que han recibido amenazas de nuevas agresiones por parte de grupos de choque, como la que sufrieron el pasado 11 de junio, cuando personas no identificadas atacaron a los trabajadores en el plantón e intentaron liberar los accesos a las instalaciones judiciales.

La movilización de trabajadores en el Poder Judicial de CDMX inició el 5 de junio, con el cierre del edificio de Niños Héroes 132, al que luego se sumaron oficinas como Plaza Juárez, Ciudad Judicial, los archivos judiciales y varias áreas de los reclusorios.

En total, los trabajadores en paro calculan que en el movimiento participan aproximadamente 800 empleados de las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia capitalinos, inconformes con los rezagos acumulados desde la transición al sistema penal acusatorio, la falta de insumos, mobiliario, instalaciones adecuadas y la sobrecarga de trabajo sin compensación salarial.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR:                           /EDGAR LEDESMA.

La SSC-CdMx detiene a presunto generador de violencia con armas y droga en Iztapalapa

Elementos de seguridad de la Ciudad de México detuvieron a Edwin Matías "N", alias "Matías del Hoyo", a quien se señala como uno de los principales generadores de violencia de Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este domingo que elementos de la dependencia lograron la detención de un sujeto identificado como Edwin Matías "N", alias "Matías del Hoyo", de 28 años de edad, en la colonia El Paraíso de la Alcaldía Iztapalapa, quien es señalado como uno de los principales generadores de violencia.

El Secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, confirmó el arresto del presunto criminal a través de un mensaje compartido en su cuenta de X, antes Twitter, en el cual detalló que el detenido podría estar involucrado en delitos de homicidio, robo y venta de drogas.

Mediante un comunicado, la SSC-CdMx detalló que el presunto criminal fue detenido a raíz de que elementos de la policía capitalina reforzaron los patrullajes y la vigilancia en la zona, esto luego de que el pasado jueves 19 de junio uniformados arrestaron a cuatro sujetos que dispararon en su contra, en la esquina de las calles Reyna Xóchitl y Totli
Durante un recorrido de seguridad, elementos de la Policía capitalina recibieron una alerta por parte de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, debido a un reporte de disparos en el cruce de las calles Huitzilihuitl y cerrada de Huitzilihuitl, en la colonia El Paraíso de la Alcaldía Iztapalapa.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a un sujeto que estaba manipulando varios envoltorios similares a los que se utilizan para la venta de drogas, por lo que los agentes intentaron acercarse al sospechoso, sin embargo, éste intentó darse a la fuga, pero no lo logró.

Cabe mencionar que, al ser detenido Edwin Matías "N" intentó sobornar a los policías que lo detuvieron ofreciéndoles dinero para no ser presentado ante el Ministerio Público, sin embargo, esta oferta fue rechazada por los agentes y reportada para que se integre a la carpeta de investigación.

Luego de la detención del sospechoso, agentes de la SSC-CdMx procedieron a realizar una revisión de seguridad al sujeto, en la cual lograron asegurar un arma corta, un cargador y nueve cartuchos útiles, además de 10 bolsitas con una sustancia en polvo con características similares a la cocaína, además de una bolsa con la misma sustancia en presentación de piedra.

Derivado del hallazgo de las presuntas drogas y el arma que estaban en posesión del detenido, policías capitalinos procedieron a arrestar del sospechoso, quien fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de realizar las indagatorias necesarias en torno a este caso.

Es importante mencionar que Edwin Matías "N" podría estar relacionado con dos homicidios cometidos en la Alcaldía Iztapalapa en los meses de marzo y diciembre del 2024, además de que es señalado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en la zona.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 22 JUNIO 2025.

Fiscalía capitalina investiga agresión a mando policiaco en alcaldía Cuauhtémoc

La patrulla de la Policía Auxiliar agredida presentaba solo dos impactos de bala y no nueve como se había mencionado en los primeros reportes de la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) informó que ya abrió una carpeta de investigación por la agresión con armas de fuego en contra de un mando que viajaba en una patrulla de la Policía Auxiliar (PA) en la alcaldía Cuauhtémoc, unidad que está asignada al mando principal de la PA en esa demarcación.

A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que la patrulla agredida presentaba solo dos impactos de bala y no nueve como se había mencionado en los primeros reportes.

La Fiscalía capitalina informó que durante la madrugada “realizó la revisión de la patrulla y después de los peritajes correspondientes determinó que tenía dos impactos de arma de fuego, ambos en la estructura tubular de la unidad”.

Además, reportó que el mando policiaco agredido “continúa rindiendo su declaración ante la autoridad ministerial” y que el C5 analiza las cámaras de videovigilancia en el lugar de los hechos y sus inmediaciones para tratar de identificar a los probables responsables de efectuar los disparos.

Alcaldesa exige investigación

Tras revelarse los hechos ocurridos sobre la calle Aldama, colonia Buenavista, a unos pasos de las oficinas centrales de la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, calificó la agresión contra el mando policiaco como un acto “cobarde” y exigió esclarecer los hechos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Rojo de la Vega dijo que este tipo de ataques responden a intereses afectados por su administración:
Estamos tocando intereses podridos. Pero que les quede claro: no nos van a doblar.
El mando agredido es el jefe de servicio de la Policía Auxiliar en la Alcaldía Cuauhtémoc, el cual se coordina de forma directa con la Dirección General de Seguridad Ciudadana en esa demarcación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Disparan contra el vehículo del jefe de la Policía Auxiliar en Cuauhtémoc; alcaldesa exige investigación

'Estamos tocando intereses podridos', aseguró la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, al tiempo que dijo que no cederá ante la violencia.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció la noche del domingo un ataque armado contra el vehículo del jefe de la Policía Auxiliar de la demarcación.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria calificó el hecho como un acto cobarde y aseguró que no se dejará intimidar.

“Me encuentro en estos momentos fuera de la alcaldía. Un cobarde disparó 9 veces contra el vehículo de nuestro jefe de la Policía Auxiliar en Cuauhtémoc”, escribió Rojo de la Vega, sin detallar si hubo heridos tras la agresión.

En su mensaje, la alcaldesa señaló que este tipo de ataques responden a intereses afectados por su administración: “Estamos tocando intereses podridos. Pero que les quede claro: no nos van a doblar”.

Rojo compartió en sus redes sociales fotografías que dan cuenta de los daños causados por los disparos. Las imágenes muestran varios impactos de bala en los laterales y la parte trasera del vehículo, así como una ventanilla rota.

La funcionaria reiteró su compromiso con la seguridad en la demarcación y aseguró que no detendrán los esfuerzos por recuperar el orden: “Somos más los que queremos una Cuauhtémoc segura. Y no vamos a parar. Vamos por el camino correcto”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades capitalinas para que se esclarezca el ataque: “Pedimos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiguen y den con los responsables”.

Lilián Chapa Koloffon, directora de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Cuauhtémoc, también se pronunció sobre el incidente a través de su cuenta de X, donde afirmó que no se dejarán intimidar por quienes están detrás de este acto: “No nos amedrentan l@s cobardes detrás de este acto. Por el contrario: en la Cuauhtémoc vamos por el camino correcto y la molestia de lo más podrido del sistema nos da la razón. Vamos de la mano de buenos y buenas policías”.

De acuerdo con información publicada por el diario Milenio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que una unidad oficial de la Policía Auxiliar fue atacada a balazos en la calle Aldama, colonia Buenavista, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Según los reportes citados por el medio, un elemento de la corporación se encontraba a bordo del vehículo cuando escuchó detonaciones de arma de fuego. Al detener la marcha y descender para verificar la situación, observó que la unidad presentaba nueve impactos de bala. No se reportaron personas lesionadas.

La dependencia capitalina informó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento del agente del Ministerio Público. Además, se están revisando las cámaras de videovigilancia de la zona para determinar lo ocurrido y localizar a los responsables. También se indicó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación interna sobre el caso.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Protesta colectivo feminista frente a Segob; escalan reja para exigir audiencia

Ante la inacción y afirmando ser ignoradas en otras vías de comunicación, el colectivo optó por manifestarse a las puertas de la Secretaría.

La tarde del jueves, mujeres integrantes del colectivo feminista Holy Yash, se manifestó frente a la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la alcaldía Cuauhtémoc, en denuncia contra un presunto caso de abuso sexual que no ha sido atendido.

Las manifestantes se ubicaron a las puertas del inmueble, escalando incluso la reja perimetral, para exigir una audiencia cara a cara con la titular, Rosa Icela Rodríguez.

Según las denuncias que llevaron a la movilización, en mayo de 2019 una menor de edad fue víctima de abuso sexual en un retén militar en Ixtapaluca, Estado de México; su caso, con ya casi seis años, no ha habido respuesta por parte de autoridades federales y se mantiene inmune.

Ante la inacción y afirmando ser ignoradas en otras vías de comunicación, el colectivo optó por manifestarse a las puertas de la Secretaría.

Videos compartidos en redes sociales, y fotos tomadas por agencias presentes durante la movilización, retrataron la escena en que dos de las mujeres escalaron por la reja del edificio. Fue especialmente por esta escalada en la protesta que se movilizó un equipo de seguridad integrado por personal de seguridad del inmueble, Protección Civil y Guardia Nacional; es importante destacar que no se reporto intervención de los anteriormente mencionados, así como choques o enfrentamientos con las manifestantes.

Al momento, y tras los hechos, no ha habido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido; tampoco el colectivo ha informado de una respuesta a sus demandas de audiencia con Rodríguez.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Nepotismo y denuncias por tortura: los polémicos jueces y magistrados de la CDMX con aval de Morena

Éstos son los casos más controvertidos de los nuevos jueces y magistrados del TSJCDMX, desde sobrinas de gobernadoras morenistas hasta implicados en tortura y violencia vicaria.

Desde personas cercanas a la 4T hasta cuestionadas por delitos como tortura fueron algunos de los perfiles que resultaron electos por voto popular para ocupar uno de los puestos de juez o magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Entre los nuevos impartidores de justicia se encuentra María Fernanda González Nahle, sobrina de la gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nahle.

González Nahle será magistrada Civil. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como subdirectora de Verificación en el desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

De acuerdo con su semblanza curricular, en 2017 formó parte del equipo de asesores del senador priista José Marco Antonio Olvera, quien actualmente es delegado general del tricolor en Zacatecas.

Otro cercano a grupos influyentes del morenismo es Oscar Medina Alonso, quien será magistrado penal. En 2020 fue designado agente del Ministerio Público en la Fiscalía capitalina, donde después fue nombrado líder coordinador de Proyectos en la oficina de Ulises Lara, cuando éste quedó como encargado de la institución.

Zeila Eunice Pérez Herrera será magistrada en Justicia para Adolescentes, luego de que hasta el 31 de marzo último se desempeñó como directora de Instrumentos Normativos y Administrativos en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada, con quien trabajó como directora jurídica en la alcaldía Iztapalapa.

Denuncias y señalamientos

Entre los juzgadores con antecedentes cuestionados se encuentra Carmen Alejandra Lozano Maya, quien será jueza penal pese a que en 2020 tuvo que dejar su cargo como ministerio público en el Estado de México, luego de casi dos décadas en activo. Se separó del cargo porque fue denunciada por actos de tortura, abuso sexual y extorsión en agravio de una mujer y sus dos hijos menores de edad.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Edomex desechó la denuncia por falta de pruebas, pero después fue denunciada nuevamente por actos de corrupción y abusos por parte del colectivo “Presunción de inocencia”, durante un foro legislativo realizado en 2020. Sin embargo, tampoco fue sancionada.

También es el caso de Alejandro Torres Jiménez, quien será magistrado civil. En 2017 fue sujeto a investigación por el Consejo de la Judicatura capitalino por supuestas faltas administrativas en el caso del abogado Ulrich Richter Morales contra la empresa Google.

En aquel momento, Torres era juez Octavo Civil y fue acusado por Richter Morales de dilatar dolosamente el juicio al ordenar 10 intentos para notificar al autor material de las publicaciones reclamadas por el jurista, en un periodo de 12 meses, lo que implicó un promedio de un intento de notificación por mes que mantuvo, todo ese tiempo, empantanado el asunto.

Otro caso es el de Miguel Morales Monter, quien logró quedarse como magistrado familiar pese a que, como juez Quinto Familiar, cargo que ocupaba hasta septiembre último, fue señalado continuamente como cómplice de hombres que ejercen violencia vicaria por favorecerlos con sus determinaciones.

El caso más reciente fue cuando otorgó la custodia de los hijos de Berenice Gervassi al padre de estos, lo que terminó en la muerte de uno de los niños menores de edad; también entregó a los cinco hijos de Maha Schekaibán, a Bernardo Vogel, caso informado por la edición mensual Proceso 0021.

Al postularse como candidato a magistrado, Monter ocupaba el cargo de juez Familiar de Oralidad en los juzgados recientemente creados por la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Uno más es el de Erick Javier Martín Salas, quien será magistrado penal pese a que, como director general para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, puesto que ocupó del 1 de enero de 2022 a noviembre de 2023, fue denunciado junto con otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) por hostigamiento, acoso laboral, sexual, discriminación y lo que resulte en agravio de Lucero Muñoz García, abogada que trabajó en la Unidad de Evaluación de Riesgos del mecanismo.

Olimpia García Torres conservará su cargo como juez civil. En mayo del año pasado prohibió a partidos de oposición referirse a lo ocurrido con el derrumbe de la Línea 12 durante la campaña electoral.

El 1 de junio último la capital del país renovó la mitad de sus jueces y magistrados y, por primera vez, conformó el Tribunal de Disciplina Judicial mediante comicios.

En total, se eligieron a 98 jueces y 49 magistrados en materias familiar, civil, de justicia para adolescentes, especializados en adopción y laborales, quienes iniciarán sus nuevas funciones a partir de septiembre próximo.

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reportó que en la elección participó 14.91% del total de ciudadanos registrados en la lista nominal, es decir, un millón 188 mil 863 personas.

De lo federal a lo local

Proceso realizó una revisión de cada uno de los perfiles de los ganadores, entre los que destacan personas que optaron por dejar del Poder Judicial Federal para incorporarse a la justicia local, como Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, quien dejará su puesto como secretario de acuerdos en tribunal Colegiado de Circuito, para ocupar una magistratura en materia penal.

En 2023, en su edición semanal número 2426, Proceso informó que Sánchez Talledo, trabajador del Poder Judicial de la Federación (PJF), denunció que una secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en el Estado de México, donde él era magistrado interino (provisional), lo amenazó de muerte.

La administración del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, antes de entregar a la actual presidenta, Norma Piña, decidió reubicarlo en Tamaulipas como solución a su denuncia.

Para evitar su traslado solicitó apoyo a Piña Hernández, quien envió el asunto al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde rechazaron reubicarlo en un circuito más cercano al Estado de México, su lugar habitual de residencia.

Anaid Elena Valero Manzano, quien será magistrada penal, antes de postularse para la elección judicial fue una de las candidatas a ser la nueva Fiscal General de Justicia en la CDMX, junto con Bertha María Alcalde y Ulrich Richter Morales, para la administración de Clara Brugada.

Anteriormente, se desempeñó como secretaria de acuerdos en la ponencia de la ministra Norma Piña en la SCJN y también fue directora del Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica.

Paulina Cal y Mayor Turnbull, actualmente directora del Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) del Tribunal, área encargada de elaborar los exámenes y cursos de carrera judicial, a partir de septiembre próximo será magistrada familiar.

También es el caso de Santiago José Vázquez Camacho, quien dejará el PJF para incorporarse al Poder Judicial local como magistrado familiar. Durante la gestión de Norma Piña en la Suprema Corte fue designado director general de Relaciones Institucionales. Antes se había desempeñado como secretario de estudio y cuenta en la ponencia del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Aspiraciones frustradas

La reforma judicial permitió a los jueces y magistrados locales que llegaron a esos puestos por carrera judicial, tener una candidatura automática para participar en la elección del 1 de junio último.

Aunque el Tribunal local rechazó dar a conocer cuántos de esos juzgadores declinaron sus candidaturas, el IECM informó que 26 magistrados y 30 jueces de primera instancia rechazaron participar.

Proceso documentó casos de nepotismo ejercido por juzgadores que decidieron participar en la elección.

Conforme a los resultados de los comicios, ninguno de ellos logró obtener un puesto, aunque no todos quedaron fuera del Tribunal.

El 25 de marzo reciente esta casa editorial dio a conocer el caso de la magistrada Gloria Rosa Santos Mendoza, quien buscó conservar su cargo en la elección, pero no alcanzó los votos requeridos, por lo que en septiembre próximo deberá dejar su cargo.

Los dos hijos de la magistrada trabajan en el Tribunal, uno de ellos, Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar, fue candidato a juez Familiar pero no resultó electo. Sin embargo, conservará su cargo porque la reforma no le exige su renuncia para participar en la contienda.

Saraí Campos Santos, hija de la magistrada, es secretaria de Acuerdos del juzgado Décimo Teercero de lo Familiar; su esposo y yerno de la magistrada, Vicente del Valle Noriega, fue candidato a juez Familiar y tampoco resultó electo.

El 6 de mayo pasado se informó también el caso de María del Socorro Cecilia Jiménez Vega, jueza de Proceso Oral en materia Familiar, quien fue candidata a magistrada familiar pero no resultó electa.

Sin embargo, sólo deberá dejar su cargo si su plaza formó parte de las vacantes que el Poder Judicial local sometió a la elección de este año.

El esposo de la juzgadora, Omar Arturo Pérez Ricalde, también trabaja en el Tribunal como secretario de Acuerdos Titular de la Unidad de Gestión Judicial Tipo 2 y participó como candidato a juez Familiar, pero no resultó electo, por lo que no será obligado a dejar su cargo.

Mientras que Rebeca Yazmín Rodríguez Pujol, juez interina en el juzgado Sexto de lo Familiar e hija de la magistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas, intentó ser magistrada pero no lo logró.

Debido a que ni siquiera tiene cargo de juzgadora, no será obligada a abandonar el tribunal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Un exagente del caso Ayotzinapa y cercanos a Sheinbaum investigarán a jueces de la CDMX

Éstos son los cinco magistrados electos del Tribunal de Disciplina Judicial en la Ciudad de México, se encargarán de investigar la corrupción en el Poder Judicial capitalino.

Un exagente del caso Ayotzinapa, un extrabajador de la Secretaría de Cultura y personas allegadas a la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México serán los encargados de investigar y sancionar a los juzgadores locales por faltas administrativas y actos de corrupción, entre otras irregularidades.

Nicolás Jerónimo Alejo, Diego Armando Guerrero García, Martha Alejandra Chávez Camarena, Ixchel Sarai Alzaga Alcántara y Nahyeli Ortiz Quintero fueron los cinco candidatos vencedores en la contienda electoral del 1 de junio  último para ocupar las vacantes disponibles del primer Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) en la Ciudad de México.

Conforme a la reforma judicial, los nuevos magistrados se encargarán de la vigilancia y disciplina de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) que actualmente se encuentra en paro de labores por la falta de incremento salarial, ausencia de insumos, excesivas cargas de trabajo y hostigamiento laboral, entre otros hechos.

Para la primera elección judicial, las vacantes serán ocupadas por tres mujeres y dos hombres y, aunque los cargos tendrán una duración de seis años, sólo para este primer periodo los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos se mantendrán en el puesto por ocho años.

Con 358 mil 333 votos, Nicolás Jerónimo Alejo se convertirá en el primer presidente del TDJ capitalino y durará en el cargo ocho años por haber obtenido el mayor número de sufragios.

Jerónimo Alejo es exagente de la Fiscalía General de la República (FGR), donde estaba adscrito a la Unidad Especializada de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), al mando de Rosendo Gómez Piedra, de quien es allegado.

El exagente federal fue postulado para el TDJ por el Poder Ejecutivo local encabezado por Clara Brugada.

Ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no reportó tener redes sociales para difundir su perfil y propuestas, por lo que durante la campaña su nombre fue poco conocido por la ciudadanía.

Contra él pesan acusaciones por parte de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque utilizó un chaleco de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pese a no formar parte de la corporación; ingerir bebidas alcohólicas durante diligencias del caso y falta de experiencia.

Todas las cartas de recomendación que presentó ante el IECM eran de sus excompañeros en la UEILCA.

A su vez, Diego Armando Guerrero García obtuvo 340 mil 503 votos, por lo que, además de quedarse como magistrado del TDJ durante ocho años, dentro de dos años podría presidirlo.

Guerrero García nunca ha trabajado en instituciones de impartición de justicia ni existen antecedentes de que tenga experiencia en el litigio.

Trabajó en la oficina de Luis Raúl Pérez González cuando éste encabezaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); posteriormente trabajó como director de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, bajo la dirección de Raúl Contreras Bustamante.

Actualmente conduce los programas Derecho a Debate y Cultura al Derecho, de Radio UNAM y Canal 22 respectivamente.

Llegó sin cumplir

Martha Alejandra Chávez Camarena será magistrada con 308 mil 157 votos, ello, pese a que –según la plataforma Conóceles del IECM– aparece que no proporcionó las cinco cartas de recomendación que se requirieron a todos los candidatos, o que las que presentó incumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos de la convocatoria a la elección judicial.

De mayo a noviembre de 2023 fue secretaria de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); antes, entre abril de 2016 y abril de 2023, se desempeñó como magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM).

De marzo a octubre de 2014, durante la administración de Juan N. Silva Meza, trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde fue coordinadora para la capacitación operativa.

Ixchel Sarai Alzaga trabajó en el gobierno de la Ciudad de México durante el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo revisando proyectos ejecutivos, costos y supervisión de obra para diferentes dependencias.

Buscó ser comisionada en el Instituto de Transparencia de la CDMX y se le identifica como cercana a Arístides Rodrigo Guerrero, ahora ministro electo de la Corte, conocido en redes sociales por su campaña en la que se comparó con un chicharrón preparado.

Nahyeli Ortiz Quintero, actualmente es directora ejecutiva de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX.

Anteriormente fue coordinadora general de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia local, cuando era dirigida por Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia.

En 2021 una extrabajadora de la Fiscalía la acusó de destituirla por haber denunciado internamente acoso y abuso sexual por parte del director del Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo de la institución.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

“Usan el sistema judicial para violentarme”: mujeres enfrentan lentitud y burocracia en los juzgados familiares de CDMX

Abogadas y mujeres que tienen un proceso legal abierto relatan los obstáculos que enfrentan en los juzgados familiares de la Ciudad de México, donde los asuntos pueden demorar años en resolverse.

El sistema de justicia en materia familiar es lento y tortuoso en la Ciudad de México. Dafne Salinas lo ha experimentado en carne propia: ha luchado durante seis años para que su expareja, acusado de violencia física y sexual, no pueda ver a su hijo.

Su proceso legal inició en 2019, cuando su hijo acababa de nacer y el presunto agresor solicitó al Juzgado Quinto de los Familiar tener períodos de convivencia con el pequeño, a pesar de estar ausente en todo el embarazo.

Para ese momento, Dafne ya contaba con medidas de protección que un Centro de Justicia para las Mujeres le ayudó a obtener por la violencia física, sexual, psicológica y económica que había padecido años antes. 

Aunque ella tenía medidas de protección, el juzgado autorizó las convivencias entre 2019 y 2023. Estas se realizaron en un Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México (Cecofam), donde Dafne asegura haber sido víctima de más actos de violencia, por ejemplo, una vez que su expareja le agarró un pecho por la fuerza.

Las convivencias familiares concluyeron en 2023 por orden de una Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, luego de que acreditó el carácter violento de la expareja de Dafne con una prueba psicológica.

Dafne acusa a los trabajadores del Juzgado Quinto de lo Familiar de proteger a su expareja. No sólo por no sancionarlo cuando la manoseó en el Cecofam, sino porque nunca le notificaron sobre los escritos que tramitaba para intentar quitarle la custodia de su hijo. De igual forma critica que los funcionarios no presionaron a su agresor para que se hiciera la prueba psicológica desde el inicio del proceso legal.

“Mi agresor está utilizando el sistema judicial para violentarme, eso es lo que está haciendo, y el juez se lo está permitiendo”, critica Dafne en entrevista.

Casos como este se repiten una y otra vez en los juzgados familiares de la Ciudad de México. La lentitud en la resolución de estos asuntos se explica en parte por la falta de perspectiva de género y la alta carga de trabajo de los funcionarios públicos, quienes decidieron irse a paro de actividades desde el pasado 29 de mayo como forma de protesta.

En 2023, los juzgados de la Ciudad de México tenían pendiente concluir 233 mil expedientes en materia familiar. En contraste, solo habían concluido 25 mil, según los últimos datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi.

“Día a día nos enfrentamos a una burocracia judicial que está totalmente rebasada por el número de asuntos que debe procesar. Es un sistema judicial que no cuenta con recursos técnicos, humanos y materiales para dar respuesta a los asuntos”, explica Ana Laura Carrión, abogada experta en las materias penal y familiar.

Con el argumento de mejorar el sistema de justicia, el gobierno federal impulsó una reforma judicial para renovar a los ministros, magistrados y jueces del país, aunque varios litigantes consideran que esta medida no será suficiente para garantizar la resolución de los asuntos.

“Es una reforma que ni siquiera está en pañales, está en embrión. Está bien que lo político toque lo jurídico, pero así no, se necesitaba una reforma diferente”, opina Carrión.

El largo camino para obtener la custodia de un hijo

Los juzgados familiares de la capital se vuelven un verdadero laberinto para todo aquel que entra, por su tamaño —están en un edificio de más de 15 pisos en el Centro Histórico— y por los obstáculos burocráticos.

Diana Reyes sigue luchando por la guarda y custodia de sus dos hijos, quienes fueron sustraídos por su expareja desde el 2020. Tiempo después, el padre de los pequeños convenció a un juzgado familiar de que le dieran la guarda y custodia.

Durante años, Diana supo que sus hijos eran víctimas de violencia física y explotación laboral por parte de su expareja. Lo supo por los maestros de los pequeños, quienes le reportaron que los dos no asistían a la escuela por salir a vender dulces.

Diana reportó esto al juzgado, pero ningún funcionario intervino. Fue hasta el 7 de marzo de 2025 cuando sus hijos lograron contactarla vía telefónica, con ayuda de una tía, para pedirle que los rescatara. Ella fue enseguida, recogió a sus pequeños y acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia por violencia contra su expareja.

Un médico legista constató que el mayor, de entonces 8 años, tenía lesiones en las costillas, y el menor, de cinco años, heridas en la cabeza. Un doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó estas afectaciones en los pequeños.

Diana interpuso su denuncia, pero poco después, el 7 de mayo, su expareja falleció a causa de la diabetes e hipertensión que padecía. Parecía que con eso acabaría su problema, pero no fue así, ya que la abogada de su agresor la está acusando de sustraer a sus hijos y busca que los dos sean enviados al DIF, donde quedarían bajo resguardo del Estado.

“Ha sido bastante pesado, es estresante saber que tu vida en todo momento pende de un hilo porque no se hacen las cosas como se debería en los juzgados”, relata Diana.

Ella lleva cinco años metida en su proceso legal en la Ciudad de México, la tercera entidad federativa con más asuntos pendientes de resolver en materia familiar, solo por detrás del Estado de México y Veracruz que tienen una mayor población, de acuerdo a los datos del Inegi.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Madres buscadoras apoyan protesta de trabajadores judiciales; su lucha es la misma

Familiares de desaparecidos señalan que las carencias materiales, organizativas y de personal afectan la eficacia de las investigaciones y la atención a las víctimas indirectas de desaparición, configurando un problema sistémico.

A pesar de que las protestas incrementan los rezagos en la búsqueda de justicia, familias buscadoras de la capital mexicana no sólo respaldaron las movilizaciones de los trabajadores del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) y de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), sino que también consideraron que era necesario que se pronunciaran.

Las familias buscadoras consideran que estas movilizaciones exponen deficiencias estructurales profundas en las instituciones encargadas de la investigación forense y la impartición de justicia. Señalan que las carencias materiales, organizativas y de personal afectan directamente la eficacia de las investigaciones y la atención a las víctimas indirectas de desaparición, configurando un problema sistémico que requiere respuestas institucionales profundas y sostenidas.

Para Jaqueline Palmeros, madre buscadora de larga data, es injusto considerar que las protestas promovidas por los expertos en materia forense y criminalística implican un retraso en la impartición de la justicia, pues desde “bastante tiempo antes” las familias buscadoras han identificado una serie de fallas estructurales de ambas instituciones. Habla de temas que obstruyen las investigaciones, como falta de recursos materiales, fallas en la identificación de cuerpos, así como con su conservación, resguardo y una ineficiente, “por no decir inexistente”, recolección de perfiles genéticos.

En entrevista con Proceso, la integrante del colectivo Una Luz en el Camino, reconoce que las protestas y la suspensión de labores ocasionarán afectaciones en el desarrollo de los casos de personas desaparecidas, aun así sentencia: “Ya era justo y necesario que no solamente el reclamo viniera de las familias, sino de los propios trabajadores. Estoy de acuerdo en que se sumen al paro, estoy de acuerdo en que alcen la voz porque humanamente no es posible que ellos sigan trabajando así”.

Habla en nombre de las familias que integran el colectivo, con las que ha compartido la experiencia de buscar un desaparecido, cuando dice es “humanamente válido” que los profesionales exijan que se hagan valer sus derechos laborales, pues encuentra una relación directa y clara entre las condiciones que enfrentan al interior de las instituciones con su desempeño y la atención que brindan a las víctimas: “Nosotros hemos trabajado muy cerca con ellos, les faltan muchos recursos”.

Al mismo tiempo, lamenta: “Las condiciones del Incifo están en el aire y al igual que las condiciones de las carpetas judicializadas, que no se han podido llevar a cabo inclusive diligencias, oficios de órdenes de aprehensión, notificaciones y ese tipo de cosas que dependen de un juez, justamente por el paro”.

Fallas estructurales

Jael Montserrat Uribe Palmeros fue vista por última vez el 24 de julio de 2020 y sus restos fueron encontrados en el paraje Llano de Vidrio, durante la Cuarta Brigada Regional Ajusco 2024.

Por más de cuatro años, su madre Jaqueline Palmeros no perdió la esperanza de encontrarla y en el camino acumuló experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas. También aprendió a manejarse ante las instituciones y a observar su funcionamiento.

Habla con la certeza de la experiencia cuando apunta las grandes fallas estructurales que los buscadores de la capital mexicana enfrentan en el Incifo y la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía local: falta de recursos materiales, una ineficiente recolección de perfiles genéticos y fallas en la identificación de cuerpos, su conservación y resguardo.

Cuando lanza las acusaciones, inmediatamente las respalda con hechos concretos, comienza refiriéndose al caso de su propia hija: “No pudieron darle un perfil genético en el Incifo, por eso el día de la entrega tardaron tanto”.

Después menciona el caso de Margarita Cuevas Suárez, que fue vista por última vez el 4 de junio de 2022 en la colonia Ampliación Tepepan, de la alcaldía Xochimilco. Su cuerpo fue encontrado 13 días después en los límites del estado de Morelos, pero las autoridades no notificaron a la familia de la víctima y no fue reconocido hasta diciembre de 2024.

Como un caso polémico y representativo, agrega el de Julio César Cervantes Cabañas, quien padecía una discapacidad mental y desapareció a los 47 años, el 20 de septiembre de 2021, en la alcaldía Álvaro Obregón. Su cuerpo fue encontrado en enero de 2024, pero su familia fue notificada diez meses después, porque el Incifo no cotejó la información genética y los restos fueron donados sin consentimiento a la escuela de medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Ellos no pudieron ser perfilados debido a la falta de recursos. Julio César solamente fue identificado por dactiloscopia, en el caso de Margarita Cuevas, pues no había personal que pudiera hacer un colegiado, entonces nosotros hemos estado apuntando mucho a la falta de interés por parte del Poder Judicial y de verdad sí ha afectado todo esto que a ellos les hacen internamente, a la familia buscadoras”, agrega Palmeros.

Estas fallas estructurales en los servicios forenses no son recientes ni fortuitas. En la tercera entrega de la serie documental “Metrópoli de los desaparecidos”, Proceso documentó fallas en los servicios forenses de la capital que se remontan a la administración como jefa de Gobierno de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su gestión, en la ciudad se registró una baja en el registro de homicidios, sin embargo, académicos identificaron que en el servicio forense no se estaban llenando todos los requisitos en las actas de defunción para que las muertes violentas sean contadas como homicidio.

Lo anterior representó un aumento en el número de reportes de personas desaparecidas, cuyos cuerpos fueron enviados a las fosas comunes sin los requerimientos establecidos por la ley.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Peritos forenses se unen al paro judicial; esto demandan en medio de la crisis

Abogados de oficio, trabajadores de TSJCDMX y peritos forenses exigen mejoras salariales y denuncian cargas excesivas de trabajo, falta de recursos materiales y tecnológicos, así como acoso laboral.

La crisis en la impartición de justicia en la capital mexicana se acentuó con el paro laboral convocado el 12 de junio por los abogados de oficio de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, así como con las protestas encabezadas por trabajadores de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Además, integrantes del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México (Incifo) suspendieron labores para solidarizarse con el paro que, desde hace medio mes, mantienen los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Las protestas de peritos forenses y abogados de oficio reflejan demandas acumuladas en distintos frentes del sistema judicial de la Ciudad de México. Aunque pertenecen a instituciones diferentes, todos los trabajadores mencionados desempeñan un papel fundamental en la impartición de justicia y comparten reclamos dentro de su inconformidad: aumentos salariales, condiciones laborales dignas y personal suficiente. Las manifestaciones son síntoma de la magnitud de una problemática que ha provocado retrasos en audiencias y en el seguimiento de carpetas, lo que afecta directamente el acceso a la justicia de los ciudadanos.

El jueves 12, en las instalaciones de la Fiscalía capitalina, ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, los trabajadores de Servicios Periciales protestaron exigiendo un aumento salarial y denunciaron descuentos injustificados en sus pagos.

También se concentraron en las puertas del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, donde realizaron un cierre simbólico y describieron a medios las condiciones laborales a las que están sometidos, sin aumentos salariales desde hace “10 o 15 años” y con horarios laborales injustos.

Al grito de “¡peritos unidos jamás serán vencidos!”, señalaron que no cuentan con los recursos ni con el personal suficiente para desempeñar su trabajo y atender a la ciudadanía; además, exigieron que las autoridades y mandos cumplan con perfiles éticos y conocimientos en las áreas donde se desempeñan.

Según explicaron a medios de comunicación, los especialistas en distintas materias como forense y criminalística enfrentan cargas excesivas de trabajo y maltrato laboral, por lo que pidieron la renuncia de la coordinadora del área, María Seberina Ortega.

Los peritos juegan un papel importante en la impartición de justicia en la capital mexicana, ya que aportan conocimientos técnicos y científicos para esclarecer hechos y pruebas en procesos judiciales.

Descontento de abogados de oficio

Mientras los profesionales del Incifo y la Fiscalía local se manifestaron en las sedes respectivas de los organismos, simultáneamente se movilizaron en distintos puntos del centro de la ciudad los empleados de los juzgados cívicos y de la Dirección General de Servicios Legales y Defensoría Pública —abogados de oficio— pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia capitalino.

Al igual que los peritos, exigieron mejoras salariales y denunciaron cargas excesivas de trabajo, falta de recursos materiales y tecnológicos, así como acoso laboral.

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el avance de los inconformes sobre la avenida 20 de Noviembre e Izazaga, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Los defensores legales bloquearon la circulación en la calzada San Antonio Abad, a la altura de Lorenzo Bouturini y se dirigieron al Eje Central Lázaro Cárdenas para continuar enunciando sus demandas.
El descontento de los defensores legales y de los peritos abona a los rezagos en la impartición de justicia que ha ocasionado el paro laboral que iniciaron los trabajadores del TSJ-CDMX, el pasado 29 de mayo, con el cierre de los juzgados y las salas en materia familiar, ubicados sobre la avenida Juárez.
Desde entonces, en la capital mexicana se acumulan los casos de ciudadanos que buscan el acceso a la justicia y encuentran retrasos en los procesos.

La punta del iceberg

Luis Sánchez es el titular del despacho jurídico Larrea Sánchez Jasso y Colón. Es litigante y ha ejercido como penalista, por lo que la situación del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) lo afecta directamente a él, a sus trabajadores y a quienes representa legalmente.
El pasado 31 de mayo compartió con este medio su diagnóstico sobre las condiciones de la impartición de justicia en la capital y se refirió al TSJ-CDMX como una maquinaria colapsada.
Ahora, en entrevista con Proceso, vuelve a ofrecer un análisis frente a las protestas y paros laborales recientes. Hace hincapié en la existencia de “grandes fallas estructurales” y encuentra gran parte de la causa en el “ya perpetuo” descontento de los trabajadores del tribunal, pues recuerda que en 2024 se registró un paro de casi tres meses, convocado para protestar contra la reforma al Poder Judicial. Además, menciona que en febrero pasado los trabajadores de los juzgados suspendieron intermitentemente sus actividades para reclamar las exigencias que aún mantienen y que, a casi cinco meses, siguen sin conciliar con las autoridades competentes del Gobierno capitalino y el Poder Judicial local.

Sánchez es claro con las implicaciones: “Es una pregunta que se responde sola, si yo traigo un juicio de cualquier naturaleza, el solo hecho de que cierren un juzgado implica que mi litigio se va a retardar. En lo económico, en lo social y en lo familiar, es trágico”.

Y agrega: “Es evidente que estamos ante la punta del iceberg de una debacle que se avecina (...) me afecta a mí, que me desenvuelvo como defensor privado, pero la dimensión es profunda y social, afecta también a los abogados de oficio, a los trabajadores de todos los niveles, a madres que llevan juicios sobre la custodia de sus hijos, a víctimas de todo tipo de delitos, a cualquier ciudadano que el día de mañana tenga buscar el acceso a la justicia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

CDMX se une a las protestas contra las redadas de Trump

Con banderas de México y Estados Unidos, los manifestantes se reunieron en la Plaza Luis Cabrera, en la colonia Roma de la Ciudad de México, desde donde marcharon hacia la Embajada de EE.UU. en México, en la avenida Paseo de la Reforma.

Cientos de personas marcharon este sábado en la capital mexicana para manifestar su rechazo a la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, en sintonía con las protestas ‘No Kings’ (No reyes) que se celebran en EE.UU. contra las agresivas redadas del líder republicano para detener personas migrantes.

Con banderas de México y Estados Unidos, los manifestantes se reunieron en la Plaza Luis Cabrera, en la colonia Roma de la Ciudad de México, desde donde marcharon hacia la Embajada de EE.UU. en México, en la avenida Paseo de la Reforma.

“Fuera racismo, fuera Trump”, se escuchaba entre las consignas de los asistentes a la marcha, donde destacaban muchos ciudadanos estadounidenses que trabajan o están de visita en México.

Entre los carteles que portaban, se observaban leyendas como “Los migrantes no son criminales”, “Hate does not make US great (El odio no hace grande a EE.UU.)” y “No kings since 1776 (No reyes desde 1776)”.

La protesta pacífica congregó a alrededor de 300 personas que culminaron la manifestación en las afueras de la embajada estadounidense, rodeada de vallas metálicas para limitar el acceso.

En las rejas, los manifestantes colocaron las banderas y carteles donde resaltaban símbolos como el rostro de Trump y una corona, ambos tachados con una cruz roja.

Entre otras pancartas, también se leían las frases “Trump must go (Trum debe irse)” y “Happy birthday you fucking loser (Feliz cumpleaños(…) perdedor)”.

La comunidad mexicoamericana se sumó así a las protestas convocadas en alrededor de 2.000 ciudades estadounidenses, bajo el lema ‘Día sin Reyes’, que han reunido a decenas de miles de personas.

Las manifestaciones coinciden con el desfile militar convocado por Trump en Washington para celebrar los 250 años del Ejército, justo el día de su 79 cumpleaños.

Este acto se da en el marco de un creciente descontento de buena parte de la opinión pública por las redadas contra migrantes, que han provocado concentraciones y disturbios en ciudades como Los Ángeles (California), donde el líder republicano desplegó la Guardia Nacional la semana pasada.

En este contexto, la tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos ha aumentado debido a los recientes señalamientos de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, quien acusó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de incitar las protestas en Los Ángeles, ciudad con la mayor comunidad mexicana en el extranjero, algo rechazado como “absolutamente” falso por la mandataria.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Mundial 2026: inicia la cuenta regresiva en el Estadio Azteca, entre reclamos vecinales por agua y turistificación

Vecinos del Estadio Azteca, que será sede del partido inaugural del Mundial 2026, advierten posibles afectaciones como escasez de agua, aumento en la especulación inmobiliaria y contaminación.

A un año del arranque del Mundial de futbol en México, vecinos de la zona cercana al Estadio Azteca advierten del impacto que el evento tendría para ellos: escasez de agua y especulación inmobiliaria. También, piden la cancelación de la concesión del pozo de agua de Televisa.

El pasado miércoles 11 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, develó el reloj que registrará la cuenta regresiva hasta el  siguiente año, el 11 de junio de 2026, mientras que los vecinos denuncian que las autoridades invisibilizan el impacto que el evento tendrá en la zona. El Estadio Azteca será sede del partido inaugural.

A principios de mayo, Brugada presentó en Santa Úrsula Coapa las acciones que su administración proyecta realizar en la zona con motivo del Mundial; sin embargo, los vecinos consideran que estas obras resultan insuficientes para contrarrestar los problemas de acceso al agua, turistificación, movilidad y contaminación que traería la competencia deportiva.

Acciones de gobierno proyectadas en Santa Úrsula

El proyecto que presentó Brugada en Santa Úrsula el pasado 3 de mayo incluyó la rehabilitación de siete pozos de agua, la construcción de tres colectores, iluminación de calles, construcción de ciclovías, la rehabilitación de la central de transporte y de espacios públicos.

El Gobierno de la ciudad también se comprometió a realizar obras de bacheo y el remozamiento de 11.9 kilómetros de fachadas, así como la colocación de 819 luminarias, el fortalecimiento del Tren Ligero que transita por la zona y la creación de una ruta del trolebús a Metro Universidad. Además de la implementación de un programa de casas ecológicas, con calentadores solares, captadores para recolección de agua de lluvia y huertos urbanos.

Aunado a ello, Brugada anunció la construcción de un parque temático dedicado a la exhibición de dinosaurios al aire libre —que llamarían Coyosauria— en un predio de 5 mil metros cuadrados que actualmente funciona como una área de reserva dentro de la zona.

Pero un grupo de vecinos organizados demandan conocer los proyectos ejecutivos que propone la jefa de Gobierno.

Los pobladores advierten que construir un colector de aguas pluviales contra las inundaciones, mejorar el transporte público y colocar luminarias son acciones gubernamentales que no tendrían que estar sujetas a la realización de un Mundial de futbol. 

El pozo de Televisa

Una de las principales quejas de los vecinos es sobre el pozo de agua que la empresa Televisa tiene en la zona pase a ser propiedad del gobierno capitalino.

Desde 2019, la Comisión Nacional del Agua entregó una concesión de 450 mil metros cúbicos de agua anuales a Televisa. Con base en ello, la empresa construyó un pozo en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Estadio Azteca —actualmente en remodelación para el Mundial—, que está a menos de 500 metros de otros pozos que surten del líquido a los vecinos.

Clara Brugada ha informado en varias ocasiones que el pozo ya había pasado a manos del pueblo de Santa Úrsula Coapa, pero en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Conagua,  la concesión aún aparece a nombre de Televisa S. A. de C. V., con el título  811078.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino, Televisa y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México firmaron un convenio para que la empresa done una parte del caudal de su pozo a la red de abasto público. A la llegada de Brugada, ese convenio fue renovado, pero la concesión sigue siendo propiedad de la empresa. 

Cuatro peticiones vecinales al gobierno de CDMX sobre obras para Mundial 2026

El pasado 16 de mayo, los vecinos lograron un primer encuentro con las autoridades para exponer las inconformidades con el proyecto. En esa reunión, encabezados por Rubén González, autoridad tradicional del pueblo de Santa Úrsula Coapa, entregaron cuatro peticiones al secretario de Gobierno César Cravioto.

La primera petición es la cancelación de la concesión de agua a Televisa y que el pozo que tiene dentro de Santa Úrsula Coapa pase a la red del Gobierno de la Ciudad de México.

Además de la realización de una consulta indígena libre e informada sobre los proyectos propuestos por la jefa de Gobierno en Santa Úrsula Coapa y San Lorenzo Huipulco.

Los vecinos solicitaron también la cancelación del parque temático en el predio ubicado en Santa Úrsula Coapa y que se destine una área que tenga el objeto de conservar la flora y la fauna silvestre, y la educación ambiental de habitantes de la zona.

Por último, contar con la información de estudios sobre movilidad con datos de sus aforos y sus impactos sociales y ambientales en una plataforma del gobierno capitalino que esté al alcance de una consulta. 

El funcionario capitalino les aseguró que el gobierno no busca que sean obras para el Mundial de futbol sino para los pobladores. Y que su intención no era imponer sino abrir la información para su análisis.

Como respuesta a cada uno de los cuatro puntos, César Cravioto rechazó que se trate de engañar a las personas, y les dijo que hay un “compromiso de palabra” de que el pozo en propiedad de Televisa pase a ser de manera formal para los pobladores.

Cravioto dijo que si es necesario realizar una consulta específica para la comunidad así lo realizarán. Comentó que revisarán la petición de cancelar el parque temático y abrió la posibilidad de ajustarlo para impedir el daño ecológico. También se comprometió a dar a conocer los estudios de impacto de los proyectos planteados.

Al día siguiente de esa reunión, Clara Brugada realizó una de sus audiencias públicas con integrantes de su Gabinete en Santa Úrsula Coapa, por primera vez fuera del Zócalo capitalino, y recibió durante unos breves minutos al grupo de vecinos que se habían reunido con César Cravioto el día previo. De acuerdo con los testimonios de los pobladores, la jefa de Gobierno se mostró poco abierta a los señalamientos vecinales y les dijo que no tenían la información correcta.

Aunado a ello, pese a que el secretario de Gobierno planteó realizar una reunión quincenal con los vecinos para darle seguimiento a las peticiones; el encuentro se pospuso hasta tres semanas después y el funcionario no llegó, por lo que los vecinos fueron recibidos 40 minutos después de la cita en las oficinas gubernamentales por la secretaria particular del secretario y el director de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana.

Este 11 de junio, en compañía del director del Estadio Azteca, la jefa de Gobierno anunció que la inversión para el Mundial será de más de 6 mil millones de pesos en infraestructura, agua, seguridad, movilidad e iluminación.

Los vecinos expresaron preocupación por el enfoque de la ciudad ante la Copa del Mundo, al considerar que las obras previstas priorizan la promoción turística sobre la atención de necesidades básicas de la población local.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Disparan en una cafetería de la colonia Roma; fue el tercer ataque del día en la CDMX

La jornada violenta en la capital incluyó un ataque en una barbería de Iztacalco en el que una persona murió y otra resultó herida, y en Venustiano Carranza fue ejecutada una mujer.

Este viernes 13 de junio se registraron tres ataques directos con arma de fuego, a plena luz del día, en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, lo cuales dejaron un saldo de dos personas sin vida y una lesionada.  

Los ataques directos se dan solo tres días después de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presumió que en mayo los delitos de alto impacto disminuyeron 11% en relación con el mismo mes de 2024, durante la presentación del Informe de Seguridad correspondiente a mayo 2025.  

Este viernes por la tarde, un presunto sicario detonó un arma de fuego frente a un restaurante ubicado en la calle Córdoba y su cruce con Chiapas, en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc.  

Por la mañana se registraron otros dos ataques directos: uno ocurrió en una barbería ubicada en la alcaldía Iztacalco, donde una persona resultó lesionada y otra perdió la vida; otro en la alcaldía Venustiano Carranza, donde una mujer fue ejecutada en plena vía pública.  

Tras lo ocurrido en la alcaldía gobernada por Lourdes Paz, las autoridades notificaron la detención de cinco presuntos responsables, mientras que sobre el feminicidio en Venustiano Carranza y las detonaciones registradas en Cuauhtémoc no han reportado información sobre el paradero de los responsables, hasta el cierre de esta publicación.  

Sello de sicariato 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que su personal recibió un reporte de disparos en un restaurante de la colonia Roma, donde los comensales relataron que un hombre que estaba sentado comenzó a correr cuando se percató de que un sujeto con casco de motociclista se aproximaba hacia él.  

El sujeto con casco realizó dos detonaciones al aire, sin que ninguna persona resultara lesionada. Por lo anterior, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron al lugar y valoraron a dos personas con crisis nerviosas.  

Los oficiales notificaron que ya realizan el análisis de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar tanto al hombre que huyó como al que realizó los disparos. 

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compartió información sobre el ataque en su cuenta de X: “Me informa la SSC que lo ocurrido en Córdoba y Chiapas, en la Roma, fue un ataque directo con sello de sicariato. Un tirador llegó al restaurante, una persona se levantó gritando '¡vienen por mí!’ y huyó entre disparos”.  

La funcionaria consideró: “El crimen organizado está avanzando en CDMX y no podemos normalizarlo”.  

Ataque en barbería  

Horas antes de que se registrara la agresión en la Roma, la SSC informó que sus oficiales tomaron conocimiento de un ataque con arma de fuego en una barbería localizada sobre la calle Sur 8 y su esquina con Oriente 245D, en la colonia Agrícola Oriental.  

Durante la agresión, ocurrida antes de las 8:00 horas, una persona perdió la vida y otra resultó lesionada por impactos de arma de fuego. Ante los hechos, los uniformados solicitaron apoyo de los monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Norte y Oriente, quienes implementaron un cerco virtual, con el objetivo de identificar y dar seguimiento a los presuntos responsables que huyeron a bordo de varias motocicletas.  

La ruta de escape fue localizada; los señalados avanzaron sobre la avenida Guelatao y tomaron la avenida Telecomunicaciones, en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa.  

Cuando llegaron a la calle Primera Cerrada de Justo Sierra y Justo Sierra, en la colonia Pueblo de Santa Cruz, varios de los tripulantes de las motocicletas abordaron un presunto taxi irregular. Fue en ese momento que los oficiales interceptaron dicho vehículo y solicitaron a los fugitivos, cuatro hombres y una mujer, una revisión preventiva.  

Les aseguraron cinco bolsas de plástico que contenían 130 dosis de mariguana y un arma de fuego corta con un cartucho útil, de la cual no pudieron acreditar su legal portación.   

Los policías detuvieron a los cinco individuos, quienes fueron trasladados, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.   

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez precisó que tres de los hombres detenidos cuentan con antecedentes delictivos, uno de ellos, de 24 años, ingresó al Sistema Penitenciario en 2021 por Encubrimiento por receptación; también registra dos presentaciones al Ministerio Público en 2019 por robo de vehículo y a transeúnte, y una presentación al Juez Cívico en el año corriente por inhalar estupefacientes en la vía pública.  

Otro de los detenidos, de 26 años, cuenta con una presentación al Juez Cívico en 2019 por posesión de cocaína; mientras que el tercero, también de 26 años, cuenta con una presentación al Juez Cívico por encubrimiento por receptación en 2021. 

Feminicidio en Venustiano Carranza 

En las primeras horas de la mañana, una mujer de aproximadamente 35 años se encontraba al interior de un local sobre la Calle 1 y la calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Valentín Gómez Farías, cuando dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron a ella y le dispararon en la cabeza de manera directa, para después huir del lugar.  

La SSC notificó que sus oficiales fueron reportados del ataque y encontraron a la mujer tendida en una silla, con manchas de sangre en la cabeza. Paramédicos llegaron al sitio y la diagnosticaron sin signos vitales por herida de arma de fuego en el cráneo.  

La zona fue acordonada y los elementos informaron sobre los hechos al agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación del caso y para los servicios periciales correspondientes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

“El juez vendió la custodia de mi hija”: juzgador ligado a violencia vicaria resulta ganador en la elección judicial de la CDMX

Acusado de beneficiar a hombres denunciados por violencia vicaria, el juez de lo familiar Eduardo Rafael del Moral Rincón alcanzó los votos necesarios para mantenerse en su cargo, ahora con “respaldo popular”.

Durante los últimos dos años, Dulce Nelly Gómez ha luchado por recuperar a su hija –actualmente de 8 años de edad–, cuya custodia le fue retirada en 2023 por el juez interino de lo familiar Eduardo Rafael del Moral Rincón, servidor público que luego puso a la niña al cuidado de su padre, una persona que, paradójicamente, está vinculada a proceso penal por violencia familiar.

“En las colectivas de mujeres víctimas de violencia vicaria a ese juez lo conocemos como ‘El Robaniños’, porque se dedica a vender la custodia de menores de edad. El mío no es el único caso, somos muchas mamás las que hemos sido afectadas”, explica Dulce.

Pese a ello, el juez interino Eduardo Rafael del Moral Rincón logró su ratificación en el cargo durante las elecciones judiciales locales del pasado 1 de junio. Se postuló como candidato a juez familiar por el segundo distrito judicial-electoral en la Ciudad de México, que comprende una parte de la alcaldía Gustavo A. Madero y otra de la alcaldía Cuauhtémoc, y obtuvo 31 mil 724 votos, lo que lo convierte en el décimo aspirante más votado a este cargo.

Durante la pasada elección judicial, en la Ciudad de México, entre otros, se eligieron 21 personas que estarán al frente de juzgados familiares: 11 mujeres y 10 hombres, cargos que serán ocupados por las y los candidatos con mayor votación.

Las denuncias en contra de este ganador de la elección llevaron a varios colectivos de mujeres a hacer campañas para evitar que se votara por él, pero finalmente resultó electo.

“El juez vendió la custodia de mi hija”

“Yo me divorcié de mi expareja hace seis años, porque era víctima de violencia física, económica y verbal”, detalla Dulce, “pero incluso después del divorcio, esta violencia siguió, él venía a amenazarme, me decía que, si no hacía lo que él me ordenaba, me iba a quitar a mi hija. Por eso, en el año 2023 presenté una denuncia penal por violencia familiar en su contra, pero ese mismo día, mi expareja fue ante el juez Eduardo Rafael del Moral Rincón y me denunció por maltrato”.

El juez Eduardo Rafael del Moral Rincón ordenó mantener a la menor alejada del seno materno, a pesar de que el Sistema Integral para la Familia (DIF) concluyó que la niña no era víctima de maltrato a manos de su madre y que, por el contrario, sí era presa de manipulación y alienación por parte del padre.

Esta decisión se mantuvo incluso después de que la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó, a través de peritajes propios, que la menor era víctima de violencia por parte del progenitor, razón por la que el Ministerio Público promovió el inició de un juicio penal, que el acusado lleva actualmente en libertad.

“Evidentemente, el juez Eduardo Rafael del Moral Rincón ya vendió la custodia de mi hija”, denuncia Dulce, “todo esto lo hemos denunciado, pero nunca pasa nada, porque este juez cuenta con la protección de Rafael Guerra (magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México)”.

“Desde el principio se mostró como un corrupto”

En el mismo caso se encuentra la señora Ileana García Rodríguez, a la que el juez Eduardo Rafael del Moral Rincón retiró la guarda y custodia de su hija de dos años en agosto de 2023, para entregársela al padre de la menor, del que ella se había separado, tras ser víctima de violencia física y económica.

“Él no me daba dinero, pero tampoco me dejaba trabajar. Y con apoyo de sus familiares me mantenía encerrada, con la puerta bajo llave, y me prohibían las visitas”, explica.

El argumento con el que el juez Del Moral Rincón le retiró a Iliana la custodia de su hija fue que en contra de ella existía una denuncia penal por violencia familiar, que su expareja promovió, presentando como prueba del delito un mensaje de WhatsApp en el que lo llamó “pelele, arrimado de tu papá y tu mamá”.


Esa demanda en contra de Iliana fue desechada por el juzgado cuarto penal, al considerar que ese mensaje de WhatsApp era en realidad un llamado a que el denunciante “se hiciera cargo a cabalidad de su núcleo familiar”. No obstante, estas mismas acusaciones ya desestimadas en el ámbito penal fueron luego convalidadas, en el campo de la justicia familiar, por el juez Eduardo Rafael del Moral Rincón.

Debido a ello, reclama Iliana, ya casi lleva dos años sin ver su hija.

“En marzo pasado hice una huelga de hambre de una semana, afuera del Palacio Nacional, pero ni así logré que estas irregularidades se atendieran. Eduardo Rafael del Moral Rincón es un juez que desde el principio se mostró como un corrupto, que no hacía caso de las evidencias que se le presentaban, que no hacía caso de las periciales, y por eso está denunciado, en una demanda que tengo iniciada por fraude procesal, pero básicamente las autoridades no te ayudan”, lamenta Iliana.

Para conocer la postura del juez Eduardo Rafael del Moral Rincón en torno a estas denuncias, se intentó entablar comunicación con él a través del correo electrónico que la ficha de su candidatura a juez familiar se incluye como medio de contacto, no obstante, dicho correo está desactivado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/OBSERVATORIO JUDICIAL IBERO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.