El Ejército también espía a los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, al abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, así como a líderes sociales, magisteriales, políticos y de derechos humanos.
Así lo revelan documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya sobre el seguimiento del Ejército mexicano, de acuerdo con El Sur de Acapulco.