Ante la baja asistencia en el debate del Paquete Económico, y tras lo sucedido con Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, dio la instrucción a su bancada de no faltar a las sesiones. Pidió a sus legisladores que al menos haya una cantidad superior a los 70 que forman parte del Partido Acción Nacional (PAN), la principal fuerza opositora en San Lázaro.

Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de la bancada morenista que tiene 253 integrantes, es la encargada de llevar la lista de los diputados a los que les corresponde asistir de forma presencial a las sesiones.

Ricardo Monreal hizo el llamado a sus diputados en una reunión privada del pasado 21 de octubre. Un día después, aseguró que se van a revisar los lineamientos para “hacer posible” la presencia de los legisladores en las sesiones.

“Estaremos revisando, la semana que entra, todos los lineamientos y ordenamientos jurídicos para que se haga posible y efectiva la presencia, cuando sea indispensable, de diputados y diputadas en la discusión y aprobación de leyes”, dijo Monreal en entrevista.

Sin embargo, partidos de oposición consultados por Animal Político señalaron que hasta el momento la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Ricardo Monreal, no ha comunicado que las sesiones semipresenciales vayan a concluir.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió a la Jucopo poner orden en este tema. “Es decisión de la Jucopo el acuerdo de si es una sesión semipresencial o presencial. Me parece que dadas las situaciones en estos últimos meses, entendiendo que ya no hay una situación apremiante, ya es tiempo de que se valore y se haga un nuevo análisis sobre esto”.

Sesiones con leyes importantes son semipresenciales

Las sesiones semipresenciales no son solo un acuerdo de la Jucopo, sino que ya están en la ley. Luego de implementar este tipo de reuniones en 2020 por la pandemia de Covid-19, los partidos aprobaron una reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados para legalizar este modo de trabajo.

El 17 de octubre de 2023, todos los partidos, a excepción de Movimiento Ciudadano, votaron a favor de regular las sesiones semipresenciales en el Reglamento. Braulio Ochoa, diputado del partido naranja, advirtió en esa ocasión que esta modalidad se podría volver “ordinaria”, por lo que solo debían utilizarse en casos de excepción, como la emergencia sanitaria de Covid-19.

Años después, esto es una realidad. En la Cámara de Diputados, hasta las sesiones con las reformas más importantes se hacen de manera semipresencial. El Paquete Económico 2026, que incluyó modificaciones a cuatro leyes que marcarán el rumbo económico de México, es solo un ejemplo.

La semana pasada los diputados también discutieron en modalidad semipresencial la reforma a la Ley de Amparo, un proyecto que generó polémica por los cambios que Morena hizo al juicio de amparo, un recurso jurídico que las personas pueden utilizar para defenderse de los abusos cometidos por autoridades.

El 20 de marzo de este año, también en modalidad semipresencial, la Cámara de Diputados aprobó la expedición de una nueva ley en materia de transparencia, con la que se concretó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El 25 de junio de este año, los diputados volvieron a repetir la modalidad semipresencial en la aprobación de dos dictámenes para expedir la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, el marco legal que el gobierno de Claudia Sheinbaum utilizará para combatir el crimen.

Otras reformas de relevancia que han sido discutidas bajo la modalidad semipresencial este año han sido las leyes secundarias de la reforma judicial; la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos; la Ley Orgánica de la Armada de México, y la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023.

Sin rastro de lo que hacen  durante las sesiones

Las listas de asistencia de la Cámara de Diputados no especifican quiénes son las y los diputados que han participado en las sesiones de forma semipresencial.

Tampoco es posible conocer qué es lo que hacen y dónde están los legisladores cuando las sesiones semipresenciales se llevan a cabo, ya que en el salón de sesiones no hay pantallas para atestiguar su participación.

Cuando un legislador decide participar a distancia en una sesión, puede pasar lista a través de la Aplicación Portátil de Registro de Asistencia (APRAV), y al finalizar el debate puede votar a través de una plataforma digital.

Esto posibilita casos como el de Cuauhtémoc Blanco, diputado federal de Morena, quien esta semana quedó exhibido por estar en una cancha de pádel durante una sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se emitió una opinión de la Ley General de Aguas propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El caso de Cuauhtémoc Blanco no es el único, ya que cuando otros diputados prenden su cámara en las sesiones de comisiones se les puede observar hasta manejando.

Mientras los legisladores deciden sesionar a distancia, siguen cobrando su dieta mensual de 79 mil pesos, ya que no hay diferencias entre quienes deciden acudir presencialmente a la Cámara de Diputados y quienes no lo hacen.

En tanto, en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México, el porcentaje aumentó de 54.4% a 64.4%, con una variación de 18.4 puntos, y en Tonalá, Jalisco, de 56.1% a 65.4%, lo que representa un incremento de 16.6 puntos.

La ENSU también indica que en promedio nacional, 63% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, una proporción mayor a la de septiembre de 2024 (58.6%).

Ciudades con mayor y menor percepción de inseguridad

En septiembre, las ciudades con la mayor percepción de inseguridad fueron Culiacán, Sinaloa, con un 88.3%; Irapuato, Guanajuato, con 88.2%; Chilpancingo, Guerrero, con 86.3%. También destacan Ecatepec, Estado de México, con 84.4%, y Cuernavaca, Morelos, con 84.2%.

En contraste, algunas ciudades muestran niveles considerablemente más bajos de percepción de inseguridad. San Pedro Garza García, Nuevo León, registró apenas 8.9%; Piedras Negras, Coahuila, con 15.0%; y la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con 15.6%.

También se encuentran Los Mochis, Sinaloa, con 19.2%, y San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 22.4%.

Diferencias por género

El Inegi reportó que 68.2% de las mujeres y 56.7% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

Respecto a lugares específicos, 71.7% de la población dijo sentirse insegura en cajeros automáticos ubicados en la vía pública, 64.9% en el transporte público, 64.4% en las calles y 57.1% en la carretera.

La percepción de inseguridad fue más alta entre las mujeres: 77.8% se sintió insegura en cajeros automáticos y 70.6% en el transporte público, frente a 64.8% y 57.7% de los hombres, respectivamente.

El 34% de la población consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia “seguirá igual de mal”, mientras que 23.9% prevé que “empeorará”. Solo 24.9% cree que “mejorará” la seguridad en su ciudad.

Desempeño de las autoridades

En cuanto a la confianza y efectividad percibida de las autoridades de seguridad, la Marina fue la institución mejor evaluada: 86.7% de la población la consideró “muy o algo efectiva” en la prevención y combate a la delincuencia. Le siguieron la Fuerza Aérea Mexicana (83.2%), el Ejército (83.0%), la Guardia Nacional (73.2%), las policías estatales (52.7%) y las policías municipales (46.8%).

El 40.6% de la población manifestó haber cambiado sus hábitos respecto a portar objetos de valor, mientras que 36.9% limitó la salida de menores de edad del hogar, 35% dejó de caminar de noche en los alrededores de su vivienda y 22.4% redujo las visitas a familiares o amistades, por temor a ser víctima de un delito.

Finalmente, el Inegi estimó que en 8.5% de los hogares en áreas urbanas hubo algún tipo de violencia familiar entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. En 23.8% de esos casos, las personas involucradas eran menores de edad.

Pese a que durante 15 horas más de 100 personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de abandonar el criterio que ha provocado la invalidez de 50 leyes federales y estatales por falta de consulta a dicho sector, la ministra Lenia Batres, apoyada por el ministro presidente, Hugo Aguilar, insistieron en dejar de aplicarlo.

“Cuando hay una autoridad que quiere ser complaciente de manera simple pues puede correr el riesgo de que suprima derechos”, dijo Batres al finalizar la audiencia. 

“El criterio anterior era el que consideraba un requisito procedimental porque lo consideró, la jurisprudencia en la materia decía que la consulta es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, es decir no un derecho humano de las personas con discapacidad, no un derecho democrático. Eso es lo que queremos mover”.

Hugo Aguilar incluso comentó que como integrante de las comunidades indígenas comprende la discriminación porque la ha vivido en carne propia y que la aplicación de este criterio ha invalidado leyes que favorecían a las comunidades indígenas.

“Al igual que ustedes, los pueblos indígenas, hemos vivido en carne propia la exclusión, la discriminación, el abandono de la sociedad mayoritaria, y el derecho de consulta, que fue materia de esta audiencia pública, es también un derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas y afromexicanas”, comentó.

“Yo comparto esta visión que ha transmitido la ministra Lenia, porque para mí pasamos de un extremo a otro, en el caso de pueblos indígenas, yo quiero decirlo, precisarlo de esa manera. De pronto, la consulta se convirtió en el requisito de esencia, el requisito máximo de todo acto de autoridad”.

Ambos prometieron que Batres Guadarrama presentará, en breve, una propuesta de nuevo criterio tomando en consideración las opiniones de los participantes.

El ejercicio derivó de la discusión de una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de la Comisión Derechos Humanos de Michoacán en la que se alegó que dicha modificación no fue consultada previamente a personas con discapacidad pues establece la realización semestral de visitas por parte de la Comisión en centros psiquiátricos.

“Las intenciones no bastan”

Al iniciar el debate del caso, la ministra Lenia Batres pidió a sus compañeros abandonar el criterio con el que desde el año 2016 han sido invalidadas 50 legislaciones por falta de consulta previa a personas con discapacidad pues su proyecto establece que un trámite formal no puede llevar a la invalidez de toda una norma.

“Se propone un cambio de criterio que en la práctica devalúa la consulta a las personas con discapacidad tratándola como un mero trámite opcional. El proyecto sugiere que la consulta puede omitirse si una ley parece beneficiosa y aquí reside el núcleo del retroceso que se nos propone, yo les pregunto ¿beneficiosa para quién?, ¿bajo qué criterios?, ¿quién tiene la autoridad moral y vivencial para decidir qué es bueno para nosotros sin nosotros?

“Las intenciones no bastan, las leyes construidas desde un escritorio sin la experiencia de quienes vivimos la realidad día con día no solo fallan discriminan, la consulta no es un obstáculo para gobernar es la única herramienta para gobernar con eficacia, negarla no es una simplificación administrativa, es un acto de profunda exclusión”, advirtió en la audiencia de hoy María Milagros Castro Rocha, mujer con discapacidad que compareció desde Sinaloa.

Aunque el 7 de octubre un total de ocho ministros aceptó la propuesta, el debate fue suspendido a petición de Batres Guadarrama debido a que personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil solicitaron audiencia pública, por lo que el Pleno no pudo emitir una votación final y definitiva.

El pasado 20 de octubre, antes de la primera audiencia, Batres Guadarrama dio a conocer su propuesta de nuevo criterio en el que establece que las leyes sólo pueden ser impugnadas por falta de consulta previa a personas con discapacidad cuando estos, cumpliendo determinado número de firmas, así lo soliciten a las comisiones de derechos humanos, fiscalías o integrantes de las legislaturas, que son los facultados por ley para hacerlo.

Por ello, este miércoles la ministra ofreció a los asistentes reconsiderar y reformular esta parte de su propuesta.

“Tengan ustedes la certeza de que nos vamos a sentar a analizar todos estos temas que ustedes plantean, yo les comenté, me hicieron ver personalmente, y supongo que a todos nosotros, que no es una implicación tan sencilla y no les estábamos en realidad generando una facilidad sino al contrario, quizá una complicación, el reconocerles exclusivamente a ustedes la legitimación a la hora de presentarse cualquier acción de inconstitucionalidad por cualquier sujeto legitimado.

“Sin embargo hay muchas variaciones de eso y nos toca a nosotros hacer ese análisis, porque también hay defensorías públicas que pueden elaborar demandas, porque no necesariamente implica una carga para ustedes, la propia comisión de derechos humanos o las estatales podrían acercarse, es decir, no pasarles la carga a ustedes sino a las comisiones para que se acerquen a consultarles cuando ellas crean que deben presentar una acción de inconstitucionalidad, si es que ese fuera un criterio que retomara este pleno de esta Corte”, afirmó Batres.

Reportes de la policía indicaron que a las 8:30 de la mañana un hombre identificado como Omar “N”, de 35 años, fue perseguido y asesinado a balazos en la calle El Naranjo de la colonia Adrián Castrejón. 

Cerca de la medianoche, autoridades corroboraron el hallazgo de los cuerpos de tres hombres en una calle de terracería de la colonia El Capire y otros tres cadáveres en la entrada hacía la localidad de Ceja Blanca, cerca de la colonia Fermín Rabadán, en las inmediaciones del periférico Sur.

Las víctimas estaban apiladas, con los ojos vendados, atadas de pies y manos y semidesnudas. También presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego en la cabeza. 

En ambos sitios fueron dejadas cartulinas donde se les acusa de vender y consumir la droga conocida como “cristal”. 

Después de los hechos en la zona fueron desplegados de manera aparatosa agentes de la Policía Estatal, Policía Ministerial, Guardia Nacional y de la Defensa. 

Medios locales informaron que el domingo en redes sociales fue reportada la desaparición de al menos seis choferes de transporte público y repartidores de tortillas en distintos puntos de la ciudad. 

Sin embargo, hasta la mañana de este jueves los cuerpos no habían sido identificados. 

Autoridades municipales y estatales, así como las instituciones de seguridad y procuración de justicia no se han pronunciado por los hechos registrados en la ciudad donde en el 2014 criminales y policías masacraron a tres estudiantes, tres civiles y desaparecieron de manera forzada a otros 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Cepal proyectó que el PIB regional aumentará 2.4% este año y 2.3% en 2026, una ligera alza con respecto a las previsiones de agosto pasado. 

El crecimiento mexicano será este año casi cuatro veces menor que el promedio regional, indicaron los datos. 

En América Latina, sólo Bolivia crecerá el año entrante menos que México (0.5%), debido a la crisis que enfrenta ese país andino por la caída en las exportaciones gasíferas y la escasez de dólares y reservas internacionales. 

En un comunicado, el organismo regional señaló que este ajuste en las proyecciones refleja un entorno internacional menos adverso que el previsto a principios de este año, pero no altera el diagnóstico de fondo: que el impulso externo a la expansión económica se ha desacelerado y la región sigue creciendo a un ritmo bajo.  

“Para salir de esta situación es necesaria una transformación productiva más acelerada que impulse el crecimiento económico y la productividad, diversifique las economías y genere más y mejores empleos”, señaló la Cepal. 

En su pronóstico extendido al Caribe, Haití, Cuba y México aparecen como las economías con peor desempeño este año, con tasas de expansión negativas en los dos primeros casos: -2.3% y -1.5%, de manera respectiva, y de 0.3% para para el PIB mexicano. 

Para 2026, la Cepal mantuvo sin cambios su proyección regional, con un crecimiento de 2.3%.  

De concretarse esta estimación, serían cuatro años en que la región crecería a tasas de alrededor de 2.3% anual, con lo cual el promedio del crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe para la década 2017–2026 sería de 1.6% por año. 

La Cepal señaló que el panorama internacional continúa dominado por riesgos de desaceleración, entre los que se destacan la posibilidad de correcciones abruptas en los mercados financieros internacionales, presiones sobre la sostenibilidad fiscal en economías avanzadas, y posibles disrupciones comerciales adicionales. 

El bajo crecimiento de México en el arranque del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ocurre luego de que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) fue el de menor crecimiento económico en los últimos 36 años en México, con un promedio de 0.9% al año. 

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1983-1988), cuando el PIB apenas creció cada año 0.3%, no se había registrado un comportamiento tan débil de la economía mexicana. 

Esta es la tabla actualizada de proyecciones de crecimiento económico de la Cepal:

Proponen descuentos

La senadora del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, presentó una iniciativa para que los legisladores eviten dormirse y se encuentren haciendo cualquier cosa ajena a su trabajo durante las sesiones, pues de ser así, se les podría descontar la dieta y si reinciden, podrían ser separados del cargo.

Durante su participación en tribuna, dijo que quien no cumpla ni tenga el interés o sus intereses sean distintos, “es mejor que no estén aquí”.

“La finalidad de esta iniciativa es descontar la dieta a legisladores cuando se duerman durante las sesiones o estén realizando actividades ajenas a la labor legislativa o bien observando contenidos no relacionados con el desarrollo de la sesión parlamentaria. Y para el caso de reincidencia, sean separados del cargo”, comentó.

Añadió que se trata de dar un mensaje al pueblo de México de que en el Congreso no se debe permitir “la flojera, el desdén y el fraude a la labor legislativa”.

“La prioridad es proteger vidas y reconstruir las zonas dañadas. No esperaremos a que se repitan las tragedias para actuar”, expresó la presidenta ante vecinos que acudieron al recorrido.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil, al menos 22 municipios fueron catalogados como zonas con afectaciones severas, aunque los esfuerzos de ayuda aún continúan de manera intermitente.

La crítica al apoyo estatal

Los testimonios de los habitantes señalan que, en varios sectores, la ayuda se ha limitado a bebidas rehidratantes, paquetes básicos de despensa y agua embotellada, sin maquinaria para limpiar calles o remover el lodo de las viviendas.

En comunidades como Poza Rica y Álamo, vecinos indicaron que no se han entregado colchones, cobijas o herramientas de reconstrucción.

La gobernadora Rocío Nahle declaró que las autoridades continúan con la evaluación de daños y que los apoyos se entregan conforme al registro de viviendas afectadas. También señaló que se trabaja en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar ayuda humanitaria y asistencia médica.

No obstante, los testimonios de la población reflejan que gran parte del descontento se debe a la percepción de que los apoyos son simbólicos y no corresponden al nivel de pérdida que enfrentan muchas familias.

Condiciones actuales en las comunidades afectadas por las lluvias

A más de diez días de las lluvias, varios poblados continúan con lodo acumulado, cortes de electricidad y falta de agua potable. Algunas escuelas suspendieron actividades, y los habitantes aseguran que los alimentos y artículos de limpieza escasean.

En tanto, se espera que las autoridades federales inicien el proceso de evaluación de daños y entrega de apoyos económicos a las familias que cumplan con los requisitos de registro y acreditación de vivienda.

La Fiscalía registró que la causa de muerte “se encuentra pendiente por determinar”. Un segundo caso “pendiente de determinar” se reportó con el hallazgo de una persona sin vida en la colonia Santa Rocío, a espaldas del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Este cuerpo fue encontrado envuelto en plástico negro.

En total de los 14 decesos reportados de forma oficial por la fiscalía únicamente son ocho carpetas de investigación por homicidio doloso y una por feminicidio. 

Entre los asesinatos reportados de forma oficial ocho son en Culiacán, sin contar los dos cuerpos sin vida cuyas causas están por determinarse, así como un feminicidio más, para sumar al menos cinco casos durante este mes, después de que el pasado septiembre hubo registro de 14, cifra máxima histórica para un solo mes en el estado. 

Además, la Fiscalía abrió nueve carpetas de investigación por robo de vehículo en la capital, así como seis por privación ilegal de la libertad, ambos crímenes con alta incidencia desde septiembre del año pasado.