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Senado pagó más de 300 mil pesos por hotel para familiares de juzgadores en su toma de protesta

Se alquiló un hotel en Paseo de la Reforma cercano a la Cámara Alta; menús y bebidas fueron pagadas por los familiares con sus propios recursos, aclaran

El Senado de la República pagó 353 mil 700 pesos por la renta del espacio del hotel Sevilla Palace en Paseo de la Reforma para los familiares de los juzgadores que rindieron protesta el 1 de septiembre en la Cámara Alta, tras ser electos en los comicios federales de junio pasado.

En una respuesta de información solicitada por Proceso, el titular de eventos del Senado de la República, José Márquez Borbolla, respondió que la renta por el lugar fue de 9 horas.

En la respuesta del Senado de la República especifican que desconocen el número de familiares de los juzgadores que asistieron al lugar rentado en el Hotel Sevilla Palace. 

Además, detallaron que los menús y bebidas que los familiares de los juzgadores consumieron dentro del hotel Sevilla Palace fueron pagadas con sus propios recursos.

“Costo de la renta del espacio del hotel Sevilla Place y horario” (Sic) 

“El horario de la renta del espacio fue de 9:00 Horas. Costo: $353,700.00

“En respuesta a la solicitud de información sobre el número de asistentes, no es de la competencia de esta unidad dicha información.

“Sobre los costos de los menús y bebidas, cada persona cubrió con sus propios recursos sus consumos dentro del hotel”, responden.

El 14 de agosto del 2025, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, informó que el Senado de la República ocuparía un espacio alternativo para los acompañantes de las personas juzgadoras electas en la elección Judicial. 

El espacio que se dispuso para albergar a los familiares de las 881 personas juzgadoras que rindieron protesta el 1º de septiembre del 2025 fue el Hotel Sevilla Palace que se encuentra a unos metros de la sede del Senado de la República en Paseo de la Reforma.

El senador morenista detalló que esa medida es para que los familiares estén cerca y a unos pasos del Senado y pueda ser eso motivo de algo que es un “parteaguas” en la vida de la República: la selección por primera vez con voto directo de los juzgadores de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Capitolio baraja reducción de recursos a México si no arrecia combate al fentanilo

El Capitolio advierte una posible retención para 2026 de la asistencia económica que México recibe de Estados Unidos con el fin de combatir el fentanilo “hasta que se cumplan ciertas condiciones relacionadas con la seguridad”.

Mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) alerta sobre una disminución de 53% de enero a junio de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, de las incautaciones del fentanilo ilícito que ingresa a su país, el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025 advierte que las aduanas en México “han tenido dificultades” para detectar precursores químicos con los que se fabrican drogas.

Aunque no precisa un motivo de la reducción de aseguramientos, un informe previo del Congressional Research Service –servicio de investigación del Congreso estadunidense–, elaborado al término de la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), veía en la corrupción en aduanas y de instituciones de justicia en México obstáculos en el combate antidrogas, así como la “falta de recursos y personal capacitado”.

Con ello, el Capitolio advierte una posible retención para 2026 de la asistencia económica que México recibe de Estados Unidos con el fin de combatir el fentanilo y otras drogas sintéticas, “hasta que se cumplan ciertas condiciones relacionadas con la seguridad”.

En el contexto de estos escenarios, México se mantiene como “la fuente más importante de fentanilo ilícito y análogos del fentanilo”, en tanto que las empresas de China “siguen siendo la mayor fuente de precursores químicos y equipos utilizados para la fabricación” de esta droga. Los productos llegan, a través del control de puertos marítimos, a los cárteles mexicanos, quienes producen el narcótico en laboratorios clandestinos.

Las últimas referencias provienen del Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025.

Además, el Congressional Research Service también advierte en El fentanilo ilícito y el papel de México –un informe actualizado el pasado 26 de agosto–, que aunque la administración de Donald Trump ha utilizado aranceles y amenazas arancelarias, sanciones y amenazas de posibles acciones militares estadounidenses contra grupos criminales para presionar al gobierno mexicano a hacer más para combatir el fentanilo, México se mantiene como la principal fuente de este narcótico, desde que reemplazó a la República Popular China en 2019, durante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Las filiales estadounidenses de los cárteles distribuyen el fentanilo, al menos desde la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Lucha contra el Tráfico de Opiáceos Sintéticos (2022), estos grupos transportan el narcótico desde la frontera norte hasta Estados Unidos, usualmente en vehículos de pasajeros.

De acuerdo con la DEA, el método de contrabando más común utilizado por las organizaciones criminales transnacionales mexicanas consiste en transportar drogas a través de puertos de entrada terrestres en vehículos de pasajeros con compartimentos ocultos o mezcladas con mercancías legítimas en tráileres.

En este contexto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reveló que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos disminuyeron un 53% de enero a junio de 2025, en comparación con el mismo período de 2024. “Los expertos no están de acuerdo sobre la causa de esa disminución”, expone el Congreso, al incorporar también este dato a su informe El fentanilo ilícito y el papel de México.


En su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas (NDTA) 2025, la DEA sostiene que el Cártel de Sinaloa (CDS) –que libra una guerra interna entre sus dos principales facciones, Los Chapitos y La Mayos–, así como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son los principales proveedores de drogas ilícitas, incluido el fentanilo, para el mercado estadounidense.

La Evaluación Anual de Amenazas 2025 de la Oficina del director de Inteligencia Nacional ratifica la información, además de incluir que en los últimos seis años, los cárteles –designados organizaciones terrorista al inicio del segundo mandato de Donald Trump– han adquirido la capacidad de fabricar fentanilo y más narcóticos en México, en narcolaboratorios, y que “utilizan prensas de pastillas, a menudo importadas de China , para mezclar medicamentos falsificados , incluidos medicamentos veterinarios, con fentanilo o metanfetamina”.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer en su Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2024 que los cárteles mexicanos trabajan con organizaciones chinas de Lavado de Dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico al sistema bancario mexicano. En este tema, el propio Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025 remarca que la corrupción y la falta de capacidad han obstaculizado las iniciativas antidrogas y antilavado de dinero de México, tanto en el gobierno de López Obrador como en el actual de Claudia Sheinbaum.

Respecto a la actual administración, el Congressional Research Service menciona que en febrero de 2025 altos funcionarios estadounidenses y mexicanos se comprometieron a “asegurar nuestras fronteras, desmantelar los cárteles (…) y detener el flujo ilícito de drogas y armas”.

Aunque reconoce que “la presidenta mexicana Sheinbaum ha mostrado su disposición a colaborar con los esfuerzos estadounidenses para combatir los cárteles”, alerta que “las acciones unilaterales de Estados Unidos podrían poner en peligro la cooperación”.

“El gobierno de Sheinbaum ha desplegado unos 10 mil efectivos de la Guardia Nacional mexicana en las fronteras del país para combatir el narcotráfico, ha puesto a 55 narcotraficantes de alto rango bajo custodia estadounidense y ha permitido la ampliación de los vuelos de vigilancia estadounidenses sobre territorio mexicano”, añade sobre la cooperación desde México.

Después añade que “el presidente Trump inicialmente elogió las acciones de México contra los cárteles de la droga, pero en una carta del 11 de julio a Sheinbaum consideró que los esfuerzos de México eran “insuficientes” y amenazó con nuevos aranceles. La carta del presidente Trump llegó el mismo día en que altos funcionarios estadounidenses y mexicanos se reunieron para discutir un acuerdo binacional sobre temas económicos y de seguridad. Aunque el presidente Trump pospuso nuevos aranceles sobre México durante 90 días, a partir del 31 de julio, las continuas amenazas arancelarias podrían afectar la seguridad y la cooperación antinarcóticos”, insistió el Capitolio sobre el escenario de relaciones entre ambos países.

Rememora que en junio de 2025 la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió órdenes que identificaron a dos bancos y una casa de bolsa con sede en México como instituciones financieras de principal riesgo de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y que con base en el último dato anual disponible, 2023, Estados Unidos asignó a México 48 millones de dólares en ayuda antinarcóticos, que incluyen la provisión de caninos entrenados para identificar fentanilo, equipo de protección para el desmantelamiento de narcolaboratorios y para el análisis de drogas, así como un programa de control de contenedores en varios puertos mexicanos para ayudar a las agencias mexicanas a prevenir el desvío de precursores químicos desde China.  

Lo anterior lo cita porque a partir de 2025 la administración de Trump suspendió, revisó y finalmente canceló “muchos programas estadounidenses de asistencia exterior, aunque no se publica una lista completa de los programas cancelados”.

Aunque la financiación a México continúa, el Congreso cita que no hay datos específicos para el país para el siguiente ejercicio fiscal, 2026, año para el que Trump incluyó una solicitud de 125 millones de dólares para combatir el fentanilo y otras drogas sintéticas a nivel mundial, pero no incluyó ninguna asignación específica para México.

De igual forma, añade que la propuesta para 2026 de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados es proporcionar 175 millones de dólares para combatir el fentanilo a nivel mundial, pero que la medida retendría el 30 por ciento de la asistencia antinarcóticos proporcionada a México hasta que se cumplan ciertas condiciones relacionadas con la seguridad.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

Bertha Alcalde dice que EMEEQUIS pidió los videos "con dolo"

¿Qué darán a conocer el viernes? Si la información del pipazo de Iztapalapa está reservada. La Fiscalía llama "dolo" a investigación periodística de EMEEQUIS.

La fiscal Bertha Alcalde dijo en conferencia de prensa que los videos solicitados por EMEEQUIS sobre la explosión del puente de La Concordia fueron pedidos “con dolo”, luego de que se viralizara el reportaje ¿Qué hay detrás? Fiscalía de Alcalde reserva 3 años carpeta y videos de la pipa.

“Me parece que hay un poco, probablemente, con algo de dolo, porque estas organizaciones hacen muchas solicitudes de transparencia y generalmente de esta manera se contesta, lo quisieron enmarcar como si la Fiscalía quisiera esconder la información, cuando todo lo contrario, nosotros lo que queremos en este caso, que sabemos que es de gran trascendencia para la ciudad, pero incluso para el país, que tiene ojos en este terrible incidente en Iztapalapa, es ser lo más transparentes que podemos”.

Aclaró que por esta razón el viernes se convocará a una conferencia de prensa, “vamos a informar, incluso acompañar de los propios peritos, los primeros resultados de las indagatorias, siempre cuidando el debido proceso, cuidando no cruzar los debidos estándares establecidos por la ley”.

“Se hizo una solicitud vía transparencia a la Fiscalía por parte de una organización (EMEEQUIS), en donde se pide acceso a los registros de la carpeta de investigación vinculada al tema del incidente en Iztapalapa, se piden videos y otras cuestiones relacionadas con la carpeta”. 

“La Fiscalía lo que hizo fue contestar, como hace en todas las solicitudes de información donde se pide información de carpetas de investigación, diciendo que esta información está reservada (…) estamos obligados por la ley, el propio Código Nacional de Códigos Penales nos establece que los registros de las carpetas de investigación son reservados y únicamente las partes, es decir, la víctima y en todo caso el imputado pueden tener acceso a la carpeta de investigación y que esta información es reservada”.

“También la ley de transparencia establece algo al respecto, y establece la propia ley un plazo (…) en estos casos se establece un plazo mínimo de tres años para que la información esté reservada, la ley de transparencia también lo establece así en su artículo 171”.

Defendió que esto no quiere decir que la investigación vaya a durar tres años o que la fiscalía “quiera esconder la información ni mucho menos”. 

Esta controversia se da luego de que EMEEQUIS solicitara información vía transparencia al C5, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las respuestas fueron negativas, argumentando razones diferentes: la inexistencia de materiales, la responsabilidad de otra dependencia y la reserva de los documentos por tres años. 

Cabe destacar que, en redes sociales, la excomisionada del INAI, Julieta del Río, dio la razón a EMEEQUIS sobre la apertura de la información del caso de La Concordia: “La reserva de información no puede ser arbitraria ni discrecional. Toda decisión para clasificar información debe estar sustentada en una prueba de daño”.
Se presenta una línea de tiempo de la información presentada por EMEEQUIS y las respuestas presentadas por las instituciones de gobierno.

10 de septiembre.

Una pipa de la empresa Silza se volcó en una de las curvas del Circuito de la Concordia, en Iztapalapa, provocando una explosión que dejó múltiples víctimas. Hasta ahora, esa tragedia ha dejado 31 muertos.

18 de septiembre.

EMEEQUIS publicó el reportaje Nuevo video de la pipa 37 segundos antes de la tragedia: iba a velocidad normal. El video se volvió viral, siendo reproducido por medios de comunicación, políticos y ciudadanos.

24 de septiembre. 
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la sección del Detector de Mentiras, se afirmó lo siguiente: “¡Mentira! El video utilizado en medios de comunicación y redes sociales para afirmar que la pipa accidentada en Iztapalapa no iba a exceso de velocidad fue grabado en un lugar distinto al del accidente”.

Sin embargo, desde el propio título del reportaje se aclaró que el video mostraba los 37 segundos previos a la explosión, en una zona cercana al Puente de la Concordia. 

Ante ello, el equipo de esta casa editorial respondió con el texto Presidencia miente en su ‘desmentido’: videos de EMEEQUIS sobre pipa en Iztapalapa son reales.

26 de septiembre.

EMEEQUIS reveló en el reportaje La Concordia en Iztapalapa: 38 accidentes en seis años que la zona del accidente ya era considerada de alto riesgo, y que el gobierno capitalino tenía conocimiento de al menos 38 accidentes ocurridos previamente en el Circuito de la Concordia, sin incluir la “cifra negra” de incidentes no registrados oficialmente.

30 de septiembre

Tras esta publicación, la Fiscalía capitalina modificó su versión oficial en conferencia de prensa: anteriormente sostenía que la pipa circulaba a casi 50 kilómetros por hora, pero, en un nuevo giro, la fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció que el vehículo iba entre 44 y 46 kilómetros por hora. Incluso reconoció que antes del choque, la pipa bajó la velocidad. 

Durante su conferencia, Alcalde también intentó desacreditar los materiales periodísticos de EMEEQUIS: “Es muy importante poder brindar certeza a la ciudadanía en relación con algunos señalamientos que se han difundido en medios y redes sociales: en relación con un video difundido en redes sociales y por algunos medios de comunicación, que muestran al vehículo a velocidad moderada”.

1 de octubre.

Justo en la zona donde se volcó la pipa, surgió una grieta —en realidad, un socavón— que requirió maquinaria pesada para su reparación.

Según datos oficiales de la Alcaldía Iztapalapa, medía 1.5 metros de radio, con una proyección de agrietamiento de seis metros y una profundidad de dos metros. Esta situación fue denunciada en el texto La “grieta” es socavón según los parámetros del propio Gobierno CDMX.

3 de octubre.

EMEEQUIS publicó el reportaje Las imágenes inéditas de la explosión de Iztapalapa, que incluyó nuevos videos y testimonios exclusivos de testigos y víctimas.

6 de octubre.

El medio lanzó la investigación ¿Qué hay detrás? Fiscalía de Alcalde reserva tres años carpeta y videos de la pipa, donde se dio a conocer que la Fiscalía de la CDMX decidió mantener en reserva durante tres años los videos del accidente, pese a que en las primeras horas de la tragedia se difundió un video del C5 sin restricciones.

7 de octubre.

La Fiscalía respondió mediante un comunicado, asegurando que: “Los registros de cualquier carpeta de investigación en curso son de carácter reservado”. Horas después, como consigna esta nota, aseguró que EMEEQUIS pidió la información de los videos “con dolo”.

FUENTE: EMEEQUIS (EMEEQUIS).
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO, NATALIA ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Cierra Semarnat consulta pública sobre megaproyecto Puerta al Mar; activistas piden que niegue permiso a Sedena

Defensores del medio ambiente que participaron en la consulta pública de Semarnat insisten en que se debe negar a la Sedena la autorización para que construya el megaproyecto turístico Puerta al Mar en Quintana Roo.

Defensores del medio ambiente que participaron en la consulta pública sobre el megaproyecto turístico Puerta al Mar piden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que niegue a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la autorización para construir en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

Este martes 7 de octubre terminó la consulta pública del megaproyecto que la Sedena construye en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana Roo, a lo largo de la ruta del Tren Maya.

Durante un mes cualquier persona tuvo la posibilidad de enviar, a través del portal de la Semarnat, observaciones, sugerencias o propuestas alrededor de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto que tiene un costo estimado en 175 mil millones de pesos y que está en construcción desde agosto de 2023, a pesar de no contar con los permisos ambientales.

Las obras consisten en la ampliación y pavimentación de una brecha de terracería de 54.6 kilómetros conocida como “camino antiguo a Vigía Chico”, que une el poblado de Felipe Carrillo Puerto con el Mar Caribe, cruzando los humedales de Sian Ka’an. El megaproyecto contempla también otras infraestructuras, como un restaurante, un estacionamiento con locales comerciales, senderos peatonales y un muelle con mirador. Además, donde hay manglares el Ejército creará una playa artificial de 6 mil metros cuadrados con camastros, palapas y un restaurante.

Qué es un proceso de consulta pública

La Semarnat tendrá que leer y analizar las observaciones que recibió durante el proceso de consulta pública del proyecto que oficialmente se llama “Camino artesanal Puerta al Mar”, y tomarlas en cuenta al decidir si otorga o niega el permiso para construir la obra.

La dependencia tiene también la facultad de convocar una reunión pública informativa, donde la Sedena tendría que exponer los aspectos técnicos ambientales de la obra y sus posibles impactos, además de las medidas de prevención y mitigación que serían implementadas.

Piden que se niegue el permiso a Sedena

“Nosotras estamos solicitando a Semarnat que niegue a Sedena la autorización por incumplimiento de la ley ambiental, siendo que el proyecto se empezó a construir antes de conseguir los permisos ambientales y ya se han destruido manglares”, dice una abogada integrante de Territorios Diversos para la Vida (Terravida), una de las organizaciones que participaron en la consulta pública de la Puerta al Mar.

También, agrega, solicitamos que se clausuren las obras en caso de que estén en operación y se impongan las sanciones correspondientes. Terravida señaló a Semarnat que la MIA reconoce que el Ejército desarrolla actividades que el Plan de Manejo de Sian Ka’an prohíbe, como impulsar el turismo y construir obras dentro del área natural protegida. “La MIA reconoce la fragmentación del hábitat que el proyecto conlleva, que tiene un impacto en la conectividad de las especies”, dice la abogada.

La organización observó que no se toman en cuenta los impactos cumulativos de esta obra con otras construidas en el área, como el Tren Maya, y destacó que no se contemplan las afectaciones que pueden padecer comunidades que no se encuentran en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, como Punta Allen, localizada frente a la Puerta al Mar, del otro lado de la Bahía de la Ascensión.

Afectaciones al territorio simbólico

Las observaciones que llegaron a Semarnat no tienen que ver sólo con los impactos ambientales de la Puerta al Mar. “Participamos en el proceso de consulta pública señalando un elemento más cultural y tiene que ver con las afectaciones al territorio simbólico. Para nosotros los pueblos mayas, el camino antiguo a Vigía Chico tiene espíritu: están los yumtsilo’ob, que son los guardianes de la selva y tienen memoria”, dice Ángel Sulub Santos, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto. Recuerda que este camino tiene mucha importancia en la memoria de la población local, que lo recuperó de los soldados mandados a reprimir la población maya durante la Guerra de Castas.

“Mandamos a Semarnat una observación también sobre la justificación que tiene el proyecto, siendo que la MIA afirma que es una exigencia histórica de la gente local, de los mayas, pero en realidad una parte de la población no lo quiere”, dice Sulub Santos.

De acuerdo con él, los puestos de trabajo que el gobierno promete son un espejismo que no compensa los daños generados por el megaproyecto: “son empleos con una fragilidad alta. Lo estamos viendo ahora en Tulum, donde la falta de turistas impacta fuertemente a la economía de los trabajadores locales”, afirma.

Piden reunión para establecer medidas de protección para la Selva Maya

Desde que el camino viejo a Vigía Chico ha sido ampliado y pavimentado, los carros pasan a toda velocidad y ya se reportan atropellamientos de animales.

Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al grito de selva” de Greenpeace México, recuerda que una carretera que irrumpe en un ecosistema trae varios impactos y no sólo ambientales, pues existen otros relacionados con la especulación inmobiliaria que puede traer en el futuro.

“Ya hicimos una alerta a las autoridades federales y estamos en espera de un diálogo con la Semarnat y otras dependencias para hablar de las medidas de protección para la selva, que está en riesgo a causa de proyectos como el Tren Maya o la Puerta al Mar”, dice Carlos Samayoa. “La complejidad en torno de la selva es altísima y hay que abordar el tema desde una perspectiva compleja. Por eso estamos buscando que sea una mesa de trabajo multisectorial e intersecretarial, para blindar a la selva de cualquier amenaza. Se nos prometió este diálogo y esperamos tener pronto fechas concretas”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

Asesinato del padre Bertoldo Pantaleón, en Guerrero, alerta sobre violencia contra eclesiásticos en México

Los ataques violentes cometidos contra miembros eclesiásticos en México no son casos aislados: en los últimos 34 años se han registrado 80 sacerdotes asesinados; 10 de ellos en el sexenio pasado y dos más durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, según el CCM.

El asesinato del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, hallado sin vida el 6 de octubre del 2025 en Guerrero, puso la atención pública en los ataques contra los sacerdotes, perpetrados en contextos de violencia, impunidad y desprotección frente a grupos del crimen organizado.  

Los ataques violentes cometidos contra miembros eclesiásticos en México no son casos aislados: en los últimos 34 años se han registrado 80 sacerdotes asesinados; 10 de ellos en el sexenio pasado y dos más durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, según el Centro Católico Multimedial (CCM).

De acuerdo con los datos del CCM, las entidades con mayor número de asesinatos de religiosos en las últimas tres décadas son: Guerrero, con 11 casos; la Ciudad de México, con ocho; Michoacán y Chihuahua, con siete: y Jalisco y Estado de México, con seis. 

El caso más reciente es el del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, desaparecido el pasado 4 de octubre en el municipio de Eduardo Neri, en la región Centro de Guerrero.  

Su cuerpo fue hallado dos días después, con heridas de bala dentro de su vehículo en un camino de terracería cerca de la carretera México-Acapulco. La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. 

Casi un año antes, el 20 de octubre, fue asesinado el padre Marcelo Pérez Pérez, de 51 años, de la iglesia de Guadalupe y expárroco tzotzil de Simojovel en San Cristobal de las Casas. Acababa de oficiar misa y viajaba solo cuando, al subir a su vehículo, sujetos dispararon contra él, matándolo inmediatamente.  

El sacerdote era conocido por su trabajo pastoral y reconocido por su labor como defensor de los derechos humanos en la región. Denunció el aumento de la violencia en Chiapas y la incursión de grupos criminales; además fue mediador en un proceso de paz en Pantelhó cuando surgió el grupo de autodefensa “El Machete” en 2021 y 2022. Tras recibir múltiples amenazas, regresó a San Cristóbal de las Casas y convocó a varias peregrinaciones por la paz.    

En una entrevista con Proceso en 2021, al hablar sobre las preocupaciones por su seguridad personal y se negativa a tener una escolta el párroco expresó: “Soy pacifista (...) Busco la paz para el pueblo. Y la paz es más grande que la muerte”. 

El 22 de octubre de 2024, la fiscalía general del Estado de Chiapas, informó que las autoridades habían detenido un hombre, señalado de ser el supuesto autor material del homicidio, y no se reportan más avances en el caso.  

En su Reporte Anual 2024: “Violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia católica en México”, el CCM contabilizó los ataques contra miembros de la Iglesia Católica durante el último sexenio y también desde 1990 hasta el 2024.  

En el reporte, el CCM ofrece datos e hipótesis de los más de 80 crímenes que han enlutado a la Iglesia de México durante dicho periodo. Además, respecto al sexenio del 2018 al 2024, contabilizó: 10 sacerdotes asesinados; 10 sacerdotes y religiosos violentados; y 26 templos atacados, profanados o asaltados a la semana.  

También destacaron que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se recibieron más de 900 extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia Católica.  

A pesar de los numerosos ataques reportados, durante el sexenio pasado, los asesinatos de sacerdotes disminuyeron en relación con los sexenios anteriores. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012- 2018) se reportaron 19 sacerdotes asesinados y dos desaparecidos; mientras que en el sexenio de Felipe Calderón (2006- 2012) los sacerdotes asesinados fueron 17.  

Respecto a los dos sacerdotes desaparecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a la fecha no se tienen noticias de su paradero. Ellos son el padre Santiago A´lvarez Figueroa de la dio´cesis de Zamora, desaparecido desde el 29 de diciembre de 2012. Y el padre Carlos O´rnelas Puga desaparecido el 3 de noviembre de 2013 en Tamaulipas.  

Durante estos años, varios asesinatos de sacerdotes han conmocionado a México e incluso resonado a nivel internacional por la crueldad de los hechos, el perfil de las víctimas o el contexto en el que sucedieron.  

Uno de esos casos de gran resonancia fue también uno de los primeros de los que se tiene registro: el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, fallecido el 24 de mayo de 1993 en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco. 

La entonces Procuraduría General de la República, atribuyó el homicidio del arzobispo de Guadalajara a una supuesta confusión entre sicarios del Cártel de Tijuana, que buscaban a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, la versión fue ampliamente cuestionada, y la fecha no se ha logrado esclarecer el caso.  

Otros asesinatos que conmocionaron al país y suscitaron una reacción internacional fueron cometidos en 2022.  

El 17 de mayo de 2022, el padre José Guadalupe Rivas Saldaña, reconocido por si trabajo en la Casa del Migrante de Tecate, fue encontrado sin vida en un rancho de Tecate, Baja California, con signos de violencia.  

Ese mismo año, pero semanas más tarde, se registró el ataque contra los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, acribillados dentro de su iglesia cuando intentaban proteger a un hombre que estaba huyendo de un grupo criminal el 20 de junio del 2022 en Cerocahui, Chihuahua en la Sierra Tarahumara.   

El crimen fue condenado por la Compañía de Jesús, la ONU y otras organizaciones civiles. Ambos realizaban trabajo pastoral destacado y auxiliaban a las comunidades rarámuris de la zona. A pesar de la presión mediática, aún no hay detenidos por el caso.  

Y reportan ataques a Iglesias

Además de los casos de asesinatos de sacerdotes que realizaban importantes labores sociales en defensa de grupos en situación de vulnerabilidad, el CCM también ha registrado agresiones contra sacerdotes por otras razones, incluyendo robos y asaltos a iglesias. Los datos colocan a México como el primer país Latinoamericano con más ataques violentos a recintos sagrados.   

El reporte señala que ataques a sitios religiosos tiene las siguientes tendencias: 

42% concierne a profesionales del crimen organizado especializados en el robo de arte sacro;  

37%, es de grupos que atacan por diversos motivos de intolerancia y discriminación religiosa; y   

21% de las agresiones contra estos lugares es efectuado por delincuentes dedicados al robo exprés de objetos religiosos a menor escala y de escaso valor. 

“Entre 1993 y 1999, la profanación de recintos sagrados refiere un 2 por ciento por año; es decir, 4 recintos profanados por semana. De 2000 a 2006, la cifra incrementó al 4 por ciento equivalente a ocho templos agraviados semanalmente. De 2007 a 2024, creció al 12 por ciento, correspondiente a 26 iglesias agraviadas, es decir, un aumento de alrededor de 600% en casi dos décadas”, resaltó el CCM.  

De acuerdo con el documento, los ataques contra templos católicos se deben a dos razones: el “lucrativo tráfico de arte sacro” y por otra, la de sujetos que atacan santuarios y parroquias por “cuestiones antirreligiosas, motivos políticos, para cobrar derechos de piso y, en otros casos, para dejar constancia de sus presuntas ligas con sectas o cultos satánicos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Artículo 19 pide a Armenta detener criminalización e intimidación contra e-Consulta

La organización refirió que la actualización del proceso judicial ocurrió posterior a publicaciones en las que e-consulta informó sobre una presunta estrategia del gobierno de Puebla para obligar a funcionarios a dar likes y postear de manera positiva en redes sociales a favor del gobernador.

La organización Artículo 19 hizo un llamado al gobernador Alejandro Armenta y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que detengan la criminalización e intimidación contra el portal de noticias e-Consulta, luego de que se reactivó una denuncia presentada desde 2020 contra Rodolfo Ruiz, director de ese medio. 

En un comunicado, la organización refirió que la actualización de ese proceso judicial, por el supuesto delito de lavado de dinero, ocurrió posterior a una serie de publicaciones en las que e-Consulta informó sobre una presunta estrategia del gobierno de Puebla para obligar a personas en función pública a dar likes y postear de manera positiva en redes sociales a favor del gobernador.

“Es preciso mencionar que la denuncia en cuestión tiene su origen en auditorías fiscales de enero de 2020 que no se concluyeron, pero que la Secretaría de Finanzas y Administración de Miguel Barbosa promovió ante la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con otros procesos civiles por supuesto daño moral en contra el medio y el director, acumulando más de 7 procesos judiciales durante dicha administración”. 

Agregó que, en su momento, Artículo 19 alertó que ese tipo de procesos judiciales son denuncias o demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) utilizados por la gente que detenta el poder para limitar el debate público, “así como censurar e intimidar a través de lo que implica en términos de recursos humanos y económicos el defenderse frente a estos procesos”. 

Recordó que el caso de Rodolfo Ruíz y de e-Consulta ocurre también en medio de una serie de discursos “estigmatizantes”, donde se han utilizado las conferencias de prensa de gobierno estatal para criminalizar a ese medio. 

Esto se refiere a los señalamientos hechos durante una rueda de prensa directamente en contra de Ruiz, cuando Armenta lo llamó “cobarde”, “canalla” y lo tachó de ciberdelincuente al acusarlo de la publicación de un mensaje en redes sociales, que el periodista ni siquiera había emitido. 

Artículo 19 menciona que a esto se suma el hecho de que Puebla ha sido centro de debate público por la reforma que tipifica el delito de ciberasedio, que ha sido cuestionada por organizaciones y periodistas al considerar que genera un “efecto inhibitorio” para el ejercicio de libertad de expresión e información de las personas. 

Al exponer estos antecedentes, la organización pidió al gobierno de Armenta abstenerse de estigmatizar o criminalizar a periodistas y medios de comunicación y a la Fiscalía abstenerse de utilizar recursos públicos en procesos que buscan intimidar a la prensa por sus publicaciones.   

Igual llama al Poder Judicial de Puebla a que aplique los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y resolución de los procesos civiles o penales iniciados contra periodistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Sheinbaum busca que la Sedena atienda quejas de comerciantes y turistas de Tulum

La presidenta aseguró que pidió a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez que coordine una mesa de trabajo para dar solución al conflicto en torno al Parque del Jaguar.

La presidenta Claudia Sheinbaum instituyó que la Defensa resuelva las quejas de residentes, comerciantes y turistas en Tulum por lo que ha provocado el entorno del Parque de Jaguar. 

Proceso publicó en su edición de octubre que “desde que la Secretaría de la Defensa Nacional administra el Parque Nacional del Jaguar el turismo disminuye. Comerciantes y empresarios aseguran que hoteles, clubes de playa, tiendas de buceo y restaurantes son los más afectados; la ocupación este verano se desplomó 30% como durante la pandemia por covid-19”.

Aunque la presidenta atribuye la información a redes sociales, el reportaje en Proceso indica que ese panorama “lo atribuyen a que para ingresar a los tramos costeros y otros puntos a donde antes el turismo accedía libremente, la Sedena ahora cobra de 105 hasta más de 500 pesos, por lo que mejor se van a Cancún o Playa del Carmen, además de que tanto soldado, aseguran, inquieta a los visitantes”. 

Agregó que “en particular el caso de Tulum hay un tema con el parque del Jaguar que estamos revisando tanto con Defensa que es quien opera el parque del Jaguar”. 

La mandataria federal pidió a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez que coordine una mesa de trabajo para dar solución. 

“Hay algunas quejas por la entrada a la playa que tiene que también hacerse algunas cuestiones de señalización, de acuerdo con lo que me planteó la secretaria, pero lo vamos a atender”. 

La secretaria ya se comunicó con hoteleros de Tulum, pero pidió “primero medir a ver si lo que dicen las redes es cierto h después ver en particular el tema del parque del Jaguar para que se resuelva”. 

En torno a los precios elevados dijo que “tiene que revisarlo el área de Turismo y lo que buscamos es que pueda ir toda la población a conocer este bellísimo lugar de Quintana Roo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.