Líderes indígenas denuncian que el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, avaló abusos, consultas amañadas, represión contra la Nación Yaqui y manipulación del “Plan de Justicia” de López Obrador. En este contexto prevalece el acoso del Crimen organizado en su territorio.
En los últimos años el grupo indígena yoreme ha tenido que resistir la ocupación territorial cada vez mayor del crimen organizado y la intervención del gobierno federal para implementar el “Plan de Justicia del Pueblo Yaqui”, decretado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.
Este plan presuntamente contempló la restitución a los yaquis de 20 mil hectáreas de territorio, créditos para vivienda, impulso a la educación y servicios de salud, pero principalmente la ejecución de un plan hidráulico en la Cuenca del Río Yaqui, en respuesta a la escasez que padecen los pueblos del sur de Sonora, a raíz de la construcción del Acueducto Independencia en 2009, principalmente.
El principal operador del Plan de Justicia, según señala la tropa yoeme, fue Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y ahora virtual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras las elecciones del 1 de junio último.
Fernando Jiménez, indígena yoreme y defensor del territorio yaqui, denuncia en la entrevista con Proceso que el supuesto Plan de Justicia de López Obrador se trató en realidad de “una herramienta de control en donde el INPI es el que tiene las palancas en la mano; ellos deciden cómo, cuándo y quiénes van a recibir los apoyos y las bondades de un plan de justicia.”
También Jiménez señala tanto a Aguilar Ortiz como a Adelfo Regino –titular del mismo INPI–, como los funcionarios que los discriminaron y negaron el acceso a los indígenas yoremes a las reuniones de las consultas indígenas para ejecutar el “Plan de Justicia” y que, a puerta cerrada, celebraron con otras dependencias federales y autoridades yaquis impuestas por ellos mismos.
Ahí –puntualiza Jiménez– se notó prácticamente que el control, la batuta, la llevaba el INPI en las personas de Adelfo Regino y Hugo Aguilar. Todos los escritos, todas las actas que se levantaban en esas reuniones no tenían las características que hace un secretario tradicional, tenían una esencia ya más rebuscada, ya más politizada; ellos decidían qué era lo bueno para los yaquis y qué era lo malo para los yaquis.
Estos señalamientos también quedaron asentados en la queja que presentó el defensor de los derechos yaquis César Cota Tórtola desde agosto de 2021ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reportada en la edición 2344 de Proceso.
En ella, Cota señala como responsables de prácticas discriminatorias a los ya mencionados Aguilar Ortiz y Regino, así como también a los funcionarios locales del INPI Luis Andrés Chávez Vera, delegado en Sonora, y a Hilario Molina Amarillas, representante del mismo Instituto en el pueblo de Pótam.
De acuerdo con esta queja, presentada ante el Quinto visitador de la CNDH, David Mendívil Figeroa, Cota expresó de estos funcionarios que “en diversas reuniones que han sostenido con las autoridades tradicionales de los Ocho pueblos de la tribu yaqui (...) han estado incitando al odio, al racismo, la confrontación y a la división entre los diversos representantes de (...) la Nación Yaqui”.
Lo anterior con el fin de imponer “a toda costa los acuerdos que a ellos les favorezcan, como representantes del gobierno de México, queriendo callar, opacar, menoscabar y limitar la participación de los yoremes de la Nación Yaqui”, detalla Cota Tórtola.
Además de los funcionarios del INPI ya mencionados, la queja de César Cota señala a funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Comuninaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre otras.
“Aprovechándose de su condición política –continúa la queja– y abusando de su poder de servidores públicos, pretenden imponer a los gobernadores de los Ocho Pueblos de la tribu yaqui, lo que debe acordarse en las reuniones de las consultas indígenas y en las reuniones del Plan de Justicia Yaqui, siendo ellos mismos los que manipulan a su placer las actas de hechos y minutas de trabajo que se celebran entre autoridades tradicionales”.
También, se asienta en esta queja, “los servidores públicos enunciados han estado utilizando los recursos públicos del erario nacional y abusando constantemente de su poder para fomentar la corrupción en el interior de nuestras autoridades tradicionales (...) con prebendas y dádivas económicas o en especie”.
De esa manera –explica el defensor yaqui Cota Tórtola en el escrito–, los funcionarios señalados “solicitan las firmas de nuestras autoridades tradicionales para poder mandar en las reuniones de las consultas indígenas, utilizando también el pretexto de que están haciendo valer el Plan de Justicia (...) que les ordenó realizar el presidente, sin ni siquiera tomar en consideración las opiniones de nuestras autoridades tradicionales.
“Simplemente les imponen los acuerdos y los extorsionan intimidándolos al manifestarles que, si no hacen lo que ellos dicen y mandan, simplemente les retiran los apoyos y los pueden echar fuera de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui”, denuncia Cota, actual líder de la tropa yoemia.
Todo lo anterior –explica la queja–, pese a contar con dos sentencias de amparo para realizar consultas indígenas, las cuales fueron ordenadas por el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia, bajo los expedientes 461/2011, radicada en el Juzgado octavo de distrito; y el 603/2014 en el Juzgado décimo de distrito, ambos del estado de Sonora, así como otras sentencias ejecutorias de amparo y juicios de amparo en proceso.
Además, en la entrevista para Proceso, el defensor yoreme Fernando Jiménez declaró que la intervención de Hugo Aguilar y los funcionarios públicos mencionados “dentro de nuestra política interna, hicieron cambiar ya las formas de gobierno, mediante el INPI o lo que ellos manejan como lo que es mejor para la tribu.
“Los secretarios ahorita llevan el control y las decisiones de un gobierno tradicional. Ya no se convocan a reuniones, a una asamblea general para tomar decisiones tan importantes como es el problema que tenemos con el agua”, expone Jiménez.
Violencia y crimen organizado
La intromisión en la política interna de los pueblos yaquis por parte de Hugo Aguilar y otros funcionarios públicos del INPI ha tenido consecuencias aún más graves, ya que también han obstaculizado otros temas vitales para la tribu como lo es la violencia originada por el crimen organizado.
Vivimos ante el acecho del despojo de nuestras tierras y nuestros recursos naturales por parte del crimen organizado, que está apoderándose con el claro objetivo de exterminar nuestra raza indígena ancestral, a través de la comisión de delitos, y de los constantes ataques a nuestros usos y costumbres que generan los servidores públicos en complicidad con las células del crimen organizado presentes en nuestro territorio.
Así se puede leer en otra queja presentada el 4 de julio de 2024 ante la CNDH en la Ciudad de México, tramitada por los representantes yaquis Esteban Guillén Álvarez, Isabel Seguapicio Hurtado, Agustín Molina Meza y César Cota.
En ese documento, los miembros de la tropa yoreme señalan que desde 2011 células del crimen organizado comenzaron a asentarse en el territorio yaqui. Eso en el contexto de las movilizaciones populares que realizó la tribu contra la construcción del “Acueducto Independencia” en 2009.
Sin embargo, los representantes yaquis señalan que en la actualidad “la situación es consternante”, debido a que grupos del crimen organizado están reclutando “a niños desde los diez años y a adolescentes, quienes son equipados con armas de alto calibre, enviciados y utilizados como halcones o vigilantes” para mantener el control de los territorios yaquis.
“Al que no respete sus reglas simplemente lo desaparecen o asesinan y los descuartizan aventando sus restos en nuestras iglesias o en las guardias tradicionales donde se reúnen nuestras autoridades para atender los asuntos del gobierno interno de nuestros pueblos yaquis”, denuncia el escrito.
Hasta el momento, los yaquis cuentan con las denuncias y testimonios que dan cuenta de alrededor de 50 integrantes de la tribu yaqui que se encuentran desaparecidas o han sido asesinadas.
Debido a la amenaza que esto representa para su comunidad, expresa la queja que el 15 de junio de 2023 los representantes yaquis se reunieron con Ana Luisa Chávez Haro, subsecretaria de Concertación Social del gobierno de Sonora, junto a otros representantes gubernamentales, con la mediación del entonces delegado de la CNDH en Sonora, Octavio Grijalva Vázquez, con el fin de coordinar medidas de seguridad para los pueblos yaquis.
Sin embargo, estas gestiones fueron obstaculizadas por la intervención de Abel Leyva Castellanos, coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora (CEDIS-Sonora), quien defendió que “todas las acciones de seguridad por indicaciones del gobernador del estado debían ser coordinadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el marco de la implementación del Plan de Justicia Yaqui que ejecutaba el gobierno federal”.
Asimismo el funcionario alegó que ninguna acción de seguridad podía entenderse con autoridades duales o representantes no autorizados del pueblo yaqui, por lo que –señalan los yoreme–, “no podíamos sostener ningún tipo de acuerdo en defensa de los derechos de nuestros pueblos, por ser supuestamente autoridades duales no reconocidas por el gobierno.”
Lo anterior, evidenció –según la denuncia– “que los principales actores que obstaculizan el debido desarrollo y progreso de los acuerdos de la mesa de seguridad del estado de Sonora, en coordinación con las autoridades del gobierno federal, son los mismos representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, Hugo Aguilar Ortiz”, entre otros.
Estos servidores públicos “mienten constantemente en sus informes y de paso siembran la división, confrontación y distanciamiento entre autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis, con el claro objetivo de que no exista unión y acuerdos entre autoridades del gobierno tradicional (…) que puedan presentar organizada y unificadamente una solución a la problemática de la violencia”.
En ese sentido, los representantes de la tribu yaqui también señalan como corresponsables a “los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, especialmente los de las áreas de Derechos Humanos (a quienes señalan de) no hacen nada por atender la situación, (…) han presentado informes y girado instrucciones para que no se nos atienda en ninguna instancia”, negándoles sus facultades para representar a la tribu yaqui.
El acoso contra los yoremes
Dado que la lucha de los yaquis ha sido popular pero también legal –debido a la alianza que han tejido con organizaciones de la sociedad civil y despachos de abogados de Sonora y la Ciudad de México–, en un mensaje videograbado el 11 de enero de 2022 un grupo de cinco indígenas yoreme denunció persecusión política, amenazas, intimidación y acoso por parte de autoridades impuestas del pueblo de Pótam, en específico Patricio Varela Martínez y el secretario de Vícam Pueblo (una de las ocho poblaciones yaquis), Onésimo Viquimea Valenzuela.
Por órdenes de estas personas, según lee una mujer yaqui en castellano, un grupo armado ajeno a la comunidad secuestró a Juan Pedro Maldonado Martínez, Jesús Molina Castillo y Anselmo Molina en la guardia de Pótam.
De acuerdo con la denuncia, Varela Martínez y Viquimea, “con el apoyo de los servidores públicos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas están generando esta ola de violencia en la Nación Yaqui. El motivo de ello es obligarnos a firmar el desistimiento de una demanda de amparo que interpusimos para garantizar nuestros derechos humanos, resguardando el derecho de todos los yoremes de la Nación Yaqui, por el confuso decreto de la creación del Distrito de Riesgo 018”.
En anteriores ocasiones hemos declarado en la búsqueda de la verdad que los integrantes de la santa iglesia de Pótam, junto con la tropa yoremia de los ocho pueblos de la Nación Yaqui, interpusimos ese amparo para detener la entrada en vigor del citado decreto, porque lamentablemente nos percatamos que con mentiras y engaños el INPI simuló la organización de una consulta indígena, queriéndonos imponer por la fuerza un decreto que debe ser sujeto de revisión.
A la fecha, la persecución no ha parado y apenas el pasado 16 de mayo “un comando disfrazado de militares o como marinos” irrumpieron en la guardia tradicional del pueblo Loma de Guamúchil-Cocorit, atacando a dos yaquis, incluyendo el propio líder de la tropa Yoremia, César Cota Tórtola, con el fin de “amedrentar y tratar de callar la voz (...). Intimidación y amenazas es lo que estamos pasando en éstas últimas fechas.
Asimismo César Cota –quien se encuentra solicitando medidas cautelares por la represión que ha vivido en las últimas semanas–, asegura que Hugo Aguilar es “el causante de lo que está pasando con la tribu yaqui (...) También que lo digan los indígenas del sur, de Chiapas (...) de Jalisco (...) que también alcen la voz porque no les conviene que un traidor indígena se quede ahí, siendo el causante de lo que pasa en la tribu yaqui (...) el que ha causado mucho destrozo en el estado y en toda la nación.”
El indígena yoreme Agustín Molina dice: “Hugo Aguilar para nosotros es un indígena corrupto, no lo queremos ni queremos que tenga una representación legal, ni en la Suprema Corte de Justicia.”
“Y quisiera decirles a todos los grupos indígenas de todo el Estado mexicano –agrega Molina– que alcen su voz, no queremos a ese indígena, el más corrupto que se pueda conocer en todo México”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA ÁVILA HERNÁNDEZ.
