La elección judicial fue un desastre, y no por sorpresa. Lo más revelador es lo que se intenta esconder: una participación ciudadana bajísima. Apenas el 13 por ciento del padrón acudió a las urnas. De los que acudieron, 23 por ciento invalidaron su boleta. Aun así, el Gobierno insiste en presentarla como un “hecho histórico” y un “avance democrático”. La narrativa oficial recurre a falacias, como el uso cifras absolutas —“13 millones de votos”— o comparaciones absurdas- “hubo más votos que los recibidos por el PRI o PAN hace un año”- para maquillar la realidad. Pero omite como dato clave que más de 87 millones de personas no votaron. 

Dicen que fue un logro democrático. Pero ¿qué clase de democracia se construye con boletas no utilizadas sin cancelar, sin conteo público en casillas, sin información mínima sobre los candidatos? No hubo campañas reales, ni debates, ni perfiles claros. La ciudadanía fue convocada a votar por nombres que no conocía, para cargos que no comprendía.

Además, este nivel de abstención echa por tierra uno de los grandes argumentos del oficialismo: que los 36 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum en 2024 representaban un mandato popular para reformar el Poder Judicial. Si ese mandato existiera, ¿dónde están esos 36 millones ahora? ¿Por qué menos de la mitad acudió a respaldar la reforma en las urnas? La respuesta es clara: la ciudadanía no validó este proceso simplemente porque no le vio sentido. La indiferencia -sea por la razón que sea- deriva de la idea de que ya todo estaba decidido. Se dice que ya estaban decididos los ganadores de antemano, nada más faltaban las elecciones para legitimarlos.

Primero vivimos un proceso kafkiano, con candidatos preseleccionados por el partido hegemónico, sin filtros ciudadanos ni criterios transparentes. A ello hay que sumar los famosos “acordeones” repartidos masivamente. Hasta ahora, en la SCJN y el Tribunal de Disciplina Judicial, las personas candidatas señaladas en las “guías de votación” distribuidas cínicamente han resultado ganadoras.  

El 2 de junio entramos en la fase orwelliana: negar la realidad, manipular los hechos, y presentar como abrumadora una participación marginal. No hay forma de disfrazar un vacío de legitimidad como si fuera entusiasmo democrático.

Con todo eso, el objetivo de fondo se cumplió. No se buscaba legitimidad, sino control institucional. La baja participación no fue un obstáculo. Fue parte del diseño. Se trataba de capturar el Poder Judicial y eso ya se logró.

Pero hay algo igual de grave en esta pantomima. La elección dejó un precedente mediante la normalización de malas prácticas que pueden contaminar otros procesos electorales en el futuro. Falta de información, es una. Conteos en consejos distritales y no en las casillas, no sólo como práctica elemental sino como conquista histórica, es otra. Para acabar, negligencia en el manejo de boletas, puesto que en lugar de ser inutilizadas las sobrantes se empaquetaron y se mandaron tal cual. Como telón de fondo, un INE cuya presidenta funge como correa de transmisión del oficialismo, y un Tribunal Electoral cuya mayoría de magistrados no se molesta en disimular su alineación al régimen.

Si esta forma de votar pasa como “exitosa”, mañana se podrá justificar lo mismo en elecciones legislativas o presidenciales. De esta manera, el espíritu antidemocrático ya acecha lo único que había quedado en pie después del Plan C: el sistema electoral. Así nos damos cuenta de que la democracia no se pierde de golpe, como en el pasado. Se desgasta poco a poco. Por eso hablamos de “erosión democrática” como deterioro paulatino pero constante. 

Todavía estamos a tiempo de exigir una revisión a fondo de la reforma judicial. Porque sin justicia independiente ni elecciones limpias, no hay democracia viable. Porque la reforma que requiere la justicia en México va en el sentido contrario a la que hoy está vigente. Porque faltaron las fiscalías y las policías que son el obstáculo para el acceso a la justicia en materia penal. Porque la actual falta de independencia en los tribunales locales solamente se agudizará con la captura política y criminal evidenciadas durante el proceso electoral. Poco que celebrar y mucho que reflexionar.

La estudiante Diana Estefani López de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) fue localizada sin vida ayer en un canal pluvial ubicado en la colonia Morelos, del municipio de Acapulco, Guerrero. La joven de 18 años fue vista por última vez el jueves a las 19:00 horas en el parque Los Palomares de la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en la zona poniente.

Las autoridades dieron con Diana Estefani gracias a una denuncia ciudadana que reportó la presencia de un cuerpo cerca del canal de agua. Alrededor de las 12:00 horas de este viernes, elementos ministeriales encontraron a la joven sin vida, entre la calles Corregidora y Francisco I Madero.

De acuerdo con medios locales, los peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco dijeron que la causa de muerte habría sido un golpe en la cabeza ocasionado por caer de una altura de aproximadamente cuatro metros. Sin embargo, la UAGro señaló en un comunicado que la joven fue víctima de secuestro y posteriormente asesinada.

"La Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información de la UAGro en voz de su comunidad estudiantil, docente, administrativa y directiva, expresa su más profundo dolor, consternación e indignación por el atroz crimen cometido en contra de nuestra estudiante Diana Estefani López Vargas, quien fue víctima de secuestro y lamentablemente privada de la vida este día en el puerto de Acapulco", expresó en un comunicado.

Este viernes 6 de junio se registraron 14 homicidios en Sinaloa, de acuerdo con datos de la Fiscalía del estado. Del total, siete ocurrieron en Culiacán, tres en Navolato y cuatro en Mocorito

En Culiacán, se reportó el hallazgo de una persona asesinada y envuelta en plástico en el sector Musala, otra en la colonia José María Martínez, una más asesinada a balazos a un costado de la autopista Benito Juárez con un mensaje, en el tramo Las Brisas–Culiacán y otra en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, “El Tamarindo”.

Con 51 muertes dolosas en los primeros 6 días de junio, Sinaloa ya superó los 47 homicidios registrados en todo el sexto mes del año pasado. Tan solo ayer, viernes 6 de junio, se registraron 14 asesinatos más dos hallazgos de restos humanos en un par de fosas clandestinas en Mazatlán.

Tras concluir el cómputo de votos de la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se confirmó el triunfo de Gilberto Bátiz y Claudia Valle Aguilasocho, quienes ocuparán los espacios que están vacantes desde 2023.

Con 4 millones 748 mil 915 votos Gilberto Bátiz obtuvo la mayor cantidad de sufragios de los hombres, mientras que Claudia Valle ganó del lado de las mujeres con cuatro millones 203 mil 694.

Ha sido secretaria General de Acuerdos de Sala Superior y coordinadora de Institucionalización de Perspectiva de Género. Además, en los comicios de 2024, formó parte del Pleno de la Sala Superior encargado de calificar la elección presidencial.

Valle cuenta con tres maestrías en derecho procesal, derecho electoral y otra en materia de derechos humanos y derecho constitucional.

¿Quién es Gilberto Bátiz?

Gilberto de Guzmán Bátiz García actualmente se desempeña como magistrado electoral en el Tribunal Electoral del estado de Chiapas, cargo que ocupa desde octubre de 2019.

Es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Derecho Constitucional y un doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). También ha sido becario en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONACYT).

La Secretaría de Salud contabiliza más de 1 mil 900 casos de sarampión y más de 1 mil de tos ferina en el país en lo que va del año. Ambas enfermedades han alcanzado máximos históricos en 2025, y continúan aumentando.

En el caso de la tos ferina, hasta el 24 de mayo, el reporte oficial es de 53 defunciones de niños menores de un año, a causa de esta enfermedad en 17 estados del país.

Expertos subrayan la necesidad de agilizar la vacunación, diagnósticos y tratamientos en las poblaciones donde hay casos confirmados de estas enfermedades, así como sensibilizar a la población para que accedan a aplicarse las dosis.

“Se debe acelerar la vacunación, sobre todo en los sitios donde hay casos confirmados, y se debería asegurar la adquisición de las dosis extraordinarias de vacuna que se van a necesitar”, explicó en entrevista Mauricio Rodríguez, coordinador académico del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM. 

“También, sensibilizar a las poblaciones donde están apareciendo los casos, hacer énfasis en la vacunación del personal de salud que está en mayor riesgo de poder entrar en contacto con un caso de sarampión confirmado; fortalecer la capacidad de diagnóstico para que se identifiquen rápido los casos”, agregó.

María Guadalupe Miranda Novales, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad, destacó que no se puede lograr inmunidad en la población si hay procedimientos incompletos. 

Entre el 26 de abril y el 3 de mayo se aplicaron 2 millones 211 mil 584 vacunas, incluidas aquellas que protegen contra el sarampión y la tosferina, en personas de todas las edades. 

Chihuahua continúa a la cabeza en contagios de sarampión

Omitiendo detalles como la ubicación exacta y la cantidad de droga asegurada, es como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional informaron sobre el cateo de una bodega en Playas de Rosarito en el que aseguraron 10 autos alterados presuntamente para el transporte de droga; así como 10 cartuchos.

En el cateo participaron elementos de la Marina a través de la Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Pública en esa entidad, además de Defensa, FGR, GN y SSPC

Integrantes de la Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron la noche del viernes que tras mantener plantones y realizar movilizaciones en la Ciudad de México durante 22 días, se decidió llevar a cabo un ‘repliegue’ de regreso a sus respectivos estados para reorganizarse.

Dejaron claro sin embargo sus intenciones de mantener presión sobre el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que se cumplan sus demandas, entre las que se destacan un incremento salarial, y la derogación de la Ley de pensiones del ISSSTE de 2007.

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se lanzó hoy contra la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo informe sobre la elección judicial contrastó de manera drástica con la narrativa oficial que retrató los comicios como un “éxito”: la Cancillería informó que envió una nota diplomática al organismo internacional donde acusó a la misión de emitir “juicios de valor”, que “rebasan sus atribuciones”.

Este sábado, la dependencia dirigida por Juan Ramón de la Fuente difundió un comunicado donde indicó que expresó a Albert Ramdin, el recién electo secretario general de la OEA, su “firme rechazo a algunas recomendaciones contenidas en el informe preliminar” de la misión, a la que señaló por violar el artículo 3 de la Carta de la OEA que plantea el derecho de todo Estado de organizar su sistema político “sin injerencias”.

Luis Cárdenas Palomino, otrora brazo derecho de Genaro García Luna y actualmente preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, sufrió una nueva derrota judicial tras la determinación de un Tribunal Colegiado de apelación de revocar un auto de libertad y de dictarle auto de formal prisión por un caso derivado de la polémica operación “Rápido y Furioso”, que tuvo lugar durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En esta operación, que resultó en una debacle, el gobierno de Estados Unidos ingresó armas a México con el objetivo de rastrearlas y dar con grupos criminales; sin embargo, se les perdió la pista y las armas llegaron sin problemas a los arsenales de los cárteles.

La coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Susana Camacho, está convencida de que los resultados de la elección judicial  del 1 de junio último muestran con claridad que esos comicios “consumaron un golpe de Estado” al Poder Judicial.

“Sé que esto suena un poco fuerte, pero sí hubo un golpe de Estado, porque los golpes de Estado no sólo son contra el Ejecutivo, sino contra la desaparición de un poder del Estado y, en este caso, lo que presenciamos fue la toma del Poder Judicial por parte de Morena, de sus diferentes facciones”, afirma Camacho en entrevista con Proceso.

De acuerdo con Susana Camacho, en los comicios judiciales “se cumplieron los peores vaticinios” planteados por los más destacados constitucionalistas del mundo y por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que existe un caso abierto contra el Estado mexicano por la reforma lopezobradorista.

La experta en justicia del centro de pensamiento México Evalúa sostiene que la captura del Poder Judicial por parte de Morena se hizo en una elección “que no estuvo apegada a la legalidad y en la que los votantes los movilizó el aparato de ese partido”, pese a lo cual la abstención fue altísima. 

Por tanto, sostiene Camacho, los futuros jueces, que asumirán sus puestos el próximo 1 de septiembre, “cargan con el peso de la ilegitimidad”.

“Y vamos a tener un Poder Judicial absolutamente capturado por el Ejecutivo, que no va a resolver en beneficio de los ciudadanos, sino en beneficio de los que los pusieron ahí. Hay que esperar a ver cómo empiezan a emitir sus sentencias, pero de entrada son resultado de una elección no apegada a la legalidad”, asegura.

Elección de baja calidad

El INE, afirma, era una institución que goza de prestigio y de la confianza de los ciudadanos, pero eso “se puede perder con este tipo de elecciones”, que en este caso fue una “elección de Estado” como las que eran norma en los tiempos del PRI.

Y el resultado de eso, asegura, es la altísima abstención.

La noche del 1 de junio, la presidenta calificó como “todo un éxito” las elecciones judiciales porque habían participado “ceca de 13 millones” de mexicanos.

Ese es un dato veraz, igual que otros reportados por el INE. Por ejemplo, los que indican que 86.8 millones de electores registrados decidieron no participar en esos comicios y que 2.9 millones de los acudieron a las urnas anularon las boletas o las dejaron en blanco.