Aunque se promovió un “acordeón oficial” en la elección judicial del estado de Veracruz, sólo dos candidaturas afines a la gobernadora Rocío Nahle García ganaron una magistratura, de 16 que estuvieron en disputa. Los demás ganadores (14) están ligados a otras corrientes morenistas o, incluso, a los exgobernadores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. 

Las 16 personas juzgadoras recibieron sus constancias de mayoría este 30 de junio e integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA), a partir del próximo 1 de septiembre.

El resultado más adverso en la elección judicial para el grupo político de Rocío Nahle fue haber perdido las presidencias del TSJE y el TECA. De todas las candidaturas que se promovieron en el “acordeón oficial”, ninguna obtuvo la votación más alta, criterio en la Constitución de Veracruz que da las presidencias de esos dos tribunales por un periodo de tres años.

El caso de Veracruz contrasta con otros estados morenistas, como Tamaulipas, donde el gobernador Américo Villarreal logró apoderarse de los tribunales locales, e incluso de los cuatro estados gobernados por la oposición en los que hubo elección judicial local: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila y Durango, donde dos gobernadoras panistas y dos gobernadores priistas operaron para colocar a magistrados y jueces afines.

En contraste, los votos no favorecieron a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, actual presidenta del TSJE y a quien respalda la gobernadora Rocío Nahle. La también presidenta del Consejo de la Judicatura apareció en el “acordeón oficial” con el número 25 y, aunque fue la mujer más votada de las candidaturas de la materia penal —106 mil 338 votos—, el resultado no le alcanzó para repetir en la presidencia.

Luz María López Aburto, próxima presidenta del TECA

Las ministras y los ministros electos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron anoche el inicio de sus actividades tras recibir las constancias de mayoría emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El Ministro Hugo Aguilar Ortiz compartió el comunicado conjunto a través de su cuenta oficial en la red social X, donde también destacó la importancia de este momento para el Poder Judicial del país.

En el mensaje, las y los integrantes de la nueva Corte informaron que el pasado 23 de junio llevaron a cabo su primera reunión de trabajo “en un ambiente de unidad y concordia”.

Jueces y magistrados federales que participaron en la elección judicial presentaron un juicio “madre” de inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con el que buscan que se declare la invalidez total de las elecciones. 

“A partir de hoy, con la representación del juicio madre de inconformidad, suscrito por las personas juzgadoras federales que participamos en este viciado proceso judicial 2024-2025, queda en manos de las y los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restablecer el estado constitucional de derecho, el respeto a la división de poderes y por supuesto a la independencia judicial”, señaló el magistrado Froylan Muñoz Alvarado al presentar la impugnación.

Así, tras enumerar diversas irregularidades supuestamente cometidas antes, durante y después de la jornada electoral, el también expresidente de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales (Jufed) señaló que todas las pruebas recabadas para el juicio de inconformidad los llevaron a concluir que se debe anular por completo la elección judicial.

“Lo que culminó en el fondo del asunto, un hecho notorio y público, fue la violación a la veda electoral con algo que se llamaron acordeones […] los organismos internacionales lo tienen visualizado como una situación que no prospera, que no es viable, que contraviene principios constitucionales y convencionales. A través de estos puntos completos estamos hablando de un proceso electoral viciado de origen hasta la conclusión. Esto es (que) hubo un efecto corruptor durante todo el procedimiento que provoca su nulidad total”, señaló.

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició un procedimiento por violencia política supuestamente cometida por Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, en contra de Luis Castañeda Palacios, excandidato a juez federal que fue denunciado por presunto abuso y acoso sexual, así como amenazas en contra de 36 mujeres. 

De acuerdo con Alfonso Meza, el procedimiento inició a pesar de que el delito de violencia política contra los hombres no existe en ningún lugar de la legislación mexicana, sólo el de “violencia política contra las mujeres en razón de género”, por lo que aseguró que el INE debió desechar su queja. 

“El hecho de que las autoridades electorales inicien un procedimiento sancionador por violencia política, ahora contra un hombre, es en sí amedrentador y violatorio de la libertad de expresión. Esto forma parte de la intensificación de los ataques contra la libertad de expresión que hemos vivido en las últimas semanas”, señaló en una publicación en su cuenta de X.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua entregó, el 19 de junio de 2025, la constancia que acreditó a Silvia Rocío Delgado García, como jueza del Distrito Judicial Morelos, con cabecera en Cuauhtémoc, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, que abarca varios municipios, incluyendo Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Riva Palacio y Guerrero.

La ex candidata al Distrito 12 en la elección local, propuesta por el Poder Ejecutivo estatal, fungió como abogada de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa.

“A ti ya no te voy a contestar nada”, respondió la abogada, aparentemente molesta -según lo relató la agencia estadounidense The Associated Press (AP)-, a una periodista que le pidió comentarios respecto a su relación profesional con el capo sinaloense.

“Delgado atendió a la prensa después de un acto formal en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en el que se emocionó, sonrió y recibió abrazos tras obtener la constancia que certificaba su elección como jueza penal de Ciudad Juárez”, narró AP.

Al contestar a los medios, exigió que su rol como defensa legal de “El Chapo” dejara de ser mencionado como “vinculación” con el capo sinaloense y que se manejara el término “representación”, sin “amarillismo”. Ella, según recalcó, sólo hizo un trabajo como abogada, años atrás.

“Nosotros lo único que hacemos es un trabajo. Lo que yo quiero […] y la decisión de meterme a este proceso electoral fue muy simple: quiero consolidar mi carrera ayudando a la comunidad. Aquí he ayudado a unos cuantos, ayudando a la defensa”, explicó Delgado García, sobre su función como jueza en materia penal.

Durante la campaña electoral, la abogada ya había replicado a las críticas en su contra, con uno de los principios básicos del Derecho. “Cualquier persona tiene derecho a una defensa técnica adecuada”, dijo entonces. También recordó que sólo asistió a “El Chapo” en una audiencia en la que se fue la energía eléctrica y que su trabajo se limitó a visitarlo en el ahora cerrado Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 9, de Ciudad Juárez.

El 19 de junio de 2025 también hizo alusión a aquel episodio y reprobó que ella hubiera sido cuestionada todo este tiempo por haber conseguido un amparo para que le entregaran una manta a “El Chapo”, porque tenía frío en la prisión. “¿Es malo que si una persona no estaba acostumbrada al frío tenga una cobija?”, preguntó irónicamente. “Yo he estado en el ojo del huracán por esta razón”, insistió.

“Hay personas que me conocen desde siempre” y hay gente, enfatizó, que “sabe la calidad moral que yo tengo como persona”. De ahí, según presumió la abogada, que hubiera recibido en días recientes, “cientos de mensajes” de toda la gente que votó para que ella ocupase un cargo como jueza penal en Ciudad Juárez, en el mismo circuito judicial en el que ejerció como litigante cuando representó a “El Chapo”.

“Estoy convencida que para ser juez no sólo se necesita preparación, se requiere carácter y temple para tomar las decisiones de manera imparcial, pero sobre todo: darle el valor que se merecen las personas”, afirmó la candidata a jueza penal, en su propaganda de campaña.

La organización no gubernamental Defensorxs advirtió que la candidata a juez penal en Chihuahua, aspirante al distrito 12 en la elección local, propuesta por el Poder Ejecutivo estatal, se integró al equipo de defensa de “El Chapo”, en agosto de 2016.

“Durante su participación en el caso, promovió un amparo en diciembre de 2016 solicitando una cobija adicional para su cliente, argumentando que las bajas temperaturas en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 9 de Ciudad Juárez afectaban su bienestar”, acusó la ONG.

“En enero de 2017, también denunció que un custodio del penal acosaba a Guzmán Loera durante las revisiones, aunque otro de los abogados del equipo desmintió que el narcotraficante hubiera denunciado haber sufrido acoso sexual”, indicó la organización no gubernamental.

Defensorxs aseguró que la aspirante trabajó con los abogados José Refugio Rodríguez Núñez y Andrés Granados Flores, quienes también fueron los principales defensores de “El Chapo” en México, incluyendo su proceso de extradición.

“Bajo la coordinación de estos abogados, su papel consistió en servir como enlace directo con Guzmán Loera, revisando amparos interpuestos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica”, apuntó la organización no gubernamental.

La ONG aseguró que la llegada de abogados con este perfil se debía a una elección judicial sin filtros reales. “En este momento, tal vez lo único que puede impedir que llegue al puesto es un litigio. En Defensorxs estamos buscando a los competidores de Silvia Delgado para que firmen un juicio contra su victoria por su inelegibilidad”, subrayó.

Delgado García es egresada en la Licenciatura en Derecho, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), además de que posee una Maestría por la Universidad de Durango y cuenta con una especialidad en Mediación por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Sin embargo, no contaba con experiencia laboral en el Poder Judicial.

El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa admitió a trámite, el 6 de marzo de 2025, un amparo interpuesto, dos días antes, por la defensa de “El Chapo”, para impugnar la negativa del Gobierno de México a tramitar su repatriación desde Estados Unidos, donde estaba preso desde el 20 enero de 2017 y purgaba una condena de cadena perpetua.

El diario Reforma, que informó del hecho, recordó que la solicitud de repatriación fue presentada por los abogados del capo sinaloense, desde el 10 de enero de 2023, ante la Embajada de México en Estados Unidos.

Según el mismo rotativo, en la lista del Juzgado, se señaló como responsable a Antonieta del Rosario Osorio Morales, directora de Cooperación Penal Internacional en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Reforma detalló que aunque admitió la demanda, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó una suspensión contra cualquier acción del Gobierno mexicano, a favor o en contra, en dicho caso.

Según el citado rotativo, “El Chapo” sí tendría el derecho legal a ser repatriado, ya que así lo preveían el artículo 18 de la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Tratado México-Estados Unidos sobre Ejecución de Sentencias Penales, firmado en 1977.

“Estas normas permiten la repatriación de reos ya condenados por sentencia inapelable, con al menos seis meses pendientes por compurgar, y han sido aplicadas en decenas de ocasiones para traer a México a delincuentes procesado en el país vecino”, indicó Reforma.

“Pero estos traslados requieren aprobación de ambos gobiernos, y en el caso de México, no solo la gestión de la SRE, sino el aval del Órgano de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridad responsable de las dos cárceles federales de las que ‘El Chapo’ se fugó en 2001 y 2015”, abundó el mismo diario.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, el 18 de enero de 2023, revisar la carta que José Refugio Rodríguez Núñez, abogado defensor de Guzmán Loera, envió, el día 10 del mismo mes y año, a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Embajada de México en Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseveró que el tema ya era analizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Asimismo, señaló que se trataba de un asunto de derechos humanos.

“Lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de hacer la declaración el abogado, según me informan, con Ciro Gómez Leyva, ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al Embajador de México en Estados Unidos, creo que el día 10 de este mes, entonces, Esteban envío la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a quien corresponde, el encargado de América del Norte [Roberto Velasco Álvarez] ya tiene está viendo este asunto, se va a revisar”, dijo el entonces mandatario nacional.

“Hay que ver, yo respeto mucho esa postura, pero cuando se trata de derechos humanos, hay vías e instancias internacionales, entonces, no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, hay que ver si procede o no procede, si tenemos posibilidades de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico todo eso, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar”, agregó el político tabasqueño.

Un reportero le preguntó al entonces presidente de la República cómo procedería el Gobierno mexicano frente a la petición del ex líder del Cártel de Sinaloa, ya que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón comentó que sería difícil intervenir, ya que Guzmán Loera estaba cumpliendo una sentencia en EE.UU.

“A cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, nada más hay que ver si procede, no procede, si tenemos como lo menciona Marcelo nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar”, puntualizó López Obrador.

La Embajada de México en Estados Unidos confirmó, el 17 de enero de 2022, que Rodríguez Núñez, abogado defensor de “El Chapo”, hizo llegar, el día 10 del mismo mes y año, un mensaje de su cliente -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos-, a través de un correo electrónico.

La representación diplomática mexicana detalló que el mensaje electrónico no se trataba de una carta escrita por el ex líder Cártel de Sinaloa, como había dicho el litigante.

“El pasado 10 de enero, esta Embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes (aic), quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera. No se recibió carta alguna del Sr. Loera. El correo se turnó a la Cancillería, por ser un tema de su competencia”, escribió la Embajada mexicana -cuyo titular era Esteban Moctezuma Barragán-, en su cuenta de la red social Twitter.

Por otra parte, Marcelo Ebrard Casaubón, entonces titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, aseguró, también el 17 de enero de 2023, que no le veía posibilidades a la petición que realizó el capo sinaloense, para que el Gobierno Federal solicitara a su homólogo de Estados Unidos, el traslado del ex líder del Cártel de Sinaloa a México.

“Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces, no le veo posibilidades, francamente”, señaló el entonces canciller, durante una entrevista informal con medios de comunicación. Sin embargo, dijo que revisaría el tema con la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras que el titular de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, indicó que se analizaría la petición de Guzmán Loera, como cualquier otra, aunque detalló que la decisión correspondía al Poder Judicial de la Federación (PJF), como ocurría con todas las extradiciones.

Rodríguez Núñez, abogado defensor de “El Chapo”, hizo llegar, el 17 de enero de 2023, un mensaje de su cliente -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos- al Gobierno de México, en el cual solicitó intervenir jurídicamente para solicitar su regreso a México, ante las supuestas condiciones inhumanas en las que vivía en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el litigante explicó que a solicitud del ex líder del Cártel de Sinaloa, escribió una carta dirigida al presidente López Obrador, en la cual solicitó, además, que el Gobierno Federal reparara las violaciones cometidas durante la Administración de Enrique Peña Nieto, buscando que Guzmán Loeara regresara a una cárcel en México.

El abogado defensor describió que “El Chapo” fue entregado a las autoridades de Estados Unidos por Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en enero de 2017, sin siquiera haber tenido derecho a su garantía de audiencia.

Rodríguez Núñez agregó que, en ese momento, el capo sinaloense vivía en condiciones degradantes e inhumanas, ya que desde que fue trasladado a EE.UU. se encontraba totalmente aislado, sin siquiera ver la luz del Sol, ni la oportunidad de mantener comunicación con su abogada, sus hijas, su hermana o su madre.

Además, según describió el litigante defensor del capo sinaloense, durante los seis años que “El Chapo” llevaba en Estados Unidos, solo había podido recibir seis visitas y había recibido tres cartas, mientras que los demás presos recibían cinco o seis visitas al mes.

“En los 6 años que Joaquín se encuentra en los Estados Unidos, no ha visto el Sol. De marzo a la fecha le han autorizado seis o siete llamadas con su abogada, sus niñas, su hermana y madre. Ha recibido sólo tres visitas, ha recibido sólo tres cartas y él solo ha mandado una; a los demás presos les dan cinco o seis visitas al mes, él solo ha tenido cinco o seis desde que se encuentra detenido en Estados Unidos”, narró el abogado.

“De abril a la fecha lo han sacado un corralito que mide dos metros de ancho por 2.5 de largo, una vez por semana, máximo tres veces a la semana por 2 horas, pero no le pega el Sol. La comida es de pésima calidad, nunca ha tenido visita de derechos humanos, no hay salud, estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo, se las sacaron para que no estuviera molestando”, describió el litigante.

“No le permiten comunicación con los con los otros internos del lugar en donde se encuentra detenido, la situación de él se traduce en una en una tortura psicológica, porque se encuentra segregado en su celda, sí tiene una televisión, pero como no habla inglés, dice que realmente tiene acceso a dos canales en español y pues a él le duele esta situación”, agregó el abogado.

El litigante explicó que existía un Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que obligaba al Estado mexicano vigilar cada seis meses, las condiciones en que se encontraba el capo sinaloense, esto por haberlo entregado a las autoridades de EE.UU., a través de un proceso de extradición. Sin embargo, esto no había sucedido.

Ante ello, el abogado defensor dijo que el “Chapo”, a través de su abogada en Estados Unidos, Mariel Colón y de su hermana Rosa Isela Guzmán Loera, le habían hecho llegar varios mensajes del ex líder del Cártel de Sinaloa, solicitándole luchar por su regreso a México.

“Joaquín fue lo que me pidió a través de mensajes verbales, porque no por escrito, que luchará por su regreso a México […] Yo sigo siendo su abogado de Joaquín Guzmán, tanto en los procesos penales, como en el procedimiento de extradición, con ese carácter yo voy a hacer un planteamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un fundamento legal”, explicó Rodríguez Núñez.

Asimismo, el abogado relató que las condiciones inhumanas y el trato que supuestamente recibe “El Chapo” en EE. UU., ya fueron denunciadas ante el titular de la Embajada de México en Estados Unidos, Moctezuma Barragán, a través de una carta que él mismo escribió y envió el 10 de enero de 2023, de la cual, hasta ese momento, no había recibido respuesta alguna.

“La carta que se la envié al señor embajador, es haciéndole hincapié en que condiciones fue entregado Joaquín Guzmán a Estados Unidos, también que está sufriendo un tormento psicológico y hasta cierto punto físico”, insistió el litigante.

“Lo que [Guzmán Loera] pide al presidente López Obrador es que ponga atención en esa conducta de violación de derechos humanos en que incurrió el Gobierno de Peña Nieto, y en especifico Videgaray, al entregarlo con flagrante violación a su garantía de audiencia, para ser juzgado en Nueva York, sin haberse defendido en México”, abundó el abogado.

Por ello, el litigante solicitó a Moctezuma Barragán “interceda en busca de un trato humano para su defendido, a efecto de que cese la tortura psicológica de que es víctima su representado, ya que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles inhumanos”.

“El señor Joaquín no sabe de derecho, pero sí sabe de sufrimiento, sí sabe lo que vivió en México y lo que está viviendo en Estados Unidos, si aquí en México se le trato mal y él pretende regresar a una prisión mexicana, es porque el trato es peor en Estados Unidos”, finalizó Rodríguez Núñez.

Guzmán Loera fue extraditado a territorio estadounidense desde México, durante el último día de la Administración del ex presidente Barack Obama -el 20 de enero de 2017-, luego, el febrero de 2019, fue encontrado culpable, por un jurado, de 10 cargos por narcotráfico, durante un proceso criminal en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

El 18 de julio de 2019, el juez Brian M. Cogan condenó a “El Chapo” a cadena perpetua. Desde entonces, el cofundador del Cártel de Sinaloa estaba encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”.

En su Noveno Reporte Electoral, difundido este jueves 19 de junio, Integralia Consultores estableció que tras la elección del Poder Judicial, en la que se eligió jueces, magistrados y ministros, existe riesgo de que se promueva una reforma con efectos en la integración del Consejo General del INE y la forma de elegir a los consejeros electorales.

La empresa consultora, dirigida por Luis Carlos Ugalde, quien fuera presidente del Instituto Federal Electoral, observó que a inicios de año la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que una vez celebrados los comicios del 1 de junio enviaría una segunda propuesta de reforma electoral, en materia de plurinominales, financiamiento público a partidos, costos de organización electoral, entre otros conceptos.

“La postura crítica de varias consejerías electorales respecto a la baja integridad de la elección, que Morena y el gobierno rechazan, podría estimular que la eventual iniciativa incluya una nueva conformación del Consejo General del INE o incluso una nueva forma de elegir a sus integrantes”, reportó.

El 15 de junio el Consejo General del Instituto Nacional Eelectoral declaró la validez de la elección de ministros con base en una votación divida, en la que apenas 6 consejeros se pronunciaron a favor de validar y cinco, en contra.

Durante la sesión correspondiente el consejero Jorge Montaño remarcó que, si bien se permitió que los votantes elaboraran sus propias guías de votación, estaba claro “que no se podía inducir al voto”. De manera que “seremos firmes en sancionar esta conducta en los casos que así lo ameriten”, subrayó.

El consejero Martín Faz dijo hacer “votos para que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo del Poder Judicial sino del modelo electoral mismo, el cual ha costado décadas de construcción y esfuerzos ciudadanos”. Sostuvo que “de ser así se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema”.

La consejera Dania Ravel señaló que en la primera Elección Judicial, celebrada con fundamento en la Reforma Electoral decretada el 15 de septiembre de 2024, hubo “casillas seccionales que registraron una participación ciudadana igual al 100% de su listado nominal”. Explicó que “en una elección con una participación ciudadana del 13% a nivel nacional parece poco creíble que eso ocurra”.

Igualmente habló de “casillas que tuvieron una participación ciudadana de más del 100%”, circunstancia a propósito de la cual recalcó: “no puede ocurrir”.

Integralia Consultores indicó que “la elección judicial federal estuvo marcada por una muy baja participación y una alta inducción del voto”. Detalló que “las 16 personas que aparecían en los acordeones ‘oficiales’ y que competían para cargos del ámbito nacional (Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala superior) obtuvieron triunfos” y que tratándose de las Salas Regionales del Tribunal Electoral “se observó el mismo efecto” con una integración idéntica a la que concentraban las guías de votación que se difundieron, con excepción de la Sala Regional Toluca.

La empresa de consultoría refirió sobre otro riesgo: “que en nombre de la austeridad se asignen menos recursos para las elecciones de 2027 y con ello se obligue al INE a reducir el número de casillas, la calidad del material electoral o a modificar la legislación para que los votos se cuenten en los Consejos Distritales del Instituto –tal cual sucedió en el caso de la Elección Judicial”.

En 2027 se elegirán cinco magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la mitad que falta por renovar de los cargos de Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.

En el ámbito del Poder Ejecutivo se elegirá gobernador en 16 entidades federativas, presidentes municipales, en tanto que en el del Legislativo, la totalidad de diputados federales.

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentará una impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para intentar anular los resultados de la elección judicial del 1 de junio. 

En conferencia de prensa, la dirigencia nacional y legisladores del PAN afirmó que, con la impugnación, busca representar a los poco más de 90 millones de mexicanos que repudiaron la reforma y la elección judicial, y por ello diseñaron una estrategia de defensa jurídica con la figura de “terceros interesados”. 

Los panistas afirmaron que se acreditaron irregularidades en 818 casillas y que hubo 37 modelos de acordeones distribuidos en 15 entidades federativas; un 70% de inconsistencias en Chiapas, así como una coincidencia promedio con acordeones cargos nacionales: 80 por ciento. 

El abogado Roberto Gil Zuarth explicó que el PAN presentará ante las autoridades competentes, en un plazo de 72 horas, una impugnación sustentada en la figura del tercero interesado, contemplada en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Detalló que, mediante este recurso, se solicitará tanto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la nulidad total del proceso debido al cúmulo de irregularidades detectadas desde la reforma hasta la jornada electoral. 

“Hemos encontrado una manera de concurrir a las impugnaciones que se van a presentar por cientos de jueces y magistrados a través de una figura procesal que nos reconoce la posibilidad de sostener una posición jurídica y, correlativamente, la obligación de los órganos jurisdiccionales de escuchar esos argumentos, de atender esos argumentos, de ponderar los argumentos y las pruebas, y de pronunciarse en el sentido de la pretensión postulada por el tercero interesado. 

“Por cierto, existe mucha literatura en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los terceros interesados y sobre la obligación de los estados de oír esos argumentos, de ejercer el derecho a la participación por la vía institucional y el derecho a recurrir a una justicia eficiente, pronta, expedita. No vamos a permitir que con argumentos leguleyos, no vamos a permitir que con trampitas dejen sin representación a 90 millones de ciudadanos”, resaltó. 

Por su parte, el coordinador de Asuntos Jurídicos del CEN del PAN, Santiago Torreblanca, cuestionó la legalidad de una elección marcada por casillas con más votos que votantes y coincidencias exactas con los acordeones distribuidos, a pesar de la existencia de cientos de combinaciones posibles. 

Además, el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, afirmó que su partido busca representar a millones de mexicanos que no acudieron a votar, que expresaron su rechazo a este proceso, su desinterés en este proceso, su desconfianza a este proceso, no acudiendo a las urnas o acudiendo a las urnas para anular un voto.

Las asociaciones civiles Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) y Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) impugnaron, ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), la entrega de la constancia de mayoría a Alejandro Gómez Sánchez, exfiscal de Justicia del Estado de México, como magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial de la entidad (TDJEM), al considerar que incumplió con los requisitos constitucionales de buena fama pública, honestidad y honorabilidad.  

José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de ambas organizaciones, plasmó en el juicio de inconformidad que el incumplimiento de estos requerimientos se sustenta en conductas como el ocultamiento y la manipulación de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, la falta de investigación y sanción a los mandos superiores que ordenaron la represión en Atenco, y la inaplicación del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).