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Cambio de diseño en boletas favorece a candidatos a juzgadores cercanos al gobierno de Mara Lezama

La abogada Fabiola Cortés, de Somos tus Ojos, afirma: la elección es legal, pero va a ser ilegítima. 48 candidatos llevan ventaja porque sus nombres están repetidos en las boletas; tienen 100% de posibilidades de ganar, pues se votará por el bloque y no por la persona.

La elección judicial local está marcada por la intervención del gobierno de la morenista Mara Lezama Espinosa, ya que por medio de una impugnación que interpuso su Consejería Jurídica logró cambiar el diseño original de las boletas electorales. Con esto, diversos candidatos, muchos de ellos relacionados con funcionarios de alto nivel de los poderes locales, tienen asegurado su lugar como próximos jueces y magistrados.

Perfiles con parentesco están involucrados no sólo en las candidaturas, sino también en las distintas instancias y tribunales donde se solicitó y se autorizó el cambio de las boletas.

Rosalba Maribel Guevara Romero y Deyliana Avilés Demeneghi, esposa y hermana del presidente del Tribunal Electoral del Estado, Sergio Avilés Demenegui, aparecen entre las candidatas beneficiadas, pues sus nombres se repiten en las tres listas contendientes luego del cambio forzado por el recurso.

La impugnación ganada por la Consejería Jurídica de la gobernadora Mara Lezama Espinosa fue presentada por Carlos Felipe Fuentes del Río, quien es hijo de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Estas maniobras provocaron que en el estado iniciara una campaña de anulación del voto de la elección judicial local.

Campaña de anulación

La abogada Fabiola Cortés Miranda, fundadora de la asociación civil Somos tus Ojos, inició una campaña de anulación del voto en la zona de juzgados civiles y familiares de Playa del Carmen.

“Van a elegir por bloques, en las boletas están integrados nombres de jueces palomeados por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial (...) usted va a elegir a los jueces por bloque, ésa es la peculiaridad de la elección en Quintana Roo, ni siquiera va a elegir por nombre, no se preocupe ni siquiera en saber los nombres (...) hay nombres que se repiten en las tres boletas”, explicó Fabiola Cortés.

En total, 48 candidatos se ven en condiciones ventajosas en la elección porque aparecen sus nombres repetidos en las boletas.

La abogada Cortés Miranda enumeró cada una de estas anomalías que se ha vivido en el proceso electoral judicial local y ha invitado a la ciudadanía a anular su voto para no legitimar la elección. La campaña se replicará en las principales ciudades de esta entidad y con mayor actividad jurisdiccional.

“Salga a votar, pero anule su voto, que le demuestre su repudio a los gobernantes, que le demuestre su rechazo a todos aquellos que le están forzando a usted, que puede ser legal, porque la elección es legal, pero va a ser ilegítima”.

La trampa

La entidad es una de las 19 donde se desarrollará una elección judicial local, a la par de los comicios para la elección de miembros del Poder Judicial de la Federación, aunque para esta última elección los nombres de los candidatos aparecen en un solo listado.

Pero en el caso de Quintana Roo, por la impugnación ganada por el Ejecutivo, el día de la elección los ciudadanos electores recibirán dos boletas: uno para la elección de magistrados y otro para jueces locales.

Ambas papeletas cuentan con tres listas de candidatos o bloques, cada uno emanado del Comité de Evaluación que los postuló: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Sin embargo, seis candidatos a magistrados aparecen en los tres listados; mientras que 42 candidatos a jueces se encuentran en la misma situación. Por ello, tienen prácticamente un 100% de posibilidades de ganar, porque se votará por el bloque y no por la persona.

Además, en algunos casos aparecen hasta dos veces en las listas, contra otros aspirantes cuyos nombres aparecen en una sola ocasión.

El 31 de marzo, el Instituto Electoral de Quintana Roo publicó el primer diseño de boletas electorales que contemplaba una sola lista de candidatos para juez y otra para magistrado.

En un principio el diseño de las boletas estaba contemplado para que los candidatos aparecieran en una sola lista, es decir, el elector tuviera así la oportunidad de elegir de un sólo grupo los candidatos de su preferencia para ser juez y en otro, para magistrados.

El 3 de abril Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero Jurídico de Mara Lezama, presentó una apelación también como secretario del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. En el escrito de demanda expuso que el Instituto Electoral de Quintana Roo carecía de facultades para determinar un diseño de las boletas en un solo listado, además de que creaba confusión.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo le dio la razón y ordenó al órgano local electoral modificar el diseño de las papeletas.

El 10 de abril se cambió el diseño de las boletas, lo que ha provocado la controversia pública.

En la entidad se aceptaron 148 candidaturas para juez de primera instancia en diversas materias y 19 para magistrados que buscan integrar el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Quintana Roo y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.

Los nombres de Rosalba Maribel Guevara Romero y Deyliana Avilés Demeneghi, esposa y hermana de Sergio Avilés Demenegui, presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se repiten en las tres listas contendientes.

Sergio Avilés resolvió uno de los recursos de apelación que obligó a cambiar el diseño de las boletas.

El 11 de abril, Carlos Vega, candidato a juez civil y familiar, presentó un Juicio de Protección de Derechos Políticos Electorales contra las determinaciones de los órganos electorales quintanarroenses, alegando intromisión de la Consejería Jurídica al no estar legitimada para impugnar porque su función en el Comité de Evaluación de Candidatos por parte del Poder Ejecutivo concluyó con la selección de los mismos.

La impugnación llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la que forma parte Felipe Alfredo Fuentes Barrera, padre del consejero Jurídico de Mara Lezama. El magistrado se excusó de resolver la impugnación. La Sala encabezada por Mónica Aralí Soto Fregoso aceptó su decisión.

Los magistrados restantes dieron la razón a la exigencia de Carlos Vega, al determinar que la injerencia del consejero Jurídico de Mara Lezama, como representante del Comité de Evaluación del Ejecutivo, no era válida, es decir, no estaba legitimado para interponer la impugnación que cambiaría el diseño de las boletas como lo aceptó el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Sin embargo, esta demanda finalmente fue desechada luego de que Sergio Arturo Ramírez Moxca, candidato a juez penal, acudió con un escrito oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo (sin que se explicara cómo lo obtuvo sin ser funcionario) con el que argumentó que obligar a cambiar el diseño de las boletas iba ocasionar un daño al presupuesto aprobado para la elección, por más de 67 millones de pesos, por el inicio de la impresión de las boletas.

El tribunal admitió dicho argumento y avaló que las boletas quedaran con los cambios aprobados.

Pero Proceso encontró que Ramírez Moxca hace todavía unos meses se desempeñaba como director de área dentro de la Consejería Jurídica de Quintana Roo, bajo las órdenes de Carlos Felipe Fuentes del Río.

Esta información fue corroborada en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde Ramírez Moxca aparece con un último sueldo en dicha área de octubre del año pasado por 43 mil 165 pesos.

“Manipuló la interpretación de la ley, sesgó la interpretación y se le dio la razón al consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, a pesar de que no contaba con las facultades para impugnar. Se puede estar posiblemente en un abuso de autoridad porque no tenía facultades para impugnar o ejercer una apelación ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo”, expuso en entrevista Carlos Vega.

Con el cambio de diseño la población no podrá acceder a un verdadero ejercicio democrático, dijo. Y remató:

“Se viene es una elección sesgada, sesgada por ciertos personajes de la vida política pública, donde han cambiado la boleta electoral para evitar que los ciudadanos conozcan a los candidatos, seleccione a los mejores candidatos (...) sesgaron mal la votación porque hay personas que están inscritas en las tres planillas”.

Proceso buscó la postura del gobierno del estado sobre su intervención, pero no hubo respuesta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.

Hay 18 aspirantes a juzgadores impugnados por abuso, narco, amenazas.

El domingo 1 de junio se llevarán a cabo las primeras elecciones de personas juzgadoras federales en México. A dos semanas de que esto ocurra, el Congreso solicitó al INE impugnar 18 candidatos a jueces y magistrados por no “gozar de buena reputación”, que abarca desde haber sido abogado de personas vinculadas con el crimen organizado, tener carpetas de investigación por abuso sexual y hasta hay un candidato que tiene una orden de aprehensión vigente.

Abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada son parte de los señalamientos que pesan contra 18 candidatos y candidatas a cargos judiciales que se votarán el próximo domingo 1 de junio, a quienes el Instituto Nacional Electoral (INE)  rechazó revisar su idoneidad, una decisión respaldada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

La lista de los 18 candidatos y candidatas que el Congreso presentó para su impugnación ante el INE está dividida en dos. En la primera, son seis nombres los que aparecen con alguna carpeta de investigación en su contra, incluso alguna orden de aprehensión. 

Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente, fueron quienes solicitaron al Instituto Electoral (INE) la impugnación. Ambos legisladores, en representación del Congreso, señalaron que 18 personas que buscan ser juez o jueza, magistrado o magistrada, no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, establecido en los artículos 95 y 97 de la Constitución, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes.

Para respaldar la solicitud de impugnación de dichas candidaturas, Gutiérrez Luna y Noroña entregaron un informe al INE donde se acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de personas relacionadas con el crimen organizado. 

En datos, de estas 18 personas, diez personas fueron seleccionadas por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, liderado por el exministro Arturo Zaldívar. Otras cinco personas fueron analizadas por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo; y cuatro personas salieron de las listas del Comité de Evaluación del Poder Judicial (en total 19 porque una candidata a jueza de distrito fue seleccionada por los comités del Ejecutivo y del Judicial). 

Otra cifra es que de esta lista, 13 personas son candidatos o candidatas a juez o jueza de distrito, mientras que las cinco restantes lo son para magistrado o magistrada. Finalmente, 15 son candidatos hombres y 3 candidatas mujeres en esta lista entregada al INE.

Los candidatos con investigaciones formales ante la FGR

Los legisladores respaldan una primera lista en el oficio FGR/CGE/0022/2025, del 2 mayo de 2025, suscrito por Oscar Langlet Gónzalez, Titular de la Consejería General de la Fiscalía General de la República, donde está el informe respecto de dichas personas. Esta es la lista de los 6 candidatos con alguna investigación:
  • Arturo César Morales Ramírez, busca ser Magistrado del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en la Ciudad de México. Fue seleccionado por el Comité del Poder Ejecutivo Federal pero en 2007 acusado por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/050/2007. Además, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar 
  • Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, quien busca ser magistrado del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Puebla. El fue elegido por el Comité del Poder Judicial Federal y ahora se sabe que fue imputado por el delito de abuso sexual, en la carpeta de investigación FED/FEVIMTRA/FEIDHVM-PUE/0000623/2024
  • Ángel Antonio Villegas Cortes, quien busca ser juez del Distrito Federal del Circuito Siete en Veracruz. Fue seleccionado por el Comité del Poder Judicial Federal e imputado por el delito de amenazas y lesiones, en la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-CDMX/0001140/2019
  • Noel Castro Melgar, candidato a juez de Distrito Federal del Primer Circuito en la Ciudad de México. Su nombre salió del Comité del Poder Ejecutivo Federal y fue imputado por el delito de peculado y abuso sexual, en la carpeta de investigación FED/BC/ENS/0001655/2024
  • Jesús Karina Almada Rábago, es candidata a jueza de Distrito Federal del Quinto Circuito en Sonora. Fue seleccionada por el Comité del Poder Ejecutivo Federal y ahora se sabe que fue abogada defensora del procesado D.M.L, a quien se le relaciona con el Cártel de Sinaloa por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, contra la salud, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, en la  averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDMS/369/2013
  • María de Jesús López Guzmán, candidata a jueza de Distrito Federal del Vigésimo Circuito en Chiapas. Elegida por el Comité del Poder Ejecutivo Federal, fungió como abogada defensora del procesado A.A.R, a quien se le imputó el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDMS/318/2014 radicada como causa penal 057/2014

Otorgan beneficios, acusados de desaparición forzada…

El listado entregado al Congreso incluye otros 12 nombres que, aunque no cuentan con alguna carpeta de investigación, tampoco contarían con “buena reputación”. Para incluir a estos candidatos y candidatas, los legisladores presentaron como “pruebas” notas informativas que reflejarían la falta de idoneidad y buena reputación de estas candidaturas; y señalaron que el INE puede reconocer estas publicaciones “sin necesidad de evidencia, debido a su carácter evidente y generalizado” porque “expresan la existencia gravedad en el actuar de los candidatos y las candidatas en mención”. 

Los candidatos con esta reputación son: 

-Fernando Escamilla Villareal: busca ser juez de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito y fue elegido por el Comité del Poder Ejecutivo. Él fue abogado de personas imputadas de pertenecer a la delincuencia organizada, en particular, habría sido defensor de Miguel Treviño Morales, alias “Z-40”, líder de la organización Los Zetas.

-Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez administrativo de Distrito en Nuevo León y seleccionado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Lo señalan de haber sido puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud, y adjuntan una nota titulada “Candidato a juez penal en Nuevo León fue detenido con bolsas de cristal en 2023; acusa organización civil”

-Diana Monserrat Partida, candidata a jueza de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito y elegida por dos comités: el Ejecutivo y el Judicial. Siendo jueza concedió “libertad indebida a imputados por delincuencia organizada” en los conocidos “sabadazos”

-Julio Veredín Sena busca ser juez de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito y fue avalado por el Comité del Poder Ejecutivo. Él habría “otorgado un amparo indebidamente a imputados de delincuencia organizada”, en particular y según las notas que presentó el Congreso, otorgó un amparo a la hija de “El Mencho” 

-Aníbal Castro Borbón, aspirante a juez de Distrito en Materia Penal del Quinto Circuito por el Comité del Poder Ejecutivo. De la misma manera, lo señalan de “absolver indebidamente a persona acusada de delincuencia organizada" también en “sabadazos”

-Conrado Alcalá Romo, candidato a juez de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito avalado por el Comité del Ejecutivo, es señalado por “haber otorgado un  amparo indebidamente a un líder de delincuencia organizada”. Según las pruebas, ordenó reponer un proceso contra “El güero” Palma por homicidio calificado

-Enrique Hernández Miranda, aspirante a juez de Distrito en Materia Penal del Segundo Circuito también avalado por el Comité del Ejecutivo. Lo señalan de “haber omitido indebidamente imponer medidas cautelares a imputado de delincuencia organizada”, estos beneficios habrían sido a Sunshine Rodríguez, acusado como líder del Cártel del Mar

-Francisco Herrera Franco busca ser juez de Distrito en Materia Penal del Onceavo Distrito, elegido por el Comité Legislativo. A él lo señalan de tener “vínculos con integrantes de delincuencia organizada”

-Leopoldo Javier Chávez, candidato a juez de Distrito en Materia Mixta de vigésimo quinto circuito seleccionado por el Comité del Legislativo, es señalado de “haber sido imputado por delitos contra la salud”


Los últimos tres nombres son candidatos a magistraturas: Francisco Martín Hernández Zaragoza (elegido por el Legislativo), a quien acusan de haber sido imputado por abuso sexual en agravio de varias víctimas, sancionado y destituido por el Consejo de la Judicatura en 2015; Edgar Agustín Rodríguez Beiza (seleccionado por el Comité del Poder Judicial) por haber sido imputado por abuso social en agravio de una alumna; y Andrés Montoya García (del Comité del Poder Legislativo) por haber sido imputado por el delito de desaparición forzada cometido contra un periodista. 

INE rechaza impugnar candidaturas

Luego de que el Congreso presentó la impugnación de estas candidaturas, el INE rechazó revisar la elegibilidad de los aspirantes en lo que respecta a cuestiones de fondo en este momento del proceso, con las boletas ya listas para los comicios del 1 de junio, y ha pospuesto cualquier fiscalización hasta después de la votación.
“La certeza no es solo un ideal, es una condición indispensable para que las personas tengan confianza en nuestra labor. En este caso, se traduce en algo muy concreto: que quienes participen conozcan con claridad y anticipación cuáles son las reglas y cuáles son los requisitos y en qué momentos se verifican. Eso es lo que hoy estamos asegurando”, dijo Guadalupe Taddei, dando carpetazo al tema. 
Lo anterior fue ratificado el 14 de mayo, por unanimidad de votos, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los y las consejeras respaldaron el acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprobó el procedimiento a seguir para constatar que las personas candidatas -entre ellos 18 aspirantes “cuestionables”- a cargos de jueces, magistrados y ministros en el Proceso Electoral Extraordinario no se encuentren en alguno de los supuestos de suspensión de derechos políticos, requisitos conocidos como 8 de 8.

Con esta determinación, es un hecho que el nombre de estos 18 candidatos y candidatas aparecerán en las boletas de las elecciones del próximo 1 de junio, pese a sus falta de "buena reputación".

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NANCY GÓMEZ.

Morenistas difunden acordeones para favorecer candidatos en la elección judicial

Personajes públicos y cuentas afines a Morena utilizan las redes sociales para difundir sus acordeones para la elección judicial del 1 de junio, en los que favorecen a candidatos cercanos al partido guinda.

Personas cercanas a Morena, y cuentas que simpatizan con el gobierno federal, utilizan las redes sociales para recomendar por quién votar en las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, en las que se elegirán nuevos jueces, magistrados y ministros.

A dos semanas de realizarse la elección judicial, en redes sociales y chats proliferan “acordeones”, es decir, listas que indican por quién votar, en su mayoría por exfuncionarios de gobiernos morenistas o candidatas que tienen abierta simpatía hacia el partido guinda.

Los acordeones han sido elaborados por personajes reconocidos como Pedro Salmerón Sanginés, exfuncionario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también por numerosas cuentas que en redes sociales suelen compartir información de Morena y del gobierno federal.


En la elección del Poder Judicial los votantes se enfrentarán a boletas inéditas: por primera vez no habrá recuadros con partidos políticos para tacharlos, sino que habrá una lista con varios nombres y cada uno estará ligado a un número. La gente deberá anotar en la parte posterior el número que tiene el candidato de su preferencia.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estimó que cada persona se podría tardar hasta 10 minutos en votar, debido al nuevo formato de las boletas electorales y porque la mayoría de las candidaturas a jueces, magistrados y ministros son desconocidas por la población.

Ante esta dificultad, y para intentar instruir el voto, personajes cercanos a Morena han circulado acordeones que son variados: algunos incluyen la fotografía de las candidaturas, sus nombres y el número que representan. En otras ocasiones son más sencillos y solo incluyen los números que las personas deberían escribir en las boletas para elegir a uno u otro aspirante.

Por ahora los acordeones se han centrado en las candidaturas que buscan un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Tribunal de Disciplina Judicial.


Acordeones recomiendan votar por candidatas cercanas a Morena

Lenia Batres, hermana del director del ISSSTE y afín a Morena, es una de las más favorecidas en los acordeones difundidos en redes sociales como X, o incluso en listas que circulan en chats de WhatsApp.

Otras de las candidatas favorecidas en los acordeones para la Suprema Corte son María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia cuando Andrés Manuel López Obrador gobernó el país entre 2021 y 2024; Loretta Ortiz, exdiputada federal de Morena, y Yasmín Esquivel, quien no esconde su simpatía con el partido guinda.

Las recomendaciones también son sobre las candidaturas al Tribunal de Disciplina Judicial. En este apartado uno de los más favorecidos es Bernardo Bátiz, quien ha sido legislador de Morena e incluso fue propuesto por López Obrador para ser ministro de la SCJN en 2021.

Las recomendaciones de personas cercanas a Morena han incrementado a dos semanas de que se realice la primera elección del Poder Judicial en la historia del país.

Las cuentas desde las que se han difundido los acordeones tienen hasta 60 mil seguidores en X, y esta semana también comenzó a circular en WhatsApp la fotografía de un acordeón en el que se especifican los números que la gente debería escribir en sus boletas al momento de votar.

Personajes públicos se pronuncian a favor de candidatas cercanas a Morena

Uno de los primeros en dar a conocer sus preferencias electorales fue José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

López Beltrán dio a conocer sus candidaturas favoritas el pasado 8 de abril a través de X. En su publicación, el hijo del expresidente señaló que en ese momento votaría por Lenia Batres, Yasmín Esquivel y María Estela Ríos para ser ministras de la Suprema Corte.


De igual forma para el máximo tribunal añadió a César Gutiérrez Priego, quien es abogado de militares, así como a Paula María García Villegas, hija de Olga Sánchez Cordero, actual diputada federal de Morena.

José Ramón López Beltrán es una de las personas que cuenta con más seguidores —59 mil— entre quienes difundieron sus preferencias por candidaturas cercanas al partido guinda.

Otro personaje público que ha dado a conocer sus preferencias es Pedro Salmerón Sanginés, quien cuenta con poco más de 21 mil seguidores. Él fue director del Archivo Agrario y fue postulado por López Obrador para ser embajador de México en Panamá, aunque el país centroamericano lo rechazó porque había acusaciones de acoso sexual en su contra.

En una publicación en X del pasado 13 de mayo, Salmerón Sanginés dio a conocer sus candidatas favoritas, entre las que se incluyen Lenia Batres y María Estela Ríos. También nombró a Selene Cruz, exfuncionaria de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.


Cuentas afines al gobierno federal piden votar por candidatos cercanos a Morena

Los personajes públicos que han pedido votar por candidaturas cercanas a Morena son apenas la punta del iceberg.

En redes sociales como X, hay cuentas que son afines al gobierno federal y que también anuncian su voto a favor de morenistas que estarán en las boletas del próximo 1 de junio.

Algunas de las cuentas anuncian que sus acordeones serán compartidos a familiares y amigos a través de WhatsApp para replicar sus votaciones.

“Así votaremos el 1o de junio por la ministra Lenia Batres”, señala una cuenta llamada Drama Queenskaya, que cuenta con 23 mil seguidores y en la que se suele difundir información del gobierno federal. Junto a la publicación anexa un video que también fue difundido por la propia Lenia Batres en su cuenta de TikTok.


En una cuenta de X identificada como Urana, que tiene 28 mil seguidores, también se publicó el pasado 8 de mayo una lista con candidaturas preferidas para la Suprema Corte, en la que vuelven a destacar Lenia Batres y María Estela Ríos.

Otra cuenta llamada Alejandra F. de Erruzca, donde se comparten publicaciones de autoridades federales y que cuenta con 31 mil seguidores, dio a conocer sus preferencias desde el pasado 7 de mayo. Entre otros, nombró a Lenia Batres, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, María Estela Ríos y César Gutiérrez Prego.

La cuenta llamada Chesare Cortés, con 12 mil seguidores y afín a Morena, dio a conocer su acordeón con sus candidaturas favoritas para la Corte, entre las que destaca Lenia Batres, Loretta Ortiz y María Estela Ríos.

Desde la cuenta llamada Lola López, con 19 mil seguidores y con publicaciones frecuentes del gobierno federal, se hizo un llamado a enseñar a votar a quienes aún no tienen definido sus candidatos favoritos, y publicó los nombres de Lenia Batres, Loretta Ortiz y María Estela Ríos.

La difusión de estos acordeones ha dividido a los usuarios de redes sociales, entre quienes apoyan los nombres propuestos en las cuentas y los que critican a quienes intentan influir en el voto del resto de la población.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

El INE advierte riesgo por falta de recursos para la elección judicial en diez estados

Los organismos electorales de Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz enfrentan situaciones presupuestales críticas consideradas de alto riesgo de cara a las elecciones judiciales locales. En otras seis entidades el riesgo es medio.

“Las cifras que se nos presentaron son alarmantes”. Con estas palabras, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, describió la situación que enfrentan diez de los 19 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que organizan elecciones judiciales en sus estados.

Taddei reaccionó así al final de la sesión de Consejo General del INE, en la que se presentó el informe mensual sobe la situación presupuestal de los organismos electorales, en el que se advierte que cuatro estados tienen un nivel de riesgo alto, seis un nivel medio y nueve un riesgo bajo.

Los estados con mayor riesgo son Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz; en esta última la crisis es mayor, pues además de tener elecciones judiciales locales habrá elecciones municipales.

Cabe recordar que, luego de la reforma constitucional que ordenó las elecciones del Poder Judicial federal (organizadas por el INE), en 19 entidades se aprobaron reformas a las constituciones locales que mandatan llevar a cabo comicios este mismo año para renovar tribunales y juzgados locales.

El informe señala que los gobiernos estatales no han otorgado los recursos aprobados por los Congresos locales para la operación de los OPLE; ministra con retrasos los presupuestos asignados, o no ha entregado las ampliaciones presupuestales acordadas para poder llevar a cabo las elecciones.

Esto provoca, entre otras cosas, que los OPLE no cumplan con la entrega de recursos acordada con el INE en los convenios de colaboración firmados como parte del proceso electoral judicial.

La situación de los 19 OPLE con elección judicial local se describe en el informe con tres niveles de riesgo: alto en rojo, medio en amarillo y bajo en verde.


Los casos más graves sobre recursos en los estados con elección judicial local

En Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz, los congresos locales ordenaron llevar a cabo elecciones para renovar sus tribunales y juzgados locales, pero los OPLE no han recibido los recursos necesarios para organizarlas.

En el caso de Veracruz, el informe señala que el OPLE acordó destinar 183.3 millones de pesos a la elección judicial y, aunque el Congreso local sí decidió destinar más recursos para ello, hasta el momento no se ha solicitado la ampliación presupuestal.

“Es necesario tener presente que el OPL adeuda la totalidad de lo previsto en el Convenio de coordinación con el INE, cuyo monto en abril asciende a 54 millones 694 mil 532 pesos, por lo que su riesgo se considera alto y es necesario brindarle seguimiento a efecto de conocer si el OPL contará con recursos suficientes para cubrir los compromisos que derivan de la organización de estas elecciones”, advierte el informe.

En el caso de San Luis Potosí, el OPLE reportó al INE reducciones presupuestales e incapacidad para cumplir con el pago de 21 millones de pesos que le debe al INE como parte del convenio de coordinación.

Nayarit es otro caso grave, pues en esa entidad la reforma constitucional que obliga a realizar la elección judicial local se aprobó hasta enero de 2025 y, de hecho, en febrero el INE determinó que no había condiciones materiales para llevarla a cabo.

Sin embargo, una resolución del Tribunal Electoral obligó al INE y al OPLE a llevar a cabo los comicios en Nayarit, por lo que el proceso se organiza en apenas tres meses, lo que ha impactado en la ministración de recursos por parte del gobierno local.

“Se considera esta entidad en riesgo alto, debido a los tiempos reducidos en los que está organizando las múltiples actividades del proceso electoral y porque sigue sin contar con los recursos suficientes”, indica el informe.

En Zacatecas, el OPLE reportó insuficiencia presupuestal para la adquisición de documentación y material electoral, renta de equipo y contratación de personal.


“El OPL señaló que continúan con insuficiencia presupuestal por 23 millones de pesos, mismos que son necesarios para cubrir actividades propias del proceso electoral local en curso, como la contratación de Capacitadores Asistentes Electorales, renta de inmobiliario, mecanismos de recolección y alimentación para el día de la jornada electoral y para las sesiones de cómputos. Adicionalmente a ello, se encuentran los 18 millones 408 mil pesos que corresponden a los compromisos contraídos con el INE, a través del convenio de colaboración y coordinación”, señala el informe.

Estados con nivel de riesgo medio sobre recursos para elección judicial local

Con nivel de riesgo medio el INE reporta a los estados de Yucatán, Colima, Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes y Baja California, en donde se reportan problemas similares: retraso en la entrega de recursos aprobados por los Congresos locales, adeudos con el INE e insuficiencia de recursos para contratar personal, rentar inmuebles y equipos.

De los diez estados con nivel alto o medio de riesgo presupuestal, nueve están gobernados por Morena y sus aliados, partidos que promovieron las reformas para la elección judicial. Sólo Aguascalientes, considerado con riesgo medio, es gobernado por el PAN.

En nueve de los 19 estados con elección judicial local se reporta una situación presupuestal ordinaria, o de nivel de riesgo bajo: Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Sonora, Estado de México, Coahuila, Durango y Chihuahua. Los últimos tres son gobernados por la oposición.

Ante esta situación, la presidenta del INE informó que entraría en comunicación con los gobernadores de los estados con situaciones más críticas.

“Yo creo que con la alerta que hagamos el día de hoy con estos gobernadores, a quienes desde aquí le hago un llamado a que nos atiendan de manera inmediata para exponer justamente esta problemática, ya con un nivel de urgencia que no puede esperar”, dijo Taddei.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Partidos políticos se infiltran en elección del Poder Judicial de Chihuahua: hay 78 candidatos con militancia, la mayoría del PAN

Al menos 78 de las 305 candidaturas para el Poder Judicial en Chihuahua tienen una militancia partidista, lo que representa aproximadamente el 25.6 % del total. La mayoría de estas candidaturas están vinculadas al partido gobernante en la entidad, el PAN.

Los partidos políticos del país buscan infiltrarse en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través de la elección judicial de la entidad, donde al menos 78 candidatas y candidatos a ocupar un puesto como juez o magistrado local se encuentran registrados como militantes de diversos partidos, la mayoría provenientes de las filas de Acción Nacional (PAN). 

Se trata de 18 personas que buscan ser magistradas o magistrados locales de Chihuahua en diversas materias, incluso para encabezar órganos tan importantes como el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial estatal, y 60 personas que aspiran a ser juezas o jueces locales, en una elección en la que hay 305 cargos a elegir.

Es decir que, de ganar las próximas elecciones de Chihuahua, estas personas militantes de partidos políticos ocuparían el 25.6 % de todos los puestos en contienda, uno de cada cuatro cargos dentro del nuevo Poder Judicial local.

Esto a pesar de que se trata de un proceso electoral en el que, de forma original, quedó establecido que los partidos políticos no podrían realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna, razón por la cual incluso los representantes de las bancadas políticas fueron impedidos para participar en acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso ante las autoridades electorales. 

Los datos fueron obtenidos mediante la plataforma Observador Judicial, una herramienta que utilizó inteligencia artificial y análisis masivo de datos públicos para revisar y comparar los perfiles de más de 880 candidatos a jueces y magistrados en la elección judicial estatal, dando como resultado diversos hallazgos.

PAN busca controlar al Tribunal de Disciplina Judicial

Uno de los principales hallazgos del análisis de la plataforma es que, de los 18 candidatos con militancia partidista que se registraron para ocupar un puesto como magistrado o magistrada local, 14 tienen militancia en el PAN, dos en el partido Morena, uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

Sin embargo, el interés de los militantes del partido blanquiazul que buscan ser magistrados se ha centrado principalmente en el Tribunal de Disciplina Judicial, nuevo órgano jurisdiccional que tendrá atribuciones para investigar, sancionar e incluso destituir a jueces y magistrados por hechos que puedan ser objeto de responsabilidad administrativa o penal, mismo que estará conformado por cinco integrantes (tres mujeres y dos hombres).

En esta lista de militantes del PAN interesadas en formar parte de este Tribunal de Disciplina están seis personas Albertina Leyer Carbajal, actual jefa del Departamento de Investigaciones de la Dirección Jurídica y de Investigaciones del Órgano Interno de Control del Congreso de Chihuahua; Flor Karina Cuevas Vásquez, abogada litigante; Ana Gabriela Holguín Castruita, secretaria técnica de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y Yadira Anette Gramer Quiñonez, servidora pública y abogada de profesión.  

Mientras que en el listado de hombres están Francisco Javier Acosta Molina, quien no proporcionó más datos sobre su ocupación actual ante las autoridades electorales; Adrián Lozano Herrera, abogado. De militantes de otros partidos políticos que busquen un lugar en el Tribunal de Disciplina no se encontró registro.


Para evaluar la posible afiliación política o trayectoria gubernamental de los candidatos, la plataforma utilizó la información pública que los propios candidatos subieron a la plataforma Conóceles Judicial Chihuahua, del Instituto Estatal Electoral Chihuahua, y la cruzó con los padrones de militancia partidista oficiales publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que permitió identificar a los candidatos con vínculos políticos.

Partidos también buscan infiltrarse en juzgados y tribunales civiles, familiares, penales y laborales

Para ocupar 12 de los 30 cargos a elegir de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia en otras materias como la civil, familiar o penal también están otros militantes panistas como Víctor Manuel Molina Leyva, docente y servidor público; Roberto Andrés Fuentes Rascón, funcionario público; Elvia Mariela Salvador Navejas, secretaria de la Sala Interina en la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua; y Mahli Angélica Olivas Chacón, secretaria técnica del Poder Judicial. 

Así como Guillermo Iván Morales Orona, también secretario técnico del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua; Ulises Enrique Pacheco Rodríguez, excoordinador de Ministerios Públicos en la Fiscalía General del Estado; Roberto Díaz Serrano, servidor público; y Tania Belkotosky Estrada, secretaria proyectista de la séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Mientras que por parte de la militancia de Morena están Juan Pablo Delgado Rentería, que no proporcionó mayor información laboral o académica a la autoridad electoral, y Erika Mireya Mendoza García, litigante. Del PRI aparece Andrés Alfredo Pérez Howlet, quien tampoco proporcionó más información, y del Partido Verde está Alberto Domingo Maldonado Martínez, secretario de Sala Familiar.

En el caso de los juzgados en materia civil, familiar, laboral y penal, en el que hay un total de 270 cargos a elegir, la plataforma de Observador Judicial tiene un registro de 60 militantes de partidos políticos que buscan ser un juez o jueza local, aunque hasta el momento la herramienta solo ha podido analizar a los candidatos a juzgadores del distrito de Morelos, por lo que esta cifra podría aumentar. 

Aquí los datos refieren que hay 49 candidatas y candidatos a juzgadores locales que se encuentran registrados en las listas de militantes del PAN, siete en el partido Morena, dos en el Partido Verde, uno en Movimiento Ciudadano y uno en el Partido del Trabajo. 

Chihuahua, uno de los cuatro bastiones panistas del país

Es así que, tanto en las listas de los magistrados como de los jueces, la participación mayoritaria de perfiles panistas en la elección judicial local de Chihuahua podría tener relación no solo con que la entidad es uno de los cuatro gobierno estatales que aún dirige el PAN (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Chihuahua), sino a que esta última entidad es gobernada por María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, una de las figuras más importantes de la oposición en México. 

“(Aunque) cabe señalar que la pertenencia a un partido político o el desempeño de un cargo público no descalifican automáticamente a ningún perfil; sin embargo, esta información puede ser relevante para quienes buscan evaluar la independencia judicial de los aspirantes”, señala la plataforma.

En la plataforma las y los chihuahuenses pueden encontrar también a las y los candidatos clasificados por experiencia profesional, nivel académico, relaciones familiares o sus menciones en diversos medios de comunicación e incluso una sección en donde las y los candidatos pueden solicitar la corrección de sus datos

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Partidos y funcionarios intentaron engañar al INE con más de 48 mil solicitudes para “observar” la elección judicial

El INE recibió más de 316 mil solicitudes para ser observador en la elección judicial y ha rechazado hasta el momento más de 56 mil por intentos de registro hechos por militantes de partidos y servidores públicos vinculados a programas sociales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha rechazado más de 56 mil solicitudes de personas interesadas en registrarse como observadoras en la elección judicial del 1 de junio que no cumplen la ley.

Se trata, principalmente, de registros de militantes de partidos, servidores públicos, excandidatos o exprecandidatos con filiación partidista, y personas que fungieron como representantes de alguna fuerza política en otros procesos electorales.

Según un informe de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, de 316 mil 313 solicitudes recibidas hasta el 7 de mayo para ser observador electoral, se han validado 178 mil 117, y 87 mil 961 personas ya fueron acreditadas para poder ser observador electoral el próximo 1 de junio.

La cifra de acreditados aumentará, pues aún están pendientes de revisarse más de 130 mil solicitudes, y el INE aún no da a conocer la cifra definitiva sobre cuántas personas acreditará en el proceso electoral en marcha.

Militantes de partidos solicitaron ser observadores en elección judicial

De las 56 mil 326 solicitudes que se habían rechazado hasta el corte del 8 de mayo, 48 mil 94 corresponden a personas que aparecen en sistemas y bases de datos del INE en los supuestos prohibidos en la ley para registrarse como observador.

Como militantes de partidos políticos aparecen 45 mil 259 intentos de registro; otros 2 mil 835 están en los sistemas de registro de precandidatos y candidatos, y servidores públicos vinculados a programas sociales.

Los informes del INE no especifican a qué partido están afiliadas las más de 48 mil personas que intentaron registrarse como observadoras; sin embargo, organizaciones sociales han denunciado que se trata de un intento de Morena para registrar militantes y servidores de la nación, y así tener posibilidades de operar en territorio el 1 de junio, recorriendo las más de 84 mil casillas que instalará el INE.


Incluso, la organización Somos Mx, que busca convertirse en partido político y tiene entre sus dirigentes a exfuncionarios del INE, llamó a la ciudadanía sin militancia a registrarse como observadora para contrarrestar la supuesta operación del oficialismo.

La organización, que actualmente busca su registro como partido político nacional, denunció que el partido en el gobierno se prepara para el acarreo de votantes, compra de voto e “intervención ilegal de miembros y dirigentes de sindicatos y otras agrupaciones gremiales o de Morena a través de los Servidores de la Nación”.

¿A qué se debe el interés por observar la elección judicial?

La cifra de personas que solicitaron registrarse como observador en el proceso electoral del Poder Judicial es inédita. Si se comparan las 316 mil solicitudes de 2025 con las que se registraron en procesos electorales anteriores, éstas se multiplicaron prácticamente por diez.

En las elecciones federales intermedias de 2021 se presentaron 31 mil 223 solicitudes y en las presidenciales de 2024 hubo 34 mil 881, y en ambos casos se terminaron acreditando alrededor de 30 mil observadores que cumplieron los requisitos para acreditarse.

El inusitado interés de personas que buscaron registrarse como observadoras electorales ocurre en una elección distinta, en la que no habrá representantes de partidos en las casillas, como ocurre normalmente, y en las que las candidaturas en contienda tampoco pudieron acreditar representantes.

Ante este fenómeno, el INE elaboró el “informe ejecutivo sobre el elevado registro de solicitudes de acreditación como personas observadoras electorales”, que el 23 de abril ya reportaba el rechazo de más de 34 mil solicitudes, aunque en ese momento se habían recibido 201 mil 74 solicitudes.

Hoy, al término del registro, que concluyó el 7 de mayo, se contabilizan 316 mil solicitudes y, hasta el momento, 56 mil rechazadas.


Desde ese informe de abril, las áreas técnicas del INE mostraron su extrañeza por el registro de más de 4 mil de solicitudes en un solo día en promedio, con días atípicos de más de 6 mil o 7 mil en sólo 24 horas.

“Se observa que, del primero de marzo al 23 de abril de 2025, comenzó a notarse el incremento en el número de solicitudes y el día 11 de abril se presentó el mayor incremento, con 7 mil 296 solicitudes de acreditación registradas”, indica el informe.

Ante la elevada cifra de solicitudes para ser observador, la Dirección de Organización Electoral del INE emitió un comunicado a las y los titulares de las vocalías ejecutivas de las Juntas Locales del Instituto, donde se alertó de la situación y se solicitó su apoyo para verificar la información contenida en las solicitudes de acreditación y los soportes documentales que acompañan las solicitudes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Perfiles cercanos al gobernador buscan puestos en el Poder Judicial de Coahuila

Las propuestas enviadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas son las mismas que presentó el Poder Judicial y en ellas aparece el actual presidente, Mery Ayup, en cuya gestión incluso llegó a faltar tonner para las impresoras.

Sin competencia real, porque los listados de los candidatos a los distintos puestos de elección en el Poder Judicial de Coahuila tienen pocas diferencias, es como el viernes 9 de mayo iniciaron las campañas locales para renovar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el de Disciplina Judicial y los cuatro Tribunales Distritales, mientras que el próximo 19 será para la elección de jueces en el estado. 

Los listados de candidatos fueron publicados desde hace semanas en el sitio del Instituto Electoral de Coahuila.

En el caso del TSJ se elegirán 9 de 13 magistrados, y los tres listados emitidos por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo los encabeza la magistrada Gricelda Elizalde Castellanos.  

Las propuestas enviadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas son las mismas que presentó el Poder Judicial y en ellas aparece el actual presidente, Mery Ayup, en la posición número seis y en la siete por parte del Congreso de Coahuila. 

Para la segunda posición en las magistraturas del TSJ está Jesús Homero Flores Mier, quien fuera Fiscal Especializado en Delitos contra la Corrupción y cuyo trabajo fue fuertemente cuestionado; en tercera posición se encuentra María Eugenia Galindo Hernández, actual magistrada en la Sala Civil y Familiar. 

Le sigue la aún directora del Centro Regional de Identificación Humana, Yezka Garza Ramírez; luego Vladimir Kaiceros Barranco, también actual magistrado y presidente de la Sala Civil y Familiar. 

En el lugar siete aparece Isadora de Lourdes Rodríguez Garza, actual delegada de la Fiscalía General del Estado en Sabinas, luego Adriana del Amor Serna Calderón, quien ahora se desempeña como jueza penal y, finalmente, el consejero jurídico del gobierno de Manolo Jiménez Salinas, Valeriano Valdés Cabello, a quien también respaldó el Congreso del Estado. 

En la propuesta del Congreso aparece en la cuarta posición Tamara Garza Garza; en la seis la excomisionada de Atención a Víctimas del estado y también fuertemente cuestionada por familias de personas desaparecidas, Magdalena López Valdez; en la ocho ubicó a Gloria Sánchez Tallabas. 

En el caso de las magistraturas del Tribunal Disciplinario Judicial, el Poder Legislativo y el Judicial hicieron la misma propuesta compuesta por Dulce María Fuentes Mancilla, actual presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información; Jafia Pacheco Valtierra, exintegrante del Consejo Anticorrupción, así como el notario Rodolfo Rábago Rábago, mientras que el Ejecutivo propuso en el segundo lugar a Rebeca Villarreal Gómez. 

En los Tribunal Distritales la lista de los tres poderes es igual y la integran Francisco José Adame Acosta, María del Pilar Flores Velázquez, Ricardo López Campos y Lariza Montiel Luis, una de las panistas que ha estado colaborando con los gobiernos del PRI en el estado.  

En la lista de suplentes también aparecen varios nombres de panistas y cercanos colaboradores del gobernador. 

Por su parte la abogada Sofía Díaz Lozano opinó que el proceso puede considerarse como una elección normal en el estado, al verse perfiles que ya se han desempeñado dentro del Poder Judicial o en la administración pública y han dejado “mucho qué desear”. 

“Vemos a mucho militante del PRI, son pocos y pocas los que están en las listas que no han desempeñado cargos públicos con anterioridad. Me llama la atención que a nivel nacional se pidieron requisitos muy específicos y en Coahuila se agregó el certificado de perfil judicial idóneo, que era un tipo de curso examen que se tenía que presentar bajo lineamientos del Poder Judicial para demostrar que tienen el perfil, pero es algo que se sacaron de la manga. También es cuestionable que haya quienes quieran repetir y su trabajo como magistrados o jueces ha sido cuestionado, como Mery Ayup, con quien los juzgados fueron en decadencia y hubo hasta falta de tonner”, señaló. 

Agregó que el proceso de selección no fue transparente y muchos de los perfiles están asociados al mismo presidente del Poder Judicial y también adheridos al gobierno estatal y Partido Revolucionario Institucional. 

“Quien revisó el examen de idoneidad fue gente del mismo Poder Judicial y quienes obtuvieron las mejores calificaciones es gente con perfiles partidistas y del equipo de Mery o del gobernador. Aquí no fue tómbola, pero sí la selección desde muy arriba del gobierno”, afirmó. 

El actual presidente del Poder Judicial y quien busca mantenerse dentro del organismo, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que las actividades serán austeras. 

“No es necesario constitucionalmente suspender las labores, vamos a seguir trabajando como normalmente lo hacemos y emitiremos un acuerdo del Consejo de la Judicatura y del pleno para que de las 8:30 a las 16:30 horas es horario de trabajo y después hacer campaña, aunque realmente estas campañas van a ser muy diferentes, de muchos de redes y no creo que cada candidato vaya a usar más de 50 mil pesos”, señaló. 

Sostuvo que la austeridad definirá las campañas porque no harán uso de espectaculares ni contratación de publicidad en medios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

El INE rechaza petición del Congreso para bajar candidatos de la elección judicial

Los consejeros recordaron que no tienen facultades para eliminar las candidaturas de personas ligadas al narco o que no cumplen los requisitos, y cuestionaron que los comités de selección por no hacer su trabajo.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) desecharon hoy la petición de los legisladores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna --presidentes de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente-- para retirar los registros de 26 candidatos a jueces y magistrados, quienes no tuvieron calificaciones necesarias para postularse a las elecciones o han sido señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.  

Durante la sesión del Consejo General del INE, los consejeros se quejaron airadamente respecto al conjunto de inconsistencias legales en las peticiones de Noroña y Gutiérrez, empezando por el hecho de que el organismo autónomo no tiene facultades para poner o quitar las candidaturas a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, y que el Senado está formalmente impedido para “pronunciarse sobre la elegibilidad o idoneidad de las postulaciones”.

Varios consejeros recordaron que los perfiles de los candidatos fueron aprobados por los comités de selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuyos integrantes tenían la responsabilidad de asegurarse de que los candidatos cumplían con los requisitos. 

“En su momento, muchísimas personas juzgadoras estuvieron alertando que no se estaba haciendo una revisión de la idoneidad de los perfiles que se estaban presentando y ahora vemos que tenían razón”, recalcó la consejera Dania Ravel. 

Tras la publicación de notas periodísticas que señalaron los perfiles de algunos candidatos –incluyendo Fernando Escamilla, quien ha sido abogado del “Z40”, un líder de Los Zetas--, Noroña y Gutiérrez pidieron al INE retirar las candidaturas de ocho aspirantes, quienes no pudieron acreditar su promedio de ocho puntos en la licenciatura; de ellos, siete fueron aprobados por el comité de selección del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo. 

Los políticos pidieron eliminar a otros 18 candidatos, quienes han sido investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) o han sido señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. La mitad de ellos fue validada por el comité del Poder Ejecutivo, otros cinco fueron aprobados por el comité del Poder Legislativo, y cuatro más lo fueron por el comité del Poder Judicial. 

“Si no hicieron su trabajo, ¿en qué situación estamos ahora? Nos llegan documentos que tienen que ver, no solo con el requisito de buena reputación, sino también con promedios para poder participar y con otras circunstancias que necesariamente tuvieron que ser evaluadas por los poderes”, deploró la consejera Claudia Zavala. 

"Se pretende que el INE asuma la responsabilidad de cancelar estas candidaturas, sin que tengamos atribuciones constitucionales o legales para ello”, lamentó Ravel, quien recalcó que “tampoco los presidentes del Senado y la Cámara de Diputaciones tienen la atribución de solicitar la cancelación de las candidaturas.” 

En su resolución, el INE declaró improcedente la revisión de los requisitos de elegibilidad, pero pidió al Senado y a la Cámara de Diputados que le entregue información sobre las candidaturas cuestionadas para negarles la constancia de elección en caso de que ganen en las urnas el próximo 1 de junio. 

“La solicitud a la que hoy respondemos nos pide realizar acciones para las cuales, ni la ley, ni la Constitución nos facultan”, abundó el consejero Uuc-kib Espadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.