El INE inició un procedimiento en contra de Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, por supuestamente cometer violencia política en contra de Luis Castañeda Palacios, excandidato a juez federal denunciado por presunto abuso y acoso sexual.
De acuerdo con Alfonso Meza, el procedimiento inició a pesar de que el delito de violencia política contra los hombres no existe en ningún lugar de la legislación mexicana, sólo el de “violencia política contra las mujeres en razón de género”, por lo que aseguró que el INE debió desechar su queja.
“El hecho de que las autoridades electorales inicien un procedimiento sancionador por violencia política, ahora contra un hombre, es en sí amedrentador y violatorio de la libertad de expresión. Esto forma parte de la intensificación de los ataques contra la libertad de expresión que hemos vivido en las últimas semanas”, señaló en una publicación en su cuenta de X.
“Si intentan suprimir nuestras libertades, vamos a desobedecer pacíficamente”
En su demanda, Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y candidato a juez laboral en la Ciudad de México, argumentó que el presidente de Defensorxs lo “violentó políticamente” por publicar una investigación el 26 de mayo de 2025, en donde reveló que el candidato había sido denunciado por actos de abuso y acoso sexual, así como amenazas en contra de 36 mujeres.
Además de un procedimiento abierto en su contra por atropellar a un motociclista que perdió la vida en 2022.
“La violencia política contra hombres, aunque menos visible que la violencia política contra mujeres, sí existe y puede manifestarse en diversas formas. Este tipo de violencia se define como el uso de la fuerza física o psicológica, o el atentado a las pertenencias, que tiene como objetivo afectar o impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una persona”, señaló Castañeda en su demanda.
Sin embargo, a pesar de que el candidato denunció una falta que no existe, razón por la que dijo que el INE debió desechar su queja y no iniciar ningún procedimiento, Alfonso Meza señaló que el órgano electoral admitió la demanda “por la presunta violencia política a través de propaganda que contiene calumnias”.
“Ese es el objetivo de estos ataques sistemáticos a la libertad de expresión: callarnos la boca. En @DefensorxsAC no lo vamos a hacer. Como lo he dicho antes: si intentan suprimir el ejercicio de nuestras libertades políticas, vamos a desobedecer pacíficamente”, señaló.
Además, refirió que la investigación realizada por Defensorxs está basada en entrevistas a varias de sus víctimas, capturas de pantalla y otras pruebas que ellas han compilado, así como la revisión de expedientes judiciales.
Procedimiento contra Defensorxs no es aislado: órganos electorales se lanzan contra ciudadanos
Tal es el caso de una ciudadana de Hermosillo que fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras haber cuestionado a la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, a través de redes sociales.
Esta sanción fue incluso defendida por la propia diputada, quien a través de un video negó que se trate de censura y dijo que demandó a la usuaria de redes a raíz de una publicación hecha en su cuenta de X, en la que habría señalado que su candidatura se la debía a su esposo, lo que invisibiliza su trayectoria.
También es el caso de la activista y actriz Laisha Wilkins, quien fue notificada por el TEPJF sobre una denuncia presentada en su contra por la excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Dora Alicia Martínez Valero.
En dicha denuncia, compartida por Wilkins en redes sociales, se le pidió explicar una publicación que realizó en redes sociales de un portal de noticias en la que comentó una nota informativa sobre Martínez Valero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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