La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que desde el Ejecutivo se impulse una reforma a la Fiscalía General de la República (FGR) o a las fiscalías estatales, en cuanto al tema de las autonomías, aunque reconoció que muchas no funcionan adecuadamente y deben mejorar. Por su parte, especialistas como Luis Daniel Vázquez y Luis Eliud Tapia alertaron que, sin una transformación profunda en la procuración de justicia, persistirá la impunidad.
Así lo dejó en claro la Presidenta Claudia Sheinbaum al afirmar que desde el Ejecutivo no se está preparando ninguna propuesta para modificar el funcionamiento de estos organismos ni para retirarles su autonomía. No obstante, la mandataria mexicana sí apuntó que es un tema que debe ir revisándose, en particular porque, dijo, hay fiscalías que no están sirviendo.
“Creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar, en general, en nuestro país la procuración de justicia”, dijo en su conferencia del pasado viernes.
El debate sobre las fiscalías no es nuevo. Se presentó al tiempo en que en el país se vivía todo el proceso de la Reforma al Poder Judicial, desde el planteamiento, la propuesta, la ley y el proceso para llevar a cabo la Reforma Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador, pero que fue aprobada hasta pasado el proceso electoral de 2024, cuando el partido guinda y sus aliados lograron el llamado Plan C, es decir, lograr la mayoría de escaños en el Congreso de la Unión.
Durante todo el proceso de la implementación de la Reforma al Poder Judicial, juristas especialistas advirtieron que la reforma a los tribunales no bastaría para mejorar el sistema de justicia ni para abatir la impunidad si no se revisa también el desempeño de las fiscalías, responsables de abrir las carpetas de investigación y de conducir los casos ante los jueces.
Una vez terminada la primera fase de la Reforma Judicial vino la interrogante ¿cuándo —o incluso si— se emprenderá una transformación profunda de la FGR y de las fiscalías estatales? Y es que, es un hecho que el deterioro en la procuración de justicia exige una intervención como la realizada en el Poder Judicial.
Desde hace días atrás, algunos medios reportaron que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República preparaba un proyecto de reforma constitucional para que el Ejecutivo federal y los Ejecutivos estatales recuperaran la facultad de nombrar a sus fiscales. Sin embargo, Sheinbaum rechazó tajantemente que exista tal iniciativa en su administración.
“Pues hay que analizar. Ya pasó la Reforma al Poder Judicial y, entre otras cosas, pues sí hay que analizar la función de las fiscalías y cómo han funcionado, pero no hay ninguna propuesta nuestra que tenga que ver con quitarles la autonomía”, dijo.
Sobre las fallas estructurales en las fiscalías, la propia Presidenta reconoció que los órganos de procuración de justicia tienen cosas que mejorar, pero deslindó la discusión sobre su autonomía de la necesidad de mejorar los procesos y perfeccionar su operación: “Creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar, en general, en nuestro país la procuración de justicia.”
Especialistas consultados coinciden en que más allá de una reforma legislativa, lo que se requiere es una verdadera voluntad de cambio para mejorar la impartición de justicia en el país, atender los problemas estructurales y evitar el uso político de estos organismos.
Luis Daniel Vázquez, profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Luis Eliud Tapia Olivares, abogado y profesor de derechos humanos consideraron que sin cambios sustanciales la impunidad seguirá siendo una constante y los esfuerzos por mejorar el acceso a la justicia no se concretarán.
Para Luis Tapia, abogado e investigador, la situación actual es crítica: las fiscalías están “en ruinas” y arrastran una crisis estructural caracterizada por impunidad, corrupción, subordinación política y desconfianza ciudadana. Aunque admite que una reforma profunda es necesaria, destacó que antes se requiere un diagnóstico serio y plural, con participación de Congreso, víctimas, policías, sociedad civil y especialistas, para identificar incumplimientos normativos y prácticas que deben erradicarse.
“Esto que escuchaba que está podrido el Poder Judicial. Yo esoo lo opino que están podridas las fiscalías desde su origen [… ] El servicio mismo está en ruinas y creo que desde ahí se debería empezar con digamos un diagnóstico y una reforma sí hace falta reformar, pero hace falta diagnosticar y revisar qué es más un tema de prácticas y de incumplimiento de leyes que ya están y qué es un tema de cambiar eh la legislación, la Constitución o las leyes secundarias”, señaló
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Daniel Vázquez coincidió en la gravedad del problema, pero discrepó en la ruta. A su juicio, el diagnóstico ya existe y es ampliamente conocido; lo que falta es voluntad política.
“El uso político de la justicia y el férreo control sobre las fiscalías y los tribunales sigue intacto. Incluso la reforma judicial votada hace unos días mantiene esa lógica”, afirmó. Según Vázquez, tanto el Gobierno federal como los gobiernos locales, sin distinción partidista, han reproducido ese control para preservar el “pacto de impunidad” heredado del viejo régimen.
A su vez, Vázquez consideró preocupante la negativa presidencial a impulsar cambios. La ausencia de una agenda de reforma —señala— revela desinterés en transformar realmente la procuración de justicia.
“Pues me parece raro que (la Presidenta) diga que no hay nada. Probablemente más bien la están como preparando o en una de esas pues efectivamente perdieron el interés por completo, porque también lo cierto es que tal como se encuentran en este momento las fiscalías, la realidad de facto no tienen autonomía, en consecuencia, siguen siendo totalmente funcionales para la Presidencia y para los gobernadores. Y si esto es así, pues no tiene ningún sentido modificarlo. Por eso tampoco me parece absolutamente raro que no sea como un tema de prioridad”, dijo.
Y añadió: “Pero al mismo tiempo es una muy mala señal, porque entonces lo que sí nos están diciendo es que en realidad este pues efectivamente no hay ningún interés por modificar los procesos de procuración y administración de justicia y que en realidad toda la reforma al Poder Judicial era simplemente para mejorar el nivel de controles que tiene sobre los tribunales”.
Ambos especialistas coinciden en que la crisis de las fiscalías repercute directamente en la impunidad y mina la confianza de la ciudadanía: los delitos no se investigan con rigor, las víctimas enfrentan trámites ineficaces y los inculpados eluden la acción penal. Con el actual modelo, enfatizan, la Reforma Judicial difícilmente cumplirá la promesa de un sistema de justicia más cercano, independiente y transparente.
Tapia, por su parte, advierte que redactar nuevas leyes sin antes acordar los objetivos y los mecanismos de evaluación podría perpetuar los mismos vicios. Para él, la prioridad es diseñar un diagnostico profundo.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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