Organizaciones civiles y de derechos humanos señalaron que las estrategias del gobierno federal para combatir la violencia en Michoacán deben reconocer y atender a los defensores y periodistas en la entidad «como poblaciones con necesidades específicas de protección, dada la gravedad y naturaleza de los ataques que enfrentan, así como su rol fundamental en la defensa de derechos, la información pública y la construcción de paz».
En un comunicado, las organizaciones que integran el Espacio OSC enfatizaron que los defensores del medio ambiente y del territorio, así como las periodistas que cubren temas relacionados con política y seguridad, son quienes enfrentan «los mayores niveles de riesgo en Michoacán», los cuales se agravan por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, «frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales».
«La violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos», agregaron. Tan sólo en 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 16 agresiones en Michoacán contra defensores del medio ambiente.
Las organizaciones manifestaron su «profunda preocupación» frente a las formas de violencia que enfrentan los defensores y periodistas en la entidad, donde al menos nueve defensores fueron asesinados de 2016 a 2025 y ocho periodistas ultimados de 2006 al presente año. Además de asesinatos, precisaron que el entorno de agresiones a los que se enfrentan los defensores y periodistas incluye desplazamiento forzado, ataques físicos, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.
De acuerdo con el Espacio OSC, los recientes asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del comerciante Bernardo Bravo evidencian «la gravedad de la crisis de violencia que enfrentan múltiples comunidades en Michoacán», la cual «ha sido denunciada durante años».
Frente a la violencia, se pronunciaron por que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció el gobierno federal, y que ha sido criticado por las comunidades indígenas del estado como «discriminatorio, unilateral y engañoso», atienda a los defensores y periodistas como poblaciones con necesidades específicas de protección, para lo cual «es indispensable» fortalecer la coordinación y diálogo entre el gobierno estatal y federal, particularmente a través del Mecanismo Federal de Protección, y avanzar hacia una ruta integral de prevención, fortalecimiento institucional y presencia territorial, construido en conjunto con la sociedad civil.
Finalmente, el Espacio OSC urgió a la Fiscalía de Michoacán y al Poder Judicial a que establezcan un plan de investigación y judicialización de delitos contra defensores y periodistas, «garantizando verdad, justicia y reparación», así como exigió la instalación de un diálogo permanente entre las autoridades federales y las estatales con los defensores y periodistas, con el fin de monitorear las acciones de protección y robustecer las medidas de prevención, entre otras medidas.
COMUNICADO:
Las organizaciones que integramos el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) expresamos nuestra profunda preocupación ante la persistente violencia que enfrentan personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como periodistas en el estado de Michoacán. Entre 2016 y 2025, al menos nueve personas defensoras han sido asesinadas —una contaba con medidas del Mecanismo Federal de Protección y dos con medidas de la Fiscalía estatal—. Asimismo, entre 2006 y 2025 se han registrado ocho periodistas asesinados, tres de ellos ocurridos entre 2022 y la fecha, en presunta relación con su labor informativa. A ello se suma un entorno de agresiones que comprende desplazamiento forzado, ataques físicos, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.
Las personas defensoras del medio ambiente y del territorio, así como las periodistas que cubren temas relacionados con política y seguridad, enfrentan los mayores niveles de riesgo en Michoacán. Este riesgo se agrava por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales. La violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos.
En 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 16 agresiones en Michoacán contra personas defensoras del medio ambiente. A ello se suman los ataques ocurridos recientemente el 6 de noviembre en el municipio de Madero, dirigidos contra personas defensoras ambientales, que reflejan la gravedad de la situación y la necesidad urgente de acciones efectivas de protección.
En cuanto a mujeres periodistas, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha documentado al menos 78 agresiones entre 2023 y 2025, destacando bloqueo informativo, uso desproporcionado de la fuerza pública, intimidación, amenazas, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio. Las principales personas agresoras han sido funcionarios estatales de la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades municipales.
Los recientes asesinatos del alcalde Carlos Manzo y del comerciante Bernardo Bravo evidencian la gravedad de la crisis de violencia que enfrentan múltiples comunidades en Michoacán, una situación que ha sido denunciada durante años. A estos hechos se suman nuevas agresiones: Article 19 documentó tres ataques adicionales contra periodistas en Uruapan y Morelia entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025, que incluyen hostigamiento digital y actos de censura que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información.
En este contexto, Michoacán es además la tercera entidad federativa con el mayor número de personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, 158 personas están incorporadas: 75 mujeres, 124 personas defensoras y 34 periodistas.
Ante este panorama de violencia, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por el gobierno federal en cabeza de la Presidenta Claudia Sheinbaum debe reconocer y atender a personas defensoras de derechos humanos y periodistas como poblaciones con necesidades específicas de protección, dada la gravedad y naturaleza de los ataques que enfrentan, así como su rol fundamental en la defensa de derechos, la información pública y la construcción de paz.
Para eso es indispensable fortalecer la coordinación y diálogo entre el gobierno estatal y federal, particularmente a través del Mecanismo Federal de Protección, y avanzar hacia una ruta integral de prevención, fortalecimiento institucional y presencia territorial, construido en conjunto con la sociedad civil, que permita respuestas oportunas y efectivas ante situaciones de riesgo.
Asimismo, es urgente que la Fiscalía Estatal y el Poder Judicial establezcan un plan de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras y periodistas, garantizando verdad, justicia y reparación.
Finalmente, exigimos la instalación de un diálogo permanente entre las autoridades federales —particularmente de la Secretaría de Gobernación— y las autoridades estatales, así como con personas defensoras y periodistas. Este espacio debe permitir el monitoreo de las acciones emprendidas, fortalecer la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo, garantizar transparencia y robustecer las medidas de prevención y protección para quienes trabajan cada día por la justicia, la verdad y los derechos humanos en Michoacán.
Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México
