La bodega cateada durante el viernes 6 de junio de 2025 en Playas de Rosarito pertenece a “Los Mayitos”, reveló el secretario de seguridad federal Omar García Harfuch, que detalló en su cuenta de red social en X que el “inmueble utilizado como bodega de almacenamiento de drogas sintéticas, vinculado a la célula delictiva “Los Aquiles” facción “Mayitos”. Se aseguraron 10 vehículos modificados utilizados para el trasiego de drogas”, explicó.

En el comunicado del 7 de junio las autoridades omitieron detalles como la ubicación exacta y la cantidad de droga asegurada. Fue la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional informaron sobre el cateo de una bodega en Playas de Rosarito en el que aseguraron 10 autos alterados presuntamente para el transporte de droga; así como 10 cartuchos.

Personal de la Armada de México @SEMAR_mx en coordinación con autoridades de Baja California y elementos del Gabinete de Seguridad @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico ejecutaron una orden de cateo en un inmueble utilizado como bodega de almacenamiento de drogas… pic.twitter.com/5WgpxE8dA9

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 7, 2025

A inicios de mayo, el Subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Arturo Medina, articuló la voz oficial del Estado mexicano, para el reconocimiento internacional y la disculpa pública ofrecida por la desaparición de Ivette Melissa Flores Román, ocurrida el 24 de octubre de 2012, cuando un comando armado entró a su casa en Iguala, Guerrero, y se la llevó de manera forzosa. Tenía entonces 19 años y casi 13 años después, continúa desaparecida. 

La disculpa fue consecuencia del dictámen emitido por el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) que halló responsable a México de haber discriminado y criminalizado a la joven desaparecida y a su familia, dilatando la investigación criminal y omitiendo cualquier mecanismo para buscarla, ignorando el contexto de violencia extrema y predominio del crimen organizado que vivían entonces en Iguala y que, en 2014, se volvió tristemenente conocido como el sitio de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 

Así como las Naciones Unidas han hecho énfasis en sus condenas previas a México, en la relación entre la violencia machista y feminicidio; este caso sentó un precedente por su denuncia del vínculo entre la desaparición de mujeres “como una de las representaciones más graves de la violencia de género” y la dificultad para su reconocimiento cuando la delincuencia organizada participa en los crímenes. 

Conocida como la “sentencia CEDAW sobre la desaparición de mujeres”, el dictámen del caso de Ivette Melissa incluye varios puntos extra, que exigen al Estado una política eficaz para proteger a las mujeres “en contextos de extrema violencia”. Eso vale incluso para su madre, Sandra Luz Román Jaimes, principal artífice de este proceso que puja por la justicia, quien pidió a las autoridades presentes en el evento, su compromiso de brindarle seguridad a ella y a su familia, para continuar en este camino. 

El caso fue presentado para el análisis del Comité por la organización civil Idheas Litigio Estratégico en octubre de 2019, fue aceptado en 2020 y dictaminado el 24 de octubre de 2022, al cumplirse diez años de la desaparición. El Estado tardó otros dos años y medio en ofrecer la disculpa, catalogada como “un primer acto de reparación”, por el encargado de la oficina del Alto comisionado para las Naciones Unidas en México, Jesús Peña Palacios. 

Una red

Ivette Melissa conoció a su novio estudiando en Iguala y fue madre a los 16 años, tras lo cual se mudó a vivir con la familia de su pareja, un joven de su edad. El maltrato en ese sitio comenzó pronto, fue obligada a cortar el contacto con su familia y aislada, signos reconocidos como episodios de violencia machista. La familia de la joven madre también reconoció la violencia que envolvía a Ivette, quien comenzó una segiudilla de escapatorias de su familia política. Mientras su madre y sus hermanos, intentaban auxiliarla, del otro lado emergió la figura de su suegro, el padre de su pareja, llamado Humberto Velázquez Delgado, como el personaje que mandataba la violencia. 

Vélazquez Delgado era entonces comandante de la policía ministerial de la Fiscalía de Guerrero, y acumulaba una larga trayectoria, -desde los años 90- de denuncias en su contra por violencia policial y señalamientos de su vinculación con el grupo criminal, Guerreros Unidos. A pesar de las múltiples evidencias que se acumularon contra él durante la década que lleva abierto el caso, nunca fue citado a declarar. Fue asesinado en su tienda de equipamiento militar en Iguala, en la tarde del 21 de junio de 2021. 

Así como las autoridades se negaron a citar al identificado agresor, las autoridades ignoraron este contexto de violencia criminal como un hecho vinculado a la desaparición de la joven. Incluso existe un antecedente en el expediente, señalado por las abogadas de Idheas, dónde se argumentó no encontrar elementos para acreditar la razón de género como motivo de su desaparición. 

“Estamos ante un caso emblemático, y aunque no puede considerarse suficiente por sí misma, esta disculpa implica reconocer, de manera explícita y oficial, la existencia de una violencia estructural en contra de las mujeres, y asumir la responsabilidad por las omisiones institucionales graves, que permiten esta violencia extrema”, sostuvo Frida Velázquez, representante legal de Idheas. 

Luz en el camino

Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette Melissa, recorrió (y aún recorre) un tortuoso camino en pos de la justicia, ya que las amenazas continuaron hacia ella y su familia, una vez que su hija fue desaparecida. Los primeros dos años los sufrió casi en soledad, cobrándole a su salud y cambiando su vida por completo, dedicándola a la búsqueda. La familia recibió otro duro golpe cuando su sobrina y prima de Ivette, Norma Angélica Bruno Román, fue asesinada por el grupo criminal, frente a sus hijos pequeños. Su muerte continúa en la impunidad. 

Por eso, cuando en 2014 explotó la atención sobre las desapariciones en México, tras la desaparición de los 43 normalistas, Sandra junto a otras familias igualtecas claves para este país, -como la familia Vergara, por ejemplo- fundaron “los Otros desaparecidos” y surcieron el camino a la justicia que abrió el Comité de madres y padres de los 43, hacia el resto de las familias que sufren la desaparición de uno de los suyos. 

Tres años después, fundó su propio colectivo Madres Igualtecas en busca de sus desaparecidos AC y desde entonces, ha sido referente para acompañar a otras familias que pasan por lo mismo. Durante el acto de disculpa pública, las compañeras del colectivo llenaron los espacios disponibles para los invitados de la familia. 

En entrevista con Desinformémonos, Sandra contó que han conseguido que la justicia emita algunas órdenes de aprehensión referidas al caso; y que como parte de este proceso de reparación, buscan que se instale una placa en Iguala, en memoria de su hija. También que el dictámen de CEDAW ha permitido la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda, y con ellos han retomado las búsquedas en vida en el vecino estado de Morelos, dónde trabajaron la última semana de mayo, y la primera quincena de junio. “Estoy emocionada, no tengo palabras, pero esperemos que en todo lo que se comprometió el Estado, la Federación y las autoridades internacionales sigan apoyándome, y que no termine yo en un ataúd, como varias de las buscadoras que buscan como yo”, concluyó.

Policías federales y estatales abatieron este domingo en el municipio de Frontera Comalapa, fronterizo con Guatemala, a cuatro presuntos implicados en el ataque en que murieron cinco policías el pasado lunes 2, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa se disputan la frontera, confirmó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Las fuerzas de seguridad estatales y federales aseguraron cuatro vehículos, tres con blindaje, tres armas largas AK-47 y 1 arma larga R15 con aditamento de lanzagranadas, señaló la dependencia en un comunicado.

Región sumida en la violencia

Frontera Comalapa es el paso obligado para las organizaciones criminales, ya que allí inician dos de seis rutas que la Secretaría de la Defensa Nacional ha señalado que son utilizadas para el trasiego de drogas, armas y migrantes desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos.

Desde 2021 esa región fronteriza se encuentra sumida en la violencia criminal por la disputa de los cárteles, lo que ha derivado en ejecuciones, matanzas, desapariciones y desplazamientos forzados.

Desde que asumió la gubernatura el pasado 8 de diciembre, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar declaró un combate frontal a los cárteles, y para ello creó un grupo de élite denominado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, integrado en su mayoría por exagentes de la extinta Policía Federal y exmilitares.

La cifra de homicidios en la entidad ha disminuido significativamente, así como el delito de extorsión. En mayo pasado se registraron 36 asesinatos, frente a más de 80 en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El secretario del Ayuntamiento de Linares, Nuevo León, Juan Pulido Díaz, fue asesinado la tarde del sábado cuando salía de su domicilio en la colonia La Moderna.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas, en el cruce de las calles Pablo Salcedo Arredondo y 5 de Mayo.

Según reportes oficiales, un sujeto armado, presuntamente a bordo de una motocicleta, llegó al lugar, preguntó por el funcionario y, al identificarlo, le disparó en al menos cuatro ocasiones.

El funcionario municipal recibió dos impactos en el abdomen y dos más en la pierna derecha.

El Alcalde de Linares, Gerardo Guzmán, lamentó la muerte del funcionario y expresó condolencias a su familia: “Con profunda tristeza confirmo el fallecimiento del licenciado Juan Pulido, secretario del Ayuntamiento. Exigimos justicia y confiamos en que la Fiscalía realizará su trabajo con responsabilidad”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, de 47 años, por su presunta participación en el feminicidio de Janneth Marisol “N”, quien se desempeñaba como técnica judicial del Juzgado Octavo Familiar, en el Distrito Judicial de Toluca.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo de la víctima fue localizado el pasado 3 de junio dentro de un vehículo, en calles de la colonia Hacienda Altamirano, en el municipio de San Mateo Atenco. 

La carpeta de investigación refiere que presentaba lesiones provocadas por arma punzocortante.

El Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión con base en los elementos recabados durante las diligencias. El imputado fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El cuerpo de dos mujeres desconocidas en avanzando estado de descomposición fueron hallados ayer en una fosa séptica de una casa abandonada, cerca de la Universidad Rosario Castellanos en la ciudad de Comitán, informó la colectiva feminista 50 más 1 que contabiliza 15 los casos de feminicidios en Chiapas en lo que va del año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que inició las investigaciones con protocolo de feminicidio y señaló que no ha podido establecer la identidad de las víctimas por lo que los servicios periciales realizan los procedimientos correspondientes.

La estudiante Diana Estefani López de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) fue localizada sin vida ayer en un canal pluvial ubicado en la colonia Morelos, del municipio de Acapulco, Guerrero. La joven de 18 años fue vista por última vez el jueves a las 19:00 horas en el parque Los Palomares de la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en la zona poniente.

Las autoridades dieron con Diana Estefani gracias a una denuncia ciudadana que reportó la presencia de un cuerpo cerca del canal de agua. Alrededor de las 12:00 horas de este viernes, elementos ministeriales encontraron a la joven sin vida, entre la calles Corregidora y Francisco I Madero.

De acuerdo con medios locales, los peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco dijeron que la causa de muerte habría sido un golpe en la cabeza ocasionado por caer de una altura de aproximadamente cuatro metros. Sin embargo, la UAGro señaló en un comunicado que la joven fue víctima de secuestro y posteriormente asesinada.

"La Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información de la UAGro en voz de su comunidad estudiantil, docente, administrativa y directiva, expresa su más profundo dolor, consternación e indignación por el atroz crimen cometido en contra de nuestra estudiante Diana Estefani López Vargas, quien fue víctima de secuestro y lamentablemente privada de la vida este día en el puerto de Acapulco", expresó en un comunicado.

Este viernes 6 de junio se registraron 14 homicidios en Sinaloa, de acuerdo con datos de la Fiscalía del estado. Del total, siete ocurrieron en Culiacán, tres en Navolato y cuatro en Mocorito

En Culiacán, se reportó el hallazgo de una persona asesinada y envuelta en plástico en el sector Musala, otra en la colonia José María Martínez, una más asesinada a balazos a un costado de la autopista Benito Juárez con un mensaje, en el tramo Las Brisas–Culiacán y otra en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, “El Tamarindo”.

Con 51 muertes dolosas en los primeros 6 días de junio, Sinaloa ya superó los 47 homicidios registrados en todo el sexto mes del año pasado. Tan solo ayer, viernes 6 de junio, se registraron 14 asesinatos más dos hallazgos de restos humanos en un par de fosas clandestinas en Mazatlán.

Omitiendo detalles como la ubicación exacta y la cantidad de droga asegurada, es como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional informaron sobre el cateo de una bodega en Playas de Rosarito en el que aseguraron 10 autos alterados presuntamente para el transporte de droga; así como 10 cartuchos.

En el cateo participaron elementos de la Marina a través de la Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Pública en esa entidad, además de Defensa, FGR, GN y SSPC

Una estudiante universitaria de Pedagogía, identificada como Alejandra, fue asesinada en el municipio de Tarímbaro y su cuerpo encobijado, con huellas de estrangulamiento, fue abandonado en la brecha que conduce de la localidad San Pedro de los Sauces a Campestre Monarca.

Según reportes extraoficiales, la víctima tenía 34 años y además de estudiar laboraba en una empresa de call center, en tanto que sus restos fueron localizados la mañana del miércoles por vecinos de los alrededores, quienes reportaron el suceso a la línea de emergencias.

Tres muertos y el comisario municipal herido fue el saldo de un ataque armado en la comunidad de Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.

Además, nueve agentes de la Guardia Nacional (GN) resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en una emboscada en un camino hacia la sierra de Zihuatanejo, informó el subsecretario del gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.

El derrumbe de un túnel presuntamente utilizado para la extracción ilegal de combustible en un ducto de Pemex dejó seis personas muertas en el municipio de Otumba, Estado de México.

El accidente ocurrió en un predio ubicado sobre la calle Insurgentes, en la comunidad de Ejidos de Cuautlacingo.

Según las primeras versiones de las autoridades, las víctimas comenzaban a construir un acceso subterráneo para conectar de forma ilícita un conducto de hidrocarburos, pero hubo un derrumbe.

Al menos siete menores en su primera infancia murieron, en promedio, cada año en una estancia infantil subrogada en todo México desde el 5 de junio de 2009, fecha en la que la Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, fue consumida por las llamas, afirmó Patricia Duarte, madre de uno de los niños fallecidos, integrante del Movimiento 5 de Junio (M5J).

“Después de la tragedia a la fecha han muerto alrededor de 113 infantes en guarderías en todo el país. La principal razón, que el personal no es profesional ni está capacitado para atender a las niñas y niños en edad de primera infancia”, dijo, y agregó que se trata de una cifra verificada a través de medios de comunicación, por lo que “seguramente debe haber más casos que no conocemos”.

En menos de dos días, el Estado de México fue escenario de múltiples hechos violentos que dejaron un saldo de al menos cinco personas muertas, entre ellas un exconvicto, y varios heridos, incluyendo un elemento de la policía.

Las agresiones armadas se registraron en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Metepec, evidenciando inseguridad que se vive en la entidad.

Tlalnepantla: Cuádruple homicidio en Los Olivos II

Durante la madrugada del jueves, cuatro personas fueron ejecutadas a balazos en la colonia Los Olivos II, en Tlalnepantla de Baz. Las víctimas —tres hombres y una mujer— se encontraban a bordo de un automóvil SEAT Ibiza rojo, estacionado en la calle Prolongación Hidalgo, cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que les dispararon en múltiples ocasiones.

A raíz del incidente, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona para recabar información y esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes.

El Presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida, y su escolta Pastor Cortez Álvarez fueron acribillados a balazos durante la madrugada este viernes en dicha cabecera municipal.

La Fiscalía estatal indicó que, de acuerdo a los datos obtenidos de manera preliminar, poco antes de las 24:00 horas, el Alcalde llegaba a su domicilio ubicado en la calle Fuerte de Loreto, de la colonia Centro, cuando fue atacado a balazos por varios sujetos.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario y su colaborador estaban por llegar al domicilio del Edil, ubicado en la calle Fuerte de Loreto, en la Colonia Centro de Tacámbaro, cuando fueron sorprendidos por un grupo de criminales que atacaron camioneta Ford pick up en la que viajaban, para luego darse a la fuga sin dejar rastro.

En el lugar perdió la vida el oficial Pastor Cortez Álvarez, quien conducía la camioneta. En tanto, el Edil, conocido como "Chavo Bastida", fue trasladado a un hospital local, donde momentos después los médicos confirmaron su deceso.

Autoridades mexicanas aprehendieron en el municipio de Tulum, estado de Quintana Roo, a tres hombres vinculados con los delitos de narcomenudeo y extorsión, ligado al grupo criminal ‘Los Chapitos’, facción del Cártel de Sinaloa.

En un comunicado conjunto, las autoridades informaron este jueves que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con integrantes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía estatal aprehendieron a tres presuntos criminales, a quienes se les señala por ser generadores de violencia en la región.

Gerardo Tamayo fue identificado como el hombre asesinado a balazos la tarde del pasado 5 de junio en la colonia Conjunto Urbano Universitario. Era considerado uno de los presuntos líderes de un grupo dedicado al tráfico de personas que operaba en Mexicali.

El director estatal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), César González Vaca, informó que la víctima presentaba más de 60 lesiones por arma de fuego, así como más de 60 lesiones adicionales causadas por esquirlas, sumando un total de más de 120 heridas.

“En total son más de 120 lesiones las que presenta en todo su cuerpo. La causa determinante del fallecimiento son las heridas producidas por proyectil de arma de fuego en cráneo, tórax y abdomen”, declaró.

Aunque el cuerpo ya fue identificado, aún no se han presentado familiares a reclamarlo. No obstante, las autoridades informaron que todo está listo para que pueda ser entregado en las instalaciones de SEMEFO.

El ataque ocurrió el pasado jueves en las calles Arqueólogos y Ceylán, en la mencionada colonia. Sujetos desconocidos llegaron a bordo de un vehículo gris y dispararon contra Tamayo y su acompañante, para luego huir del lugar.

El otro ocupante del vehículo fue trasladado al Hospital General de Mexicali con una herida en el brazo. Su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Gerardo Tamayo había sido detenido en varias ocasiones por autoridades municipales, con antecedentes por portación de arma de fuego, posesión de arma prohibida y delitos contra la salud. Además, estaba vinculado con un grupo delictivo de polleros que operaba en la capital de Baja California.

El pasado martes 3 de junio se confirmó el hallazgo del cuerpo de Lorena Jaqueline Morales Valencia, de 28 años de edad, quien desde el 22 de mayo fue reportada como desaparecida en León, Guanajuato.

En sus redes sociales el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) lamentó profundamente el feminicidio de Lorena Jacqueline, “que nos llena de dolor y profunda consternación”. En un comunicado aseguraron que en Guanajuato hay “cero tolerancia” ante la violencia contra las mujeres y dijeron que confiaban en el trabajo de la Fiscalía para esclarecer el caso.

Un día después de localizar su cuerpo, se hicieron públicas grabaciones de video en las que Juan Antonio “N” —el presunto feminicida y jefe de Jaqueline—, carga lo que parece ser un cuerpo humano envuelto en plástico y después, sale de lo que sería su casa con una pesada maleta en el conjunto habitacional de la colonia Valle del Campestre.

La tarde del miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como su titular, Omar García Harfuch, informaron sobre dos acciones simultáneas en Nuevo León, durante las cuales, se detuvo a tres personas en posesión de un “arsenal” que viola Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El mensaje de Harfuch destaca que la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, aseguraron 64 armas de fuego, de 3,500 cartuchos, 115 cargadores, aditamentos para fabricar cartuchos, dinero en efectivo, 3 vehículos y los dos inmuebles cateados.

Ya en el comunicado oficial de la SSPC, publicado en la página oficial del Gobierno de México, se destacó que la acción se realizó derivada de inteligencia e investigación que permitieron identificar dos predios utilizados para almacenar armas de fuego, uno en la calle Francisco I. Madero en la colonia Mitras Centro y el otro en la calle Paseo Churubusco, colonia Cumbres Primer Sector, en el municipio de Monterrey.

Tras implementar vigilancias fijas, móviles y discretas, se recabaron datos de prueba suficientes que fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios.

Ronald Douglas Johnson, “Ron”, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, aseguró, el 5 de junio de 2025, que el Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump y su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo, trabajaban juntos, para frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

Ello a pesar del fallo unánime que emitió el Pleno de la Corte Suprema de Estados Unidos, que desestimó, el mismo día, la demanda que interpuso, en agosto de 2021, el Gobierno de México, en contra de al menos dos de las ocho compañías de la industria armamentista -el fabricante Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms-, ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.

“Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump, trabajamos con la presidenta @ClaudiaShein y su equipo para frenar el tráfico de armas hacia el sur y desmantelar las redes que alimentan la violencia. Juntos hacemos a nuestros países más fuertes y seguras”, escribió Johnson, en su cuenta de la red social X.

“México rechaza la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos contra la demanda presentada a fabricantes de armas”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana , en un comunicado.

“La Suprema Corte de Estados Unidos sostuvo hoy que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) da inmunidad y protege a los fabricantes de tener responsabilidad legal”, señaló la SRE.

“El argumento central, publicado esta mañana en su sitio web oficial, fue que no se probó que las empresas ‘ayudaran y facilitaran’ (aiding and abetting) al tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo esgrimido que es el de la proximidad del daño (proximate cause)”, detalló la Cancillería.

“Con esta decisión, la Suprema Corte revoca la que previamente adoptó la Corte de Apelaciones, que había admitido la demanda de México, y devuelve el caso a la Corte de Distrito para que los procedimientos sigan en consonancia con su decisión”, agregó la SRE.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles”, insistió la Cancillería.

“México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país, y seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, afirmó la SRE.

“Esta demanda fue presentada por México en agosto de 2021 ante un Juez de Distrito de Boston, Massachussets. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que México había alegado de manera suficiente que ‘los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México’”, recordó la Cancillería.

“La decisión de la Suprema Corte del día de hoy, no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencia”, explicó la SRE.

“Las dos demandas presentadas por México tanto en Massachussets como en Arizona, han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego a nuestro territorio. México ha logrado posicionar el tema no sólo en la esfera bilateral, sino también multilateral, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021. Actualmente, se está a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita también una opinión sobre el tema”, finalizó la Cancillería.

En un fallo unánime de votos a favor y cero sufragios en contra, el Pleno de la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó, el 5 de junio de 2025, la demanda que interpuso, en agosto de 2021, el Gobierno de México, en contra de al menos dos de las ocho compañías de la industria armamentista -el fabricante Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms-, ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.

“México alega que las empresas ayudaron e instigaron ventas ilícitas que canalizaron armas a cárteles mexicanos. La cuestión presentada es si la demanda de México demuestra plausiblemente esa conducta. Concluimos que no lo hace”, escribió la jueza progresista Elena Kagan, en nombre de la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA [Ley de Protección del Comercio Legal de Armas] impide la demanda”, indicó el fallo unánime de los nueve magistrados de la Corte Suprema de EE. UU., seis de ellos conservadores y tres progresistas.

En este caso los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos debían dar respuesta a dos cuestiones. Primero, si la producción y venta de armas de fuego en EE. UU. era la “causa inmediata” de las presuntas lesiones al Gobierno mexicano, derivadas de la violencia cometida por los cárteles de la droga en México.

Segundo, si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos equivalía a “ayudar e instigar” el tráfico ilegal de las mismas, porque las empresas que las fabricaban y comercializaban supuestamente sabían que algunos de sus productos eran objeto de tráfico ilegal.

“No nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar y que los fabricantes son conscientes de ello. Sin embargo, México no ha alegado adecuadamente lo que debe: que los fabricantes ‘participan en’ esas ventas ‘como en algo que desean llevar a cabo’ y ‘pretenden, con [su] actuación, que se lleve a cabo”, agregó el fallo del máximo tribunal constitucional estadounidense.

Asimismo, Kagan subrayó que la demanda no señalaba ninguna transacción delictiva específica, en la que los demandados presuntamente hubieran prestado ayuda. No decía, por ejemplo, que un fabricante en particular ayudó a un comerciante de armas determinado, en un momento y lugar concretos, a vender armas a un traficante mexicano determinado, que no estaba legalmente autorizado a comprarlas en virtud de una ley específica.

En cambio, la demanda del Gobierno mexicano formuló una acusación más general: que todos los fabricantes ayudaban a un número indeterminado de comerciantes de armas sin escrúpulos, a realizar numerosas ventas de armas de fuego, en violación de diversas prohibiciones legales.

El carácter sistémico de esa acusación aumentó la carga de la prueba del Gobierno de México, por lo que la Corte Suprema de Estados Unidos enfatizó que, para que la acusación prosperara, debía estar respaldada por alegaciones plausibles de “asistencia generalizada, sistémica y culpable”, lo que no ocurrió.

Además, la Corte Suprema de EE. UU. subrayó que la estructura comercial del sector pasaba por intermediarios mayoristas, lo que dejaba en precario la acusación de que los fabricantes vendían a algunas tiendas de armas en concreto, mismas que facilitaban el acceso a los cárteles de la droga.

“Al afirmar que los fabricantes suministran intencionadamente armas a distribuidores sin escrúpulos, México nunca reconoce que los fabricantes no suministran directamente a ningún distribuidor, sea este sin escrúpulos o no. En su lugar, venden armas de fuego a distribuidores intermediarios, cuya independencia nunca ha cuestionado México”, destacó el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El martes 4 de marzo del mismo año, representantes del Gobierno de México expusieron,ante la Corte Suprema de Estados Unidos, sus argumentos respecto la demanda que interpuso, en agosto de 2021, en contra de ocho compañías de la industria armamentista ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.

Durante la audiencia, los representantes del Gobierno mexicano reiteraron que las empresas no gozaban de inmunidad por su conducta negligente, como resolvió en su favor, Rosemary Márquez, de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en Tucson, dictaminó, el 25 de marzo de 2024.

Dicha juzgadora indicó que el Gobierno mexicano podría seguir adelante con una demanda que acusaba a cinco empresas vendedoras de armamento de dicho entidad de Estados Unidos -Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Ruger, así como Glock y Strum-, de participar en el tráfico de armas y municiones a los cárteles del narcotráfico en México.

La juzgadora federal rechazó los argumentos de los distribuidores -Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague’s Sports Inc-, que argumentaron que gozaban de una llamada “inmunidad procesal” de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escudaba a los fabricantes y distribuidores de EE.UU., de recibir querellas por la vía civil, por el mal uso de sus productos.

Los argumentos del Gobierno de México ante la Corte Suprema de EE. UU. fueron presentados por la abogada Cate Stetson, quien estuvo acompañada de los abogados Jonathan Lowy, presidente de la organización de la sociedad civil Global Action on Gun Violence y Steve Shadowen, que representaron a México en este litigio. También estuvieron Fadia Ibrahim Nader, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga.

“Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río, con pleno conocimiento de causa. Para frenar a los cárteles, es imperante cortar el suministro de sus armas de fuego”, indicó Arrocha Olabuenaga, durante la audiencia ante la Suprema Corte de EE. UU.

El máximo tribunal constitucional de Estados Unidos podría emitir una decisión a finales del segundo trimestre del presente año, cuando determinaría si estas empresas demandadas gozarían de inmunidad, aun cuando incurrieran en este tipo de prácticas.

En un comunicado, la SRE informó que en enero de 2024, lo que calificó como “un hecho sin precedentes”, México superó la inmunidad que otorgaba la ley estadounidense a estas empresas, tras una resolución favorable de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito.

Según la Cancillería, durante la audiencia ante la Suprema Corte de EE. UU., el Gobierno mexicano sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permitían que sus armas de fuego fueran traficadas a México, causando violencia y sufrimiento a su población, por lo que no gozaban de inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos.

Respecto a la Segunda Enmienda, el Gobierno de México indicó que respetaba el derecho de autogobernarse y reiteraba que este caso no versaba respecto a la misma, ni sobre el derecho de los estadounidenses a portar armas.

El Gobierno de México anunció, el 4 de agosto del 2021, que demandó a 11 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos en una Corte Federal del Distrito de Massachusetts, en Boston, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos eran traficados ilegalmente a territorio mexicano.

Según un documento citado por la agencia británica Reuters y el diario estadounidense The Washington Post, la demanda señalaba que el Gobierno de México buscaba una compensación de hasta 10 mil millones de dólares.

Ello alegando que las unidades de Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt´s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock GES; Sturm, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group; e, Interstate Arms; sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país latinoamericano.