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Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías, y con el incremento sostenido de los desaparecidos en México, pero el Gobierno de la República insiste en el tema para lograr posicionarlo y de esa forma, normalizar aún más la violencia en este país".

El optimismo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, auspiciado y compartido por su Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en relación a una disminución en el número de homicidios dolosos que, aseguran, ronda los dos dígitos, contrasta sobremanera con la realidad que se ve en el país, se escucha con el sonido de las balas y el silencio sepulcral de las palas.

En un sólo día del fin de semana, destacaron las cifras oficiales de seguridad, nueve personas fueron asesinadas en Chihuahua, seis en Baja California y otro tanto en el Estado de México. Sinaloa se maneja aparte desde hace poco más de un año que estalló la guerra interna en el Cártel de Sinaloa a propósito de la entrega de Ismael Zambada García, el Mayo, a autoridades de los Estados Unidos a manos de su ahijado Joaquín Guzmán López. El mismo día domingo, hubo tres asesinatos y el descubrimiento de restos humanos de acuerdo al conteo que puntillosamente llevan en el periódico El Noroeste.

“En México ya rascas y hay un muerto”, dijo a ZETA la escritora Elena Poniatowska Amor, y aun no entraba el Gobierno de izquierda al país, pero ya para entonces se advertía la normalización de la violencia que ha ido escalando; se refería por supuesto al tema de las fosas clandestinas o narcofosas, entonces y ahora en auge.

Pero la normalización de la violencia ahora la promueve el Gobierno de la República, festinando un supuesto descenso en la estadística de asesinatos como asegurando estar mal pero no tan mal. Y sí está mal el país, los asesinatos se mantienen y se atestiguan todos los días, pero la autoridad los cuenta diferente, ya no los agrupa en una sola tabla de homicidios dolosos, es decir crímenes violentos, ejecuciones, asesinatos, ahora los clasifica para diseminar el número total: homicidios dolosos, feminicidios, homicidios culposos (suelen incrementar también a conveniencia), asesinato de policías, restos humanos localizados, cuerpos enterrados.

Al tiempo que el propio crimen organizado ha evolucionado en las formas de atacar. Matan y entierran para que los cuerpos no sean localizados, lo cual da una falsa impresión de un descenso en el número de homicidios dolosos, que se puede confirmar con la creciente cifra de desaparecidos, donde organizaciones de la sociedad civil integradas por familiares de desaparecidos llevan un conteo más puntual que el oficial, y reportan incrementos de seis por ciento anual hasta superar en 2024, los 100 mil desaparecidos en el país.

Muchos de los restos localizados por estas organizaciones de madres, padres, hermanos y familias enteras de víctimas de desaparición forzada, tampoco son sumadas a la estadística de los homicidios dolosos, las autoridades procuradoras o preventivas, justifican que no saben en qué momento esas personas fueron asesinadas, y cuando se encuentran restos no coincidentes con órganos vitales, ni siquiera los pueden considerar un muerto más.

Es demasiada la indolencia del Gobierno de la República, y de los gobiernos en las entidades federativas, para actuar de tal manera, manipular la estadística para engañar con una falsa disminución de la violencia en el país.

Pero el terror cunde por todas partes, cuando el narcotráfico y el crimen organizado accionan contra una sociedad vulnerada ante la falacia de la disminución de la violencia y la inseguridad. ¿Cómo sostener ante los agricultores que las cifras disminuyen cuando asesinan a uno de sus activistas más aguerridos como Bernardo Bravo? Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías, y con el incremento sostenido de los desaparecidos en México, pero el Gobierno de la República insiste en el tema para lograr posicionarlo y de esa forma, normalizar aún más la violencia en este país.

Ocultar o diseminar la estadística de la violencia y la inseguridad, sólo lleva a más impunidad en las cambiantes formas de los delincuentes para cometer los delitos, así como matan y entierran en lugar de dejar cuerpos tendidos sobre la tierra y el asfalto, ya no secuestran ahora extorsiona, delito que ha ido a la alza en casi todos los sectores productivos del país, los limoneros lo han hecho público pero sucede con quienes cosechan otros productos, o con aquellos que pescan o venden productos y servicios. Para el criminal es más fácil y requiere menos esfuerzo, extorsionar o cobrar piso, que secuestrar a las personas. Además, que es un delito pocas veces denunciado y muchas ocasiones no investigado oficialmente, lo que le permite al criminal hacerse de dinero lícito, ganado con el esfuerzo y el trabajo de las víctimas, para seguir en su ilícito negocio. Y cuando parece salirse de su criminal control, entonces matan, como lo hicieron con Bernardo Bravo, o con otros activistas sociales que denuncian la inseguridad y la violencia que los cárteles ejercen y el Gobierno intenta minimizar, normalizar a pesar de las víctimas, de los muertos, de los desaparecidos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Sheinbaum pide a EU revisar protocolos, tras ataque a supuestas lanchas del narco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló, el 29 de octubre de 2025, que el Gobierno de México pidió al titular de la Embajada de Estados Unidos en territorio mexicano, Ronald Johnson, revisar el protocolo que aplicaba su país en operativos contra embarcaciones con presunta droga en aguas internacionales, tras un ataque, llevado a cabo un día antes por las Fuerzas Armadas estadounidenses, contra una embarcación en el océano Pacífico, a 830 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

Según lo reveló la titular del Poder Ejecutivo Federal -durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, dicha solicitud se presentó durante la reunión que sostuvo Johnson, un día antes, con Raymundo Pedro Morales Ángeles y Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titulares de las secretarías de Marina (SEMAR) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente.

“Lo que queremos es que ese protocolo se mejore en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los Estados Unidos. No queremos que nunca haya violación a nuestra soberanía”, afirmó la mandataria nacional, quien también detalló que el embajador de EE. UU. mostró disposición para revisar el protocolo y canalizar la propuesta a las instancias correspondientes del Gobierno estadounidense.

“En principio, el Embajador estuvo de acuerdo en que se promueva que se siga un protocolo como el que se venía utilizando previamente”, dijo Sheinbaum Pardo, quien también sostuvo que México no estaba de acuerdo con las intervenciones militares que el Gobierno de EE. UU. realizaba de manera unilateral en aguas internacionales cercanas al país. Ante ello pidió que, en las zonas cercanas al territorio mexicano, se aplicaran esquemas de coordinación bilaterales.

“No estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados. Si en aguas internacionales Estados Unidos ve que hay una lancha que presuntamente lleva droga, se ponen de acuerdo, interviene Secretaría de Marina o las instituciones del Gobierno de Estados Unidos”, explicó la presidenta.

Asimismo, la mandataria nacional informó que el objetivo del encuentro fue insistir en que ese mecanismo de coordinación binacional se mantuviera y se fortaleciera, a fin de evitar acciones que pudieran vulnerar la soberanía mexicana o poner en riesgo vidas humanas.

“Queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que nunca haya violación a nuestra soberanía, ni tampoco este tipo de operaciones en la zona económica”, subrayó la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también fue cuestionada sobre las operaciones realizadas por la SEMAR en las costas del Pacífico, ante lo cual admitió que no se pudo concretar el rescate.

El diplomático estadounidense acudió las instalaciones de la Cancillería, luego de que durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal pidió el encuentro, luego de la agresión que dejó un sobreviviente, mismo que fue rescatado por la SEMAR, a petición de la Guardia Costera de EE. UU. (US Coast Guard).

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (@SRE_mx) y la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx) informan que este día se llevó a cabo una reunión entre el canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald Johnson (@USAmbMex), en la sede de la @SRE_mx”, anunció la Cancillería, en su cuenta de la red social X.

“El encuentro, realizado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), tuvo como objetivo fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en materia marítima. En un ambiente de cordialidad, las partes coincidieron en que la principal prioridad es la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como el respeto pleno a la soberanía nacional, reafirmando el compromiso con el entendimiento y la cooperación que históricamente han caracterizado la relación entre ambas naciones. La #SRE y la #SEMAR reiteraron su compromiso de actuar con profesionalismo, diálogo y cooperación institucional, para que México mantenga un papel constructivo, colaborativo y sólido en la seguridad marítima compartida”, indicó la SRE.

“Presidenta, ¿su gobierno aceptó rescatar a un sobreviviente de este ataque del gobierno de los Estados Unidos en una llamada “narcolancha”, como le llaman?”, le preguntó un reportero a Sheinbaum Pardo. Hoy nos lo informó el secretario de Marina. Una, digamos, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación, que presuntamente llevaba droga, es en aguas internacionales”, respondió la mandataria nacional.

“Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los Tratados Internacionales, decidió rescatar a esta persona. Es importante, vamos, yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina, y con el Secretario de Relaciones Exteriores, que estos temas se vean en una mesa, ¿no?, porque, como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, como se dan”, subrayó la presidenta.

“Entonces, pedí que, en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, se llame al embajador y se pueda ver, en particular, esta situación”, añadió Sheinbaum Pardo. “¿Ya se rescató a esta persona?”, cuestionó el periodista. “Sí, entiendo… Me manda, me dio un […] Sí quieren, que lo informe la Secretaría Marina, porque me acaba de […] El papelito que me dio ahorita Belmont tiene que ver con esta información”, contestó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“En la mañana en el Gabinete solamente nos informaron de que ocurrió esta situación y di la instrucción de que se le pidiera al canciller, junto con Marina, que tuvieran una reunión con el embajador. Y les daremos la información con Secretaría de Marina de este sobreviviente, si es el caso que, en efecto, hubo un sobreviviente. Lo que sí […] Fue en aguas internacionales. En aguas internacionales. Ya toda la información la podemos dar a través de Secretaría de Marina”, finalizó la mandataria nacional.

“En cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de EE. UU., la Armada de México atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 400 millas al suroeste de Acapulco (830 km) con el objeto de salvaguardar la vida humana en la mar. Esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima”, escribió la SEMAR, en su cuenta de la red social X.

“Esta operación de búsqueda y rescate se mantiene activa a partir del reporte recibido por la Guardia Costera de EE. UU., en el cual no existía mayor información de la persona reportada. Derivado de las declaraciones del Secretario de Guerra de ese país, se tiene conocimiento que citado náufrago corresponde a un tripulante de una de las embarcaciones referidas por dicho funcionario. La Marina continúa con la búsqueda y refrenda su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en la mar”, abundó la SEMAR.

Pete Hegseth, titular del Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW, por sus siglas en inglés), anunció, el 28 de octubre de 2025, que el Ejército de EE. UU. llevó a cabo tres ataques en aguas del Pacífico oriental, contra embarcaciones sospechosas de transporte de drogas, resultando en 14 muertos y un sobreviviente.

“En cuanto al superviviente, el Comando Sur puso en marcha inmediatamente los protocolos estándar de búsqueda y rescate (SAR); las autoridades mexicanas [de búsqueda y rescate] aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, dijo Hegseth, sin especificar si la persona permanecería bajo custodia de México o sería entregada a Estados Unidos.

El ataque se llevó a cabo en “aguas internacionales” del océano Pacífico, frente a las mexicanas. Hegseth publicó en sus cuentas de las diversas redes sociales, imágenes de los ataques en las que se pueden ver dos embarcaciones moviéndose a gran velocidad por el agua.

Una estaba visiblemente cargada con una gran cantidad de paquetes o bultos. Ambas explotaron de repente y se vieron envueltas en llamas. El tercer ataque parece haber sido realizado sobre un par de botes que estaban flotando en el agua, una al lado de la otra.

Las embarcaciones parecían estar en gran parte vacías, con al menos dos personas moviéndose antes de que una explosión las envolvió a ambas. El jefe del Pentágono dijo que “los cuatro barcos eran conocidos por nuestro aparato de inteligencia, transitando por rutas de narcotráfico conocidas y transportando narcóticos”.

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) es un tratado internacional que establece normas mínimas de seguridad para la construcción, equipo y operación de buques mercantes. Desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI), surgió tras el hundimiento del Titanic y busca salvaguardar la vida humana en el mar.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Condenan a jóvenes presuntamente reclutados en Zacatecas

En un caso que ha generado controversia y debate público, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, modificó la multa impuesta en sentencia a cuatro jóvenes imputados, presuntas víctimas de reclutamiento forzado, pero confirmó la pena de 7 años de prisión por diversos delitos.

Los magistrados solo modificaron la multa impuesta, reduciéndola de 16 mil 828 pesos 35 centavos a diez mil 857 pesos, en cumplimiento de la jurisprudencia que establece que el aumento de la sanción en casos de concurso ideal de delitos solo aplica a la pena de prisión y no a la multa.

Sin embargo, la sanción aplicada a Francisco P., Heriberto R., Juan R. y Alan D., quedó intocada al resultar penalmente responsables en la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana y clorhidrato de metanfetamina con fines de venta, así como la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El caso, que se originó tras un cateo realizado en un inmueble de la colonia La Huerta Vieja, en Zacatecas capital el 28 de febrero de 2024, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, pues durante el proceso, la defensa argumentó que los acusados estuvieron privados de su libertad, ya que fueron reclutados forzosamente, lo que habría condicionado su presencia en el lugar de los hechos.

El tribunal desestimó esta teoría al considerar que no se presentaron pruebas contundentes que respaldaran dicha hipótesis, pese a que las madres de los imputados testificaron en el juicio, afirmando que sus hijos habían desaparecido días o semanas antes del cateo. Una de ellas dijo que su hijo fue a buscar trabajo en una empresa de seguridad el 1 de febrero de 2024 y no volvió a saber de él.

Sin embargo, sus declaraciones fueron consideradas inconsistentes y contradictorias por el tribunal, lo que debilitó la credibilidad de sus testimonios. Además, los agentes y peritos que participaron en el cateo aseguraron que los detenidos no mostraban signos de violencia física ni psicológica que indicaran una privación ilegal de su libertad.

La defensa también criticó a la Fiscalía por no haber agotado todas las líneas de investigación, como la realización de peritajes psicológicos que pudieran haber evidenciado la supuesta privación de libertad. No obstante, el tribunal concluyó que no existían indicios suficientes para justificar tal investigación.

El caso ha generado un debate sobre la presunción de inocencia y la carga de la prueba en el sistema penal acusatorio. Mientras que la defensa sostiene que la Fiscalía debió investigar la posibilidad de un reclutamiento forzado, el tribunal argumentó que la carga de probar una excluyente del delito recae en quien la invoca, en este caso, la defensa.

Este caso pone en el centro del debate la necesidad de garantizar investigaciones exhaustivas y la protección de los derechos humanos en el sistema de justicia penal mexicano, especialmente en un contexto donde la desaparición y el reclutamiento forzado son problemáticas recurrentes en el país.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SAÍNZ.

SSC-CdMx detiene a 4 vigilantes de la UNAM por homicidio de aficionado del Cruz Azul

Rodrigo Mondragón murió por asfixia causada por estrangulamiento, de acuerdo con lo revelado por la necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo ayer a los cuatro elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implicados en el homicidio de Rodrigo Mondragón, aficionado al Club Deportivo Cruz Azul, ocurrido el pasado sábado tras un partido. Los detenidos fueron enviados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Se trata de Brayan "N", Noe "N", Luis Alberto "N" y José Rodrigo "N", quienes fueron consignados por el Ministerio Público a dicho penal de la Ciudad de México.

Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de la capital, detalló ayer en conferencia de prensa que los detenidos laboraban como personal de seguridad universitaria y su situación jurídica se definirá a partir de la investigación que se está realizando de videos de cámaras de vigilancia, entrevistas y los estudios periciales.
“El cuerpo, hoy en día, se está realizando la necropsia en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO). Entonces, esto va a ser muy importante para avanzar con la investigación, determinar la causa de muerte. Se pusieron a disposición cuatro personas, por parte de la Secretaría de Seguridad. Estas personas laboran como personal de seguridad universitaria y que su situación jurídica va a ser definida, a partir de cómo avanza la investigación”, explicó la Fiscal.
Rodrigo Mondragón murió por asfixia causada por estrangulamiento, de acuerdo con lo revelado por la necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo).

Fuentes ministeriales, citadas por medios nacionales, revelaron la causa de la muerte del hombre, quien fue arrestado por personal de seguridad del Estadio Olímpico Universitario el pasado sábado, tras el partido entre "La Máquina" y el Monterrey.

Además, se dio a conocer que los restos del fanático del Cruz Azul fueron entregados a sus familiares alrededor de las 7:00 horas de ayer lunes.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que afirmó que recopiló y entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) todos los videos que puedan servir como prueba de lo ocurrido.
De acuerdo con una personas cercana a Rodrigo Mondragón, cerca de las 23:30 horas del sábado 25 de octubre elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habrían golpeado y detenido violentamente al aficionado del Cruz Azul "a quien subieron con vida a una camioneta oficial". "Desde ese momento, no se volvió a saber nada de él", destacó.
"Cuando familiares y amigos llegaron al lugar para pedir informes, ni el personal de seguridad de la UNAM ni los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx) que se encontraban en la zona proporcionaron información veraz. [...] Durante esas horas, familiares y amigos estuvieron llamando a Locatel, hospitales y Ministerios Públicos en busca de información sobre Rodrigo Mondragón, sin obtener respuesta alguna", detalló.
La dirección de Protección Civil de la UNAM emitió un comunicado el domingo por la mañana, donde señaló que al término del partido entre el Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, al realizarse el retiro de personas que permanecen en los estacionamientos del recinto deportivo, "una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor".

"La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades. Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales", aseguró. Ante esta situación, solicitó el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la Ciudad de México, para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades del personal que estuvo involucrado con los hechos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

No hay registro de amenazas contra empresario asesinado en Ensenada: fiscal de homicidios de BC

El fiscal declaró que sus familiares no mencionaron amenazas contra Omar Cisneros, pero, según la presidenta estatal del PAN en BC, los propietarios de la Birriería Guadalajara ya habían avisado de la tensión y peligro que sentían, pero no se hizo nada.

El fiscal Especializado en Homicidios de Baja California, Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, declaró “no hay un registro como tal” sobre amenazas que hubiera denunciado el empresario Omar Cisneros Salcedo, de la birriería Hacienda La Guadalajara. 

El funcionario estatal lo refirió en rueda de prensa realizada este lunes 27 de octubre, luego del asesinato registrado durante la tarde del sábado 25 en el municipio de Ensenada.

De acuerdo con los datos, el ataque a balazos fue registrado alrededor de las 19:00 horas en el interior del negocio, ubicado en la avenida Ruiz, en el corazón de la zona turística porteña.  

Gaxiola Rodríguez refirió que al lugar entraron dos personas del sexo masculino, quienes accionaron sus armas de manera directa contra Omar Cisneros. 

Tras esto, al lugar acudió la policía municipal de Ensenada y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), para tratar de localizar a los responsables, a los minutos encontraron únicamente un vehículo aparentemente ligado con el hecho.  

Agregó que están recabando toda la información posible para la respectiva investigación. 

“Ya traemos un dato muy claro que no lo podemos proporcionar, pero estamos dándole ese seguimiento”, aseguró.  

—¿Hubo amenazas? —se le cuestionó. 

—No hay un registro como tal. Se tuvo con el papá, con la esposa. Ellos no mencionan el tema de amenazas. Habían tenido una circunstancia, una cuestión ahí de un estacionamiento. Es parte también de la posible investigación, pero es a lo que se está dando seguimiento —respondió el fiscal especializado en Homicidios.  

Birriería Guadalajara había avisado del peligro y autoridades no hicieron caso: Lizbeth Mata

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió a los tres órdenes de gobierno más atención para la seguridad del municipio de Ensenada, pues los propietarios de la Birriería Guadalajara ya habían avisado de la tensión y peligro que sentían, pero no se hizo absolutamente nada.  

La líder blanquiazul lo declaró en conferencia de prensa realizada el lunes 27 de octubre en el puerto, en torno al asesinato de Omar Cisneros Salcedo, propietario del conocido negocio ubicado en la zona turística. 

A pesar de esto, hasta este lunes no han sido reportados detenidos por estas agresiones.  

Mata Lozano compartió sus condolencias a la familia, así como a las y los trabajadores, y lamentó que el municipio esté en “la antesala de la inseguridad”, tanto en comercio como en toda la ciudad.  

La panista remarcó que el ataque ocurrió “a plena luz del día” y en un lugar con mucha actividad turística, además de señalar que fue “un enfrentamiento dirigido”.  

“Decirles que la exigencia de seguridad es permanente: somos una de las ciudades más inseguras, no solamente del Estado, sino ya del país en general y hoy se siente en las calles de nuestra ciudad. Generaríamos una exigencia a las autoridades, tanto municipal, estatal y federal, porque ya ha avanzado no solamente en la extorsión, sino hoy a un asesinato dirigido y, además, que fue avisado la tensión y el peligro que sentía este comercio, y, aun así, no sucedió absolutamente nada”, remarcó Lizbeth Mata Lozano.  

Carlos Enrique García Lazcano, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PAN, también expresó en la rueda de prensa sus condolencias, al tiempo de recordar que el fallecido era su amigo.  

“Esperando que encuentren pronto el consuelo y la paz en sus corazones. Era un joven amigo personal y lamentamos mucho que las autoridades, que son las que nos deben de defender, no podemos confiar en ellas. Rogamos por la paz de ellos”, comentó García Lazcano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

En un solo día, dos mujeres fueron asesinadas en Temixco y Anenecuilco, Morelos

De acuerdo con información proporcionada por personal de la FGE, ambos casos ya son investigados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando el Protocolo Especial.

En un solo día, dos mujeres fueron localizadas sin vida en los municipios de Temixco y Anenecuilco, en Morelos. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), ambos casos se investigan bajo el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio. 

El primer caso ocurrió en Temixco, municipio ubicado a poco más de 13 kilómetros de Cuernavaca, gobernado por Israel Piña, del Partido Acción Nacional, en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Temixco mantiene activa desde 2015 la Alerta de Violencia de Género, decretada por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, debido a los altos índices de violencia contra las mujeres registrados en la zona. 

A un año de gestión, el alcalde Israel Piña no ha informado cómo se están cumpliendo las medidas establecidas por dicha alerta para disminuir la violencia contra las mujeres. 

Durante la madrugada del lunes 27 de octubre, vecinos de la colonia Los Presidentes reportaron un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Adolfo López Mateos. 

Al ingresar al inmueble, autoridades hallaron el cuerpo calcinado de una mujer identificada como Laura “N”, de 45 años, con visibles signos de violencia y una extremidad desprendida. 

De acuerdo con testimonios preliminares, un hombre habría agredido a la víctima antes de incendiar la vivienda y darse a la fuga. Personal de la FGE y del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al lugar para realizar los peritajes y el levantamiento del cuerpo. 

Horas más tarde, en el poblado de Anenecuilco, municipio de Ciudad Ayala, fue localizada otra mujer sin vida. El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:10 horas, sobre el bulevar Emiliano Zapata, tras un reporte al número de emergencias 911. 

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos confirmaron el deceso y acordonaron la zona, mientras agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue local para los procedimientos legales. 

Ciudad Ayala, gobernada por Nayeli Mares Mérida, de Morena, se encuentra a 61 kilómetros de la capital morelense. 

De acuerdo con información proporcionada por personal de la FGE, ambos casos ya son investigados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando el Protocolo Especial de Investigación del Delito de Feminicidio. 

Sin embargo, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, se ha pronunciado al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Narcolanchas: reunión de emergencia del canciller y titular de Marina con embajador Johnson

Luego de que la presidenta Sheinbaum manifestara su desacuerdo con los más recientes ataques a narcolanchas en los que murieron 14 personas, el canciller y el secretario de Marina sostienen una reunión con el embajador Johnson.

Tras el ataque a cuatro supuestas narcolanchas en el que murieron 14 personas, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvieron una reunión de emergencia con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, a quien le externaron las preocupaciones de la presidenta sobre la pérdida de vidas humanas y la soberanía. 

En el ataque hubo aparentemente un sobreviviente que la Marina de México estaba buscando cerca de las costas de Acapulco, sin que hasta el momento se confirme su rescate, debido a que la Guardia Costera de EU no proporcionó suficientes datos para su localización, informó previamente la Semar.
Tanto Cancillería como Marina divulgaron el mismo comunicado: 

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (@SRE_mx) y la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx) informan que este día se llevó a cabo una reunión entre el Canciller Juan Ramón de la Fuente, el Secretario de Marina Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y el Embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson (@USAmbMex), en la sede de la @SRE_mx.

“El encuentro, realizado por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, tuvo como objetivo fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en materia marítima.

“En un ambiente de cordialidad, las partes coincidieron en que la principal prioridad es la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como el respeto pleno a la soberanía nacional, reafirmando el compromiso con el entendimiento y la cooperación que históricamente han caracterizado la relación entre ambas naciones.

“La #SRE y la #SEMAR reiteraron su compromiso de actuar con profesionalismo, diálogo y cooperación institucional, para que México mantenga un papel constructivo, colaborativo y sólido en la seguridad marítima compartida”.

En la mañana, la presidenta Sheinbaum externó su desacuerdo con este tipo de ataques, que se venían realizando en el Mar Caribe y desde hace unos días también en el Océano Pacífico, al parecer cerca de México, aunque en aguas internacionales, porque los marinos buscaban al sobreviviente a más de 800 kilómetros de Acapulco. 

“Es un ataque que ocurrió en aguas internacionales, contra una embarcación que presuntamente llevaba droga. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina de este 28 de octubre.

La mandataria subrayó que México “no está de acuerdo con este tipo de ataques” y pidió que el caso sea revisado en el marco del acuerdo de seguridad que mantiene con Estados Unidos: 

La Semar acató las órdenes de la presidenta pero no había encontrado al sobreviviente: “Esta operación de búsqueda y rescate se mantiene activa a partir del reporte recibido por la Guardia Costera de EE. UU., en el cual no existía mayor información de la persona reportada. Derivado de las declaraciones del Secretario de Guerra de ese país, se tiene conocimiento que citado náufrago corresponde a un tripulante de una de las embarcaciones referidas por dicho funcionario. La Marina continúa con la búsqueda y refrenda su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en la mar”, informó en comunicado.
De acuerdo a la suma de los ataques, van 57 víctimas fatales.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el ejército de su país mató a 14 personas en cuatro nuevos ataques contra presuntas narcolanchas, tres en el Pacífico Oriental, donde murieron ocho, y uno en el Caribe, donde sólo una persona sobrevivió por seis víctimas fatales.

A través de su cuenta en la red social X, Hegseth informó que las operaciones fueron ordenadas directamente por el presidente Donald Trump, y las describió como “ataques cinéticos letales” contra embarcaciones “operadas por organizaciones terroristas designadas que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”. Aun sin presentar pruebas, el funcionario estadounidense, aseguró que las 14 personas abatidas eran “narcoterroristas”.

El embajador Ronald Johnson no había publicado nada sobre la reunión en sus redes sociales como suele hacerlo.
FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Marina habría rescatado a sobreviviente de ataque de EU contra embarcación con presunta droga, dice Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que la Secretaría de Marina habría rescatado a una persona que sobrevivió a un ataque del gobierno de Estados Unidos contra una lancha, que presuntamente transportaba droga en aguas internacionales.

“Lo informó el secretario de Marina, un ataque en aguas internacionales que tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga, es en aguas internacionales parece que quedó un sobreviviente, y la Marina por razones humanitarias dentro de los tratados internacionales decidió rescatar a esta persona”, detalló la mandataria.

En tanto, la Secretaría de Marina publicó esta mañana que atendió una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 400 millas (830 kilómetros) al suroeste de Acapulco, en Guerrero, “con el objeto de salvaguardar la vida humana en la mar”.

“Esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima” tras una solicitud de la Guardia Costera de Estados Unidos y en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, detalló la Semar.

Pedirá México revisar ataques en aguas internacionales

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisar con autoridades de Estados Unidos este tipo de ataques en aguas internacionales contra embarcaciones con supuesta droga, pues México “no está de acuerdo” con estas operaciones.

“Le hice el planteamiento al secretario de Marina y que con el secretario de Relaciones Exteriores se vean en una mesa, porque como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan“.

“Entonces pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación”, anunció durante su conferencia matutina.

Las fuerzas estadounidenses han matado 14 presuntos narcotraficantes en ataques que contra cuatro lanchas en el océano Pacífico, dijo el martes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo que eleva el número de muertos en la campaña antinarcóticos de Washington a al menos 57.

El gobierno de Donald Trump comenzó a realizar los ataques —que los expertos consideran ilegales— a principios de septiembre y ya ha destruido al menos 14 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

“Un total de 14 narcoterroristas fueron eliminados (…) con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales sin que las fuerzas estadounidenses sufrieran daños”, dijo Hegseth en una publicación en X sobre los ataques realizados el lunes.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueban Diputados la Ley General contra la Extorsión

El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta ley “se investigarán y perseguirán de oficio”, según lo aprobado en San Lázaro.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General contra la Extorsión, con la cual se podrá perseguir de oficio a quienes cometan dicho delito y castigarlos con hasta 25 años de prisión.

Con la unanimidad de 456 votos a favor, la Cámara baja avaló en lo general el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.

Además, reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados.

El documento, que deriva del análisis de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de 11 propuestas impulsadas por diputados de Morena, PAN, PVEM y PT, da cumplimiento al decreto que declara reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extorsión, el cual otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley General que establezca, como mínimo, el tipo penal y sus sanciones en materia de extorsión.

Su objetivo es establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados; el tipo penal básico para el delito de extorsión aplicable a toda la República, sus sanciones y agravantes, así como otros delitos vinculados en materia de extorsión.

Define las reglas, procedimientos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal del delito de extorsión, o las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que las autoridades deben implementar en sus ámbitos de competencia, para la prevención efectiva del delito de extorsión.

El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta ley “se investigarán y perseguirán de oficio”. La investigación, persecución y sanción del delito de extorsión estará a cargo de la Federación, cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional, en el Código Penal Federal o en cualquier otro ordenamiento que le otorgue competencia a la Federación.

También, cuando exista una sentencia, decisión o resolución de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos u órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte, en la que se determine la responsabilidad u obligación de éste, por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento del delito previsto en esta Ley.

Además, cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía o procuraduría de la entidad federativa la atracción del asunto, atendiendo a las características propias del hecho, a las circunstancias de su ejecución o a la relevancia social del mismo. Cuando la comisión de los delitos previstos en esta ley se encuentre vinculada con la delincuencia organizada se estará a lo dispuesto por la Ley de la materia.

Determina una pena de prisión que va de 6 a 15 años y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.


Tres conjuntos de agravantes

Establece 3 conjuntos de agravantes. El primero incrementa la pena base en hasta una tercera parte, si el sujeto activo manifieste su pretensión de continuar obteniendo un beneficio en especie, dinero o bienes, por concepto del cobro de cuotas o prestaciones de cualquier índole; se cometa en contra de quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados.

Asimismo, cuando el sujeto activo por sí o en representación de un sindicato, agrupación o asociación, sea real o simulada, coaccione a la víctima para que contrate, obtenga o adquiera de otra persona, ya sea física o moral, bienes, insumos o servicios para el desarrollo de su actividad comercial.

También, cuando le imponga a la víctima el precio de los productos, bienes o servicios que comercializa, el pago de la extorsión se deposite en una cuenta del sistema financiero mexicano o de cualquier otro país, y se emplee a un tercero sin que tenga conocimiento del hecho delictivo.

El segundo, de una tercera parte hasta la mitad de la pena si se comete en contra de una o varias personas migrantes o en contra de persona menor de 18 años, en estado de embarazo o mayores de 60 años; se utilice información privada de la víctima o de sus familiares, como datos personales, imágenes, audios, textos o videos, ya sean reales, manipulados o alterados, para coaccionarla.

De igual modo, se utilicen medios de comunicación a través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza o cualquier otro medio de comunicación electrónica, y por cualquier medio señale tener privada de la libertad a una persona, sin estarlo, y exija el pago de una determinada cantidad de dinero o beneficio en especie para su supuesta liberación.

El tercero, de la mitad hasta dos terceras partes cuando se emplee violencia física o moral para exigir el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional; se utilice violencia física, moral o psicológica para exigir el cobro de un daño ocurrido en algún objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente cualquiera que éste sea; intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia, forma o configuración de armas de fuego.

Igualmente, se tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos; el sujeto activo se encuentre privado de su libertad en un centro penitenciario a disposición de cualquier autoridad, independientemente de su situación procesal; se utilicen o empleen personas menores de edad, y se realice ocasionando daños en las instalaciones de comercios, negocios o bienes en propiedad o posesión de la víctima.

Además, la ley establece sancionar a todas aquellas personas que faciliten, sostengan, cooperen o auxilien dolosamente a la comisión del delito de extorsión y, a quien introduzca o intente introducir a un centro penitenciario algún dispositivo electrónico o sus componentes.

Precisa que “cualquier persona que sufra una extorsión podrá presentar una denuncia sin necesidad de revelar su identidad”, utilizando mecanismos como el número 089; en materia de investigación la policía actuará bajo el mando y conducción del Ministerio Público, con apoyo de personal pericial especializado y con acceso a mecanismos de inteligencia, así como a técnicas de investigación bajo control judicial como la intervención de comunicaciones o la revisión de información bancaria, y deberán atender también el uso de medios electrónicos como redes sociales, mensajería instantánea o plataformas digitales.

Además, en materia de ejecución penal “los sentenciados por extorsión no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena”, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia; las personas directoras de los centros penitenciarios deberán garantizar que las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tengan acceso a medios digitales o electrónicos, así como implementar procedimientos y tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación y de transmisión de voz, datos o imágenes dentro de su perímetro.

Prevé la reserva de identidad en las actuaciones judiciales, evitando la exposición de datos sensibles; el uso de mecanismos de disociación o anonimización que imposibiliten la identificación visual o auditiva durante las diligencias, y la posibilidad de participar durante el procedimiento a distancia mediante el uso de tecnologías. Incluso las notificaciones que deban dirigirse a la víctima podrán canalizarse a través de la persona asesora jurídica o del Ministerio Público, con el objeto de evitar todo contacto directo con los responsables del delito.

Establece la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (Centro), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya finalidad será fortalecer el vínculo con la ciudadanía, así como garantizar la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de denuncias presentadas, a través del número único 089.

En el régimen transitorio expone que, en los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el órgano jurisdiccional podrá efectuar la traslación del tipo en beneficio de la persona a sentenciar, de conformidad con la conducta delictiva de extorsión, sus modalidades o agravantes que se hayan acreditado.

Tratándose de persona sentenciada -aclara- el juez de ejecución podrá considerar la revisión de las penas que se hayan impuesto para efectuar, en su caso, la traslación del tipo, siempre que la conducta, modalidades o agravantes proceda y resultase en su beneficio.

Además, en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas procederán a hacer las reformas legales para armonizarlas con el presente Decreto.

Por su parte, los centros penitenciarios tendrán 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para establecer los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen a que se refiere el artículo 38 de la Ley General, y el Centro de Atención a Denuncias a entrará en funciones a más tardar en 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cárteles de policías

Aunque parecería imposible que un narcotraficante denunciara el robo de un cargamento de droga, dadas todas las alertas, banderas rojas, inconsistencias, surrealismo, impunidad, corrupción, irracionalidad y sinvergüenzada que eso implica… sucedió. En el México lindo y querido, en el Estado 29 y en la mismita Tijuana. El colmo: los ladrones de droga fueron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Los hechos sucedieron más o menos así: narcotraficantes “independientes”, es decir que no están afiliados a cártel con actividad criminal en la región, y que se van por la libre (o sea sin pagar piso a otros criminales como ellos), transportaron un cargamento de 180 kilogramos de cocaína hasta la frontera de Tijuana. “Alguien” -o sea, un afiliado criminal de una célula del Cártel de Arellano Félix- advirtió la llegada de la droga y compartió tal información con un “policía amigo”, que, a su vez, orquestó a media docena o más de agentes de la FESC, para robar la droga que había llegado doblemente irregular a la entidad: primero porque, pues, es ilegal el transporte de drogas; y segundo porque lo hicieron al margen de los cárteles, sin darles la tajada que les corresponde.

Al modo, los agentes se organizaron un operativo para ir y robar la droga, sabedores que podrían mantener la impunidad ante el hecho que asumían; nadie denunciaría el robo de la droga. En convoy oficial, utilizando unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, a las cuales les inhabilitaron los geoposicionadores y otras herramientas digitales, llegaron hasta la zona señalada y se llevaron la droga.

Pero lo impensable: sí hubo denuncia. No oficial, por supuesto (ahora sí sería el colmo), ni a través de las redes sociales que luego utilizan para el golpeteo criminal, y tampoco con una manta amenazante que es lo más usual. La denuncia llegó a las áreas de inteligencia que, en ambos lados de la frontera, cuentan con orejas criminales.

Dada la participación de solamente oficiales de la FESC en el hurto de la coca, las áreas de inteligencia dieron parte a los mandos de la Secretaría de Seguridad, y ahí, posterior al sábado 4 de octubre, día del robo de la droga, empezó una investigación que ha develado cómo la corporación de seguridad ciudadana está infestada de grupos criminales al servicio de distintos cárteles u organizaciones ilícitas.

La semana posterior al robo, varias mantas amenazantes fueron colgadas o abandonadas en sitios públicos, y en las mismas unos grupos acusan a otros: unos elementos señalan a otros más en lo que parecía ser el juego de la papa caliente entre las áreas de inteligencia, general, enlace, investigación, operación, de la Secretaría de Seguridad. Todos echándose los 180 kilos de cocaína los unos a los otros.

¿Existe alguna corporación que se salve de la corrupción y la infiltración del narco? Difícil saberlo, pero no imposible pensarlo. Lo que sucedió con el robo de la cocaína, teniendo a agentes de la FESC como los protagonistas, evidencia que más allá de servir al narco, hay policías que ya constituyen cárteles de la droga, aunque ésta sea robada.

Desafortunadamente no es la primera ocasión que agentes roban droga en Baja California. Ha sucedido con elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Ministerial del Estado, de las Policías Municipales, pero siempre había sido su participación en apoyo a los criminales; es decir, una célula de un cártel de las drogas que tiene un su ilícita nómina a policías de las diversas corporaciones, los utiliza en distintas tareas, por ejemplo, para que les informen de operativos en su contra y estar en posibilidades de huir a tiempo, o para que les abran camino en un trayecto por zona urbana cualquiera, o para que secuestren a adversarios criminales, o para que los aprehendan. Pero en este caso los policías no iban de refuerzo de cártel o célula alguna, sino en su propio cartelito, organizados entre ellos mismos, y con las unidades oficiales que tienen asignadas.

Los hechos, finalmente, ya están siendo investigados por lo menos por la titularidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo del General Laureano Carrillo, y de las investigaciones internas se proveerá la información a la Fiscalía General de la República, donde se radicará la indagación dado que se trata de delitos contra la salud, o sea, implican drogas, aunque éstas hayan sido robadas a una célula criminal por parte de un cartelito de policías.

Lo surrealista de todo esto es que se iniciará una investigación por el hurto de droga a una célula criminal, no para dar con el cuerpo del delito y reparar el daño a los criminales dueños de las drogas, sino para sancionar a parte de una corporación que, de manera deshonesta, falta a su compromiso de servir brindando seguridad a los ciudadanos, robando a los criminales para obtener un provecho, en lugar de investigar, confiscar, reportar, detener, perseguir a los traficantes de droga y ponerlos a disposición, acciones que habrían sido las correctas una vez que se enteraron de la ubicación de un cargamento de droga. Pero no; como vil cartelito de policías, prefirieron robársela.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Corrupción y fuerzas de seguridad

En BC, proceso de depuración deficiente arroja 78% de policías con exámenes de confianza aprobados, pero protocolos y resultados del C3 ignorados

El robo de 180 kilos de cocaína, ejecutado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) el 4 de octubre del 2025, en la Zona Este de Tijuana, y corroborado por autoridades en ambos lados de la frontera, por enésima ocasión, obliga a los integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California a reconocer las deficiencias existentes en materia de depuración policiaca, en la utilidad del C3 y en la manera en que están ignorando protocolos y resultados.

El secretario de Seguridad de Baja California, el General Laureano Carillo, finalmente reconoció que por el tema ya tiene a 14 elementos suspendidos y están investigando “el posible mal uso de las patrullas y el equipo táctico”, aunque evidentemente el problema es más profundo.

La delincuencia organizada, la colusión de elementos estatales-federales y municipales con operadores de los cárteles en distintas actividades criminales, como “bajes” o custodia de cargamentos de enervantes, privaciones de la libertad y homicidios, durante décadas ha sido harto conocida por los bajacalifornianos y mexicanos en general. Les han cambiado el nombre a las corporaciones, pero las “mañas” permanecen y los exámenes de confianza no parecen ni contenerlos, ni detectarlos.

A largo plazo, incluso los “operativos de depuración” han servido de poco. En 2007 desarmaron a la policía de Tijuana, y entre 2008 y 2009 detuvieron a agentes municipales y estatales que liberaron años después.

Bajo el gobierno de Marina Ávila, el año pasado entre septiembre y octubre, 162 policías de la zona Sur del Valle de Mexicali fueron desarmados para ser evaluados; el 90 por ciento aprobaron y 16 agentes resultaron dudosos. Le siguieron en enero del 2025 con la policía municipal de Tecate; de los 189 agentes activos, 100 reprobaron, y en agosto informaron que 90 habían sido reinstalados después de una segunda batería de exámenes del C3, pero antes reconocieron que muchos de los no aprobados ni siquiera habían sido suspendidos.

A Rosarito le tocó entre marzo y abril. Los 264 agentes rosaritenses fueron retirados del servicio para ser examinados, y el 40 por ciento (122 elementos) resultaron reprobados y removidos, pero 33 ya están en proceso de ser reinstalados. Entre los 142 aprobados estaban Eusebio Eriberto Frausto Flores, Rosendo Valenzuela Ortega y Jorge Abel Díaz Estrada, los tres uniformados detenidos el pasado 3 de septiembre por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Estatal (SSPC), con orden de aprehensión por su presunta participación en una desaparición del año 2024.

El plan expuesto por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Laureano Carrillo, al llegar en enero del presente año, fue que esa depuración alcanzaría a todos los municipios. En el resto de las ciudades también retirarían a los municipales y los suplirían con agentes estatales, pero dadas las circunstancias, resulta obvio que valdría empezar por reevaluar a la FESC.

El 30 de junio del 2025, el Centro de Evaluación de Control de Confianza para el personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública en México, presentó el informe de Seguimiento de Evaluaciones a Personal Estatal y Municipal y reportó que en Baja California, de una fuerza total de nueve mil 231 elementos, el 78 por ciento (léase siete mil 149) tenían los exámenes aprobados vigentes, 359 los habían reprobado, y el resto (mil 723) o estaban pendientes de resultados o les faltaba hacer las pruebas.

De acuerdo a estos números, en junio pasado había 52 agentes de la FESC no aprobados, de los cuales se ignora el destino, pero a la fecha el secretario de Seguridad no ha informado que ninguno de los 16 agentes suspendidos e investigados esté en los reprobados, lo que también evidenciaría la ausencia de controles.

La misma estadística detalló que nacionalmente existen nueve mil 159 mandos, de los cuales seis mil 480 reportaban los exámenes aprobados vigentes y 526 habían reprobado. Pero no sabemos si algunos de ellos son de Baja California, y también se desconocen los resultados de las pruebas de los mandos militares, dado que esas las realiza la Sedena; por ejemplo, el exdirector de la policía de Mexicali, Teniente Coronel, Julián Leyzaola, (marzo-julio 2025), se retiró del cargo sin entregar las evidencias de sus exámenes aprobados.

En junio del 2022, cuando Octavio Andrée Espino Torres, asistente del jefe de la oficina del exfiscal Ricardo Carpio, fue aprehendido al intentar cruzar la Garita de San Ysidro con 29 kilos de metanfetamina, los primeros reportes indicaron que había aprobado los Exámenes de Control, pero había sido observado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).


Brenda Valdez Jaramillo, entonces directora del C3, confirmó que Espino había aprobado sus exámenes en noviembre de 2021, pero informó que no había sido evaluado para su promoción a la oficina del fiscal, y sus pruebas vigentes no eran suficientes para darle “acceso a información sensible o manejo de recursos” que tenía en la oficina de Carpio; y esa indicación, ignorada por los jefes, estaba considerada en el protocolo.

Valdez compartió en aquel momento que “… los criterios para aprobar se han hecho más flexibles a nivel nacional, por ejemplo, si los elementos examinados fueron sujetos a una averiguación previa años atrás, ya no lo consideran antecedente; si los viejos elementos mintieron en su escolaridad para ingresar, les permiten estudiar y acreditar la escolaridad; si tienen parientes delincuentes o los han visitado en prisión, no les afecta para ser rechazados porque no son el sujeto activo del delito, pero se incluye en expediente como contexto”, y en lugar de reconsiderar estos errores, la funcionaria fue removida del cargo.

Ahora, las denuncias de los constantes acto de corrupción de los uniformados evidencian nuevamente, la urgente necesidad, primero, de tomarse en serio los protocolos y resultados del C3 que son ignorados y evadidos constantemente; y segundo, de reevaluar y reformar, crear, idear procesos de depuración, que sí sean efectivos.

FUENTE: SEMANARRIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Sinaloa: Abaten a 7 presuntos delincuentes en Tepuche, relacionados con el asesinato de un militar

Medios locales refirieron que los presuntos delincuentes eran señalados por participar en la emboscada del 16 de octubre pasado donde perdió la vida el mando militar, Mayor Jesús O. B, conocido como "Nocturno".

Autoridades de seguridad estatales y federales aseguraron armamento, municiones y equipo táctico, y abatieron a siete presuntos delincuentes en la zona norte de Culiacán, en un operativo conjunto realizado este martes.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el suceso ocurrió durante  reconocimientos de seguridad en las inmediaciones de Tepuche y Agua Blanca.

En el lugar, los policías estatales detectaron un asentamiento clandestino con personas armadas, y solicitaron apoyo militar terrestre y aéreo.

Al arribar las unidades, los presuntos delincuentes intentaron huir mientras disparaban contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

El Grupo Interinstitucional también fue objeto de dos ataques armados adicionales, que igualmente fueron repelidos, detalló el comunicado.

El operativo dejó a siete personas reducidas, cada una con un arma larga; seis armas largas AK-47 abandonadas en el terreno; 21 cargadores; 790 cartuchos calibre 7.62 x 39 y diverso equipo táctico asegurado.

Tras asegurar la zona, las autoridades pusieron todos los indicios a disposición de la Fiscalía General de la República.

El comunicado destaca que las labores de seguridad continúan de manera terrestre y aérea, con apoyo de una aeronave Black Hawk.

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Medios locales refirieron que los presuntos delincuentes eran señalados por participar en la emboscada del 16 de octubre pasado, en la que perdió la vida el mando militar, Mayor Jesús O. B, conocido como “Nocturno”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Harfuch comparece ante diputados; niega nuevo atentado y aborda seguridad en Sinaloa

La pacificación de Sinaloa es una prioridad para el Gobierno de la Presidenta claudia Sheinbaum, afirmó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó este lunes que sí es posible pacificar al estado de Sinaloa, además de que negó haber sido víctima de un nuevo atentado.

El Secretario de Seguridad acudió a la Cámara de Diputados para una comparecencia ante las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención ante las legisladoras y legisladores, el funcionario reconoció que la situación de violencia en Sinaloa no se ha resuelto, pero confió que el estado se va a pacificar; además, recalcó que para lograrlo es necesario fortalecer a las fiscalías y policías estatales.
“De junio para acá, julio para acá, perdón, como usted puede ver en los datos ha habido, tenemos una tendencia a la baja. Sin embargo, por instrucciones de la Presidenta, se ha hecho un nuevo reforzamiento, acabamos de estar ahí el General Secretario y el Almirante Secretario, donde se dejó y se pusieron más tropas, más personal y, sobre todo, más cédulas de investigación”, dijo García Harfuch.
El titular de la SSPC recalcó que pacificar Sinaloa es una prioridad para el Gabinete de Seguridad y para la Administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

García Harfuch niega atentado en su contra

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, negó que haya sido víctima de un atentado, como se dio a conocer en varios medios nacionales, sin embargo, reconoció que ha habido varias amenazas de ataques en su contra, las cuales fueron descartadas.
“No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre", afirmó.
De acuerdo con una columna del periodista Raymundo Riva Palacio, el Secretario de Seguridad fue blanco de un atentado en una casa de Polanco, en la Ciudad de México, el pasado mes de septiembre; sin embargo, el funcionario explicó que dicho inmueble es una oficina y no su casa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

La Fiscalía General de Durango confirmó este lunes el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, en ese estado en el norte de México, y quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.

El cuerpo de Beltrán Martínez, de 60 años, fue hallado sin vida con huellas de violencia y un mensaje amenazante en la carretera que conecta el estado de Durango con el vecino estado de Sinaloa, en el occidente, según reportaron medios locales.

Su hijo identificó el cuerpo el domingo cuando este había sido trasladado a las instalaciones forenses.

En la actualidad, Beltrán contaba con un perfil en la red social TikTok en el que difundía información del estado de Durango bajo el nombre de ‘Capo’.

El comunicador, de 60 años, había sido colaborador de medios como Contexto de Durango y La Voz de Durango, y también trabajó como reportero policíaco y cronista deportivo.

En 2025, siete periodistas han sido asesinados en México, según la organización de defensa de la libertad de expresión y derecho de la información, Artículo 19.

Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodista afirma que recibió evidencia del padrón de 2024 vinculada a posible hackeo del INE

Ignacio Gómez Villaseñor señaló que la muestra del padrón electoral de 2024 enviada por el grupo atacante fue analizada por un especialista, quien confirmó que los datos son distintos a la filtración ya conocida de 2018.

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor ofreció una actualización sobre la investigación del presunto hackeo a los sistemas del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que pudo confirmar con el grupo Sc0rp10n que una de las capturas difundidas por este corresponde a un manual interno del instituto del que no existía acceso público.

Según explicó, tuvo acceso al documento en formato PDF y comprobó que “el manual del INE al que se hace referencia no cuenta con ninguna liga pública; es decir, el atacante tuvo que acceder a él mediante un ataque”.

Gómez Villaseñor indicó que el grupo atacante reconoció que la captura provino directamente de ese manual y que su acceso se logró tras intervenir el sistema.

En sus palabras, el material permitió conocer a Sc0rp10n “cómo operaba la configuración interna de las VPN del Instituto”. Además, el comunicador precisó que el atacante dejó visible “la leyenda del INE y de la Dirección de Tecnología en la captura, pues no buscaba hacer pasar ese documento como una cuenta comprometida, sino mostrar que se trataba de material no público”.

Tras la respuesta del INE, el periodista señaló que Sc0rp10n le envió lo que afirmó ser evidencia del padrón electoral actualizado a 2024, “es decir, una filtración que, hasta el momento, no ha sido pública, a diferencia de la ya conocida de 2018, reconocida en varias ocasiones por las autoridades electorales”.

Para corroborar la información, Gómez Villaseñor dijo que consultó a Nicolás Azuara, analista en ciberseguridad, quien evaluó la muestra enviada por el grupo. Dijo que el análisis de Azuara determinó que “las CURP incluidas en la muestra son válidas y no aparecen en la filtración de 2018”, y tras revisar los datos del supuesto padrón de 2024, concluyó que “parece ser válida”, tanto por su formato como por contener información no presente en la base de 2018.

El periodista dijo que, hasta el momento, el INE no ha determinado la procedencia de las demás imágenes publicadas por Sc0rp10n como evidencia, salvo la correspondiente al manual.

Aun así, recordó que, en su comunicado, el instituto reconoce la posibilidad de que exista un backdoor que permita algún tipo de acceso no autorizado e indicó que está llevando a cabo “todas las medidas técnicas necesarias para verificar exhaustivamente que no exista el supuesto backdoor”.

Los backdoors son las “puertas traseras” que permiten a un atacante mantener el acceso remoto y persistente a un sistema, incluso después de que se haya detectado una intrusión.

Gómez Villaseñor enfatizó que “resulta prematuro descartar un hackeo, como lo ha insinuado la autoridad electoral, dado que las auditorías a sus sistemas aún no han concluido”. Agregó que dichas revisiones deberían hacerse públicas para “garantizar certeza y transparencia, y evitar que se repita un intento institucional por encubrir un posible ciberataque”.

El periodista agradeció a los medios de comunicación que han considerado ambas posturas y aclaró que su objetivo principal es informar sobre un posible ataque que podría tener serias consecuencias para México. Añadió que su actual viaje fuera del país ha limitado su comunicación, pero que continuará publicando actualizaciones en la medida de lo posible.

En sus mensajes anteriores, Gómez Villaseñor no descartó la existencia de backdoors en la red del INE luego de que el organismo señaló en un comunicado que “no existe evidencia de vulneración ni indicios de actividad anómala en los sistemas institucionales”.

Antecedentes de la denuncia

El caso se originó con una serie de publicaciones realizadas por Gómez Villaseñor el pasado sábado en la red social X, en las que advirtió sobre un presunto hackeo a los sistemas internos del INE por parte del grupo de ciberdelincuentes conocido como Sc0rp10n.

En su primera publicación, el periodista calificó el hecho como “el peor hackeo en la historia del INE”, al asegurar que dicho grupo había puesto en venta el “acceso TOTAL a los servidores internos” de la institución.

De acuerdo con Gómez, los atacantes afirmaron haber sido contratados por un partido político hace aproximadamente un año. En una de las capturas compartidas por el periodista se lee: “Hola, hoy estamos aquí para ofrecer uno de nuestros activos más valiosos. Como saben algunos de nuestros clientes más privados, un partido político nos contrató hace un año para extraer algunos datos famosos de este Instituto. No voy a declarar públicamente qué tipo de datos son, pero pueden imaginarlo”.

El comunicador afirmó que la evidencia difundida por el grupo “es bastante contundente” y que los atacantes “instalaron backdoors avanzadas y silenciosas en su red”, lo que, según dijo, haría que el instituto “no pudiera encontrarlas, incluso sabiendo que fueron hackeados”.

Añadió que el ataque significaría “una intrusión total en la red operativa del INE con posibilidad de manipular o exfiltrar información sensible”, entre la que mencionó datos del padrón o listado nominal, credenciales de acceso de personal, documentos administrativos y comunicaciones técnicas.

El periodista indicó no tener información sobre el partido político que habría financiado el ataque ni sobre el costo de los accesos ofrecidos por el grupo.


En publicaciones posteriores, Gómez Villaseñor indicó que “la cuenta y la red VPN comprometida eran reales” y que, de acuerdo con sus fuentes, “fueron eliminadas hace aproximadamente un año, justo durante el periodo electoral”, lo que coincidiría con la versión del atacante sobre la fecha de su presunta contratación.

Según el periodista, las redes actuales del INE ya cuentan con autenticación multifactor (MFA), implementada tras aquella depuración, pero “este mecanismo depende directamente de las cuentas de correo institucional de los empleados”, y existen “filtraciones con cookies de sesión activas que permitirían ingresar a esos correos y obtener el código de validación del MFA”.

Gómez Villaseñor sostuvo que especialistas en ciberseguridad consideran “técnicamente viable lo descrito por Sc0rp10n respecto a la creación de nuevas VPN dentro de la infraestructura comprometida”, mediante “túneles UDP sobre DNS”, una técnica que permitiría mantener comunicaciones encubiertas. “Aunque suene técnico -escribió-, estos elementos respaldan la veracidad del ataque” y explican “lo que realmente pudo haber ocurrido”.

El periodista insistió en que “el incidente es sumamente grave y el INE no debe minimizarlo”.

Respuesta del INE

Ante la difusión de la denuncia, el Instituto Nacional Electoral emitió un comunicado en el que reconoció que el evento al que se hacía referencia “corresponde a una incidencia registrada el año pasado, durante el periodo electoral, que fue atendida y contenida oportunamente”.

Señaló que las redes actuales “cuentan con autenticación multifactor (MFA) y otros controles de seguridad, fortalecidos a partir de esa fecha y que impiden el uso de accesos o credenciales previas”.
El INE precisó que hace dos meses realizó “una depuración total de las cuentas VPN activas”, complementada con la implementación del doble factor de autenticación para todo el personal con acceso remoto. Aseguró además que “a la fecha, no existe evidencia de vulneración ni indicios de actividad anómala en los sistemas institucionales”.

El instituto informó que sus áreas técnicas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su proveedor de ciberseguridad, mantienen una revisión preventiva y monitoreo permanente. Indicó que, aunque se analizaron “los supuestos datos publicados en la dark web”, hasta el momento “no se ha identificado información que pertenezca al INE ni evidencia que sustente las afirmaciones difundidas”.

Como medida adicional, un grupo de ingenieros se encuentra en oficinas centrales “realizando verificaciones técnicas sobre la infraestructura de comunicaciones y los componentes de seguridad en el segmento de red reportado”. El comunicado concluye que “se adoptarán todas las medidas técnicas necesarias para verificar exhaustivamente que no exista el supuesto backdoor mencionado”.

Periodista cuestiona postura del INE

Tras la publicación del comunicado del INE, Gómez Villaseñor señaló: El instituto “reconoce prácticamente todo lo que reporté: que la cuenta de VPN vulnerada fue eliminada, que ya implementaron MFA, entre otros puntos”.

Sin embargo, cuestionó que no se mencionara que “el propio sistema de MFA puede ser vulnerado, ya que lo vincularon a correos con credenciales previamente filtradas”.

El periodista también cuestionó que el INE mostrara “profundo desconocimiento técnico”, al afirmar que la evidencia había sido publicada en la dark web. “Aclaro que la publicación de Sc0rp10n no está en la dark web, como afirman, sino en un foro de la clearnet al que, por responsabilidad, no haré referencia para evitar su difusión”, escribió.

Además, advirtió que, según el propio atacante, este “mantiene acceso persistente a los sistemas” y que “en cualquier momento podría liberar nueva evidencia”, lo que dejaría “completamente expuesto” al instituto frente a “esta postura institucional tan lamentable”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.