El viernes 18 de julio, en el foro “Empoderamiento del gobierno comunal a través de 4º orden de gobierno”, que se llevó a cabo en Pátzcuaro, Michoacán, concejos comunales que son integrantes del Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas realizaron una acción política ante el gobernador Ramírez Bedolla y el próximo ministro presidente de la Suprema Corte De Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.
En la acción, con playeras negras con el impreso “Sin seguridad no hay justicia”, presentaron un escrito en el que se les exhorta a las autoridades atender de manera urgente y pronta la problemática de seguridad y violencia que vive la entidad. Sobre todo después de que el pasado 2 de julio la comunidad de Cherán Keri fue víctima de un ataque a manos del crimen organizado, en el que falleció un joven y otra persona resultó herida.
Asimismo, manifestaron su indignación con el gobierno del estado, pues en días pasados, el todavía titular de la Fiscalía General de Michoacán, Adrián López Solís, fue nombrado Notario Público Titular 178, en el estado con ejercicio en el Distrito Judicial de Pátzcuaro. López Solís, de acuerdo con el escrito, “ha sido señalado como uno de los responsables de la masacre ocurrida el 5 de abril en la comunidad de Arantepacua”, mientras él era secretario de gobierno del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.
Por su parte, al nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, se le pidió que se solidarice con sus luchas, pues esperan que el gobierno federal se involucre ante las múltiples problemáticas que afectan las comunidades indígenas de Michoacán. Es importante señalar que además, nuevamente expresaron su preocupación sobre el “lamentable” actuar del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), pues ha convocada a asambleas irregulares, reproduciendo a su vez actos de simulación en torno al desarrollo del plan de justicia para las comunidades purépechas.
Concretamente, el documento firmado por las comunidades de San Mateo Ahuirán y Cherán Atzicurín (municipio de Paracho); San Felipe de los Herreros (Charapan); Arantepacua (Nahuatzen); Santa Fe de la Laguna (Quiroga); La Cantera (Tangamandapio); Angahuan, Santa Ana Zirosto y Nuevo Zirosto (Uruapan); Isla de Janitzio (Pátzcuaro); Carapan (Chilchota) y San Francisco Peribán (Peribán), llaman a darle seguimiento a los acuerdos incumplidos por el gobierno del estado en materia de seguridad y establecer nuevas estrategias para atender la problemática.
Con anterioridad, en el 2022, estas comunidades habían firmado un convenio de coordinación con el gobierno de Ramírez Bedolla. Sin embargo, expresan que varios de estos acuerdos no han sido cumplidos. De manera adicional, mencionan que el apoyo del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz) no ha sido entregado en el 2025. Fortapaz es un programa que tiene como objetivo apoyar a los municipios y comunidades indígenas en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, a través de estrategias focalizadas basadas en los programas de prioridad nacional que comenzó en enero del 2022.
En el 2023, el programa, asegura el gobierno del estado, benefició a 78 municipios, 24 comunidades indígenas y seis instancias estatales, con una inversión de 841 millones de pesos del Fortapaz, de los cuales 804 son de aportación estatal y 37 municipal. Mientras que para el 2024, se destinó la cantidad de 665 millones 984 mil pesos de dicho fondo. Para el 2025, Bedolla comentó que para tener acceso al recurso, los municipios “debían cumplir con las reglas de operación”, estar al corriente con el pago de impuesto del 3% sobre la nómica, porque “de ahí provienen los recursos para el Fortapaz”. Sin embargo, varias comunidades aseguran que no ha recibido respuesta sobre este apoyo.
AUTOR: REDACCIÓN.
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