Hace un año, la marea verde tomó espacio en Michoacán, logrando la despenalización del aborto; no obstante, la lucha continúa, pues la criminalización y las múltiples barreras impuestas por el Estado siguen poniendo en riesgo el derecho de las mujeres a un servicio seguro, gratuito y accesible.
El 10 de octubre del 2024, el estado de Michoacán declaró que la interrupción del embarazo sería legal pero desde entonces la Fiscalía General del Estado, se han abierto 11 carpetas de investigación contra mujeres michoacanas.
El municipio que ha abierto más carpetas fue Morelia, con un registro de 6, seguido de La Piedad con un total de 2, y Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora con 1 caso investigado cada uno.
Además, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud, en Michoacán se registraron 24 muertes maternas, de las cuales se destacó que el aborto ha sido una de las principales causas de fallecimientos.
Sumado a ello, en entrevista con Cimacnoticias, Fernanda Serrato, integrante de Defensoras Digitales Michoacán, denunció las múltiples trabas que siguen enfrentando las mujeres para acceder al aborto, pues declara que las instituciones de salud cuentan con una nula capacidad para proporcionar un servicio óptimo.
Esto se ha visto reflejado en la falta de hospitales que cuentan con personal capacitado, falta de protocolos, violencia obstétrica y la centralización del servicio, que deja afuera a todas aquellas que residen lejos de la capital.
Asimismo, uno de los grandes retos que han enfrentado es la objeción de conciencia, por lo que el personal de salud ha llegado a negarles el servicio bajo el argumento de que va en contra de su moral; sin embargo, asegura la defensora, que si un médico se niega, deben asegurar que otro proporcione el servicio, situación que no ha ocurrido en Michoacán.
Cabe destacar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su texto Directrices sobre la atención para el aborto, se ha recomendado a los Estados que regulen la objeción de conciencia para proteger el acceso integral a este servicio. Dado que deben asegurarse de ofrecer las mejores prácticas clínicas internacionales y proteger a las mujeres que soliciten un aborto, están obligados a garantizar que la negativa del personal de salud no socave ni obstaculice el acceso a un aborto seguro y de calidad.
Además de la criminalización judicial que aún enfrentan en la entidad, la criminalización social no se ha eliminado, por lo que persisten los estigmas y la discriminación contra aquellas que deciden ejercer su derecho. Esta situación resulta alarmante, pues las michoacanas no solo no reciben apoyo institucional, sino que la misma sociedad se interpone contra sus derechos.
El haber logrado la despenalización del aborto, pese a que ha sido un logro que ha querido adjudicarse el gobierno, señala que el movimiento feminista luchó por él desde 2018, situación que advierte no se les ha otorgado el crédito, pues se ha politizado la causa, olvidándose de garantizar el aborto en su totalidad, por lo que ahora nuevamente son los movimientos sociales los que seguirán luchando para que esto se materialice.
Ante ello, Fernanda exige a las autoridades que, en cuanto a infraestructura y equipamiento, los hospitales cuenten con instalaciones adecuadas, instrumentos y todos los insumos necesarios, incluyendo los más básicos en materia de higiene y salud. Señala que la escasez de insumos y la falta de espacio en algunos lugares afectan directamente la atención que se brinda a las pacientes.
Además, al tratarse de una decisión compleja, considera indispensable contar con psicólogas o psicólogos que puedan proporcionar una atención adecuada y especializada.
Finalmente, en materia de prevención, solicita que la atención de salud sexual y reproductiva se imparta con perspectiva de género, y que se establezca por ley la obligación de implementar capacitaciones dentro de las instituciones para eliminar estigmas y garantizar que las pacientes no sufran tratos indignos.
No es un hecho aislado
Esta situación no es nueva, ni aislada. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ya había señalado que el IMSS cuenta con una norma interna que impone requisitos adicionales que obstaculizan el acceso al aborto durante las primeras doce semanas de gestación.
En su informe “Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México”, GIRE reportó que en junio de 2023 interpuso un amparo contra dicha norma, que antes solo aplicaba en casos de violación, pero que ahora se ha extendido a todos los casos.
Entre los requisitos impuestos por el IMSS, se encuentran: obligar a las mujeres a realizarse un ultrasonido, presentar una opinión jurídica, contar con la firma de dos testigos o con una orden de un juez o agente del Ministerio Público.
Cimacnoticias previamente ya ha documentado que en estados como Zacatecas, mujeres que han acudido a unidades médicas que presuntamente brindan “aborto seguro» se les ha indicado que, para poder acceder al procedimiento, ellas mismas deben comprar su medicamento.
De igual forma, la criminalización del aborto en Veracruz ha ocasionado que, en su mayoría, las instituciones de salud no sigan métodos y protocolos correctos; haya desabasto de medicamentos abortivos; se haga revictimización y falta de empatía en el trato médico; y exista desinformación sobre la ruta de acceso a un aborto.
También se tiene identificado que el estado de Oaxaca sigue enfrentando dificultades en el ámbito operativo para que el acceso al derecho a decidir sea una realidad. Entre los principales problemas se encuentran la falta de información adecuada, insuficiencia de medicamentos necesarios o que los plazos para realizarlo no alcanzan en relación a las distancias geográficas de las unidades de salud.
