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» » » » A Gertz se le caen todos los casos y siempre tiene a quién culpar: jueces, la UIF...

Desde su llegada, en 2019, Gertz Manero tuvo en la mesa investigaciones clave vinculadas al sexenio de Enrique Peña Nieto: la Estafa Maestra, el caso Odebrecht, los contratos con OHL, la compra del sistema de espionaje Pegasus y el caso Ayotzinapa, entre otros. Con el paso del tiempo, se sumaron otros expedientes a los que se les atribuyó gran impor    tancia, como la investigación del operativo “Rápido y Furioso”, que se proyectaba incluso como un camino hacia la judicialización del expresidente Felipe Calderón, además del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Sin embargo, todos estos casos se han estancado con el tiempo. La Fiscalía no ha logrado concretar ninguna sentencia relevante contra funcionarios públicos de alto nivel.

Alejandro Gertz Manero lleva seis años y medio al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), y su gestión ha brillado no por resultados, sino por la ausencia de los mismos. A pesar de haber llegado al cargo respaldado por el Senado y de la mano del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador —quien asumió el poder con una firme promesa de combate a la corrupción—, la FGR no ha logrado sentencias contra funcionarios clave en casos de alto perfil y él siempre culpa a otras instancias por esto.

Desde su llegada, en 2019, Gertz Manero tuvo en la mesa investigaciones clave vinculadas al sexenio de Enrique Peña Nieto: la Estafa Maestra, el caso Odebrecht, los contratos con OHL, la compra del sistema de espionaje Pegasus y el caso Ayotzinapa, entre otros. Con el paso del tiempo, se sumaron otros expedientes a los que se les atribuyó gran importancia, como la investigación del operativo “Rápido y Furioso”, que se proyectaba incluso como un camino hacia la judicialización del expresidente Felipe Calderón, además del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Sin embargo, todos estos casos se han debilitado o estancado con el tiempo. La Fiscalía no ha logrado concretar ninguna sentencia relevante contra funcionarios públicos de alto nivel.

Aunado a ello, cuando se le ha cuestionado al fiscal sobre sus pendientes, él ha optado por señalar a otros, principalmente al Poder Judicial, pero más recientemente a la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando el nombre de Enrique Peña Nieto volvió a salir en la escena pública la semana pasada, luego de que la prensa de Israel publicara un reportaje en el cual revela que los vendedores del sistema de espionaje Pegasus habrían dado un soborno de 25 millones de dólares al expresidente mexicano para permitir la operación del software en el país, una situación que Peña Nieto negó.

Frente a la publicación del reportaje, Gertz Manero dijo que desde el inicio del sexenio pasado se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero que no se habían logrado corroborar con las pruebas suficientes. No obstante, el Fiscal argumentó que las nuevas evidencias dan lugar a una investigación más sólida.

Pero, además de eso, el Fiscal fue cuestionado con respecto a las otras investigaciones que existían, al menos tres, contra el priista y que llevaban años sin judicializarse. Se trata de al menos tres carpetas de investigación por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, derivados de diversas denuncias que incluyen a la empresa OHL por posibles delitos patrimoniales y electorales, las cuales, incluso, la FGR informó de su existencia desde el año 2022.

Respecto a las otras investigaciones contra el priista, el Fiscal dijo que no se han judicializado porque no se han ratificado las denuncias y porque no le entregaron las pruebas. Además, se justificó diciendo que habían vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran todos los elementos para poderlo judicializar, pero que no han ido a ratificar la denuncia.


Analistas y especialistas en derecho que han seguido de cerca la gestión de Gertz Manero coinciden en que su papel ha sido desafortunado. El Fiscal, quien durante años se mantuvo en un bajo perfil y evitó la exposición pública —hasta  la llegada de Claudia Sheinbaum— ha sido descrito por sus críticos como un funcionario que se ha dedicado a “administrar la impunidad”.
“Ha sido pésima su función al frente de la Fiscalía, y cuando ha impulsado reformas, han sido reformas regresivas y nada transparentes respecto al trabajo de la Fiscalía. Estos casos Odebrecht, la Estafa Maestra, OHL y Ayotzinapa. El caso de Rosario Robles es una derrota; o sea, es una derrota judicial. Sabemos que fue absuelta y siempre la narrativa pública es que el problema fueron los jueces y que los jueces fueron corruptos, pero nunca se revisa cuáles fueron los méritos de la Fiscalía para presentar el caso”, recordó Luis Eliud Tapia Olivares, abogado e investigador.
La abogada Estefanía Medina, cofundadora de Tojil, organización dedicada al estudio del combate a la corrupción e impunidad, calificó como preocupante la gestión de Alejandro Gertz Manero, al señalar que, desde el inicio, ha sido evidente la falta de acciones concretas y resultados en los casos de alto impacto del país.
“Desde el inicio de su gestión, durante su curso también, hemos venido manifestando que estos casos (de alto perfil) son prácticamente prioridad a nivel nacional y desafortunadamente no se ven resultados y mucho menos acciones concretas para poder atenderlos”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
Uno de los ejemplos más claros, detallaron los especialistas, es el caso de Emilio Lozoya, que ha tenido sanciones en Estados Unidos y en varios países de América Latina, “menos en México”. A pesar de tratarse de un asunto de prioridad nacional, la FGR ha sido, en sus palabras, ineficiente. “Resulta bastante preocupante ver una Fiscalía que es completamente inactiva o inerte ante los casos que son de gran relevancia y trascendencia social para nuestro país”, destacó Medina.

En tanto, el abogado Luis Tapia coincidió en que, desde el arranque de la administración de Gertz, la FGR ha caído de desacierto en desacierto. “Cuando él llega se plantea ciertos objetivos prioritarios. Él dice, por ejemplo, que uno de sus temas importantes sería el caso de Ayotzinapa, la Estafa Maestra, el caso Odebrecht y, sin embargo, con los años hemos visto cómo los casos que él consideraba prioritarios se fueron cayendo”.

Apenas el pasado 25 de febrero, justo un año después de que Emilio Lozoya se fue a su casa bajo arresto domiciliario, Alejandro Gertz Manero dijo que la causa penal seguía vigente, pero acusó que el proceso contra Emilio Lozoya Austin estaba detenido por trabas judiciales; afirmó que estaba enfrentando "chicanadas" que impedían su resolución.


En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EU reveló que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica, incluido México. El principal implicado en México es Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, quien habría recibido cuatro millones de dólares para financiar la campaña presidencial a cambio de contratos con la empresa.

La declaración de Odebrecht ante tribunales estadounidenses mencionó a cinco funcionarios mexicanos, y el exdirector de la empresa en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, confirmó los pagos a Lozoya. En 2020, Lozoya acusó a varios políticos y expresidentes, como Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, aunque todos negaron los señalamientos y algunos presentaron denuncias en su contra.

Pese a las acusaciones, ninguno de los implicados ha sido sancionado. Lozoya fue el único en pisar la cárcel, pero desde febrero de 2024 cumple arresto domiciliario mientras continúa su proceso por el caso Odebrecht. Cuestionado por el caso, en febrero pasado, Gertz Manero señaló que el caso Lozoya es un ejemplo de las fallas en el Poder Judicial, ya que acusó que el proceso está anquilosado por decisiones de los jueces.
"El individuo está sujeto a proceso. En un momento dado, había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos, e inmediatamente un juez le dio libertad procesal. En eso estamos", declaró Gertz Manero en ese entonces, pero hasta la fecha no ha vuelto a informar sobre el caso.
Precisamente, para el abogado Luis Tapia, uno de los rasgos que define a la gestión de Gertz es su resistencia a asumir la responsabilidad que le corresponde como Fiscal, argumentando que incluso no se le entregan las pruebas suficientes; una postura que –consideró el especialista– retrata perfectamente los vicios de los Ministerios Públicos que no quieren trabajar y que esperan que las víctimas y los denunciantes les hagan su labor de buscar las pruebas.
“Es un funcionario de la vieja escuela, que no transparenta su función, que da un peso excesivo a quien presenta la denuncia y no asume que su deber es investigar los delitos. Desde hace años Gertz ha declarado públicamente: 'A mí preséntenme todas las pruebas o no inicio una investigación'. Eso es natural para cualquier Fiscal. Eso lo recuerdo desde hace años, y retrata al Ministerio Público típico que no quiere trabajar, que quiere que le lleven todas las pruebas, que los testigos ya estén presentes y no quiere mover un dedo para hacer lo que es su trabajo, que es investigar la comisión de delitos”, dijo Tapia.
El especialista recalcó que esa postura, además, es errónea, ya que precisamente para eso la FGR tiene una policía investigadora, la cual debe investigar, buscar las evidencias, llevar ante las autoridades judiciales los casos y judicializarlos cuando haya suficientes elementos.

Según el especialista, esta lógica se reprodujo en diversos casos, como el de Pegasus, el sistema de espionaje del Grupo NSO, cuya primera denuncia data de 2016, pero que tuvo nuevas denuncias en años posteriores, ya bajo la gestión de Gertz. A pesar de ello, el Fiscal continuó actuando con evasivas. “Dijo ahora que va a pedir que ratifiquen la denuncia a raíz de lo que se publicó en un medio israelí sobre Peña Nieto, pero eso es solo una forma más de evitar asumir su responsabilidad”.

Por su parte, Estefanía Medina coincidió en que es lamentable que Gertz Manero, cuando se le exige rendir cuentas, constantemente responsabilice a otras instancias, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señalando que las denuncias le llegaban sin pruebas. Para la especialista de Tojil, esa postura, además de ser criticable, revela un problema mucho más grave: que ni siquiera tiene el conocimiento de lo que debe hacer la institución a su cargo.
“Creo que, de entrada, hay un tema muy preocupante de concepto: tener claro qué le corresponde hacer a la FGR, y lo que le corresponde es investigar. Resulta muy grave porque parece que el fiscal piensa que debe recibir denuncias con los casos ya completamente investigados para llevarlos ante un juez, cuando esa es, precisamente, la labor que le compete”, explicó la especialista.
Y remató: “Estos pretextos solo evidencian o la falta de capacidad técnica para ejercer el cargo o la falta de voluntad para hacerlo de la mejor forma”.


Pero no se trata sólo de los casos prioritarios o de alto perfil, sino que los números también muestran la realidad de su gestión. Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, destacó –con base en información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal del Inegi– que, desde que Gertz asumió la titularidad de la FGR, ese organismo que encabeza ha recibido menos denuncias y ha iniciado menos carpetas de investigación.
“Lo que vemos es que realmente todo está atorado en la Fiscalía. Para empezar, en este periodo Gertz recibió menos denuncias y de esas denuncias la mayoría se siguen quedando en la Fiscalía”, dijo.
Uno de los datos más significativos está en los delitos del sector financiero. En 2018, por delitos contemplados en la Ley de Instituciones de Crédito —que castiga prácticas ilícitas del sector bancario y financiero—, se abrieron 10 mil 221 carpetas. Para 2024, el número se desplomó a apenas 2 mil 175 casos.

Para la especialista, esta reducción, más allá de ser estadística, refleja un abandono en la persecución de delitos de cuello blanco. “Esto sí nos habla de que estos delitos sí tuvieron una disminución importante durante la gestión de Gertz en términos numéricos y generales”, apuntó.

En tanto que para Luis Tapia otro indicador es el alto número de órdenes de aprehensión que se quedan pendientes. De acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2024, elaborado por el INEGI, al cierre del año 2023 la FGR tenía 9 mil 179 órdenes judiciales pendientes de cumplimiento. Para Tapia, esto refleja la incapacidad de la institución para actuar incluso en sus funciones básicas.
“Y te diría: si lo juzgamos por los casos prioritarios, lo ha hecho mal, y si lo juzgamos por las cifras generales, también lo ha hecho mal”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

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