domingo, 13 de septiembre de 2015

Dan 25 años de cárcel a secuestradores exprés que se ostentaban como federales

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal logró una condena de 25 años de prisión para dos individuos que simularon ser policías federales y secuestraron a los operadores de una grúa en la colonia Torres de Padierna.

De acuerdo con el fallo del juez 53 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, Javier Martínez Martínez y Joaquín González Ruiz pagarán multa de 259 mil 040 pesos.

Ambos son penalmente responsables del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés calificado.

Según la causa penal 165/2013, el 25 de julio de 2013 los agraviados recibieron una llamada telefónica en la que les solicitaban el servicio de arrastre en la calle de Pichucalco.

Al llegar al lugar encontraron un vehículo con el cofre abierto, marca Chrysler Cirrus, color negro, de donde descendieron estos sujetos, quienes aseguraron ser elementos policiales y con armas de fuego los subieron al coche y emprendieron la marcha.


Los ahora sentenciados exigieron a los afectados una considerable suma de dinero para liberarlos o de lo contrario los acusarían por narcomenudeo y trata de personas, pero al llegar a la calle 6, colonia Carrasco, los ofendidos pidieron apoyo de una patrulla de Seguridad Pública que pasaba por el lugar y fueron detenidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Mal archivados y ‘perdidos’, documentos del 68 y la Guerra Sucia

MÉXICO, D.F: Parte de los informes de inteligencia del gobierno mexicano durante el Movimiento del 68 y la Guerra Sucia están “extraviados”.

Los documentos sobre crímenes durante esas etapas de la vida del país carecen de clasificación ya que están mal archivados, de acuerdo con el diario Reforma.

La publicación precisa que durante el mes de agosto se resolvió una serie de recursos de revisión contra la Procuraduría General de la República (PGR), sobre solicitudes de cifras de homicidios, tortura y desapariciones forzadas desde 1960 a la fecha.

La dependencia respondió que la información no se encuentra en sus archivos.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la PGR buscar en los archivos que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) entregó a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, del INAI, recordó en entrevista que en julio de 2014 la PGR advirtió que el envío de datos de la Femospp presentó irregularidades y hay expedientes que se quedaron en la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN).

En aquella ocasión el particular se inconformó con una respuesta de la PGR a cifras de delitos cometidos durante la llamada Guerra Sucia, toda vez que éstos no coinciden con los del AGN.

Acuña Llamas advirtió de que no hay garantía de que la información que se encuentra en el AGN se hubiese clasificado correctamente.

“Hubo envíos que no fueron ordenados porque por decreto presidencial fueron enviados allá como si fuera un cajón o una bodega y así llegaban cajas y cajas, entonces tampoco el Archivo… quizá no ha podido ordenar todos los fondos que le fueron depositados de forma tan arbitraria y tan descomedida”.

Los archivos de la Femospp incluyen información reservada en poder de la Secretaría de Gobernación (Segob) y resguardada en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en su archivo histórico, agrega el diario Reforma.


También mil 653 legajos entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 15 expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y dos más de la Dirección General de Derechos Humanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hallan un ejecutado atrás del Aeropuerto de la Ciudad de México

MÉXICO, D.F: Un hombre fue encontrado muerto esta mañana junto a la banda perimetral del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El cuerpo de la víctima, de entre 25 y 28 años, presentaba una herida de bala en el cráneo y se hallaba sobre la Vía Exprés Tapo, en la delegación Venustiano Carranza.

El hombre vestía playera azul cielo, bermuda blanca y tenis azules.

Policías capitalinos acudieron al lugar tras recibir un reporte anónimo sobre la presencia del cuerpo.

El hallazgo se notificó al personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que diera fe de lo ocurrido e iniciara la investigación correspondiente.


El cuerpo fue retirado poco después de las 11:30 horas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El Ejército sabe dónde están”, dicen padres de los 43; exigen que les dé explicaciones

“El Ejército deberá ser investigado, de lo contrario el gobierno de México estaría desacatando las recomendaciones de los especialistas”, porque el la milicia está tomando decisiones por encima de los acuerdos que ha firmado la admnistración federal con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan -y abogado de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa-, Abel Barrera Hernández.

Ayer, en una carta el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, Arturo Vallarta Tafolla, indicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no podrá entrevistar a los militares porque eso no es parte del acuerdo que el gobierno mexicano estableció con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y celebró la “decisión mexicana” de no permitir los encuentros porque se violarían los “derechos fundamentales de los militares”.

En declaraciones antes de la inauguración de una muestra fotográfica en la Normal Rural de Ayotzinapa, Barrera Hernández dijo que el Ejército debe estar supeditado a la autoridad civil, pero por el comunicado emitido por la Novena Región Militar, en el que rechaza que los soldados asignados al cuartel en Iguala sean entrevistados por el grupo de expertos de la CIDH, se ve que está por encima de la autoridad civil, lo que consideró grave, “porque está tomando decisiones por encima de los acuerdos que ha firmado el gobierno de México con la Comisión Interamericana”.

Agregó que el Ejército quiere ignorar lo que pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre.

Reiteró que el gobierno mexicano firmó un convenio con la CIDH y el Ejército forma parte del Estado, por ende no puede tomar decisiones y opiniones al margen de un convenio donde se pidió colaboración para que un grupo de expertos investigara y apoyara.

Ahora el Gobierno federal debe acatar lo que dice el informe, señaló.

Enfatizó que con su postura “el Ejército está violando el convenio que realizó el Gobierno mexicano con la Comisión Interamericana”.

Explicó que el Gobierno de México forma parte del sistema interamericano, y cuando el Ejército dice que los expertos de la CIDH son extranjeros quiere decir que no está respetando, que está desconociendo los acuerdos internacionales, que no quiere reconocer que el sistema interamericano forma parte de los acuerdos.

Barrera Hernández consideró que es grave violar los acuerdos, porque ignora a la autoridad civil, el Ejército se coloca por encima y desconoce los convenios que se firmaron y que forman parte de las medidas cautelares que aprobó la Comisión Interamericana a los padres de los normalistas.

Indicó que las autoridades y en especifico el Ejército hacen lo que consideran que ayuda a sus intereses, no se apegan a los acuerdos y convenios.

Lo que se busca es la verdad y la justicia, dijo Abel Barrera, por lo que al impedir que se investigue al Ejército se obstaculiza la investigación.

Si hubiera voluntad política el Ejército tendría que acatar las recomendaciones del grupo de la CIDH, por lo que los padres y las organizaciones piden que el informe del GIEI se integre a la averiguación previa en el caso Ayotzinapa, que está en la Procuraduría General de la Republica (PGR), expresó el director del Centro Tlachinollan.

Dijo que además pedirán que de esa investigación sea responsable la misma Procuradora Arely Gómez González y que no se lleve a una subprocuraduría.

Pidió que todas las instancias de gobierno, civiles y militares, sean investigados porque el informe indica la intervención que tuvieron.

Quien realizará las investigaciones será la PGR, pero lo que piden los expertos es hablar con el Ejército para tomar en cuenta las acciones u omisiones que hubo el 26 y 27 de septiembre, “en ningún momento será un extranjero el que va a realizar la investigación ministerial”, enfatizó Barrera Hernández.


Señaló que por mandato de la Comisión Interamericana y por un acuerdo del Estado mexicano, los representantes de la CIDH tienen la facultad de llamar e entrevistar, respetando los procedimientos del país.
“Los privilegios del poder, como es el caso del Ejército, es lo que más ha dañado, porque eso hace que prevalezca la impunidad, ciertas autoridades que no rinden cuentas y se quieren mantener en la opacidad, este argumento que da es para no rendir cuentas, no hay más mensaje que eso”, dijo sobre la postura del Ejército.
Adelantó que en la reunión que sostendrán los padres con el Presidente Enrique Peña Nieto el próximo 24 de septiembre pedirán que se cumplan todas las recomendaciones, y una de ellas es que el Ejército debe ser investigado y brindar todas las facilidades para conocer la versión de los hechos, porque implicará un cambio total en las líneas de investigación.

En cuanto a la nueva investigación que pactó la PGR con expertos de la CIDH para realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, Abel Barrera insistió en que se deberán acatar las recomendaciones del informe, “si se habla de retomar la investigación en el basurero es no querer atender, valorar el informe, desviar y complicar la investigación”.
“No se puede poner en duda y en tela de juicio el gran trabajo que realizó el perito más experimentado del mundo en el tema del fuego, si lo quieren volver a hacer es lamentable, porque no va a ayudar, porque ya está hecho el trabajo, lo único que se pide es que se haga la investigación y se cumplan las recomendaciones”, indicó Abel Barrera.

El abogado Vidulfo Rosales Sierra, también del Centro Tlachinollan, expresó por su parte que pedirán al presidente Peña Nieto el replanteamiento general de la investigación del caso Ayotzinapa, para que nuevas instancias lleven la investigación, “porque no confiamos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para que puedan conducir la investigación, que se abran nuevas líneas de investigación y que se retomen todas las pruebas del informe”.

PADRES DE LOS 43 PIDEN INVESTIGAR AL EJÉRCITO


Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural desaparecidos recriminan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impida que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interroguen a los militares de Iguala.
“Quiere decir que algo están ocultando, ellos (el Ejército) saben dónde están nuestros hijos”, dijeron.

Entrevistado en la Normal de Ayotzinapa, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, informó que el Ejército está para servir a la sociedad, por lo que su responsabilidad es luchar contra las injusticias, “ellos tienen que buscar a nuestros hijos, pero si se ponen en la posición de que los expertos quieren entrevistarlos y se niegan no deberían de ser así”.
“Quiere decir que algo están ocultando, ellos (el Ejército) saben dónde están nuestros hijos”, dijeron.

Entrevistado en la Normal de Ayotzinapa, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, informó que el Ejército está para servir a la sociedad, por lo que su responsabilidad es luchar contra las injusticias, “ellos tienen que buscar a nuestros hijos, pero si se ponen en la posición de que los expertos quieren entrevistarlos y se niegan no deberían de ser así”.

Enfatizó que el Ejército debería estar para proteger y para ayudar, sin embargo sólo está para causar daños, porque de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, los militares estuvieron en varios puntos de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

“El Ejército oculta algo, ellos saben dónde están nuestros muchachos, pero como se sienten intocables se ponen en esa postura tonta, desde los altos y bajos mandos. Nos damos cuenta qué clase de porquería de gobierno existe en México, la sociedad le da el poder al gobierno para que supuestamente nos represente y cuando se necesitan se ponen en una actitud negativa”, reprochó Emiliano Navarrete.
Por separado, Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, dijo que si los militares no quieren que sean investigados es por algo, “porque el que nada debe nada teme, por ejemplo si van a mi casa a revisarla que entren, porque no escondo nada, ellos (el Ejército) por qué no quieren, es algo que la sociedad se deberá de preguntar”.

Expresó que lo único que buscan los padres son a sus hijos.

Dijo que en la reunión que sostendrán el 24 de septiembre con el presidente Enrique Peña Nieto, pedirán que se investigue al Ejército, que las indagaciones sean por tiempo indefinido y que se castigue a los responsables, “por asegurar que había una verdad histórica, como lo dijo el ex procurador Jesús Murillo Karam, porque es mucho dolor lo que tenemos desde la desaparición de nuestros hijos”, finalizó.

El representante de los padres, Melitón Ortega, manifestó que el Ejército ha tenido el respaldo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del gobierno federal, porque el informe de la Comisión Interamericana tiene clara la información de que el Ejército intervino en todo momento en la agresión.

El Ejecutivo federal tiene la obligación de exigir que el Ejército se presente a declarar y los expertos intervengan para la entrevista, de lo contrario no tiene sentido cuando el gobierno dice que “el Ejército es la institución más honorable de país, si así fuera deberán de presentarse para que se vea que no intervinieron el 26 y 27 de septiembre”, agregó Melitón Ortega.

Dijo que esperan la reunión con Enrique Peña para reclamarle y decirle de manera directa que es el responsable de todo lo que pasa en México, porque protege y negó que el Ejército participó el 26 y 27 de septiembre, “todo el mundo sabe que intervinieron y otras instituciones policiacas, es falta de respeto para los padres, sobre todo que es un caso delicado en contra de los estudiantes”.


En cuanto al nuevo peritaje en el basurero de Cocula, consideró que es otra mentira que pretenden implantar, con lo que ya señalaron los expertos.

FUENTE: EL SUR.
AUTOR: María Avilez Rodríguez.

Torero reta a la PGR, con Jorge Ramos, a debatir qué pasó con los 43 en basurero

La Procuraduría General de la República (PGR) ha convertido la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) en un “círculo mediático” al cuestionar acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el basurero de Cocula, señaló hoy el perito José Torero Cullen.


Torero realizó el peritaje de la dinámica del fuego en el basurero de Cocula, la cual concluyó que no existe evidencia científica para sostener la “verdad histórica” de la PGR que aseguraba que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado.
“La PGR ha convertido esta investigación en un “circo mediático” en lugar de debatir técnicamente en los resultados”, expresó el experto en el programa “Al Punto” de Univisión, conducido por el periodista mexicano Jorge Ramos Ávalos.
El perito indicó que desde que se dieron las conclusiones los funcionarios de la PGR han puesto en duda el peritaje independiente que él realizó por petición de los expertos del GIEI y lo han declarado en distintos medios de comunicación y conferencias de prensa.

Añadió que los cuestionamientos de la PGR sobre la incineración de los cuerpos en Cocula pueden discutirse haciendo un debate con expertos para despejar las dudas, sin embargo, refirió Torero, “en ningún momento la dependencia se ha dirigido a mi para debatir el tema, sólo me critica en la prensa”.
“Yo no estoy ocultando nada, yo quisiera que los argumentos que utilizan para criticarme fueran igual de claros”, añadió Torero.
José Torero dijo que el primer informe de la PGR es una “especulación”, ninguna evidencia material. “Se basa en testimonios para decir que los normalistas fueron quemados, el problema es que de haber ocurrido un incendio en el basurero de Cocula, éste dejaría severos daños en la vegetación, la cual no existe”, detalló.

En una entrevista publicada el pasado 11 de septiembre en SinEmbargo, el perito destacó también que la PGR está volcando la atención en el basurero de Cocula, un tema que debió ya ser descartado, en lugar investigar asuntos como el quinto autobús omitido en el expediente y otras revelaciones del informe.
“Esta investigación se hizo como una investigación independiente. Lo que yo entendí es que en un principio la PGR y el Gobierno iban aceptar esa investigación y en función a eso seguir trabajando para resolver este problema. Lo que han hecho es objetar la investigación y en el momento que lo hacen, se genera un debate enorme acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el basurero de Cocula”, dijo.
José Torero explicó para este medio digital que al final del camino, lo único que revelará un nuevo peritaje, con expertos internacionales, será que al evaluar la hipótesis de la PGR y el informe de la dinámica del fuego, es que la “verdad histórica” nunca existió.

NEGLIGENCIA COMBINADA: HRW


El periodista Jorge Ramos entrevistó también a José Manuel Vivanco, director para América de Human Rights Watch (HRW), quien opinó que las conclusiones del GIEI dejaron de manifiesto la incapacidad y corrupción de las entidades gubernamentales de México.
“Yo creo que hay evidencia serie de que ha habido negligencia combinada por parte de autoridades locales de Guerrero y de la PGR, quienes con la afirmación de que los 43 fueron quemados vivos pretenden sepultar la verdad”, explicó Vivanco.
Expuso que uno de los puntos que reveló la investigación del GIEI es que tanto la Policía Federal (PF) y el Ejército estaban al tanto de los normalistas y no hicieron nada.
“Lo que queda de manifiesto es que la PF y el Ejército estaban al tanto de los normalistas y no hicieron nada, queda de manifiesto que la incineración de los normalistas era falsa, y que nadie dio cuenta de un quinto autobús cargado de estudiantes que huyeron y salvaron la vida”, mencionó el director para las Américas de HRW.
El pasado 6 de septiembre cuando se dio a conocer el informe de los expertos del GIEI, la organización urgió a México abordar “inmediatamente” las deficiencias descubiertas en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero y analizar las denuncias de abusos y obstrucción de la justicia planteadas por los expertos internacionales.

HRW consideró que la investigación oficial estuvo además marcada por el manejo irregular, la pérdida y la posible destrucción de pruebas clave.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-09-2015/1484574.

Consignan a tercer detenido por multihomicidio en la Narvarte

La Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, relacionó a Martínez Zendejas con los asesinatos de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa por los datos que revelaron los implicados anteriores, así como peritajes y análisis de video que lo ubican en el lugar de los hechos.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que este domingo 13 de septiembre se ejerció acción penal contra César Omar Martínez Zendejas, por su probable participación en la comisión de los delitos de homicidio, feminicidios y robo agravado, ocurridos en la colonia Narvarte el pasado 31 de julio.
La Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, relacionó a Martínez Zendejas con los asesinatos de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa por los datos que revelaron los implicados anteriores, así como peritajes y análisis de video que lo ubican en el lugar de los hechos.

Este viernes 11 de septiembre el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, precisó que César Omar Martínez, tiene 32 años, es residente de la ciudad de México y fue aprehendido en las inmediaciones de la delegación Coyoacán.

Omar Martínez se une a los otros dos procesados por este caso, Daniel Pacheco y el expolicía Abraham Tranquilino, quienes han rendido declaraciones contradictorias en torno a lo ocurrido en el departamento, pero coinciden en que asistieron al mismo con otra persona de nombre “Omar.

El pasado jueves 10 de septiembre se dio a conocer que al menos tres personas más estarían vinculadas con el caso Narvarte. Esta información deriva de un nuevo video que ya fue anexado al expediente de esta investigación, según el diario Reforma.

El encuentro habría tenido lugar en Taxqueña y habría durado solo unos minutos.

Investigadores que analizaron el video obtuvieron información sobre quiénes podrían ser los nuevos implicados, esto sin haber interrogado nuevamente a Torres ni a Pacheco. El encuentro no fue parte de la declaración de los detenidos ni se informó de la participación de más personas.


La grabación fue obtenida de cámaras de seguridad y registró el encuentro poco después de que Abraham, Daniel y Omar dejaran el departamento de la Narvarte.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN

Mayoría de mexicanos no cree en la versión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa: Parametría

Seis de cada diez mexicanos no considera cierta la versión de la PGR, que indica que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados, indica la encuesta más reciente de Parametría.

La mayoría de los mexicanos no cree en la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron asesinados y sus restos incinerados, revela la encuesta más reciente de Parametría.

La encuesta agrega que la mayoría de los mexicanos desaprueba el trabajo realizado por la PGR en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, seis de cada diez mexicanos no considera cierta la versión de la PGR, que indica que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados, mientras que 36% de los entrevistados que sí cree dicha investigación.

Parametría indica que el porcentaje de personas que desconfían de la investigación de la PGR se ha incrementado conforme pasa el tiempo. Mientras que en noviembre de 2014, 54% no creía en la versión de las autoridades, para febrero de 2015 ese porcentaje llegó a 68%, es decir, 14 puntos porcentuales más, y en agosto de 2015 se ubicó en 64%.


“Cabe mencionar que la encuesta de agosto de 2015 se realizó antes del informe dado a conocer por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes mencionaron que no había evidencia que sustente que los estudiantes fueron incinerados en un basurero, por lo que los porcentajes seguramente cambiarán”, explica Parametría.



Otro dato importante de la encuesta es que ocho de cada diez entrevistados (77%) desaprueba el trabajo realizado por la PGR en el caso Ayotzinapa y sólo una de cada diez personas respondió que sí lo aprueba.


Parametría señala que la desaprobación al trabajo realizado por la Procuraduría General de la Republica también se ha incrementado con el paso del tiempo. “En febrero de 2015 cuando preguntamos por primera vez sobre el tema hubo 58% de rechazo al mismo, en tanto que para agosto de este año quienes rechazan la labor realizada por la PGR llega a 77%, es decir 19% más”, detalla.



El ejercicio agrega que 83% de los entrevistados se manifestó en contra de que la PGR cierre el caso de los normalistas de Ayotzinapa, mientras que sólo 9% dijo estar de acuerdo.

El pasado domingo 6 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que analizó lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, concluyó que la versión de la PGR, acerca de que los jóvenes fueron incinerados en basurero de Cocula, Guerrero, no es científicamente posible.


Los análisis científicos, el peritaje realizado en Cocula y las contradicciones de los supuestos perpetradores ponen en entredicho la “verdad histórica” informada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, de acuerdo con las conclusiones del GIEI.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/09/mayoria-de-mexicanos-no-cree-en-la-version-de-la-pgr-sobre-el-caso-ayotzinapa-parametria/

Busca Bimbo evadir impuesto a la comida chatarra

MÉXICO, D.F: Con el fin de librar a sus panes dulces y galletas del pago del 8 por ciento a los alimentos chatarra, Grupo Bimbo sostiene un litigio contra el Servicio de Administración Tributaria.

Según el diario Reforma, en los próximos días el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) tendrá que resolver si los productos de Bimbo están o no sujetos al impuesto a los alimentos altamente calóricos, incluido desde 2014 en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El pasado 14 de enero, la Sala Superior del TFJFA revisó el caso por primera vez y omitió aclarar si los productos de la empresa Bimbo -y los de su filial de pastelerías El Globo- están o no sujetos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava “alimentos no básicos que aportan más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos”.

Fuentes hacendarias indicaron a la publicación que Bimbo se ha cuidado de aplica en sus ventas el cobro de dicho impuesto, que pagan los consumidores, por lo que no está en riesgo de incurrir en una deuda con el SAT si se determina que sí está obligada por la ley.

La confusión se debe a que  la ley del IEPS no menciona expresamente al pan dulce y las galletas como gravados, mientras que el SAT, en una resolución miscelánea fiscal, exentó solo al pan no dulce.

El pasado 24 de agosto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa amparó a la empresa, y le dio 20 días hábiles al TFJFA para que dicte una nueva sentencia.


Según Bimbo, sus productos son alimentos básicos para los mexicanos por lo que deberían estar exentos de este impuesto que busca desincentivar el consumo excesivo de la llamada comida chatarra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cifra de homicidios de 2014 es la más baja en 6 años: Segob; Zeta la pone en duda

La tasa de homicidios del año pasado en México fue la más baja desde 2008, también en lo que respecta a asesinatos vinculados con la delincuencia organizada, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En 2014 hubo 16 homicidios por cada 100 mil habitantes, con un total de 19 mil 669 muertes violentas, de las cuales 6 mil 803 estuvieron relacionadas con organizaciones criminales.

La tasa del año pasado por cada 100 mil habitantes “es menor a la registrada en países como Honduras (90.4), Venezuela (53.7), El Salvador (41.2), Guatemala (39.9), Colombia (30.8), Puerto Rico (26.5), Brasil (24.2) y Panamá (17.2)”, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado.

En 2014 hubo una disminución del 27 por ciento en los asesinatos con respecto a 2012. A finales de ese año Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia con una tasa de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. Del total de ese año 14 mil 859 asesinatos estuvieron vinculados con los cárteles de la droga.

A pesar de las cifras oficiales, a finales de agosto de este año, el semanario Zeta publicó un recuento de los muertos durante los primeros 32 meses de la administración de Enrique Peña Nieto en el que advierte que la “estrategia” del sexenio priista durante estos primeros 32 meses ha sido decretar, a través de un discurso repetido en 2013, 2014 y 2015, una “incidencia delictiva a la baja”, o que se ha “reducido a su mínima expresión”.


Primero, en 2013 Peña Nieto declaró en el Foro de Davos:
“Ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el 30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador”.
Luego, en 2014, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, declaró el 29 de julio de ese año: “La violencia se ha reducido a su mínima expresión”.

Y en 2015, continuó con el mismo discurso: “‘Sin duda los niveles de violencia que se están registrando, están disminuyendo, sobre todo los homicidios y secuestros”, opinó Peña Nieto el 11 de junio en una entrevista a la agencia EFE en Bruselas, sin respaldar su dicho con estadísticas.

Recurriendo como metodología a la comparación de las estadísticas del Secretariado Ejecutivo con la información que a Zeta proporcionan institutos forenses en el interior del país, servicios médicos forenses, procuradurías y fiscalías, unidades de servicios periciales, registros periodísticos de los estados y asociaciones civiles de familiares de las víctimas, Zeta documentó 57 mil 410 homicidios dolosos en 32 meses de gobierno de Peña Nieto, entre el 1 diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015; la cifra incluye “Ejecuciones”, “Enfrentamientos”, “Homicidios-Agresiones”, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y hasta aquellos cuerpos amorfos e irreconocibles de los que “no hay denuncia”, tal como argumentan funcionarios de las procuradurías y fiscalías al referirse a los desenterrados de narcofosas, incinerados y desmembrados, porque “nadie reclama los cuerpos”, como diría al semanario un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Una de las conclusiones de la investigación de Zeta, es que el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa en su afán de ocultar la cantidad real de asesinatos intencionales:

El Secretariado Ejecutivo informa solo de 47 mil 988 homicidios dolosos, entre víctimas y averiguaciones previas, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, mientras tanto, este Semanario documentó minuciosamente 57 mil 410 homicidios intencionales, es decir, el Gobierno de la República oculta por lo menos 9 mil 422 ejecuciones.


LA DANZA DE LAS CIFRAS

A pesar que desde 2014 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información, dependiente de la Secretaría de Gobernación, empezó a registrar víctimas de homicidio doloso -en años anteriores solo reportaba averiguaciones previas que contenían uno o más asesinatos intencionales-, el total que ese año reportó el Gobierno de la República es inferior a la estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En tanto el INEGI registró 19 mil 669 homicidios dolosos en 2014, el Secretariado Ejecutivo reportó nada más 17 mil 324 víctimas por el mismo delito; es decir, el Gobierno de la República no reconoció por lo menos 2 mil 345 asesinatos intencionales.

De igual forma, el INEGI informó en julio último que obtuvo sus estadísticas a partir de las defunciones que registran las 4 mil 799 oficialías del Registro Civil y mil 185 Agencias del Ministerio Público que mensualmente proporcionaron la estadística; en tanto el Secretariado Ejecutivo solo vacía la información que le envían las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, sin cotejar si realmente es la cantidad correcta.


En lo que respecta a las cifras de 2014, la Segob afirma en su comunicado que “las cifras sobre homicidios presentadas por el INEGI, así como los datos relacionados con homicidios dolosos y los vinculados a la delincuencia organizada, se mantienen a la baja, informó el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-09-2015/1484888.

Con el Plan Frontera Sur, México detiene y deporta a más niños que Estados Unidos

“EU deportó sólo a tres de cada 100 menores que viajaban solos en 2014, mientras que México regresó a su país a 77 de cada 100 niños que viajaban en esas condiciones", indica un reporte del Migration Policy Institute (PMI).

A más de un año de que se lanzó el Programa Frontera Sur, México detiene y deporta a más menores centroamericanos que Estados Unidos, revela un informe del Migration Policy Institute (PMI).

“Entre 2012 y 2014, Estados Unidos detuvo a más del doble de niños en comparación con México. Esta tendencia va a cambiar en 2015, puesto que las aprehensiones se reducirán más de la mitad en EU, mientras que en México hay un crecimiento, que posiblemente superará a las detenciones en EU”, indica el reporte.

El informe Migrantes deportados de Estados Unidos y México hacia el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) agrega que las autoridades mexicanas deportaron a 7,800 menores en 2014, mientras que EU reportó mil 300 deportaciones en el mismo año, con lo que México deportó seis veces más niños.

“Además de esos nueve mil menores deportados por Méxixo y EU en 2014, las autoridades mexicanas deportaron a otros ocho mil menores que viajaban acompañados, lo que indica que México deportó a más de 17 mil menores”, señala el reporte. 

Con base en datos preliminares de los primeros seis meses de 2015, el MPI prevé que México deporte al doble de menores de Guatemala en este año en comparación con 2014 y que haya un crecimiento de 40% en los casos de niños deportados por autoridades mexicanas a El Salavdor.

“Estados Unidos deportó sólo a tres de cada 100 menores que viajaban solos en 2014, mientras que México regresó a su país a 77 de cada 100 niños que viajaban en esas condiciones y que fueron detenidos”, señala el informe.

En junio pasado, Animal Político publicó que a un año de la ‘crisis de los niños migrantes’ en Texas, las estadísticas oficiales revelan que México ya hace más detenciones de indocumentados centroamericanos que la Patrulla Fronteriza estadounidense.

De acuerdo con datos de la Oficina de Adunas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Costums and Border Protection, CBP por sus siglas en inglés), durante los primeros siete meses del año fiscal 2015 —del 1 de octubre de 2014 al 1 de junio de este año— la Patrulla Fronteriza detuvo a 85 mil 131 migrantes ‘no mexicanos’ en la frontera sur de EU, los cuales son en su mayoría centroamericanos.

En el mismo periodo, el Instituto Nacional de Migración (INM) contabilizó 92 mil 889 eventos de detención de centroamericanos en México. Un total de 7 mil 785 más que la Patrulla Fronteriza.


El informe completo del Migration Policy Institute (PMI):

Migrants Deported from the United States and Mexico:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Defiende Graco al Ejército; “no comete actos genocidas”, dice

MÉXICO, D.F: El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dijo este domingo que los militares no cometen actos genocidas y consideró que no es justo que se les responsabilice por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la ceremonia del 168 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec, el perredista dio su respaldo absoluto y reconocimiento a las Fuerzas Armadas.

El mandatario calificó de injustas las versiones que plantean una presunta responsabilidad del Ejército en la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

“No nos parece justo que algunas fuerzas interesadas pretendan que los responsables de este acto genocida son los miembros de las Fuerzas Armadas. Es un acto injusto”, dijo Ramírez.

Agregó que en cambio debe castigarse a los policías y a los delincuentes señalados como presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas, “pero que no se confundan: las Fuerzas Armadas no realizan actos de genocidio”, afirmó.

Indicó que las Fuerzas Armadas de México no están para hacer funciones de seguridad civil sino que tienen tareas superiores en la seguridad nacional, y si la realizan, agregó, es por la ausencia de la responsabilidad de la autoridad civil.


Graco Ramírez pidió no seguir exponiendo a las Fuerzas Armadas, “desgastando a esta importante institución del Estado mexicano”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

México: segundo país de impunidad después de Filipinas, según Indice Global de Impunidad

"La impunidad vuelve valientes a los cobardes y osados a los pusilánimes, y el día en que cobardes y pusilánimes alcanzan el poder sus sucias babas lo aniquilan todo". Alberto Vázquez Figueroa

¿Qué es la impunidad?
Cuando alguien actúa con impunidad, significa que sus acciones no tienen consecuencias. La intimidación, las amenazas, los ataques y asesinatos no son castigados.

México: ¿Una cultura de impunidad?

Una cultura de impunidad existe cuando los que niegan a otros su derecho a la libertad de expresión lo hacen sabiendo que es poco probable que tengan que rendir cuentas por sus acciones.


Una cultura de impunidad crea un clima de inseguridad para los que practican su derecho a la libertad de expresión. Esto nos lleva a un mundo donde la gente tiene miedo de hablar. Donde se reprime la crítica. Donde las preguntas difíciles no se hacen. Donde los poderosos no se dejan desafiar. El resultado es un mundo en donde se silencia la libertad de expresión.

Según el Índice Global de Impunidad (IGI), esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país, México ocupa el segundo lugar de impunidad después de filipinas:

"Los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI son Filipinas, México, Turquía, Colombia y La Federación de Rusia".


Entre Noticias invita a visitar la página del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CECIJ) para acceder a la información completa sobre el nivel de impunidad que hay en México.



FUENTE: RUBÉN LUENGAS ENTRE NOTICIAS.

Perredista es alcalde y diputado al mismo tiempo

TOLUCA, Edomex: Aunque ya tomó protesta como diputado local, el perredista Jesús Sánchez Isidoro no ha solicitado licencia definitiva como presidente municipal de Valle de Chalco.

Su último permiso como alcalde no fue aprobado, sólo notificado al cabildo, y fue tramitado antes de asumir la Legislatura el pasado 4 de septiembre para un periodo de tan sólo 15 días.

Por tanto, tampoco su suplente en el ayuntamiento, Fernando Ruiz Razo, ha podido ser designado presidente municipal interino por el cabildo.

Sánchez Isidoro admitió que sólo notificó al cabildo su licencia temporal, y arguyó que por ley no fue necesario que el cabildo aprobará el permiso: “simplemente se notifica”, expuso.

Debido a que la licencia es temporal, el secretario del ayuntamiento, José Luis Herrera, fue designado encargado del despacho de la presidencia municipal.

El diputado local adelantó que espera que el cabildo llegue a los acuerdos necesarios para designar un presidente municipal interino para lo que resta de la administración; es decir, hasta el 31 de diciembre de este año.

Jesús Sánchez indicó que evalúa dos soluciones: solicitar licencia temporal al nuevo cargo para regresar a la presidencia municipal a concluir la administración, o que renuncie Ruiz Razo como suplente a la presidencia municipal “en un acuerdo político”, se presente una terna a la Legislatura local y el pleno designe al alcalde interino de Valle de Chalco.

En este momento, reconoció, Valle de Chalco se encuentra en un momento muy especial y “para ello nosotros buscamos la mejor de las circunstancias para que no se interrumpa la labor que se está haciendo como administración 2013-2015 y, sobre todo, que a quien le vaya mejor siempre sea a la ciudadanía”.

El perredista aseguró que hay tranquilidad política en el municipio y que en los próximos días se conocerá la decisión sobre este tema.

El artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece, en su fracción octava, que para ser diputado propietario o suplente se requiere: “No ser… servidor público federal, estatal o municipal”; el 43 dispone que “el ejercicio del cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión o empleo del Gobierno Federal, del Estado o de los municipios y de sus organismos auxiliares por el que se disfrute sueldo”.


No obstante, Sánchez Isidoro considera que no se violenta ninguna de estas disposiciones en su circunstancia, porque en el otro cargo se encuentra de “licencia”.

FUENTE:PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Licitación para construir el nuevo aeropuerto no tendrá recortes presupuestales: SCT

“Creemos que no nos afecta; creemos que tenemos los recursos suficientes para mantener una ruta crítica que nos lleve a que la inauguración del aeropuerto sea el 20 de octubre de 2020”, enfatizó el director corporativo de Infraestructura del Grupo Aeroportuario, Raúl González Apaolaza.


La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que con la licitación del primer paquete de obras inicia la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), proyecto que no registrará recortes presupuestales y cuya inauguración será el 20 de octubre de 2020.

El director corporativo de Infraestructura del Grupo Aeroportuario, Raúl González Apaolaza, expuso además que la instrucción del titular de la STC, Gerardo Ruiz Esparza, ha sido que el proceso de licitación sea abierto y transparente.

El proyecto no registrará recortes presupuestales, pues dijo que los recursos si bien una parte son de orden fiscal, la otra es bancaria, de tal manera que si la primera se redujera se tomaría la opción de mayores fondos de los bancos a través de bonos.

“Creemos que no nos afecta; creemos que tenemos los recursos suficientes para mantener una ruta crítica que nos lleve a que la inauguración del aeropuerto sea el 20 de octubre de 2020”, enfatizó a través de un comunicado de la SCT.

González Apaolaza refiere que ya inició el proceso de licitación del nuevo aeropuerto, el cual, como lo anunció el titular de la SCT el pasado 8 de julio, está conformado por 21 paquetes básicos para la construcción de las nuevas instalaciones aeroportuarias.

El primer paquete que se subió a la plataforma de Compranet es el referente a la nivelación del terreno, primera gran obra, ya que nivelar un terreno de cuatro mil 430 hectáreas no es cosa sencilla, pero sí fundamental para iniciar la construcción, agregó.

Dijo que se trata del primer paquete que este jueves 10 de septiembre se puso ya a consulta de los interesados para que hagan sus propuestas.

Aunado a ello, hay dos paquetes complementarios: la conjunción de los caminos interiores para mover la maquinaria y materiales; otra licitación es referida a sacar el cascajo que se encuentra dentro del terreno y enviarlo a un depósito.

El director corporativo de Infraestructura del Grupo Aeroportuario apunta que ello conducirá, posteriormente, a la nivelación del terreno para construir el edificio y tender las pistas de despegue y aterrizaje.


El funcionario reitera que es del interés del secretario de Comunicaciones y Transportes en que haya transparencia en el proceso, para lo cual la presentación y apertura de ofertas se hará público y se transmitirá a través del portal de la SCT, www.sct.gob.mx, y así “todo el mundo esté enterado de las ofertas y los resultados”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Niega Ruiz Esparza irregularidades en contratos otorgados a OHL México

En respuesta a las acusaciones del abogado de Infraiber, Paulo Díez, quien ha denunciado corrupción y tráfico de influencias de la empresa OHL México para aumentar el cobro de peaje en carreteras, así como la cancelación de un contrato del Circuito Exterior Mexiquense , el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sostuvo en una carta que la anulación de ese convenio la determinó un tribunal federal pues habría afectado la operación de OHL.

El secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, negó, mediante una carta dirigida al periódico Reforma, que hubiera irregularidades en los contratos asignados a la empresa OHL para la realización de obras en el Estado de México.

En respuesta a las acusaciones del abogado de Infraiber, Paulo Díez, quien ha denunciado corrupción y tráfico de influencias de la empresa OHL México para aumentar el cobro de peaje en carreteras, así como la cancelación de un contrato del Circuito Exterior Mexiquense , el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sostuvo en la carta que la anulación de ese convenio la determinó un tribunal federal pues habría afectado la operación de OHL.

“A partir de ese momento se generan ataques hacia diferentes instancias a través de desplegados, suscritos algunos de ellos por el señor Díez. Al no obtener respuesta por parte de las autoridades del Estado de México, empezó a generarse filtración de audios ilegales y manipulados” detalló el mensaje de Ruiz Esparza.

Apenas este viernes 11 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó un cateo a la empresa Infraiber, luego de que OHL los denunciara por una supuesta extorsión derivada de la disputa por el contrato cancelado en el Circuito Exterior Mexiquense.

Según OHL, la empresa Infraiber es probable responsable de audios filtrados ilegalmente que involucran al secretario Ruiz Esparza, así como a directivos de la empresa, sin embargo el titular ha descalificado la autenticidad de las grabaciones.


“Es de mi interés aclarar este asunto en razón de las imputaciones hechas a mi persona por el señor Diez sin fundamento alguno y tratando de desorientar al diario y a la opinión pública” explica el documento enviado a Reforma.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alerta el fotógrafo Dimayuga, de Proceso, contra el “pórtense bien”

MONTERREY, N.L: El reportero gráfico de Proceso, Miguel Dimayuga, fue galardonado hoy en esta ciudad con el Premio Nacional de Periodismo 2014 en el rubro de fotografía, por el trabajo denominado “El niño autodefensa”.

Al recibir la escultura “El águila”, de Juan Soriano, un diploma y 50 mil pesos en efectivo, el fotorreportero recordó que la labor reporteril a lo largo de sus casi 15 años de trayectoria no ha sido sencilla, aunque ha obtenido satisfacciones profesionales al exponer la realidad.

“Los reporteros han tenido que sortear todo tipo de dificultades y circunstancias: trabajar en la clandestinidad, cañonazos de 50 mil pesos, el ‘No pago para que me peguen’, hasta el ‘Pórtense bien’”, alertó en referencia a las presiones históricas que han enfrentado los comunicadores en México.

En la ceremonia efectuada esta noche en el Centro Cultural Colegio Civil, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), reconoció que son los periodistas del interior del país los más expuestos, amenazados frente a los poderes del gobierno y de la delincuencia, agredidos, asesinados “y, lo peor, mal pagados”.

“Para ellos va dedicado el premio y también para niños y jóvenes, no sólo de Michoacán, sino de todo México, que deben subirse a una camioneta y tomar una metralleta en sus manos. Ojalá esta fotografía ayude a que se produzca un cambio”, confió entre aplausos.


La gráfica de Dimayuga, titulada “El niño autodefensa rumbo a la toma de Los Sandoval, Apatzingán”, y difundida en la página de Internet del semanario Proceso, fue uno de los nueve trabajos distinguidos en la repleta Aula Magna del recinto cultural universitario, en esta 14 edición de la ceremonia que fue conducida por la periodista Denise Dresser.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

En Nuevo León, 10 mil desaparecidos

MONTERREY, N.L: Irma Leticia Hidalgo, presidenta de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl), señala que en la entidad puede haber hasta 10 mil víctimas de este delito.

La opacidad de la Procuraduría de Justicia del Estado ha obligado a los familiares a hacer sus propias cuentas. A decir de Hidalgo, la organización se basa en el Informe de Misión a México. Grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.

La activista, madre de Roy Rivera –desaparecido por secuestro–, dice que en el citado documento, que se presentó en 2011, se estima que sólo se denuncian dos de cada 10 casos de ese ilícito, es decir, que existe una cifra negra de 80%.

Recuerda que en los últimos años el gobierno de Nuevo León ha mencionado, de manera imprecisa, un estimado de mil desaparecidos (aunque a veces se refiere a 900). Si a éstos se añaden los casos que ella conoce y no han sido denunciados, el saldo se acerca a 10 mil.

Añade que además de los casos no denunciados, los crímenes y desapariciones cometidos contra los migrantes no figuran en las estadísticas de la autoridad. En consecuencia, los datos que da a conocer el gobierno nuevoleonés al respecto son muy imprecisos y generan dolor entre los familiares de los desaparecidos, así como revictimización.

Esto contrasta con las cifras oficiales y de otras organizaciones civiles.

Fue en 2011 la primera vez que Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), junto con la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores), se reunieron con funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Nuevo Lleón, entonces encabezada por Adrián de la Garza Santos, hoy alcalde electo de Monterrey.

En los años siguientes hubo encuentros similares para que los familiares aportaran información sobre los casos y los expedientes fueran reactivados. La primera reunión fue pionera a nivel nacional. No había otras con ese formato entre autoridades estatales y allegados a los desaparecidos.

El pasado 28 de agosto se realizó la reunión número 23, la última con funcionarios de la administración de Rodrigo Medina de la Cruz. A partir del 4 de octubre inicia el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y CADHAC espera que la misma dinámica continúe con el próximo mandatario.

Al finalizar esa junta de trabajo, la hermana Consuelo Morales Elizondo, presidenta de CADHAC, dio a conocer cifras recabadas desde 2009: en esos seis años se denunció la desaparición de 967 personas, de las cuales fueron localizadas 142: 60 vivas y las demás identificadas por su perfil genético. Es decir, 825 de esas personas no han sido localizadas.

En el mismo periodo, dijo Morales Elizondo, se revisaron 219 expedientes. Como parte de las indagatorias por esos delitos fueron consignadas 63 personas, de las cuales 18 eran policías o agentes de tránsito. Hubo 12 sentencias condenatorias.

Asimismo, informó que la procuraduría estatal le había compartido información sobre los hallazgos de desaparecidos en el municipio de Salinas Victoria, 25 kilómetros al norte de Monterrey. Según la activista, desde 2011 la autoridad encontró en el rancho Las Abejas 31 mil restos humanos que habían servido para identificar 31 personas mediante el cruce de información de ADN.

La revelación generó revuelo nacional. La procuraduría tuvo que sacar un boletín aclaratorio que varió poco la información: dijo que los restos eran 30 mil, no dio datos más precisos.

Al día siguiente, Fundenl emitió un comunicado para señalar que los datos de Las Abejas ya eran antiguos, y reprochó a la procuraduría y a los medios de comunicación la ligereza con que manejaron las cifras. Indicó:

“La tragedia humanitaria que vive Nuevo León por la desaparición de personas es enorme y fue ocultada y administrada por el gobierno de Rodrigo Medina y organizaciones afines. Las víctimas pueden llegar a 10 mil personas por los casos no denunciados y si se toma en cuenta a la población migrante.

“Una de las prioridades que se le plantearon al nuevo gobierno es que se debe contar con un registro confiable del número de personas desaparecidas en el estado”.

La asociación civil recordó que en julio de 2014, cuando la procuraduría nuevoleonesa encontró predios con restos humanos, Fundenl solicitó información y ésta le fue negada por el entonces encargado de la dependencia, De la Garza Santos, con el argumento de que las familias “no tenían interés jurídico”.

Pese a esta postura del procurador, los familiares averiguaron que desde 2011 se había trabajado en Salinas Victoria y en Sabinas Hidalgo.

En cambio –prosiguió Fundenl– hay decenas de áreas, no tan extensas como las de los municipios mencionados, donde se han ubicado restos humanos sin que la procuraduría los analice, por falta de recursos.

Sin recursos

La presidenta de Fundenl reconoce, en entrevista, que no llevan la cuenta de los casos que les han dado a conocer de manera aislada las personas que sospechan de la desaparición forzada de algún familiar. La asociación no tiene la infraestructura para ello, pues las 30 familias que la integran realizan todo el trabajo de difusión y los trámites necesarios.

“Tendríamos que estar haciendo otras cosas. Pero cuando salió lo de los 31 mil (restos humanos) todo el día tuvimos que estar dedicándole tiempo al asunto. Además tenemos que estar haciendo eventos públicos, luego buscando a nuestros hijos…

“No tenemos personal ni fondos de nadie, gastamos nuestro propio dinero en vueltas, llamadas, viajes. Ya nos hicimos asociación civil para tener la personalidad jurídica que muchas veces nos exigen.”

Aun así, hasta 2014 Fundenl consiguió registrar unos 100 casos de desaparición forzada.

Hidalgo reconoce que el actual procurador, Javier Flores, es más sensible hacia los familiares y a través de él obtuvieron una entrevista con Lourdes Chávez, coordinadora de Genética Forense de la dependencia, para que les diera información directa sobre los hallazgos.

En mayo pasado la especialista les reveló que la cifra de restos encontrados en el rancho de Salinas Victoria era de 10 mil y que habían identificado a 16 personas.

“Ahora la cifra se está multiplicando: de 10 mil a 30 mil restos y de 16 a 31 personas identificadas. Entonces ya no sé nada. Por eso creemos que desde el momento en que la procuraduría supo esta información de Las Abejas, si actuara con transparencia y se manejara profesionalmente, nada habría causado confusiones, como sucede ahora. Y es información que debe saber toda la sociedad, no sólo los familiares”, dice Hidalgo.

Búsqueda permanente

Roy Rivera Hidalgo fue secuestrado de su casa el 11 de enero de 2012. Desde entonces, su madre no deja de buscarlo.

Junto con familias de otras víctimas, agrupadas en Fundenl, Hidalgo ha presionado a la procuraduría de Nuevo León para que les permitan conocer información relacionada con los desaparecidos. Ellos han localizado lugares donde puede haber restos humanos y han emplazado a las autoridades para que los acompañen, pero han sido ignorados.

Finalmente, el procurador Javier Flores accedió a que Hidalgo acompañara al equipo forense que desde 2011 rastrea vestigios humanos en Las Abejas. Pero le advirtieron que fuera por sus propios medios y bajo su riesgo. Ella acudió con la esperanza de conocer información que condujera al paradero de Roy.

“Hice valer mi derecho de estar presente en la inspección”, señala la activista, quien acudió con un acompañante.

A la diligencia también asistió un agente del Ministerio Público, agentes del Grupo Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Agencia Estatal de Investigaciones y el equipo forense que recabó las muestras.

En el lugar, los médicos forenses le explicaron a Hidalgo que no encontraron huesos completos, sino fragmentos.

En 2013, cuando era procurador, De la Garza Santos anunció la adquisición de un escáner para detectar restos humanos. Para febrero de 2014 el aparato ya había localizado 4 mil fragmentos de hueso o tejido en predios donde era probable encontrar cadáveres.


Sin embargo, cuando Hidalgo fue a Las Abejas, la autoridad no llevó el escáner.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.