Ciudad de México. Las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y la de Estudios Legislativos del Senado, que deberían dictaminar las leyes de desaparición forzada y la de tortura, no sesionaron este martes a petición del grupo parlamentario del PRI, que aún tiene reservas en la tipificación del delito de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes.
Asimismo, en el caso de la ley de desaparición forzada de personas también, la bancada del tricolor en la Cámara Alta, ha manifestado preocupación en la clasificación de personas “no localizadas” y el término de “desaparecidas”, por lo que ha pedido más tiempo para precisar esos términos.
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes, manifestó ayer que las comisiones sesionarían este martes y también lo confirmó la Comisión de Derechos Humanos, pero ayer por la noche se informó que hasta nuevo aviso se posponían las reuniones de trabajo.
En la sesión de este martes se espera que queden de primera lectura las leyes de Ejecución Nacional Penal y la de Justicia para Adolescentes. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda se reunieron ayer con senadores de las comisiones que dictaminaron esas iniciativas para hacer puntualizaciones en los apartados de presupuesto.
Asimismo en la sesión de este martes se tienen agendados 103 dictámenes para su discusión y aprobación, entre ellos más de una decena de embajadores y cónsules.
Por la tarde los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, y el de Justicia, Fernando Yunes, recibirán el informe final de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/26/posponen-sesion-sobre-desaparicion-y-tortura-en-senado
martes, 26 de abril de 2016
Operativo contra acoso de mujeres en transporte de CDMX
Ciudad de México. Para evitar el acoso y garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte público, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementó un operativo de vigilancia en paraderos, Metro y Metrobús.
En su cuenta de Twitter @hiramalmeidae, el titular de la dependencia, Hiram Almeida, dijo: “Se implementa dispositivo de seguridad en Metro y Metrobus para evitar el acoso y garantizar el espacio de mujeres.
A su vez, en la misma red social, la dependencia @SSP_CDMX destacó: “Desde las 06:00, mil 200 elementos fueron desplegados para la seguridad de mujeres en paraderos, Metro, y Metrobús”.
Mencionó que “desde muy temprano, mil 200 policías capitalinos comenzaron el dispositivo de vigilancia en el transporte público”.
“#Hoy Indios Verdes, Pantitlán, Tacubaya, son algunos ptos. donde se busca más seguridad, principalmente para mujeres”, escribió en otro tuit.
En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro destacó que “Esta mañana, personal de Seguridad, implementó con éxito el operativo #ViajaSegura en estaciones de la Red”.
“Con apoyo de @SSP_CDMX se realizó el operativo de asignación de carros exclusivos para mujeres”.
FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/26/despliegan-operativo-contra-acoso-de-mujeres-en-transporte
En su cuenta de Twitter @hiramalmeidae, el titular de la dependencia, Hiram Almeida, dijo: “Se implementa dispositivo de seguridad en Metro y Metrobus para evitar el acoso y garantizar el espacio de mujeres.
A su vez, en la misma red social, la dependencia @SSP_CDMX destacó: “Desde las 06:00, mil 200 elementos fueron desplegados para la seguridad de mujeres en paraderos, Metro, y Metrobús”.
Mencionó que “desde muy temprano, mil 200 policías capitalinos comenzaron el dispositivo de vigilancia en el transporte público”.
“#Hoy Indios Verdes, Pantitlán, Tacubaya, son algunos ptos. donde se busca más seguridad, principalmente para mujeres”, escribió en otro tuit.
En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro destacó que “Esta mañana, personal de Seguridad, implementó con éxito el operativo #ViajaSegura en estaciones de la Red”.
“Con apoyo de @SSP_CDMX se realizó el operativo de asignación de carros exclusivos para mujeres”.
FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/26/despliegan-operativo-contra-acoso-de-mujeres-en-transporte
México alimenta sospechas de que funcionarios jugaron un rol en el crimen [de los 43]: NYT
A dos días de que el GIEI presentara su último informe sobre el caso Iguala, la prensa extranjera ha hablado no sólo del golpe que el documento representa para la versión oficial, la llamada “verdad histórica”, y para la credibilidad del propio Estado mexicano. Pero ha venido subiendo de tono. Hoy agregó las irregularidades detectadas en la investigación de la PGR (escenas presuntamente alteradas, la cerrazón a indagar ciertas líneas de investigación y los casos de tortura) y el NYT de plano acusa: “es imposible no interpretarlo como una condena a sistema de justicia de México notoriamente corrupto y frecuentemente brutal”.
El prestigioso diario estadounidense The New York Times criticó esta noche que el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el domingo pasado evidenció al sistema de justicia mexicano “notoriamente corrupto y frecuentemente brutal”.
En un editorial publicado esta noche y titulado: “México se escapa de la verdad”, el diario neoyorquino criticó también que ningún funcionario del Gobierno federal se “tomara la molestia” en presentarse durante el mensaje que ofrecieron los expertos el domingo.
Considera además que “la conducta del Gobierno alimentó amplia especulación de que funcionarios federales jugaron un papel en el crimen y luego buscaron cubrir sus pasos”. El texto recuerda los hallazgos realizados por el GIEI que fueron presentados en su informe.
El Times crítica que “en lugar de reconocer la importancia de los hallazgos, el Gobierno mexicano bloqueó las solicitudes de información y acceso a testigos clave”.
Los múltiples artículos que la prensa internacional ha dedicado al último informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han centrado en destacar las irregularidades en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) como son la posible manipulación de evidencia, la tortura de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas y las trabas impuestas por el Gobierno de México al Grupo de Expertos.
“Su credibilidad y su reputación en la protección de los derechos humanos y en la promoción de la justicia han sido gravemente dañadas. El Presidente, Enrique Peña Nieto, que ya sufre bajos índices de aprobación en el país, es un líder paralizado con 2 dos años y medio aún por gobernar- y a dos meses de encarar unas elecciones críticas. Su incapacidad para llevar a cabo las reformas económicas y judiciales que una vez despertaron tantas promesas es de creciente preocupación en Washington”, plantea por ejemplo la corresponsal en México del diario estadounidense Los Angeles Times, Tracy Wikilson.
El periodista Ian Grillo, especializado en temas relacionados al narcotráfico, escribió en la revista Time:
Grillo dice que el reporte también examina el mal manejo de la escena del crimen en la investigación Iguala. Menciona como “sitios clave, como el vertedero donde se supone que los estudiantes habían sido quemados, fueron dejados sin vigilancia. Un fragmento de hueso carbonizado, identificado a través del ADN de pertenecer a uno de los estudiantes, se encontró en una bolsa en un río cerca al vertedero. Sin embargo, los expertos plantean preguntas acerca de la presencia sospechosa de agentes federales en el río en el día previo en que se encontró esta bolsa. Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron el lunes que debe haber una investigación sobre si la evidencia ha sido movida o plantada”.
El diario The New York Times, que ha realizado una amplia cobertura sobre los principales hallazgos del GIEI, dijo previamente que el informe “explica en detalle las fallas de la investigación oficial y denuncia que esta se basa en confesiones obtenidas bajo tortura”. Refiere además que la partida del Grupo de Expertos ha dejado a las familias de los estudiantes solas y devastadas. “Para ellas”, menciona, “los investigadores eran un interlocutor válido entre ellos y el gobierno”.
“Pero ahora, sin los expertos internacionales y sin protestas en la calle, las familias se preguntan si su lucha es una causa perdida. Bernabé Abrajan Gaspar, padre de Adan Abrajan, uno de los estudiantes, dijo que ‘hemos visto como caía el apoyo social quizás porque para mucha gente no es importante y porque otros le creen al gobierno’. Otras familias entrevistadas el lunes expresaron una preocupación similar y creen que nunca sabrán lo que les sucedió a los estudiantes”, escribe Azam Ahmed en el Times.
FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1653231
El prestigioso diario estadounidense The New York Times criticó esta noche que el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el domingo pasado evidenció al sistema de justicia mexicano “notoriamente corrupto y frecuentemente brutal”.
En un editorial publicado esta noche y titulado: “México se escapa de la verdad”, el diario neoyorquino criticó también que ningún funcionario del Gobierno federal se “tomara la molestia” en presentarse durante el mensaje que ofrecieron los expertos el domingo.
“El segundo y último reporte del equipo (GIEI) que fue liberado el domingo, no establece concluyentemente lo que pasó a los estudiantes. Pero es imposible no interpretarlo como una condena a sistema de justicia de México notoriamente corrupto y frecuentemente brutal. El reporte por ejemplo dice que la versión de los eventos basada en relatos de testigos que fueron torturados. (El informe) culpa a los investigadores mexicanos por fracasar en explorar pistas y por rehusarse a corregir hallazgos anteriores al presentárseles nueva evidencia”, dice el New York Times en su editorial.
Considera además que “la conducta del Gobierno alimentó amplia especulación de que funcionarios federales jugaron un papel en el crimen y luego buscaron cubrir sus pasos”. El texto recuerda los hallazgos realizados por el GIEI que fueron presentados en su informe.
El Times crítica que “en lugar de reconocer la importancia de los hallazgos, el Gobierno mexicano bloqueó las solicitudes de información y acceso a testigos clave”.
El diario también señala: “Ninguno de los funcionarios mexicanos se tomaron la molestia de presentarse (el domingo). Esto habla con creces de la falta de voluntad política de reformar las instituciones judiciales y de la insensibilidad hacia sus ciudadanos”.
Los múltiples artículos que la prensa internacional ha dedicado al último informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han centrado en destacar las irregularidades en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) como son la posible manipulación de evidencia, la tortura de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas y las trabas impuestas por el Gobierno de México al Grupo de Expertos.
“Su credibilidad y su reputación en la protección de los derechos humanos y en la promoción de la justicia han sido gravemente dañadas. El Presidente, Enrique Peña Nieto, que ya sufre bajos índices de aprobación en el país, es un líder paralizado con 2 dos años y medio aún por gobernar- y a dos meses de encarar unas elecciones críticas. Su incapacidad para llevar a cabo las reformas económicas y judiciales que una vez despertaron tantas promesas es de creciente preocupación en Washington”, plantea por ejemplo la corresponsal en México del diario estadounidense Los Angeles Times, Tracy Wikilson.
El periodista Ian Grillo, especializado en temas relacionados al narcotráfico, escribió en la revista Time:
“El nuevo informe documenta señales de tortura en al menos 17 de los más de 100 sospechosos que han sido detenidos por de la desaparición de los estudiantes, entre ellos policías y presuntos sicarios. Mientras que los sospechosos podrían haber estado involucrados en el crimen, las alegaciones de tortura plantean dudas acerca de sus testimonios. ‘Nosotros nunca defendemos a los criminales, pero también sabemos que por la tortura, dicen lo que es conveniente para la oficina de la Procuraduría General’, dijo Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, el lunes siguiente a la publicación del informe. (La cuestión de la tortura en México ha estado en las noticias después de la aparición reciente de un video que mostró a soldados y policías asfixiar a una presunta secuestradora con una bolsa de plástico, lo que provocó que el Secretario de Defensa de la nación ofrecería una disculpa pública).”
Grillo dice que el reporte también examina el mal manejo de la escena del crimen en la investigación Iguala. Menciona como “sitios clave, como el vertedero donde se supone que los estudiantes habían sido quemados, fueron dejados sin vigilancia. Un fragmento de hueso carbonizado, identificado a través del ADN de pertenecer a uno de los estudiantes, se encontró en una bolsa en un río cerca al vertedero. Sin embargo, los expertos plantean preguntas acerca de la presencia sospechosa de agentes federales en el río en el día previo en que se encontró esta bolsa. Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron el lunes que debe haber una investigación sobre si la evidencia ha sido movida o plantada”.
El diario The New York Times, que ha realizado una amplia cobertura sobre los principales hallazgos del GIEI, dijo previamente que el informe “explica en detalle las fallas de la investigación oficial y denuncia que esta se basa en confesiones obtenidas bajo tortura”. Refiere además que la partida del Grupo de Expertos ha dejado a las familias de los estudiantes solas y devastadas. “Para ellas”, menciona, “los investigadores eran un interlocutor válido entre ellos y el gobierno”.
“Pero ahora, sin los expertos internacionales y sin protestas en la calle, las familias se preguntan si su lucha es una causa perdida. Bernabé Abrajan Gaspar, padre de Adan Abrajan, uno de los estudiantes, dijo que ‘hemos visto como caía el apoyo social quizás porque para mucha gente no es importante y porque otros le creen al gobierno’. Otras familias entrevistadas el lunes expresaron una preocupación similar y creen que nunca sabrán lo que les sucedió a los estudiantes”, escribe Azam Ahmed en el Times.
FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1653231
La desaparición de 43 estudiantes en México, la tragedia que marcó al gobierno de Peña Nieto pero que no afectará a su partido
CIUDAD DE MÉXICO — Un pequeño grupo de personas se reúne todos los días en una carpa blanca en el Paseo de la Reforma, frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República, para mantener la vigilia en memoria de los 43 estudiantes.
De la carpa cuelgan sus imágenes: un recuerdo literal y figurado. Son 43 fotografías en blanco y negro de los estudiantes de magisterio detenidos ilegalmente por la policía en la ciudad de Iguala, en septiembre de 2014, desde entonces desaparecidos.
Por este paseo alguna vez marcharon cientos de miles de personas que, con su ira colectiva, lograron transformar las desapariciones en un cuestionamiento global de la impunidad en México, en un símbolo de las decenas de miles de personas que han desaparecido durante la guerra contra el narcotráfico en el país.
Pero la ira se ha disipado tal como se disolvieron las marchas multitudinarias, lo que genera ansiedad sobre que la rendición de cuentas por parte del gobierno. Pese a que su gestión ha sido blanco de serias críticas por un grupo de expertos extranjeros, pocos esperan que el gobierno pague algún precio político por este episodio.
Rodrigo González, un estudiante de Ciudad de México de 22 años que se ha pasado el ultimo año yendo y viniendo de la carpa, explica que “la marea baja, como sucede con todos los movimientos sociales. La gente tiene trabajo, se le acaba el dinero, se distrae. El gobierno apuesta a ese cansancio y al olvido. Nosotros nos quedamos aquí para recordarle a la sociedad que no debe olvidar”.
Cierta presión social se ha sentido en los últimos días, cuando se hizo evidente que el grupo de expertos internacionales –que llegó a México para investigar lo que sucedió con los estudiantes– sería incapaz de hacerlo debido a la falta de colaboración del gobierno, que no quiso compartir información sobre el caso ni permitió entrevistas con ciertos funcionarios clave.
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, que se publicó el domingo, explica en detalle las fallas de la investigación oficial y denuncia que esta se basa en confesiones obtenidas bajo tortura. La partida del grupo de expertos ha dejado a las familias de los estudiantes solas y devastadas. Para ellas, los investigadores eran un interlocutor válido entre ellos y el gobierno.
Pero ahora, sin los expertos internacionales y sin protestas en la calle, las familias se preguntan si su lucha es una causa perdida. Bernabé Abrajan Gaspar, padre de Adan Abrajan, uno de los estudiantes, dijo que “hemos visto como caía el apoyo social quizás porque para mucha gente no es importante y porque otros le creen al gobierno”.
Otras familias entrevistadas el lunes expresaron una preocupación similar y creen que nunca sabrán lo que les sucedió a los estudiantes.
Y aunque es probable que este episodio defina la presidencia de Enrique Peña Nieto, su partido, el PRI, no pagará ningún precio político. En elecciones pasadas, el partido ha logrado imponerse cómodamente sobre sus rivales. Dentro y fuera del gobierno existe la creencia de que el descontento, la frustración o la rabia por el caso de los estudiantes no van a erosionar la posición dominante del PRI en el sistema político.
“¿Perjudicará esto al PRI? No estoy convencida”, dijo Pamela Starr, profesora de la University of Southern California especializada en México, y añadió: “Aún tiene una base social sólida y la oposición está totalmente desordenada”. Para Starr, “debería perjudicarlo y si fuera el PRI contra dos partidos de oposición unidos, seguramente lo haría”.
Los índices de aprobación del Presidente Peña Nieto se desplomaron después de las desapariciones y un escándalo político y económico que involucró a su esposa y una propiedad millonaria conocida como la Casa Blanca. Pero el año pasado, su partido ganó las elecciones intermedias sin mayores problemas. Ahora las encuestas muestran una alta probabilidad que el PRI mantenga el control en la mayoría de los estados en las elecciones de gobernadores en junio.
El analista político Alfonso Zárate cree que “los estrategas del PRI entienden muy bien que los niveles de rechazo y desaprobación no tienen impacto sobre los resultados electorales”.
Aún así, el gobierno se enfrenta a una ola de condena internacional sobre su gestión en el caso de los estudiantes, incluso cuando Peña Nieto busca proyectar a México como una potencia económica emergente. Cuando viaja por el mundo, firma acuerdos comerciales y visita a presidentes y reyes se encuentra con protestas por los estudiantes desaparecidos que perjudican la imagen del país que ha tratado de crear desde 2012.
Para Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, el gobierno “sabe que ha perdido la batalla de la opinión pública internacional, pero sabe que puede ganar la de la opinión pública nacional. Y es probable que tengan razón, es posible que no haya consecuencias internamente”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en un comunicado que esperaba que “las autoridades mexicanas tengan en cuenta las recomendaciones del informe, evalúen las políticas sugeridas para abordar el problema de la desaparición forzada, presten apoyo a las familias de la víctimas y continúen intentando llevar a los responsables de este crimen tan terrible ante la justicia”.
La frustración generalizada nace, en parte, por la insistencia del gobierno en defender sus conclusiones iniciales: que los estudiantes fueron secuestrados por la policía, que esta los entregó a un cartel que los asesinó y luego quemó los cuerpos en un basurero cercano.
Pese a que los expertos han testificado que ese incendio no pudo suceder en el lugar en el que supuestamente se incineraron los cuerpos, el gobierno defiende la veracidad de su investigación y critica a quienes no han sido capaces de resolver el caso. Las autoridades tienen a su propio grupo de expertos que defiende esa versión de los hechos.
Para Zárate, “hay ciertos niveles de gobierno que tienen una idea un tanto equivocada: que si hablas mucho de economía y gastas mucho dinero en publicidad, todo se desvanecerá. Creo que la imagen de uno depende de lo que hace, no de lo que dice que hace”.
Si eso fuera cierto, su estrategia no parecería estar rindiendo frutos en el extranjero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó recientemente un informe muy duro sobre el uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad en México y el enviado especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan E. Méndez, hizo lo mismo el año pasado.
Méndez dijo que la tortura en México es generalizada, algo que el gobierno cuestiona. Para Méndez, este tipo de respuestas no le ayudan al Estado. “Estas cosas suceden en otros países, pero en México es más serio porque su papel en la comunidad internacional es importante y porque los ciudadanos mexicanos se merecen algo mejor después de décadas de exclusión. Ya es hora de que una democracia seria comience a ofrecer resultados”.
Fuente: New York Times en Español
Autor: Azam Ahmed
http://www.nytimes.com/es/2016/04/26/la-desaparicion-de-43-estudiantes-en-mexico-la-tragedia-que-marco-al-gobierno-de-pena-nieto-pero-que-no-afectara-a-su-partido/?action=click&contentCollection=undefined®ion=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=1&pgtype=collection
Confundidos, aterrorizados y sin ayuda: los detalles que agrega el nuevo informe del caso Ayotzinapa
Los policías municipales rodearon el autobús, lanzaron gas lacrimógeno, pincharon las llantas y obligaron a los estudiantes a que se bajaran.
Uno de los oficiales dijo: “Los vamos a matar a todos”, según el testimonio del conductor del autobús. Otro policía se dirigió a él y le dijo: “A ti también”.
Mientras tanto, un oficial de inteligencia militar lo veía todo. Y cerca de donde sucedía había agentes de la policía estatal y la federal. A los estudiantes los subieron a vehículos de la policía y desde entonces no se ha sabido nada de ellos.
Se trataba de varios de los 43 estudiantes desaparecidos en el caos de una noche violenta de septiembre de 2014 en Iguala, un caso cuyo contexto —no se conoce aún el motivo de la desaparición— es cada vez más cuestionado. Sobre todo después de que una comisión de expertos extranjeros lo haya examinado durante más de un año.
Pese a los obstáculos que el gobierno ha puesto al caso desde hace meses, los dos informes del grupo de expertos extranjeros —el segundo fue publicado el domingo— son el relato más detallado de los hechos de aquella noche, que dejaron seis muertos además de los 43 desaparecidos, y decenas de heridos.
El informe describe una noche de confusión y terror para los estudiantes y los habitantes de la ciudad, y una recolección de personas, con una metodología casi clínica, llevada a cabo por las fuerzas de seguridad que operaban en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos de México.
El gobierno ha detenido a 123 personas entre las que hay 73 policías municipales. Los acusa de vínculos con el crimen organizado por lo sucedido aquella noche; de trabajar para la organización Guerreros Unidos, pero no han sido capaces de dar con el motivo de su comportamiento.
Los jóvenes desaparecidos eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, una escuela de maestros con una larga trayectoria de activismo situada en Ayotzinapa.
Estaban entre el centenar de estudiantes que habían ido a Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 para secuestrar varios autobuses. Solían hacerlo cada vez que necesitaban trasladarse a un evento y los devolvían una vez finalizada la actividad. Tanto las empresas como las autoridades toleraban esa práctica.
El plan para la salida de esa noche era asegurar los autobuses e ir a la capital del país para participar en una marcha de recuerdo de una masacre estudiantil en 1968.
Se desplazaban en dos autobuses que habían requisado antes. Se estacionaron en una de las calles de entrada a la ciudad y esperaron para interceptar más vehículos.
Uno de los estudiantes dijo, según el primero de los informes del grupo de expertos, que “estábamos todos contentos, relajados y jugando con los choferes”. Ese informe fue elaborado a partir de entrevistas con los supervivientes, fuerzas de seguridad e informes de un centro de mando público con la participación de varias instituciones.
Pero las fuerzas de seguridad de la zona estaban al tanto de los planes de los estudiantes. La policía federal situó varias patrullas cerca de los estudiantes, y el centro de mando local que hacía la conexión entre las policías federal, estatal y municipal así como con el ejército, mantenía a los estudiantes vigilados.
A las 20:15, los estudiantes detuvieron y abordaron el primer autobús, que estaba frente a un restaurante. El conductor ya sabía qué hacer en caso de que los estudiantes reclamaran el autobús. Debía quedarse en el vehículo para garantizar que se devolvía.
El chofer dijo que necesitaba hacer una parada en la terminal de autobuses de Iguala antes de conducir rumbo a Ayotzinapa. Pero una vez en el lugar, sorprendió a los estudiantes y los dejó encerrados en el vehículo.
Sobre las 21:15, los estudiantes que se desplazaban en otros dos autobuses llegaron a la terminal y liberaron a sus compañeros. El grupo requisó tres autobuses más y dejó atrás uno que no tenía conductor. Los cinco autobuses se fueron rumbo a Ayotzinapa, tres de ellos por la salida norte de la ciudad, dos por la salida sur.
Y comenzó el tiroteo.
Varios vehículos policiales seguían a los tres autobuses que iban por la salida norte y disparaban al aire. La amenaza no sirvió para que los estudiantes se detuvieran. Llegados a un punto, una de las camionetas de la policía obligó a detenerse a los autobuses.
Varios de los estudiantes bajaron del autobús y comenzaron a a tirar piedras contra los policías que les bloqueaban el paso. El vehículo se fue. En otro lugar, uno de los estudiantes trató de desarmar a un policía por la espalda. Varios policías acudieron para ayudar a su compañero y el estudiante logró huir. Mientras huía, una bala perdida le hirió de levedad por la espalda.
El convoy emprendió rumbo norte de nuevo. Mientras atravesaba la ciudad, los policías disparaban. Los estudiantes se resguardaron en el suelo de los vehículos y le ordenaron a los conductores que siguieran.
Al llegar a una ronda de circunvalación, el camino estaba bloqueado por policías. Varios estudiantes se bajaron del autobús y trataron de mover el coche de policía que les cerraba el paso pero había policías apostados en la carretera que dispararon contra ellos. Para protegerse, los estudiantes se escondieron tras los autobuses. Le pidieron a la policía que dejara de disparar. Eran solo estudiantes. Uno de los autobuses tenía hasta 30 impactos de bala.
Las balas quebraron las ventanas. Aldo Gutiérrez, uno de los estudiantes, recibió un impacto de bala en la cabeza. La primera llamada al número de emergencias se recibió a las 21:48. Los estudiantes que trataron de socorrer a Aldo también recibieron disparos.
Otro estudiante recibió una bala que le arrancó varios dedos. Buscó refugio tras un camión. Dos policías llegaron hasta donde se escondía y lo golpearon. Un tercer estudiante recibió un impacto de bala en el brazo. Una ambulancia logró rescatar a tres heridos y llevarlos al hospital junto a un cuarto estudiante con un ataque de asma.
El informe del grupo formado por cinco abogados y expertos en derechos humanos dice que “sintieron la confusión, el terror y la ausencia de ayuda”.
En algún momento, la policía hizo que un grupo de estudiantes que se protegía dentro del tercer autobús se bajara del vehículo y se tumbaran en el suelo. A las 22:50 los subieron a seis o siete patrullas y se los llevaron. Están entre los 43 desaparecidos.
Mientras tanto, los dos autobuses que habían tomado la ruta del sur de la ciudad también se habían encontrado con problemas. A las 21:40, mientras se interceptaba a los tres autobuses en el norte, la policía detuvo uno de los dos vehículos, rompió las ventanas y arrojó gas lacrimógeno al interior para obligarlos a que se bajaran frente al edificio de tribunales de Iguala.
Los estudiantes llamaron por teléfono desesperadamente. Familiares y amigos oyeron que la policía los atacaba. Oían disparos como sonido de fondo de las conversaciones.
Bajaron a los pasajeros de los autobuses y se los llevaron. Son el resto de los 43 desaparecidos.
En otro punto de Iguala, la policía había detenido otro de los autobuses que había huido hacia el sur. Los estudiantes, que sabían de los ataques por llamadas telefónicas, huyeron.
Para tener una dimensión exacta del caos de aquella noche en Iguala es importante saber que otros autobuses y vehículos que no tenían nada que ver con los estudiantes también fueron atacados.
Los Avispones, un equipo de fútbol de una secundaria de la ciudad de Chilpancingo, había jugado un partido en Iguala contra un equipo local. A las 23:15, los jugadores regresaban a casa en su autobús. Iban tranquilos, viendo una película. Para salir de Iguala tenían que atravesar un control de la policía hacia donde les dirigieron por el enfrentamiento entre la policía y los estudiantes.
A unos cinco kilómetros de Iguala, la policía abrió fuego contra ellos. Mataron al conductor y a uno de los jugadores. Hirieron a siete personas más. Una mujer de 40 años que pasaba por allí en un taxi también murió.
Los testigos dicen que entre quienes dispararon había oficiales de la policía y los análisis de balística demuestran que las armas utilizadas pertenecían a la policía municipal de Iguala.
El informe dice que “la hipótesis más probable es que el autobús fue confundido con uno de los que transportaba a los estudiantes de magisterio”.
Algunos de los jugadores, uno de ellos herido en un ojo y que sangraba en abundancia, consiguió llegar a un batallón militar cercano. No le ayudaron. “Nos dijeron que no podían hacer nada porque no tenían competencia sobre la zona”.
En el resto de calles de entrada a Iguala desde Ayotzinapa grupos de hombres armados establecieron dos controles. La policía municipal de Huitzuco puso otro. En uno de ellos, dos civiles resultaron heridos de bala.
El grupo de expertos concluyó que “la acción conjunta muestra unmodus operandi coordinado para detener la salida de los autobuses”.
Mientras tanto, en la entrada norte de la ciudad, los supervivientes del tiroteo contra los tres autobuses comenzaron a salir de los lugares en los que se habían escondido y a reagruparse en lugar hacia las 23:00. La policía ya se había ido y querían recopilar las pruebas del ataque mientras seguían intentando comunicarse con sus compañeros.
Algunos periodistas y maestros llegaron al sitio y se montó una conferencia de prensa improvisada en medio de la calle.
Alrededor de las 00:30, dos vehículos —uno blanco y otro negro— llegaron al lugar y comenzaron a tomar fotos de los reunidos. Algunos de sus ocupantes llevaban chalecos antibalas y estaban encapuchados. Hay testigos que dijeron haber visto un coche de policía en el lugar.
Quince minutos más tarde, los vehículos regresaron y tres hombres se bajaron de ellos para abrir fuego contra la conferencia de prensa. Murieron dos hombres y hubo heridos, entre los que había maestros y estudiantes.
Los supervivientes se escondieron en viviendas cercanas. Un maestro y varios estudiantes fueron a buscar ayuda para los heridos a un hospital cercano. No había ningún médico. Pese a que pedían que enviaran ambulancias al lugar y a que el ejército llegó hasta donde estaban, dentro del hospital, la ayuda tardó más de una hora en hacerse efectiva.
A las tres de la mañana, los cuerpos de los dos muertos todavía estaban en la calle, sin cubrir, bajo la lluvia.
Al amanecer, la situación ya se había calmado y los estudiantes que se habían escondido por toda la ciudad comenzaron a recibir llamadas que les decían que era seguro salir. A lo largo de la mañana, se reunieron en la fiscalía donde dieron testimonio ante un funcionario.
Esa misma mañana apareció el cadáver de Julio César Mondragón, que había estado en la rueda de prensa improvisada en la calle. Había huido cuando comenzó el tiroteo y se había separado del grupo.
Lo habían desollado. Tenía el cráneo roto y múltiples hemorragias internas. El estado de su cadáver muestra, según el informe del grupo de expertos, “el nivel de las atrocidades cometidas aquella noche”.
Uno de los oficiales dijo: “Los vamos a matar a todos”, según el testimonio del conductor del autobús. Otro policía se dirigió a él y le dijo: “A ti también”.
Mientras tanto, un oficial de inteligencia militar lo veía todo. Y cerca de donde sucedía había agentes de la policía estatal y la federal. A los estudiantes los subieron a vehículos de la policía y desde entonces no se ha sabido nada de ellos.
Se trataba de varios de los 43 estudiantes desaparecidos en el caos de una noche violenta de septiembre de 2014 en Iguala, un caso cuyo contexto —no se conoce aún el motivo de la desaparición— es cada vez más cuestionado. Sobre todo después de que una comisión de expertos extranjeros lo haya examinado durante más de un año.
Pese a los obstáculos que el gobierno ha puesto al caso desde hace meses, los dos informes del grupo de expertos extranjeros —el segundo fue publicado el domingo— son el relato más detallado de los hechos de aquella noche, que dejaron seis muertos además de los 43 desaparecidos, y decenas de heridos.
El informe describe una noche de confusión y terror para los estudiantes y los habitantes de la ciudad, y una recolección de personas, con una metodología casi clínica, llevada a cabo por las fuerzas de seguridad que operaban en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos de México.
El gobierno ha detenido a 123 personas entre las que hay 73 policías municipales. Los acusa de vínculos con el crimen organizado por lo sucedido aquella noche; de trabajar para la organización Guerreros Unidos, pero no han sido capaces de dar con el motivo de su comportamiento.
Los jóvenes desaparecidos eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, una escuela de maestros con una larga trayectoria de activismo situada en Ayotzinapa.
Estaban entre el centenar de estudiantes que habían ido a Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 para secuestrar varios autobuses. Solían hacerlo cada vez que necesitaban trasladarse a un evento y los devolvían una vez finalizada la actividad. Tanto las empresas como las autoridades toleraban esa práctica.
El plan para la salida de esa noche era asegurar los autobuses e ir a la capital del país para participar en una marcha de recuerdo de una masacre estudiantil en 1968.
Se desplazaban en dos autobuses que habían requisado antes. Se estacionaron en una de las calles de entrada a la ciudad y esperaron para interceptar más vehículos.
Uno de los estudiantes dijo, según el primero de los informes del grupo de expertos, que “estábamos todos contentos, relajados y jugando con los choferes”. Ese informe fue elaborado a partir de entrevistas con los supervivientes, fuerzas de seguridad e informes de un centro de mando público con la participación de varias instituciones.
Pero las fuerzas de seguridad de la zona estaban al tanto de los planes de los estudiantes. La policía federal situó varias patrullas cerca de los estudiantes, y el centro de mando local que hacía la conexión entre las policías federal, estatal y municipal así como con el ejército, mantenía a los estudiantes vigilados.
A las 20:15, los estudiantes detuvieron y abordaron el primer autobús, que estaba frente a un restaurante. El conductor ya sabía qué hacer en caso de que los estudiantes reclamaran el autobús. Debía quedarse en el vehículo para garantizar que se devolvía.
El chofer dijo que necesitaba hacer una parada en la terminal de autobuses de Iguala antes de conducir rumbo a Ayotzinapa. Pero una vez en el lugar, sorprendió a los estudiantes y los dejó encerrados en el vehículo.
Sobre las 21:15, los estudiantes que se desplazaban en otros dos autobuses llegaron a la terminal y liberaron a sus compañeros. El grupo requisó tres autobuses más y dejó atrás uno que no tenía conductor. Los cinco autobuses se fueron rumbo a Ayotzinapa, tres de ellos por la salida norte de la ciudad, dos por la salida sur.
Y comenzó el tiroteo.
Varios de los estudiantes bajaron del autobús y comenzaron a a tirar piedras contra los policías que les bloqueaban el paso. El vehículo se fue. En otro lugar, uno de los estudiantes trató de desarmar a un policía por la espalda. Varios policías acudieron para ayudar a su compañero y el estudiante logró huir. Mientras huía, una bala perdida le hirió de levedad por la espalda.
El convoy emprendió rumbo norte de nuevo. Mientras atravesaba la ciudad, los policías disparaban. Los estudiantes se resguardaron en el suelo de los vehículos y le ordenaron a los conductores que siguieran.
Al llegar a una ronda de circunvalación, el camino estaba bloqueado por policías. Varios estudiantes se bajaron del autobús y trataron de mover el coche de policía que les cerraba el paso pero había policías apostados en la carretera que dispararon contra ellos. Para protegerse, los estudiantes se escondieron tras los autobuses. Le pidieron a la policía que dejara de disparar. Eran solo estudiantes. Uno de los autobuses tenía hasta 30 impactos de bala.
Las balas quebraron las ventanas. Aldo Gutiérrez, uno de los estudiantes, recibió un impacto de bala en la cabeza. La primera llamada al número de emergencias se recibió a las 21:48. Los estudiantes que trataron de socorrer a Aldo también recibieron disparos.
Otro estudiante recibió una bala que le arrancó varios dedos. Buscó refugio tras un camión. Dos policías llegaron hasta donde se escondía y lo golpearon. Un tercer estudiante recibió un impacto de bala en el brazo. Una ambulancia logró rescatar a tres heridos y llevarlos al hospital junto a un cuarto estudiante con un ataque de asma.
El informe del grupo formado por cinco abogados y expertos en derechos humanos dice que “sintieron la confusión, el terror y la ausencia de ayuda”.
En algún momento, la policía hizo que un grupo de estudiantes que se protegía dentro del tercer autobús se bajara del vehículo y se tumbaran en el suelo. A las 22:50 los subieron a seis o siete patrullas y se los llevaron. Están entre los 43 desaparecidos.
Mientras tanto, los dos autobuses que habían tomado la ruta del sur de la ciudad también se habían encontrado con problemas. A las 21:40, mientras se interceptaba a los tres autobuses en el norte, la policía detuvo uno de los dos vehículos, rompió las ventanas y arrojó gas lacrimógeno al interior para obligarlos a que se bajaran frente al edificio de tribunales de Iguala.
Los estudiantes llamaron por teléfono desesperadamente. Familiares y amigos oyeron que la policía los atacaba. Oían disparos como sonido de fondo de las conversaciones.
Bajaron a los pasajeros de los autobuses y se los llevaron. Son el resto de los 43 desaparecidos.
En otro punto de Iguala, la policía había detenido otro de los autobuses que había huido hacia el sur. Los estudiantes, que sabían de los ataques por llamadas telefónicas, huyeron.
Para tener una dimensión exacta del caos de aquella noche en Iguala es importante saber que otros autobuses y vehículos que no tenían nada que ver con los estudiantes también fueron atacados.
Los Avispones, un equipo de fútbol de una secundaria de la ciudad de Chilpancingo, había jugado un partido en Iguala contra un equipo local. A las 23:15, los jugadores regresaban a casa en su autobús. Iban tranquilos, viendo una película. Para salir de Iguala tenían que atravesar un control de la policía hacia donde les dirigieron por el enfrentamiento entre la policía y los estudiantes.
A unos cinco kilómetros de Iguala, la policía abrió fuego contra ellos. Mataron al conductor y a uno de los jugadores. Hirieron a siete personas más. Una mujer de 40 años que pasaba por allí en un taxi también murió.
Los testigos dicen que entre quienes dispararon había oficiales de la policía y los análisis de balística demuestran que las armas utilizadas pertenecían a la policía municipal de Iguala.
El informe dice que “la hipótesis más probable es que el autobús fue confundido con uno de los que transportaba a los estudiantes de magisterio”.
Algunos de los jugadores, uno de ellos herido en un ojo y que sangraba en abundancia, consiguió llegar a un batallón militar cercano. No le ayudaron. “Nos dijeron que no podían hacer nada porque no tenían competencia sobre la zona”.
En el resto de calles de entrada a Iguala desde Ayotzinapa grupos de hombres armados establecieron dos controles. La policía municipal de Huitzuco puso otro. En uno de ellos, dos civiles resultaron heridos de bala.
El grupo de expertos concluyó que “la acción conjunta muestra unmodus operandi coordinado para detener la salida de los autobuses”.
Mientras tanto, en la entrada norte de la ciudad, los supervivientes del tiroteo contra los tres autobuses comenzaron a salir de los lugares en los que se habían escondido y a reagruparse en lugar hacia las 23:00. La policía ya se había ido y querían recopilar las pruebas del ataque mientras seguían intentando comunicarse con sus compañeros.
Algunos periodistas y maestros llegaron al sitio y se montó una conferencia de prensa improvisada en medio de la calle.
Alrededor de las 00:30, dos vehículos —uno blanco y otro negro— llegaron al lugar y comenzaron a tomar fotos de los reunidos. Algunos de sus ocupantes llevaban chalecos antibalas y estaban encapuchados. Hay testigos que dijeron haber visto un coche de policía en el lugar.
Quince minutos más tarde, los vehículos regresaron y tres hombres se bajaron de ellos para abrir fuego contra la conferencia de prensa. Murieron dos hombres y hubo heridos, entre los que había maestros y estudiantes.
Los supervivientes se escondieron en viviendas cercanas. Un maestro y varios estudiantes fueron a buscar ayuda para los heridos a un hospital cercano. No había ningún médico. Pese a que pedían que enviaran ambulancias al lugar y a que el ejército llegó hasta donde estaban, dentro del hospital, la ayuda tardó más de una hora en hacerse efectiva.
A las tres de la mañana, los cuerpos de los dos muertos todavía estaban en la calle, sin cubrir, bajo la lluvia.
Al amanecer, la situación ya se había calmado y los estudiantes que se habían escondido por toda la ciudad comenzaron a recibir llamadas que les decían que era seguro salir. A lo largo de la mañana, se reunieron en la fiscalía donde dieron testimonio ante un funcionario.
Esa misma mañana apareció el cadáver de Julio César Mondragón, que había estado en la rueda de prensa improvisada en la calle. Había huido cuando comenzó el tiroteo y se había separado del grupo.
Lo habían desollado. Tenía el cráneo roto y múltiples hemorragias internas. El estado de su cadáver muestra, según el informe del grupo de expertos, “el nivel de las atrocidades cometidas aquella noche”.
Fuente: New York Times en Español
Autor: Kirk Semple, con información de Paulina Villegas
http://www.nytimes.com/es/2016/04/25/confundidos-aterrorizados-y-sin-ayuda-los-detalles-que-agrega-el-nuevo-informe-del-caso-ayotzinapa/
“Desaparece” joven tras discutir con policías en Naucalpan
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noche del pasado 15 de abril Allen Yasuf Huerta Cortés, de 27 años, salió a cenar alitas con su novia en Ciudad Satélite. Lo último que supieron de él es que tuvo una discusión con policías en la Zona Azul de Naucalpan y a la fecha ni las autoridades saben de su paradero.
Fátima Cortés y David Huerta, padres del joven, temen que haya sido secuestrado, pero están alarmados porque nadie les ha pedido rescate por su hijo.
La madre de Allen relató al diario Reforma que el día que Allen desapareció le envió un mensaje de texto a las 22:30 en el que le avisaba que había ido a cenar alitas con su novia y desde entonces no sabe nada de él.
Relató que amigos de Allen les comentaron que alrededor de las doce y media del sábado 16, vieron a la pareja discutiendo con policías, aunque no supieron decir si eran municipales o estatales.
“Estamos desesperados, no hemos sabido nada de él, es un buen muchacho, de buen corazón, muy deportista. No se metía en problemas con nadie y ahora simplemente no sabemos nada, por eso estamos pidiendo al gobernador (del Estado de México, Eruviel Ávila) que nos ayude”, relató Fátima.
El padre de Allen dijo además que ya reportaron la desaparición de su hijo al Programa Odisea de búsqueda de personas en el Estado de México, y en el CAPEA de la Procuraduría capitalina, así como a Locatel.
“Por lo que sabemos por los amigos, es que estuvieron en Las Alitas hasta las 12:30. Hay menciones que vieron a mi hijo discutir con dos policías, frente a una farmacia cercana.
“Estamos muy preocupados porque ya nos han mencionado que habido muchas anomalías en ese lugar, la Zona Azul, comentarios de que personas han desaparecido de ahí y les cometen secuestros exprés”, comentó David Huerta.
Hasta hoy las autoridades no han dado informes sobre el posible paradero de Allen Yusuf, por lo que sus padres y vecinos apoyan en la búsqueda y han convocado a realizar una marcha contra la inseguridad en el lugar donde desapareció.
Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/438539/desparece-joven-tras-discutir-policias-en-naucalpan
Migrantes convocan a protestar por discursos de odio en Estados Unidos
Diversas organizaciones de migrantes en Estados Unidos convocaron a manifestarse este 1 de mayo contra los ataques y discursos de odio en el país, así como para exigir al presidente, Barack Obama, que acabe con su política de deportaciones.
Los migrantes van a “levantar la voz en contra del odio y de los ataques” en su contra, indicó la directora ejecutiva de United We Dream, Crisitna Jiménez.
“Estaremos haciendo un llamado a la comunidad para salir a las calles y movilizarnos para las elecciones”, señaló Jiménez, en referencia a los discursos racistas de los candidatos Donald Trump y Ted Cruz.
“Levantaremos nuestras voces, tomaremos las calles y saldremos a votar en noviembre como una forma directa para contrarrestar la xenofobia y los ataques contra los musulmanes, contra los inmigrantes y contra los trabajadores”, aseguró Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles.
Donald Trump se comprometió a expulsar de Estados Unidos a los 11.3 millones de migrantes indocumentados, y aseguró que construirá un muro en la frontera con México, el cual deberá ser financiado por el gobierno mexicano.
Por su parte, el senador Ted Cruz indicó que al llegar a la presidencia su “primera prioridad” será asegurar la frontera, con la construcción de un muro y triplicando la presencia de agentes fronterizos.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
Hallan siete cadáveres en límites de Puebla y Veracruz
Xalapa, Ver. Dos de los siete cuerpos encontrados en los límites entre Veracruz y el estado de Puebla fueron identificados.
De acuerdo con fuentes oficiales del gobierno de Veracruz, los cuerpos encontrados al interior de una camioneta calcinada, en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla, son de Bertha y Amada González Pérez, hermanas de Cirilo González Pérez, alías “El Puchini” o “Z-37”, líder de Los Zetas en la zona, capturado hace unos meses en Pachuca, Hidalgo.
La autoridad refiere que el vehículo en que fueron encontrados está a nombre de Ricardo Curiel Castillo, quien de acuerdo con las primeras indagatorias fue reportado como no localizado en Poza Rica, Veracruz.
Este lunes, en Poza Rica, familiares de cuatro personas detenidas el pasado sábado, presuntamente por elementos de la Fuerza Civil en Poza Rica, protestaron frente a las instalaciones de la corporación en la colonia Miguel Hidalgo de aquella ciudad del norte del estado.
Durante la manifestación, Natali Ramírez González, hija de una de las mujeres detenidas, explicó que su madre Amada González Pérez; su tía, Mariana González Pérez; un hombre de nombre Ricardo Curiel Castillo, y otro del que desconocen su identidad, viajaban en una camioneta Explorer negra cuando fueron interceptados, supuestamente por elementos de la Fuerza Civil,sobre el bulevar Lázaro Cárdenas,a la altura de la colonia Tajín, el pasado sábado.
Hasta ahora, autoridades de Veracruz no han emitido ningún comunicado para confirmar o desmentir la participación de la Fuerza Civil en este hecho.
Mientras tanto, en un comunicado de la Fiscalía de Puebla se informó que en la misma zona limítrofe con Veracruz, pero al interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), conocidas como “Corralillo”, se hallaron otros tres cuerpos en avanzado estado de descomposición.
La Fiscalía de Puebla destacó que el territorio poblano correspondería sólo al lugar del hallazgo; por ello, en este como en el caso del vehículo calcinado con restos humanos en su interior, se brinda a la Fiscalía General del Estado de Veracruz toda la información para continuar las investigaciones.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR:EIRINET GÓMEZ
LINK:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/26/hallan-siete-cadaveres-en-limites-de-puebla-y-veracruz
Pide OACNUDH a Peña atender recomendaciones del GIEI sobre el caso Ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que atienda las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otras seis personas, ocurridos en septiembre de 2014.
En dicho reporte se evidencian fallas en la investigación y obstáculos para realizar el trabajo de los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La oficina de Zeid Ra’ad Al Hussein, quien visitó el país el año pasado, felicitó la investigación realizada por el GIEI sobre un caso que “recibió gran atención no sólo en México mismo sino alrededor del mundo”,
En un comunicado fechado en Ginebra, Suiza, sede de la OACNUDH, el vocero de esa instancia de la ONU, Rupert Colville, lamentó que durante la gestión del GIEI se impusieron “muchos retos y obstáculos” que evitaron que “ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso”.
Tras señalar que el caso de la desaparición forzada de los normalistas conmocionó al mundo, el vocero exhortó al gobierno de Peña Nieto a “asegurar el seguimiento efectivo del informe y afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto”.
Es indispensable que la actual administración se comprometa “con el mecanismo de seguimiento que ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, que está por definirse en común acuerdo entre representantes de las víctimas, el Estado mexicano y el órgano de la OEA, añadió.
De acuerdo con el representante de la OACNUDH, el caso de los 43 “muestra el papel crucial que la cooperación internacional puede jugar para ayudar a los Estados a combatir la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos”.
Para la oficina de Zeid Ra’ad Al Hussein, la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, cobró relevancia mundial “y se convirtió en un caso que puso a prueba la voluntad y habilidad de las autoridades para afrontar crímenes violentos y la corrupción”.
El vocero Colville retomó las consideraciones del Alto Comisionado Al Hussein, quien durante su visita a México en octubre del año pasado subrayó que “es muy importante que el gobierno actúe decididamente sobre las recomendaciones del GIEI y garantice los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias”.
Luego de aplaudir las primeras expresiones del presidente Peña Nieto y de la Procuraduría General de la República “de considerar seriamente las recomendaciones del Grupo”, la OACNUDH exhortó a las autoridades mexicanas “a explorar exhaustivamente las nuevas líneas de investigación sugeridas por el Grupo, así como fortalecer las investigaciones sobre este caso emblemático”.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ
Sufre Mireles tercer conato de infarto en penal de Hermosillo
URUAPAN, Mich., Abril 26 (apro).- El exlíder de los autodefensas de Michoacán José Manuel Mireles Valverde, sufrió un tercer connato de infarto en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, donde se encuentra recluido, informó el diputado de Movimiento Ciudadano Manuel Moncada.
Lo anterior fue confirmado por su abogado, Ignacio Mendoza Jiménez, quien añadió que fue hace una semana cuando su cliente tuvo la complicación.
“No hay condiciones en la cárcel para atender las complicaciones de diabetes”, dijo después de presentar la apelación ante el juzgado federal de Morelia.
Lo acompañaron Virginia Mireles, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Serrato; el coordinador de la bancada perredista del Congreso local, Pascual Sigala y el diputado de Movimiento Ciudadano Daniel Moncada.
A las 10 horas, el abogado defensor y sus acompañantes arribaron a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para apelar la decisión del quinto juez de distrito con sede en Uruapan, Jorge Armando Wong Aceituno, quien resolvió infundado el incidente de sobreseimiento de la causa penal 137/2014-II instruida al fundador de grupos de autodefensa.
“Resolvió de manera equivocada, no tomó en cuenta los argumentos que presentamos, sobre todo lo que tiene que ver con la decisión del doctor Mireles para enfrentar al crimen organizado, por lo que se veía obligado a portar armas de fuego”, apuntó Mendoza Jiménez.
El magistrado federal comentó al abogado de Mireles que tardará entre 30 y 45 días en resolver, pero leerá los argumentos que han escrito diferentes instancias de gobierno e instituciones defensoras de derechos humanos que les fueron entregados durante la audiencia de este día.
Ignacio Mendoza recordó que el Congreso local aprobó un punto de acuerdo hace unos días en el que solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) retire los cargos contra Mireles Valverde, porque se trata de una persona honorable que encabezó tareas que el estado no pudo cumplir, sin contar que por el mismo delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, decenas de autodefensas fueron liberados.
El presidente de la CEDH, Víctor Serrato, justificó a Mireles en el sentido de que era necesario andar armado cuando se enfrentó a la delincuencia, por lo que se trata de una persona admirable que merece reconocimiento y no un trato inhumano, alejado de su familia desde junio de 2014 cuando arrestado. Tampoco era necesario trasladarlo a Sonora, como si fuera un delincuente peligroso.
El diputado perredista Pascual Sigala declaró que el tema de la liberación de Mireles y de otros 368 exintegrantes de grupos de autodefensas presos será planteado en la asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), para que apoyen la iniciativa que surgió el Congreso de Michoacán.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438564/sufre-mireles-tercer-conato-infarto-en-penal-hermosillo
Forenses argentinos: La realidad de México “es muy triste, vimos lo que no vemos en ningún lado”
Después de un año y tres meses de trabajo que implicaron un peritaje multidisciplinario e integral, los resultados del análisis de los 26 expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dieron una estocada mortal a la llamada “verdad histórica” del Gobierno de México sobre un caso abierto que recorre todo el mundo: la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
Desde aquellos tiempos en que Clyde Snow, el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), alentó a “excavar de día y llorar de noche”, sus integrantes llevan 32 años trabajando con un bajo perfil.
A pesar de haber viajado por medio mundo, sus rostros y sus nombres son muy poco conocidos, pero el 9 de febrero de este 2016 la historia de los llamados “peritos argentinos” —como ya se les conoce en México— dio un giro. Ese día, dos de sus integrantes, Mercedes Doretti y Miguel Nieva, aparecieron ante una multitud de medios de comunicación nacionales e internacionales, y se convirtieron en noticia. México conoció sus rostros.
Después de un año y tres meses de trabajo que implicaron un peritaje multidisciplinario e integral, los resultados del análisis de los 26 expertos del equipo, dieron una estocada mortal a la llamada “verdad histórica” [versión oficial] sobre un caso abierto que recorre el mundo: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Rural Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, entre la noche del 26, y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta ahora, sólo ha sido posible la identificación de uno de los alumnos, Alexander Mora Venancio, y eso fue posible través de una muestra que no se recogió en presencia de los peritos argentinos y no tuvo cadena de custodia.
El dictamen de 351 páginas sobre su análisis del basurero de Cocula fue contundente: las evidencias científicas recolectadas y los peritajes hechos en ese lugar no respaldan la hipótesis de que ahí se hayan incinerado los restos de los 43 estudiantes, como lo aseguró en su momento, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.
De hecho, este 19 de abril, el EAAF puso a disposición de la opinión pública el peritaje íntegro que hizo con el fin de “generar un debate científico e informado” sobre los hechos.
El equipo trabaja en total secrecía, y suele evitar el contacto con la prensa; pero Doretti y Nieva accedieron a hablar con VICE News. Después de más de dos meses de intercambiar mails y llamados, logramos reconstruir un perfil del equipo multidisciplinario que hizo esta investigación. Así fue como encontramos una serie de currículums que revelan el prestigio y la probidad de estos expertos en dinámica de fuego, criminalística, balística, botánica, entomología, odontología, anatomía, genética, analistas de imágenes satelitales y fotografías.
“Vinieron los mejores que conocemos”, nos dice Miguel Nieva, investigador del EAAF. Los 26 expertos llegaron de Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Colombia. Ellos aplicaron sus múltiples saberes para responder, desde el punto de vista de la evidencia recolectada en el basurero de Cocula: ¿es posible que la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 los perpetradores hayan llevado a los 43 estudiantes, asesinando a quienes habrían llegado vivos, e incinerado los restos de todos ellos ahí? La respuesta es “no”.
El estudio se basó en peritajes realizados en el basurero del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2014. Tras cruzar información sobre 138 elementos balísticos, más de 400 artefactos relacionados con ropa y calzado, plantas, insectos; y fotografías satelitales de Human Rights Watch y UNITAR-UNOSAT.
Cocula no fue la primera misión del EAAF con la PGR. Venían trabajando juntos en la Comisión Forense, un acuerdo con una decena de ONGs mexicanas y centroamericanas para identificar a víctimas de masacres: 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas [agosto de 2010];193 personas en fosas clandestinas también en San Fernando [abril del 2011] y 49 torsos aparecidos en una carretera de Cadereyta, Nuevo León [mayo de 2012]. “Del total de 314 víctimas entre las tres masacres, cerca de 200 estaban sin identificar”, dice Doretti.
Actualmente, existe la posibilidad de que el equipo se sume a otro proyecto en Chihuahua, a pedido de organizaciones locales. Y hay otros casos en Guerrero y Tamaulipas.
–¿Uno se acostumbra a trabajar con masacres?
La doctora Mercedes Doretti [Argentina] es antropóloga. Empezó a trabajar en el EAAF en 1984. Cuando Clyde Snow llegó al país del cono sur para ayudar a Abuelas de Plaza de Mayo en la identificación de nietos apropiados por el terrorismo de Estado y de personas desaparecidas, convocó a otros colegas a fin de que lo ayudaran. No tuvo suerte. Llamó a estudiantes avanzados.
‘Mimí’ cursaba antropología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y acudió, por eso se convirtió en una de las confundadoras. Su madre, Magdalena Ruiz Guiñazú, una de las periodistas más conocidas de la Argentina, en esos años formó parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Su informe, el “Nunca Más”, se publicó en 1984.
Hace dos años, cuando la UBA entregó el Doctor Honoris Causa a Doretti y a otros integrantes del EAAF, lo recibió su mamá, orgullosa. ‘Mimí’ estaba en México investigando fosas.
Doretti ha estudiado los restos de las grandes masacres de este siglo. Lideró misiones en todos los continentes y recibió la Beca de los Genios de la Fundación Mac Arthur (2007), por su “excepcional creatividad en su trabajo”.
Miguel Nieva [Argentina], se licenció en Criminalística por la Universidad Católica de Salta y se sumó al equipo en 2001. Pasa muy pocos días del año en su casa: la mayoría del tiempo está viajando en misiones del EAAF. Para el informe integral, estudió los elementos balísticos-casquillos, proyectiles y cartuchos recuperados del basurero de Cocula. En la Escuela del Poder Judicial y en la Cátedra de Medicinal Legal de la Universidad Nacional de Rosario, enseña mucho de lo que aprendió en todos estos años como perito.
Trabajó en la morgue judicial de Rosario, fue Chief Autopsy Technician del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY), y técnico en Histopatología Forense y Laboratorio de Antropología Forense del Instituto Médico Legal de Rosario [Poder Judicial, Santa Fe].
Mariana Segura [Argentina] es licenciada en Ciencias Antropológicas, estuvo junto con Doretti y Nieva en la conferencia de prensa de febrero. Es profesora de Antropología Forense, ha participado de misiones en Argentina y de capacitaciones en varios países, en jornadas y congresos. Conoce muy bien una parte menos visible de su trabajo, que es la que transcurre fuera del laboratorio y del campo: entrevistar, acompañar y contener a los familiares, dar noticias que siempre son funestas, pero, a veces, aportan el alivio de la verdad.
Ellos son los expertos convocados por EAAF que intervinieron en la investigación:
Jorge Manuel Pachón Mora [Colombia] es técnico forense del Grupo Balística Forense, de la Dirección Regional Bogotá del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Analizó, junto con Nieva, 138 elementos balísticos recuperados del basurero de Cocula. Documentaron, según el dictamen, inconsistencia entre las declaraciones de los inculpados y la evidencia balística.
Aída Galindo Bonilla [Colombia] tiene un magister en Biología por la Universidad Nacional de Colombia, recolectó especies vegetales en el basurero de Cocula. Las analizó desde la Botánica Forense: la rama que estudia el material vegetal de la investigación judicial. Especialista del Instituto y D. Duarte y O. Rivera de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinadora del Grupo Nacional de Investigación Científica Forense. Participó en numerosas investigaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.
Ellos son los consultores convocados por EAAF que intervinieron en la investigación:
Gregory Olson [Canadá]. Desde hace muchos años, ‘Greg’ es uno de los hombres que más saben sobre incendios y explosivos de la policía de Canadá. Junto con su colega Bryan Fischer, examinó, entre tantos elementos, los troncos de la vegetación removida por los peritos de PGR y del EAAF en Cocula, y evaluó la existencia o no de alteración térmica. Olson tiene años de investigaciones sobre fraude y criminalidad, y es miembro de la Asociación de Antropólogos de Canadá, de la Asociación de Investigación de Homicidios de Ontario y de la Sociedad Arqueológica de Ontario.
Bryan Fischer [Canadá] es supervisor de investigaciones sobre fuego en la policía de Ontario donde lleva más de 30 años. Fischer trabajó con su colega y compatriota Olson en el basurero, para tratar de determinar cómo fue la dinámica del fuego en Cocula. Estudió Leyes y Seguridad en Sheridan College.
Dr. Steve Symes [EU] es antropólogo especialista en trauma, lleva más de 30 años descifrando huesos y restos, y asesoró al EAAF en otros casos complejos. Autor de más de 50 publicaciones y un centenar de ‘papers’; sus investigaciones sirvieron de prueba en expedientes de violaciones a derechos humanos en Canadá, México, Perú, Indonesia, Kosovo y Europa. Es profesor de Antropología en el Departamento de Ciencias Forenses de la Universidad de Mercyhurst [Pensilvania]. En 2008 recibió el premio T. Dale Stewart el más alto honor que otorga el área de Antropología Física de la Academia de Ciencias Forenses de EEUU.
Sean Carlson-Greer [EU] es anatomista, magister en Antropología Forense y Biológica de la Universidad Mercyhurst, Pennsylvania, donde forma parte del equipo de Symes. Ha trabajado en el equipo de reconstrucción de escena de Mercyhurst, y en laboratorios forenses.
Dr. Ray Miller [EU] es odontólogo forense, puede analizar una pieza dental e inferir, entre tantas cosas, cuál fue la temperatura que alcanzó el fuego. Trabaja desde hace más de 15 años en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el EAAF lo convocó para evaluar evidencia dental en Cocula. Tiene mucha experiencia en la identificación de víctimas desde el área de Patología de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Sarah Baumgarten [EU] es antropóloga y arqueóloga; estudió en la Universidad Stony Brook en Nueva York y en Mercyhurst. Discípula de Symes, integra su equipo y es profesora. Investigadora de trauma, paleontología e imágenes en 3D.
Cullen Black [EU] es arqueólogo, trabajó en el laboratorio de identificación del Comando Central del Pacífico de Hawai para la agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que se ocupa de la búsqueda de desaparecidos en guerras. Investiga memoria y recuperación de restos en Vietnam, así como migraciones en Guatemala City a partir de restos humanos.
Ellos son los demás integrantes del EAAF:
Mariana Selva [Argentina] es antropóloga, investigadora del EAAF. Apenas se graduó, en la Universidad de Buenos Aires, recorrió las provincias de la Argentina participando en múltiples excavaciones. En el peritaje integral en Cocula, participó de la entrega de muestras -por ejemplo, de presuntas prendas de normalistas- a la Universidad de Innsbruck.
Carola Romanini [Argentina] es genetista, trabaja en el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular. Analizó restos óseos hallados en el basurero de Cocula.
Pablo Gallo [Argentina] es antropólogo, investigador del EAAF, también trabaja en la Procuración General de la Nación de Argentina desentrañando rastros de crímenes de lesa humanidad entre el cruce de las ciencias forenses y los expedientes. En los últimos años, pasó varias semanas en otras misiones interdisciplinarias del equipo entre México y Centroamérica, trabajando con las familias y las organizaciones locales en la identificación de migrantes desaparecidos.
Selva Varela Istueta [Argentina] es técnica antropóloga, forma parte del EAAF desde 2003. Llegó en 1987 a consultar al equipo pero desde otro rol: buscando identificar los restos de sus padres, desaparecidos por el terrorismo de Estado cuando ella era una niña muy pequeña.
Alejandra Ibañez [Argentina] también es antropóloga, investigadora del EAAF. Es especialista en arqueología y profesora. Dictó capacitaciones y encabezó trabajos de campo vinculados a la localización de restos para identificar a desaparecidos.
Analía González Simonetto [Argentina] es antropóloga, egresada de la UBA, donde da clases de antropología biológica y paleoantropología. Pero también dicta capacitaciones ahí donde convocan al EAAF. Por ejemplo, en Vietnam, donde le solicitaron asistencia y formación para la búsqueda de caídos en guerra. De las misiones en países extranjeros, aprendió que respetar los tiempos, así como avanzar con tacto y cautela, es crucial para entrar en confianza.
Diego Argañaraz Fochi [Argentina] es técnico antropólogo, miembro del equipo de investigación del EAAF y fotógrafo amateur. Estudió en la Universidad Nacional de Tucumán y conoce en profundidad el altiplano andino, donde participó de experiencias de investigación arqueológica.
Raymond Petit [Estados Unidos] tiene un magister en antropología y años de experiencia en organizaciones no gubernamentales, donde aprendió a ser muy versátil: sabe de gestión, logística, edición y hasta de fundraising. Consultor del EAAF desde 2007 en Estados Unidos y México, se graduó en la Universidad de Nueva York, su curriculum incluye becas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Trabajó en museos y editando libros.
Monserrat Nájera [México] es investigadora del EAAF. Licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e historia.
Karla Hernández Mares [México] Consultora del EAAF, fotógrafa, aliada de organizaciones sociales por la defensa de los derechos humanos: voluntaria en Grupo12: Derechos de los Pueblos Indígenas, de Amnistía Internacional México. Magister en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, participa de diversa experiencias de capacitación de jóvenes, como la construcción de una red de promotores de derechos sexuales y reproductivos.
Alicia Lusiardo [Uruguay] es antropóloga, integra el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) de Uruguay desde 2007. Estudió en la Universidad de la República [Uruguay], donde es profesora, y en la Universidad de Florida (EE.UU.). Participó en localizar y analizar restos de Timoteo Aparicio —caudillo y militar uruguayo, pieza crucial del Partido Nacional, en 1872 proclamó la Revolución de las Lanzas— y en la exhumación de los restos de João Goulart —presidente de Brasil (1961-1964), lo derrocó un golpe militar y se exilió en Argentina, donde murió en una habitación de hotel en 1976, ya en dictadura. En 2008, un agente dijo que había sido envenenado en el marco del Plan Cóndor—.
Estas son las organizaciones que también intervinieron:
Laboratorio Actlabs [Canadá] es líder en análisis forense, de minerales y de medio ambiente. Estudió muestras de sedimentos del suelo. Y revisó el informe generado por PGR sobre elementos químicos, para una revisión entre pares.
Human Rights Watch, es una ONG internacional independiente y sin fines de lucro, con 400 miembros vinculados a derechos humanos en distintos países del mundo. Tiene un área de analistas de imágenes satelitales.
UNITAR-UNOSAT, UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) es el Instituto de Naciones Unidas para Formación e Investigación que impulsa UNOSAT: un programa sobre aplicaciones operacionales de satélite. Brinda servicio de cartografía humanitaria y análisis de imágenes satelitales para poner la información geográfica al servicio de la comunidad, los expertos y las organizaciones. En el informe participaron expertos de estas organizaciones en análisis de imágenes satelitales, gestionadas a través de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México.
FUENTE: SINEMBARGO, VICE NEWS.
AUTOR: MARÍA EUGENIA LUDEÑA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1653141
Desde aquellos tiempos en que Clyde Snow, el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), alentó a “excavar de día y llorar de noche”, sus integrantes llevan 32 años trabajando con un bajo perfil.
A pesar de haber viajado por medio mundo, sus rostros y sus nombres son muy poco conocidos, pero el 9 de febrero de este 2016 la historia de los llamados “peritos argentinos” —como ya se les conoce en México— dio un giro. Ese día, dos de sus integrantes, Mercedes Doretti y Miguel Nieva, aparecieron ante una multitud de medios de comunicación nacionales e internacionales, y se convirtieron en noticia. México conoció sus rostros.
Después de un año y tres meses de trabajo que implicaron un peritaje multidisciplinario e integral, los resultados del análisis de los 26 expertos del equipo, dieron una estocada mortal a la llamada “verdad histórica” [versión oficial] sobre un caso abierto que recorre el mundo: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Rural Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, entre la noche del 26, y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta ahora, sólo ha sido posible la identificación de uno de los alumnos, Alexander Mora Venancio, y eso fue posible través de una muestra que no se recogió en presencia de los peritos argentinos y no tuvo cadena de custodia.
El dictamen de 351 páginas sobre su análisis del basurero de Cocula fue contundente: las evidencias científicas recolectadas y los peritajes hechos en ese lugar no respaldan la hipótesis de que ahí se hayan incinerado los restos de los 43 estudiantes, como lo aseguró en su momento, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.
De hecho, este 19 de abril, el EAAF puso a disposición de la opinión pública el peritaje íntegro que hizo con el fin de “generar un debate científico e informado” sobre los hechos.
El equipo trabaja en total secrecía, y suele evitar el contacto con la prensa; pero Doretti y Nieva accedieron a hablar con VICE News. Después de más de dos meses de intercambiar mails y llamados, logramos reconstruir un perfil del equipo multidisciplinario que hizo esta investigación. Así fue como encontramos una serie de currículums que revelan el prestigio y la probidad de estos expertos en dinámica de fuego, criminalística, balística, botánica, entomología, odontología, anatomía, genética, analistas de imágenes satelitales y fotografías.
“Vinieron los mejores que conocemos”, nos dice Miguel Nieva, investigador del EAAF. Los 26 expertos llegaron de Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Colombia. Ellos aplicaron sus múltiples saberes para responder, desde el punto de vista de la evidencia recolectada en el basurero de Cocula: ¿es posible que la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 los perpetradores hayan llevado a los 43 estudiantes, asesinando a quienes habrían llegado vivos, e incinerado los restos de todos ellos ahí? La respuesta es “no”.
El estudio se basó en peritajes realizados en el basurero del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2014. Tras cruzar información sobre 138 elementos balísticos, más de 400 artefactos relacionados con ropa y calzado, plantas, insectos; y fotografías satelitales de Human Rights Watch y UNITAR-UNOSAT.
“No estamos acostumbrados a trabajar en casos resonantes, o que estén generando una opinión pública todo el tiempo como éste”, dice Miguel Nieva.Cuando los convocaron para intervenir en la desaparición de los 43, los forenses argentinos estaban en México trabajando en Proyecto Frontera: un sistema regional forense para búsqueda de migrantes desaparecidos entre Centroamérica, México y Estados Unidos. “Vamos cofundando el Banco de Datos Forense de Migrantes Desaparecidos en sus comunidades o países de origen, y cruzamos esta información con morgues en la ruta migratoria. Este año estaremos tomando muestras y recolectando información en el Banco de Oaxaca, recientemente iniciado”, explica Mercedes Doretti, coordinadora del equipo en México.
“La realidad en México es muy triste. El nivel de errores que hemos detectado [por parte de las autoridades] en muchos lugares, es grave. En otros países estas cosas no pasarían nunca. Las cifras de víctimas son comparables con las de cualquier conflicto armado”, agrega Nieva.
Cocula no fue la primera misión del EAAF con la PGR. Venían trabajando juntos en la Comisión Forense, un acuerdo con una decena de ONGs mexicanas y centroamericanas para identificar a víctimas de masacres: 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas [agosto de 2010];193 personas en fosas clandestinas también en San Fernando [abril del 2011] y 49 torsos aparecidos en una carretera de Cadereyta, Nuevo León [mayo de 2012]. “Del total de 314 víctimas entre las tres masacres, cerca de 200 estaban sin identificar”, dice Doretti.
Actualmente, existe la posibilidad de que el equipo se sume a otro proyecto en Chihuahua, a pedido de organizaciones locales. Y hay otros casos en Guerrero y Tamaulipas.
–¿Uno se acostumbra a trabajar con masacres?
“No, México es un ejemplo de que no te podés acostumbrar nunca. Las cosas que hemos visto, no las vemos en ningún lado”, dice Nieva.¿QUIÉNES SON Y QUÉ HICIERON?
La doctora Mercedes Doretti [Argentina] es antropóloga. Empezó a trabajar en el EAAF en 1984. Cuando Clyde Snow llegó al país del cono sur para ayudar a Abuelas de Plaza de Mayo en la identificación de nietos apropiados por el terrorismo de Estado y de personas desaparecidas, convocó a otros colegas a fin de que lo ayudaran. No tuvo suerte. Llamó a estudiantes avanzados.
‘Mimí’ cursaba antropología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y acudió, por eso se convirtió en una de las confundadoras. Su madre, Magdalena Ruiz Guiñazú, una de las periodistas más conocidas de la Argentina, en esos años formó parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Su informe, el “Nunca Más”, se publicó en 1984.
Hace dos años, cuando la UBA entregó el Doctor Honoris Causa a Doretti y a otros integrantes del EAAF, lo recibió su mamá, orgullosa. ‘Mimí’ estaba en México investigando fosas.
Doretti ha estudiado los restos de las grandes masacres de este siglo. Lideró misiones en todos los continentes y recibió la Beca de los Genios de la Fundación Mac Arthur (2007), por su “excepcional creatividad en su trabajo”.
Miguel Nieva [Argentina], se licenció en Criminalística por la Universidad Católica de Salta y se sumó al equipo en 2001. Pasa muy pocos días del año en su casa: la mayoría del tiempo está viajando en misiones del EAAF. Para el informe integral, estudió los elementos balísticos-casquillos, proyectiles y cartuchos recuperados del basurero de Cocula. En la Escuela del Poder Judicial y en la Cátedra de Medicinal Legal de la Universidad Nacional de Rosario, enseña mucho de lo que aprendió en todos estos años como perito.
Trabajó en la morgue judicial de Rosario, fue Chief Autopsy Technician del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY), y técnico en Histopatología Forense y Laboratorio de Antropología Forense del Instituto Médico Legal de Rosario [Poder Judicial, Santa Fe].
Mariana Segura [Argentina] es licenciada en Ciencias Antropológicas, estuvo junto con Doretti y Nieva en la conferencia de prensa de febrero. Es profesora de Antropología Forense, ha participado de misiones en Argentina y de capacitaciones en varios países, en jornadas y congresos. Conoce muy bien una parte menos visible de su trabajo, que es la que transcurre fuera del laboratorio y del campo: entrevistar, acompañar y contener a los familiares, dar noticias que siempre son funestas, pero, a veces, aportan el alivio de la verdad.
Ellos son los expertos convocados por EAAF que intervinieron en la investigación:
Jorge Manuel Pachón Mora [Colombia] es técnico forense del Grupo Balística Forense, de la Dirección Regional Bogotá del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Analizó, junto con Nieva, 138 elementos balísticos recuperados del basurero de Cocula. Documentaron, según el dictamen, inconsistencia entre las declaraciones de los inculpados y la evidencia balística.
Aída Galindo Bonilla [Colombia] tiene un magister en Biología por la Universidad Nacional de Colombia, recolectó especies vegetales en el basurero de Cocula. Las analizó desde la Botánica Forense: la rama que estudia el material vegetal de la investigación judicial. Especialista del Instituto y D. Duarte y O. Rivera de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinadora del Grupo Nacional de Investigación Científica Forense. Participó en numerosas investigaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.
Ellos son los consultores convocados por EAAF que intervinieron en la investigación:
Gregory Olson [Canadá]. Desde hace muchos años, ‘Greg’ es uno de los hombres que más saben sobre incendios y explosivos de la policía de Canadá. Junto con su colega Bryan Fischer, examinó, entre tantos elementos, los troncos de la vegetación removida por los peritos de PGR y del EAAF en Cocula, y evaluó la existencia o no de alteración térmica. Olson tiene años de investigaciones sobre fraude y criminalidad, y es miembro de la Asociación de Antropólogos de Canadá, de la Asociación de Investigación de Homicidios de Ontario y de la Sociedad Arqueológica de Ontario.
Bryan Fischer [Canadá] es supervisor de investigaciones sobre fuego en la policía de Ontario donde lleva más de 30 años. Fischer trabajó con su colega y compatriota Olson en el basurero, para tratar de determinar cómo fue la dinámica del fuego en Cocula. Estudió Leyes y Seguridad en Sheridan College.
Dr. Steve Symes [EU] es antropólogo especialista en trauma, lleva más de 30 años descifrando huesos y restos, y asesoró al EAAF en otros casos complejos. Autor de más de 50 publicaciones y un centenar de ‘papers’; sus investigaciones sirvieron de prueba en expedientes de violaciones a derechos humanos en Canadá, México, Perú, Indonesia, Kosovo y Europa. Es profesor de Antropología en el Departamento de Ciencias Forenses de la Universidad de Mercyhurst [Pensilvania]. En 2008 recibió el premio T. Dale Stewart el más alto honor que otorga el área de Antropología Física de la Academia de Ciencias Forenses de EEUU.
Sean Carlson-Greer [EU] es anatomista, magister en Antropología Forense y Biológica de la Universidad Mercyhurst, Pennsylvania, donde forma parte del equipo de Symes. Ha trabajado en el equipo de reconstrucción de escena de Mercyhurst, y en laboratorios forenses.
Dr. Ray Miller [EU] es odontólogo forense, puede analizar una pieza dental e inferir, entre tantas cosas, cuál fue la temperatura que alcanzó el fuego. Trabaja desde hace más de 15 años en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el EAAF lo convocó para evaluar evidencia dental en Cocula. Tiene mucha experiencia en la identificación de víctimas desde el área de Patología de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Sarah Baumgarten [EU] es antropóloga y arqueóloga; estudió en la Universidad Stony Brook en Nueva York y en Mercyhurst. Discípula de Symes, integra su equipo y es profesora. Investigadora de trauma, paleontología e imágenes en 3D.
Cullen Black [EU] es arqueólogo, trabajó en el laboratorio de identificación del Comando Central del Pacífico de Hawai para la agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que se ocupa de la búsqueda de desaparecidos en guerras. Investiga memoria y recuperación de restos en Vietnam, así como migraciones en Guatemala City a partir de restos humanos.
Ellos son los demás integrantes del EAAF:
Mariana Selva [Argentina] es antropóloga, investigadora del EAAF. Apenas se graduó, en la Universidad de Buenos Aires, recorrió las provincias de la Argentina participando en múltiples excavaciones. En el peritaje integral en Cocula, participó de la entrega de muestras -por ejemplo, de presuntas prendas de normalistas- a la Universidad de Innsbruck.
Carola Romanini [Argentina] es genetista, trabaja en el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular. Analizó restos óseos hallados en el basurero de Cocula.
Pablo Gallo [Argentina] es antropólogo, investigador del EAAF, también trabaja en la Procuración General de la Nación de Argentina desentrañando rastros de crímenes de lesa humanidad entre el cruce de las ciencias forenses y los expedientes. En los últimos años, pasó varias semanas en otras misiones interdisciplinarias del equipo entre México y Centroamérica, trabajando con las familias y las organizaciones locales en la identificación de migrantes desaparecidos.
Selva Varela Istueta [Argentina] es técnica antropóloga, forma parte del EAAF desde 2003. Llegó en 1987 a consultar al equipo pero desde otro rol: buscando identificar los restos de sus padres, desaparecidos por el terrorismo de Estado cuando ella era una niña muy pequeña.
Alejandra Ibañez [Argentina] también es antropóloga, investigadora del EAAF. Es especialista en arqueología y profesora. Dictó capacitaciones y encabezó trabajos de campo vinculados a la localización de restos para identificar a desaparecidos.
Analía González Simonetto [Argentina] es antropóloga, egresada de la UBA, donde da clases de antropología biológica y paleoantropología. Pero también dicta capacitaciones ahí donde convocan al EAAF. Por ejemplo, en Vietnam, donde le solicitaron asistencia y formación para la búsqueda de caídos en guerra. De las misiones en países extranjeros, aprendió que respetar los tiempos, así como avanzar con tacto y cautela, es crucial para entrar en confianza.
Diego Argañaraz Fochi [Argentina] es técnico antropólogo, miembro del equipo de investigación del EAAF y fotógrafo amateur. Estudió en la Universidad Nacional de Tucumán y conoce en profundidad el altiplano andino, donde participó de experiencias de investigación arqueológica.
Raymond Petit [Estados Unidos] tiene un magister en antropología y años de experiencia en organizaciones no gubernamentales, donde aprendió a ser muy versátil: sabe de gestión, logística, edición y hasta de fundraising. Consultor del EAAF desde 2007 en Estados Unidos y México, se graduó en la Universidad de Nueva York, su curriculum incluye becas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Trabajó en museos y editando libros.
Monserrat Nájera [México] es investigadora del EAAF. Licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e historia.
Karla Hernández Mares [México] Consultora del EAAF, fotógrafa, aliada de organizaciones sociales por la defensa de los derechos humanos: voluntaria en Grupo12: Derechos de los Pueblos Indígenas, de Amnistía Internacional México. Magister en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, participa de diversa experiencias de capacitación de jóvenes, como la construcción de una red de promotores de derechos sexuales y reproductivos.
Alicia Lusiardo [Uruguay] es antropóloga, integra el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) de Uruguay desde 2007. Estudió en la Universidad de la República [Uruguay], donde es profesora, y en la Universidad de Florida (EE.UU.). Participó en localizar y analizar restos de Timoteo Aparicio —caudillo y militar uruguayo, pieza crucial del Partido Nacional, en 1872 proclamó la Revolución de las Lanzas— y en la exhumación de los restos de João Goulart —presidente de Brasil (1961-1964), lo derrocó un golpe militar y se exilió en Argentina, donde murió en una habitación de hotel en 1976, ya en dictadura. En 2008, un agente dijo que había sido envenenado en el marco del Plan Cóndor—.
Estas son las organizaciones que también intervinieron:
Laboratorio Actlabs [Canadá] es líder en análisis forense, de minerales y de medio ambiente. Estudió muestras de sedimentos del suelo. Y revisó el informe generado por PGR sobre elementos químicos, para una revisión entre pares.
Human Rights Watch, es una ONG internacional independiente y sin fines de lucro, con 400 miembros vinculados a derechos humanos en distintos países del mundo. Tiene un área de analistas de imágenes satelitales.
UNITAR-UNOSAT, UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) es el Instituto de Naciones Unidas para Formación e Investigación que impulsa UNOSAT: un programa sobre aplicaciones operacionales de satélite. Brinda servicio de cartografía humanitaria y análisis de imágenes satelitales para poner la información geográfica al servicio de la comunidad, los expertos y las organizaciones. En el informe participaron expertos de estas organizaciones en análisis de imágenes satelitales, gestionadas a través de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México.
FUENTE: SINEMBARGO, VICE NEWS.
AUTOR: MARÍA EUGENIA LUDEÑA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1653141
Cae presunto jefe de plaza de “Guerreros Unidos”, relacionado con desaparición de los 43
El May o El Tío fue detenido por fuerzas federales, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; también se encuentra presuntamente relacionado con la producción y tráfico de drogas hacia EU.
En un operativo conjunto, fuerzas federales detuvieron a Nicolás Nájera Salgado, presunto jefe delictivo que operaba en Guerrero.
En esta acción de seguridad participaron las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, así como la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal.
En un comunicado, detallaron que las líneas de investigación permitieron conocer que Nájera Salgado está relacionado con la producción y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado.
Además, se presume que este sujeto está vinculado a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Con la información obtenida, el ahora detenido fue ubicado en las inmediaciones de la localidad de Coajomulco, en el municipio de Huitzilac, estado de Morelos, donde elementos de la Sedena y de la Policía Federal cumplimentaron una orden de aprehensión girada en su contra, por el delito de delincuencia organizada.
Nicolás Nájera Salgado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes, y determinará su situación jurídica.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2604/mexico/cae-presunto-jefe-de-plaza-de-guerreros-unidos-relacionado-con-desaparicion-de-los-43/
En un operativo conjunto, fuerzas federales detuvieron a Nicolás Nájera Salgado, presunto jefe delictivo que operaba en Guerrero.
En esta acción de seguridad participaron las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, así como la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal.
En un comunicado, detallaron que las líneas de investigación permitieron conocer que Nájera Salgado está relacionado con la producción y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado.
Además, se presume que este sujeto está vinculado a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Con la información obtenida, el ahora detenido fue ubicado en las inmediaciones de la localidad de Coajomulco, en el municipio de Huitzilac, estado de Morelos, donde elementos de la Sedena y de la Policía Federal cumplimentaron una orden de aprehensión girada en su contra, por el delito de delincuencia organizada.
Nicolás Nájera Salgado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes, y determinará su situación jurídica.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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