jueves, 7 de abril de 2016

Brigadistas luchan por sofocar incendio en Tepoztlán; acusan indiferencia de Graco

TEPOZTLÁN, Mor: Un incendio forestal que inició el martes en los cerros de Santo Domingo Ocotitlán y San Jerónimo, en Tepoztlán, devastó unas 80 hectáreas de bosque y selva baja caducifolia, lo que provocó críticas y reclamos al gobierno de Graco Ramírez por su “indiferencia e indolencia”.

En la extinción del fuego participaron unos 75 brigadistas comunitarios locales y según Angélica Ayala, una de las brigadistas, el incendio comenzó el martes pasado por la tarde, y desde ese momento fue denunciado a las autoridades del gobierno municipal y del estado pero la respuesta no fue la que esperaban: “Nos dijeron, mañana lo vemos con calma”, reprochó.

Durante el miércoles, una brigada de “sacatuches”, como les llaman a los brigadistas del gobierno del estado, se apersonaron en el municipio pero “no sabían nada, no sabían qué hacer, tuvimos que mostrarles qué hacer”, dijo Ayala en entrevista.


Las autoridades se retiraron de Tepoztlán alrededor de las 19:00 horas, argumentando la seguridad de los brigadistas.

A esa misma hora los vientos reavivaron las llamas, las extendieron y afectaron una extensión de cerro de casi el doble de lo que se había proyectado al inicio, que eran entre 45 y 50 hectáreas. En total quedaron devastadas a casi 80 hectáreas según los comuneros, sin embargo, es un número preliminar.

A las 20:00 horas del miércoles pasado Graco Ramírez publicó en su cuenta de Twitter que el incendio estaba controlado al 80% y que este jueves se controlaría totalmente. Esto provocó la ira de los pobladores quienes comenzaron a publicar imágenes de lo que estaba ocurriendo.

Para las dos de la mañana de este jueves, las imágenes mostraban una conflagración de proporciones catastróficas.

A las 10:00 de la mañana el gobierno del estado ofreció una conferencia a través del secretario de Desarrollo Sustentable Topiltzin Contreras, quien anunció un plan de contingencia y el envío de helicópteros para apoyar a los brigadistas.

Cierran acceso al Tepozteco

Por su parte, en su cuenta de Twitter la secretaria de Turismo Mónica Reyes anunció el cierre de la zona arqueológica ubicada en el cerro del Tepozteco.

En tanto, en el zócalo de Tepoztlán los grupos organizados históricamente para combatir los incendios, se organizaron para acopiar víveres y relevar las brigadas.


Organizaciones ambientalistas en Cuernavaca montaron un centro de acopio en la salida norte, para reunir víveres e instrumentos esta misma tarde y reforzar el trabajo, dado que el incendio ha consumido una parte importante de los cerros, y sigue vivo en la parte cercana a Santo Domingo, poblado al norte de Tepoztlán.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436203/brigadistas-luchan-sofocar-incendio-en-tepoztlan-acusan-indiferencia-graco

Avala el TEPJF a Cárdenas Fonseca como suplente de Mónica Arriola en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde para que Manuel Cárdenas Fonseca supla a la senadora fallecida Mónica Arriola Gordillo, pese a que en 2012 el Partido Nueva Alianza (Panal) incumplió la obligación legal de postular candidaturas titulares y suplentes del mismo sexo.

Así lo resolvió la Sala Superior al analizar un juicio presentado por Mirna Isabel Saldívar Paz y reinterpretar la sentencia 12624 que dictó en 2011 sobre la postulación de candidaturas a cargos de elección integradas por titulares y suplentes del mismo sexo, a fin de evitar que las mujeres que llegaran al cargo fueran obligadas a renunciar para dejar su lugar a un suplente varón.

La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa se declaró a favor de dar a una mujer la suplencia de Mónica Arriola, en concordancia con la jurisprudencia del TEPJF, pero los cinco magistrados restantes consideraron que el registro de candidaturas fue correcto y que el ciudadano tiene derecho a ejercer el cargo porque así fue electo.


En los comicios federales de 2012 –consideró la magistrada Alanís Figueroa, única mujer integrante del TEPJF–, tanto el Panal como el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) incumplieron el espíritu de las resoluciones judiciales, que obligaban a postular y vigilar que las candidaturas femeninas tuvieran suplentes del mismo sexo, para favorecer que más mujeres llegaran al Congreso de la Unión.

Si bien un hombre fue inscrito como suplente en la posición número uno de la lista de senadurías plurinominales por el Panal (en la que se registró a Mónica Arriola), explicó, lo cierto es que la sentencia 12624 ordenó que las fórmulas fueran del mismo sexo; por ello, al haberse modificado la lista –hasta en dos ocasiones– se actuó de forma indebida y contrario a lo ordenado por el TEPJF.

“Cuando el partido político realizó la sustitución de la candidata suplente con un varón y luego otra sustitución con otro varón, se está violando el criterio que establece esta Sala Superior en la sentencia, en los incidentes y en la jurisprudencia, pero también el criterio de esta Sala de que ésta era la única posibilidad de que las mujeres pudieran avanzar hacia la paridad”, destacó.

La magistrada explicó que Manuel Cárdenas Fonseca no debía acceder al cargo de senador porque su postulación en 2012 no fue acorde con las normas electorales entonces aplicables, y porque ese cargo plurinominal lo obtuvo el Panal por votación del electorado, además de que en 2015, apuntó, el ciudadano renunció a su militancia, lo que significa que ya no representa los derechos del que fuera su partido.

“Los derechos corresponden al partido político, no a un candidato en particular”, acotó Alanís, y precisó que en la elección de 2012 el Panal obtuvo un millón 854 mil 678 votos que merecieron se le otorgara un lugar a un militante en el Senado, por lo que dejar como legislador a una persona que no milita sería violentar la voluntad de la ciudadanía que votó por el proyecto político de ese partido.

En un primer momento el Panal registró a Mónica Arriola como candidata y a Susana Silvia Muriel Acosta como suplente, pero después hizo dos cambios, primero con Gerardo del Mazo Morales y luego con Manuel Cárdenas Fonseca. A pesar de eso, en las boletas electorales aparecieron los nombres de las dos mujeres, ya que por tiempo no se podía hacer la corrección en el material ya impreso.

Pese a la insistencia de Alanís Figueroa, en el sentido de que el fondo de la jurisprudencia del TEPJF era que más mujeres pudieran ejercer como legisladoras, el resto de los magistrados avaló que la Mesa Directiva del Senado convocara y tomara protesta a Cárdenas Fonseca, pues si en el registro hubo inconsistencias, en este caso se trataba de suplir a una senadora que ya ejercía su cargo.

El pasado martes 5, sin quórum y pese a las protestas de senadoras del PRD y el PAN, a quienes se sumó el legislador Armando Ríos Pitter, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Roberto Gil Zuarth, tomó protesta a Manuel Cárdenas Fonseca como nuevo senador de la República en suplencia de Arriola Gordillo.


Luego de que la perredista Angélica de la Peña pidió a Gil Zuarth aplazar la toma de protesta de Cárdenas Fonseca hasta que el TEPJF resolviera sobre la impugnación presentada por Mirna Saldívar, quien adujo violación a la paridad de género en la integración de las fórmulas del Partido Nueva Alianza (Panal), el presidente del Senado respondió que eso sería violar la Constitución. Hoy el TEPJF avaló el nombramiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436260/avala-tepjf-nombramiento-cardenas-fonseca-suplente-monica-arriola-en-senado

Municipio sinaloense denuncia robo por hackeo de 1.5 mdp

CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno municipal de Escuinapa, Sinaloa, informó que a través de un hackeo le fueron sustraídos de manera ilegal de una cuenta bancaria 1.5 millones de pesos, operación fraudulenta que el banco detectó pero que no impidió.

De acuerdo con Sergio Barrón Gutiérrez, Tesorero del Ayuntamiento, se trata de una cuenta bancaria del gasto corriente de la Comuna.

“No tenemos el monto determinado, pero está entre 1.2 y 1.5 millones de pesos, nosotros tenemos el documento que envió el banco de alerta de fraude, y aun así liberaron el recurso, sin nosotros haberlo autorizado”, dijo al periódico ‘Noroeste’.

Las únicas personas autorizadas por la Comuna para hacer movimientos en esas cuentas son Yamira Salas Guerra, contadora en Tesorería, y el encargado de Nóminas, Miguel Ángel Peraza.

El supuesto fraude ocurrió el 4 de marzo a las 16:00 horas, un día inhábil.


Confirmó que de inmediato se interpusieron denuncias ante PGR, Condusef y Ministerio Público.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436254/municipio-sinaloense-denuncia-robo-hackeo-1-5-mdp

El acuerdo con el GIEI que la PGR violó

Durante su conferencia de prensa del miércoles 6 de abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dio a conocer el texto del acuerdo suscrito con la Procuraduría General de la República y que -considera el GIEI- fue violado por la PGR, al dar a conocer unilateralmente un documento no consensado por los expertos en fuego que realizaron trabajos en el basurero de Cocula.

GIEI.pdf by Aristegui Noticias



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0604/mexico/el-acuerdo-con-el-giei-que-la-pgr-violo-documento/

Descarta SRE ruptura con el GIEI

Ciudad de México. Ana Paola Barbosa, jefa de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo esta tarde que no hay ningún tipo de ruptura con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se le seguirá apoyando hasta que termine su mandato.

La funcionaria destacó lo anterior al dar a conocer la agenda de la gira que realizará el presidente Enrique Peña Nieto del 9 al 14 de abril por Alemania y Dinamarca.

En la residencia oficial de Los Pinos, agregó que los expertos están en México por invitación del gobierno federal.

Barbosa se refirió también al cambio de embajador de México en Estados Unidos y resaltó que dicho nombramiento obedece a una estrategia integral que busca resaltar los aportes de la comunidad mexicana en el vecino país del norte.

Puntualizó que el gobierno federal está consciente de que la percepción sobre los connacionales no corresponde a la realidad.

Añadió que en la estrategia no sólo participará la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino otras secretarías más.

Por lo que hace a la gira, la jefa de la oficina de la cancillería y el vocero del gobierno, Eduardo Sánchez, informaron que en Alemania, Enrique Peña Nieto se reunirá con la canciller Ángela Merkel, el presidente Joachim Gauck, empresarios y parlamentarios. En Dinamarca será recibido por la familia real encabezada por la reina Margarita y también dialogará con empresarios.


Informaron que el mandatario se referirá en esos encuentros a las reformas estructurales y sus beneficios. Dado el componente económico de la gira, los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, acompañarán al mandatario en su periplo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/07/descarta-sre-ruptura-con-el-giei

Gobierno de Michoacán admite eventual resurgimiento de autodefensas

MORELIA, Mich: Luego de que el portal de Proceso diera a conocer el posible resurgimiento de los grupos de autodefensas en cuando menos 47 poblaciones de la entidad, el secretario de Gobierno estatal, Adrián López Solís, admitió que está latente ese posibilidad, debido al hartazgo que pudiera suponer la aparición y presión de grupos delictivos.

En contraste, el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, negó la existencia de estos grupos y por el contrario afirmó que quien ande por las calles armado será “detenido sin miramiento”.

En entrevistas por separado, Gómez Arrieta dijo que en Michoacán no hay nuevos grupos de autodefensas y quienes bajo esta figura anden por la calle portando armas, o pretenda alterar el orden, serán detenidos.


El subsecretario de Seguridad Pública –por cierto acusado por varios comunicadores nacionales de impedirles su trabajo el martes durante la detención de 19 mujeres de Nueva Italia– declaró que habrá “cero tolerancia” hacia civiles armados que pretendan usurpar las funciones del estado.

También reveló que la división de Fuerza Rural está por extinguirse, toda vez que sus integrantes pasarán a formar parte de la Policía de Michoacán, luego de que aprueben todos los exámenes de control y confianza, sepultando así el sueño dorado del excomisionado Alfredo Castillo y Peña Nieto, creadores del proyecto para los expolicías comunitarios y autodefensas.

El funcionario detalló en el tema de Tierra Caliente se va a incrementar la vigilancia en Apatzingán, pero que también se extenderá a Lázaro Cárdenas para seguir conteniendo al crimen e inhibir la comisión del delito.

Por su parte, el secretario de Gobierno Adrián López Solís negó que la administración de Silvano Aureoles ataque a los extintos grupos de autodefensa y, por el contrario, manifestó la apertura del mandatario para iniciar el proceso de formalización de quienes en un momento tomaron las armas y deseen seguir realizando labores de seguridad en sus comunidades.


Y a un mes de que se decretara la extinción de la figura de las autodefensas, López Solís aseguró que un gran sector de estos civiles han declarado su deseo por deponer las armas y regresar a sus actividades normales, donde el gobierno les ha apoyado hasta con 90 mil pesos como apoyo para que establezcan proyectos productivos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436242/gobierno-michoacan-admite-eventual-resurgimiento-grupos-autodefensas

Exigen mayor seguridad para médicos en Veracruz ante ola de secuestros

XALAPA, Ver: Médicos, enfermeras, estudiantes de la carrera de enfermería y medicina, y sociedad civil del sur de Veracruz, realizaron una marcha exigiendo la presentación con vida de dos de sus compañeros que fueron secuestrados en días pasados en la ciudad de Minatitlán.

La marcha partió del hospital general al palacio municipal de esa zona petrolera, donde compañeros de los médicos levantados, exigieron a las autoridades mayor seguridad en el sur de la entidad, sobre todo en Minatitlán y Coatzacoalcos, donde desde 2014 opera el Blindaje Minatitlán un programa en el que la policía naval apoya en la seguridad.

Apenas este miércoles fue secuestrada la exdirectora del Hospital Regional de Minatitlán, Marcela Esparza, por un grupo de sujetos desconocidos, y días antes la doctora Carmen Medel Palma.


En la avenida principal de esta ciudad sureña, los gritos reclamaban más seguridad, “habitantes de Minatitlán, queremos Justicia y seguridad” exclamaban. Y al arribar al palacio municipal, exigieron a las autoridades presentes reforzar la seguridad y si los elementos que tienen no funcionan, que los cambien.

Exigieron al gobierno de Javier Duarte solicitar ayuda de la gendarmería nacional para garantizar la integridad física de los habitantes de Minatitlán y Coatzacoalcos, siendo estas localidades las más afectadas por estos actos delictivos y que muchas veces cobran la vida de las personas secuestradas.

Así también otros médicos expresaron abandonar su trabajo o evitar cubrir los turnos nocturnos y de madrugada en hospitales o cerrar sus consultorios, por el miedo que sienten ante tanto secuestro y levantones hacía su gremio.

“Necesitamos que las autoridades hagan sus trabajo y devuelvan la paz y tranquilidad a la ciudad, todos estamos temerosos” exclamaron.


En esta protesta contra los casos de secuestro de médicos, se sumaron doctores de los hospitales del ISSSTE, IMSS y del hospital general de Minatitlán, dependiente del gobierno de Veracruz, la cual fue apoyada y replicada por médicos de Coatzacoalcos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436243/exigen-mayor-seguridad-medicos-en-veracruz-ante-ola-secuestros

Altos Hornos de México: transacciones y clientes anónimos con Mossack Fonseca

CIUDAD DE MÉXICO: Por las pérdidas reportadas en 2009, Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor acerera mexicana, no repartió utilidades entre sus trabajadores. Pero ese año, tres de sus altos ejecutivos compraron un departamento con vista al mar valuado en más de 2.6 millones de dólares en uno de los más exclusivos condominios de Punta Mita, en Nayarit.


La operación la realizaron a través de Carlyle Technologies Corp., una empresa que crearon en Panamá a través del despacho Mossack Fonseca, especializado en la operación en paraísos fiscales. AHMSA es hasta ahora uno de los consorcios más importantes de México que aparece en #PanamaPapers, la investigación periodística global en la que participó la revista Proceso.

Los detalles de la operación de AHMSA a través de Carlyle Technologies Corp. forman parte de los archivos de Mossack Fonseca que fueron entregados de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés),  (https://www.icij.org/), de Washington, a más de cien medios de todo el mundo.


Carlyle Technologies Corp. es una compañía con oficinas virtuales, sin personal, una sola cuenta bancaria y sus accionistas son anónimos. Pero para adquirir el apartamento nayarita utilizaron a la compañía de seguros First American Title Insurance Company, con sede en Florida, que aparece como compradora, pero con los fondos de Carlyle.

En 2003 Mossack Fonseca creó Carlyle por mediación de Juan Carlos Quintana Serur, un abogado mexicano que exigía mantener anónimos a sus clientes, “los accionistas”, algo que consiguió a través de la figura de “acciones al portador”, la participación de un grupo de mujeres prestanombres que formaban parte del despacho panameño y, posteriormente, con la creación de fideicomisos en Estados Unidos

Tanta era la preocupación por el anonimato que cuando a Quintana Serur le pidieron que revelara los nombres de los accionistas de Carlyle, consideró que Mossack Fonseca le daba un trato “hostil”. Era febrero de 2012 y llevaba nueve años de relación con la firma panameña que le proporcionaba las oficinas virtuales, y le gestionó la apertura de su única cuenta empresarial en el Credicorp Bank, en Panamá.

Los objetivos y transacciones entre Mossack Fonseca, Quintana, AHMSA y Carlyle están contenidos en 597 archivos que forman parte de los 11 millones y medio de documentos del despacho panameño que fueron entregados de forma anónima al diario Süddeutsche Zeitung, que tiene su sede en Münich.

En los archivos relacionados con la principal acerera mexicana se observa que existe un denominador común: todas las operaciones relevantes de Carlyle con AHMSA están relacionadas con dos miembros de su Consejo de Administración, las hijas de uno de ellos, dos ejecutivas y el abogado Quintana Serur.

Luego de que el domingo 3 de abril proceso.com.mx dio a conocer la lista de mexicanos de la clientela de Mossack Fonseca, incluyendo a AHMSA, su director de comunicación Francisco Orduña admitió en entrevista con el diario Vanguardia, de Saltillo, Coahuila:

“No somos políticos y podemos hacer las transacciones como queramos y comprar también porque todo está reportado”. Después de eso, indicó que no haría más comentarios.


Proceso le había solicitado al vocero un posicionamiento sobre las operaciones desde el 29 de marzo. No hubo respuesta.

La marca acerera

El abogado Juan Carlos Quintana Serur es secretario ejecutivo del Consejo de Administración de AHMSA, presidido por el magnate Alonso Ancira Elizondo, quien en 1991, durante las privatizaciones salinistas, encabezó la sociedad con Xavier Autrey Maza para adquirirla junto con un paquete de subsidiarias poseedoras de minas de hierro y de carbón.

Al mismo tiempo de su cargo empresarial –primero como socio del despacho Borda y Quintana, luego del despacho Ibáñez, Quintana, Saavedra y Hoffman–, Quintana Serur medió entre “los accionistas” de Carlyle y Mossack Fonseca, desde 2003.

En 2012, Quintana expresó su “inquietud” porque su agente ante el despacho de Panamá, Rogelio Fernández, le informó que el banco local Credicorp Bank, en el que Carlyle tenía su única cuenta, solicitaba información de los accionistas y estados financieros auditados, así como declaración de impuestos como parte de nuevas regulaciones fiscales y bancarias en Panamá y Estados Unidos.

Al banco le preocupaba también que entre los accionistas hubiera estadunidenses que lo hicieran vulnerable a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés) que entraría en vigor en 2013 y obligaría a informar al gobierno de Estados Unidos sobre operaciones bancarias de sus ciudadanos en el extranjero.

“Insistimos, no es que haya nada irregular ni preocupante, pero si los accionistas escogieron constituir Carlyle en Panamá a través de Mossack Fonseca fue precisamente por las ventajas, flexibilidad y escasos requisitos que existen para su manejo legal, corporativo y financiero”, expuso Quintana a su agente panameño el 7 de febrero de 2012, en uno de numerosos mensajes en los que exigía mantener a sus clientes anónimos.

Aunque los accionistas de Carlyle siguieron anónimos hasta 2015 –año hasta el que llegan los archivos filtrados–, todas sus operaciones se relacionaban con AHMSA, no sólo por el abogado Quintana:

Carlyle adquirió una participación accionaria de 10% de la empresa controladora de AHMSA, Grupo Acerero del Norte (GAN), que también preside Alonso Ancira. El 13 de noviembre de 2008, Carlyle designó apoderados a Ancira y a otro miembro del Consejo de Administración de AHMSA, el estadunidense James Stuart Pignatelli.

Amplio era el poder especial otorgado a Ancira, que el 1 de septiembre de 2014 se ratificó, con vigencia indefinida y asentando que no podría ser revocado excepto por su renuncia. Es decir, Ancira representaría el paquete accionario de Carlyle en el GAN, hasta que él mismo decidiera no hacerlo.

Quienes manejaban la única cuenta bancaria  de Carlyle en el panameño Credicorp Bank –abierta el 12 de febrero de 2006– y podían disponer de los recursos, eran Aracely Stella García Granados y Liliana Eugenia Rodríguez Villarreal, ambas ejecutivas de AHMSA.

La relación es pública: García Granados exhibe en su perfil de Linkedin que fue empleada de AHMSA hasta 2006, en un “nuevo proyecto de desarrollo”. Su hermana, Carla, es la directora de AHMSA Steel Israel, donde Ancira posee las famosas “Minas del rey Salomón”.

En tanto, Rodríguez Villarreal recibió en representación de Ancira el reconocimiento como “ciudadano distinguido” de Monclova, que le otorgó el ayuntamiento de esa ciudad el 12 de agosto de 2014. Las dos proporcionaron domicilio y cuentas de correo electrónico del GAN, pero es Rodríguez Villarreal quien más participa en transacciones relacionadas con Carlyle.

Aún más: el 7 de febrero de 2011 se otorgó un poder especial para toda transacción de Carlyle a James (Jim) Stuart Pignatelli, uno de los miembros del Consejo de Administración de AHMSA.

Entre 2003 y 2015, todos los ingresos (unos 6 mdd) que obtuvo Carlyle fueron originados por su único cliente que era AHMSA. En tanto, el único proveedor de Carlyle desde su creación hasta 2015, fue la firma Pignatelli & O’Brien LLC (P&O), de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. La firma es encabezada por Christina y Melissa Pignatelli, hijas de James.

El triángulo de Carlye con su cliente y su proveedor fue constante: AHMSA depositaba entre 80 mil y 250 mil dólares a Carlyle cada mes;  apenas los recibía y los transfería a P&O.

En la declaración del vocero de AHMSA al diario Vanguardia, éste aseguró que la realizada con Carlyle fue una operación comercial normal, registrada ante autoridades hacendarias y la Bolsa Mexicana de Valores conforme a un contrato de servicios.

En los Panamá Papers se identificaron los contratos y sus adendas. También las facturas adjuntas a correos electrónicos en los que el abogado Quintana pide paquetes de hasta 12 facturas, una por cada mes, pidiéndole a Mossack Fonseca que tuviera cuidado en que la numeración no fuera consecutiva.

Cuenta activa

Las comunicaciones entre Juan Carlos Quintana y los ejecutivos de Mossack Fonseca revelan las precauciones para no ser rastreados, evitar impuestos e inclusive la toma de previsiones por reformas fiscales en Estados Unidos y en Panamá.

Desde el 25 de noviembre de 2005, Quintana pidió instrucciones para abrir la cuenta de Carlyle a Ramsés Owens, abogado del despacho panameño, quien le recomendó que debían hacerlo en un banco pequeño o mediano porque pedían pocos registros. La opción recomendada fue Credicorp Bank.

En las comunicaciones internas de Mossack Fonseca había expectativa por “los accionistas”. Al recomendar un desayuno de Quintana y las dos ejecutivas de AHMSA con el vicepresidente del Credicorp, Owens observaba que los clientes eran “gente muy adinerada y con muchos negocios”.

Creada el 10 de junio de 2003, Carlyle fue presentada el 12 de febrero de 2006 ante Credicorp Bank como una empresa presidida por Francis Pérez. En su directorio aparecían Vianca Scott, Leticia Montoya, Martha Edgehill y Katia Solano.  Las cinco mujeres, empleadas de Mossack Fonseca, aparecen desde hace años en escándalos de lavado de dinero y ahora, con #PanamaPapers, se sabe que sus nombres están en los directorios de miles de empresas offshore.

La función de prestanombres se exhibe en una de las comunicaciones entre Quintana y Mossack Fonseca, el 15 de marzo de 2015, cuando el primero solicita se tramite en Carlyle un reconocimiento de deuda por 11 millones de dólares con un acreedor mexicano.

Mossack Fonseca responde que debe emitir una carta de indemnización a Francis Pérez, además de evitar su nombre o de alguna otra persona que trabaje en la firma panameña, pues un juicio ejecutorio haría peligrar el patrimonio de cada una de ellas conforme a las leyes de Panamá. El reconocimiento de deuda no se concretó.

Respecto a la cuenta en Credicorp, tres días después de abierta, AHMSA depositó a Carlyle un millón de dólares.

El 24 de enero de 2008, se depositó otro millón de dólares y, en junio, iniciaron los depósitos por 80 mil dólares mensuales. El rastro de P&O inició en noviembre del mismo año, cuando se signó el contrato con esa firma estadunidense que recibía depósitos por 80 mil dólares mensuales.

En 2009, los depósitos se incrementaron de AHMSA a la cuenta de Carlyle, pues además de los 80 mil dólares mensuales se depositaron 180 mil dólares en enero, y 130 mil dólares por cada uno de los tres meses siguientes.

Para 2010, el esquema cambió y los pagos se volvieron más frecuentes, alternando invariablemente 80 mil y 85 mil dólares cada quincena. Adicionalmente, de julio a octubre, Carlyle tuvo depósitos por 250 dólares cada mes, para sumar 1 millón de dólares. Cada año, de 2011 a 2013, se depositó la misma cantidad de un millón de dólares.

Para 2014 se emitieron dos facturas por 400 mil dólares cada una y 10 más por 85 mil dólares.


El concepto de todos esos pagos era “Servicios de asesoría, consultoría, apoyo y gestión empresarial” para Centro y Sudamérica, excepto por tres facturas de 2014 que mostraban por concepto “estudios por gas natural”, pero que posteriormente fueron canceladas.

Facturas de Carlyle (AHMSA):



Un paraíso… con vista al mar

Enlistada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), AHMSA está en suspensión de pagos desde 2001. En la década que siguió a su privatización en 1991, sus finanzas colapsaron impactando la economía regional, donde se ubicaban muchos de sus acreedores. Ancira, al anunciar la suspensión de pagos, prometió dejar de asistir a restaurantes como un gesto de austeridad.

A 15 años de que inició la crisis de la acerera, sus subsidiarias pudieron salir del atolladero y se espera que durante este abril se expongan ante el juzgado del caso las condiciones para levantar en definitiva la suspensión de pagos. Aun así, AHMSA se reputa en crisis: en el último año despidió a mil 300 trabajadores y ya anunció que no habrá reparto de utilidades el próximo mes de mayo, debido al impacto de los precios internacionales del acero.

Aunque casi no paga utilidades, AHMSA sortea la inconformidad apelando a conservar la fuente de empleo, otorgando bonificaciones especiales o “adelantos”. Entre los años difíciles, destaca 2010, cuando reportó pérdidas millonarias respecto a su ejercicio fiscal 2009.


Fue en 2009 cuando Carlyle adquirió la única inversión inmobiliaria que posee: el departamento de lujo con vista al mar en Punta Mita, Nayarit, donde el condominio Hacienda de Mita destaca por su exclusividad. El apartamento “premium” 306, ubicado en el edificio E-3 del complejo, está valuado –según escribió Quintana– en más de 2.6 millones de dólares.



Mossack Fonseca desaconsejó la operación desde que Quintana la puso sobre la mesa el 8 de julio de 2009. El ejecutivo panameño, Ramsés Owens enfatizó la ventaja de que Carlyle no se relacionara en México y añadía:

“En correcta protección de activos, una sociedad no debe tener más de una propiedad, para que la sociedad ni la propiedad se contaminen con otras potenciales obligaciones o pasivos”.

Luego: “Yo propondría que Carlyle tenga una sociedad subsidiaria a ésta, que podría ser de Panamá o de la jurisdicción que sea más potable en México conforme tú nos propongas (recuerda que con agilidad podemos proveer Panamá, BVI, Bahamas, Seychelles, Samoa, British Anguilla, Nevada, Hong Kong, o sociedades civiles del Reino Unido;  y también sociedades comanditas de Nueva Zelandia y otras latitudes)”, dijo en relación con las jurisdicciones de paraísos fiscales en las que opera.

Para 2010, el lujoso departamento de Punta Mita ya aparecía en los estados financieros de Carlyle y unos 3 millones de dólares en la cuenta.

La legislación panameña se reformó y las acciones al portador, el esquema que hacía invisibles a los accionistas, ya no era seguro pues el día último de 2015 serían inmovilizadas.

La solución propuesta por Quintana fue crear seis fideicomisos en Estados Unidos, tres de los cuales son a favor de Melisa Leigth, dos más a favor de Christina Susanne y uno para Theodore, los tres de apellido Pignatelli O’Brien, los hijos  de James. Los fideicomisos tendrían el 75% de las acciones de Carlyle y el 25% restante quedaría en acciones al portador. Las comunicaciones se interrumpen en mayo de 2015, con el canje de acciones enunciado pero aún sin concretar.


Los Panamá Papers reflejan que la operación de Carlyle, con todo y sus accionistas anónimos, tiene dos beneficiarios: Alonso Ancira que representa de manera vitalicia las acciones de Carlyle en el GAN y, James Pignatelli con su familia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436231/altos-hornos-mexico-transacciones-paraisos-mossack-fonseca

El GIEI se va este abril: Vocero de Presidencia; hay nuevos resultados de Innsbruck, dice PGR

El Gobierno Federal reiteró que no habrá una extensión del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que trabajan en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y negó que exista un rompimiento con ellos.

“El trabajo de este grupo de expertos terminará el próximo 30 de abril, tal y cual se había estipulado”, señaló en conferencia de prensa el Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández.

A su vez, Ana Paola Barbosa, jefa de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que no existe un rompimiento con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

“Tenemos un diálogo estrecho con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y seguiremos colaborando con ellos y apoyando las investigaciones. No hablamos nosotros de ningún tipo de ruptura, todo lo contrario”.

Sánchez también negó la ruptura y puso como ejemplo la reunión que sostuvo el miércoles Ángela Buitrago, integrante del GIEI, con la fiscal mexicana, Arely Gómez González.

Previamente, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas, justificó desde Washington la decisión del Gobierno de no renovar el mandato del GIEI, con el argumento de que fue el plazo que el grupo pidió para terminar su trabajo.

“El plazo lo pidieron ellos mismos, y el Estado estuvo de acuerdo, nosotros pensamos que ya cumplió ese plazo y estamos muy satisfechos con sus recomendaciones”, apuntó.

Y el Embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos, Emilio Rabasa, dijo a AP que es innecesario prolongarlo y agregó que la decisión debe ser adoptada de manera conjunta por el Estado, las familias de las víctimas y la CIDH.

Sin embargo, el presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro, indicó a la misma agencia de noticias que el organismo “va a escuchar a las partes y tomar una decisión. El Estado no tiene decisión en este tema, sino insumos”.

NUEVOS RESULTADOS DE INNSBRUCK

El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) Eber Betanzos Torres dijo que en una próxima reunión con el GIEI se definirá si el grupo continua colaborando con la PGR en el tercer peritaje al basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los cuerpos de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

Entrevistado en Radio Formula, el funcionario detalló que los expertos del GIEI solicitaron una reunión con el panel de especialistas en fuego, en la que se espera ahí tomen una decisión sobre si continuar o no.

Informó además que ya recibió por parte del Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, en Austria, los resultados de las muestras que fueron enviadas a ese instituto en en septiembre y diciembre pasados, mismos que, dijo, se darán a conocer en presencia los padres de los normalistas desaparecidos, del GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Las divergencias entre el GIEI y la PGR respecto a las investigaciones se han concentrado en la posibilidad de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.

Los resultados preliminares de un tercer peritaje en el basurero dados a conocer de forma unilateral por la PGR el 31 de marzo han orillado al grupo de expertos a estar a punto de romper con la coadyuvancia para esclarecer si el basurero tiene algo que ver con la desaparición de los 43.

Claudia Paz y Paz, una de las expertas internacionales del GIEI, expuso ayer en conferencia que al dar a conocer los resultados preliminares de forma pública y sin consenso, se revictimizó a los familiares, quienes tampoco estaban enterados y debían ser los primeros en conocer los resultados.

“Nosotros no vamos a dar información sobre el informe preliminar. Porque nosotros sí lo respetamos, si la reunión de este viernes no escuchamos dar las explicaciones pertinentes de parte de los peritajes. Ahí terminamos esta colaboración [estrictamente sobre el peritaje del basurero]”, agregó la experta colombiana Ángela María Buitrago.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645534

El 30% de los desaparecidos en México son menores: ONGs; el Gobierno acepta su incapacidad

El 30 por ciento de los casos de desapariciones en México son de niños, niñas y adolescentes. Frente a esto, organizaciones gubernamentales denunciaron este día en una de las audiencias públicas celebradas en por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington que los esfuerzos del Estado mexicano “son desarticulados y no efectivos”. Por su parte, el Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, de la Segob, Ricardo Bucio Mujica, reconoció que los menores son vulnerables al crimen organizado y la trata de personas y dijo que México no estaba preparado para atender la situación de desaparición de niñas, niños y adolescentes.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), una coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil, exigió al Estado mexicano, durante una de las audiencias públicas celebradas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, mayores acciones para atender las desapariciones de menores, de las cuales responsabilizaron al crimen organizado y a las autoridades corruptas.

Alicia Vargas, presidenta del Consejo Directivo de la Redim, dio a conocer que el 30 por ciento de los casos de desapariciones son de niños, niñas y adolescentes. Además lamentó que los esfuerzos del Estado mexicano para hacer frente a esta situación “son desarticulados y no efectivos”.

Vargas recordó que aunque el Gobierno tiene contabilizados un total de 26 mil desaparecidos, no es clara la cifra de cuántas personas siguen sin ser encontradas. Además, dijo, existe una enorme cifra negra de quienes no han denunciado por amenazas. “A pesar del elevado número de personas desaparecidas, la crisis no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión por el Estado mexicano”.


Al inicio de la audiencia, los representantes de la sociedad civiles proyectaron un video de la Redim en el que padres de menores desaparecidos hablaron sobre sus casos. Se trató de cuatro menores que fueron secuestradas, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.



Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red, denunció durante su intervención la invisibilidad de los menores y dijo que ésta la razón por lo que la desaparición de menores no se he vuelto un tema que acapare la atención aún con los altos números de niños desaparecidos.

“Esta invisibilidad es tan alta que un fenómeno que terriblemente está pasando en nuestro país, que es la desaparición, no se ha hecho visible que el 30 por ciento de los casos, de acuerdo con las datos disponibles públicamente, corresponden a personas de 0 a 17 años de edad, es decir niños, niñas y adolescentes”, comentó el experto.

Pérez García dijo que de acuerdo con datos de la misma organización, 6 mil 725 menores fueron reportados como extraviados y desaparecidos entre 2006 y 2014; dijo que el 30 por ciento de esta población eran niños de 0 a 4 años de edad.

La Red identificó a Tamaulipas, el Estado de México y a Guanajuato como las entidades que concentran estos casos, al sumar entre las tres el 43 por ciento de las desapariciones reportadas en ese periodo de tiempo. Dijo que de 2012 a 2014 creció 200 por ciento la desaparición de adolescentes.

“El que el Estado mexicano no tenga la calidad de atender los casos nos da cuenta de que tenemos que hacer un cambio importante, porque la estrategia de seguridad de seguridad esta teniendo un alto costo en adolescentes niños y adolescentes”, dijo Pérez García, quien dijo que esta problemática representa una “alarma nacional”.

En representación del Estado mexicano, Ricardo Bucio Mujica, Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que los menores son vulnerables al crimen organizado y la trata de personas y dijo que México no estaba preparado para atender la situación de desaparición de niñas, niños y adolescentes.
“Esta, [la desaparición de menores], es una situación extrema […] es una situación para la cual México no estaba preparado y que ha enfrentado a nuestro país a la necesidad imperiosa de repensar y revisar sus normas”, dijo Bucio Mujica.

La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño dijo que al tratarse de un porcentaje importante que afecta de la población infantil se necesita cuestionar al Estado mexicano sobre las medidas preventivas que llevará a cabo para hacer frente a esta situación.

Pidió garantizar a todos los niños, niños y adolescentes de México “su pleno desarrollo, su protección efectiva y particularmente la accesibilidad a demandar y ejercer sus derechos”.

En tanto, el Comisionado Enrique Gil Botero reconoció “los grandes esfuerzos legislativos que está haciendo el Estado mexicano” en la materia, aunque refirió que estos se deben traducir en eficacia. “Nada ganamos si tenemos muy buenas leyes, las mejores leyes del Estado ideal utópico, sino se llevan a la vida práctica”.

En ese sentido, Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Redim coincidió que en México “tenemos leyes muy bonitas, pero no se implementan”.

Pérez García dijo que existe una brecha muy amplia entre la implementación y el cumplimiento de la Ley, por lo que pidió un protocolo único de la Ley en México para no esperar 72 horas para la desaparición de un menor, si no que el tiempo para realizar la búsqueda de los menores se acorte.


“Necesitamos que el Estado asuma la responsabilidad total. No importa, incluso vamos a decirlo irónicamente, si el chico salió de su casa enojado. Nos alegramos de que fue eso y no un tema del crimen organizado. Lamentablemente, la cifra, los datos, los mapas nos muestran que hay una fuerte  implicación del crimen organizado, que hay colusión de las autoridades, muchas de ellas del orden municipal, y el desafío es enorme”, dijo Pérez García.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645360

Dólar se fortalece y cierra en $18.20

Ciudad de México. Al finalizar la jornada cambiaria de hoy en bancos de la Ciudad de México, el dólar libre se vendió hasta en 18.20 pesos, lo que representó un alza de 20 centavos respecto a la jornada anterior, y se compró en un mínimo de 17.39 pesos.

El euro, a su vez, se ofreció en un máximo de 20.68 pesos a la venta, 19 centavos más comparado con la víspera, y el yen alcanzó una cotización a la venta de hasta 0.196 pesos.

El Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana en 17.8930 pesos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/07/dolar-se-fortalece-y-cierra-en-18.20

SNTE, listo para nueva negociación con la SEP

Ciudad de México. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que concluyó la etapa de integración del Pliego Nacional de Demandas 2016, el cual aprobó y en breve entregará a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la instalación de la Comisión Negociadora.

En un comunicado señaló que en reunión de trabajo, los integrantes de los Órganos Nacionales de Gobierno, encabezados por el presidente del gremio, Juan Díaz de la Torre, analizaron las propuestas integradas por la Comisión Redactora y en una votación unánime aprobaron el documento.

Díaz de la Torre dijo que “estamos listos para comenzar una nueva negociación, con la certeza de que tendrá un resultado positivo para los maestros".

José García Mora, Coordinador de la Comisión Negociadora, explicó que el Pliego se integra por tres anexos: para Educación Básica, Educación Media Superior y Superior, así como Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, que concentran más de 3 mil demandas enviadas por las Secciones Sindicales.

Entre las demandas, destacan las de capacitación y actualización de los docentes, así como inversión en infraestructura, equipamiento y conectividad en las escuelas.

Por primera vez se incluyen aspectos relacionados con diversidad, grupos vulnerables, equidad y género, así como campañas contra la violencia, entre otros puntos de interés para los maestros.

García Mora recordó que a partir de 2014, debido a la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal, se implementó una negociación única de carácter nacional entre el SNTE y el gobierno federal

Durante la reunión de los Órganos Nacionales de Gobierno se trataron además diversos temas relacionados con las actividades que el SNTE realiza para mejorar las condiciones laborales y de bienestar de trabajadores y jubilados de la educación.

FUENTE: PROCESO.

Encabeza Peña hoy firma de acuerdo de salud

Ciudad de México. El gobierno de la República suscribirá este mediodía el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, en el marco de la celebración oficial por el Día Mundial de la Salud.

El acto que será encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto se llevará a cabo en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El documento será firmado por los titulares de la Secretaría de Salud, de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el presidente Peña como testigo de honor.


Durante el acto el titular del Ejecutivo también entregará la condecoración Eduardo Liceaga al doctor Manuel Ruiz de Chávez y l os premios al Mérito en Salud en diferentes áreas de la medicina.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/07/encabeza-pena-hoy-firma-de-acuerdo-de-salud

A 5 años de la masacre en San Fernando, las desapariciones siguen en los caminos de Tamaulipas

Tras la masacre de 72 migrantes, San Fernando se posicionó en el ojo internacional, pese a los operativos de seguridad federales, las desapariciones y secuestros continuaron. Estas son sus historias.

A pesar de que el municipio de San Fernando, Tamaulipas, estuvo ocupado por fuerzas federales y era foco de atención internacional por los escándalos suscitados a partir de la masacre de 72 migrantes en agosto de 2010 y siete meses después del hallazgo de 47 fosas clandestinas con 196 cadáveres de viajeros asesinados por Los Zetas, las desapariciones de personas continuaron.

Las carreteras no dejaron de ser peligrosas: la captura, retención y desaparición de pasajeros no cesaron pese a que la Marina y el Ejército, así como funcionarios de la PGR tenían presencia en la zona debido al levantamiento de los cadáveres.

Evidencia de ello son los casos de Josué Axel y Natanael Arturo Román García, hermanos de 21 y 35 años, quienes fueron secuestrados en un restaurante al pie de la carretera 101, dos días después de la masacre de 72 migrantes ocurrida en el rancho El Huizachal.

Los amigos Daniel Galindo Acosta y Karla Cruz García desaparecieron entre el 20 y 21 de abril de 2011, cuando pasaban por ese municipio con rumbo a Poza Rica, Veracruz, a pesar de que en ese momento el Ejército realizaba las exhumaciones de las fosas clandestinas y la Marina hacía patrullajes.

Las autoridades nunca alertaron sobre el peligroso recorrido, a pesar de las denuncias acumuladas por desapariciones. Los autobuses de pasajeros comerciales tampoco dejaron de vender boletos.

Las intercepciones en las carreteras y la captura de los viajeros se extendieron incluso a otros municipios y estados controlados por Los Zetas.

El guanajuatense Santiago Vázquez García, proveniente de Los Mezquites, Celaya, es otra de las víctimas. Él salió con un amigo, llamado Juan Carlos, el 14 de septiembre de 2011, con destino a Monterrey, Nuevo León, con el fin de tratar de cruzar a Estados Unidos. Pero un día después fueron secuestrados en General Treviño, Nuevo León: zona Zeta, al igual que San Fernando.

En el año 2011 fueron asesinados sin piedad, o capturados y enviados a campamentos, decenas de viajeros que se trasladaban en autos particulares o autobuses por Tamaulipas o Nuevo León.

Estas son tres historias de mexicanos desaparecidos en esos trayectos. Sus familias siguen buscándolos.

Arturo y Axel Román: dos hermanos desaparecidos en San Fernando 

Cuando cerraron la puerta de la cajuela, Axel atinó a mandar un mensaje: “Nos acaban de secuestrar en San Fernando, no hagas nada, si llega a pasar algo solo avísale a mis papás. Gracias, los quiero. A mi me metieron a la cajuela, no me marques ni nada”.


Era la noche del 25 de agosto de 2010. Los hermanos Axel y Arturo Román, de 21 y 35 años, habían viajado desde la Ciudad de México a la frontera con Estados Unidos y comenzaron el regreso a casa. Arturo solía hacer estos viajes desde hacía más de 10 años para comprar y vender patinetas en los tianguis de la capital.

Don Arturo Román, padre de los jóvenes, los esperaba por la mañana del día 26. Como no llegaron, comenzó su búsqueda y el amigo le avisó del mensaje. De inmediato tomó un vuelo para indagar sobre su paradero.

Llegó a Reynosa y condujo hasta San Fernando. No encontró policías en la oficina para pedir auxilio. Tampoco había instalaciones de Servicio Médico Forense en el municipio. Entonces acudió a las cuatro funerarias que había y rogó para que le permitieran ver los cadáveres. En una de ellas encontró los cuerpos apilados en el piso espolvoreados con cal, lo cual daña los restos para identificaciones genéticas. Ninguno de los cuerpos pertenecía a sus hijos.


Después, don Román acudió al restaurante Don Pedro, de donde le llamaron sus hijos por última vez. Ahí supo que llegaron la noche del 25 de agosto a cenar carne asada y, cuando esperaban los platillos, llegó un grupo de  hombres armados a bordo de una camioneta negra y un automóvil gris y se los llevaron. A Arturo lo subieron a la camioneta, a Axel a la cajuela del automóvil. Antes de partir, uno de los delincuentes se llevó la camioneta Gran Caravan donde los hermanos viajaban.
Señor, no le mueva. Mire, ¿ve ese helicóptero sobrevolando ahí? Es un campamento Zeta, pero quien se meta ahí, de ahí no sale, entonces no le mueva.
El restaurante donde secuestraron a sus hijos está ubicado en el libramiento de San Fernando, a menos de 500 metros del cuartel de la Policía Federal, pero nadie los auxilió.


Con esa reconstrucción, don Román se dirigió a la oficina de la Procuraduría estatal en San Fernando, pero no pudo denunciar el secuestro de sus hijos, porque el ministerio público Roberto Jaime Suárez había sido desaparecido por encabezar la investigación de la masacre de 72 migrantes, ocurrida 3 días antes, también en San Fernando. El funcionario apareció muerto en la semana siguiente.

Don Román tuvo que conducir 130 kilómetros hasta Matamoros para poner la denuncia penal, cuyo expediente terminó de vuelta en San Fernando, empolvándose.

Desesperado, sin encontrar apoyo en ninguna parte, acudió ante un retén de marinos, quienes le dijeron: “Señor, no le mueva. Mire, ¿ve ese helicóptero sobrevolando ahí? Es un campamento Zeta, pero quien se meta ahí, de ahí no sale, entonces no le mueva. Aquí no puede hacer nada y está haciendo muchas preguntas, mejor sálgase porque lo van a matar, aquí está la plaza muy caliente ahorita”.

En abril de 2011, cuando se descubrieron las 47 fosas clandestinas con 193 cadáveres en su interior, don Román viajó de nuevo a San Fernando para buscar alguna pista de sus hijos. Con otros cientos de familias reclamó al Servicio Médico Forense de Matamoros ver los cadáveres, pero solo pudo acceder a las fotografías. Durante más de dos horas observó detenidamente cerca de 200 fotos. No reconoció a sus hijos.


Las autoridades le tomaron pruebas de ADN, pero a la fecha, casi cinco años después, no le han dado respuesta alguna.



Daniel y Karla: desaparecidos a pesar de la Marina

Los veracruzanos Daniel Galindo Acosta y su excuñada Karla Cruz García vivían en Reynosa, Tamaulipas. Querían pasar las vacaciones de Semana Santa con sus familias en Poza Rica, Veracruz, así que se organizaron para irse juntos.

Planeaban un viaje tranquilo: a temprana hora del miércoles 20 de abril Karla metió a la agencia el automóvil Avenger, en el que siempre viajaban, para no tener complicaciones mecánicas. Daniel le avisó a su familia que saldrían la mañana del jueves para no tomar la carretera de noche, debido a la inseguridad; sin embargo, ese mismo miércoles les entregaron el auto, terminaron unos pendientes y comenzaron el viaje por la tarde. No llegaron a su destino.

Las familias empezaron con la búsqueda al día siguiente. Preguntaron en casetas, hospitales y cárceles, pero no encontraron pistas.

En la compañía telefónica, alguien les ayudó a revisar los registros de sus celulares: su último movimiento fue en San Fernando.

Luego acudieron a las instalaciones de la Marina, ahí les informaron que el día de los hechos hubo un retén a la altura de San Fernando: pero que los marinos se fueron a las diez de la noche y dejaron sola la carretera, de acuerdo con un familiar que pide el anonimato.

Justo en esos días, en ese municipio seguían los movimientos de militares, marinos y funcionarios de la PGR, así como de periodistas, asignados ahí por el hallazgo de las fosas que se exhumaban.

La denuncia por desaparición fue interpuesta el 23 de abril de 2011 en Reynosa y, al mismo tiempo, en Veracruz, en el municipio de Poza Rica, donde quedó asentada con folio PZR-1/281/2011-III.
A unos días de cumplirse cinco años de la desaparición de Daniel y Karla su caso sigue sin avances.


El horror no se detuvo

A cinco meses del hallazgo de las fosas de San Fernando, el horror para los viajeros continuaba en las carreteras del norte.
El guanajuatense Santiago Vázquez García salió con su amigo Juan Carlos el 14 de septiembre de 2011 de Celaya, con destino a Monterrey, para tratar de llegar a Estados Unidos. Un día después fueron secuestrados en el municipio de General Treviño. 

La última vez que alguien supo de Santiago fue el 19 de septiembre. Un hombre, prisionero como él, lo vio en una bodega amarrado junto a otros 27 hombres que Los Zetas habían  capturado cuatro días antes y que venían a bordo del mismo camión. El hombre pudo escapar e informó lo que vio en un retén militar, donde lo ignoraron.

“Si le hubieran hecho caso sabrá dios qué hubiera pasado”, lamenta María de Jesús García, su madre.

Ella sabe que dos días después, otro hombre logró escapar y regresó malherido a su pueblo para contar lo que había sucedido. Éste aportó la mayor cantidad de datos y dio una posible ubicación de la bodega a la Procuraduría General de la República. Pero María de Jesús dice que no lo escucharon a tiempo.

Cuando la PGR armó el operativo para entrar a la bodega señalada, ésta ya no existía: había sido  derribada. Y no volvió a saberse del resto de prisioneros que habían sido vistos con vida.

Cuatro años después del suceso en General Treviño, la investigación sigue sin avances. María de Jesús cuenta que cuando buscaba a su hijo —al lado de un grupo de familias de jóvenes desaparecidos en el mismo trayecto rumbo al norte— tuvieron una reunión con el subprocurador de Justicia de Celaya, Armando Amaro Vallejo. María lo cuestionó sobre los avances del caso, él se limitó a responder: “Parece que se los hubiese tragado la tierra”.

El 30 de enero de 2012, Enrique Aurelio Elizondo Flores, de apodo “El Árabe” y quien controlaba la zona de Nuevo León para Los Zetas, fue presentado por la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) y confesó por lo menos 75 asesinatos. La mayoría de sus víctimas eran pasajeros de autobuses interceptados entre marzo de 2010 (cinco meses antes de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando) hasta octubre de 2011.

El modus operandi que explicó —según las autoridades— consistía en bajarlos de los camiones, torturarlos, asesinarlos y calcinar los cuerpos.


En la conferencia de prensa que se llevo a cabo el día del anuncio de su captura, el procurador estatal, Adrián de la Garza, sostuvo que esta persona “privó de la libertad y asesinó a decenas de pasajeros de mínimo tres distintos autobuses procedentes de Reynosa, porque supuestamente al menos los 50 ocupantes de uno de los camiones pertenecían a una banda rival”.

Esta fue la misma versión que las autoridades dieron a María de Jesús y a los familiares del grupo con el que viajaba Santiago. En total, la Procuraduría recibió 28 denuncias por desaparición de pasajeros de ese mismo camión. Aunque pueden haber sido más los secuestrados.

La Procuraduría informó a esas familias que el 21 de enero de 2013 encontraron restos calcinados que correspondían a los viajeros desaparecidos.


“Pero son rumores, sólo son rumores”, dice la hermana de María de Jesús, Concha Vázquez, quien hasta ese momento escuchaba en silencio la entrevista.
No voy a dar cristiana sepultura a unas  cenizas que no vayan a corresponder con mi hijo
La familia de María de Jesús insiste en la búsqueda de su hijo. Las demás familias perdieron la  esperanza el día que la Comisión Estatal de Derechos Humanos los mandó llamar a Monterrey para mostrarles un video de la supuesta ejecución de las víctimas. A ella no le permitieron verlo.

“Ese día me quedé esperando a los compañeros pero nunca pasaron por mí, acordaron ir puros hombres y nadie tuvo el valor de ver los videos”. En la Comisión les advirtieron que las imágenes eran sumamente violentas. Les comentaron que los habían mutilado y después asesinado y que en realidad sería difícil reconocerlos porque todos tenían el rostro cubierto.

A pesar de ello, María insiste en que ella reconocería la silueta o las manos de su hijo si le hubieran permitido ver las imágenes. “Yo a lo mejor me hubiera desmayado, me hubiera vuelto loca, lo que dios hubiera querido, pero sí me hubiese gustado ver esos videos para ver si estaba”.

El 6 de diciembre de 2013 entregaron a dos familias las cenizas de dos cuerpos que, resignadas, los recibieron.

“Soy la persona que menos tiene dinero del grupo, pero yo no voy a dar cristiana sepultura a unas  cenizas que no vayan a corresponder con mi hijo”, asegura ella, valiente, a pesar de haber recibido en su hogar visitas “sospechosas” de hombres armados que mintieron diciendo que eran de la PGR.

Fue una vez en marzo, otra en septiembre de 2015. Los primeros dijeron ser de Durango, los segundos de Michoacán. La procuraduría negó que fueran enviados suyos.

La mujer vive una tortura todos los días cuando entra a trabajar en la maquiladora donde laboraba junto a Santiago, a quien ahora ve en sueños: a veces entrando a casa, otras pintando la ropa. A ratos alucina y cree que está cerca. Cuando dice esto sus lágrimas escurren por sus mejillas y mojan su puño cerrado.

“Yo no entiendo porqué las personas de acá ya no hicieron caso —dice—, pero yo seguiré”.


*Masde72.org es un proyecto de investigación realizado por un equipo de periodistas dedicados a investigar las masacres recientes de migrantes. En el sitio se puede consultar información forense de 120 de los cadáveres exhumados de las fosas de San Fernando, leer las historias de algunas víctimas y lo que enfrentan para obtener justicia. Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y con colaboración de Periodistas de a Pie.

FUENTE: PROCESO, #MÁSDE72.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/terror-en-carreteras-de-tamaulipas-historias-de-mexicanos-que-desaparecieron-en-esos-caminos/