En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo menos 47 personas y familias han sido víctimas colaterales de casos de uso inadecuado de la fuerza, abuso de autoridad o negligencias por parte de efectivos del Ejército Mexicano. El saldo de estos casos ha sido de al menos diez personas muertas y diez lesionadas, además de afectaciones materiales.
Aunque se trata de hechos que constituyen posibles delitos federales – algunos de ellos graves – la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que no ha sancionado internamente a sus elementos ni ha presentado denuncias en contra de los implicados ante la Fiscalía General de la República (FGR). Ello bajo el argumento de que no le toca. En cambio, ha pagado a las víctimas indemnizaciones millonarias a través de la firma de convenios secretos.