Domingo Leal Medina es reconocido por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos, una termoeléctrica en Huexca y un acueducto que cruza Ayala y Cuautla. Es miembro activo de la APPM y ha participado en diversas movilizaciones en defensa del agua y el territorio. 

Además, en la elección 2023-2024, Leal Medina fue candidato a la presidencia municipal de Ciudad Ayala por el Partido Verde Ecologista de México, un dato que refuerza su presencia política y social en la región. 

Jorge Velázquez Escalvazeta, activista e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, recordó su papel activo en las protestas regionales. 

“Ha sido una figura clave en la resistencia contra el despojo de tierras y el impacto ambiental del megaproyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Siempre fue muy creativo en la organización de las movilizaciones, por lo cual era indispensable su apoyo”, destacó. 

En defensa de tierras ejidales

Desde hace 19 años, Domingo Leal Medina también forma parte de la lucha por la defensa de tierras ejidales expropiadas para la construcción de la autopista Siglo XXI. Como ejidatario de Tecomalco e integrante de la comisión negociadora, ha participado en bloqueos, protestas y exigencias de pagos justos, reparación de daños y transparencia en los procesos. 

Uno de los momentos clave ocurrió el 16 de mayo de 2016, cuando habitantes de Tecomalco, con Leal Medina al frente, bloquearon los trabajos de la autopista para exigir el pago directo a los propietarios de las tierras y la reparación de caminos dañados por maquinaria pesada. 

“Nosotros queríamos que el gobierno nos pagara directamente y no a otras personas que no tenían nada que ver. Nosotros éramos los afectados, pues se trataba de nuestras tierras”, declaró ese día. Señaló que los gobiernos federal y estatal habían entregado más de 9 millones de pesos al entonces alcalde de Ayala, Bernardo Sosa, sin que los ejidatarios recibieran el recurso. 

También exigían un informe oficial sobre el proceso de expropiación, del cual no habían recibido información. 

La autopista Siglo XXI cruza al menos cinco comunidades de Ciudad Ayala y, pese a que lleva más de una década en construcción, el conflicto agrario continúa vigente, con inconformidades por pagos pendientes y daños sin reparar. 

La desaparición de Domingo Leal Medina ocurre en un contexto de resistencia activa de las comunidades afectadas en el oriente de Morelos.

Esperanza Flores Rojo, presidenta de Espacio Hidalgo, también condenó el asesinato del activista y su pareja y exigió justicia: “no alcanzo a comprender cómo alguien puede arrebatar la vida así, sin piedad, a dos personas que solo sabían amar, reír, construir comunidad. Me duele profundamente”.

Por su parte, la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac) también condenó el crimen y exigió justicia, verdad y no revictimización, lo mismo que otros grupos y colectivos en defensa de los derechos de la poblacióm LGBT+ como el Colectivo De inclusión “Renacer Tepeapulco”.

Jesús Laiza era familiar de Jorge Laiza, extitular el Instituto Municipal de la Juventud y Deporte de Tizayuca, y fue miembro del Partido del Trabajo (PT), el cual también manifestó sus condolencias por lo ocurrido.

“Enviamos un abrazo solidario a las familias y seres queridos de nuestros compañeros Francisco Jesús Laiza González e Isaí López Rodríguez”, escribió en sus redes sociales el PT delegación Hidalgo.

En 2024 se registraron, al menos, 80 asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género en México. Tan sólo en los últimos tres años, contando 2024, hubo al menos 233 homicidios contra personas de esta población, 66 en 2023 y 87 en 2022, de acuerdo con registros de la organización LetraeSe.

“Si intentan suprimir nuestras libertades, vamos a desobedecer pacíficamente”

En su demanda, Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y candidato a juez laboral en la Ciudad de México, argumentó que el presidente de Defensorxs lo “violentó políticamente” por publicar una investigación el 26 de mayo de 2025, en donde reveló que el candidato había sido denunciado por actos de abuso y acoso sexual, así como amenazas en contra de 36 mujeres. 

Además de un procedimiento abierto en su contra por atropellar a un motociclista que perdió la vida en 2022. 

“La violencia política contra hombres, aunque menos visible que la violencia política contra mujeres, sí existe y puede manifestarse en diversas formas. Este tipo de violencia se define como el uso de la fuerza física o psicológica, o el atentado a las pertenencias, que tiene como objetivo afectar o impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una persona”, señaló Castañeda en su demanda. 

Sin embargo, a pesar de que el candidato denunció una falta que no existe, razón por la que dijo que el INE debió desechar su queja y no iniciar ningún procedimiento, Alfonso Meza señaló que el órgano electoral admitió la demanda “por la presunta violencia política a través de propaganda que contiene calumnias”. 

“Ese es el objetivo de estos ataques sistemáticos a la libertad de expresión: callarnos la boca. En @DefensorxsAC no lo vamos a hacer. Como lo he dicho antes: si intentan suprimir el ejercicio de nuestras libertades políticas, vamos a desobedecer pacíficamente”, señaló.

Además, refirió que la investigación realizada por Defensorxs está basada en entrevistas a varias de sus víctimas, capturas de pantalla y otras pruebas que ellas han compilado, así como la revisión de expedientes judiciales. 

Procedimiento contra Defensorxs no es aislado: órganos electorales se lanzan contra ciudadanos

El caso del procedimiento abierto en contra del Miguel Alfonso Meza no es aislado, se suma a una serie de decisiones que diversos órganos electorales han tomado en contra de ciudadanos por expresar sus opiniones o difundir investigaciones en contra de candidatos a jueces, magistrados y ministros y políticos mexicanos. 

Tal es el caso de una ciudadana de Hermosillo que fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras haber cuestionado a la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, a través de redes sociales. 

Esta sanción fue incluso defendida por la propia diputada, quien a través de un video negó que se trate de censura y dijo que demandó a la usuaria de redes a raíz de una publicación hecha en su cuenta de X, en la que habría señalado que su candidatura se la debía a su esposo, lo que invisibiliza su trayectoria.

También es el caso de la activista y actriz Laisha Wilkins, quien fue notificada por el TEPJF sobre una denuncia presentada en su contra por la excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Dora Alicia Martínez Valero.

En dicha denuncia, compartida por Wilkins en redes sociales, se le pidió explicar una publicación que realizó en redes sociales de un portal de noticias en la que comentó una nota informativa sobre Martínez Valero.

Hoy 19 de junio de 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT), el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (Consorcio Oaxaca), el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) e Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, espacios que en conjunto articulan a 245 organizaciones, 98 colectivos, 434 defensoras y mujeres periodistas en México llevaron a cabo el foro online “Protección pendiente en México”, para visibilizar la situación de riesgo que enfrentan las mujeres periodistas y defensoras en el país, así como una serie de recomendaciones, que se expusieron previamente ante el Comité de la CEDAW.

Jesús Peña y Niza Castañeda, de ONU Derechos Humanos, quienes participaron, destacaron la relevancia de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el papel activo de México en su revisión periódica ante el Grupo de Expertas. Subrayaron la importancia del escrutinio público, la transparencia y el diálogo abierto entre actores de la sociedad civil y las instancias gubernamentales, confiando en que se establezcan espacios permanentes para implementar las recomendaciones y avanzar en acciones concretas en favor de las mujeres en México.

Sandra Torres Pastrana, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), señaló el preocupante aumento de la violencia letal en particular contra las buscadoras y las defensoras de los derechos de las disidencias sexo-génericas. Resaltó también que las agresiones contra defensoras presentan con frecuencia un componente de discriminación de género, que se manifiesta a traves de discursos misóginos, violencia sexual, estigmatización y ataques desde el ámbito de lo privado. Alertó finalmente frente a algunas tendencias cada vez más documentadas como el incremento de los ataques registrados en el ámbito digital y la criminalización.

Lizeth Clavellina Angeles, de la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT), resaltó diversos patrones de agresiones identificados en los últimos dos años, enfatizando los riesgos diferenciados que enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio, el medio ambiente y los derechos de las mujeres, así como el alto grado de impunidad que prevalece.

Mina Ruiz, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), compartió los riesgos que han enfrentado en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, reportando que en los últimos seis años al menos 16 mujeres buscadoras han sido asesinadas. Recalcó la necesidad urgente de respaldo institucional para proteger las acciones de búsqueda frente a las amenazas, asesinatos y otras formas de agresión.

Lucía Lagunes, de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), señaló que persiste un trato desigual hacia las mujeres en los medios, marcado por discriminación, precariedad laboral, acoso, violencia y censura. Entre 2012 y abril de 2025, CIMAC ha documentado 1,896 agresiones contra mujeres periodistas, incluidos 14 feminicidios. Llamó a articular el marco legal nacional e internacional, transversalizar con perspectiva de género el Mecanismo de Protección y generar diagnósticos con enfoque integral para fortalecer la coordinación con instancias locales y avanzar en una política efectiva de prevención y protección.

Paola Pacheco, de Serapaz y en representación del Espacio OSC, también sobre el Mecanismo de Protección señaló la persistencia de deficiencias en la atención y aplicación de la perspectiva de género en todas sus fases de actuación. A pesar de la creación de “La Equipa”, punto focal para implementar la perspectiva de género, afirmó que no se han logrado impactos positivos en la protección de defensoras y periodistas, mencionando retos en incorporación, análisis de riesgo, coordinación, medidas, planes y reevaluaciones de mujeres defensoras y periodistas en riesgo.

Yesica Sánchez, de Consorcio Oaxaca, advirtió que Oaxaca es uno de los estados más peligrosos para la defensa de derechos humanos, con un aumento alarmante de la violencia feminicida. Que coloca al estado en el tercer lugar por los ataques. Enfatizó el caso reciente de la defensora Sandra Domínguez, desaparecida y posteriormente asesinada, quien había denunciado violencia sexual promovida por funcionarios públicos sin que se haya hecho justicia. Destacando la falta de atención a los impactos y desgastes que tienen dichos ataques. Así como la ausencia de una real coordinación entre los estados y la federación.

Finalmente, Emilie De Wolf de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), encargada de la moderación, cerró el foro resaltando que las defensoras de derechos humanos y periodistas realizan una labor urgente y trascendente, construyen alternativas dignas en un contexto de agudización de las crisis, desafían mandatos patriarcales y fortalecen tejido social y colectivo. Garantizar programas de protección integrales que  respondan a sus necesidades específicas, superen enfoques individualizados y urbanos, e incorporen una perspectiva intercultural y de género es impostergable concluyó. Informó finalmente que los informes presentados durante el foro están disponibles para descarga.

Informes disponibles en:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México (RNDDHM) e Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FCSS%2FMEX%2F63304&Lang=en

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) https://espacio.osc.mx/wp-content/uploads/2025/06/EOSC-Informe-mujeres-defensoras-y-periodistas-CEDAW-2025.pdf

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca):

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FCSS%2FMEX%2F63209&Lang=iv

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM): https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FCSS%2FMEX%2F63299&Lang=en

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT). y Observatorio Ciudadano Naonal del  Feminicidio: https://redtdt.org.mx/archivos/19366

“Haremos un alto en las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, para exigir el cese a la criminalizacion de decenas de indígenas cuyo único delito es la defensa de sus viviendas y tierras”, informó Ucizoni en un comunicado.

A las 13 horas se realizará un homenaje a integrantes de Ucizoni que han muerto, entre ellos, se recordará a los indígenas ayuujk asesinados por defender sus pueblos, Armando Agustín Bonifacio y Wilfrido Atanacio Cristobal.

La jornada concluirá con un convivio en las instalaciones de Ucizoni, con música de la Banda Mixe de San Antonio Tutla y la marimba La Flor del Istmo. Participarán organizaciones de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y CDMX.

Al pueblo de San Miguel Xoxtla

A los Pueblos de la Región Cholulteca

A los medios de comunicación

El pasado 12 de mayo, la presidenta municipal de San Miguel #Xoxtla, Guadalupe Ortiz, traidora del pueblo, señaló públicamente la ratificación del convenio que su antecesora, Guadalupe Ziyancan Peregrina Díaz, firmó con el gobierno del estado de Puebla, SOAPAP y la Empresa traficante de agua Concesiones Integrales Agua de Puebla S.A. de C.V. El cual señala la rehabilitación del pozo número 4 para llevar según sus declaraciones, el 50% del agua a la Ciudad de Puebla, la construcción de un nuevo pozo y la donación de 100 tinacos para la población.

A consecuencia de esas declaraciones, la comunidad del pueblo de San Miguel Xoxtla convocó a diversas asambleas públicas para aclarar la situación y exigir determinantemente la cancelación de dicho convenio. Al no haber una respuesta por parte del gobierno municipal y estatal, la asamblea tomó la decisión de realizar 2 cierres de la autopista México – Puebla.

La presión comunitaria permitió que el 30 de mayo, en presencia de regidores del ayuntamiento, se realizara otra asamblea pública en la cual se llegó al compromiso de que el próximo 2 de junio se realizara un cabildo abierto, para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa Concesiones Integrales Agua de Puebla, Gobierno del estado e instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad.

De la misma forma, se acordó que el pozo número 4 quedara inhabilitado y a resguardo de la comunidad. Estos acuerdos quedaron firmados por la comisión del pueblo de Xoxtla, regidores y el síndico municipal, Miguel Hernández Azucena.

A raíz de este documento, el mal gobierno estatal y municipal comenzaron una campaña de criminalización y desinformación contra la comunidad de Xoxtla e integrantes del movimiento en defensa del agua.

En el intento de fragmentar y deslegitimar la organización en defensa del agua pretenden aislar al municipio de Xoxtla diciendo que son otros pueblos los que se están manifestando contra el despojo de agua. Además el pasado 30 de mayo en las calles de Xoxtla hubo presencia de elementos del ejército y Guardia Nacional para intimidar a la población, con lo que se demuestra que los tres niveles de gobierno se empeñan en despojarnos y usar la fuerza pública para entregar el agua a los empresarios.

Le recordamos al mal gobierno que como pueblos unidos nos apoyamos en la defensa del agua y que ante cualquier intento del mal gobierno y empresas criminales de despojarnos de nuestra agua los pueblos nos organizaremos siempre para defenderla y liberarla.

Les recordamos que en abril del 2024, el pueblo de Xoxtla cerró el pozo clandestino de la empresa Castores.

En 2008, en Juan C Bonilla evitaron la perforación de dos pozos profundos que se emplearían para llevarse el agua a la ciudad de Puebla y dársela a los desarrolladores inmobiliarios.

En el año 2017, toda la Región Cholulteca incluida Xoxtla frenamos la privatización del agua que el mal gobierno pretendía hacer en el estado.

En 2021, los pueblos de la región frenaron el despojo de agua que la empresa traficante de agua Bonafont – Danone generaba en el territorio.

Para nosotras y para nosotros el agua no es una mercancía, el agua de nuestros pueblos se queda en nuestros pueblos y es destinada para seguir reproduciendo la vida, no para llenar los bolsillos de empresarios ambiciosos y criminales.

Una vez más los pueblos demostramos que la acción colectiva es la única vía para asegurar la vida en nuestras comunidades.

Es por eso que se convoca a todo el pueblo de Xoxtla y comunidades de la región a hacer presencia el próximo 2 de junio a las 3:00 pm. En el zócalo de San Miguel Xoxtla, para exigir la cancelación de todo tipo de acuerdos que pretenden llevarse el agua de nuestra comunidad.

¡Fuera traidoras y traidores de los pueblos que entregan nuestra agua!

¡Porque el agua es de Xoxtla y se queda en Xoxtla!

ATENTAMENTE

Consejo ciudadano, defensores del agua y la tierra de San Miguel Xoxtla

¡Fuera mal gobierno, fuera Alejandro Armenta fuera Agua de Puebla para Todos!

El documento resalta que si bien del total de agresiones documentadas, 14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos, y seis en varias ciudades de Guatemala, su análisis “permite caracterizar un sexenio (el de López Obrador)  que, lejos de las narrativas oficiales, tuvo un actuar violento de derechos humanos y desesperanzador para las personas forzadas a migrar y para  quienes las defienden y acompañan”.

De acuerdo al estudio, en los últimos 20 años las personas defensoras de migrantes se han enfrentado a riesgos como “la vigilancia, el hostigamiento, las amenazas, las agresiones, la criminalización (social y mediática) y los procesos de judicialización hasta la desaparición y el asesinato”.

El informe identifica como perpetradores de las agresiones tanto a agentes el Estado como a actores particulares, entre ellos “miembros de grupos armados, pandillas y grupos del crimen organizado”, situaciones que generan daños tanto a la integridad física como a la salud mental y emocional.

Como antecedente, el documento cita el informe “Defensores sin muros”, elaborado en 2019, por los mismos autores, que registró “69 incidentes (eventos) de agresión contra al menos 17 personas, ocho albergues y una organización en Centroamérica, México y Estados Unidos”.

Para continuar on el análisis del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el informe continúa con la revisión de las agresiones ocurrida entre septiembre de 2019 a septiembre de 2024, periodo en el que los investigadores se registraron 137 agresiones en 63 eventos violentos, dirigidos en contra de 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración.

Del total de agresiones, se registraron dos asesinatos y tres desapariciones forzadas contra defensores de derechos de personas migrantes, como las más graves entre los 33 tipos de agresiones registradas en el periodo.

Los investigadores de Prami y Redodem identificaron que, durante los últimos cinco años del gobierno de López Obrador, las agresiones más frecuentes fueron el hostigamiento con 20 registros; la estigmatización con 16 casos; las amenazas con 15: la vigilancia y la judicialización con nueve cada una; así como las amenazas con arma de fuego y detención arbitraria con seis agresiones cada una.

Otras agresiones se refieren a amenazas de judicialización y obstaculización de la labor de defensa de derechos humanos, con cinco cada una; agresión física y perfilamiento racial, con cuatro en cada una; agresión verbal, amenazas de incendio y detonación de arma de fuego, con tres en cada caso; cierre forzado de operaciones, encapsulamiento, infiltración del crimen organizado y revisión de pertenencias y datos personales, con dos en cada tipo de agresión, así como amenazas de cierre, bloqueo de acceso, desalojo, espionaje, extorsión, incendio provocado, incomunicación, intentos de extorsión, retención arbitraria, secuestro y usurpación de identidad, con un caso documentado por acto violento.

Por entidades federativas, el informe de Prami y Redodem revelan que, de las 137 agresiones registradas durante el periodo analizado, 117 ocurrieron en el territorio mexicano, de las cuales 21 están distribuidas como sigue:  30 en Chiapas, 25 en Baja California, 19 en Ciudad de México, 13 en Coahuila, 6 en Tlaxcala, 5 en Chihuahua, 4 en Tabasco, mientras que en Sonora, Tamaulipas y Veracruz, se registraron tres ataques por entidad.

Se destaca que las seis agresiones restantes de las registradas en el territorio nacional, “cuatro corresponden a estigmatización”, vinculadas a “agresiones de amenaza de judicialización y judicialización”.

El documento alerta que de las 117 agresiones cometidas en territorio nacional 44% se concentran en Tijuana, Baja California, Tapachula, Chiapas y la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, concentraciones asociadas con la ubicación fronteriza de las primeras dos ciudades y en la tercer a “por la permanencia de personas migrantes, tanto en campamentos como en situación de calle en la zona y el acompañamiento que han realizado personas defensoras de derechos humanos”.

En cuanto a las 20 agresiones restantes documentadas por Prami y Redodem,  14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos y seis en varias ciudades de Guatemala.

“La diversidad de agresiones que se identifican de manera específica en los 63 eventos contra las personas y las colectividades defensoras da cuenta de la amplitud de riesgos que enfrentan quienes defienden derechos en los contextos migratorios”, apunta el informe.

El documento destaca que de las 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración, que fueron identificadas como blanco de los ataques, la mayoría fueron albergues (19), seguida de personas defensoras (10) y en tercer lugar organizaciones civiles de derechos humanos (6).

En menor escala, se identificó a colectivos o grupos de apoyo organizados (3), seguidos de periodistas especializados en migración (2), personas defensoras de migrantes (2) y otros colectivos comunitarios relacionados con la migración (1).

El informe destalla que contra esas 43 personas y colectividades ocurrieron 63 eventos de agresión que “se caracterizan por tener una o más agresiones y porque pueden involucrar a una o más personas y/o colectividades defensoras”.

Según la clasificación de los investigadores 30 de los eventos de agresión fueron dirigidos a albergues para migrantes; 11 contra personas defensoras; 10 contra colectivos o grupos de apoyo a migrantes; y 9 contra organizaciones civiles de derechos humanos, principalmente.

El resto de los eventos ocurrieron contra grupos de personas defensoras migrantes (3), periodistas (2) y otras colectividades (1).

Es relevante observar la evolución por año de los eventos de agresión, que se han ido incrementando conforme ha pasado el tiempo, empezando por un evento ocurrido en 2016 pero que se reveló en 2021, pasó a 2019 con siete eventos, para después disminuir a uno en 2020, subir nuevamente a 10 en 2021, y de ahí continuar en tendencia ascendente, con 12 eventos en 2022, otra cifra igual un año después para cerrar con 19 eventos de agresión en 2024.

La tendencia indica que “ante el incremento de las migraciones hay un robustecimiento de las políticas migratorias de contención, lo cual también tiene como consecuencia mayores agresiones a colectividades defensoras en contextos de migración forzada”.

De los 63 eventos de agresión documentados, el informe identificó “20 perpetradores distintos”, algunos actuando de manera conjunta. Entre las cinco principales tipos de agresores del total de eventos en 12 participaron corporaciones militares, Guardia Nacional, Ejército y Marina; en 12 más personas desconocidas; en  8 personas armadas desconocidas; en 7 integrantes de grupos del crimen organizados, mientras que en 6 miembros de la comunidad.

Cabe destacar que de los 63 eventos, en cinco se ubicó como perpetrador al Instituto Nacional de Migración y una cifra igual a la Fiscalía General de la República.

Los autores del documento consideran preocupante “la diversificación de la violencia y la crueldad con que se lleva a cabo”, lo cual podría atribuirse a “la creatividad de los perpetradores para implementar nuevas formas de intimidar a las personas defensoras”, pero sobre todo por “la impunidad sistemática en nuestro país, que impacta a toda la población, pero que en casos de personas defensoras -y periodistas- es casi absoluta”.

Los autores concluyen que su informe “no sólo evidencia violencias y violaciones a derechos humanos, sino que es un testimonio vivo de que los colectivos, los albergues y las organizaciones de derechos humanos, las personas defensoras, las iglesias y las comunidades, construyen rede de solidaridad que articulan esfuerzos para brindar protección, acompañamiento y apoyo humanitario, más allá de los nacionalismos, las fronteras y las soberanías nacionales”.