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Denuncian intento de detención arbitraria de la activista Adriana Leyva; exigen investigación y medidas de protección

La activista y subdirectora de Mujeres Unidas X la Libertad fue detenida el pasado 8 de julio, en la CDMX, sin que se le informara el motivo de su detención.

Alrededor de 60 organizaciones denunciaron el intento de detención arbitraria contra Adriana Leyva Alanís, activista y subdirectora de Mujeres Unidas X la Libertad, México, A.C., el pasado 8 de julio

En un comunicado, la organización detalló que a Leyva Alanís no se le dio información sobre el motivo de la detención ocurrida en la Ciudad de México y se le intentó engañar para que firmara documentos sin saber su contenido. A ello se suma que la descripción física de la persona mencionada en la orden de aprehensión no correspondía con ella.

“Este acto no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años, acompañando tanto a mujeres encarceladas como a mujeres liberadas de prisión”.

Exigen investigación y sanción contra los responsables
 
Las y los firmantes exigen a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a fondo lo ocurrido, esclarezca el origen y la legalidad de la actuación de los policías, y sancione a quienes resulten responsables.

También solicitan al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorga medidas de protección inmediatas para Adriana Alanís, así como para la actual directora de Mujeres Unida X la Libertad y cofundadora, Beatriz Maldonado.

Entre sus demandas está que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicien las investigaciones correspondientes y brinden acompañamiento a las integrantes de la organización en su calidad de personas defensoras.


“Rechazamos cualquier intento de criminalización hacia quienes defienden los derechos humanos en México, especialmente hacia mujeres que han enfrentado las complejidades del sistema penitenciario mexicano y que hoy luchan por transformar las realidades de otras mujeres con experiencias similares”, indicaron.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Abaten a "El 30", presunto operador de la facción de los Mayos

En los enfrentamientos, vecinos de dicha comunidad serrana acusan violaciones de derechos humanos en los hechos reportados el fin de semana.

Durante el fin de semana hubo reportes de enfrentamientos en Tacuichamona, comunidad serrana al sur de Culiacán, de los cuales se informó el asesinato de Jesús Norberto “el 30”, presunto operador de la facción de los Mayos. 

La actividad se prolongó durante prácticamente todo el sábado por parte de fuerzas federales, quedando sitiada la comunidad.

Después del presunto enfrentamiento, pobladores de esta comunidad denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa presuntas violaciones a los derechos humanos, reportando incluso desaparición de personas ajenas al conflicto en las comunidades de Estancia de los García y de Las Habas, durante el operativo de seguridad.  

Derivada de esta queja, personal de la CEDH encabezados por el ombudsman Óscar Loza Ochoa acudieron a esta zona para iniciar una investigación de oficio. 

Al respecto, Loza Ochoa dio a conocer durante la visita que se solicitarán los informes correspondientes a las autoridades estatales, sin embargo, adelantó que es muy probable que el expediente sea turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por tratarse de un hecho de la competencia federal. 

Jesús Norberto “el 30” era señalado junto a su esposa de tener nexos con el cártel de Sinaloa y sancionados en septiembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas ilícitas. 

De acuerdo al reporte extraoficial fue abatido por un helicóptero arrollado junto a otra persona mientras tripulaba un vehículo Jeep, en la zona serrana de Tacuichamona. 

Del enfrentamiento se reportan cuatro personas sin vida, sin embargo no son reconocidas a ni el estatal por el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) que tiene registro de cinco homicidios dolosos el sábado último, ocurridos dos en la colonia Guadalupe Victoria de Culiacán, dos más en Navolato y uno en San Ignacio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Surge brote de sarampión entre trabajadores agrícolas que llegaron a Coahuila

Los trabajadores llegaron al campo agrícola donde recolectarían chile y pepino, pero de acuerdo con autoridades arribaron a Coahuila con algunos síntomas.

La Secretaría de Salud  de Coahuila confirmó un brote de sarampión en el rancho agrícola “La Maroma” del municipio de Nava, donde llegaron más de un centenar de trabajadores procedentes de Chihuahua a la pizca del chile y pepino. 

De acuerdo con el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Uno en Piedras Negras, Roberto Belloc Sandoval el viernes se atendió a una mujer en el Hospital General de esta ciudad fronteriza y se comprobó que los síntomas están relacionados al sarampión.

“En ese campo se hicieron 21 muestras de las cuales 19 salieron positivas, además de la paciente que está el Hospital General, lo que nos da 20 casos nuevos de sarampión. Son pacientes provenientes de Chihuahua”, señaló.  

Los trabajadores llegaron hace unos días al campo agrícola donde recolectarían chile y pepino, pero de acuerdo con el epidemiólogo llegaron a Coahuila con algunos síntomas. 

Las personas fueron separadas del resto de los trabajadores que no contaban con síntomas y se llevó a cabo la vacunación de quienes no contaban con esquema completo. 

El epidemiólogo insistió que se trata de un caso que está bajo observación porque es un grupo números de trabajadores agrícolas que llegaron de lugares donde hay más presencia de la enfermedad. 

“Son pacientes provenientes de Chihuahua y se da por hecho de que son casos de importación. Se les está dando seguimiento médico, no hay razón para alarmar, pero se le pide a la población que si no tienen esquemas completos acudan a un Centro de salud para que se les proporcionen las vacunas”, agregó.  

Mencionó que su estado de salud es estable y se monitorea al resto de los casi cien trabajadores que llegaron al rancho y quienes no tienen prestaciones médicas, por lo que también hay otras instancias investigando la forma que fueron contratados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Fondo extranjero ligado a Airbnb está detrás del monopolio de viviendas en renta en CDMX

Diversos expertos han señalado que estas entidades han provocado una escasez de viviendas accesibles y un aumento del precio de las rentas en toda la ciudad.

Blueground, una empresa financiada por fondos de inversión extranjeros y con miles de activos inmobiliarios en todo el mundo, es el principal oferente de viviendas en renta en la Ciudad de México a través de Airbnb, reveló La Jornada.

De acuerdo con Inside Airbnb —una base de datos que muestra el impacto de la plataforma en las comunidades residenciales a nivel mundial— la compañía Blueground ofrece 242 propiedades en la Ciudad de México por medio de Airbnb.

Las propiedades son casas y departamentos ubicados en colonias céntricas y con acceso a servicios como Polanco, Condesa, Roma Norte y Sur, Tabacalera, entre otras. 

Blueground renta apartamentos amueblados en 52 ciudades del mundo, de acuerdo con su sitio web. La empresa señala que es "ideal para trabajadores nómadas y equipos corporativos en proyectos a corto o largo plazo”. Ofrece a los inquilinos servicios como limpieza y entrega de despensa.  

Para rentar, las personas deben quedarse en el inmueble durante un periodo de al menos 30 días, pero lo pueden rentar por periodos mucho más largos, incluso por años.  

En la Ciudad de México, ofrece diversos espacios. Al explorar la plataforma se pueden encontrar ofertas como un departamento ubicado en Río Guadalquivir, colonia Cuauhtémoc, de 37 metros cuadrados, con un baño y una renta de más de 90 mil pesos al mes.  

La compañía también opera en otras entidades como: Baja California Sur, Yucatán, Guanajuato, Nuevo León, Nayarit y Jalisco.  

A los propietarios de departamentos que se quieran sumar al proyecto les ofrece gestionar la renta y firmar un contrato que les garantiza un ingreso fijo mensual sin importar si el inmueble se alquila o no. Además, la empresa garantiza que se hace cargo de cualquier daño a la propiedad.  

La Jornada reveló que Airbnb y Blueground fueron impulsadas por el mismo fondo de inversión: WestCap, con sede en Nueva York, que dirige Laurence A. Tosi, exdirector financiero de Airbnb.     

WestCap ha realizado inversiones en negocios de tecnología como: Airbnb, StubHub, Klarna, iPreo, Skillz, Sonder, Addepar, Hopper, iCapital y Bolt. 

Blueground nació en Grecia en 2013; hoy en día es la mayor plataforma de alquiler de departamentos amueblados para estancias de media y larga duración en el mundo. Su CEO, Alex Chatzieleftheriou, tuvo la idea de crearla después de vivir cinco años en habitaciones de hotel en 12 ciudades distintas, cuando era un consultor de gestión.  

El pasado viernes 4 de julio se realizó en la Ciudad de México la primera manifestación contra la gentrificación, que reavivó el debate sobre el papel de plataformas digitales como Airbnb o Blueground en el encarecimiento de las rentas y el desplazamiento de habitantes de varias colonias en la capital. 

Con el paso de los días, el foco se ha desviado de los nómadas digitales para nombrar a los actores económicos que acaparan el mercado inmobiliario en la Ciudad de México: desarrolladoras inmobiliarias, fondos de inversión, bancos y plataformas digitales.  

Diversos expertos han señalado que estas entidades han provocado una escasez de viviendas accesibles y un aumento del precio de las rentas en toda la ciudad.  

En la Ciudad de México 65.8% de los anfitriones rentan casas y habitaciones completas, no cuartos privados ni compartidos. Además, de los 26 mil 47 anfitriones que tiene la plataforma, 7 mil 298 ofertan más de 10 inmuebles, informó Inside Airbnb.   

Además, la plataforma indicó que es más probable que los anfitriones con múltiples propiedades dirijan un negocio y puedan violar las leyes de alquiler a corto plazo diseñadas para proteger a las viviendas residenciales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Está saliendo toda la pudrición”, dice secretario de Gobierno de Tabasco por orden de aprehensión del extitular de Seguridad

El secretario de Gobierno de Tabasco confirmó que la Interpol busca a Hernán Bermúdez Requena, extitular de Seguridad en el estado durante el mandato de Adán Augusto López.

José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, dijo que ya está “saliendo toda la pudrición” luego de que se confirmara que existe una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal durante el gobierno de Adán Augusto López y el interinato de Carlos Manuel Merino.

“Está la orden de aprehensión de él y de otro más (…) desde que sale del país huyendo ya no es la policía de aquí local, es la policía internacional (Interpol) que lo anda buscando, lo anda rastreando” (sic), señaló el también hermano del expresidente Andrés Manuel a medios de comunicación.

Hace un par de días, Miguel Ángel López, comandante de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, confirmó que desde febrero hay una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad y contra presuntos líderes del grupo criminal conocido como La Barredora.

En noviembre de 2024, el gobernador Javier May Rodríguez señaló que era “vox populi” que Bermúdez Requena era quien comandaba el mencionado grupo delictivo y que en administraciones anteriores se permitió que el crimen organizado “echara raíces” en la entidad.

Al ser cuestionado sobre otros funcionarios públicos que podrían estar ligados a este tema, el secretario López Obrador dijo que, tras las declaraciones del mando militar, “está saliendo toda la pudrición” y que las investigaciones llegarán “a tope” ya que el compromiso del gobierno estatal es “con los ciudadanos, no con los delincuentes ni con la mafia”.

Dijo que en el momento que se capture a algunas de las personas que cuentan con órden de aprehensión, podrían “vincular a otros”, incluidos funcionarios, “como suele suceder”.

Cabe destacar que Hernán Bermúdez renunció a su cargo en enero de 2024 tras una serie de jornadas de violencia que incluyeron asaltos a comercios, quema de vehículos, motines en cárceles y balaceras, una frente a su domicilio en diciembre de 2023.

Durante su gestión negó la presencia de cárteles en Tabasco y atribuyó la violencia a “bandas locales”, además aseguró haber recibido “miles” de amenazas pero que si tuviera miedo ni él ni su familia vivirían en la entidad, esto durante una comparecencia ante el Congreso local.

Tras su salida de la dependencia, en su lugar fue nombrado el general Víctor Hugo Chávez Martínez, quien también renunció a mediados de febrero pasado en medio de una crisis de violencia que enfrenta el estado, y fue sustituido por el excomandante Serafín Tadeo Lazcano.

El secretario de Gobierno López Obrador detalló que se mantiene una “limpia” en la Secretaría de Seguridad y que durante la gestión de Víctor Hugo Chávez se fueron más de 200 policías de todas las áreas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cometen violencia política de género contra alcaldesa indígena en Oaxaca y el Congreso decide desaparecer poderes en el municipio

Inés Martínez, alcaldesa de Zapotitlán Palmas, Oaxaca, ha enfrentado violencia política en razón de género por parte de síndicos y regidores; ante los problemas del municipio, el Congreso local optó por la desaparición de poderes.

El congreso de Oaxaca optó por disolver el gobierno del municipio indígena de Zapotitlán Palmas, en la región mixteca, antes que reconocer la violencia de género que se ejerció contra su primera presidenta municipal, Inés Martínez, y la regidora de Salud, Elodia López.

Esto, pese a que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvió que la presidenta municipal fue víctima de violencia política en razón de género.

Desde hace dos años, las dos mujeres —junto con algunas compañeras de la administración local— comenzaron a ser discriminadas por los síndicos y regidores hombres, quienes les acusaban de ser incompetentes para el cargo público solo por el hecho de ser mujeres y posteriormente las acusaron de desvío de recursos sin presentar pruebas, con la intención de desprestigiarlas.

“Fuimos pisoteadas en la comunidad, y seguimos siendo pisoteadas por el gobierno mismo”, denunció la regidora Elodia López en entrevista con Animal Político.

A raíz del conflicto interno entre los regidores hombres y las servidoras públicas, los legisladores oaxaqueños determinaron en junio pasado desaparecer los poderes del municipio de Zapotitlán Palmas, cuyos ciudadanos han sufrido las consecuencias ya que desde el 1 de enero de 2025 no se han entregado los recursos públicos debido a los problemas en la administración.

“¿Qué mujer va a querer servir, va a querer tener un cargo cuando se les trata de esa manera? (…) Yo no me estoy llevando nada de aquí [del gobierno]. Mi dieta [de pago] está detenida desde el mes de enero y eso no me está matando. Me está matando la injusticia que están haciendo contra Zapotitlán Palmas”.

“Se unieron para hacernos la vida imposible a las mujeres”

A finales de octubre de 2022, el Instituto Electoral de Oaxaca reconoció la victoria de Inés Martínez como presidenta municipal de Zapotitlán Palmas y le entregó la constancia de validez para ocupar el cargo para el periodo 2023-2025. La administración local se conformó, además, por el síndico José Longinos, y cinco regidores de los cuales tres fueron hombres y dos mujeres, incluyendo a Elodia López.

Es la primera ocasión que una mujer fue electa para fungir como presidenta municipal, en tanto que su suplente fue hombre. A partir de enero de 2023, cuando se produjo el cambio de administración, Longinos y el regidor de Hacienda, Damián Reyes, “se unieron para hacernos la vida imposible a las mujeres que estamos en el Cabildo”, recordó López.

“[Se ponían] a decirnos que nosotros no tenemos la autoridad, por el simple hecho de ser mujer. Se sentían más arriba de nosotras por el cargo que desempeñaban, por ser el síndico, por ser el regidor de Hacienda”, detalló la regidora de Salud. “[Longinos] quiso servirse y manejar a la presidenta por el sólo hecho de ser mujer”.

La situación llegó a un punto álgido cuando, en diciembre de 2023, personas afines a Longinos y Reyes cerraron las oficinas del municipio, y la alcaldesa y su equipo tuvieron que buscar otro sitio desde el cual despachar.


Sancionan a síndico y regidor por violencia política en razón de género

Martínez y López denunciaron la violencia política en razón de género ante el Tribunal Electoral oaxaqueño en noviembre de 2023, quien siete meses después emitió sanciones contra el síndico José Longinos y el regidor de Hacienda, Damián Reyes, por sus acciones machistas.

En el documento, señalaron que “en varias ocasiones eran ignoradas al querer emitir una opinión y muchas veces calladas, manifestándoles que no tenían que involucrarse en temas de hombres, como eran las obras que se llevarían a cabo en el Municipio”. Además, fueron objeto de gritos e insultos por parte del regidor de Hacienda.

Igualmente, en noviembre de 2023, durante una asamblea general del municipio, el síndico y sus allegados acusaron sin fundamentos a Martínez y López de mal uso de los recursos públicos, pero al intentar desmentir las acusaciones a ambas políticas se les negó la palabra.

Al analizar los hechos y las pruebas presentadas, el Tribunal Electoral de Oaxaca determinó que sí existió violencia política contra las dos mujeres en razón de género, ya que “los denunciados utilizaron su cargo para emitir acusaciones frente a la asamblea general de la comunidad, de las cuales ninguna prueba se aportó” y que hizo con la finalidad de difamar y calumniar a las servidoras públicas.

“Las acciones denunciadas no fueron espontáneas o fruto del desconocimiento de los denunciados, y en ellas se advierte un uso consciente de los estereotipos de género y de la consecuencia de las acciones llevadas a cabo”, detalló el órgano en el expediente PES/03/2024, que emitió en julio de 2024.

Los magistrados locales determinaron imponer al síndico Longinos y al regidor Reyes una multa de 54 mil 285 pesos cada uno, así como inscribir a ambos en el Registro oaxaqueño de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un periodo de nueve años un mes y siete años tres meses, respectivamente.

Por su parte, el síndico y el regidor interpusieron un juicio para la protección de sus derechos ante el Tribunal Electoral en febrero de 2025 donde alegaron que la presidenta municipal y dos regidoras estaban cometiendo violencia política e institucional en su contra, pero los magistrados determinaron que no habían elementos probatorios de modo, lugar y tiempo, por lo que concluyó inexistente esta violencia.

Sin embargo, el Tribunal sí identificó que la presidencia municipal adeudaba dietas tanto al síndico como al regidor de Hacienda, y resolvió que Inés Martínez debía convocarlos a las sesiones de cabildo.

Congreso oaxaqueño desaparece poderes del municipio de Zapotitlán Palmas

El congreso oaxaqueño tardó casi un año en atender las sanciones impuestas a José Longinos y Damián Reyes por el Tribunal Electoral, las cuales significaban –de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca– que debían ser removidos de sus cargos. 

El pasado 20 de junio, la LXVI Legislatura de Oaxaca celebró su segunda sesión extraordinaria, en la cual votó dos dictámenes de proyecto de decreto. El primero contemplaba la revocación de mandato a Longinos y Reyes tras haber sido sentenciados por violencia política por razón de género por el TEEO, pero en el segundo dictamen el congreso decidió desaparecer por completo los poderes del municipio de Zapotitlán Palmas.

El congreso oaxaqueño decretó suspender al Ayuntamiento del municipio de Zapotitlán Palmas electo para el periodo de 2023 a 2025 por considerar que hay un “vacío de autoridad y de ingobernabilidad que hacen imposible su funcionamiento”.

Ante ello, el gobernador Salomón Jara instalará un Consejo Municipal para los meses que le quedan al gobierno actual, que termina este 2025.

Lo anterior después de que, en abril de 2025, los mismos Longinos y Reyes presentaran ante el Congreso oaxaqueño, junto con otro regidor e integrantes de la Comisión Ciudadana municipal, una solicitud para desaparecer lo poderes del ayuntamiento debido a los conflictos internos en la administración, incluyendo la denuncia interpuesta en contra del síndico y regidor de Hacienda por violencia política en razón de género.

Exigen a gobernador de Oaxaca y a presidenta Sheinbaum intervenir

La presidenta municipal Inés Martínez y su equipo han solicitado en diversas ocasiones la intervención del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, pero aseguran que se les han cerrado las puertas y negado la entrada. “¿En quién nos vamos a cobijar, si no es el gobernador?”, cuestionó López.

También pidieron en los primeros años de su administración el apoyo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y más recientemente de su sucesora Claudia Sheinbaum. “Cuántos escritos también le hemos metido a la Presidenta de la República para que nos escuche, para que nos atienda, y no hemos recibido respuestas tampoco”, recalcó. “¿No tenemos derecho a ser escuchadas?”.

En particular, su preocupación sobre su seguridad y la de Martínez incrementó después de que, a mediados de junio, fue asesinada la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García.

“¿Lo mismo quieren que pase en Zapotitlán? ¿Debemos de mantenernos calladas para que se nos pisotee como ellos quieran, por el sólo hecho de ser gobierno?”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Periodistas bajo acoso: en Veracruz usan ley de violencia de género para censurar medios críticos

Autoridades usan la figura “violencia política en razón de género” para censurar a 9 periodistas y 22 medios locales. El caso más grave involucra a 5 reporteros por notas desde 2021, donde se mencionó la liga familiar entre Mara Chama (excandidata del PVEM en Teocelo) y su padre, entonces alcalde.

La figura de violencia política en razón de género está siendo utilizada en Veracruz como herramienta jurídica para sancionar y silenciar a periodistas y medios generando preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).

En los últimos meses al menos nueve periodistas han sido sancionados y enfrentan medidas como multas de hasta 10 mil pesos, el retiro de contenidos, disculpas públicas y la inscripción en registros de personas sancionadas.

También se han emitido sanciones contra otros 22 medios y una académica que emitieron opinión crítica sobre la sentencia. 

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)emitió la sanción más severa al resolver que cinco periodistas de diversos medios cometieron violencia política de género contra la excandidata a la presidencia municipal de Teocelo, Mara Yamileth Chama Villa, basándose en contenidos publicados desde 2021.

Aunque algunas publicaciones sólo mencionaban el parentesco con su padre –entonces alcalde de Teocelo–, todos fueron sancionados por igual, sin distinguir contexto ni tono.

En mayo de 2024 Chama Villa era candidata plurinominal a la diputación federal por el PVEM y presentó una queja para señalar que desde su participación en el proceso electoral ordinario 2020-2021 –en que fue candidata a la presidenta municipal– hasta el pasado proceso electoral federal 2023-2024 sufrió violencia política en razón de género por la publicación de notas periodísticas. 

La Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que los periodistas incurrieron en violencia política contra las mujeres al publicar contenidos que reforzaron estereotipos de género y minimizaron la trayectoria política de la denunciante.

La resolución dice que las notas, columnas, blogs y un spot radiofónico supeditaban su candidatura a la figura de su padre, entonces alcalde de Teocelo, lo que invisibilizaba sus propios méritos. “Se identificaron expresiones como ‘cumplirle el caprichito’, ‘heredarle el cargo’ o ‘la niña verde’, consideradas por el tribunal como formas de violencia simbólica, mediática, verbal, digital, psicológica, análoga e interpósita persona”.

Aunque en 2021 el caso del parentesco no representaba una violación a la ley, la reciente reforma constitucional que prohíbe el llamado “nepotismo electoral” le ha dado nueva relevancia al debate. 

Esta reforma, aprobada por el Congreso en abril último, establece que ninguna persona puede competir por un cargo de elección popular si ha tenido, en los tres años previos, un vínculo de parentesco, matrimonio o concubinato con un funcionario en funciones.

Sin embargo, cuando los señalamientos ocurrieron, esa legislación aún no existía. 

Sobre la sentencia contra periodistas, el voto particular de uno de los magistrados advirtió que, para establecer responsabilidad a los periodistas, era necesario probar que los contenidos antiguos tuvieron un efecto concreto en la elección de 2024. 

El magistrado advirtió que esto impone a los medios una carga irrazonable, al exigirles revisar todos sus archivos históricos para prever si podrían afectar a futuras candidaturas, algo que consideró inviable y riesgoso para la libertad de prensa.

La violencia política contra las mujeres se definió en la legislación federal y en leyes estatales como las acciones u omisiones dirigida a las mujeres por motivos de género con impacto desproporcionado que afectan, anulan o vulneran sus derechos políticoelectorales.

Radio Teocelo, sanción inédita

Sobre la sentencia, el periodista Élfego Riveros, de Radio Teocelo, considera que la sanción impuesta al medio comunitario por el uso de la figura de violencia política representa un hecho inédito en sus más de 60 años de existencia.

La sanción se basa en un spot satírico de un minuto, transmitido en 2021 durante el proceso electoral, en el que –según Riveros– se critican malas prácticas como el nepotismo, el chapulineo y las candidaturas heredadas.

“Pasamos ese spot tres veces y de ahí viene toda esta acometida que nos tiene ahora cumpliendo medidas de reparación: multa, disculpa pública y todo lo que está en la legislación”, explica.

“Estamos en este cumplimiento bajo protesta porque no estamos de acuerdo. En el fondo limita nuestra libertad de expresión y el derecho a la información de nuestras audiencias”, dice Riveros.

También explica que el medio ha recibido al menos ocho requerimientos entre el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), incluso por publicaciones de personas solidarias en redes sociales.

“Estamos prácticamente sin poder hablar, sin poder decir nada. Nos siguen castigando incluso por lo que dicen otros”.

Considera que la sanción responde a una intención de castigar políticamente al medio por su papel crítico en la vida pública local: “Es como un tipo de venganza política contra un medio que les ha quitado la máscara. ¿Por qué les estorba una pequeña radio? Porque somos el único medio que informa quiénes son y qué han hecho cuando han gobernado”.

Manipulación del término “violencia de género”

Tras esa sentencia, el caso escaló. Mara Yamileth, que también fue candidata a la presidencia municipal de Teolcelo por la alianza PVEM-Morena en la pasada elección del 1 de junio, interpuso nuevas quejas por violencia de género.       

El seis de junio denunció violencia de género por comentarios de la académica Celia del Palacio, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara. 

Después, el 28 de junio último, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó a 22 medios y perfiles en redes sociales eliminar notas que informaban sobre su intención de llegar a la presidencia local, pero el tribunal fue más allá: también sancionó publicaciones sobre críticas por considerar injusta la resolución del TEPJF contra cinco periodistas. 

La académica Celia del Palacio fue sancionada por emitir una cápsula editorial –retirada de Canal 44 por orden del OPLE–, donde comentó el caso de sanción contra periodistas por el uso indebido de la figura de violencia política en razón de género. Nunca se refirió directamente a la denunciante ni utilizó lenguaje ofensivo.

En entrevista para Proceso, la académica cuestiona que nunca fue notificada personalmente sobre la decisión: “Me parece muy grave esto que ocurre. Me dicen ‘Notifíquese por estrados’, quiere decir que yo me tengo que dar por enterada, ¿quién sabe cómo?”. 

Del Palacio advierte el uso excesivo de la legislación que se promulgó con el propósito de proteger a las mujeres de la violencia política: 
Esta es una ley que fue hecha para proteger a las mujeres de ataques realmente misóginos. Que se esté aprovechando tanto esta figura (...) es una interpretación muy sobrada, muy extraña de esa ley.
La académica señala que el caso forma parte de una tendencia nacional preocupante, en la que personas no favorecidas en los comicios utilizan estas figuras para sancionar a voces críticas.

También alerta que el uso indebido de la norma “desprestigia la figura” y la debilita, cuando realmente se necesita en casos graves de violencia política real.

Criminalización de la crítica

Luis Ramírez, secretario ejecutivo de la Comisión de periodistas de Veracruz, también considera que la figura de violencia política en razón de género se está utilizando para inhibir la crítica periodística en procesos electorales y pidió al Congreso revisar el marco legal. 

Ramírez confirmó que al menos nueve periodistas han sido procesados bajo esta figura. “La sentencia obliga a pagar una multa… algunos compañeros no pudieron acercarse a la comisión, pero a quienes lo hicieron se les brindó asesoría jurídica y acompañamiento hasta la Suprema Corte”.

Desde la CEAPP defendió el papel de la prensa como contrapeso en democracia y se cuestionó la permisividad con la que los tribunales han admitido denuncias sin criterios estrictos: “¿Qué tanto debe la autoridad aceptar el cuestionamiento de la prensa? Mientras no falsee información, no hay mayor problema. Si detrás de ti estuvo tu padre, tu madre, tu tío… es lógico que cualquiera pregunte si eso no constituye una forma de cacicazgo”.

Ramírez adelantó que buscarán un encuentro con la diputada Bertha Ahued, presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas en el Congreso de Veracruz para exponer la situación y proponer ajustes legales.

En Veracruz, más de 40 periodistas y organizaciones se pronunciaron contra estas resoluciones en una carta abierta, en la que calificaron las sanciones como una medida que vulnera la libertad de expresión y sienta un precedente preocupante contra el ejercicio periodístico.

“Imponer sanciones sin comprender las dinámicas del trabajo informativo, y sin considerar la desigualdad estructural entre quienes informan y quienes ostentan el poder, constituye un acto desproporcionado”, advirtieron. 

Por su parte, la organización Artículo 19 expresó su preocupación por los casos y subrayó que en contextos electorales la libertad de expresión es un derecho especialmente protegido, ya que garantiza el acceso de la ciudadanía a información relevante sobre candidaturas, vínculos familiares, antecedentes y comportamiento público.
La eliminación de contenido vulnera el derecho de la ciudadanía a ‘recibir cualquier información y conocer la expresión del pensamiento ajeno’.
Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, alertó que las sentencias en el caso de Veracruz y otros del país, como al periodista Héctor De Mauleón, son claros ejemplos de acoso judicial, con políticos que abusan de la ley para silenciar el periodismo crítico, un fenómeno cada vez más común en México,” dijo.

Mientras los pronunciamientos continúan, la excandidata de Morena a la alcaldía de Teocelo, Veracruz, Mara Yamileth Chama Villa, presentó la impugnación de la elección municipal del pasado 1 de junio. En un mensaje dirigido a la ciudadanía en junio pasado, denunció una campaña sistemática de violencia política en razón de género, amenazas y uso indebido de recursos públicos durante el proceso electoral.

La excandidata responsabilizó a medios de comunicación y otros actores de haber difundido ataques que, según ella, fueron reconocidos judicialmente como violencia política por la Sala Regional Especializada del TEPJF, en el expediente SRE-PSC-8/2025.

Chama Villa aseguró que las condiciones en las que se desarrolló la elección “anulan su validez democrática y constituyen un precedente peligroso”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALRES.

Ejército sospechaba de vínculo del exsecretario Bermúdez Requena con el crimen organizado desde 2021

Un informe castrense, elaborado en 2021, señaló que el exfuncionario y sus colegas habrían ordenado el asesinato de "Kalimba, un líder criminal regional, al año siguiente, otro reporte lo ubicó al frente del grupo criminal conocido como La Barredora.

Informes de inteligencia militar, filtrados por los hackers de Guacamaya Leaks, revelaron que el Ejército sospechaba de las actividades criminales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, al menos desde febrero de 2021, de acuerdo con “El País”. 

Bermúdez Requena, apodado “Comandante H”, se encuentra prófugo de la justicia y hay una orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año, por ser el presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, informó el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el pasado viernes 11 de julio.

“La Barredora” —grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, la extorsión y el robo de combustible o huachicol— se dividió a finales de diciembre de 2023, lo que desató una ola de violencia en Tabasco, mientras otros grupos delictivos luchan por conseguir el control que ostentaba.  

Hernán Bermúdez Requena, fue designado por el exgobernador Adán Augusto López, actual coordinador de Morena en el Senado y quién dejo su puesto como mandatario cuando fue nombrado secretario de Gobernación por el expresidente tabasqueño Andrés Manuel López Obrador en agosto del 2021.  

En su lugar, quedó Carlos Merino, quién ocupó su puesto hasta 2024 y mantuvo a Bermúdez a cargo de la seguridad pública.    

En un documento elaborado en 2021, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Región (Cerfi) Sureste señaló que el asesinato de un líder criminal regional, alias “Kalimba”, había sido ordenado por “’El H’, posiblemente el secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena”, y sus colegas, ‘El Lic’, Tomás Díaz, asesor del director de la policía ministerial de la Fiscalía local, y un tal alias ‘Rayo’”, reveló “El País”. 

En agosto del 2022, en un documento también elaborado por el Cerfi y titulado: “Actividad Delictiva en Tabasco”, se ubicó a Requena al frente de “La Barredora”, junto a Tomás Díaz, y otros integrantes de la burocracia policial estatal, como José del Castillo, comisionado de la policía estatal, el inspector Leonardo Arturo Leyva, director general de la policía estatal, o Ulises Pinto, un expolicía federal.  

Sin embargo, Requena, siguió en el cargo hasta enero de 2024. En entrevista en el noticiero vespertino de Radio Fórmula, el general Miguel Ángel López Martínez aseguró que un juez ordenó su captura, el 14 de febrero de 2025 “ese día hay registros de que salió del país” aseguró.  

La última información de las autoridades militares es que se encuentra en Brasilia, en donde el gobierno mexicano está en contacto con la Interpol para aprehenderlo. 

El 13 de noviembre del año pasado, a un mes y medio de haber llegado al gobierno de Tabasco, el mandatario Javier May Rodríguez, también de Morena, aseguró que en la entidad todo mundo sabía que Bermúdez Requena era el cabecilla de “La Barredora”. Adán Augusto López no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos.  

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena ocupó diversos cargos públicos, el último de ellos como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, al cual renunció en enero de 2024. 

De acuerdo con reportes periodísticos, su carrera en el sector público inició en el gobierno de Manuel Gurría Ordoñez en Tabasco, en 1992, donde fungió como director de Seguridad Pública del estado.  

Desde 1995 y hasta 1997 se desempeñó como director del Centro de Readaptación Social del Estado durante el gobierno de Roberto Madrazo Pintado. Finalmente, en 2019, dirigió la Policía de Investigación de la Fiscalía de Tabasco, hasta que pasó a convertirse en el titular de la SSPC.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU rompe acuerdo con México e impone cuota compensatoria al jitomate

Esta medida está “alineada con las políticas comerciales del presidente Trump y su enfoque hacia México”.

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció el fin del Acuerdo de Suspensión de 2019 sobre jitomates frescos provenientes de México, lo que derivó en la imposición de aranceles antidumping del 17.09% sobre las importaciones mexicanas de este producto.

De acuerdo con la ficha informativa de la dependencia, esta medida está “alineada con las políticas comerciales del presidente Trump y su enfoque hacia México”.

El Acuerdo de 2019 consistía en suspender la investigación por prácticas de dumping en las exportaciones mexicanas de jitomate fresco, bajo la condición de que los exportadores mexicanos respetaran ciertos compromisos en materia de precios mínimos y reducción del dumping.

“El Departamento de Comercio se retira en virtud de la Sección XI.B del Acuerdo de 2019, que permite explícitamente a la dependencia tomar tal acción con un aviso por escrito de 90 días”, se lee en el documento publicado por el gobierno estadunidense.

Según la explicación oficial, los derechos antidumping se calculan para medir el porcentaje en el que los jitomates mexicanos han sido vendidos en el mercado estadounidense a precios considerados desleales, es decir, por debajo de su valor justo de mercado.

Las órdenes antidumping y compensatorias son definidas como herramientas fundamentales para que las industrias estadunidenses puedan buscar alivio frente a los efectos negativos de las importaciones con precios injustos, incluidas aquellas en las que las empresas extranjeras venden productos en Estados Unidos por debajo de sus costos de producción o de los precios vigentes en sus países de origen.

“México sigue siendo uno de nuestros mayores aliados, pero durante demasiado tiempo nuestros agricultores han sido aplastados por prácticas comerciales desleales que reducen los precios de productos como los jitomates. Eso se termina hoy”, dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Jitomate mexicano y su paso por la Unión Americana

La industria nacional de jitomates frescos en Estados Unidos presentó una solicitud de protección el 29 de marzo de 1996, al considerar que estaba siendo materialmente perjudicada por importaciones mexicanas con dumping.

Desde entonces, se han firmado cinco acuerdos de suspensión: en 1996, 2002, 2008, 2013 y 2019. Cada uno de ellos tuvo como propósito evitar la imposición de cuotas compensatorias mediante compromisos voluntarios por parte de los exportadores mexicanos.

El Acuerdo de 2019 se suscribió bajo la Sección 734(c) de la Ley Arancelaria de 1930, en su versión enmendada, la cual establece que el acuerdo debe “eliminar el efecto perjudicial de las importaciones de jitomates mexicanos”.

Los signatarios mexicanos del acuerdo se comprometieron a vender el producto a precios mínimos predeterminados y a eliminar al menos el 85% del dumping identificado en la investigación subyacente, en cada entrada de jitomates.

Asimismo, el propio acuerdo contenía una cláusula de duración (Sección XI) que autorizaba al Departamento de Comercio, a un signatario individual o al grupo de signatarios, retirarse del convenio mediante notificación con 90 días de anticipación, mecanismo que fue activado recientemente.

Cuota compensatoria

El especialista en comercio internacional Jorge Molina explicó a Proceso que esta medida adoptada por el gobierno estadunidense constituye una cuota compensatoria, ya que se deriva de una acusación formal por dumping.

“Esto se llama una cuota compensatoria porque es una acusación de dumping”, precisó.

El analista agregó que incluso la tasa actual de 17.09% es menor a la que originalmente se manejó cuando, el pasado 14 de abril, se anunció la intención de salir del acuerdo.

“Se redujo del 20.9 al 17, pero demuestra el manejo político del asunto. No hay una investigación que demuestre que los productores mexicanos incurrieron en dumping u otras prácticas comerciales ilegales”, dijo Molina.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Candidata a Corte denuncia irregularidades en 34.5 % de casillas, pero Tribunal desecha demanda por presentarla 22 segundos tarde

Pese a supuestas irregularidades en más de 29 mil casillas durante la elección judicial, el Tribunal Electoral desechó el juicio de inconformidad promovido por la candidata Dora Martínez Valero con el argumento de que lo presentó de manera extemporánea, con 22 segundos de retraso.

Dora Alicia Martínez Valero, excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denunció diversas irregularidades cometidas en el 34.5 % de las casillas instaladas durante la elección judicial, porcentaje que a su consideración es suficiente para invalidar el proceso electoral completo en el que se eligió a jueces, magistrados y ministros del país. 

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó por completo la demanda, bajo el argumento de que la excandidata presentó su denuncia 22 segundos después del plazo establecido, evitando así entrar al fondo del asunto para analizar las más de 29 mil casillas en las que supuestamente hubo sustituciones indebidas de funcionarios electorales. 

Un caso que se suma a la larga lista de irregularidades cometidas durante la elección judicial, como el uso indebido de acordeones, sin que hasta ahora las autoridades electorales hayan ejercido sus facultades para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables. Este asunto podría tener implicaciones en otro procedimiento aún pendiente, en el que la excandidata impugnó la sumatoria nacional y la declaración de validez de la elección de ministras y ministros del máximo tribunal del país.

Irregularidades en más de 29 mil casillas de la elección judicial

En su demanda, Martínez Valero impugnó los resultados de los cómputos distritales para la elección de ministras y ministros de Suprema Corte, al argumentar, entre otras cosas, la existencia de una “indebida integración de las mesas directivas de casilla”.

Lo anterior ocurrió, según la candidata, debido a que durante la jornada electoral del 1 de junio de 2025 faltaron varias personas previamente designadas como funcionarias de casilla por el Instituto Nacional Electoral (INE). Por este motivo, las y los funcionarios electorales recurrieron a personas de la fila para completar la integración de las mesas. Estas sustituciones están contempladas en la ley, sin embargo, según Martínez Valero hubo personas ajenas a la sección correspondiente.

“Esta integración fue viciada en casos donde quienes ocuparon diversos cargos en la mesa directiva fueron personas que no se encontraban inscritas en el listado nominal correspondiente a esa sección electoral, recibiendo votación estos órganos integrados de forma indebida […] configurando la causal de nulidad prevista en el artículo 75, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”, señaló Valero Martínez en su demanda. 

En dicho artículo de la ley se establece que será causa de la nulidad de la votación recibida en casilla cuando reciban la votación “personas u órganos distintos a los facultados” por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.


El 5 de junio de 2025, la excandidata solicitó al Consejo General del INE información específica del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), incluyendo nombres y cargos de las personas funcionarias de casilla que participaron en sustitución de los originalmente acreditados. 

El órgano electoral respondió que en dicho sistema no se reportan datos específicos de funcionarios, sino que solo registra la integración de las mesas según su origen, lo que a consideración de Martínez Valero le generó un estado de “indefensión” al impedirle su derecho al acceso a la información, necesario para acreditar las irregularidades sobre la integración de las mesas directivas. 

“Es precisamente el INE quien cuenta con toda la información relacionada con: las personas designadas originalmente, las personas suplentes acreditadas, las personas que efectivamente fungieron como funcionarios el día de la jornada electoral, y la verificación de si pertenecían o no a la sección electoral correspondiente”.

Aunque el INE le negó originalmente las actas de la jornada electoral y 25 días después de la jornada electoral le entregó la información en un formato “ilegible, sin orden y de difícil procesamiento”, Martínez Valero y su equipo pudieron identificar al menos 29 mil casillas con “sustituciones” que ella presume fueron ilegales. 

“Yo estoy segura, porque lo viví yo en mi casilla, que no necesariamente todos los funcionarios que llegaron a fungir de funcionarios pertenecían a la sección […] en un alto número de casillas, y eso tú lo puedes ver en las actas, hubo sustituciones de funcionarios, que yo asumo que no fueron legales, porque no eran gente de la sección […] Nosotros detectamos 29 mil casillas donde hubo sustituciones indebidas y esas son nulidades de facto”, señala en entrevista con Animal Político.

La excandidata acudió al Tribunal Electoral, buscando que la Sala Superior ordenara al INE proporcionarle toda la información completa sobre la real integración de las mesas directivas de casilla para que, de comprobarse su denuncia, se declare la nulidad de la votación recibida en esas casillas.


Tribunal Electoral desecha la demanda por extemporánea

En la sesión del 2 de julio de 2025, la magistrada Janine Otálora presentó el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad (SUP-JIN-17/2025) promovido por Dora Alicia Martínez Valero, en contra de los resultados de los cómputos distritales de la elección. 

A pesar de las irregularidades denunciadas, la magistrada Otálora propuso desechar de plano la demanda, sin entrar a estudiar el fondo del asunto, basándose principalmente en la supuesta extemporaneidad de la demanda, debido a que esta fue presentada el 10 de junio cuando los cómputos concluyeron entre el 2 y el 5 de junio, mientras que la ley establece que los juicios de inconformidad se deben presentar dentro de los cuatro días siguientes a la conclusión de los cómputos distritales. 

“Así, se tiene certeza de que, incluso en la situación que pudiera ser más benéfica para la actora, tomando en cuenta el día cinco de junio como fecha de conclusión de la totalidad de los 300 cómputos distritales, el plazo para impugnar la votación recibida en casilla por alguna de las causales de nulidad que invoca el artículo 75 de la Ley de Medios, transcurrió del seis al nueve de junio, mientras que su demanda se presentó hasta el día diez, tal y como se observa del acuse de recepción de su medio de impugnación”, señaló la magistrada Otálora.

Martínez Valero asegura que, aunque lo hizo de último momento, su demanda sí fue presentada en los últimos minutos de 9 de junio, lo que comprobó con fotografías y videos de la presentación de la demanda en línea. Incluso, explica que envió a la magistrada Otálora el acuse de recibo electrónico que muestra que la verdadera fecha de presentación de la demanda fue precisamente el último día que tenía para presentar dicha impugnación.


Pese a lo anterior, la mayoría de la Sala Superior votó a favor de desestimar las pruebas aportadas (capturas de pantalla y videos), asegurando que la evidencia criptográfica del sistema de juicio en línea -que mostró los supuestos 22 segundos de retraso- es “inmanipulable” y que Martínez Valero no refirió haber tenido problemas técnicos con la plataforma.


El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue el único en posicionarse en contra de que el Tribunal Electoral desestimar la demanda, al argumentar que esta debió considerarse como oportuna, ya que Martínez Valero tampoco tuvo conocimiento pleno de la documentación electoral necesaria para su defensa sino hasta una fecha posterior al plazo límite, debido a que la información que fue entregada por el INE fue remitida a ella hasta el 25 de junio de 2025. 

“A mi juicio, en el caso el medio de impugnación sí se presentó oportunamente en virtud de que el plazo para promover el juicio de inconformidad debió computarse a partir de que la promovente tuvo pleno conocimiento de la documentación electoral necesaria para hacer valer las causales de nulidad de casilla que invocó y, por tanto, estuvo en condiciones”, señaló el magistrado Rodríguez Mondragón al emitir un voto particular. 

La mayoría de la Sala Superior, integrada en este caso por las magistradas Mónica Soto y Janine Otálora y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, también votaron por desechar de plano la demanda debido a la “inexistencia del acto impugnado”, pues la declaratoria de resultados nacionales, necesaria para la nulidad de la elección, no existía al momento de la presentación de la demanda.

Ahora, Martínez Valero señala que la resolución de este caso puede afectar también la del expediente SUP-JIN-242/2025, pendiente de resolución, pues guarda relación directa con la demanda que fue rechazada por extemporaneidad con el visto bueno de la mayoría de las y los magistrados de la Sala Superior.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Sheinbaum se reúne con directivo de empresa cuyo ejecutivo rentó “casa gris” a hijo mayor de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió, el 14 de julio de 2025, en Palacio Nacional, a Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, empresa estadounidense, contratista de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuyo ejecutivo, Keith L. Schilling, rentó una mansión, en Houston, Texas, llamada “casa gris”, a José Ramón López Beltrán -hijo mayor del ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador-, y su esposa, Carolyn Adams Solano.

“Recibimos en Palacio Nacional a Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, empresa estadounidense con diversos proyectos de inversión en México y Estados Unidos. Hay confianza en nuestro país”. escribió la titular del Poder Ejecutivo Federal, en su cuenta de la red social X, en la cual anexó una fotografia, donde se observaba a Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (SENER).

El hijo mayor de López Obrador, exigió, el 10 de octubre de 2024, que Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -ex candidata a la Presidencia de la República, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integraban la coalición “Fuerza y Corazón por México”- se disculpara por el supuesto acoso que sufrió él y su familia, en su domicilio particular ubicado en Houston.

“Sería sano que ella pidiera una disculpa, pero bueno no lo van a hacer, espero que lo hagan”, declaró López Beltrán, durante una entrevista, en la que también apuntó que esperaba que hicieran lo mismo periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, y otras personas que, según dijo, “estuvieron metiéndose con este tipo de cuestiones”.

López Beltrán, de 44 años de edad, reprochó que opositores de su padre, incluida la ex senadora y política hidalguense, se apersonaron en la residencia particular, donde vivía con su familia, que fue conocida como la “casa gris”.

“Es molesto que lleguen a tu casa y que te estén molestando, a fin de querer provocar. Buscaban sacarnos de quicio, que les dijéramos dos o tres cosas, sacar de contexto algo, pero al final de cuentas, no sucedió nada”, señaló el hijo del político tabasqueño.

“Cuando vino la señora Xóchitl acá mandé un escrito para decirle que acá no se pueden hacer ese tipo de cosas, y no lo hagas. También en el entendido de que tenemos familia, tengo hijos. No se disculpó”, reprochó López Beltrán.

El 28 de junio de 2024, López Beltrán señaló que continuaba trabajando como asesor legal de desarrollo y construcción, en la empresa KEI Partners, ubicada en Houston, fundada por los mexicanos Érika e Iván Chávez, hijos del empresario chihuahuense Daniel Jesús Chávez Morán, fundador y dueño del Grupo Vidanta -conglomerado de hoteles, centros turísticos y desarrollador de bienes raíces de lujo-, quien además fungía como miembro del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno que encabezaba su padre, y que nombró “supervisor honorario” de la construcción del Tren Maya.

“La verdad me da flojera contestarte @CarlosLoret [de Mola Álvarez], pero bueno, te daré un poquito de mi tiempo… Siento mucho si me ves como un provocador por el simple hecho de desmentir todas las calumnias que dicen sobre mí, incluidas las que dices tú. ¿Sabes qué es realmente provocador? Que te creas un periodista serio y veraz”, comentó el hijo mayor de López Obrador.

“A lo que comentas de la casa que se rentó en un barrio de clase media a las afueras de Houston, ya fue aclarado con pruebas e investigaciones serias tanto norteamericanas como mexicanas. Por cierto, cuando sacaste ese cuento, perdón, “reportaje”, ya no vivíamos ahí desde hacía más de un año y medio. No veo la corrupción ni el conflicto de interés al rentar una casa con una alberca con dinero de nuestro trabajo honesto. No me la prestaron ni mucho menos me la regalaron”, expresó López Beltrán.

“Así que, por favor, ahórrate tus mensajes moralinos que no tienes ningún gramo de autoridad para darlos. Para aclarar una más de tus mentiras, sigo trabajando en KEI PARTNERS http://keipartners.com”, finalizó el hijo mayor del mandatario nacional.

El entonces presidente López Obrador afirmó, el 30 de marzo del 2022, que él no hubiera pagado 100 mil pesos de renta mensual por la mansión que arrendaron, su hijo mayor y a su nuera, en Houston, a Keith L. Schilling, quien entonces era un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de la empresa paraestatal PEMEX.

“Esto es lo que hicieron, una cuestión muy creativa, ¿no?, una casa rentada y todo. Estaba viendo algunos que decían que ‘nos debe una explicación’. Y pues nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no lo haría, pero él es independiente”, comentó el mandatario nacional.

“La rentó a un particular y quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense si le amplió contratos a una petrolera extranjera y a cambio le pido a esa empresa que le renten la casa, o sea que el moche es que le renten la casa a José Ramón, ni conozco la empresa, ni nada absolutamente”, recalcó el político tabasqueño.

“Pero cuando dicen ‘nos debe una explicación’, me pongo a pensar y digo qué les molesta. Cuando aquí digo que [Felipe] Calderón [Hinojosa] nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho [Genaro] García Luna, y por qué no ha dicho nada sobre eso, y por qué aceptó que el Gobierno de Estados Unidos introdujera armas. Y nos debe explicación de por qué declaró la guerra, y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su Gobierno”, insistió.

El entonces presidente López Obrador informó, el 24 de febrero del 2022, que ordenó iniciar una investigación sobre el presunto conflicto de interés que podría involucrar a su hijo mayor y a su nuera, por el caso de la mansión que rentaron, en Houston, a Keith L. Schilling, quien entonces era un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de PEMEX.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional detalló que también pidió al entonces director general de la paraestatal mexicano, Octavio Romero Oropeza, entregara a la Fiscalía General de la República (FGR) la revisión interna, solicitada por la propia compañía estadounidense, con la finalidad de que se integre al expediente.

“Nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo. Ahora que salió lo de José Ramón, yo estaba seguro que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro, pero de todas maneras ordené que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas, el que nada debe nada teme”, afirmó el político tabasqueño.

“¿En la Secretaría de la Función Pública [SFP]?”, le preguntó un reportero. “En la Fiscalía. Y cuando la empresa petrolera vino y dio un dictamen, mi instrucción al director de Pemex: preséntalo, que se integre a la investigación que tiene la Fiscalía”, respondió López Obrador.

Además, el mandatario nacional reprochó que el presunto caso de conflicto de interés que involucraba a su familia hubiera sido “inflado” por los medios de comunicación. También aseguró que uno de los autores de la publicación inicial ya había reconocido que se trataba de un asunto político.

“Fíjense, lo elemental de la acusación en cuanto a la casa rentada en Houston, pero cómo lo inflaron. Y ahora este periodista cínico, que según Carmen Aristegui [Flores] era un profesional, se atreve a decir de que no era una investigación, que era un asunto político, a reconocerlo”, insistió el presidente.

El informe del despacho R. McConnell Group PLLC., mismo que descartó un conflicto de interés por el tema de la casa en Houston y los contratos con PEMEX, era un trabajo serio y, para los que dudaban de sus conclusiones, en caso de que hubiera falsedades, esto tenía severas consecuencias para los trabajadores de la empresa y para la compañía en Estados Unidos, señaló Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes para México y América del Sur, en una entrevista con El Economista, publicada el 23 de febrero del 2022.

“El despacho externo que hizo el trabajo es McConnell Group. No encontró nada ilegal. Pueden decir que lo importante es que fue contratada por nosotros, pero yo quiero subrayar que las leyes estadounidenses establecen sanciones también para ellos, en caso de que no hicieran bien su trabajo. Además tiene una reputación que cuidar, ¿por qué arriesgar tanto por hacer un trabajo a modo”, afirmó Pérez.

“No es correcto decir que tuvimos un trato diferente al de otras empresas que venden servicios a PEMEX. Esto se puede verificar porque los datos son públicos y están a disposición de quien los quiera consultar”, agregó el presidente de Baker Hughes.

El 24 de febrero del 2022, en entrevista con El Universal, Pérez sostuvo que los resultados de la auditoría que encargó “nos permite tener la certeza de que no hicimos nada fuera de norma, ni encontramos irregularidades, y por eso vamos a seguir compitiendo y participando en las licitaciones que publique PEMEX”.

“PEMEX, como parte de su negocio, publica sus licitaciones y, si éstas caen dentro de nuestro dominio, vamos a seguir compitiendo y participando”, respondió al preguntarle si, dentro de su plan de negocios en México, hay próximas inversiones donde quieran o puedan participar.

Gálvez Ruiz, entonces senadora de la República que pertenecía al grupo parlamentario del PAN, en la Cámara alta del Congreso de la Unión, informó, el 22 de febrero del 2022, que la Comisión de Bolsa y Valores​ del Gobierno de Estados Unidos (en inglés, U.S. Securities and Exchange Commission, comúnmente conocida como la SEC), admitió su denuncia (con folio 16439-711-457-818). Ello para investigar un posible conflicto de interés de López Beltrán y de su esposa por el caso de la mansión que rentaron, en Houston.

“Quiero decirles que por más que Carolyn Adams exija que se respete su vida privada, pues al casarse con el hijo del presidente ella se convirtió en un personaje políticamente expuesto, es de interés público saber si la relación contractual”, indicó la senadora hidalguense.

“Que ya la conocemos porque hizo público la primera parte del contrato, si tuvo algo que ver con el incremento millonario que en ese momento se dieron a los contratos de Baker Hughes. Entonces quiero anunciar que la Securities and Exchange Commission ha admitido la denuncia que una servidora hizo para ser investigados”, señaló Gálvez Ruiz.

La legisladora panista agregó que el número de admisión de su denuncia era el 16439-711-457-818, en la que se encontraban todos los documentos y anexos, donde además se incluirían nuevas pruebas del contrato, para corroborar que “sí hay una relación contractual”.

Durante una conferencia de prensa, la senadora también llamó a Morena a “no comer ansias” en el tema, porque quien iba a determinar el conflicto de interés y posibles actos de corrupción era el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

“También la [Fiscalía General de la República] FGR me admitió [la denuncia]. Por lo tanto yo le diría a Morena que no coma ansías, sé que ellos están acostumbrados de manera autoritaria a resolver las cosas, pero quien va a determinar el conflicto de intereses y posibles actos de corrupción es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la SEC”, finalizó Gálvez Ruiz.

El 21 de febrero del 2022, el vicepresidente regional de Baker Hughes, Bob Pérez, dijo que la empresa revisó los contratos que tenía con PEMEX y aseguró que una investigación interna no encontró conflicto de interés en la renta de la casa en Houston, de su entonces alto ejecutivo Keith Schilling a López Beltrán y de su esposa.

Durante una conferencia de prensa desde las oficinas de PEMEX en la Ciudad de México -con la presencia del entonces titular de la empresa paraestatal mexicana, Romero Oropeza-, Pérez dijo, además, que, según la investigación interna ordenada al despacho estadounidense McConnell Group, los contratos de Baker Hughes con Petróleos Mexicanos se apegaban a las leyes mexicanas.

“Revisamos los contratos, que han salido en los medios, que hemos tenido con PEMEX y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés ni nada irregular”, informó Pérez, quien también dijo que la empresa que representaba solicitó una investigación a una firma independiente y especializada, misma que analizó las publicaciones relacionadas con el arrendamiento de un inmueble a Adams Solano.

“Baker Hughes no tuvo ninguna participación en la transacción de arrendamiento mencionado. La residencia en cuestión nunca ha sido propiedad, ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa”, señaló la investigación presentada desde las instalaciones de PEMEX.

Pérez afirmó que Baker Hughes nunca fue consultada, ni tuvo conocimiento de la transacción de arrendamiento de la mansión en Houston, y que se enteró del caso hasta que fue publicado en los medios de comunicación.

En referencia a Keith Schilling, a quien perteneció la casa que rentó el hijo mayor del presidente López Obrador, el empresario dijo que el ex alto ejecutivo dejó de trabajar en dicha empresa en 2019 y afirmó que no tenía relación con las ventas de Baker Hughes con México.

“Keith Schilling fue empleado de Baker Hughes durante 2016 y salió en diciembre de 2019. Durante su tiempo en Baker él trabajó en el grupo de Norteamérica y México no está dentro de este grupo”, aseguró el empresario.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

El INPI pide a SCJN garantizar derecho de indígenas de Michoacán a ejercer recursos

El INPI consideró de suma importancia que el caso sea analizado a la luz el nuevo marco constitucional en materia de derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) pidió este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizar el derecho de las comunidades indígenas del estado de Michoacán a ejercer de manera directa los recursos provenientes de la hacienda pública municipal.

El exhorto se relaciona con las controversias constitucionales 17/2022, 165/2021 y 83/2022, enlistadas para ser analizadas el martes 15 de julio por las y los ministros que próximamente concluirán su encargo en el máximo tribunal del país.

De acuerdo con un comunicado del INPI, las demandas fueron presentadas por la comunidad mazahua de Crescencio Morales, en el municipio de Zitácuaro, y la comunidad P'urhépecha de Jarácuaro, ubicada en Erongarícuaro, luego de que las autoridades locales interpusieran recursos legales para impedir que ejerzan de manera directa los recursos presupuestales provenientes del ámbito municipal.
El INPI recordó que el 30 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reformó el Artículo 2 de la Constitución, reconociendo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Además, el segundo párrafo del citado apartado B obliga al Congreso de la Unión, a las legislaturas de las entidades federativas y a los ayuntamientos a “establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos, para que los pueblos y comunidades indígenas las administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia”.

"Esta base constitucional está estrechamente relacionada con el derecho que tienen los pueblos indígenas, en ejercicio de su libre determinación, a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas, como lo dispone el Artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas", se lee en el boletín.


Con estos argumentos, el INPI llamó a la SCJN a establecer un precedente que reconozca plenamente a las comunidades como sujetos de derecho público, permitiéndoles ejercer sus derechos conforme al nuevo paradigma constitucional.

El Instituto consideró que sólo una interpretación centrada en los derechos colectivos permitirá superar un modelo estatal paternalista, y avanzar hacia una relación equitativa entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano.

En este contexto, destacó que el fallo que emita la Corte debe hacer efectivo el Artículo 2 constitucional y exigir a los municipios de Michoacán cumplir con su Ley Orgánica, pionera en regular el autogobierno indígena y el manejo directo del presupuesto local.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CSP culpa a Juez por fuga de Zhi Dong Zhang: "Dio prisión domiciliaria sin argumento"

La mandataria mexicana señaló al Poder Judicial como responsable del escape de Zhi Dong Zhang tras ordenar que se mantuviera en prisión domiciliaria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) habló esta mañana de la fuga de Zhi Dong Zhang, ciudadano chino detenido en México el año pasado, y elemento clave para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras el cambio de sus medidas cautelares.

De acuerdo con los reportes, la fuga habría ocurrido luego de que un Juez ordenara un cambio de prisión preventiva, en el Reclusorio Sur, a prisión domiciliaria, en un inmueble de la colonia Héroes de Padierna, en la Alcaldía Tlalpan, bajo custodia de la Guardia Nacional (GN).

A raíz de ello, la Jefa del Poder Ejecutivo aseguró que el criminal es buscado por el Gabinete de Seguridad, aunque dijo que parte de la culpa de este escape es del Juez a cargo de su caso.
“Se está en la búsqueda [...] Lo que es más relevante es que el Juez, sin ningún argumento, le dio prisión domiciliaria", destacó en "la mañanera del pueblo" desde Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum señaló que una persona ha sido detenida por la fuga de Zhi Dong Zhang. No obstante, consideró que la huida pudo haberse evitado y responsabilizó al Poder Judicial, al que acusó de corrupción por haberle otorgado dicha medida cautelar.
“No debería de haber tenido esa resolución por parte de un Juez, pues nosotros hemos estado insistiendo en la corrupción del Poder Judicial. ¿Cómo es posible? Inclusive se estuvo buscando por parte de la Fiscalía al Consejo de la Judicatura por la importancia de que esta persona estuviera detenida y el Juez le da esta liberación", manifestó.
Zhi Dong Zhang fue arrestado en un inmueble ubicado en Lomas de Santa Fe, en la Alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, luego de que las autoridades monitorearan sus desplazamientos entre el Estado de México (Edomex) y la capital.

El traficante chino cuenta con una orden de captura en Estados Unidos, emitida en Atlanta, Georgia, por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero en varios países de América, Europa, China y Japón.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.