domingo, 24 de abril de 2016

Marchan en Guanajuato en repudio a violencia contra las mujeres

GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).- Cientos de mujeres guanajuatenses se unieron a la movilización nacional denominada #24A #Nosqueremosvivas, contra todas las formas de violencia machista imperantes en marchas efectuadas en León y la capital del estado.

En León, ciudadanos, activistas, organizaciones y algunas funcionarias marcharon desde el Arco de la Calzada a la plaza principal, frente a la presidencia municipal.

En Guanajuato la marcha inició afuera del palacio de gobierno y concluyó en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

“Estamos hartas de vernos morir; de caminar con miedo por las calles o siempre a la defensiva. Estamos hartas de llegar a casa, a la escuela, a las universidades o al trabajo y sentir miedo e impotencia. Estamos hartas de tener miedo en el transporte público, estamos hartas de ver como los machos controlan a sus parejas negándoles el dinero o quitándoles su sueldo, hartas de que los hombres se apropien de los bienes materiales de las mujeres, hartas del maltrato y humillación de las mujeres en las instituciones de salud y de procuración de justicia”, fueron señalamientos hechos en un pronunciamiento leído al final de las marchas.

Veinte mujeres han sido asesinadas violentamente en la entidad en los primeros cuatro meses del año. En la semana transcurrida dos jóvenes fueron acribilladas en un negocio de comida en Silao, y otra joven de 19 años fue acuchillada y su cuerpo abandonado en plena calle en una colonia de León.

Hoy se recordó que la violencia machista ha dejado 57 mujeres asesinadas en Guanajuato en el 2012; 73 en el 2013; 67 en el 2014, y otras 87 mujeres víctimas de muerte violenta el año pasado.

Del 2012 a mediados del 2015, más de 900 mujeres denunciaron ante un ministerio público que fueron violadas sexualmente.

Además de exigir justicia por estos abusos y todos los feminicidios en la entidad, mujeres, hombres y menores que participaron en las movilizaciones portaban mantas y cartulinas con diversos mensajes contra el acoso en las calles, el trabajo o las redes sociales.

El Centro de derechos humanos Victoria Díez de León, por ejemplo, fue portavoz de la campaña que desde hace varios meses enarbolan para el uso y disfrute igualitario de los espacios públicos, “Mujeres libres, sin apuros, en lugares seguros”.

Música, batucada y performance fueron también formas de expresión del repudio al machismo.

Se exigió al gobierno del estado y a los gobiernos municipales trabajar eficazmente para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres.

“Demandamos un alto a los hostigamientos por parte de policías a nuestras compañeras indígenas y jornaleras, que se les respeten y reconozcan sus derechos humanos. Reclamamos a las autoridades de la Universidad de Guanajuato tomar una postura activa en favor de los derechos de las mujeres para frenar los casos de acoso y hostigamiento sexual. Solicitamos a las iglesias respetar el estado laico y no entrometerse en el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”, se leyó al final de las movilizaciones.



Fuente: Proceso
Autora: Verónica Espinosa
http://www.proceso.com.mx/438368/marchan-en-guanajuato-en-repudio-a-violencia-contra-mujeres

Rapiña, incertidumbre y más desaparecidos en Pajaritos a 5 días de la explosión

COATZACOALCOS, Ver. (proceso.com.mx).- Una treintena de obreros de Pemex y empleados de empresas contratistas de Petroquímica Mexicana de Vinilo se arremolinan alrededor de un tambo de tamales: “éntrenle, éntrenle, ahora que hay”, grita un coordinador de grupo, Javier, chaparrito, con el pelo cortado como si fuera militar, pero enfundado en el tradicional traje naranja de petrolero. Repara: “aquí nos agandallamos la papa, pero adentro ya está la rapiña”.

Por la explosión del pasado miércoles, en donde han muerto hasta el momento 28 personas, más de 160 resultaron heridas y hay cifras inexactas sobre las decenas de desaparecidos, administrativos foráneos de Pemex, militares y marinos mantienen el control del complejo Pajaritos.

En contraste, en oficinas de empresas subrogadas de la paraestatal como ICA, Gamsa, Welding y demás ya empezaron a “desaparecer” computadoras, herramienta industrial, mochilas con prendas y objetos personales y otros dispositivos electrónicos.

“Por la explosión vino mucha gente de (la ciudad de) México, entró mucha gente externa y varios administrativos de los contratistas ya se están quejando de robos, de saqueo de oficinas. La rapiña allá adentró está a todo lo que da”, explica Javier, quien presta sus servicios a Gamsa.

Y mientras varios empleados se arremolinan alrededor de la “tamaliza”, otros obreros rodean a los enviados de Proceso. Como desahogo, hacen ver su siguiente miedo: la incertidumbre.

“Seguimos llorando a nuestros amigos. Nos duele en el alma tener que ir ayer y antier a dos velorios por día, pero queremos ver, ¿Qué sigue?, la familia tiene que comer, de dónde va a salir la papa, hemos escuchado que la planta va a estar cerrada muchos meses, ¿de qué vamos a vivir?”.

La zozobra se multiplica, las empresas contratistas se están desentendiendo del reacomodo de sus empleados, en los murmullos y lamentos de los empleados petroleros apenas una empresa de nombre Welding está respaldando a sus empleados e incluso pudieron cobrar su semana el pasado viernes.

Del resto de las outsourcing del petróleo sólo hay quejas, mentadas y recriminaciones de sus empleados. Incluso, los trabajadores petroleros recriminan que muchas de ellas, ni siquiera pagaron los gastos funerarios de las víctimas.

Este domingo, dos unidades móviles de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para continuar con el trámite de identificación de cuerpos y de los exámenes de ADN y mapeo genético.

La primera camioneta tenía la siguiente leyenda: “laboratorio móvil de criminalística, de los servicios periciales” y la otra, “servicios pericial forense”, una vez que entraron las unidades, familiares de personas desaparecidas se concentraron para poder entrar al doloroso pase de lista y ver los cuerpos, la mayoría ya en avanzado estado de descomposición.

Sobre la tarde, había la promesa de que arribarían binomios caninos para recorrer el “sector 400” -sitio donde ocurrió la explosión- y así continuar con la búsqueda de más personas fallecidas.

Roberto, empleado de Welding, cuenta que en el caso de esta empresa hay 20 obreros que fueron contratados de municipios marginales del estado de Oaxaca y que hasta el momento no se habían apersonado para su búsqueda.

“Aquí a los locales vienen sus familiares, la hacen de pedo (sic), mientan madres a los militares y exigen al gobierno que les entregue sus difuntos, pero a estos chavos de Oaxaca, a sus familias no las hemos visto por aquí. El número de muertos podría ser mayor”.

Ayer, un centenar de manifestantes -la mayoría de la congregación de Mundo Nuevo- se arremolinaron en la entrada de Pajaritos para patear, aventar piedras y mentar madres, como medida de presión para que Petroquímica Mexicana de Vinilo abra por completo las compuertas del área de Clorados III y se pueda espulgar la zona afectada, en donde aún se continúa regando líquidos.

“Uno no quiere ser amarillista, pero de los compañeros que aún continúan en los hospitales y que la banda (sic) ya fue a visitar, nos han dicho que mientras salían de la zona de fuego, veían cuerpos colgados en arneses y en las torres. Hasta allá los aventó la explosión”, resume Joaquín, otro de los empleados de PMV.

Hasta ahora, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, suspendió el sábado y este domingo sus habituales ruedas de prensa, para dar avances del número de muertos y heridos. En el área de Pajaritos, los empleados administrativos piden a la prensa “ceñirse” a la información oficial y a los “comunicados puntuales” de la paraestatal.

Al final -resume Javier-, las dudas sobre las verdaderas causas del accidente continúan: “sólo sabemos que hubo un desfogue, algo explotó y después vino el diablo y sopló (sic)”.



Fuente: Proceso
Autor: Noé Zavaleta
http://www.proceso.com.mx/438365/rapina-incertidumbre-desaparecidos-en-pajaritos-a-5-dias-la-explosion

Denuncian “la mayor defraudación filantrópica en la historia”

Una serie de artimañas legales desfondaron a una de las mayores organizaciones benéficas de Puebla y del país. Integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins echaron a quien la presidía, crearon una nueva firma en Barbados y le transfirieron los 720 millones de dólares que administraba la agrupación en México. La influencia del gobernador Rafael Moreno Valle planea sobre todo el caso, igual que el fantasma de la defraudación fiscal…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Fundación Mary Street Jenkins, la institución de beneficencia que durante décadas fue la más rica de México, ha sido saqueada: su patrimonio de casi 13 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto de Colima para este año, quedó en manos de un grupo de abogados que se llevaron todo ese dinero al país caribeño de Barbados.

La consumación de este “auténtico saqueo” de la organización, que financia a la Universidad de las Américas de Puebla y a otros proyectos de asistencia social, se produjo con la presunta complicidad del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle (PAN), y los beneficiarios verdaderos son algunos de los miembros de la familia Jenkins, quienes, usando a los abogados como prestanombres, supuestamente se quedaron con toda la fortuna.

Esta “clara confabulación” entre los Jenkins, Moreno Valle, funcionarios, notarios y abogados está descrita a detalle en la denuncia que el 16 de marzo presentó Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia supuestamente beneficiaria, que pide investigar “la más grande defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia de este país”.

En la denuncia presentada ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla se documenta que la Fundación Jenkins donó hace dos años, el 30 de abril de 2014, todo su patrimonio –valuado en 720 millones de dólares– a la Fundación Bienestar de la Filantropía, que de inmediato se llevó el dinero a Barbados.

“Si la cantidad donada no fuera exorbitante en sí misma, es interesante hacer hincapié en que este saqueo se llevó a un extremo tal que, como consecuencia de esta donación, la Fundación Mary Street Jenkins literalmente se quedó en la calle, al no conservar siquiera un inmueble donde poder establecer su domicilio y su oficina.”

Y así, afirma el denunciante, “en realidad se materializa una liquidación de facto de la Fundación Mary Street Jenkins, consumándose con ella la más grande defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia de este país, la cual, en caso de que esta Junta decida nuevamente no actuar, se habrá materializado a ciencia y paciencia de la entidad pública que siempre ha estado encargado de su cuidado”.

Y es que el denunciante infructuosamente ha recurrido en varias ocasiones a la Junta, un organismo desconcentrado del gobierno de Moreno Valle, para que sancione las acciones “ilegales” de su propia familia, cometidas tras su expulsión como patrono de la Fundación Jenkins, en junio de 2013, justo cuando comenzó la “cadena de ocultamientos y de engaños” con el “único objeto de desviar y de expatriar ilegalmente del país dicho patrimonio”.

Con base en abundante documentación, que anexa a su denuncia, Jenkins de Landa exige a la Junta declarar la ilegalidad del “contrato marco de donación condicional”, mediante el cual la Fundación Jenkins donó a la Fundación Bienestar para la Filantropía los 720 millones de dólares, porque se trata de dos fundaciones controladas por la familia Jenkins.

“La supuesta donación que en este caso se denuncia no es más que una operación simulada en la que, detrás del velo de la personalidad moral creado por la Fundación Bienestar para la Filantropía, en realidad se oculta que dicha fundación es controlada por las mismas personas físicas que controlan la fundación Mary Street Jenkins.”

Se refiere a Elodia Sofía de Landa Irízar y Guillermo Jenkins Anstead, sus padres, quienes –asegura– “siempre han buscado burlar la voluntad testamentaria” de William Jenkins, el creador de la fundación, para quedarse con su fortuna, una visión que “ha sido alimentada por la ambición desmedida” de su hermano Roberto.

Roberto Jenkins de Landa es allegado a Moreno Valle y asiste a los principales actos del gobernador, como la inauguración del Museo Barroco o el Quinto Informe de Gobierno, en enero, cuando negó toda irregularidad en el manejo de la Fundación: “Aquí estamos, nada cambia, y aquí vamos a seguir felices de la vida”.

En la denuncia, Jenkins de Landa exige a la Junta investigar “el saqueo” y solicita que, si los responsables se niegan a restituir de forma voluntaria los recursos indebidamente desviados, se ejerzan acciones civiles y penales contra ellos.

Herencia a fuerza

La denuncia es el capítulo más reciente en una trama de corrupción, tráfico de influencias, compra de justicia y otras ilegalidades que ha sacudido a la Fundación Mary Street Jenkins en los últimos tres años (Proceso 1695 y 2001).

“Éste ya no es sólo un asunto familiar, es un tema público”, advirtió Jenkins de Landa, en entrevista con este reportero, en junio de 2014, cuando detalló que el origen del conflicto fue su “ilegal” remoción como patrono propietario y secretario de la fundación, por oponerse a reformar los estatutos para que sus hermanos fueran incluidos como “herencia” en el patronato.

Actualmente la fundación la preside Guillermo Jenkins Anstead y la vicepresidenta es su esposa, Elodia Sofía de Landa de Jenkins, mientras que los miembros de su patronato son Manuel Mestre Martínez, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Margarita Jenkins de Landa y Juan Carlos Jenkins de Landa.

Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito, fue parte del equipo que, en 2000, venció en tribunales al exbanquero poblano Manuel Espinosa Yglesias, quien pretendía dejar a sus hijas en el patronato de la fundación que creó su amigo. “Con mi padre resultó peor”, afirmó.

Jenkins de Landa fue destituido como patrono gracias a las maniobras de los abogados Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, contratados a razón de 2 millones de dólares por el representante jurídico de la Fundación, Alejandro González Muñoz.

Jenkins de Landa denunció desde 2003, también ante la Junta, esta remoción de su cargo, pero ni los anteriores ni los actuales miembros del patronato de esta instancia, todos subordinados de Moreno Valle, actuaron para hacer justicia, como lo reitera en la actual demanda:

“Esta ilegal remoción del suscrito Guillermo Jenkins de Landa como patrono propietario de la Fundación Mary Street Jenkins debe ser considerada como la primera pieza del engranaje de maquinaciones para que se pusiera en marcha el saqueo que en este acto se denuncia, tal como se lo he manifestado a esta Junta en todas las denuncias que, simple y sencillamente, hasta la fecha ha decidido ignorar.”

La denuncia de Jenkins de Landa alude a la ley, los estatutos y el testamente de su abuelo, William o Guillermo Jenkins, quien en 1954 creó la fundación, para afirmar que el donativo del patrimonio de ésta a Bienestar para la Filantropía debe ser sancionada.

En los Estatutos queda claro que el patrimonio de la Fundación Jenkins es intocable e irrevocable, y que se deben utilizar en el cumplimiento de su objeto social sólo los productos del capital, como también lo ordena la Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado de Puebla.

Pero, además, William Jenkins prohibió expresamente que el patrimonio de la fundación que él creó en 1954 y que encabezó hasta su muerte, en 1963, fuera considerado una herencia para sus descendientes, como lo dictó en su testamento:

“Siempre ha tenido la firme convicción que, en bien de sus hijos, los padres no deben dejarles grandes fortunas como herencia, sino más bien enseñarlos y ayudarlos a trabajar para que ellos mismos ganen lo que necesitan, teniendo la creencia el propio señor testador que nadie, con capacidad para trabajar, debe gastar dinero que no haya ganado por su propio esfuerzo.”

Y añadió que, “siguiendo este principio, manifiesta que no es su voluntad dejar a sus hijos riqueza ni fortunas, sino más bien ayudarlos a trabajar para que puedan hacer su porvenir con su propio esfuerzo, y declara que es su expresa voluntad no dejar a sus hijos herencia alguna, sino sólo proporcionarles la ayuda en la forma en que ha mencionado y espera, Dios mediante, poder hacer esto durante su vida”.

Por eso, describe la denuncia, el patrimonio de la Fundación Jenkins no podía haberse donado a Bienestar para la Filantropía, porque además ésta es también controlada por los miembros del patronato de la primera.

Abogados de paja

En efecto, la Fundación Bienestar para la Filantropía fue creada en Aguascalientes, en septiembre de 2009, a solicitud de Antonio Obregón Barrera y Juan Manuel Martínez del Campo Herrera, ambos allegados a Jenkins Anstead, según la propia denuncia.

Y en la operación para transferir los 720 millones de dólares de la Jenkins a la Bienestar para la Filantropía –que equivalen a 12 mil 696 millones de pesos, al tipo de cambio de 18 pesos por dólar–, intervinieron otras tres personas allegadas a los Jenkins: Los abogados Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, a quienes Alejandro González Muñoz, jurídico de la Fundación Jenkins, contrató para remover como patrono propietario al primogénito de la familia.

Y fueron justamente González Muñoz y Rincón Salas quienes firmaron como apoderados de la Fundación Jenkins, el 30 de abril de 2014, el contrato mediante el cual ésta donó los 720 millones de dólares a Bienestar para la Filantropía, representada por Román Hernández.

Más aún: siete meses después de efectuada esta operación, el 12 de noviembre de 2014, se formalizaron los nombramientos de González Muñoz como presidente del patronato de la Fundación Bienestar para la Filantropía, Rincón Salas como vicepresidente y Román Hernández como vocal.

Y, según la denuncia de Jenkins de Landa, un mes después se produjo otra decisión: El 16 de diciembre de 2014, Bienestar para le Filantropía cambió su domicilio de Aguascalientes a la ciudad de Bridgetown, Barbados.

Consta también en la denuncia de Jenkins de Landa que además se sumaron al patronato cuatro personas: Dustin David Philla Delany, Yoshodra Rampersaud, Erica Rechelle Marshall-Forde y Michelle Shaiba Davidson.

La incorporación de estas cuatro personas, que en realidad son miembros de un despacho, fue para poder domiciliar la fundación en Barbados, pero lo que es verdaderamente grave es que ni siquiera se informó la verdad al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“Si toda esta lista de ocultamiento y de engaños no fuera suficiente, llama la atención el hecho de que la Fundación Bienestar para la Filantropía, en la declaración rendida ante el SAT como ‘donataria autorizada’ por el ejercicio de 2014 haya declarado que recibió donativos por la ridícula cantidad de 1 millón 800 mil pesos, cuando existen pruebas de que, en realidad, recibió bienes valuados en 720 millones de dólares.”

Una irregularidad más, según la denuncia de Jenkins de Landa, es que tampoco existe constancia de que los involucrados en todas las operaciones descritas hayan dado el aviso a la autoridad, como lo ordena la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Jenkins de Landa concluye:

“A través de toda la sucesión de actos ilegales, simulados y dolosos, realizados por todos los patronos de la Fundación Mary Street Jenkins y de los patronos de la Fundación Bienestar para la Filantropía y de sus asesores (abogados internos o externos, notarios, asesores, fiscales, asesores financieros y posiblemente de integrantes pasados o presentes de esta Junta) se ha conseguido violar por completo la voluntad del fundador de la Fundación Mary Street Jenkins y cometer un fraude en contra de los ciudadanos del estado de Puebla, principalmente, y de todo el país, además de burlarse por completo de las leyes y las autoridades mexicanas, empezando por esa junta que sería la principal responsable de permitir la materialización de este desfalco…”



Fuente: Proceso
Autor: Álvaro Delgado
http://www.proceso.com.mx/438143/denuncian-la-mayor-defraudacion-filantropica-en-la-historia

Gobierno encubre y no quiere resolver desaparición de los 43: expertos del GIEI

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En una entrevista con el diario estadunidense The New York Times, cuatro de los cinco investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusaron al gobierno mexicano de emprender una campaña sistemática de desprestigio e intimidación en su contra, razón por la cual no han podido emitir una conclusión sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Los expertos argumentan que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo por parte del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, e incluso uno de los funcionarios que estuvo involucrado en la formación del grupo fue objeto de una investigación criminal.

“No existen las condiciones para desarrollar nuestro trabajo”, dijo Claudia Paz y Paz, integrante de la Comisión. “Y en México, la prueba es que el Estado se opuso a la prórroga de nuestro mandato, ¿no?”.

Señalaron que la presión sobre el GIEI socava las promesas hechas por el gobierno de Enrique Peña Nieto de cooperar plenamente para descubrir qué pasó con los 43 estudiantes.

En la entrevista con el diario estadunidense, los investigadores aseguran que aún les falta mucho para completar su trabajo. Sin embargo, saldrán de México en los próximos días por lo que muchos ya sospechan: ellos también creen que el gobierno trata de encubrir la desaparición de los normalistas.

“Esto es algo que probablemente nos perseguirá por mucho tiempo”, dijo Francisco Cox, un abogado chileno especializado en derechos humanos que conforma el grupo de expertos. “Pero no tiene sentido quedarse aquí porque, de cierta manera, es darle legitimidad a algo que no es correcto”, expresó.

Ese domingo el grupo dará a conocer el reporte final sobre Ayotzinapa, pero consideran que el caso está muy lejos de ser resuelto.

“Estaba claro en la investigación oficial que había una intención de mantener este caso a nivel municipal, en términos de responsabilidad”, dijo Carlos Beristain, otro experto del GIEI. “Sin embargo nosotros revelamos la presencia de agentes estatales y federales en las escenas del crimen, y su participación implica responsabilidad”.

Cuando los investigadores llegaron a México en marzo del año pasado recibieron una cálida bienvenida por parte del gobierno. En un primer momento, dijeron los expertos, existía la voluntad de compartir documentos y responder a las solicitudes de información, y esa colaboración parecía coincidir con la postura pública del gobierno.

Eso cambió abruptamente en septiembre, cuando publicaron un informe que contradice la versión del gobierno de los acontecimientos, mencionada por el exprocurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”.

“Después de nuestro informe quedó claro que la relación había cambiado”, dijo Cox. “Ellos pensaban que íbamos a respaldar su versión de lo que había sucedido”.

Las solicitudes de información gubernamental tomaron meses, dijeron los expertos. Se ignoraron sus sugerencias para agilizar la investigación. Comenzó una campaña mediática de difamación, se agredió a los miembros del grupo con acusaciones de malversación de fondos y llegó a decirse que en el pasado habían hecho declaraciones de apoyo de actos terroristas.

Para los investigadores, el mensaje era claro. Beristain dijo que “hay sectores dentro del gobierno que no quieren ser cuestionados y por lo tanto hay una intención de reforzar ‘la verdad histórica’, sin tomar en cuenta los nuevos elementos que hemos descubierto. “Estos sectores reaccionan como si fuéramos una amenaza y endurecieron sus medias contra nosotros, lo que fortalece la impunidad que impide que las cosas cambien”.

Los ataques de los medios de comunicación se centraron en las abogadas Claudia Paz y Paz y Ángela Buitrago, quien ganó un amplio reconocimiento al procesar al gobierno de Colombia por malversación militar. Además de medios poco conocidos, algunos periódicos nacionales como El Financiero y Milenio también participaron.

Quizá el ejemplo más directo de la presión gubernamental se evidenció en el inicio de una investigación penal contra Emilio Álvarez Icaza, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo internacional que nombró a los expertos.

La investigación se abrió después de que José Antonio Ortega, quien dirige una organización que simpatiza con el gobierno, presentara una denuncia contra Icaza en la que reclamaba el supuesto uso fraudulento del dinero hecho por los expertos, aunque esos fondos fueron establecidos en un acuerdo con el gobierno mexicano.

“Es interesante que eligieran investigar esta afirmación manifiestamente infundada cuando hay miles de familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos sin ninguna ayuda del fiscal general”, dijo James L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Eso es profundamente perturbador”.




Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/438338/gobierno-pena-encubre-quiere-resolver-desaparicion-los-43-expertos-del-giei

Respaldan lucha de padres de los 43 en Guerrero

Olinalá. Al concluir el Tercer Encuentro Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, las organizaciones y contingentes que asistieron respaldaron nuevamente la lucha de los padres de la Normal de Ayotzinapa por la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos.

En el evento realizado en este municipio, ubicado en la Montaña Alta de Guerrero, se acordó luchar por la libertad de todos los presos políticos del país, sin mencionar un número específico.

También se acordó refrendar el apoyo a las policías comunitarias de Guerrero, por la embestida de que son objeto por parte de los tres niveles de gobierno.

Finalmente, Jorge Torres Salgado, comandante de la policía comunitaria en Olinalá, manifestó que el principal logro de la policía comunitaria en este municipio es que prácticamente lograron expulsar al crimen organizado de esta zona de la Montaña Alta.



Fuente: La Jornada
Autor: Sergio Ocampo Arista
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/24/organizaciones-respaldan-lucha-de-padres-de-los-43-en-guerrero

Marchan al Ángel contra la violencia de género

Ciudad de México. La primera Movilización Nacional contra las Violencias Machistas dio inicio con niñas, activistas, madres de mujeres asesinadas o desaparecidas, amas de casas y estudiantes que marchan juntas para exigir el respeto a sus derechos y para exhortar a otras a unirse y no guardar silencio ante las agresiones.

La "Vulvatucada" va delante, musicalizando el avance y sorprendiendo a los transeúntes con sus canciones provocadoras: "Al violador, cuchillo volador!".

Los carriles laterales de Reforma con dirección al sur han sido cerrados para el paso del contingente. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y de Tránsito flanquean el avance de las manifestantes. También se encuentran monitores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y de Amnistía Internacional (AI).

"Ni una menos" exigen en pancartas, en alusión a las que han sido asesinadas por su condición de género. Un contingente de ciclistas también recién arribó desde Coyoacán. Motociclistas enfundadas en cuero se sumaron a la protesta nacional.

La vanguardia avanzaba por Paseo de la Reforma, mientras que la retaguardia salía de la Plaza de la República. "De camino a casa quiero ser libre, no valiente", dice la pancarta de una joven. "Son mías, no de la banda", se ha escrito la misma chica en el pecho.

"Vivas nos queremos" van coreando a todo lo que su voz puede dar. Uno de los objetivos de acudir a esta marcha, explicó, Jimena Álvarez Rodriguez, quien no pertenece a ningún colectivo, es "hacer visibles las violencias que vivimos a diario, algunas soportamos el acoso y otras ya no pudieron más, fueron víctimas del feminicidio".

De manera ordenada, por contingentes, partieron a las 3 de la tarde. "Tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista" corearon a la salida del Monumento a la Revolución.

Irinea Buendía y Norma Andrade, madres de dos jóvenes asesinadas, se encuentran dentro de la marcha. Madres lesbianas, feministas socialistas, bailarinas, artistas, académicas, así como un contingente de jaraneros también han asistido.

Algunas mujeres llevaron a sus novios, amigos, hermanos o papás, sin embargo, los varones no marcharon en los primeros contingentes.



Fuente: La Jornada
Autora: Blanca Juárez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/24/marchan-al-angel-contra-la-violencia-de-genero

Protestan contra violencia hacia mujeres en Sinaloa


Culiacán. Organizaciones ciudadanas realizaron la mañana de este domingo una protesta en contra de la violencia hacia las mujeres, por la avenia Obregón, en la capital del estado.

Las inconformes pegaron en una suerte de periódico mural pancartas y fotografías con leyendas a favor de la equidad de género. En ellas se leen algunas expresiones, como: “Cuando maltratas a una mujer, dejas de ser hombre”; “Vivas nos queremos” y “Educar en equidad para prevenir la violencia de género”.

Las actividades forman parte de la “Jornada Nacional contra la Violencia Machista”, que se realiza en diferentes regiones del país.





Fuente: La Jornada
Autor: Javier Váldez Contreras
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/24/protestan-contra-violencia-hacia-las-mujeres-en-sinaloa

Ataque coordinado de policías y criminales en Iguala: GIEI


Ciudad de México. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa concluyó que existe la certeza de que el ataque contra los estudiantes de esa normal rural existió una perfecta coordinación entre diferentes corporaciones policiacas y presuntos integrantes del crimen organizado con la finalidad de tender un círculo de control para evitar la salida de los autobuses (tomados por los normalistas) de Iguala.

El grupo añadió que, por el contrario, diversas policías, entre ellas la Policía Federal, dejaron pasar el quinto autobús (que de acuerdo a la hipótesis del GIEI es clave para la investigación ya que podría estar relacionado con el trasiego de estupefacientes). Esta unidad, agregaron, no se registró por parte de las autoridades como fundamental en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.

Al presentar su informe de trabajo tras un año y un mes de investigación sobre el caso, los cinco expertos del grupo detallaron que en los hechos también participaron elementos de la policía municipal de Huitzuco. De hecho, en uno de los testimonios que lograron recoger se asienta que un policía le dijo a otro: "Allá (en Iguala) se chingaron a un compañero y se los van a llevar a Huitzuco, que allá el patrón decidirá qué hacer con ellos".

Aunado a ello, en las indagatorias del GIEI se logró detectar que el teléfono móvil de uno de los normalistas desaparecidos en los hechos que se desarrollaron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, hizo una llamada cerca de la carretera Huitzuco-Tenango a la 1:26 de la madrugada del 27 de septiembre.

Hay otros reportes, señaló Ángela Buitrago, que muestran que otro grupo de normalistas podría haber sido conducido a la comandancia de Iguala.

Agregó que, de acuerdo con la perita que analizó el llamado quinto autobús que se les entregó, no corresponde con el que aparece en las cámaras del C4. Por ello, dijo, esa línea de investigación es fundamental y no puede cerrarse.

Agregó que diversos testimonios indican que aun cuando muchas de las víctimas solicitaron el apoyo de los militares del 27 batallón, con sede en Iguala, los efectivos militares les contestaron que no podían brindar auxilio porque "no es nuestra jurisdicción".

La presentación del último informe de los expertos continuaba este mediodía.

Aun cuando se esperaba la presencia de funcionarios del gobierno federal, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, no asistieron al acto que se desarrollaba en el patio del Claustro de Sor Juana.





Fuente: La Jornada
Autores: Emir Olivares y José Antonio Román
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/24/giei

"Lo único que hacemos es defender nuestra tierra", Atenco


Pobladores de San Salvador Atenco e integrantes delFrente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), acudieron este sábado 23, cerca de las 11:00 horas a tierras ejidales, donde denunciaron la llegada de maquinaria para dar inicio a la obra del nuevo aeropuerto, así como de una “Ciudad Futura”.

#MiPrimerAcoso: testimonios contra el drama de la mujer en México

Miles de mexicanas se han movilizado a través de Twitter contra el acoso callejero. Cada una de ellas ha tenido que rebuscar entre los recuerdos más desagradables y contar aquella vez que un hombre la manoseó en el metro, que la arrinconó en la calle, que desde entonces ya no sale sola. Bajo el hashtag #MiPrimerAcoso, convertido en tendencia la tarde de este sábado, muchas mujeres y hombres están denunciando con ejemplos concretos una realidad de este país. Esta protesta se produce horas antes de la primera gran marcha contra la violencia de género en México.

La manifestación es a nivel nacional: 27 ciudades del país se han sumado a la causa. En el caso del Valle de México (donde se encuentra la capital), la marcha ha comenzado en el municipio más letal para las mujeres en todo el país, según la ONU:Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, a 20 kilómetros de la Ciudad de México. Finalizará en el Ángel de la Independencia.

Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un 63% de las mujeres mexicanas señala haber sufrido algún tipo de violencia sexual. En la Ciudad de México esa cifra aumenta a un 72%. Las diferentes fiscalías tienen registradas más de 15.000 denuncias por violación al año. Esto es, 40 mujeres al día. Y sólo una de cada cinco recibe una sentencia condenatoria. 

Las cifras de feminicidios sacan los colores a muchos Estados mexicanos, con alertas de género decretadas y la mayoría de casos sin resolver. La ONU declaró la semana pasada: "Una buena parte de las muertes violentas de mujeres quedan en la impunidad porque no se investigan, ni se actúa con la debida diligencia". 

Al menos seis mujeres mueren al día a manos de la violencia machista. En 30 años han sido asesinadas 50.000 mujeres de las maneras más sádicas. Los datos que recoge el organismo de estadística advierten que para ellas se utilizan “medios que producen mayor dolor y que prolongan su muerte”. En 2013 al 32% las ahorcaron, las estrangularon, las ahogaron, las quemaron o las lesionaron con objetos punzocortantes o a golpes. La mayoría de los homicidios masculinos fueron con arma de fuego (un 65%).

La violencia contra la mujer en México ha provocado numerosas campañas como #NoesNo, sobre el acoso en la universidad; #NoTeCalles, para animar a las mujeres a denunciar y #VivasNosQueremos, creado por ilustradores.



Fuente: El País
Autor: Elena Reina
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/24/mexico/1461457343_029902.html?id_externo_rsoc=TW_CM

Constructora tira al drenaje millones de litros de agua potable en México: vecinos exigen cancelar la obra

Vecinos de Los Reyes, en la zona de Los Pedregales, al sur de la Ciudad de México vienen denunciando que el edificio para 377 departamentos que la empresa “Quiero Casa” vino a plantarles en el centro del pueblo iba a traer problemas. Y así ha sido.

Desde la aparición de la construcción a pasitos del cruce de Eje Azteca y Eje Diez, en diciembre pasado, los vecinos de pueblo Los Reyes comenzaron a advertir los problemas que ese desembarco de gente iba a traer a una zona que ya está superpoblada.

“Ya hay gente que tiene que llevar a sus hijos a escuelas fuera de la zona porque las de aquí no se dan abasto. Los servicios están saturados, hay problemas de tránsito y vialidad. La zona no aguanta ya más gente” explicó a Desinformémonos, Juan Luna, uno de los vecinos organizados.

El problema explotó cuando la construcción del edificio tocó una de las fibras más sensibles para cualquier persona con dos dedos de frente en la ciudad de México: el agua potable.

Los vecinos de la zona habían conseguido, mediante la instalación de reuniones de trabajo con el gobierno central para discutir los impactos negativos del megaproyecto urbano en la calidad de vida de la zona, la firma de una minuta en la que se comprometían a no avanzar con la construcción hasta que no se solucionara el conflicto con la población. Particularmente, se habían comprometido a no perforar el manto rocoso del lugar, que necesitaban para empezar con los cimientos del edificio.

“La zona siempre ha sido importante por los vestigios arqueológicos que se han encontrado, pero sobre todo por el agua subterránea. Ellos no respetaron el acuerdo y empezaron a perforar hasta llegar al agua limpia. Día con día, la constructora ha estado tirando agua potable al drenaje, que según nuestros cálculos, en un volumen que podría abastecer a 50 mil personas cada día. Con los problemas de desabastecimiento de agua potable que se tienen en esta ciudad, lo que esa constructora está haciendo es un ecocidio”, afirmó.

Este viernes, como todos los viernes, los vecinos de pueblos Los Reyes junto a los de La Candelaria, Ajusco, Santo Domingo, Ruiz Cortines, Santa Úrsula, Niño Jesús, se reunirán en asablea como cada viernes. Esta vez, en la puerta del edificio que les está malgastando el agua: Eje Azteca 215, a pasitos de la iglesia.

“Es un daño mayúsculo si lo vemos pensando en todas esas colonias y delegaciones que no tienen agua. Aquí mismo en el Ajusco hay familias que llevan mes y medio sin agua corriente. ¿Cómo se atreven a un proyecto así? El reclamo de los vecinos es la clausura urgente de este proyecto, que se expropie la obra en función del interés público, no por el terreno sino por el agua. Ese es nuestro principal recurso y el que llamamos a defender



Fuente: Desinformémonos
Autora: Eliana Gilet
http://desinformemonos.org.mx/constructora-tira-al-drenaje-miles-de-litros-de-agua-potable-en-mexico/

CDMX, la más monitoreada del mundo en calidad del aire

Ciudad de México. La Ciudad de México es la urbe más monitoreada a nivel mundial de diversos tipos de contaminantes que afectan la calidad del aire, radiación solar y, próximamente, emisiones en la tropósfera, aseguró Michel Grutter de la Mora, coordinador del Observatorio Atmosférico del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

Tras recibir la visita del secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Juan Fernando Rubio Quiroz, al Observatorio Atmosférico de la máxima casa de estudios, el científico mexicano describió que la Megalópolis cuenta con la mayor medición a nivel global de emisiones.

Esto incluye partículas suspendidas (PM), óxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX) y compuestos orgánicos totales (COT), entre otros. Sin embargo, hay muchas más emisiones de las que se pueden analizar.

Cabe señalar que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participa en el programa TEMPO de la NASA, para el monitoreo de la contaminación de emisiones en la tropósfera, que es la capa atmosférica más próxima a la tierra que abarca una distancia de 17 kilómetros.

Para ello, se utilizará el observatorio atmosférico ubicado en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México y el similar en Aztzomi, en el Parque Nacional Izta-Popo.

A través de este programa, los especialistas de la UNAM obtendrán registros de emisiones de óxido de nitrógeno y monóxido de carbono en México, Estados Unidos y Canadá, los cuales serán generados por un satélite que se lanzará en 2018 y estará en órbita geoestacionaria.

A esto hay que agregar el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) con más de 40 estaciones de monitoreo de la calidad del aire distribuidos en la Megalópolis, entre otros, los cuales están conectados a los sistemas de la UNAM.

En ese sentido, el diputado federal del PRD reconoció los trabajos que se están llevando a cabo y dijo que uno de los objetivos es estar al tanto de que las medidas implementadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estén funcionando para reducir los niveles de contaminación.

En ese sentido, Rubio Quiroz resaltó que se ha registrado una mejoría en la última semana y que la información recabada servirá para delinear propuestas y políticas enfocadas a mejorar la calidad del aire y medio ambiente sano para los habitantes de la Ciudad de México.

El legislador del PRD atestiguó como se recolectan de forma constante muestras de aire para su análisis y cómo algunos niveles de contaminación se muestran más a nivel de suelo en la mañana por el frio, y durante el día se dispersan a mayores alturas.



Fuente: La Jornada
Autor: Notimex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/24/ciudad-de-mexico-la-mas-monitoreada-del-mundo-en-calidad-del-aire

Se niegan a impulsar estrategias contra contaminación: expertos

Ciudad de México. Organizaciones ambientalistas destacaron que por años han presentado estudios e investigaciones para alertar de los riesgos de la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), sin que hasta la fecha se haya buscado la construcción de soluciones de mediano y largo plazo.

“Las propuestas para mejorar la movilidad y construir respuestas integrales se conocen desde hace años, pero hasta ahora pareciera que no se han querido escuchar, y mucho menos impulsar un cambio de estrategia que evite la aplicación de medidas fragmentadas que no generan una solución de fondo”, indicaron.

Por separado, Gustavo Ampugnani, líder del proyecto de megaciudades de la organización ambientalista Greenpeace, señaló que pese a la emergencia que enfrenta la capital del país y su zona conurbada para abatir la contaminación atmosférica, las autoridades federales, locales o municipales “no nos han buscado”.

A pesar de que se trata de unas las organizaciones ambientales de mayor prestigio, y que en el tema de megaciudades ha abordado los problema de movilidad y las deficiencias del transporte público que enfrenta la ciudad de México, hasta ahora no ha sido convocada para sumarse a la revisión de las medidas contra la contingencia ambiental.

Ampugnani destacó que es necesario establecer un diálogo y analizar las diversas propuestas para dar una solida viable al problema de la contaminación, de la movilidad y del uso racional de los recursos, pues indicó que es necesario repensar el uso del automóvil particular, por lo que insistió en que medidas como el Hoy no Circula, “no son soluciones de fondo”.

Por su parte, Margarita Campuzano, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), destacó que esta organización ambientalista, una de las más importantes en México, ha trabajado por más de una década el tema de la calidad del aire en la ciudad de México.

“Hemos hecho aportes, se ha investigado sobre el impacto de la contaminación atmosférica en la salud y los entornos, ha sido una tarea en la que se han generado diversos análisis y documentos que se han presentado durante años”.

Como organizaciones ambientalistas, dijo, estamos abiertos a colaborar con el conocimiento que se ido construyendo “y si el gobierno quiere escuchar sugerencias que nos busque, estamos dispuestos a sumar”. Sin embargo, indicó, que hasta el momento no han sido convocados a los espacios de revisión de las acciones gubernamentales para frenar la contaminación atmosférica en la ZMVM.



Fuente: La Jornada
Autora: Laura Poy Solano
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/24/no-han-querido-impulsar-propuestas-para-mejorar-movilidad-expertos

Confrontado con el gobierno, concluye el GIEI trabajo en México

En medio de fuertes discrepancias con el gobierno mexicano y víctima de una campaña mediática de desprestigio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluye su trabajo de más de un año con la presentación, este domingo, del informe final sobre los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, suscitados en septiembre de 2014.

Para los padres de familia de los normalistas, el Grupo de Expertos prácticamente “ha sido echado del país” por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues consideran que el mandato que le dio origen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –la localización de los 43 estudiantes desaparecidos— no ha concluido.

El gobierno federal, tanto en voz Peña Nieto como del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha argumentado que la presencia del GIEI en México se acordó desde un principio con una temporalidad, que incluso fue ampliada a un segundo periodo de seis meses, el cual termina este 30 de abril. La administración federal ha dicho que espera las conclusiones de los expertos.

A lo largo de sus investigaciones, los cinco miembros del GIEI han concluido que no hay evidencia científica para asegurar que los 43 normalistas desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014 hayan sido ejecutados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, que era el principal argumento de la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR). Además, develaron la existencia de un quinto autobús de pasajeros donde viajaban normalistas y que a pesar de formar parte de las indagatorias, su importancia no se había difundido.

En este año de trabajo, los expertos solicitaron insistentemente y de diversas formas entrevistar de manera directa a los militares que estuvieron presentes en los escenarios donde se dieron los hechos de Iguala -que dejaron seis muertos, varios lesionados y 43 normalistas desaparecidos, presuntamente a manos de policías municipales en colusión con integrantes del crimen organizado-, pues sus declaraciones son esenciales para el caso. Petición que el gobierno nunca atendió. Éste fue el inicio de una serie de desencuentros entre el GIEI y las autoridades federales.

Todavía el jueves pasado, Angela María Buitrago, una de los cinco integrantes del GIEI, enfatizó que la investigación por este caso --que conmovió a la ciudadanía tanto en el país como a escala internacional— “apenas comienza”. Esto porque desde su visión existen altos niveles de oscuridad y opacidad que no se han podido resolver. Agregó que por ello toca a la sociedad mexicana exigir que efectivamente se investiguen los hechos hasta esclarecerse totalmente. “No son sólo 43, es un país” en condiciones similares.

En marzo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio a conocer el peritaje multidisciplinario que practicó por ocho meses en el basurero, en el que concluye: “No es posible que en el sitio hayan sido incinerados y ejecutados los 43 estudiantes normalistas desaparecidos”.

Ya desde su primer informe, presentado en septiembre de 2015, el GIEI refutó con argumentos basados en la ciencia la llamada “verdad histórica” de la PGR. Esto obligó al gobierno federal a solicitar un nuevo peritaje en el tiradero de Cocula. Los resultados de este nuevo ejercicio –no concluyentes— realizado en un mes por el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego y presentados el pasado 1 de abril, señalan que “sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones” en ese lugar, donde al menos “17 seres humanos adultos fueron quemados”.

En respuesta, el GIEI consideró roto el acuerdo sobre el tercer peritaje debido a que la PGR lo difundió “de manera unilateral” -el acuerdo para publicitar todo lo referente al caso asienta que las tres partes: gobierno federal, GIEI y familiares de las víctimas, deben conocer la información previamente y aceptar su difusión—, además que se trataba de resultados preliminares.

Este hecho marco aún más las discrepancias que desde hace unos meses hay entre el GIEI y los padres de los normalistas con el gobierno federal, iniciado a finales del año pasado con una campaña mediática principalmente contra los expertos, en la que la administración de Peña Nieto fue complaciente aún con las exigencias de organismos internacionales en el sentido de que frenara esos ataques y se pronunciara al respecto.

Otro elemento que abonó al desencuentro fue la difusión por parte de la PGR de una denuncia contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, que fue interpuesta por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, por presunto fraude en perjuicio de la Federación por casi 2 millones de dólares entregados por el gobierno federal para la investigación del caso Ayotzinapa.

Ante estos ataques, la propia CIDH emitió un pronunciamiento el 29 de marzo en el que rechazó de manera categórica la campaña de desprestigio contra el GIEI y defendió la probidad de su secretario ejecutivo, al calificar de “infundada y temeraria” la denuncia penal en su contra.

Por su parte, el gobierno federal fue terminante: ya no se ampliará el mandato del GIEI, por lo que se está a la espera de su informe final. La expresión más reciente en ese sentido la hizo peña Nieto durante su gira de trabajo por Dinamarca, la semana pasada.

En respuesta a la posición gubernamental, el 15 de abril la CIDH señaló que al no existir las condiciones en México para la permanencia del GIEI, esta instancia se retirará del país al concluir su mandato y en su lugar se creará un mecanismo especial que dé seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones, aún por definirse.



Fuente: La Jornada
Autor: Redacción
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/24/confrontado-con-el-gobierno-concluye-el-giei-trabajo-en-mexico

Ni Mexichem ni Pemex nos han ofrecido ayuda, acusan deudos

Habitantes de la congregación Mundo Nuevo, de este municipio, realizaron una marcha desde esa comunidad a la planta de Clorados III, en el complejo Petroquímico Pajaritos, para exigir que los dejen entrar a revisar que no se oculten los cuerpos de los obreros que fallecieron por la explosión del miércoles.

Los inconformes son familiares de trabajadores desaparecidos desde la tarde del estallido, que ha dejado oficialmente 28 muertos y más de 130 heridos. La angustia aumenta porque sus parientes no aparecen ni en la lista de heridos ni en la de fallecidos.

Ellos llegaron hasta el portón principal de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), donde hubo varios conatos de bronca con los militares que resguardan el inmueble.

Los manifestantes detuvieron al conductor de una carroza funeraria, quien les informó que se encontraron tres cuerpos más en una cuneta, pero que aún no entra el personal de la Fiscalía estatal.

Aun cuando se levantó la contingencia por los gases tóxicos descargados al ambiente, personal de PMV les informó que todavía no hay condiciones de seguridad suficientes para hacer recorridos por la planta.

Basta de mentiras, gritaban

Durante varios minutos los quejosos zarandearon la reja, mientras del otro lado de los barrotes el personal del Ejército la sostenía en su lugar. Ya basta de mentiras, queremos justicia, gritaban.

Señalaron que tienen el mismo derecho que el presidente Enrique Peña Nieto de supervisar el área de la explosión y revisar que no se estén ocultando los cuerpos, ya que existen rumores de que los están sacando por otros accesos.

Por un altavoz, el personal que custodia del complejo habló de permitir el ingreso a los familiares directos, pero sólo pudieron llegar al primer filtro y, además, fueron condicionados a no entrar con teléfonos o cámaras.

Los manifestantes se retiraron, pero advirtieron que podrían bloquear la circulación por el puente Coatzacoalcos uno.

Familiares de los desaparecidos fueron recibidos por especialistas en tanatología, quienes los preparan para ver las fotos de los cuerpos encontrados.

En la ciudad de Veracruz, familiares de los trabajadores heridos informaron que hace apenas unas horas empezaron a recibir apoyo de las empresas contratistas, mientras Pemex y Mexichem no se han comunicado con ellos. Varios piden apoyo a la población para poder mantenerse en la ciudad mientras sus familiares heridos son atendidos.

Ciudadanos de Mundo Nuevo levantaron las plumas de la caseta de cobro del puente Coatza-coalcos uno y recaudan dinero para entregarlo a las familias con heridos o muertos.

Los familiares de personas hospitalizadas y los propios trabajadores de la empresa PMV calificaron de montaje la visita de Enrique Peña Nieto al hospital de Pemex, pues allí sólo se encontraban internados directivos de la planta y heridos de menor gravedad.

Juan Gómez López, de 20 años de edad, es atendido en el hospital de especialidades debido a las quemaduras que tiene en todo el cuerpo. Ana Cristina Gómez López, su hermana, pidió al municipio que los apoye con recursos para sostenerse en el puerto mientras dan de alta a su pariente.

Julio César Domínguez Blanco también está internado en terapia intensiva en Veracruz con quemaduras internas muy graves en pulmones e hígado y de segundo grado en todo el cuerpo. Su hermano Jorge refirió que la familia ha hecho muchos gastos. Apenas este viernes la constructora que contrató a Julio César se puso en contacto con ellos y los empezó a apoyar.

Este sábado, peritos de la Fiscalía General del Estado, proveniente de Xalapa, provistos de drones y de binomios caninos llegaron al complejo para analizar los restos de los tres fallecidos que aún no han sido identificados y permanecen en la zona del siniestro, confirmó la empresa en su cuenta de Twitter.

Los especialistas tomaron pruebas de los cuerpos y de familiares, pero no pudieron hacer la identificación por el estado en que se encuentran los cadáveres: quemaduras muy severas dañaron la mayor parte de la piel.

Frente a la empresa se produjo otra manifestación, ésta de trabajadores de 40 empresas contratistas las cuales exigen que la empresa ICA Flour, encargada de los trabajos de reparación, les pague el salario devengado durante la semana reciente, pues temen que se vaya sin hacerlo y los deje sin trabajo.

Los directivos de ICA les informaron que este sábado les depositarían sus salarios y en cuanto se limpie la zona regresaran a laborar.

Los manifestantes reiteraron que desde el lunes ya se percibían las fugas de cloro, incluso 24 horas antes del accidente realizaron un simulacro de evacuación. La explosión se produjo por la negligencia de los supervisores de ICA y PMV, quienes autorizaron seguir con los trabajos aun cuando ya se habían localizado dos fugas en la línea de cloro y etano, dijeron.




Fuente: La Jornada
Autoras: Sayda Chiñas Córdova y Eirinet Gómez
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/24/politica/008n1pol