Sin embargo, Colmenares expuso que su nueva gestión no será pasiva. Adelantó que desplegarán procesos de análisis de información para identificar el lavado de dinero que circula en la banca mexicana y que es aprovechado por los narcos, los mismos que Estados Unidos catalogó como grupos terroristas. 

“Asimismo, quisiera comentarle que todo el tema de las organizaciones transnacionales y las organizaciones nacionales que operan y utilizan la banca nacional para poder blanquear su dinero, en la Unidad de Inteligencia Financiera estaremos utilizando procesos de análisis de información para poder identificar estos riesgos y poder mitigarlos”, dijo el nuevo titular de la UIF, que llega al cargo tras la salida de Pablo Gómez, quien ahora encabeza la Comisión para la reforma electoral. 

La estrategia que delineó incluye reforzar los canales de cooperación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para enfrentar el lavado de dinero transnacional y los delitos fiscales globales. 

También, dijo, se rastrearán las redes de corrupción que desvían recursos públicos y se pondrá la lupa sobre funcionarios que participan en ellas. 

Evaluación de GAFI

En paralelo, Colmenares reconoció que uno de los puntos inmediatos que estará atendiendo es la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

Esta mide si México cumple con los estándares globales contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas. 

“Estamos trabajando para demostrar ante este organismo internacional el cumplimiento técnico y la solidez de nuestro marco legal”, sostuvo.

Sin explicar si esas actividades delictivas desde prisión implicaban la colusión de autoridades penitenciarias o si se habían integrado carpetas de investigación, el funcionario agregó que “muchos” de los 26 obtuvieron amparos para ser trasladados a “cárceles de baja seguridad e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión, en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga”.

Como ejemplos de beneficios judiciales  obtenidos por delincuentes de alto impacto, García Harfuch contó que entre los 29 capos enviados a Estados Unidos en febrero pasado, Miguel Ángel Treviño, alias Z-40, logró posponer su proceso de extradición en 79 ocasiones, mientras que Óscar Treviño, alias Z-42, lo logró en 54.

A punto de entrar en vigor el nuevo Poder Judicial, que sustituiría según los argumentos oficiales a un Poder Judicial “corrupto”, el funcionario señalo que “existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”.

Tras siete años de gobiernos de Morena al frente de la seguridad pública y nacional, García Harfuch insistió que enviar a Estados Unidos a 26 personas implicadas en cárteles del narcotráfico fue una “medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”, misma que forma parte de la anunciada Estrategia Nacional de Seguridad y contra la Extorsión.

Al puntualizar que se trató de “una decisión soberana” apegada a la Ley de Seguridad Nacional y determinada por el Consejo de Seguridad Nacional, García Harfuch reconoció la coordinación y cooperación con el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo el traslado de los “26 generadores de violencia”, contra quienes había en aquel país causas judiciales abiertas.

“El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas que han sido víctimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio y todos los delitos que mencioné en los mensajes, donde muchas veces lamentablemente desde prisiones siguen operando.

“¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan, es eso, tal cual, de manera muy concreta, que, al sacarlos de nuestro país, no van a poder seguir operando en contra de la sociedad mexicana”,  es decir, de lo que se trata es de que “no continúen operando desde los centros penitenciarios y romper sus redes de influencia” puntualizó Omar García Harfuch.

Uno de estos casos fue el del periodista Héctor de Mauleón, obligado a retirar una columna y ofrecer disculpas tras una denuncia por violencia política de género en Tamaulipas; otro más fue el de Ángel Camarillo, multado y sancionado en Veracruz por señalar presunto nepotismo; y el de Jorge Luis González en Campeche, sujeto a revisión de sus publicaciones por orden judicial.

También se registraron sanciones contra periodistas de La Barra Noticias en Campeche; contra la periodista Rubí Soriano, en Puebla, y contra reporteros de El Tlacolol, en Guerrero.

En el ámbito ciudadano, destacan el caso del abogado Carlos Velázquez de León, denunciado por Gerardo Fernández Noroña y obligado a una disculpa pública; el de Karla Estrella, sancionada por un mensaje en redes de 2024 en el que cuestionó a la diputada Diana Karina Barreras, ahora conocida como “dato protegido”; y el de la actriz Laisha Wilkins, requerida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras escribir “Dora la Censuradora” en una publicación sobre una excandidata a la SCJN.

De acuerdo con datos de la organización Artículo19, cada tres semanas se registra al menos un caso de censura en contra de periodistas o medios de comunicación en México, considerando todo tipo de incidentes, incluidos litigios, demandas por daño moral y acusaciones de violencia política en razón de género. Dentro de esa cifra general, el acoso judicial representa solo una parte: entre 2020 a la fecha, la organización ha documentado entre 20 y 30 casos de este tipo, cuyo objetivo ha sido detener investigaciones, retirar contenidos publicados o generar un ambiente de intimidación.

El primer caso del año se registró el 1 de mayo, cuando Héctor de Mauleón publicó en El Universal la columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, en la que vinculó a Tania Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial estatal, con una red de huachicol. Contreras presentó una denuncia por violencia política de género, y el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó al medio y al columnista retirar la publicación y ofrecer disculpas públicas. 

Días después, el 17 de mayo, el periodista veracruzano Ángel Camarillo fue sancionado por publicar una investigación sobre presuntos casos de nepotismo entre funcionarios y candidatos en Veracruz. La sala regional del Tribunal Electoral ordenó retirar la nota, pagar una multa y ofrecer disculpas.

En Campeche, Jorge Luis González fue vinculado a proceso por “delitos de incitación al odio y violencia” contra la gobernadora morenista Layda Sansores. Inicialmente se le prohibió ejercer el periodismo por dos años y suspender el medio Tribuna, pero las medidas se modificaron para imponer la revisión judicial previa de sus publicaciones y prohibir declaraciones sobre Sansores.

🚨 Gobierno de #Campeche abusa del poder público y poder judicial excede sus funciones.

Expresamos nuestra preocupación por el cúmulo de procesos legales que enfrenta el periodista independiente Jorge Luis González Valdéz, y el periodico Tribuna:

🔗 https://t.co/uCsWAugMYP pic.twitter.com/iLpLaApSnZ

— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) July 18, 2025

En septiembre de 2024, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció al abogado Carlos Velázquez de León por insultos en el aeropuerto de la Ciudad de México. El caso se resolvió con una disculpa pública desde la sede del Senado y transmitida en redes sociales de la Cámara alta.

El 14 de febrero de 2024, la ciudadana Karla Estrella publicó en X un mensaje sobre la candidatura de la diputada Diana Karina Barreras, lo que derivó en sanciones del Tribunal Electoral: multa económica, inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género por 18 meses, disculpas públicas diarias por 30 días, que ya culminó, y cursos obligatorios.

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia”, se lee en la publicación que diariamente, durante 30 días, realizó Karla Estrella, desde el 12 de julio, fecha exacta en la que fue publicada la sentencia.

Cumplidos los 30 días con la publicación del extracto de sentencia fijado en mi cuenta, procedo a removerla. https://t.co/xLVhvilcj2

— Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) August 12, 2025

Artículo 19 recuerda que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades deben mantener un umbral más alto de tolerancia a la crítica. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis CCXIX/2009 que los servidores públicos deben resistir un mayor grado de escrutinio debido a su exposición pública.

Sin embargo, el acoso judicial “se convirtió en una tendencia y en una forma de buscar acallar voces críticas, voces que nos están publicando información que les puede ser incómodas a personas en el poder y no solo poder público, sino también poder privado”, dice Cárdenas en entrevista.

“Desafortunadamente en México, aunque los medios de comunicación se cuiden, aunque los medios de comunicación tomen medidas, cuando se está abusando de estas normativas, lo cierto es que aunque te cuides y aunque cumplas con todos los marcos normativos, todavía hay un riesgo de que se inicie algún proceso legal”, asegura.

No hay presupuesto para los refugios para víctimas de violencia

El pasado 12 de agosto, también en el marco de la inauguración del evento regional, la Red Nacional de Refugios publicó una carta abierta, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y demás autoridades, en la que denunció la falta de pagos de honorarios y el estancamiento del presupuesto destinado para refugios que acogen a mujeres e infancias víctimas de violencia.

“A pesar de nuestras solicitudes de reunión, comunicaciones formales y mensajes directos, la Secretaría de las Mujeres no ha respondido sobre temas urgentes: la publicación de la segunda convocatoria de subsidios, el pago completo de honorarios y la realización de mesas de trabajo que garanticen la operación de los refugios”, exhibió en el documento.

El reclamo fue recogido por manifestantes este miércoles, quienes portaban carteles con mensajes como “A mí me salvó un refugio” y “Desaparecer los refugios es violencia institucional”.

Valeria, una de las mujeres que protestaron en CCU Tlatelolco, profundizó que varios recintos que pertenecían a la Red Nacional de Refugios dejaron de funcionar a raíz del recorte presupuestal que enfrentaron en 2025, que según la organización fue de 4.3 %, o 21.8 millones de pesos.

“Por eso estoy aquí presente”, señaló. “No hemos sido escuchadas, hay organizaciones que no han sido invitadas, y es por eso, para que sepan que estamos al pendiente, que estamos presentes, y queremos ser escuchadas. Que se sepa que en México hay mujeres que están necesitando seguridad, que México vive un grave problema de violencia y necesitamos espacios seguros”.

Exigen reconocimiento del trabajo sexual

En el primer día de los diálogos de la XVI Conferencia Regional de la Mujer, también se presentaron integrantes de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer EMAC para exigir que el trabajo sexual sea reconocido formalmente, y así puedan acceder a mayor protección del Estado mexicano contra extorsiones, inseguridad, y prestaciones laborales.

“Nuestra denuncia es que quieren hacer que el trabajo sexual es trata de personas, cuando el trabajo sexual es trabajo”, expuso Mónica Sarmiento, miembro de la Brigada.

Sumó la importancia del reconocimiento de los derechos de las mujeres trans a nivel nacional, así como la no discriminación y garantía de seguridad para sus vidas.

“El gobierno, desgraciadamente, a nosotras nos tiene muy estigmatizadas y nunca voltean a ver nuestras necesidades. Ya basta de tanta violencia, de tanta corrupción, que nos quieren extorsionar los policías”.

Ello, no sólo porque, a excepción de Loretta Ortiz, todos saldrán de la Corte el próximo 1 de septiembre sino porque la reforma judicial estableció la extinción de las salas. 

El primero en hacer uso de la voz fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien luego de afirmar que la importancia y trascendencia de las resoluciones emitidas en la Primera Sala están a la vista, agradeció a todos los integrantes de la misma. 

“Mi respeto y agradecimiento también a todo el personal de las ponencias, a las señoras secretarias, a los señores secretarios de todas las ponencias y, de manera también muy destacada, a los integrantes de esta Primera Sala”, dijo. 

 “Me despido diciendo que, a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y vocación intactas”. 

Al término de estas palabras el llanto estuvo a punto de romper la voz del ministro y mientras que los aplausos de los presentes inundaron la sala en los rostros de algunos de ellos comenzaron a caer las lágrimas.

En el contexto de esas presiones, y de los ultimátum arancelarios de Trump, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por la entrega masiva de capos del narcotráfico a la justicia estadunidense.

“La DEA ha convertido las extradiciones en un indicador de gestión que le sirve para obtener más presupuesto, incluso para subsistir, pero es un indicador que esconde una realidad: más extradiciones no significan más éxitos en la lucha contra el narcotráfico sino mantener de manera artificiosa una política fracasada”, dice el experto en crimen organizado Pablo Reyes.

En dos hechos sin precedentes, este martes 12 el gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a 26 jefes criminales, entre ellos Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, cabecilla de Los Caballeros Templarios, y Abigael González Valencia “El Cuini”, operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En febrero pasado, el gabinete de seguridad de Sheinbaum había entregado a las autoridades estadunidenses a 29 capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara en los 80.

La especialista en derechos humanos y política de drogas, Renata Demichelis, afirma que la profundización de esta política de “entregas” y extradiciones implica “renunciar” a la posibilidad de que los jefes de las organizaciones criminales enviados a Estados Unidos aporten verdad para esclarecer delitos atroces que ellos perpetraron en México, como desapariciones y ejecuciones de miles de personas.

De acuerdo con la directora de la organización Elementa DDHH en México, a pesar del gran nivel de impunidad y de las grandes fallas del sistema mexicano de justicia, es preferible que los capos del narcotráfico respondan en su país por los crímenes atroces que han cometido y para que reparen a sus víctimas.

Su extradición, señala, “sepulta por completo las posibilidades de conocer la verdad de muchos hechos de graves violaciones a derechos humanos” porque la prioridad del sistema de justicia de Estados Unidos no son las víctimas, sino que esos criminales respondan por delitos de narcotráfico en el marco de una “guerra contra las drogas” que privilegia el combate de la oferta y no de los factores que estimulan la demanda.

El abogado colombiano, Juan Carlos Palou señala que a pesar de que su país convirtió la extradición “en la política criminal y no en unos de los instrumentos de esa política”, no existe ninguna evidencia de que esa práctica haya tenido algún efecto para combatir el narcotráfico.

“Hay una degradación de ese instrumento por su uso indiscriminado, por su falta de selectividad y porque hay varios casos de colombianos que Estados Unidos acusa, sin pruebas sólidas ni investigaciones rigurosas, de delitos relacionados con el narcotráfico”, dice el coordinador del estudio “Usos y abusos de la extradición en la lucha contra las drogas”.

Palau indica que la extradición cobró auge en Colombia durante los gobiernos del presidente ultraderechista Álvaro Uribe (2002-2010), quien emprendió una guerra total contra las FARC, una guerrilla a la que definía como “narcoterrorista”.

Extradiciones a granel

Entre 1997 y 2002, Colombia había extraditado a Estados Unidos a unos 15 presuntos narcotraficantes cada año en promedio. Pero a partir de 2002, cuando inició el gobierno de Álvaro Uribe, la cifra creció en forma exponencial.  Durante los ocho años de mandato del expresidente fueron extraditados mil 131 colombianos a Estados Unidos, un promedio de 141 cada año, nueve veces más que en los gobiernos precedentes.

Bajo las presidencias de Juan Manuel Santos (2010-2018) y de Iván Duque (2018-2022) ese promedio mantuvo y en la actual administración de Gustavo Petro se ha registrado un leve descenso, a 115 extradiciones por año.

Entre 2000 y 2024 este país extraditó a Estados Unidos a unas tres mil 100 personas. Y en el trascurso de este año ya van 86, según informó el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.

Esto quiere decir que, en el transcurso de este siglo, Colombia ha enviado a Estados Unidos a 124 presuntos narcotraficantes cada año, una cifra que le ha venido muy bien a la DEA para presentar esos “resultados” al Congreso estadounidense y obtener cada vez más presupuesto.

La DEA, que es el brazo armado de la fracasada política de droga prohibicionista, nació en 1973 con un presupuesto de 70 millones de dólares, el cual ha crecido 50 veces desde entonces.

Sólo en los últimos 15 años el presupuesto de esa controvertida agencia antidrogas, la cual ha estado envuelta en sonados casos de corrupción y bajo constantes críticas por su ineficiencia para combatir el tráfico de drogas en su propia casa, ha crecido 67% al pasar de dos mil millones de dólares en 2010 a tres mil 339 millones de dólares este año.

El profesor de la Universidad Nacional de Colombia Pablo Reyes, un doctor en estudios internacionales, dice que la DEA tiene “una necesidad de legitimar su actividad con resultados estadísticos de sus operaciones en el extranjero porque al interior de Estados Unidos es conocida su baja efectividad”.

“¿Cuándo se ha escuchado que esa agencia capture a los capos estadunidenses o que haga algo para detener el tráfico de drogas, el lavado de miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico y epidemias como la del fentanilo, que comenzó con el tráfico ilegal de opioides producidos por las farmacéuticas estadunidenses?”, plantea el académico.

En cambio, asegura, ha convertido las estadísticas de extradiciones en un “falso indicador de eficacia, porque todos sabemos que esa política no se ha traducido en una reducción del narcotráfico ni en México ni en Colombia, sino todo lo contrario”.

Las miles de extradiciones de capos y presuntos narcotraficantes colombianos a Estados Unidos no han servido para acabar con las grandes organizaciones de la droga, que se han ido fraccionando a lo largo de los años mientras aumentan su capacidad para abastecer a los consumidores de Estados Unidos, donde está el mayor mercado de estupefacientes en el mundo.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en los años ochenta, la producción potencial de cocaína de todos los países andinos eran 600 toneladas al año, mientras que en 2023 llegó a dos mil 664 toneladas únicamente en Colombia.

México, colaborador inesperado de la DEA

Ahora, México emerge como un nuevo colaborador inesperado de la DEA, una agencia fustigada de manera recurrente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su heredera política, Claudia Sheinbaum, parece dispuesta no sólo a extraditar masivamente a presuntos narcotraficantes, sino a “entregarlos” al margen del tratado bilateral de extradición, lo que contribuirá a abultar las estadísticas de ese organismo.

Según datos de Elementa DDHH, López Obrador extraditó a Estados Unidos durante su sexenio a 341 presuntos narcotraficantes, un promedio de 62 por año, con lo cual cumplió “la cuota” de extradiciones a la que se comprometió con Washington en el Acuerdo Bicentenario.

En el informe “Extraditar la verdad México”, la ONG reveló que, según documentos obtenidos del colectivo Guacamaya, mientras se negociaba en 2022 el Acuerdo Bicentenario la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) garantizó a las autoridades estadunidenses que México extraditaría cada año al vecino país a 60 presuntos narcotraficantes. 

Y este compromiso fue seguido al pie de la letra por López Obrador, quien cada año de su sexenio firmó la extradición de 61.9 mexicanos en promedio, casi la cifra exacta para cumplir la cuota de 60.

López Obrador realizó menos extradiciones que los presidentes Felipe Calderón (615) y Enrique Peña Nieto (421), pero su vehemente discurso contra el intervencionismo de la DEA contrastó con su colaboración con Estados Unidos no sólo en materia de lucha contra el narcotráfico, sino también en el tema de la migración, con el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional para contener los flujos de migrantes latinoamericanos.

La política de extradiciones y “entregas” masivas de presuntos narcotraficantes que sigue ahora la presidenta Sheinbaum elevará sustancialmente las estadísticas en esos rubros de los últimos sexenios.

La directora de Elementa DDHH en México, Renata Demichelis sostiene que a los capos de la droga hay que perseguirlos y penalizarlos, “pero nada en la historia de la lucha contra las drogas indica que la extradición es una estrategia exitosa”.

Señala que está suficientemente documentado que una vez que los grandes capos son extraditados surgen otros cabecillas, “como estamos viendo en Sinaloa”.

Agrega que, además, la extradición no es una garantía de justicia porque cada vez es más frecuente que los jefes mexicanos del narcotráfico que son extraditados a Estados Unidos alcancen acuerdos con las fiscalías de ese país en lo que se declaran culpables y entregan gran cantidad de bienes, a cambio de sustanciales rebajas de penas y de la legalización de parte de sus fortunas.

De acuerdo con un estudio de Elementa DDHH, el 80% de los presuntos narcotraficantes mexicanos extraditados opta por un acuerdo con las autoridades estadunidenses.

Los Extraditables light

En Colombia, la extradición se convirtió también en un mecanismo conveniente para los grandes capos del narcotráfico. Lejos quedaron los días en que, en medio de la guerra contra el Estado, Los Extraditables –nombre genérico que adoptaron Pablo Escobar y otros jefes del Cártel de Medellín en los 80— escribían como epígrafe en sus amenazantes comunicados: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”. 

El exfiscal general y ex ministro de Justicia de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, afirma que “hoy, los narcotraficantes prefieren una cárcel en Estados Unidos que una cárcel en Colombia”, porque allá legalizan parte de sus capitales, pagan penas de cárcel relativamente bajas, a cambio de sus delaciones y de los acuerdos que alcanzan con la justicia de ese país.

Es por eso que cada vez es más amplia la lista de grandes capos solicitados en extradición que se entregan a las autoridades de Estados Unidos.

En México, el caso más emblemático es el de Jesús Guzmán López, el hijo del “Chapo” que no sólo se entregó a las autoridades estadunidenses, sino que ayudó a secuestrar a Ismael “El Mayo” Zambada como parte de un acuerdo que también cobijó a su hermano Ovidio Guzmán, quien había sido extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023.

Renata Demichelis recuerda también el caso del narcotraficante sinaloense Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, quien está acusado en México de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez pero llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se entregó a la justicia de ese país.

Los fiscales estadunidenses, señala Demichelis, han promovido las negociaciones para lograr que una persona acusada testifique en contra de otro procesado o pueda apoyar al gobierno a señalar a personas implicadas en actividades delictivas.

“Esto permite que se mantenga la espiral de persecución en países productores de drogas, sin afectaciones concretas a la operación del mercado”, asegura.

Lo que hay en la práctica es un sistema burocrático en el que todo se convierte en un juego de apariencias para simular que hay una lucha efectiva contra las drogas cuando la realidad es que el narcotráfico y el consumo aumentan cada año, según se constata en los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

“A diferencia del pasado, hoy la extradición ya no asusta”, dice el exfiscal colombiano Alfonso Gómez Méndez.

De acuerdo con el abogado, “la extradición debe ser un mecanismo excepcional” y no parte del juego de apariencias con el que las agencias estadunidenses buscan asumir que la política de drogas basada en el prohibicionismo ha fracasado.

Del primero, su salida fue divulgada durante la tarde del día indicado, bajo el argumento de “cuestiones personales”, sin brindar más detalles. 

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró, en la conferencia matinal posterior, que la decisión correspondió a la titular de la FGE, Ma. Elena Andrade Ramírez. 

“La verdad es que fue una decisión que tomó la fiscal general del Estado. Me lo informó y es un organismo autónomo. Ella tomó su decisión, habría que preguntarle a ella”, afirmó Ávila Olmeda al respecto. 

Como encargado de despacho, en relevo de Orozco Vargas –quien se mantuvo casi cuatro años como segundo al mando–, quedó Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, con experiencia en cargos fiscales regionales en Tijuana y Ensenada, según difundieron las autoridades. 

En el caso de Efrén Ruiz Romo, estuvo en el cargo como fiscal regional de Mexicali desde noviembre 2024, en sustitución de Rafael Cervantes Sánchez, quien a su vez duró un año. 

Fiscal de Mexicali cuenta con denuncia penal

Destaca que Ruiz Romo está denunciado penalmente por abuso de autoridad por Ana Lidia Soto Romero, abogada de profesión, agente del Ministerio Público durante 11 años, así como hija de Amparo Romero, quien falleció por el ataque de una jauría de perros, el 18 de agosto de 2024. 

El 1 de julio, Soto Romero publicó un video en redes sociales para explicar el motivo de la denuncia ante la FGE contra Ruiz Romo, además de exigir a la fiscal general Ma. Elena Andrade que judicializara la carpeta en 13 días, así como lo hicieron con otra en la que se le violentó a la abogada su derecho a la defensa. 

“Porque hay datos suficientes para darle vida al hecho que la ley señala como delito que es el abuso de autoridad. De igual manera, quiero que giren las medidas de protección lo antes posible porque al señor Efrén Ruiz Romo lo creo capaz de todo. Si se atrevió a ordenar la judicialización de una carpeta sin respetar mi derecho de defensa, sabiendo que no iba a quedarme callada, es capaz de todo. A partir de este momento, 1 de julio, exijo que se integre con celeridad la carpeta por el delito de abuso de autoridad en contra del fiscal Efrén Ruiz Romo y quien resulte responsable”, remarcó. 

En el contexto, el pasado 10 de abril acudió al Congreso del Estado para denunciar a las y los diputados que se contaba con “una fiscalía podrida, ineficiente, inepta y corrupta”, y que había sido revictimizada al ordenar la judicialización de dicha carpeta. 

“Que por un hecho falso, la familia dueña de los perros que mataron a mi madre, interpuso en mi contra, y que tres escritos de datos de prueba para desestimar eso me fueron negados por órdenes de él. Lo sabe la fiscalía… saben que ese fiscal me hizo así en la mesa (golpear la mesa con la mano extendida)”, dijo al tiempo de recrear el gesto, además de echarles en cara a los legisladores su falta de pronunciamiento al respecto. 

Este martes, al conocer la renuncia del fiscal, Ana Lidia Soto celebró la salida. 

“¡Sí, un violentador institucional menos! Estoy muy contenta. Muy merecida la salida y bendito Dios, qué bueno por Baja California, qué bueno por Mexicali, que personas que violentan los derechos de las víctimas salgan de las instituciones donde no les corresponde estar”, declaró a la prensa. 

Sobre las razones de la salida, desconoció el motivo, pero consideró que podría ser “la presión mediática” y reiteró su celebración.

Cuatro ciudadanos mexicanos y 13 empresas con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) por operar un fraude de tiempos compartidos ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el esquema defraudó a miles de personas, principalmente adultos mayores en EU, mediante call centers que se hacían pasar por corredores de bienes raíces o abogados.

El objetivo era convencerlos de vender propiedades vacacionales y, antes de concretar la operación, exigir pagos por supuestos impuestos o comisiones que nunca se devolvían.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Mexican individuals and companies linked to timeshare fraud by the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG).

CJNG is a brutally violent cartel that is flooding our country with fentanyl and is increasingly…

— Treasury Department (@USTreasury) August 13, 2025

No conocimos a nuestras abuelas y abuelos por culpa de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

12 de agosto 2025

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

La muerte nos hizo historia.

Somos los 45 Mártires de Acteal.

Somos los 4 bebés que fuimos despedazados dentro del vientre de nuestras madres.

Nos mataron pequeños e indefensos,

renacimos gigantes e inmortales.

Ahora somos fragmentos de luz

que impide que todo sea noche.

Nuestros mártires, nuestras hermanitas y hermanitos sacados con machetes del vientre de sus madres, ahora son semillas, ahora son retoños resurgidos en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Ahora, nosotras las y los jóvenes que junto a nuestros mayores y autoridades de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, hemos convocado esta conferencia de prensa, decididos a denunciar el crimen de Estado cometido aquí en Acteal, y sobre todo decididos a continuar caminando el Camino de la Paz y de la No-violencia, ese mismo camino que caminaron nuestras abuelas y abuelos masacrados por los paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó, por órdenes de Ernesto Zedillo Ponce de León y del Ejército mexicano, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.

Hoy confirmamos lo que siempre ha declarado nuestra organización, que nuestra lucha no se acaba, que nuestra organización no tiene límites, que, aunque nuestros mayores y mayoras, tal vez, ya no alcancen ver llegar la justicia verdadera, pero sí estamos seguros que nosotros los jóvenes y jóvenas, lograremos ver llegar esa justicia. ¿Y cómo sucederá eso? Pues, lo que ahora está sucediendo, que la juventud Abeja, va creciendo su conciencia y convicción de continuar la lucha por la justicia verdadera, por verdad, no olvido y la memoria de la Masacre de Acteal.

Las niñas y niños, los jóvenes y jóvenas hemos comprendido que es una vergüenza, lo que hizo la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de dar la orden de liberar a los paramilitares y que la mayoría de ellos con sentencia condenatoria quienes son los responsables materiales de la masacre de nuestras abuelas y abuelos, tías y tíos, primas y primos.

Para estos jueces de la mal llamada SCJN, argumentaron que, “hubo fallas en el debido proceso”, en cambio los testimonios de los testigos directos y la vida de nuestros familiares no tuvo importancia para ellos. Y lo volvemos a aclarar, los corruptos ministros de la “máxima casa de justicia”, sí, son corruptos, porque al liberar a los paramilitares, así encubrieron a los autores intelectuales de la Masacre de Acteal: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Gral. Enrique Cervantes, Gral. Mario Renan Castillo, Julio César Ruiz Ferro, entre otros y al Ejército mexicano, quienes son responsables por haber propiciado la masacre de nuestras abuelas y abuelos en Acteal, el día lunes, 22 de diciembre de 1997.

El día 12 de agosto, es un día que recordaremos para siempre, es un día en que los corruptos de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, liberaron a los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal; estos ministros serán recordados en nuestra historia verdadera, en la historia misma de los crímenes de lesa humanidad, sus nombres ya están pintados en nuestros comunicados, en nuestro libro, en nuestros videos, que son verdaderos cómplices de la impunidad en la Masacre de Acteal, quienes son cómplices de la corrupción e impunidad y resolvieron a favor los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

No conocimos a nuestras abuelas y abuelos por culpa de Ernesto Zedillo Ponce de León, por culpa de los paramilitares, por culpa del Ejército mexicano, por culpa de la guerra de contrainsurgencia.

No vamos a permitir que la muerte de nuestras abuelas y abuelos quede en el olvido, no dejaremos libre a Zedillo, ni a sus cómplices y ni a su ejército; estos criminales deben ser juzgados y castigados para que nunca más se repita otra masacre en México, como la de Acteal.

Del dolor que el mal gobierno nos causó al quitarnos a nuestras 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés ultrajados dentro del vientre de sus madres, brotará nuestra fuerza y motivo de continuar la lucha para que se haga justicia verdadera.

Los pasos que caminaron nuestras abuelas y abuelos en estas tierras dignas, ahora serán nuestros pasos que darán continuidad en la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz para nuestras comunidades.

También, hoy, le recordamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desde hace 10 años, el Caso 12.790, Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal), está en la etapa del informe de fondo, que hasta la fecha no lo ha emitido a pesar de solicitarle desde hace varios años y que por ello ha hecho que la impunidad se haya profundizado y escalado a una grave crisis de violencia generalizada en nuestra región, como por ejemplo: el asesinato de nuestro hermano Simón Pedro Pérez López y del Padre Marcelo Pérez Pérez, con la actuación lamentable del sistema de justicia mexicano, que no alcanza al sentido profundo de la justicia, que al contrario pretende encubrir a los autores intelectuales, a que las voces de quienes reclamamos verdad y justicia sean calladas, tal como es en la Masacre de Acteal, las ejecuciones de Simón Pedro y del Padre Marcelo, son por la falla del Estado, por la criminalidad desde funcionarios del gobierno mexicano.

La impunidad y complicidad del mal gobierno en la Masacre de Acteal, no sólo ha sido el gobierno de Zedillo responsable directo de dicho crimen, sino también de los gobiernos posteriores, así como el gobierno en turno que se pregona de izquierda, que ha permitido asesinatos de decenas de luchadores sociales y representantes de pueblos organizados; así mismo de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos. En especial nos referimos y condenamos el ataque directo a nuestra compañera Dora Robledo directora del Frayba y que no es la primera vez que las y los compañeros del Frayba hayan sido hostigados y amenazados de muerte. De este hecho le pedimos a la CIDH, condene y obligue al Estado mexicano de garantizar la vida de todo el equipo del Frayba y se realice una investigación sin pretextos a los responsables de dicho atentado.

Hoy las niñas y niños y los jóvenes y jóvenas que somos, tenemos una tarea por delante. Pedimos la fuerza y sabiduría de nuestras abuelas y abuelos masacrados para que crezcamos respetando su memoria y su sangre que derramaron por la paz. Y que la luz infinita en la que se han convertido nuestras 45 hermanas y hermanos y más los bebés, iluminen nuestro camino y nuestra conciencia.

Desde Acteal, en donde un día se oscureció la tierra y se ensordecieron las montañas por las balas asesinas de los enviados de la muerte, ahora la memoria y la esperanza que resplandecen en gigantes fragmentos de luz, nos solidarizamos con las y los niños palestinos y también con la gente adulta, con el Pueblo de Palestina, que están siendo exterminados, es la gran vergüenza de estos tiempos que vivimos, señalamos como uno de los primeros perpetradores por los gobiernos de Israel y de Estados Unidos. Somos pequeños, no tenemos el poder de detener la barbarie de este atroz genocidio contra el pueblo palestino, pero si nos unimos todas y todos a levantar la voz para que se pare el infierno en Palestina, podremos salvar la vida de mucha gente.

¡Verdad, No olvido y Justicia por la Masacre de Acteal!

¡Informe de fondo, Ya!

¡Alto al genocidio en Palestina!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y de la Esperanza.

Atentamente,

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.