“Se indica al quejoso que deberá comparecer ante la autoridad responsable ordenadora dentro de los tres días siguientes al que tenga conocimiento de la existencia del acto reclamado, para la continuación del proceso o procedimiento penal respectivo; en el entendido que dicho plazo iniciará a partir de que se tenga la certeza en autos de dicha circunstancia y sea notificado para tal efecto; asimismo, deberá comparecer ante la autoridad que haya emitido el acto reclamado, así como ante este órgano de control constitucional cuantas veces le sea exigido; con el apercibimiento que de no hacerlo se revocará la medida otorgada”, precisó la juzgadora.

“En el presente caso el agente del ministerio público al momento de solicitar la medida cautelar consistente en la imposición de prisión preventiva en contra de mi representado, tenía la obligación de justificar la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de la imposición de la misma, sin embargo, en el caso concreto la autoridad ministerial fue omisa no solo en justificar este punto toral de debate en audiencia, sino que además no invocó dato de prueba alguno”, afirmó su abogada, Gloria Guadalupe García Sandate.

“El mero hecho de señalar que por el delito es aplicable la prisión preventiva oficiosa no es suficiente para advertir con ello la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de la prisión preventiva que se le impuso, sin que esto sucediera, generando una violación a los derechos fundamentales de mi representado”.