Una organización civil demandó a cinco constructoras del Tren Maya por realizar las obras sin contar con todos los permisos ambientales y por daños en miles de hectáreas de selva, así como por la afectación de especies protegidas de fauna, como el jaguar y el puma, y por perjuicios a la cuenca hidrológica de la Península de Yucatán.
La demanda, ya aceptada a trámite desde el 13 de mayo por el juez federal Luis Alberto Ibarra Navarrete, exige a las constructoras el pago de 27 mil millones de dólares en concepto de reparación de todos los daños ecológicos.