En el documento, que hace referencia al informe sombra que familiares de víctimas de desaparición, organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas entregaron al CED, el organismo señaló que la ONU atraviesa por problemas “enormes en materia de financiamiento, de atención al cambio climático y de conflictos armaos y construcción e paz, como lo ha demostrado la imposibilidad de las potencias mundiales para poner un alto al genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza”, como para dirigir sus esfuerzos en las desapariciones en México.  

“Si la comunidad internacional y en particular la ONU, van a ocupar su atención, no debería ser para apuntar el caso de un país soberano que en los últimos años ha demostrado que puede, con el apoyo democrático de la mayoría del pueblo, ir trazando su propio camino hacia una sociedad más igualitaria, más justa y derechos para todos, no para unos cuantos”, declaró la CNDH.  

En el documento, el organismo minimiza la conclusión a la que llegarán los diez integrantes del CED, expertos seleccionados por representantes de los estados firmantes el tratado contra las desapariciones forzadas y que forman parte de la ONU sobre la situación de desapariciones en México, al señalar que “su opinión no representa lo que pueda opinar la comunidad internacional, y puede ser sujeta a debate y contraargumentos”.  

En lo que calificó como una explicación para que “el pueblo cuente con mayor claridad” de lo que significa la activación del artículo 34 del reglamento del CED, el organismo presidido por Piedra Ibarra señaló que esa medida, anunciada en abril de este año, “puede acarrear presión política para nuestro país desde perspectivas internacionales que no empaten con la realidad ni las necesidades nacionales”.  

Según la CNDH los argumentos de la CED para declarar el inicio del procedimiento “están relacionados con hechos y acciones gubernamentales previas a 2019”, en específico sobre “políticas de seguridad inadecuadas que imperaba durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, cuya gestión estuvo marcada por la mal llamada ‘guerra contra las drogas’, que fue el contexto facilitador del alza sin precedentes de las desapariciones en México en los últimos años”. 

Al omitir que la política de militarización de la seguridad pública llevada a cabo por Calderón se acentuó con Andrés Manuel López Obrador y que continúa con Claudia Sheinbaum, la CNDH apuntó que la situación de estados como Veracruz, Colima y Nayarit, mencionados como emblemáticos en el informe sombra entregado a la CED, “están fuertemente vinculados a los gobiernos estatales de personas priistas con dañada reputación política, algunos de ellos sentenciados por delitos graves”. 

Al quejarse de que en el CED no mencione el trabajo de la CNDH, el organismo salió en defensa de los gobiernos de la Cuarta Transformación al sostener que “las desapariciones forzadas no son consecuencia de una política de Estado como sí ocurría en el pasado, durante la llamada ‘guerra contra el narco’ y durante el periodo de violencia política conoció como ‘guerra sucia’”.  

El organismo informó que entre 2009 y 2025, registró 396 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas, acumulándose el 69.6% de los casos, 272 expedientes, entre 2009 a 2011, de los cuales 102 corresponden a 2011. 

Según la CNDH entre 2020 y 2025, durante los gobiernos de la 4T, “se han registrado 46 expedientes, esto es 11.6% de todas las quejas entre 2009 y 2025”. 

El organismo cuestionó que “esta tendencia a la baja no es ni siquiera considerada por el CED”, información que es consultable en la página web de la CNDH, en la que se advierte que “de los 396 expedientes mencionaos, 56.8% se abrieron por hechos ocurridos en cinco entidades: Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Chihuahua y Coahuila”, y que la mayoría de los casos ocurrieron entre 2009 y 2012, “en plena estrategia de seguridad fallida durante el calderonismo”.  

Al señalar que durante la gestión Rosario Piedra Ibarra se emitieron 21 recomendaciones por desaparición forzada “de casos actuales y de otros que estaban archivados y no se atendieron”, el organismo omitió mencionar que de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hay 133 mil 773 personas desaparecidas y no localizadas al 2 de octubre, y una crisis forense de más de 72 cuerpos sin identificar bajo resguardo de fiscalías. 

En su comunicado, la CNDH de Rosario Piedra insiste en rechazar el escrutinio internacional. 

“Desde la Comisión Nacional diferimos categóricamente de las posturas mediáticas que ignoran el trabajo de diversas instancias del Estado mexicano en los últimos años, y que creen que la intervención de agentes extranjeros es la ruta adecuada. Esta Comisión Nacional tiene claro que nos toca a todas y todos en México identificar los problemas nacionales, trazar rutas entre autoridades, instancias protectoras de derechos humanos y el Pueblo”, sentencia el comunicado.

Tras el reporte de la desaparición del policía, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda por tierra y aire. Durante la movilización, el agente fue localizado y rescatado por fuerzas federales.

Dos de los detenidos heridos fueron identificados como Jesús Ramón “N” y César Armando “N”. Uno de ellos se encuentra en estado grave y el otro estable; ambos fueron trasladados a recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del tercer detenido herido, ni se ha precisado el estado de salud del agente estatal.

En el lugar también fue asegurado un vehículo Toyota Corolla, en cuyo interior se encontró armamento. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado detalles sobre el tipo o cantidad de armas aseguradas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), confirmó la privación de la libertad del elemento estatal que se encontraba en su día de descanso.

“Se registró la privación de la libertad de un elemento de la Policía Estatal Preventiva que se encontraba en su día de descanso, por lo que se dio reporte de inmediato al Grupo Interinstitucional, activándose el Código Rojo. Posteriormente, se localizó, por el sector sur de Culiacán, una unidad como la denunciada en la que civiles armados se habían llevado al agente, dándole seguimiento”, señala el comunicado emitido por la SSPE.

Derivado de esta acción, añade, se registró un enfrentamiento sobre la avenida Álvaro Obregón entre presuntos agresores y personal militar, quienes repelieron la agresión y lograron detener a tres hombres, todos con lesiones. Uno de ellos fue neutralizado en el lugar.

Violencia en Sinaloa

Tras un día de saldo blanco, este jueves 2 de octubre se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Miguel Hidalgo, otra en la colonia Progreso, una más –un joven de 16 años– en el fraccionamiento Alturas del Sur, y una persona a la entrada de su casa en el Infonavit Solidaridad.

Se informa que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, derivado de la localización de una persona asesinada y atada en el Country Tres Ríos, en Culiacán.

También, un agente activo de la Policía Estatal Preventiva, murió tras resultar herido en un ataque a balazos en unas canchas de Aguaruto, Culiacán, donde hubo 3 personas más heridas.

Se informa también la localización de restos óseos en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán.

Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 19 nuevos robos de vehículos. Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 094 asesinatos y 2 mil 058 personas privadas de la libertad.

Establece que no procederá la suspensión cuando se pretenda continuar actividades que requieren permisos, autorizaciones o concesiones emitidas por autoridades federales que no se tengan o hayan sido revocadas.

Los jueces deben sopesar con cuidado si quien pide el amparo parece tener razón, además de valorar el interés social y el orden público.

También establece que no procederá la suspensión si esta permite actividades relacionadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo o si obstaculiza las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La suspensión provisional quedará explícitamente prohibida en casos de bloqueo de cuentas por la UIF.

Limita la ampliación de demanda de amparo únicamente cuando los nuevos actos no hubieren sido de conocimiento con anterioridad a la presentación de la demanda inicial. Y establece el plazo de cinco días para notificar la resolución de admisión del recurso de revisión a partir de su emisión.

“Ley del desamparo”

En la presentación del dictamen ante el pleno, Javier Corral destacó que la reforma fue fruto de un trabajo legislativo, informado y plural, que fortalece el juicio de amparo sin desnaturalizarlo ni sacrificar las garantías.  Destacó que el documento refleja la deliberación que hubo a través de dos audiencias públicas los dos días anteriores.

Corral resaltó que la reforma define con mayor precisión el interés legítimo y evita demandas basadas en intereses abstractos sin cerrar la puerta al acceso a la justicia de colectivos que acrediten afectaciones efectivas.

Argumentó que la suspensión se mantiene como instrumento de protección, pero se establecen límites en casos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública.

Su compañero de bancada Enrique Inzunza, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que al establecer reglas más precisas para la suspensión del acto reclamado se busca impedir que la suspensión sea utilizada para mantener prácticas ilícitas o privilegios indebidos.