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Mujeres en prisión enfrentan falta de acceso a la educación; al ser liberada, Selene encontró una esperanza hacia la reinserción

El modelo carcelario en México está pensado y hecho para varones, por lo que las mujeres privadas de la libertad enfrentan diferentes formas de marginación, una de ellas es la dificultad para acceder a la educación. Muchas veces dependen de la generosidad de otras personas, como le pasó a Selene, para completar sus estudios.

Para Selene, haber perdido la libertad después de estudiar solo hasta la secundaria significó no poder continuar con su formación educativa en reclusión como una vía hacia la reinserción.

Para la mayoría de mujeres privadas de la libertad, el acceso a programas educativos es muy limitado. La organización La Cana señala que al representar las mujeres solo el 5.7 % de la población penitenciaria, todas las actividades que llegan a los reclusorios están destinadas principalmente a hombres.

Esto, pese a que la mayoría de ellas llega a prisión con un nivel educativo bajo, pues, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2025, el 40.3 % de las mujeres y 38.3 % de los hombres habían cursado secundaria como máximo nivel educativo.

Cuando finalmente obtuvo su libertad en 2017, luego de 2 años y 4 meses en reclusión en Ecatepec y Neza Sur, la fortuna de Selene cambió: una persona se ofreció a financiar su bachillerato con especialidad técnica en enfermería, lo que ahora le da la posibilidad real de tener una fuente de ingresos y cambiar su vida tras haber sido liberada.

Los estudios, recuerda, los dejó desde que se embarazó a los 17 años. Desde entonces sabía que quería ser enfermera, y tenía certeza de que debía seguir estudiando, pero no se pudo.

Recuerda que cuando le llegó la llamada de una de las socias de La Cana para decirle que alguien quería pagar sus estudios, lloró de la emoción, y mientras lo cuenta se le vuelven a llenar los ojos de lágrimas.

Sabía que primero tenía que terminar el bachillerato, y tuvo la oportunidad de que fuera junto con enfermería. “De hecho, tiene unas semanas que terminé mi servicio social, y pues ya nada más estoy en espera de empezar el trámite para mi cédula y ya. Así fue como empecé yo a estudiar”, relata.

Recibió el pago de colegiaturas, material y todo lo necesario. Tres años, más uno de servicio, los dedicó a concluir sus estudios. Y durante prácticamente cuatro años La Cana la apoyó para tener un trabajo y generar un ingreso, pues por la necesidad de mantener a su hijo, no podía quedarse solo estudiando.

Cuando recién supo que estaba embarazada, dice volviendo al momento en que abandonó los estudios, recuerda que incluso su mamá le insistía en que fuera, pero a ella le daba pena. Después, ya en reclusión, aunque había algunas oportunidades, “no eran al 100 %”, confiesa.

A veces, dice, los espacios no eran para todas o tenían ciertos límites. En lo personal, ella sentía que el aprendizaje no sería bueno, porque no era la misma calidad que una escuela en el exterior. Por otro lado, el certificado se expide con la acotación de que los estudios se realizaron en un centro de reclusión, lo que sabía que podía dificultarle el acceso al mundo laboral.

“Esas tres cosas hicieron que yo también, en reclusión, no terminara la prepa, por ejemplo”, admite. “Y quiero seguir estudiando, me quiero aventar la licenciatura, me quiero aventar una especialidad, maestría y hasta donde pueda, ¿no?”, cuenta entusiasmada.

Sus jornadas llenas de estudio y trabajo se notan incluso en la entrevista: está afuera de un hospital sosteniendo un teléfono y buscando el lugar con mejor señal para poder continuar con la videollamada. Ahora, dice, se da cuenta de que la realidad laboral es dura, se paga poco y se requiere una mayor especialización.

“Me gusta más el lado de geriatría. Me gusta mucho cuidar y trabajar con pacientes geriátricos, pero también me gusta el lado de psiquiatría. Yo hice mi servicio social en un hospital psiquiátrico y la verdad es que me enamoré totalmente de esa especialidad. O sea, me encantó trabajar con pacientes psiquiátricos. Eran puras mujeres en el psiquiátrico donde yo estaba”, cuenta sobre sus sueños más específicos.

Todavía faltan muchas cosas por hacer, reconoce, pero está muy motivada y conmovida luego de que alguien decidió, de manera desinteresada, pagar por sus estudios.

“Sentí bonito que una persona que no me conocía absolutamente nada se ofreció a ayudarme y a cumplir el sueño que no realicé a cierta edad. Yo empecé a estudiar ya grande”, dice.

Selene tiene 38 años. Cuando empezó a estudiar, recuerda, tenía meses de haber perdido a un hijo que falleció de un año 4 meses, lo que también influyó en querer estudiar enfermería. Él tenía una cardiopatía, y siempre anduvo de hospital en hospital para cuidarlo.

Le platicó su historia a la persona que se había ofrecido a financiarla, un poco de su niñez, adolescencia, cómo cayó en reclusión, lo que había pasado con su bebé y otros aspectos de su vida. Era una persona que también había recibido ayuda para sus estudios, y decidió hacer lo mismo por Selene.

Ahora sabe que los estudios son muy necesarios para una verdadera reinserción. No significa solo la entrada al ámbito laboral, sino que a partir de eso ha cambiado por completo su manera de pensar, sus actitudes, una perspectiva más madura, y también el círculo con el que se ha empezado a relacionar. “Te ayuda contar con la oportunidad de tener estudios y una educación”, sostiene.

Dificultades en el acceso a la educación para mujeres privadas de la libertad

El hecho de que la mayoría de los reclusorios estén pensados y diseñados para hombres ya abre, de por sí, una brecha de género muy grande para las mujeres privadas de la libertad, y esto suele agravarse por las condiciones en las que ellas experimentan la reclusión.

“Los hombres incluso tienen naves industriales, aulas escolares, biblioteca, mucho más espacios para la educación y la capacitación laboral, mientras las mujeres prácticamente tienen pocos espacios, al menos los centros penitenciarios que conocemos”, precisa Raquel, de La Cana.

“Hay penales para mujeres que tienen esta área educativa y talleres de capacitación laboral, pero son los menos”, apunta. Además, se enfrentan a la falta de espacios dignos, a un bajo nivel de inscripciones y a la dificultad de que los niveles de estudio en cada mujer son distintos.

Algunas de ellas, por ejemplo, no saben si quiera leer y escribir, otras tienen la primaria, unas más llegaron hasta la secundaria o el bachillerato, y un porcentaje muy reducido ha accedido alguna licenciatura o ya la tenía.

“Desde nuestra experiencia, falta muchísimo que hacer para tener buena educación en prisión, y desde luego el tema de educación; como que la gente en México piensa y aplaude, y festeja mucho el que hayan encontrado y detenido a la banda que roba en tal zona y demás, pero nadie se preocupa por qué pasa dentro de las cárceles, y qué pasa una vez que salen”, explica.

Si no reciben herramientas cuando están privadas de la libertad para cambiar, aprender, generar habilidades y herramientas distintas, probablemente egresen en peores circunstancias de las que tenían cuando entraron, apunta, por lo que es indispensable poner el foco de atención en ese aspecto.

“Para empezar, a una persona privada de la libertad, y sobre todo a una mujer, el Estado y la sociedad les falló. Son mujeres que vienen de contextos muy complejos, de muchísimo abandono, de muchas carencias, pobreza, abusos, violencia; si entiendes ese contexto, en dónde estaba el Estado, en dónde estaba la sociedad cuando a esa niña la vendieron, cuando esa niña estaba en situación de calle, quién la protegió a ella”, cuestiona.

Señala, además, que pese a que existe una Ley Nacional de Ejecución Penal para estandarizar lo que debe entenderse y aplicarse para las personas privadas de la libertad, los derechos que tienen, cómo se aplican y cómo deben respetarse, está pendiente la aplicabilidad local de la legislación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Detienen a dos hombres por feminicidio en Jalapa del Marqués, Oaxaca

La víctima fue interceptada por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes la agredieron con disparos de arma de fuego, dejándola lesionada en el lugar, donde fue auxiliada y trasladada a un hospital donde perdió la vida a consecuencia de este ataque.

A un mes y cinco días del asesinato de Isabel Q. M., fueron detenidos J.A.R.S., alias “Ricoy” y S.Z.M., alias “Zamora” por el delito de feminicidio cometido en el municipio de Jalapa del Marqués en la región del Istmo de Tehuantepec, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO). 

Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2025, cuando la víctima -una mujer identificada por las iniciales I.Q.M.- caminaba sobre la calle Tercera Norte del Barrio Juárez, perteneciente al municipio de Santa María Jalapa del Marqués.

La Fiscalía precisó que, como resultado de los trabajos derivados de la activación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, fueron detenidos J.A.R.S., alias “Ricoy” y S.Z.M., alias “Zamora”, probables responsables de quitarle la vida con a una mujer, luego de una agresión a balazos. 

La víctima fue interceptada por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes la agredieron con disparos de arma de fuego, dejándola lesionada en el lugar, donde fue auxiliada y trasladada a un hospital donde perdió la vida a consecuencia de este ataque. 

Cuando la FGEO tomó conocimiento de los hechos, se iniciaron las investigaciones con perspectiva de género, bajo la coordinación de la Vicefiscalía Regional del Istmo, actuación inmediata que permitió obtener las órdenes de aprehensión contra los probables autores materiales. 

Luego de implementar un operativo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dieron con el paradero de J.A.R.S., alias “Ricoy” y S.Z.M., alias “Zamora”, quienes fueron detenidos la mañana del 24 de septiembre de 2025, por lo que quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Gobierno prepara reforma a la Ley de Aguas Nacionales; busca regular concesiones

De acuerdo con la presidenta, se busca imponer “las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tiene”, ya que encontraron 58 mil 938 inconsistencias en títulos de concesión.

El Ejecutivo federal enviará al Congreso la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y se avance en una Ley General de Aguas, entre los objetivos está regularizar las concesiones y, en especial, que se evite su venta entre particulares para lucrar con el suministro entre la ciudadanía.  

“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país. Y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. Ese es quizá el más importante, la más importante de las modificaciones a la Ley”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que se busca imponer “las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tiene”, por lo que este lunes se envían propuestas tanto la Ley General y la Ley de Aguas Nacionales que tendría esta modificación. 

Efraín Morales, director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que lo que se pretende normar es “acabar con este mercado negro y que esta agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación, para que sea la nación la que determine la viabilidad de otorgar estos títulos”.  

Añadió que también analizan un nuevo capítulo de delitos hídricos en estos casos dado que las sanciones que se tienen actualmente no inhiben las conductas.  

 “Lo que ocurre regularmente es que se clausura un espacio o se retira cierta infraestructura y con el paso del tiempo se pagan las sanciones, porque es muy económico, y se vuelven a instalar estos negocios que lo que generan es un abuso en la extracción del agua para realizar, digamos, una venta de este servicio”, ejemplificó.  

El gobierno federal buscará incrementar las sanciones que podrían llegar, en algunos casos hasta la extinción de dominio, cuando haya reincidencias en la comisión de delitos.  

La presidenta dijo que hay quienes tienen una concesión de agua para riego y no paga nada a la Conagua, no la usa en cierto tiempo y la vende a otro particular o hay otros casos en donde se hizo una transmisión de un título de concesión a otro particular y solo dan aviso a la autoridad. 

“La propuesta en la ley: ¿Ya no usas tu concesión?, se la tienes que regresar necesariamente al Estado. Y el Estado es quien puede concesionar nuevamente esa agua; ya no hay transmisión entre particulares. Entonces es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país”.  

Buscarán que ahora sea el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares.  

Con el Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua revisaron 482 mil 14 títulos de concesión de los 536 mil que se tienen registrados, en los que se encontraron 58 mil 938 inconsistencias entre las que se encuentran: 29 mil 539 títulos con falta de certeza en la fecha de vencimiento; 197 concesiones con registro de uso público urbano utilizadas por particulares; 272 títulos de uso agrícola utilizados para otros fines. 

Además de 18 mil 753 casos con coordenadas de ubicación erróneas y presunta falsificación o duplicidad de títulos. Estas inconsistencias que son revisadas con el Programa de Inspección ya acumulan 3 mil 912 visitas, así como 490 clausuras y suspensiones. 

El gobierno federal incrementó 2 mil 938 millones de pesos la recaudación, ya que pasó de 19 mil 410.9 millones de pesos en agosto de 2024 a 22 mil 349.3 mdp en agosto de 2025, es decir, 15 por ciento más, por lo que llama a los usuarios con deudas en la Conagua a realizar sus pagos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Cártel de Sinaloa está detrás de estrategia para exhibir a funcionarios de Morelos: Urrutia

El secretario de Seguridad estatal fue cuestionado sobre la autenticidad del video difundido el pasado 19 de septiembre que involucra a diputados y alcaldes de Morelos con el crimen organizado.

Integrantes del Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, están detrás de la estrategia para exhibir, mediante videos, a la clase política de Morelos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, reveló el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia.

Tras un análisis especializado, detalló que los materiales son “auténticos y no fueron creados con inteligencia artificial”.

En conferencia de prensa para dar seguimiento a temas de seguridad, el funcionario fue cuestionado sobre la autenticidad del video difundido el pasado 19 de septiembre, en el que se menciona a un personaje llamado Javier Chávez —y que en algunas publicaciones en redes sociales se relacionó con Javier García Chávez, jefe de la gubernatura—, situación que motivó que el funcionario presentara denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra páginas de Facebook, medios y periodistas, por considerar que se estaba difamando a los involucrados debido a que en el video no se hace referencia a su persona.

En ese mismo video se menciona al senador de la República Ángel Yáñez, al diputado federal Agustín Alonso y al diputado local Francisco Sánchez Zavala, los tres últimos de la zona oriente de Morelos, por presuntos vínculos con grupos delincuenciales.

Urrutia aseguró textualmente sobre este material: “El video es auténtico, no fue generado con inteligencia artificial, y podría estar situado en al menos uno de los dos municipios de la zona oriente, frontera con el Estado de México”.

Señaló que este video estaría vinculado con un primer material hecho público el 18 de febrero de 2025, también en la zona oriente del estado. Ese primer video documentó una reunión entre un posible líder delictivo y actores políticos días antes de la elección del 2 de junio de 2024. Respecto a los involucrados, indicó que en el segundo video se observa a los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, reunidos con el líder delictivo identificado como Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”.

“Como es un tema que ya traía la FGR del primer video y se aprecia que se está hablando de la misma situación en este segundo video, por eso creo que la denuncia ante la Fiscalía General de la República es la correcta”, dijo Urrutia.

 Añadió que “la Policía Cibernética de la Guardia Nacional es una de las más especializadas del país, con el triple de capacidad que nosotros tenemos en la unidad cibernética de la SSP Morelos”.

Sobre la posible autoría, indicó que todo apunta a que “podría coincidir con el grupo delictivo Cártel del Pacífico, que aquí se hacen llamar “Los Sinaloas”.

 Precisó que, debido a las disputas internas, “en Sinaloa todo mundo se dice Sinaloa, cuando hay dos grupos: el del Mayo Zambada, actualmente preso en Estados Unidos, y el de los hijos de El Chapo, ambos denominados Cártel del Pacífico”.

Urrutia afirmó que la administración pasada, encabezada por el entonces gobernador y hoy diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, permitió que creciera la actividad delictiva en la zona oriente, donde los grupos delictivos lo tomaron como una zona fértil para la extorsión y otros delitos.

“El vacío y la impunidad de la anterior administración hicieron que la zona oriente fuera un botín de guerra en la extorsión, y ahí se da un rompimiento entre dos grupos: el Cártel del Pacífico y el Cártel Unión Tepito, que también tiene nexos con el Estado de México con el Cártel Nuevo Imperio”, apuntó.

Sobre la versión que señala a Homero Figueroa, alias La Tripa, como autor del video, Urrutia explicó que “no nos cuadra con la investigación que está llevando la FGR”, aunque reiteró que se trata de una indagatoria en proceso.

Finalmente, el secretario subrayó la importancia de los principios legales: “Debemos tener presente que, de acuerdo con el artículo 20 constitucional, se tiene la presunción de inocencia de los posibles aludidos, y toda acción de autoridad debe respetar estos derechos mientras se realizan las investigaciones correspondientes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Corte revisará si fue legal la liberación de exfuncionario imputado por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu

La Suprema Corte deberá resolver si en los juicios por desaparición forzada se aplican criterios probatorios internacionales o nacionales, luego de que un tribunal de Oaxaca liberó a un exfuncionario condenado por la desaparición de la defensora Claudia Uruchurtu.

Luego de que en agosto pasado el Poder Judicial de Oaxaca anuló la sentencia condenatoria emitida contra un exfuncionario público municipal, por la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz (crimen cometido en marzo de 2021), ahora tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evaluar si la resolución de los tribunales oaxaqueños viola las leyes nacionales o los estándares internacionales en la materia, reconocidos por el Estado mexicano.

Tal como explicó el abogado José Juan Julián Santiago –integrante de la organización no gubernamental Defensores Por la Justicia, que brinda acompañamiento legal a la familia de Claudia Uruchurtu–, el pasado 8 de septiembre, el Poder Judicial de la Federación admitió un recurso de revisión en contra de la liberación del exfuncionario público, en el que se pide a la Suprema Corte determinar con exactitud cuáles son los criterios válidos para el análisis de pruebas en los casos de desaparición forzada, ya que, a la fecha, en el marco jurídico mexicano existen al menos dos criterios que son contradictorios entre sí.

Debido a esta duplicidad de criterios, detalló el abogado, fue exonerado en agosto de 2025 el exfuncionario público que en 2023 fue hallado culpable por la desaparición de Uruchurtu.

Cuando este exfuncionario público fue inicialmente hallado culpable por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, el juzgado que lo sentenció aplicó criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya jurisdicción es reconocida por el Estado mexicano), según los cuales, para la desaparición forzada “el estándar probatorio debe ser atenuado, flexible y atendiendo fundamentalmente a la prueba indiciaria, circunstancial y presuncional”.

Eso quiere decir que, a diferencia de otros delitos, en el caso de la desaparición forzada puede determinarse la culpabilidad de un imputado, sin que necesariamente existan pruebas directas de su participación en los hechos, siempre que se cuente con un conjunto de evidencias indirectas que, al correlacionarse, generen convicción sobre la responsabilidad del acusado.

Esto responde al hecho de que la desaparición forzada es cometida por agentes del Estado, los cuales cuentan con medios para eliminar las pruebas directas de su participación en los crímenes.

Siguiendo estos criterios, el primer juzgado que revisó el caso contra este exfuncionario determinó que, aunque no existía una prueba directa de su participación en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, sí había pruebas indirectas suficientes en su contra, como la confesión de otro implicado en los hechos y evidencias de que en el delito fueron empleados vehículos y personal municipal controlados por el imputado.

No obstante, la sentencia condenatoria emitida contra dicho exfuncionario público en 2023 fue anulada en agosto de 2025 por un Tribunal Colegiado de Oaxaca que aplicó un criterio contrario a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana, según el cual, en el delito de desaparición forzada sí debe seguirse “un estándar probatorio alto”, es decir, basado exclusivamente en pruebas directas.

Por esta razón, en su recurso de revisión, la familia de Claudia Uruchurtu solicitó a la Corte hacer obligatoria la aplicación de los estándares internacionales de valoración de pruebas en los casos de desaparición forzada juzgados en México y, por lo tanto, dejar sin efecto la resolución que puso en libertad al exfuncionario imputado por la desaparición de la defensora de derechos humanos.

“El primer acuerdo, que es el de la admisión, ya nos fue notificado –detalló a su vez la abogada Laura Morales, también representante de la agrupación Defensores Por la Justicia–, ahora estamos en espera de que se emita un auto de radicación, para que el expediente sea turnado a la ponencia de alguno de los ministros de la Suprema Corte, que deberá desarrollar un proyecto de resolución que habrá de revisarse y votarse en el pleno, lo que deberá ocurrir en los próximos meses”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

En medio de protestas por ataque en el CCH Sur, SEP declara “cero tolerancia” a violencias en el bachillerato

La Secretaría de Educación Pública indicó que la declaratoria prioriza la igualdad y enfatizó la necesidad de revisar lo que ocurre al interior de escuelas, no solo desde el punto de vista académico, sino también en la forma de convivencia.

Tras el asesinato de un alumno en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, que ha dejado protestas estudiantiles en exigencia de mayor seguridad en los planteles, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó este miércoles la  Declaratoria de “Cero Tolerancia” a las violencias ejercidas contra adolescentes y jóvenes en planteles de Educación Media Superior.

Autoridades señalaron que con esto, se busca “garantizar espacios seguros, libres de agresiones y con perspectiva de género”.

Dicha declaratoria ocurre tras dos días de movilizaciones por el ataque en el que un alumno del CCH Sur perdió la vida a manos de otro estudiante.

En un evento en el  Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 35 “Leona Vicario”, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subrayó que esta medida representa un nuevo punto de partida para erradicar cualquier forma de violencia en los entornos educativos: “Venimos a declarar que cada adolescente, cada joven, cada mujer habitará espacios donde su dignidad es sagrada”, afirmó.

Acompañado por la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, Delgado puntualizó que la declaratoria no solo protege el derecho a la vida, la paz y el desarrollo de los estudiantes, sino que también señala la “cero tolerancia” al silencio institucional frente a las agresiones.
Las autoridades detallaron que la Declaratoria busca ponerle fin a conductas como el acoso y hostigamiento sexual, el contacto físico sin consentimiento, las humillaciones, la difusión de material sexual o rumores, condicionar calificaciones o apoyos a favores sexuales; así como cualquier forma de agresión física, psicológica o digital. 

Además, promueve la cultura de paz mediante la participación activa de toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, familias y personal administrativo.

El titular de la SEP enfatizó la necesidad de revisar lo que ocurre al interior de las escuelas, no solo desde el punto de vista académico, sino también en la forma en que nos relacionamos y convivimos.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, recordó a las estudiantes que pueden recibir asesoría y acompañamiento en casos de violencia de género a través de la Línea 079.

Marchan por asesinato de estudiante en el CCH Sur

Este miércoles se llevó a cabo la  “marcha silenciosa por la paz” de estudiantes y padres de familia la cual llegó a la Torre de Rectoría de la UNAM. A su arribo y durante el trayecto, las y los manifestantes rompieron el silencio para gritar y a golpes de cacerolazos exigieron justicia por el asesinato de su compañero Jesús, y mayor seguridad para los alumnos.

La movilización inició pasadas las 14:00 horas y, a través de pancartas, los manifestantes exigieron acciones concretas para frenar la violencia y garantizar su seguridad. Una hora antes, las y los alumnos realizaron un mitin a la entrada del plantel e instalaron un altar para su compañero.

“¿Cómo hablará mi espíritu si están matando a mi raza?” “¡Queremos salir graduados, no en prensa!” “No me quiero morir en CCH Sur”, decían algunas de las consignas.

Esta es la segunda movilización consecutiva de la comunidad estudiantil, tras el ataque al interior del CCH Sur. En la primera, entregaron dos pliegos petitorios, uno de los alumnos y otro de una comisión de padres y madres de familia. Ambos contenían demandas relacionadas con la seguridad dentro y alrededor del plantel, así como a la atención de la salud mental de las y los alumnos.

Tras revisar las peticiones, autoridades de la UNAM tuvieron una reunión y acordaron:
  • Iniciar la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y las personas trabajadoras del plantel.
  • Proponer medidas adicionales de control y acceso y mejoras a la infraestructura de seguridad del plantel
  • Implementar y reforzar de manera inmediata estrategias de apoyo psico-social.
¿Qué pasó en el CCH Sur?

Este lunes 22 de septiembre un alumno ingresó al plantel y agredió con un arma blanca a otro estudiante y a un trabajador. El joven estudiante falleció, mientras que el trabajador fue trasladado a un hospital tras recibir atención médica.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el agresor intentó huir, subió a un edificio y se lanzó, resultando con fracturas en ambas piernas.

Las autoridades del CCH entregaron al estudiante a la custodia policial, y se encuentra hospitalizado, pendiente de ser puesto a disposición del Ministerio Público.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tras disculpa fallida por caso de desaparición, Gobierno de Jalisco pide perdón por segunda ocasión

La primera disculpa fue calificada por las familias como una “simulación” y un mero "trámite" que no implicó una disculpa sincera, ni dignificó a las víctimas ni abonó al ejercicio del derecho de la reparación integral del daño.

Corrige el gobierno del estado de Jalisco la plana en disculpa pública fallida que emitió por un caso de desaparición. La autoridad del gobierno local ofreció una segunda disculpa pública a las familias de cuatro personas desaparecidas en septiembre de 2010, después de que la primera, realizada el pasado 14 de agosto, fuera considerada insatisfactoria. 

La disculpa se dirigió a las familias de Dalia Guadalupe Cruz, Luis Ramón Enciso, Bernardo Sedano y Emilia Carolina Naranjo, quienes desaparecieron en 2010. La disculpa es parte de la Recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que encontró graves fallas en la investigación por parte de las autoridades estatales.

A diferencia de la anterior ocasión está vez sí se pronunció la palabra “disculpa” y fue el gobernador de la entidad, Pablo Lemus quien ofreció lo que llamó una “sincera disculpa” por las “omisiones” y acciones cometidas por el Ejecutivo Estatal y la Fiscalía del Estado, por violaciones a derechos humanos. 

“Quiero que se escuche fuerte en Jalisco y en todo México, no hay lugar para la soberbia. La humildad, la solidaridad, la sensibilidad y la empatía deben de marcar el actuar de todo funcionario o funcionaria pública en Jalisco y en todo México”, aseveró 

La primera disculpa fue calificada por las familias como una “simulación” y un mero "trámite" que no implicó una disculpa sincera, ni dignificó a las víctimas ni abonó al ejercicio del derecho de la reparación integral del daño. 

En este segundo intento, el gobernador Lemus asumió la responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos, reconociendo el dolor causado por "la falta de respuesta" e "injusticia" que las familias han sufrido por más de una década. 

Sin embargo, para las familias, la herida sigue abierta; los familiares de las víctimas, como Natividad Guerrero (madre de Valeria Guadalupe Cruz Romero) y Michelle Sedano (hija de Bernardo), expresaron su dolor y reprocharon la revictimización que han sufrido. 

“Preocupa la grave situación que seguimos enfrentando todas las familias de personas desaparecidas. Las autoridades se dicen rebasadas y nuestros casos son vistos como una carga, como un expediente más”, reprochó. 

Diego Enciso, quien tenía solo 3 años cuando sus padres Dalia Guadalupe y Luis Ramón desaparecieron, habló del "vacío enorme" y la ausencia que "no se olvida". Por su parte, Michelle Sedano compartió que "crecer sin él (su padre Bernardo Sedano) ha sido como caminar con una parte del corazón vacía". 

Natividad Guerrero cuestionó duramente las omisiones y el trato revictimizante, calificando la disculpa como "lo mínimo que se puede hacer". Su voz resonó la preocupación de miles de familias que se sienten ignoradas por las autoridades. 

En esta ocasión se permitió que colectivos y asociaciones pronunciará un mensaje. Tanto organizaciones como la CNDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas enfatizaron que, aunque la disculpa es un paso, no es suficiente para reparar el daño. 

Subrayaron la necesidad de una verdadera justicia, sin repetición y con un trato digno para las víctimas, especialmente considerando que en Jalisco hay casi 16 mil personas desaparecidas. 

La señora Natividad Guerrero instó al Gobierno de Jalisco a trabajar en la consolidación de políticas públicas y acciones que garanticen la protección de las víctimas de desaparición. 

A pesar de que Lemus Navarro prometió apoyo a las familias, organizaciones como el CEPAD y la ONU señalaron que esto no es suficiente. 

Anna Karolina Chimiak, Codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), destacó la perseverancia de las familias y su firmeza en la lucha por la verdad, justicia y memoria; y que este acto marque un precedente y un compromiso de la no repetición en un futuro por parte de las instituciones. 

Las víctimas indirectas de estas desapariciones recordaron que ninguna disculpa puede llenar la angustia de la incertidumbre. El verdadero compromiso debe traducirse en mejoras institucionales, acceso a la verdad, justicia y, sobre todo, un trato digno para las víctimas. 

En Jalisco, la cifra de casi 16 mil personas desaparecidas subraya que el camino hacia la justicia es todavía largo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Contraloría Autónoma del Agua demanda abrogación de Ley de Aguas Nacionales en lugar de reforma

“Nos ha sorprendido la insistencia en defender la ley salinista, en imponer megaobras hidráulicas que llevarían agua a ciudades llenas de fugas, en preferir “acuerdos” superficiales con grandes usuarios a la vez que se cierra la puerta a las necesidades de los pueblos”, recalcó la organización.

La Contraloría Nacional Autónoma del Agua reprobó el anuncio que hizo en la mañanera de este miércoles Efraín Morales López, director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de una reforma a la Ley de Aguas Nacionales para fortalecer la rectoría del Estado sobre el recurso y a la vez crear una Ley General de Aguas para reglamentar el derecho humano al vital líquido. 

En un comunicado, la organización, conformada por investigadores, ciudadanos, comunidades y colectivos defensores del derecho del agua, celebró que el funcionario haya hablado de corregir las irregularidades en el sistema de concesiones de aguas nacionales, pero advirtió que eso sólo se logrará con la abrogación de la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), de origen salinista.

“Como fue ampliamente expresado y fundamentado en cada uno de los 13 foros de “consulta” mencionados por el Director General (de Conagua), el agua es una: no se puede proteger los derechos y usos hidrocráticos del agua en una ley (la LAN), y pegarle otra, que reduciría el “derecho humano al agua” a un servicio municipal, medible en litros por persona por día”, reclamó la agrupación. 

Además, expuso su preocupación por la propuesta de reformar la LAN para reemplazar el libre mercado del agua, vigente en la actualidad, por la rectoría del estado, sin la participación ciudadana directa que mandata la Constitución. 

Agregó que esta preocupación tiene especial fundamento por el desarrollo que ha tenido el “Acuerdo Nacional” con el cual la Conagua en vez de poner orden sobre “el desastre” generado por la Ley de Aguas Nacionales, creó un esquema de acuerdos “en corto”, que conserva el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, la especulación y la impunidad fiscal. 

En ese “Acuerdo Nacional”, refirió que la dependencia ha obtenido la “donación temporal” de volúmenes de uso agrícola por parte de Distritos de Riego cuyas concesiones fueron sobredimensionadas desde su inicio. 

“Una gran parte de los “donativos temporales” de usos industriales y de servicios son para volúmenes que más bien deben de ser caducados por la falta de pago de derechos”, explicó. 

La Contraloría Nacional Autónoma del Agua recordó que desde la legislatura LXIV, se estableció el compromiso para desmontar el andamiaje del neoliberalismo y como parte de ello hubo un consenso para generar la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, que fue respaldada en comisiones en el Senado y la Cámara de Diputados para reemplazar a la LAN. 

“Nos ha sorprendido la insistencia en defender la ley salinista, en imponer megaobras hidráulicas que llevarían agua a ciudades llenas de fugas, en preferir 'acuerdos' superficiales con grandes usuarios a la vez que se cierra la puerta a las necesidades de los pueblos”, recalcó la organización. 

Agregó que los investigadores, comunidades, pueblos y organizaciones agrupados en esa Contraloría Nacional, así como en contralorías locales, vuelven a ofrecer al gobierno federal su apoyo para enfrentar el reto de corregir el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la corrupción en el manejo del agua, y que eso sólo podrá hacerse a través de “procesos ampliamente participativos, cuenca por cuenca y acuífero por acuífero, en todo el país”. 

A la vez, expresó su rechazo “a cualquier intento de ejercer un apartheid hídrico, en donde los “derechos” de los grandes usuarios son protegidos por una ley, y el derecho humano al agua se buscaría cumplir con otra ley, con lo que sobra”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Caso Ayotzinapa: expertos del GIEI, dispuestos a regresar a México si el Ejército abre sus archivos

Ángela Buitrago confirma a Proceso la voluntad del grupo de retomar el caso Ayotzinapa. La condición clave es: acceso total a la información militar. A su vez, padres de los 43 exigen a Sheinbaum que permita su regreso y no traer a nuevos expertos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó durante años la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, está dispuesto a regresar a México a retomar el caso si las autoridades le permiten acceder a toda la información que recopiló el Ejército sobre ese crimen ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En declaraciones a Proceso, en vísperas de que se cumpla el 11 aniversario de ese crimen, Ángela Buitrago señala que su regreso también dependerá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), entidades que le dieron al GIEI el mandato para coadyuvar con las autoridades mexicanas para investigar y esclarecer la desaparición de los estudiantes.

La abogada y exministra de Justicia de Colombia dice que, aunque habla a título personal, sabe que los expertos que formaron parte del GIEI tienen un compromiso con los padres de los normalistas y con los mexicanos para contribuir en el esclarecimiento de ese crimen de lesa humanidad cometido por autoridades y delincuentes hace 11 años en Iguala, Guerrero.

Padres de los 43 valoraron la disposición de Buitrago de regresar a México a retomar las investigaciones –siempre y cuando tengan acceso a los archivos del caso que se ha negado a proporcionar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, y pidieron a Sheinbaum permitir que se aproveche el conocimiento adquirido por los expertos del GIEI durante años para esclarecer la desaparición de los normalistas.

Doña Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, plantea: 
Como madres y padres queremos que los expertos del GIEI regresen y que les den las herramientas para trabajar, pues, y que les entreguen los documentos que hacen falta, porque, si no, ¿cómo?
Mario González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, expresa. “Los expertos tienen nuestra confianza, Ángela María (Buitrago) y los otros, porque son los únicos que han logrado avances y que no han caído en contradicciones, y esto lo vamos a exigir otra vez, que regresen, que los queremos aquí”.

La solicitud para que el GIEI regrese a México fue planteada a la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de septiembre último por los padres de los 43 estudiantes, quienes sostuvieron una reunión con la mandataria para evaluar los pasos que debe seguir la investigación, que desde julio último está a cargo del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, tras la separación de Rosendo Gómez de ese cargo, en medio de acusaciones de peculado y extorsión.

Un día después, Sheinbaum dijo en la mañanera que le había solicitado a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hablar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ver si es factible buscar expertos “en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se está haciendo bien la cosas”.

La mandataria aseguró que los padres de los 43 “han estado insistiendo en que se incorporen grupos de expertos en la investigación” pero “ya no es el GIEI que había antes, porque tuvo sus problemas, todos sabemos qué problemas tuvo, y, además, muchos de ellos ya ni siquiera están interesados en regresar a la investigación”.

Buitrago sostiene que sí está dispuesta a regresar a México para retomar la investigación del caso Ayotzinapa, y sabe que varios de sus compañeros también lo harían si pueden compatibilizar su participación en el caso con sus compromisos laborales actuales y si la presidenta ordena al Ejército abrir los archivos que le negó a los padres de los 43 y al GIEI el sexenio pasado, con López Obrador. 

Sobre los “problemas” del GIEI aludidos por Sheinbaum, padres de los 43 señalan que, en efecto, los hubo, y que estos consistieron en la reiterada negativa del titular de la Sedena del sexenio pasado, general Luis Crescencio Sandoval, a entregarles los 800 folios con información del caso Ayotzinapa, y en el apoyo del entonces presidente a esa decisión del alto mando militar.

“Ese fue el problema, que López Obrador apoyó el ocultamiento de información”, afirma don Mario González.

A este padre de uno de los normalistas desaparecidos le parece “aberrante” que Sheinbaum busque traer a expertos de la ONU que no conocen la investigación, que es extremadamente compleja y tiene miles de archivos acumulados a lo largo de 11 años.

“Ella (la presidenta) sabía perfectamente que nosotros queríamos al GIEI, yo no sé por qué cambió la jugada”, dice González.

Por la OEA, o por la ONU

Mario González y la señora Cristina Bautista consideran que traer a nuevos expertos sería “comenzar de cero” la investigación” y por ello insisten en el regreso del GIEI, que estuvo integrado por Buitrago, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, el médico y psiquiatra español Carlos Martín Beristain y los abogados Alejandro Valencia (de Colombia) y Francisco Cox (de Chile).

Estos expertos fueron convocados por la CIDH para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa, pero todos ellos son también consultores de la ONU y han formado parte de diferentes misiones del organismo.

Buitrago, por ejemplo, fue parte del grupo de la ONU de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua; Paz fue consultora de la misión de Naciones Unidas en Guatemala y Cox es parte de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la Venezuela, creada por el organismo.

Es decir, los expertos que integraron el GIEI podrían regresar a México convocados por la ONU, dado su conocimiento del caso y su experiencia –en palabras de la presidenta Sheinbaum– “en estas áreas de investigación y métodos de investigación” para esclarecer casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mario González y Cristina Bautista coinciden en que lo importante es que el GIEI regrese a México y en que no importa si los trae la CIDH o la ONU.
Vengan con quien vengan está bien –asegura González– porque son los que conocen el caso, los que conocen las líneas de investigación, fueron muy profesionales y son los que nos han dado verdad en lo poco que se les permitió.
Y dice que en la próxima reunión con la presidenta, prevista para noviembre venidero, insistirán en que regrese el GIEI “porque son los que saben y si llega alguien que no sabe va a ser un retroceso”.

Agrega que en la cita del 4 de septiembre con la mandataria debió estar un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que informara qué ha pasado con la búsqueda de los 800 folios que oculta el Ejército, pero eso no ocurrió y esperan que acuda en la siguiente cita.

Las investigaciones del GIEI en México tuvieron dos etapas, la primera entre 2015 y 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que concluyó cuando los expertos desacreditaron la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición, formulada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam.

Según esta versión, los 43 normalistas fueron asesinados y desaparecidos por policías locales y narcotraficantes de Guerreros Unidos, quienes los incineraron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula tras confundirlos con integrantes de un grupo rival.

El GIEI demostró que en esa desaparición participaron elementos del Ejército del 27 Batallón de Infantería en Iguala, que trabajaban para Guerreros Unidos y que la Sedena conoció en tiempo real y a los más altos niveles el ataque contra los estudiantes sin hacer nada. 

También probó la imposibilidad de que los 43 estudiantes pudieran haber sido incinerados en una noche en el basurero de Cocula sin dejar rastros de ADN y que la PGR “sembró” pruebas en ese lugar en un intento por hacer creíble su “montaje”.

En una segunda etapa, ya en el sexenio de López Obrador, el GIEI investigó el caso durante seis años y demostró la responsabilidad de mandos militares en esos hechos, entre ellos el general José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 jóvenes y quien habría ordenado el asesinato de al menos seis de los normalistas.

Tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el de López Obrador la participación del GIEI acabó por incomodar al Ejército y a ambos mandatarios, lo que causó su salida de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Tribunal valida elección de ministros a pesar de acordeones

Por votación de tres a dos el Tribunal Electoral concluye que no existen elementos probatorios suficientes para anular la elección de ministros con base en coincidencias de acordeones con nombres de ganadores.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección de ministros de la Suprema Corte llevada a cabo el 1 de junio, a pesar de los argumentos de los magistrados Janine Otalora y Reyes Mondragón, quienes aseguraron que había coincidencias entre los primeros lugares oficiales y los acordeones repartidos con anticipación.

La votación fue de tres a dos: quienes votaron en contra de anular la elección fueron la presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. 

“Entre los 51 modelos de acordeones documentados existió una configuración principal que contenía exactamente a las nueve candidaturas ganadoras a la Suprema Corte. Esa configuración coincide con el 70.8% de acordeones registrados en las pruebas. Ello no podría explicarse por las campañas de las candidaturas”, expresó Mondragón.

Otalora resaltó: “Los elementos indiciarios fuertes indican que las guías aparecieron en todo el territorio, ya que las notas periodísticas y las publicaciones en redes sociales dan cuenta de estos en las 32 entidades federativas, por lo cual su distribución fue generalizada y abarcó la totalidad del país”.

Como pruebas se ofrecieron 3,188 acordeones impresos aportados por la parte que promueve la nulidad. “Validar este proceso equivaldría a normalizar lo que democráticamente es inaceptable”, dijo Reyes Mondragón, quien puso énfasis en que el financiamiento para los acordeones no provino de los candidatos, únicos autorizados para ejercer recursos, por lo que de entrada son ilegales.


EN CONTRA DEL PROYECTO

Sin embargo, los otros tres magistrados: Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y la presidenta, Mónica Soto, minimizaron la existencia de estas guías y señalaron que el INE había permitido su uso con anterioridad, debido a la cantidad de nombres en las boletas.

“¿De verdad se quiere anular una elección nacional con una gráfica? Que no sé si todos entendimos. ¿Por qué es atípico el resultado? Me parece que lo atípico ya ha quedado demostrado con todos los datos duros que ha dado el magistrado De la Mata. Es querer anular una elección con estadísticas complejas porque no se puede probar de otra manera”, sentenció Soto.


Soto agregó que la nulidad de elección  no se sostiene. “La prueba de los hechos en que se basa la pretensión de nulidad debe ser suficientemente robusta para lograr invalidar una serie de actos concatenados que por mandato constitucional revisten una presunción de validez”. 

Es necesario, remarcó, que haya un cúmulo de pruebas que vayan más allá de “meros indicios aislados” sin valor probatorio pleno para sustentar la nulidad de la elección. Consideró que no hay pruebas de una irregularidad sistemática.  

Dijo que las pruebas aportadas para la nulidad no acreditan que los acordeones se hayan distribuido en las 32 entidades del país, además de que son más de 50 modelos diferentes de acordeones. 

Sin embargo, en la sesión se dio un momento ríspido, cuando Reyes Mondragón le entregó el modelo más repetido de acordeón a la presidenta Mónica Soto, indicando con una sonrisa que ese era el ejemplo ganador y preguntando si ella había votado con base en esa guía, por lo que Soto exigió respeto.


LOS 9 MINISTROS QUE ENTRAN EN FUNCIONES EL 1 DE SEPTIEMBRE

PRESIDENTE: HUGO AGUILAR ORTIZ
  • Lenia Batres Guadarrama
  • Yasmin Esquivel Mossa
  • Sara Irene Herrerías Guerra
  • Loretta Ortiz Ahlf
  • María Estela Ríos González
  • Irving Espinoza Bentazo
  • Giovanni Azael Figueroa Mejía
  • Arístides Rodrigo Guerrero García
FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los 2,800 millones en contratos con gobierno para presunto impresor de ‘acordeones’

Impresores en Offset y Serigrafía, maquilador de Regeneración, ha facturado al menos 2 mil 883 millones de pesos a entidades del sector público de 2018 a la fecha. Secretaría del Bienestar es la que aporta más.

Con siete de las 19 empresas del consorcio empresarial que encabeza, Impresores en Offset y Serigrafía (Grupo Gama Impresores), la compañía que fue denunciada como presunta responsable de imprimir miles de “acordeones” o guías para votar a favor de candidatos oficialistas en la elección de integrantes del Poder Judicial, facturó al menos 2 mil 883 millones de pesos a entidades del sector público de 2018 a la fecha.

Impresores en Offset y Serigrafía es una razón social que opera en el círculo de Andrés Manuel López Obrador desde que gobernó la capital del país.

De hecho, el nacimiento de la empresa coincidió con los primeros meses de la administración del tabasqueño en lo que era el Gobierno del Distrito Federal, poco después comenzó a facturar con gobiernos delegacionales ―actualmente sustituidos por alcaldías― y años más tarde imprimió Regeneración, órgano de difusión de Morena.

Fue fundada con 10 mil pesos por los integrantes de la entonces jóven familia Mondragón de Iztacalco en 2001. De entonces a la fecha se multiplicaron en un conglomerado de 19 compañías con una cartera de inversiones que además de la impresión incluye inmobiliarias, constructoras, importadoras, establecimientos textiles e incluso firmas de producción cinematográfica, de acuerdo con documentación notarial consultada por EMEEQUIS.


Desde 2001.

Siete de ellas han facturado 2 mil 883 millones 874 mil 603 pesos al sector público en la era de hegemonía morenista, de acuerdo con documentación pública. Estas son  Inmobiliaria Sylvia Marion, Comtec Import, Artes Gráficas de Olonne, Mica Impresores, Poliactive, Digitagama e Impresores en Offset y Serigrafía.

El nombre de la impresora de Regeneración reapareció en el contexto de las denuncias por los acordeones distribuidos entre los sufragantes para guiarlos en la elección judicial de junio, y de acuerdo con una denuncia que fue desestimada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fueron manufacturadas por Impresores en Offset y Serigrafía, como resultado de la subpartida de un contrato de 498 millones de pesos otorgado por la Secretaría de Bienestar.



LOS CONTRATOS

Impresores en Offset y Serigrafía (Grupo Gama Impresores) acumuló ganancias por al menos 2 mil 797 millones 843 mil pesos en contratos del sector público. Consiguió la mayor parte de esa facturación con seis asignaciones de la Secretaría de Bienestar, relacionadas con servicios de impresiones para “promover y operar” los Programas del Bienestar.

Se trata de los contratos 411.213.33604.116/2020, por 442 mil 653 millones 436 mil pesos; 411.211.213.33604.083/2021, por 346 millones 758 mil 553 pesos; 411.213.33604.031/2022, por 165 millones 686 mil 137 pesos; 411.213.33604.026/2023, por 484 millones 37 mil 342 pesos; 411.213.33604.026/2024, por 495 millones 331 mil 180 pesos; y 411.201.33604l037/25, por 498 millones 206 mil 764 pesos.

Esos seis contratos suman 2 mil 432 millones 663 mil 413 pesos, el 86.94% de la facturación de Impresores en Offset y Serigrafía, y el 84.35% de los 2 mil 883 millones 874 mil 603 pesos.

El resto de la facturación se distribuye entre Comtec Imports, que facturó a la paraestatal Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), 58 millones 287 pesos; la inmobiliaria Sylvia Marion, que obtuvo 28 millones 547 mil pesos de Fonatur, ayuntamientos mexiquenses y alcaldías capitalinas.

Artes Gráficas de Olonne, que recibió asignaciones por 27 millones 373 mil pesos, de Fonatur, Secretaría de Salud y IEPSA: Mica Impresores, que sólo obtuvo un contrato por 3 millones 249 mil 985 pesos de Fonatur; Digitagama apenas consiguió dos contratos por 260 mil pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Poliactive, que recibió 82 mil 444 pesos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CONTROVERTIDA TRAYECTORIA

Aunque en su sitio web señalan que iniciaron actividades en 1994, Impresores en Offset y Serigrafía fue registrada ante el notario Joaquín Talavera el 13 de marzo de 2001, tres meses después de que arrancara el gobierno de AMLO en la capital del país, el 5 de diciembre de 2000.  

Comenzaron a operar en una bodega de 1,900 metros cuadrados del Barrio de San Miguel, en la colonia, de la entonces delegación Iztacalco.

Se trataba de una empresa familiar conformada por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Edgar Bernardo Mondragón de la Garza, Lucía Carmenza Mondragón de la Garza, el académico Miguel Ángel Mondragón Rubiano y Lorena Gabriela Matencio Cervantes. 

De acuerdo con el acta constitutiva, cada uno aportó 2 mil pesos. 

Pero la familia ya estaba ligada a Inmobiliaria Sylvia Marion (1991), que para 2006 tenía como accionistas a Carlos Javier Mondragón de la Garza, Jasia Chelminsky Polak, Samuel Shulter Goldstein y Sergio Abush Torton. Para 2014 sólo quedaban Carlos Javier Mondragón de la Garza y Miguel Ángel Mondragón Rubiano.


También le antecede, en el grupo familiar, Inmobiliaria Mondragón y Asociados, registrada en 2008, pero en cuya acta se consigna que fue creada 16 años atrás, en 1992. Se consigna como socios a Miguel Ángel Mondragón Rubiano y a Edgar Bernardo Mondragón de la Garza.  

En 2014, Impresores en Offset y Serigrafía apareció como impresor del órgano de difusión “Regeneración”, en denuncias por actos anticipados de campaña ante autoridades electorales contra PRD, PT, y MC, que en 2012  postularon a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia a través de la coalición “Movimiento Progresista”.

De acuerdo con versiones de prensa, la empresa continuó facturando al movimiento político de AMLO cuando se transformó en Morena. En 2021 fue publicada información sobre un contrato de la empresa en cuestión por siete millones de pesos con ese partido político.

COMPULSIVA EXPANSIÓN

Las otras 16 empresas  ligadas a la familia Mondragón, de acuerdo con los datos anotados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, son:

Soluciones Integrales en Impresión (2001), constituida por Carlos Javier y Edgar Bernardo Mondragón de la Garza, Papelería Sarel, e Impresores en Offset y Serigrafía, para “promover la integración organizada por unidades económicas preferentemente de escala micro, pequeña y mediana, cuyo principal objeto sea comercializacion de todo tipo de impresos folletos y papelería, servicio de fotocopiado etc.”.

Servicios Industriales en Mercadotecnia (2001), fundada por Gloria Judith Martínez Bejarano, Sonia María Milán Calderón, Omar Alejandro Sandoval Soto, y Carlos Javier Mondragón de la Garza, con el giro de “publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas y comunicación en general”.

Comercializadora TYR (2001), registrada por Gloria Judith Martínez Bejarano, Sonia María Milán Calderón, Omar Alejandro Sandoval Soto, y Carlos Javier Mondragón de la Garza, orientada a la edición  de libros, revistas, y materiales audiovisuales.

Gama Impresores del Golfo (2003), creada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Manuel Gabriel Arvizu Llano, con Sergio Gerardo Buenrostro Romero en el consejo de vigilancia. Registraron como objeto: “el diseño, creación, edición, compra venta, almacenamiento, distribución y comercialización por cuenta propia o de terceros, en el territorio nacional o en el extranjero, de toda clase de artículos publicitarios”.

Gama Flexografía (2003), instituida por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Miguel Ángel Velasco Speare y Miguel Ángel Lara Morales, con el giro de “diseño, creación, compra venta, almacenamiento, distribución y comercialización por cuenta propia o de terceros (…) de artículos publicitarios”.

Digitagama (2004), puesta en marcha por Carlos Javier y Edgar Bernardo Mondragón de la Garza, con el objeto de ejecutar “el diseño, creación, edición, compra venta, almacenamiento, distribución y comercialización por cuenta propia o de terceros, en el territorio nacional o en el extranjero, de toda clase de artículos publicitarios”. El órgano de vigilancia quedó en manos de Fernando Von Roerich de la Isla.


Equipo y Maquinaria  Ligera del Sureste (2007), conforama por Lucía Carmenza Mondragón de la Garza, Luis Eduardo Pérez Martínez, Gerardo Adrián Lozada Rodríguez, Arturo Lozada Díaz, Víctor Estuardo Herrera Prado, Janet Paola Canto García y Luis Eduardo Pérez Martínez

Gama Origina (2007), establecida por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Lucía Carmenza Mondragón de la Garza y  Daniel Vega Niño, para “la compra venta, diseño, desarrollo, construccion, fabricacion, implementación, mantenimiento, produccion, distribucion, importacion, exportacion y representacion ya sea por cuenta propia o de terceros de: la prestación de servicios y asesoría profesional en el área de proceso de mercadotecnia, publicidad, procesos creativos, diseño gráfico, desarrollo de nuevos productos, etcétera”.

Avantplast de México (2008), formada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Mauricio Pedraza Cuevas, “ la compra venta importacion exportacion reparacion distribucion fabricacion elaboracion comercializacion arrendamiento y subarrendamiento en cualquier forma por cuenta propia o ajena de toda clase de articulos y mercancias nacionales o extranjeras”.

Comtec Imports (2010), fundada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Juan Girard Buylla, con el giro de “comercio en general, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa, la consignación, producción, compra, venta, distribución, transportación, representación, comercialización, importación y exportación de todo tipo de artículos, mercancías y bienes muebles”.

M. Producciones Guerreros Films (2012), constituida por Aldo Arturo Muñoz Gama, José de Jesús Muñoz Atilano, y Carlos Javier Mondragón de la Garza, con el giro de “producción, realización, dirección, comercialización, edición, promoción y difusión de toda clase de películas cinematográficas, cortometrajes, mediometrajes y largometrajes, documentales, noticieros, comerciales, grabaciones en video-tape y en cualquier medio conocido o que se invente, videos corporativos, videos promocionales, series de televisión y radio o de cualquier medio de difusión, en cualquier formato, así como de todo tipo de obras de teatro, y de eventos musicales, sociales y culturales”.

Hasta la fecha se encuentra en el registro de productores de la Ciudad de México.

Proliactive (2012), creada por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Edson Jair Flores López y Jorge Hernández Castillo, para la “confección de prendas de vestir y similares”.

MG Producciones Gráficas (2014), dedicada a la comercialización de insumos para la industria de las artes gráficas. Fue constituida por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Eduardo Alfredo Galaviz Benítez y Julio Alberto Tapia Vázquez,

Artes Gráficas Olonne (2017), fundada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Claudia Girard Buya, con el giro de “compra venta, importación, exportación, fabricación, maquila, impresión, bordado, distribución y comercio en general de toda clase de artículos deportivos, calzado, ropa, textiles, artículos publicitarios y mercancías en general”, así como a la “la comercialización de toda clase de insumos para las artes gráficas”.

Mica Impresores (2021), registrada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Miguel Ángel Ortiz Beltrán, y orientada a “la compra, venta, enajenación, importación y/o exportación de insumos y materias químicas necesarias para la elaboración de productos farmacéuticos, productos nutricionales y alimenticios; la elaboración, transformación y, en general, la comercialización de productos apropiados para envasar o envolver a los antes mencionados, con el fin de distribuirlos en todo el territorio mexicano y en el exterior”.

Quintum-M Inmobiliaria (2021), fraccionadora y urbanizadora, instaurada por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Paula Renata y Eugenio Mondragón Matencio.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ.

Senado aprueba reforma constitucional contra la extorsión

La reforma busca homologar penalidades y criterios de investigación en todo el país, cerrar vacíos legales y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.

El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen a la minuta que reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión, y envío el proyecto a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su consideración.

La asamblea aprobó la minuta con 106 votos a favor. El proyecto se deriva de una iniciativa presentada al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó que la reforma permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país, y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.

El dictamen subraya que se busca evitar “una indebida fragmentación jurídica, que impacta en la procuración e impartición de justicia y provoca inseguridad para las víctimas”, y advierte que la disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales permite que la delincuencia organizada utilice antinomias jurídicas para evadir la justicia.

Por ello, expedir una ley general constituye un paso indispensable para crear un marco jurídico homogéneo con criterios uniformes de investigación, persecución y sanción.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que la reforma “unificará criterios, cerrará vacíos legales y protegerá de manera integral a la sociedad, al fortalecer la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el delito”.

Agregó que la extorsión “la padece todo México, pues es un ilícito que requiere de toda la atención por sus múltiples modalidades y por la disparidad en las legislaciones estatales, que han permitido que esta práctica se expanda como una ‘sombra letal’ que sacrifica vidas, acaba con familias, invade negocios y no es incentiva para la actividad económica del país”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña Waldenrath, aseguró que la extorsión “no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo que lacera hogares, negocios, instituciones y comunidades completas”, y destacó que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, un incremento del 57% en seis años.

Además, el INEGI reportó que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con un costo superior a 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del Producto Interno Bruto (PIB).

El senador emecista, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que la extorsión erosiona el comercio local y el emprendimiento, y destacó que las carpetas de investigación aumentaron de entre 400 a 500 en 2015 a más de 850 en 2025.

La senadora Carolina Viggiano, del PRI, subrayó que la impunidad desincentiva la denuncia y que en muchas comunidades existe el “cobro de piso” directo en los negocios.

Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, coincidió en la necesidad de homologar la regulación, aunque enfatizó que legislar “no lo resuelve todo, por lo que es indispensable una estrategia eficaz”.

Congreso tendrá 180 días para expedir nueva ley general

El régimen transitorio establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para aprobar la ley general en la materia.

Mientras tanto, seguirán vigentes las leyes actuales, tanto federales como locales, que regulan este delito.

Además, la legislación incluirá un apartado transitorio donde se definirán los tiempos y mecanismos para que tanto la Federación como los estados armonicen sus normas con la nueva ley general.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Omisiones ante denuncias de huachicol en Tabasco alcanzan a Adán Augusto: periodista

Actualmente, las investigaciones han avanzado gracias a la figura del testigo protegido, lo que ha permitido rastrear redes de robo de combustible de alto nivel.

Varias denuncias ciudadanas sobre contrabando de combustible en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández permanecieron sin respuesta, reveló el periodista especializado en seguridad José Luis Montenegro, en entrevista para Aristegui en Vivo.

El primer caso documentado fue el 24 de abril de 2019, cuando un ciudadano denunció que líneas de transporte cargaban huachicol en Comalcalco, cerca de la terminal de Pemex, en operaciones vinculadas con empresas contratistas del gobierno federal y con líderes huachicoleros identificados en informes de inteligencia.

Otro caso ocurrió el 30 de julio de 2020, cuando un denunciante anónimo documentó cómo una camioneta distribuía combustible robado en botellas de tres litros.

El combustible se ofrecía en 3.50 pesos por litro, sin factura y con presunta protección de policías estatales y federales.

Montenegro explicó que el ciudadano realizó pruebas de densidad y comprobó que se trataba de hidrocarburo de Pemex.

“Este quejoso asegura que sabe perfectamente que es hidrocarburo de Pemex robado”, señaló.


Según Montenegro, varias de estas denuncias fueron dirigidas al propio Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco, sin que aparentemente hubiera acción por parte de las autoridades locales.

Las empresas implicadas, como FJ Comercializadora y Arrendadora SADCB, habían sido contratistas del gobierno estatal y ofrecían el combustible a bajo precio, sin facturación, y con presunta protección de policías estatales y federales.

Montenegro indicó que la operación incluía la venta de pipas de 60 mil litros y transporte del combustible a otros estados, incluyendo Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán.

Otro caso involucró a Maquiladora de Lubricantes SADSB, que según los denunciantes vendía aceites quemados como combustible alterno; además, Montenegro señaló que varios empleados renunciaron al descubrir que participaban en redes de robo de hidrocarburos en la terminal de Dos Bocas.


Estos empleados renunciaron porque era parte de la red que operaba en el robo de diésel y crudo de Pemex.
El periodista subrayó que este modus operandi no es aislado, sino recurrente en la región, donde se compran pipas o se preparan huachibuques para vender combustible a comunidades locales y contratistas.

También detalló que las empresas señaladas operaban clandestinamente, sin permisos adecuados en Tabasco, y que algunas de sus autorizaciones solo les permitían funcionar como centros de acopio, según documentos proporcionados por los denunciantes.

Sobre la falta de actuación estatal, Montenegro cuestionó que “si los ciudadanos tabasqueños tenían conocimiento de estos hechos, ¿por qué las autoridades locales no actuaron para investigar estos casos?”

Recordó que algunas denuncias datan de años atrás y estaban vinculadas con transportistas y líderes huachicoleros ya identificados por la Sedena y la inteligencia federal.

Actualmente, las investigaciones han avanzado gracias a la figura del testigo protegido, lo que ha permitido rastrear redes de robo de combustible de alto nivel.

Montenegro mencionó a Alejandro Torres Joaquín, director de la aduana de Tampico, y a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, exlíder de “la Barredora”, como fuentes clave en el seguimiento de estas redes.

El periodista concluyó que, pese a la evidencia y las denuncias, “ya tienen bastantes años en el limbo y no hubo una operación quirúrgica por parte del gobierno estatal para desmantelar esta red criminal”, lo que evidencia una presunta inacción institucional ante un delito que afectó el patrimonio y la seguridad energética del país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.