Detrás del abuso de los títulos de concesión de agua hay grandes empresas como Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco; y clanes políticos como los Monreal en Zacatecas, Guillermo Padrés Elías, en Sonora…
Desde 2012 colectivos impulsaron una iniciativa de Ley General de Aguas para priorizar el uso humano del agua sobre el uso industrial o de servicios, pero permaneció congelada por el Congreso desde entonces.
“Durante el periodo neoliberal se impulsó un modelo para concesionar nuestras aguas nacionales y para darle al agua un carácter de mercancía. Y esto ha generado toda una serie de afectaciones, entre las que se encuentra: el acaparamiento, el sobreconcesionamiento, un deterioro importante de la infraestructura, y quizás uno de los más sentidos es el que tiene que ver con una distribución desigual del agua en nuestro país”, expuso el miércoles Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
SinEmbargo ha exhibido cómo 3 mil grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Conagua, entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco, de acuerdo con el estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, 2020) "Los millonarios del agua".
Estos mismos datos obtenidos a partir del registro público de la Conagua muestran que un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios y/o prestanombres, como en el caso de la Coca-Cola y la familia Tricio de Grupo Lala.
Incluso hasta asociaciones religiosas acumulan 127 concesiones de agua que suman un total de 7 millones 483 mil 756 metros cúbicos por año, de acuerdo con datos de la Conagua. Algunas de estas fueron dadas para uso agrícola a pesar de que los usuarios tienen casas de retiro que dan servicio de hospedaje. Así lo muestra un análisis del Registro Público de Derechos del Agua realizado por Rubén Juárez Zapatero, integrante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma.
De igual forma se ha dado a conocer cómo políticos de todos los partidos que han gobernado sus entidades se han visto beneficiados de títulos de concesión para explotar los recursos hídricos del país. Es el caso, por ejemplo, de Guillermo Padrés Elías (Sonora), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (Guanajuato), Miguel Márquez Márquez (Guanajuato), Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León), Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes), Francisco Ramírez Acuña (Jalisco), Ángel Aguirre Rivero (Guerrero), Rutilio Escandón Cadena (Chiapas), y también el expresidente Vicente Fox Quesada, que también fue Gobernador de Guanajuato.
Políticos exprimen recursos
Un caso particular del beneficio que ha tenido la clase política con los títulos de concesión de agua es el de la familia de los Monreal, el clan político de Zacatecas que posee diversas concesiones de agua para uso agrícola en un acuífero sobreexplotado de la entidad, de acuerdo con la Conagua.
Los datos en este caso muestran que el padre Felipe Monreal Huerta (finado en 2002), así como el Gobernador de Zacatecas David Monreal, el Senador y exalcalde Saúl Monreal, Cándido y Elías Monreal Ávila –todos hermanos del Diputado de Morena Ricardo Monreal Ávila– han obtenido concesiones para "uso agrícola" y de "diferentes usos" entre 1999 y 2020.
No son los únicos.
En Sonora la familia del exgobernador Guillermo Padrés Elías tiene, según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), seis títulos de concesión a nombre de Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exgobernador panista, y de Miguel Padrés Molina, sobrino del exmandatario. La revista Proceso reportó en mayo de 2015 que entre finales de 2011 y principios de 2012 se construyó ahí la presa en el rancho de Padrés, la cual sólo benefició a Padrés Dagnino y Padrés Molina.
La construcción fue demolida como ocurrió con la del rancho “El Saucito”, ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua, propiedad del exgobernador priista César Duarte Jáquez. Una propiedad que le había sido decomisada, y que recuperó en la gestión de la Gobernadora panista Maru Campos, con quien se le ha vinculado de tiempo atrás.
En Chihuahua hay una hidromafia compuesta por exfuncionarios estatales de la Conagua, la cual ha permitido –con juicios, títulos de concesión falsos y tráfico de constancias– que un presunto prestanombres del exgobernador priista César Duarte sobreexplote el acuífero Llano de Gigantes para producir nuez. Esta red también ha dejado a productores menonitas y a la productora agroindustrial de manzanas La Norteñita sobreexplotar el acuífero Laguna Santa María, documenta la contraloría ciudadana estatal.
También en el norte del país, el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón posee un ejido en Paredón, Coahuila. Para uso agrícola, cuenta con 184 mil m3/año de aguas subterráneas que recibió de Conagua en noviembre de 2006, cuando ya había sido Diputado local del PRI y años después sería Alcalde de García; y en octubre de 2020 obtuvo otra concesión, cuando era Gobernador, de acuerdo con el Repda.
En Aguascalientes, los mismos datos del Registro Público de Derechos de Agua dan cuenta de cómo el panista Luis Armando Reynoso Femat, vinculado a proceso por defraudación fiscal así como por peculado y uso indebido del ejercicio público, cuenta junto con sus hermanos Graciela, Felipe, Laura, Olga Irene, Lourdes y Óscar con tres títulos de concesión de uso agrícola otorgados entre 1996 y 1998 que le permiten más de 200 mil m3 al año por cada uno de los títulos.
En Jalisco, el exgobernador y actual Senador del PAN Francisco Ramírez Acuña cuenta con una concesión de uso agrícola que obtuvo en 1999, dos años antes de asumir la gubernatura estatal y cuando se desempeñaba como Alcalde de Guadalajara. Este título le permite 25 mil m3 al año de aguas subterráneas de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico.
En tanto, en Guanajuato tres exgobernadores panistas y sus familias cuentan con diferentes títulos de concesión. Es el caso de la familia del expresidente Vicente Fox Quesada que goza de 18 concesiones en San Francisco del Rincón, Guanajuato, que le permiten abastecer de agua a sus distintas empresas, además, bajo un precio especial al tener un subsidio gubernamental que debe estar destinado sólo a pequeños productores, como reportó SinEmbargo en 2023.
El exgobernador Miguel Márquez Márquez también cuenta con tres títulos de concesión: uno otorgado por la Dirección local de Conagua en Guanajuato en enero de 2000 cuando él era Diputado del Congreso estatal, el cual le permite extraer 150 mil m3 al año de aguas subterráneas; un título más en la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, obtenido en marzo de 2001 cuando era Alcalde de Purísima del Rincón, y el más reciente de enero de 2013 también en en la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, cuando ya era Gobernador del estado que le permite sacar 90 mil m3 de aguas subterráneas al año.
En la misma entidad, el Gobernador saliente, el panista Diego Sinhue Ródriguez Vallejo, obtuvo en su gestión un título de uso agrícola que le permite extraer al año 5 mil m3 de aguas subterráneas.
En Guerrero, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien dejó su cargo debido a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y su esposa Laura del Rocío Herrera, tienen registrado un título de concesión de uso agrícola otorgado en enero de 2019 que le permite extraer 51 mil 609 m3 al año de aguas subterráneas. El exgobernador Rutilio Escandon Cadenas obtuvo en 2001, cuando era Senador, un título de concesión de uso agrícola para extraer de la Cuenca Frontera Sur 198 mil 806 m3 de aguas subterráneas.
Los otros caciques
A eso se suma el grupo de caciques que controla los distritos de riego agrícola, el 67 por ciento de las aguas concesionadas. Elena Burns, integrante de Agua para Todos, expuso a este medio cómo los principales acaparadores-especuladores son la industria inmobiliaria, los bancos, distritos de riego, agroindustrias y personas físicas que han logrado obtener más de un millón de metros cúbicos anuales para uso agrícola, un uso exento de pago de derechos que después se puede vender para uso industrial u otro uso lucrativo.
Desde 1993, la Conagua promovió que los módulos de los Distritos de Riego formaran asociaciones civiles. Desde entonces, las mesas directivas de las A.C. han controlado la distribución del agua y sus padrones de usuarios, manejan las cuotas de autosuficiencia recolectadas de los usuarios. Las mesas directivas de las A.C.s fueron agrupadas en Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
Cuando llegan recursos federales a esas Sociedades, no hay transparencia en su manejo y los que controlan el agua terminan vendiendo-rentando los excedentes (a inmobiliarias, siderúrgicas, la CFE, entre otros).
El titular de la Conagua Efraín Morales López expuso precisamente que debido a que la Ley salinista vigente (1992) permite un esquema de transmisiones entre particulares –en donde pueden vender sus títulos de concesión de una a otra persona– se ha creado un “mercado negro del agua” para especular con el recurso.
“Parte de lo que se pretende normar es acabar con este mercado negro y que esta agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación, para que sea la nación la que determine la viabilidad de otorgar estos títulos”, indicó.
Falsificación de concesiones
Mauricio Rodríguez Alonso, Subdirector general de administración del agua, expuso el miércoles cómo al hacer una revisión puntual de cada uno de los 536 mil títulos de Conagua encontraron 58 mil 938 inconsistencias.
“¿Cuáles son las incidencias más recurrentes que encontramos? Títulos sin una certeza en la fecha de vigencia. Presunta falsificación o duplicidad de títulos. Un uso diferente al que el título fue concesionado. Y coordenadas de ubicación que son erróneas o que no corresponden con el lugar en donde se expidió el título”, dijo.
La falsificación de títulos de concesión se ha identificado en Chihuahua. De acuerdo con Elena Burns, exsubdirectora de Administración de Conagua, el entonces delegado de Conagua Chihuahua y priista, Alex Le Baron, en juntas con sus apoderados legales realizadas en octubre de 2014 otorgó “constancias de obras” para 395 solicitantes de constancias de alumbramiento aún sin contar con pozos, como exige el decreto presidencial.
Luego estas 395 personas, de origen menonita, de manera colectiva utilizaron estas “constancias apócrifas” para demandar a la Conagua para que otorgara títulos de concesiones para volúmenes indeterminados, a pesar de la extrema sobreexplotación de los acuíferos.
Mal uso del agua
El subdirector de la Conagua planteó que los títulos de carácter agrícola no pagan agua porque se produce alimento; sin embargo, hallaron títulos que están identificados como agrícolas, pero son complejos industriales, balnearios, club de golf y también está el tema de la venta de pipas.
Un ejemplo del uso diferente al que fue concesionado el título tiene lugar en la Ciudad de México. Ahí, la Conagua dio en los 90 una concesión “para uso agrícola” al Club de Golf Bosques, un sitio residencial ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa.
El registro de datos de Conagua muestra que el título de concesión del Club de Golf Bosques (13DFE100012/26AGDA16) se dio por el Organismo de Cuencas del Valle de México el 6 de noviembre de 1995, ya bajo la Ley Nacional de Aguas salinista que ha permitido hasta la fecha el acaparamiento en áreas con baja disponibilidad del agua.
La concesión para este club de golf es de 365 mil 040 m3/año de agua “superficial”, la cual es para consumo humano. Además, está registrado para “uso agrícola” –el cual no paga derechos de uso– pese a ser un club de golf residencial, como se describe en su página web.
La Contraloría ciudadana del Valle de México identificó esta anomalía y asegura que utiliza agua de calidad potable en vez de agua tratada para mantener verdes los campos de golf, un deporte asociado a la élite política y empresarial.
De igual forma, desde 2019, como muestra el REPDA, el Estadio Azteca (Televisa) tiene una concesión rumbo al Mundial 2026, a la par de que el pueblo originario aledaño Santa Úrsula Coapa registra escasez de agua y lleva cuatro años exigiendo que se cancele.
La Jefa de Gobierno Clara Brigada afirmó desde el 7 de mayo que el pozo de Televisa fue devuelto al Gobierno de la CDMX para garantizar agua a los pueblos aledaños al Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, en el registro de la Conagua aún este miércoles 24 de septiembre se ve el título de concesión 811078 dado a la dueña del inmueble deportivo el 27 de junio de 2019 por 450 mil m3/año de aguas subterráneas.
Privatización del agua
Finalmente, sobre las concesiones con registro de uso público urbano utilizadas ya por particulares, se ha registrado en Puebla desde 2014, cuando gobernaba el morenovallismo.
El sistema operador público le cedió sus concesiones de uso público urbano a la empresa Concesiones Integrales, la cual recibe quejas por tandeo, recortes de suministro y altas tarifas, notificó la Contraloría Autónoma de Puebla a la Conagua.
“Tenemos concesiones [197] que tienen el registro de uso público urbano y son utilizadas por particulares; es decir, el uso urbano se les da a los municipios para que puedan dotar de agua a la población, y tenemos títulos en donde están registrados particulares. ¿Qué hicimos en ese caso? Fuimos a checar, hicimos la inspección. Y se trata, efectivamente, de particulares, y tenemos que ver qué está pasando ahí. Ya hicimos la revisión; en algunos casos estamos corrigiendo solo el título, en otros casos estamos investigando de qué se trata”, detalló el Subdirector del Conagua en la conferencia matutina.
SinEmbargo informó previamente que la privatización de este derecho humano se permite en el marco de la salinista Ley Nacional de Aguas en ciudades de Quintana Roo, Veracruz, Coahuila y Aguascalientes, donde los usuarios también padecen de cobros arbitrarios, cortes por impago y tandeos. En Querétaro el Congreso local aprobó una ley en 2022 que permite otorgar una concesión del servicio a una empresa.
AUTOR: DULCE OLVERA.
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