El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal tiene nuevo socio electoral. Es Nueva Alianza. Le cederá candidaturas conjuntas para ir, en el proceso electoral intermedio de este verano, de la mano.
El PRD fue un crítico permanente de Elba Esther Gordillo Morales, fundadora de ese partido. Fue también enemigo de Nueva Alianza, con el que fue sólo en algunas elecciones estatales donde el Sol Azteca no tiene presencia alguna.
Pero ahora le compartirá la joya de la corona: el Distrito Federal.
La capital del país ha sido gobernada por el PRD desde 1997, cuando la Regencia se convirtió en Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, su coto histórico está en riesgo por la presencia de un nuevo partido de izquierda que piensa capitalizar el descrédito que el PRD ha sufrido por tres razones, de acuerdo con los analistas: el gobierno mediocre con Miguel Ángel Mancera en la capital; la alianza de la cúpula perredista con el PRI y el Gobierno federal, y las acusaciones de corrupción y el descrédito que pesan sobre los principales dirigentes.
Nueva Alianza (Panal) fue fundado por Gordillo Morales, ex dirigente magisterial conocida como “La Maestra”, metida a prisión después de años de acusaciones de corrupción. El Panal quedó registrado en 2005, año en el que era Presidente Vicente Fox, amigo de Gordillo. En 2006, Panal entró por primera vez a la competencia electoral de la mano del Partido Acción Nacional (PAN). Después, para el proceso de 2012, “La Maestra” intentó una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero no la logró. El Panal se fue solo, sin Enrique Peña Nieto.
Elba Esther Gordillo fue detenida poco después de que el PRI asumiera el control de Los Pinos. Está en el Reclusorio Femenil de Tepepan, acusada de por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Ahora, el PRD, en su peor momento histórico, se ha aliado a su partido para competir en la Ciudad de México, en donde enfrentará al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que dirige Andrés Manuel López Obrador.
Pocas veces en su breve historia, Nueva Alianza había lanzado candidatos en fórmula con el PRD que, en teoría, fue un crítico de Elba Esther Gordillo. El Panal compitió en 2006 con el PAN por Guanajuato. En 2007, en Baja California ha ido varias veces con el PAN, con dos partidos locales y con el PRD, en 2013.
En Puebla ayudó al triunfo de Rafael Moreno Valle en alianza con PAN, PRD y Convergencia.
Pero su historia ha sido siempre con el PRI. En Campeche, desde 2009; en Colima, desde 2009; en Querétaro, desde 2009, en Aguascalientes, desde 2010; en Chihuahua, desde 2010. en Zacatecas, desde 2010; en Hidalgo, desde 2011; en Tamaulipas, desde 2011; en Quintana Roo, desde 2011; en el Estado de México, desde 2011; en Coahuila, desde 2011, y en Chiapas desde 2012.
La mayoría de las veces, PRI y Nueva Alianza han estado acompañados por otro partido de los llamados “satélite”: el Verde.
LA ALIANZA
Los líderes capitalinos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Nueva Alianza acordaron hoy promover juntos a los candidatos para las jefaturas delegacionales en Iztapala y Cuauthémoc, así como en 20 distritos locales. A través de una carta, Raúl Flores García (PRD) y Jorge Gabiño Ambriz (PANAL) indicaron que “es de interés de ambos Institutos Políticos promover la Candidatura Común de los o las candidatos o candidatas para Jefes o Jefas Delegaciones en las Demarcaciones Territorales de Iztapalapa y Cuauhtémoc”.
Ambos partidos tienen como fin “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”.
Por su parte, será hasta el próximo 21 de febrero que el PRD elija a sus candidatos para las ambas demarcaciones así como de 18 distritos, mientras que Nueva Alianza propondrá a los candidatos para los distritos XXII de Iztapala y XXXIX de Xochimilco.
IZTAPALAPA
Iztapalapa es la delegación más densamente poblada y, por lo tanto, con la mayor cantidad de electores en la capital del país, con más de dos millones de habitantes. Estuvo mucho tiempo controlada por los hermanos René Arce Círigo y Víctor Hugo Círigo, quienes fueron delegados cuando aún militaban en el PRD.
Ahora, los hermanos trabajan para el Partido Nueva Alianza (Panal), ligado a la ex líder magisterial. En cuanto al PRD hay cuatro precandidatos registrados, el nombre que más suena como quien podría ganar la candidatura es la Diputada local Dione Anguiano Flores, cercana al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y al Secretario de Gobierno Héctor Serrano, considerado su operador político.
Anguiano es esposa de Alfredo Hernández Raigosa, titular de la Procuraduría Social del Distrito Federal, cargo que ella también ocupó. Además figuran la Diputada federal Aleida Alavez Ruiz, quien pertenece al grupo Izquierda Democrática Nacional (IDN), liderado por René Bejarano Martínez, y Carlos Augusto Morales, también cercano al Secretario Héctor Serrano.
En 2009, el grupo de López Obrador logró sacar a los hermanos de Iztapalapa mediante una maniobra que consistió en imponer al candidato Rafael Acosta Ángeles, conocido como “Juanito”, para que, una vez ganada la elección, éste cediera su lugar a Clara Brugada Molina, cercana a Lopez Obrador.
Ahora, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lanzó a Burgada como su candidata.
CUAUHTÉMOC
Por parte del PRD se registraron cinco precandidatos, entre ellos el Diputado federal José Luis Muñoz Soria y el Diputado local Agustín Torres Pérez, ambos ex jefes delegacionales de esa demarcación y ambos de la corriente IDN. El Delegado con licencia de Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez, también pertenece al grupo bejaranista.
Por esa delegación también pelean Diana Sánchez Barrios, hija de la líder de comerciantes Alejandra Barrios, la actriz María Rojo y la Diputada local Lucila Estela Hernández.
Por su parte, Morena ha dispuesto como su candidato a Ricardo Monreal Ávila, ex Gobernador de Zacatecas, actual Diputado federal. Morena ha dispuesto como su candidato a Ricardo Monreal Ávila, ex Gobernador de Zacatecas, actual Diputado federal y coordinador de la bancada morenista en la Cámara baja (integrada por 15 legisladores del PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano).
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-01-2015/1232639.
miércoles, 28 de enero de 2015
Estudiantes de la UAM Xochimilco marchan con familiares de los 43 hacia la Alameda Sur
Docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de México (UAM), Xochimilco encabezados por los padres y familiares de los 43 alumnos desaparecidos, marcharon sobre Calzada de Hueso para exigir justicia en el caso Ayotzinapa.
Los alumnos salieron del plantel Xochimilco con rumbo a la Alameda Sur, en Canal de Miramontes y Calzada de Las Bombas.
“Fue el Estado, fue el Estado”"Fue el Estado, fue el Estado” gritaban los jóvenes durante la manifestación.
Mientras tanto en el plantel UAM inauguraron un jardín dedicado a los normalistas de Ayotzinapa, con motivo de la visita de los familiares al plantel. Junto a la biblioteca de la Unidad formaron un 43 con plantas.
Los familiares recalcaron que no creen en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), que ayer informó que los normalistas fueron calcinados y están muertos.
“Son mentiras. Nosotros sabemos que nuestros hijos están vivos, tenemos esa esperanza. El gobierno nos ha dicho muchas mentiras, pero no nos va a convencer”, expresaron familiares ante estudiantes de la UAM.
A CUATRO MESES, SIGUEN MANIFESTACIONES
El pasado lunes 26 de enero, cuatro marchas simultáneas colmaron la capital del país para respaldar esa demanda, como parte de la octava Acción Global por Ayotzinapa. Decenas de miles de personas acompañaron a los padres de los normalistas desaparecidos en sendas movilizaciones en el norte, sur, oriente y poniente de la ciudad, que confluyeron hacia la tarde en el Zócalo capitalino.
El vocero de los familiares de los normalistas, Felipe de la Cruz, explicaría más tarde que las cuatro rutas recorrieron, en total, la simbólica distancia de 43 kilómetros.
En Guadalajara, Mérida, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Saltillo, Cuernavaca, entre otras ciudades del país, también hubo movilizaciones o actos de apoyo.
La solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos encontró eco, una vez más, en ciudades de Estados Unidos, España, Reino Unido, Bélgica e Italia, como ha ocurrido anteriormente desde que la noticia de los 43 estudiantes desaparecidos por agentes del Estado cimbró a nivel internacional.
Acompañados por organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Unión Nacional de Trabajadores y estudiantes y trabajadores de la UNAM, los familiares de los normalistas caminaron desde la mañana, a paso lento, desde las estaciones del Metro Indios Verdes, Taxqueña, Zaragoza y Auditorio, hacia el Zócalo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-01-2015/1232967.
Los alumnos salieron del plantel Xochimilco con rumbo a la Alameda Sur, en Canal de Miramontes y Calzada de Las Bombas.
“Fue el Estado, fue el Estado”"Fue el Estado, fue el Estado” gritaban los jóvenes durante la manifestación.
Mientras tanto en el plantel UAM inauguraron un jardín dedicado a los normalistas de Ayotzinapa, con motivo de la visita de los familiares al plantel. Junto a la biblioteca de la Unidad formaron un 43 con plantas.
Los familiares recalcaron que no creen en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), que ayer informó que los normalistas fueron calcinados y están muertos.
“Son mentiras. Nosotros sabemos que nuestros hijos están vivos, tenemos esa esperanza. El gobierno nos ha dicho muchas mentiras, pero no nos va a convencer”, expresaron familiares ante estudiantes de la UAM.
A CUATRO MESES, SIGUEN MANIFESTACIONES
El pasado lunes 26 de enero, cuatro marchas simultáneas colmaron la capital del país para respaldar esa demanda, como parte de la octava Acción Global por Ayotzinapa. Decenas de miles de personas acompañaron a los padres de los normalistas desaparecidos en sendas movilizaciones en el norte, sur, oriente y poniente de la ciudad, que confluyeron hacia la tarde en el Zócalo capitalino.
El vocero de los familiares de los normalistas, Felipe de la Cruz, explicaría más tarde que las cuatro rutas recorrieron, en total, la simbólica distancia de 43 kilómetros.
En Guadalajara, Mérida, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Saltillo, Cuernavaca, entre otras ciudades del país, también hubo movilizaciones o actos de apoyo.
La solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos encontró eco, una vez más, en ciudades de Estados Unidos, España, Reino Unido, Bélgica e Italia, como ha ocurrido anteriormente desde que la noticia de los 43 estudiantes desaparecidos por agentes del Estado cimbró a nivel internacional.
Acompañados por organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Unión Nacional de Trabajadores y estudiantes y trabajadores de la UNAM, los familiares de los normalistas caminaron desde la mañana, a paso lento, desde las estaciones del Metro Indios Verdes, Taxqueña, Zaragoza y Auditorio, hacia el Zócalo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Nosotros tenemos parte de culpa en la corrupción; decidimos combatirla: CCE
Esperamos una respuesta contundente por parte del Congreso para que transite una ley anticorrupción, dice a MVS Gutiérrez Candiani.
Después de reconocer que de una parte de la corrupción los empresarios “tenemos una culpa”, el Consejo Coordinador Empresarial decidió emitir un código de ética, explicó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, Gutiérrez Candiani recordó que desde hace dos años tenían temas importantes en la agenda por México, con pilares importantes, entre ellos el de la modernización económica y los temas sociales.
Enfatizó que se han propuesto participar en el combate a la corrupción e impunidad, ya que “es un tema que preocupa por los efectos, que le hacen mucho daño a la sociedad, a la inversión y al empleo”.
El martes 27, el CCE dio a conocer su código para combatir la corrupción en el país y “tenemos esperanza de que las empresas se autorregulen”.
Además comentó que en la presentación de su código, estuvieron presentes más de 30 organizaciones del país, de las cuales espera que “lo suban y lo puedan transmitir en todos los niveles”.
La idea es que las empresas puedan implementar el código de ética y “luego bajen a las empresas afiliadas que son ciento de miles”.
También aseveró que “lo más importante es que a partir del 1 d febrero, tengamos una respuesta contundente por parte del Congreso y transite una ley anticorrupción, con autonomía suficiente”.
“La gran parte (del combate a la corrupción) es lo que vaya a hacer la clase política mexicana”, agregó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Después de reconocer que de una parte de la corrupción los empresarios “tenemos una culpa”, el Consejo Coordinador Empresarial decidió emitir un código de ética, explicó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, Gutiérrez Candiani recordó que desde hace dos años tenían temas importantes en la agenda por México, con pilares importantes, entre ellos el de la modernización económica y los temas sociales.
Enfatizó que se han propuesto participar en el combate a la corrupción e impunidad, ya que “es un tema que preocupa por los efectos, que le hacen mucho daño a la sociedad, a la inversión y al empleo”.
El martes 27, el CCE dio a conocer su código para combatir la corrupción en el país y “tenemos esperanza de que las empresas se autorregulen”.
Además comentó que en la presentación de su código, estuvieron presentes más de 30 organizaciones del país, de las cuales espera que “lo suban y lo puedan transmitir en todos los niveles”.
La idea es que las empresas puedan implementar el código de ética y “luego bajen a las empresas afiliadas que son ciento de miles”.
También aseveró que “lo más importante es que a partir del 1 d febrero, tengamos una respuesta contundente por parte del Congreso y transite una ley anticorrupción, con autonomía suficiente”.
“La gran parte (del combate a la corrupción) es lo que vaya a hacer la clase política mexicana”, agregó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
INE no frena entrega de televisiones, solo ordena quitar frase “Mover a México”
La Comisión de Quejas del instituto determinó únicamente el retiro cautelar del logotipo y la frase “Mover a México”.
Por considerar que podría constituir propaganda política, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro cautelar del logotipo y la frase “Mover a México” incluida en las cajas que contienen los televisores que se entrega a la población como parte de la transición a la televisión digital terrestre.
Los integrantes de la Comisión del Instituto Nacional Electoral (INE), determinaron que el retiro cautelar incluye los promocionales y la papelería relacionada con el referido programa, dado que podría generar inequidad en el marco del proceso electoral federal en curso.
La medida cautelar aprobada por unanimidad se acordó en tanto se resuelve de fondo la queja que presentó el viernes 23 de enero, el representante del partido Morena ante el INE, Horacio Duarte y en la que argumentó que la entrega de aparatos viola los artículos 41 y 134 de la Constitución.
Sin embargo, la Comisión determinó únicamente el retiro cautelar del logotipo y la frase “Mover a México”, no así la suspensión de la entrega de televisores.
Integran la Comisión los consejeros electorales Beatriz Eugenia Centeno Galindo, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, aunque durante la discusión y posterior determinación de la queja estuvieron presentes otros consejeros entre ellos Arturo Sánchez y Pamela San Martín.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Por considerar que podría constituir propaganda política, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro cautelar del logotipo y la frase “Mover a México” incluida en las cajas que contienen los televisores que se entrega a la población como parte de la transición a la televisión digital terrestre.
Los integrantes de la Comisión del Instituto Nacional Electoral (INE), determinaron que el retiro cautelar incluye los promocionales y la papelería relacionada con el referido programa, dado que podría generar inequidad en el marco del proceso electoral federal en curso.
La medida cautelar aprobada por unanimidad se acordó en tanto se resuelve de fondo la queja que presentó el viernes 23 de enero, el representante del partido Morena ante el INE, Horacio Duarte y en la que argumentó que la entrega de aparatos viola los artículos 41 y 134 de la Constitución.
Sin embargo, la Comisión determinó únicamente el retiro cautelar del logotipo y la frase “Mover a México”, no así la suspensión de la entrega de televisores.
Integran la Comisión los consejeros electorales Beatriz Eugenia Centeno Galindo, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, aunque durante la discusión y posterior determinación de la queja estuvieron presentes otros consejeros entre ellos Arturo Sánchez y Pamela San Martín.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El IMSS, autoridad responsable de más violaciones a derechos humanos: CNDH
Le siguen el sistema de cárceles federales (Segob), la Sedena, la Policía Federal y el ISSSTE, en los primeros cinco lugares por número de quejas.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que la autoridad señalada como responsable de más violaciones a derechos humanos en 2014 fue el IMSS, con mil 542 casos de quejas ante este organismo.
Al rendir su informe en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también señaló como autoridades con más casos al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), con mil 177 quejas.
Siguen la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 642; Policía Federal, 580; ISSSTE, 538; Secretaría de Educación Pública (SEP), con 530; Procuraduría General de la República (PGR), con 487; Instituto Nacional de Migración (INM), con 450; a la Secretaría de Marina Armada de México, con 374, y el INFONAVIT, con 326 quejas.
Indicó a los senadores y diputados que con relación a las autoridades que no aceptaron las recomendaciones de la CNDH, todas ellas del ámbito municipal, el organismo nacional ejercerá plenamente sus facultades.
“Es de subrayarse que cinco autoridades no aceptaron las recomendaciones del Ombudsman nacional. Me refiero a los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz; Ahuacotzingo, Guerrero; Florencio Villarreal, Guerrero, y Guachinango, Jalisco. La CNDH ejercerá plenamente las facultades con que cuenta ante el rechazo o incumplimiento de sus recomendaciones”, subrayó.
En cuanto a la información cuantitativa de las acciones desarrolladas, González Pérez explicó que se revisará el diseño y esquemas operativos para que los programas de atención se enfoquen a las víctimas y a los temas prioritarios de cada área, a fin de que se refleje la incidencia real de las acciones en la materia a la que sean dirigidas.
Precisó que en adelante, la CNDH será acuciosa en la evaluación, seguimiento y ponderación de la eficacia de estas acciones, para garantizar su contribución a la convivencia democrática, cuyo centro sea el respeto a los derechos humanos.
Agregó que en lo sucesivo, el informe del Ombudsman ante los Poderes de la Unión presentará un reporte de la situación de los derechos humanos en México, los obstáculos que enfrenta su gestión, las autoridades renuentes a colaborar o a cumplir recomendaciones y, por supuesto, las reformas necesarias que abonen a mejorar el respeto y defensa de los derechos humanos
González Pérez también informó que se establecerán criterios objetivos para la calificación de las violaciones graves a derechos humanos, con parámetros sustentados en prácticas internacionales en favor de la protección a las víctimas.
En cuanto a las violaciones graves a derechos humanos, durante el periodo que se reporta (enero-diciembre 2014) este organismo nacional formuló una sola recomendación, la cual fue dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla.
Dicha recomendación fue con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, y refirió que ante la complejidad de las violaciones denunciadas, se da seguimiento puntual a su cumplimiento.
Indicó que se emitió una Recomendación General sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos.
“Es pertinente señalar que en este tipo de recomendaciones sería deseable que las mismas requirieran la aceptación por parte de las autoridades a las que van dirigidas, razón por la cual, se tendrían que promover las reformas legales conducentes para que tuvieran mayor fuerza y su contenido sirviera para formular políticas públicas”, apuntó.
Al concluir su informe, planteó a los legisladores que la lucha en contra de la impunidad y en favor de la vigencia del Estado democrático y social de derecho es hoy un clamor nacional, pero la condición para avanzar decididamente en esta área es el combate frontal contra la corrupción.
“Requiere la aplicación de controles más estrictos para propiciar una cultura de actuación institucional sustentada en el respeto a la ley, la austeridad y la integridad de los servidores públicos”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUIN NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que la autoridad señalada como responsable de más violaciones a derechos humanos en 2014 fue el IMSS, con mil 542 casos de quejas ante este organismo.
Al rendir su informe en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también señaló como autoridades con más casos al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), con mil 177 quejas.
Siguen la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 642; Policía Federal, 580; ISSSTE, 538; Secretaría de Educación Pública (SEP), con 530; Procuraduría General de la República (PGR), con 487; Instituto Nacional de Migración (INM), con 450; a la Secretaría de Marina Armada de México, con 374, y el INFONAVIT, con 326 quejas.
Indicó a los senadores y diputados que con relación a las autoridades que no aceptaron las recomendaciones de la CNDH, todas ellas del ámbito municipal, el organismo nacional ejercerá plenamente sus facultades.
“Es de subrayarse que cinco autoridades no aceptaron las recomendaciones del Ombudsman nacional. Me refiero a los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz; Ahuacotzingo, Guerrero; Florencio Villarreal, Guerrero, y Guachinango, Jalisco. La CNDH ejercerá plenamente las facultades con que cuenta ante el rechazo o incumplimiento de sus recomendaciones”, subrayó.
En cuanto a la información cuantitativa de las acciones desarrolladas, González Pérez explicó que se revisará el diseño y esquemas operativos para que los programas de atención se enfoquen a las víctimas y a los temas prioritarios de cada área, a fin de que se refleje la incidencia real de las acciones en la materia a la que sean dirigidas.
Precisó que en adelante, la CNDH será acuciosa en la evaluación, seguimiento y ponderación de la eficacia de estas acciones, para garantizar su contribución a la convivencia democrática, cuyo centro sea el respeto a los derechos humanos.
Agregó que en lo sucesivo, el informe del Ombudsman ante los Poderes de la Unión presentará un reporte de la situación de los derechos humanos en México, los obstáculos que enfrenta su gestión, las autoridades renuentes a colaborar o a cumplir recomendaciones y, por supuesto, las reformas necesarias que abonen a mejorar el respeto y defensa de los derechos humanos
González Pérez también informó que se establecerán criterios objetivos para la calificación de las violaciones graves a derechos humanos, con parámetros sustentados en prácticas internacionales en favor de la protección a las víctimas.
En cuanto a las violaciones graves a derechos humanos, durante el periodo que se reporta (enero-diciembre 2014) este organismo nacional formuló una sola recomendación, la cual fue dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla.
Dicha recomendación fue con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, y refirió que ante la complejidad de las violaciones denunciadas, se da seguimiento puntual a su cumplimiento.
Indicó que se emitió una Recomendación General sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos.
“Es pertinente señalar que en este tipo de recomendaciones sería deseable que las mismas requirieran la aceptación por parte de las autoridades a las que van dirigidas, razón por la cual, se tendrían que promover las reformas legales conducentes para que tuvieran mayor fuerza y su contenido sirviera para formular políticas públicas”, apuntó.
Al concluir su informe, planteó a los legisladores que la lucha en contra de la impunidad y en favor de la vigencia del Estado democrático y social de derecho es hoy un clamor nacional, pero la condición para avanzar decididamente en esta área es el combate frontal contra la corrupción.
“Requiere la aplicación de controles más estrictos para propiciar una cultura de actuación institucional sustentada en el respeto a la ley, la austeridad y la integridad de los servidores públicos”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUIN NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
México no avanza en libertades, revela informe de Freedom House
Freedom House desmejoró la calificación de México debido a la desaparición forzada de 43 estudiantes, a la que calificó como una "atrocidad que demostró el alcance de la corrupción entre las autoridades locales y el ambiente de impunidad".
Nuevas restricciones a la libertad de expresión en Ecuador, impunidad en México por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la represión a las protestas callejeras en Venezuela fueron las principales tendencias en materia de libertades en el hemisferio durante 2014, de acuerdo con un informe difundido este miércoles 28 de enero por la organización no gubernamental Freedom House.
Al presentar su reporte anual sobre las libertades en el planeta, Freedom House desmejoró la calificación de México debido a la desaparición forzada de 43 estudiantes en septiembre, a la que calificó como una “atrocidad que demostró el alcance de la corrupción entre las autoridades locales y el ambiente de impunidad”.
Así, la organización clasifica a México como una nación parcialmente libre al igual que Honduras, Belice, Guatemala , Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay, mientras que Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay fueron calificadas como naciones libres en el continente americano.
El reporte presentado mantiene a Cuba como el único país del continente cuyos habitantes no son libres, pero dio cuenta de una leve mejoría debido a la aparición del medio digital independiente 14 y medio.
La organización estadounidense señaló que si bien continúa siendo ilegal imprimir y distribuir publicaciones independientes en la isla caribeña, periodistas independientes han hallado maneras de compartir sus textos en el ciberespacio.
El informe también destaca que La Habana liberó a decenas de prisioneros políticos como parte de las conversaciones adelantadas con Washington por la normalización de relaciones diplomáticas.
El documento señala a las autoridades ecuatorianas de contratar el año pasado firmas para remover de sitios web como YouTube contenidos considerados desfavorables al gobierno, y de invocar una ley de comunicaciones sancionada en 2013 para enjuiciar a internautas críticos al presidente Rafael Correa.
La organización acusa a Venezuela de aumentar de manera sustancial la cantidad de prisioneros políticos en 2014, mientras sus dirigentes denunciaban conspiraciones foráneas para fortalecer su coalición política.
“Considerado alguna vez como el modelo posible para gobiernos izquierdistas-populistas en América Latina, el sistema instaurado por el difunto Hugo Chávez ahora es un caso para estudiar disfunción económica y política”, dijo el informe.
La organización denunció también que la libertad de desplazamiento se vio afectada debido al incremento de violencia criminal en El Salvador y Honduras.
Freedom House, que desde los años 40 publica un informe anual sobre la democracia y las libertades en el mundo, dijo que las libertades sufrieron el año pasado el mayor debilitamiento de los últimos 25 años, debido a una explosión de violencia terrorista y al uso de tácticas brutales por parte de gobiernos autócratas.
De los 195 países evaluados con una puntuación del 1 al 7, 61 experimentaron retrocesos y apenas 33 vieron mejorías, señaló Freedom House.
Reporte íntegro publicado por Freedom House.
Freedom House 2015:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ AP
Nuevas restricciones a la libertad de expresión en Ecuador, impunidad en México por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la represión a las protestas callejeras en Venezuela fueron las principales tendencias en materia de libertades en el hemisferio durante 2014, de acuerdo con un informe difundido este miércoles 28 de enero por la organización no gubernamental Freedom House.
Al presentar su reporte anual sobre las libertades en el planeta, Freedom House desmejoró la calificación de México debido a la desaparición forzada de 43 estudiantes en septiembre, a la que calificó como una “atrocidad que demostró el alcance de la corrupción entre las autoridades locales y el ambiente de impunidad”.
Así, la organización clasifica a México como una nación parcialmente libre al igual que Honduras, Belice, Guatemala , Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay, mientras que Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay fueron calificadas como naciones libres en el continente americano.
El reporte presentado mantiene a Cuba como el único país del continente cuyos habitantes no son libres, pero dio cuenta de una leve mejoría debido a la aparición del medio digital independiente 14 y medio.
La organización estadounidense señaló que si bien continúa siendo ilegal imprimir y distribuir publicaciones independientes en la isla caribeña, periodistas independientes han hallado maneras de compartir sus textos en el ciberespacio.
El informe también destaca que La Habana liberó a decenas de prisioneros políticos como parte de las conversaciones adelantadas con Washington por la normalización de relaciones diplomáticas.
El documento señala a las autoridades ecuatorianas de contratar el año pasado firmas para remover de sitios web como YouTube contenidos considerados desfavorables al gobierno, y de invocar una ley de comunicaciones sancionada en 2013 para enjuiciar a internautas críticos al presidente Rafael Correa.
La organización acusa a Venezuela de aumentar de manera sustancial la cantidad de prisioneros políticos en 2014, mientras sus dirigentes denunciaban conspiraciones foráneas para fortalecer su coalición política.
“Considerado alguna vez como el modelo posible para gobiernos izquierdistas-populistas en América Latina, el sistema instaurado por el difunto Hugo Chávez ahora es un caso para estudiar disfunción económica y política”, dijo el informe.
La organización denunció también que la libertad de desplazamiento se vio afectada debido al incremento de violencia criminal en El Salvador y Honduras.
Freedom House, que desde los años 40 publica un informe anual sobre la democracia y las libertades en el mundo, dijo que las libertades sufrieron el año pasado el mayor debilitamiento de los últimos 25 años, debido a una explosión de violencia terrorista y al uso de tácticas brutales por parte de gobiernos autócratas.
De los 195 países evaluados con una puntuación del 1 al 7, 61 experimentaron retrocesos y apenas 33 vieron mejorías, señaló Freedom House.
Reporte íntegro publicado por Freedom House.
Freedom House 2015:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ AP
México sufre crisis de DDHH y Peña no lo entiende: WOLA; 150 ONGs rechazan versión de PGR
La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, en sus siglas en inglés) criticó al gobierno mexicano por querer cerrar apresuradamente la investigación sobre Ayotzinapa. Dijo que es prematuro y alarmante porque “aún quedan varios pendientes a resolver. Sólo reforzará la percepción de que el gobierno no está comprometido con el Estado de Derecho”.
WOLA expresó, en un amplio comunicado, que México vive una crisis de derechos humanos y el Presidente Enrique Peña Nieto parece no entenderlo. El viernes, The Economist dijo algo similar, pero con la corrupción: “simplemente no lo entiende”, expresó la prestigiada revista inglesa, de los medios más influyentes en la comunidad de negocios y economía del mundo. Algo similar expresó hoy la Oficina de Washington para Latinoamérica en referencia al caso Iguala. “México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender Peña Nieto”.
También esta tarde, más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, así como defensores de derechos humanos, reprobaron la teoría de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre que los estudiantes de Aytozinapa fueron secuestrados, quemados y arrojados a basurero de Cocula. No compraron la versión oficial porque, dijeron, no se cuenta con pruebas científicas suficientes para decir que así sucedió.
Ayer, el Procurador Jesús Murillo Karam pareció desechar cualquiera otra versión o línea de investigación. Llamó a la suya “verdad histórica” y la plasmó en un video con música que también fue criticado por WOLA.
Las organizaciones civiles en México dijeron que hay elementos suficientes para mantener la línea de investigación abierta y la búsqueda con vida de los estudiantes, a fin de llegar a la verdad de los hechos y el castigo a todos los responsables. A 120 días de los hechos, reprobaron que el Gobierno federal no cumpla con los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación “pretenda poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años”.
Los grupos civiles firmantes critican, como Amnistía Internacional y como Human Right Watch antes, que la tesis de Murillo Karam deja de lado a las fuerzas armadas. “La participación del Ejército no ha sido investigada a cabalidad [...]. Contrario a ello, los estudiantes normalistas, madres y padres de familia, así como defensoras y defensores de derechos humanos que acompañan el caso, han sido objeto de campañas de difamación y desprestigio, agresiones físicas e intimidación, y su palabra y valoración no ha sido tomada en cuenta en las recientes acciones del Gobierno Federal”.
“Ejemplo una de las agresiones es la acción ocurrida el pasado 12 de enero de 2015, en el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, ubicado en Iguala, Guerrero, en donde militares agredieron a familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos, quienes desde un inicio han exigido la apertura de los cuarteles militares para cerciorarse si sus hijos se encuentran o no dentro de los cuarteles. Una vez más, el Ejército ponderó el uso de la fuerza en lugar de crear las condiciones necesarias para el diálogo con familiares y normalistas, quienes exigen a las autoridades federales el esclarecimiento del papel del Ejército en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014″, dijeron las organizaciones en el comunicado.
Exponen varios puntos al gobierno de México para garantizar la aplicación de la justicia.
EPN QUIERE CERRAR EL CASO YA
La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) afirmó que el Presidente Enrique Peña Nieto “claramente quiere superar este caso”, pues este caso “ha herido gravemente tanto su popularidad interna como su credibilidad internacional, sin embargo, todavía hay muchas preguntas sin respuesta”.
Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, dijo que era preocupante el peso que el gobierno le da a las confesiones de los supuestos autores materiales, “sobre todo cuando hay acusaciones de que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”. Mismo punto que señaló este día Amnistía Internacional.
Reiteraron que el caso de los estudiantes no es aislado ya que el Estado mexicano no ha podido dar respuestas contundentes a los miles de familias de víctimas de desapariciones forzadas y otras víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país y tampoco ha investigado y sancionado a los agentes responsables, a cualquier nivel.
WOLA también resaltó el video que presentó ayer Murillo Karam, la Oficina de Washingtón asegura que es “tipo ‘documental’, producido por el mismo gobierno, con una narración sombría y recreaciones animadas de los violentos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-01-2015/1232948.
WOLA expresó, en un amplio comunicado, que México vive una crisis de derechos humanos y el Presidente Enrique Peña Nieto parece no entenderlo. El viernes, The Economist dijo algo similar, pero con la corrupción: “simplemente no lo entiende”, expresó la prestigiada revista inglesa, de los medios más influyentes en la comunidad de negocios y economía del mundo. Algo similar expresó hoy la Oficina de Washington para Latinoamérica en referencia al caso Iguala. “México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender Peña Nieto”.
También esta tarde, más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, así como defensores de derechos humanos, reprobaron la teoría de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre que los estudiantes de Aytozinapa fueron secuestrados, quemados y arrojados a basurero de Cocula. No compraron la versión oficial porque, dijeron, no se cuenta con pruebas científicas suficientes para decir que así sucedió.
Ayer, el Procurador Jesús Murillo Karam pareció desechar cualquiera otra versión o línea de investigación. Llamó a la suya “verdad histórica” y la plasmó en un video con música que también fue criticado por WOLA.
Las organizaciones civiles en México dijeron que hay elementos suficientes para mantener la línea de investigación abierta y la búsqueda con vida de los estudiantes, a fin de llegar a la verdad de los hechos y el castigo a todos los responsables. A 120 días de los hechos, reprobaron que el Gobierno federal no cumpla con los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación “pretenda poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años”.
Los grupos civiles firmantes critican, como Amnistía Internacional y como Human Right Watch antes, que la tesis de Murillo Karam deja de lado a las fuerzas armadas. “La participación del Ejército no ha sido investigada a cabalidad [...]. Contrario a ello, los estudiantes normalistas, madres y padres de familia, así como defensoras y defensores de derechos humanos que acompañan el caso, han sido objeto de campañas de difamación y desprestigio, agresiones físicas e intimidación, y su palabra y valoración no ha sido tomada en cuenta en las recientes acciones del Gobierno Federal”.
“Ejemplo una de las agresiones es la acción ocurrida el pasado 12 de enero de 2015, en el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, ubicado en Iguala, Guerrero, en donde militares agredieron a familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos, quienes desde un inicio han exigido la apertura de los cuarteles militares para cerciorarse si sus hijos se encuentran o no dentro de los cuarteles. Una vez más, el Ejército ponderó el uso de la fuerza en lugar de crear las condiciones necesarias para el diálogo con familiares y normalistas, quienes exigen a las autoridades federales el esclarecimiento del papel del Ejército en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014″, dijeron las organizaciones en el comunicado.
Exponen varios puntos al gobierno de México para garantizar la aplicación de la justicia.
- No cerrar el caso Ayotzinapa hasta que las familias tengan certeza científica y jurídica del paradero de sus hijos y hasta que todas/os los autores materiales e intelectuales sean sancionados.
- Se creen mecanismos eficaces para garantizar la no repetición de los hechos.
- Se agoten todas las líneas de investigación y se esclarezca la participación de la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales.
- Se creen mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos y sus represenantes, a fin de garantizar el ejercicio de su derecho a la verdad y se cercioren si sus hijos se encuentran o no en dicho lugar.
- Se respeten las valoraciones y los resultados de las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se garanticen las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica que ha sido asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos; así como para contribuir en las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a los responsables, y la asistencia a los familiares, pueda realizar sus actividades a cabalidad, como se estableció y oficializó el pasado 29 de octubre y 18 de noviembre de 2014, respectivamente en el acuerdo firmado entre la CIDH, el Estado Mexicano y los representantes de las víctimas.
- Que el Gobierno Federal actué de manera contundente para desmantelar a los grupos delincuenciales que atentan contra la estabilidad y seguridad de nuestro país y que hoy en día han hecho de México un territorio de miles de personas desaparecidas.
- Cese de la represión y criminalización, contra miembros de la sociedad civil, que en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, han sido detenidos arbitrariamente en el marco de las acciones en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa.
- Cese del desprestigio y criminalización de los estudiantes normalistas, padres y madres de familia, así como de las y los defensores de derechos humanos que acompañan el caso. Así como garantías de su seguridad.
- Se establezcan mecanismos eficaces de comunicación en los que se priorice la interlocución y necesidades específicas de las familias, estudiantes y organizaciones acompañantes.
EPN QUIERE CERRAR EL CASO YA
La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) afirmó que el Presidente Enrique Peña Nieto “claramente quiere superar este caso”, pues este caso “ha herido gravemente tanto su popularidad interna como su credibilidad internacional, sin embargo, todavía hay muchas preguntas sin respuesta”.
Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, dijo que era preocupante el peso que el gobierno le da a las confesiones de los supuestos autores materiales, “sobre todo cuando hay acusaciones de que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”. Mismo punto que señaló este día Amnistía Internacional.
“México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender el Presidente Peña Nieto”.Otro aspecto que considera preocupante WOLA es que no se haya dado tiempo para que el grupo de expertos externos de asistencia técnica, cuyo apoyo fue acordado entre el Estado mexicano, la y representantes de las familias en noviembre, lleve a cabo su labor.
Reiteraron que el caso de los estudiantes no es aislado ya que el Estado mexicano no ha podido dar respuestas contundentes a los miles de familias de víctimas de desapariciones forzadas y otras víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país y tampoco ha investigado y sancionado a los agentes responsables, a cualquier nivel.
WOLA también resaltó el video que presentó ayer Murillo Karam, la Oficina de Washingtón asegura que es “tipo ‘documental’, producido por el mismo gobierno, con una narración sombría y recreaciones animadas de los violentos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-01-2015/1232948.
Despiden a reportera en Puebla, por embarazo de alto riesgo
La periodista recibió un diagnóstico médico de amenaza de aborto, pero su jefe la presionó para seguir cubriendo eventos.
La revista Líder, de Puebla, despidió a su reportera Arlette de la Torre Togán, debido a las complicaciones de su embarazo de alto riesgo, por lo que la periodista presentó una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Puebla el pasado 7 de enero, según reportó la agencia de noticias con perspectiva de género Cimacnoticias.
El testimonio de la reportera indica que el 20 de octubre de 2014 su jefe, Martín Gutiérrez Salvatori, le notificó por un mensaje de texto que estaba despedida, días después de haberle dicho en una reunión que él “necesitaba una persona completa e íntegra, sin que pusiera excusas personales”. La periodista comunicó el 8 de octubre a su jefe el diagnóstico médico de amenaza de aborto, pero este último continuó asignándole coberturas.
Tras el despido, Arlette de la Torre fue advertida por su jefe de la buena relación entre el director de la revista y el alcalde de la ciudad de Puebla, José Antonio Gali Fayad, lo que haría inútil cualquier demanda. “De aquí a que te pelen ya hasta nació tu bebé” fueron las palabras que recibió la reportera de su jefe, según la información de Cimac.
El jefe inmediato de la periodista le ofreció continuar como freelance hasta diciembre con un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales, el pago de su aguinaldo y un puesto como vendedora de publicidad, pero la reportera se negó.
Según el estudio Impunidad. Violencia contra mujeres periodistas, análisis legal realizado por Cimac, Puebla ocupó el tercer lugar en la lista de entidades federativas con mayor número de actos violentos contra mujeres periodistas en 2013,concentrando el 6% de los casos junto con Nayarit y Oaxaca.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La revista Líder, de Puebla, despidió a su reportera Arlette de la Torre Togán, debido a las complicaciones de su embarazo de alto riesgo, por lo que la periodista presentó una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Puebla el pasado 7 de enero, según reportó la agencia de noticias con perspectiva de género Cimacnoticias.
El testimonio de la reportera indica que el 20 de octubre de 2014 su jefe, Martín Gutiérrez Salvatori, le notificó por un mensaje de texto que estaba despedida, días después de haberle dicho en una reunión que él “necesitaba una persona completa e íntegra, sin que pusiera excusas personales”. La periodista comunicó el 8 de octubre a su jefe el diagnóstico médico de amenaza de aborto, pero este último continuó asignándole coberturas.
Tras el despido, Arlette de la Torre fue advertida por su jefe de la buena relación entre el director de la revista y el alcalde de la ciudad de Puebla, José Antonio Gali Fayad, lo que haría inútil cualquier demanda. “De aquí a que te pelen ya hasta nació tu bebé” fueron las palabras que recibió la reportera de su jefe, según la información de Cimac.
El jefe inmediato de la periodista le ofreció continuar como freelance hasta diciembre con un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales, el pago de su aguinaldo y un puesto como vendedora de publicidad, pero la reportera se negó.
Según el estudio Impunidad. Violencia contra mujeres periodistas, análisis legal realizado por Cimac, Puebla ocupó el tercer lugar en la lista de entidades federativas con mayor número de actos violentos contra mujeres periodistas en 2013,concentrando el 6% de los casos junto con Nayarit y Oaxaca.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Desmantelarán 8 km de vías de la Línea 12 del Metro
Para llevar a cabo la operación, se va a requerir de la coordinación con la operación a cargo del Sistema de Transporte Colectivo para trabajar en una vía, mientras la otra funciona.
Ocho de los 25 kilómetros de vía de la Línea 12 del Metro, serán reinstalados, por lo que rieles y durmientes, serán levantados para retirarlos, explicó Alfredo Hernández, secretario de Obras del Gobierno del Distrito Federal.
Y aque estén armadas las nuevas vías para los ocho kilómetros correspondientes, y que sean adecuadas para los trenes FE10, serán instaladas de manera precisa.
El funcionario señaló que “es una logística impresionante, con equipos de llamar la atención. Vamos a cortar tramos de 110 a 120 metros de longitud; se cortan y se levantan con unos pórticos formados por gatos hidráulicos”.
Una vez levantada la vía, se retirará el balasto o piedra base que cumple con la función de distribuir el peso del tren, para remplazar la que está por ahora, por una de material calizo.
“No sólo es llegar, quitar la grava y volver a ponerla. Hay que quitar la vía“, explicó Hernández.
Para llevar a cabo la operación, se va a requerir de la coordinación con la operación a cargo del Sistema de Transporte Colectivo para trabajar en una vía, mientras la funciona.
También se requerirá que se retiren los señalamientos y el sistema de pilotaje automático, que después deben ser colocados nuevamente.
Además en los talleres, serán ensambladas las nuevas vías, cuando comiencen a llegar las piezas importadas en abril.
Ya que estén construidas serán integradas en su lugar correspondiente, indicó el funcionario.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ocho de los 25 kilómetros de vía de la Línea 12 del Metro, serán reinstalados, por lo que rieles y durmientes, serán levantados para retirarlos, explicó Alfredo Hernández, secretario de Obras del Gobierno del Distrito Federal.
Y aque estén armadas las nuevas vías para los ocho kilómetros correspondientes, y que sean adecuadas para los trenes FE10, serán instaladas de manera precisa.
El funcionario señaló que “es una logística impresionante, con equipos de llamar la atención. Vamos a cortar tramos de 110 a 120 metros de longitud; se cortan y se levantan con unos pórticos formados por gatos hidráulicos”.
Una vez levantada la vía, se retirará el balasto o piedra base que cumple con la función de distribuir el peso del tren, para remplazar la que está por ahora, por una de material calizo.
“No sólo es llegar, quitar la grava y volver a ponerla. Hay que quitar la vía“, explicó Hernández.
Para llevar a cabo la operación, se va a requerir de la coordinación con la operación a cargo del Sistema de Transporte Colectivo para trabajar en una vía, mientras la funciona.
También se requerirá que se retiren los señalamientos y el sistema de pilotaje automático, que después deben ser colocados nuevamente.
Además en los talleres, serán ensambladas las nuevas vías, cuando comiencen a llegar las piezas importadas en abril.
Ya que estén construidas serán integradas en su lugar correspondiente, indicó el funcionario.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
¿Qué van a hacer los expertos internacionales, si ya la PGR se adelantó?: José Miguel Vivanco
Y los expertos de la CIDH, ¿a que van a venir, a respaldar hechos consumados?, pregunta el director de Human Rights Watch para las Américas.
Dado los índices de violencia y corrupción, no es inverosímil el relato que hace el procurador Jesús Murillo Karam, pero es difícil confiar por muchas razones, comentó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas .
Una de las razones es que, como todo mundo está enterado, los estudios en Austria no se hicieron en todos los restos, sólo se identificó a uno.
Entrevistado por Carmen Aristegui en la primera emisión de Noticias MVS, Vivanco comentó que es “de la mayor gravedad” que el procurador haya decidido hablar con los medios, antes que con los familiares. Hubo prisa por concluir la investigación y extrapolar los informes de la universidad austriaca.
Y los expertos de la CIDH, ¿a que van a venir, a respaldar hechos consumados?, preguntó Vivanco y comentó que las conclusiones de la PGR colocan en entredicho la seriedad con la que se están realizando los trabajos de los expertos internacionales. Anunciaron un gasto muy fuerte para los investigadores y especialistas internacionales y ni siquiera han visitado el país.
Si yo fuera familiar, mi mayor esperanza estaría en los expertos, pero ¿qué van a hacer los expertos, si ya la Procuraduría se adelanta y presenta una conclusión? Me parece poco serio
Las autoridades -señaló Vivanco- no estuvieron a la altura de las circunstancias, nos ofrecen un relato que produce escepticismo y dudas fundadas.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Dado los índices de violencia y corrupción, no es inverosímil el relato que hace el procurador Jesús Murillo Karam, pero es difícil confiar por muchas razones, comentó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas .
Una de las razones es que, como todo mundo está enterado, los estudios en Austria no se hicieron en todos los restos, sólo se identificó a uno.
Entrevistado por Carmen Aristegui en la primera emisión de Noticias MVS, Vivanco comentó que es “de la mayor gravedad” que el procurador haya decidido hablar con los medios, antes que con los familiares. Hubo prisa por concluir la investigación y extrapolar los informes de la universidad austriaca.
Y los expertos de la CIDH, ¿a que van a venir, a respaldar hechos consumados?, preguntó Vivanco y comentó que las conclusiones de la PGR colocan en entredicho la seriedad con la que se están realizando los trabajos de los expertos internacionales. Anunciaron un gasto muy fuerte para los investigadores y especialistas internacionales y ni siquiera han visitado el país.
Si yo fuera familiar, mi mayor esperanza estaría en los expertos, pero ¿qué van a hacer los expertos, si ya la Procuraduría se adelanta y presenta una conclusión? Me parece poco serio
Las autoridades -señaló Vivanco- no estuvieron a la altura de las circunstancias, nos ofrecen un relato que produce escepticismo y dudas fundadas.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Federales detienen a cinco normalistas en la Autopista del Sol, los liberan dos horas después
Los normalistas realizaban labores de boteo antes de ser detenidos en la caseta de Palo Blanco; mil 500 policías federales vigilan las plazas de cobro de la Autopista del Sol en Guerrero.
Elementos de la Policía Federal detuvieron a cinco normalistas que realizaban labores de boteo en la caseta Palo Blanco de la Autopista del Sol, que comunica al Distrito Federal con el puerto de Acapulco, y los trasladaron a la comisaría regional de la corporación, localizada al sur de Chilpancingo, Guerrero.
La detención de los normalistas ocurrió alrededor de las 2 de la tarde de este 28 de enero, cuando los jóvenes querían tomar la plaza de cobró sin hacer caso de las advertencias de los policías federales.
Tras la detención de los jóvenes, un grupo de alrededor de 50 estudiantes llegó a la sede de la Policía Federal en Chilpancingo para exigir la liberación de sus compañeros, hecho que se logró después de un par de horas y bajo la advertencia de que no se permitirá la toma de casetas.
La detención de los normalistas ocurre un día después de que la Policía Federal inició un operativo permanente en las plazas de cobro de la Autopista del Sol.
El operativo puesto en marcha incluye la participación de mil 500 policías antimotines, con lo que se garantiza el libre tránsito el respeto a la ley y los derechos humanos, indicó el comisionado de la corporación, Enrique Galindo Ceballos.
“Policías federales permanecen en casetas como primera instancia de diálogo. Se desplegaron 1,500 policías federales antimotín en caso de que se requiera apoyo alguno”, destacó Galindo Ceballos en su perfil de Twitter, donde agregó que personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y un notario público certificaron que los policías no portan armas de fuego.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Elementos de la Policía Federal detuvieron a cinco normalistas que realizaban labores de boteo en la caseta Palo Blanco de la Autopista del Sol, que comunica al Distrito Federal con el puerto de Acapulco, y los trasladaron a la comisaría regional de la corporación, localizada al sur de Chilpancingo, Guerrero.
La detención de los normalistas ocurrió alrededor de las 2 de la tarde de este 28 de enero, cuando los jóvenes querían tomar la plaza de cobró sin hacer caso de las advertencias de los policías federales.
Tras la detención de los jóvenes, un grupo de alrededor de 50 estudiantes llegó a la sede de la Policía Federal en Chilpancingo para exigir la liberación de sus compañeros, hecho que se logró después de un par de horas y bajo la advertencia de que no se permitirá la toma de casetas.
La detención de los normalistas ocurre un día después de que la Policía Federal inició un operativo permanente en las plazas de cobro de la Autopista del Sol.
El operativo puesto en marcha incluye la participación de mil 500 policías antimotines, con lo que se garantiza el libre tránsito el respeto a la ley y los derechos humanos, indicó el comisionado de la corporación, Enrique Galindo Ceballos.
“Policías federales permanecen en casetas como primera instancia de diálogo. Se desplegaron 1,500 policías federales antimotín en caso de que se requiera apoyo alguno”, destacó Galindo Ceballos en su perfil de Twitter, donde agregó que personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y un notario público certificaron que los policías no portan armas de fuego.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Liconsa compra leche ficticia en Guanajuato y luego castiga a los denunciantes
De acuerdo con una investigación, los productores San Miguel de Allende negaron vender sumas excesivas a la empresa.
Una investigación periodística presentada el jueves 22 de enero en el programa Punto de Partida, de Denise Maerker, reveló que Liconsa ha comprado en Guanajuato al menos 2 millones 500 mil litros “ficticios” de leche; es decir, ha facturado a nombre de productores que niegan haberle vendido y en otros casos ha “inflado” la cantidad del lácteo comprado.
Uno de estos productores es David Gómez Danillo, presidente de la Asociación Ganadera de San Miguel Allende, en Guanajuato. Él negó haber sido proveedor de la empresa pública, a pesar de que en los registros contables de Liconsa consta que, en 2013, Danillo entregó 6 mil pesos de leche semanalmente, unos 288 mil pesos todo el año; mientras que en enero, febrero y marzo de 2014 supuestamente facturó 4 millones 500 mil pesos.
La respuesta de Liconsa
Benjamín Rojas Bolaños, exgerente de Liconsa en Guanajuato, dice que cuando descubrió la facturación de esa leche inexistente, solicitó a Héctor Pablo Ramírez Puga, director de Liconsa, que el jurídico presentara una denuncia.
En respuesta, el funcionario fue cesado de su cargo por “pérdida de confianza y falta de probidad”. Pero Ramírez Puga negó que exista en archivos de la paraestatal el documento del cese.
La inexistencia de los 2.5 millones de litros bien podrían ser mermas, de acuerdo con el director de Liconsa.
Tras la denuncia presentada en Punto de Partida, Liconsa se negó a aceptar el abastecimiento de leche a productores de la Asociación Ganadera de San Miguel Allende, además de recortar el 70% de la ración habitual, debido a que “tenían un sobrepedido a otros productores de otros estados”.
Mira aquí la segunda parte del reportaje.
En protesta, Juan Manuel Martínez, uno de los productores de San Miguel de Allende, y sus nueve hermanos tiraron cerca de 18 mil litros en un centro de recepción de Liconsa, ya que después de denunciar el falseo de datos e información, la empresa del gobierno se negó a recibirles el producto.
El equipo de Punto de Partida intentó comunicarse con funcionarios de Sedesol o Liconsa, pero no han recibido respuesta.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Una investigación periodística presentada el jueves 22 de enero en el programa Punto de Partida, de Denise Maerker, reveló que Liconsa ha comprado en Guanajuato al menos 2 millones 500 mil litros “ficticios” de leche; es decir, ha facturado a nombre de productores que niegan haberle vendido y en otros casos ha “inflado” la cantidad del lácteo comprado.
Uno de estos productores es David Gómez Danillo, presidente de la Asociación Ganadera de San Miguel Allende, en Guanajuato. Él negó haber sido proveedor de la empresa pública, a pesar de que en los registros contables de Liconsa consta que, en 2013, Danillo entregó 6 mil pesos de leche semanalmente, unos 288 mil pesos todo el año; mientras que en enero, febrero y marzo de 2014 supuestamente facturó 4 millones 500 mil pesos.
La respuesta de Liconsa
Benjamín Rojas Bolaños, exgerente de Liconsa en Guanajuato, dice que cuando descubrió la facturación de esa leche inexistente, solicitó a Héctor Pablo Ramírez Puga, director de Liconsa, que el jurídico presentara una denuncia.
En respuesta, el funcionario fue cesado de su cargo por “pérdida de confianza y falta de probidad”. Pero Ramírez Puga negó que exista en archivos de la paraestatal el documento del cese.
La inexistencia de los 2.5 millones de litros bien podrían ser mermas, de acuerdo con el director de Liconsa.
Tras la denuncia presentada en Punto de Partida, Liconsa se negó a aceptar el abastecimiento de leche a productores de la Asociación Ganadera de San Miguel Allende, además de recortar el 70% de la ración habitual, debido a que “tenían un sobrepedido a otros productores de otros estados”.
Mira aquí la segunda parte del reportaje.
En protesta, Juan Manuel Martínez, uno de los productores de San Miguel de Allende, y sus nueve hermanos tiraron cerca de 18 mil litros en un centro de recepción de Liconsa, ya que después de denunciar el falseo de datos e información, la empresa del gobierno se negó a recibirles el producto.
El equipo de Punto de Partida intentó comunicarse con funcionarios de Sedesol o Liconsa, pero no han recibido respuesta.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Versión de PGR vs. la de Ayotzinapa, sobre ‘El cochiloco’, Los Rojos, Guerreros Unidos…
“Está tratándose de proyectar una cosa que no es cierta, no hay elementos suficientes para concluir que el móvil fue ese, y que los compañeros pertenecían a ‘Los rojos’”, señaló el abogado de los padres.
La “verdad histórica” de los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, presentada el martes en la PGR, develó el presunto móvil de los hechos, por lo que integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, presuntamente asesinaron y desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Tixtla: creían que eran parte de una banda rival, del crimen organizado en el estado.
“(Los integrantes de Guerreros Unidos) Utilizan el argumento de que vienen infiltrados, así usan la palabra muchísimo, infiltrados, los estudiantes con Los Rojos, nosotros no hemos encontrado ningún rojo, a menos que alguno de los estudiantes haya estado ligado a esto, pero eso es lo que ellos pensaban, y ellos pensaban que había una infiltración, una asociación de unos con otros, en el relato dicen los contras, en algún momento lo vimos en este video, dicen los estudiantes, (dicen) ¿qué estudiantes?, eran los Rojos”, comentó el martes el procurador Jesús Murillo Karam.
Los Rojos y Guerreros Unidos se disputan desde hace al menos 4 años el territorio guerrerense, donde también opera una pequeña célula de La Familia Michoacana. La entidad está prácticamente repartida entre los 3 grupos, que no permiten que otro cártel pise lo que -consideran- es suyo, para traficar droga o extenderse a otro de los negocios del crimen: las extorsiones.
La PGR señala directamente al estudiante de Ayotzinapa, Bernardo Flores Alcaraz, alias “El cochiloco”, como quien ordena a los normalistas llegar a Iguala; además de que lo señalan como uno de los que enfrentó, primero verbalmente y después con piedras, a la policía de Iguala.
“Con estas narraciones (de los integrantes de Guerreros Unidos), asentadas en las declaraciones ministeriales que fueron asistidas por sus defensores, se consolida el móvil, consistente en que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región; esa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida. Versión que se transmitió de un nivel a otro del grupo delictivo y que surgió de los líderes de la organización, entre los que se encuentran José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado”, indicó el director de la agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón.
En el video presentado ayer por la PGR se expone: “A las 19 horas (del 26 de septiembre) los estudiantes terminan sus actividades de boteo y abordan de nuevo los 2 autobuses con dirección a Tixtla. En este trayecto, son detectados por un halcón miembro del grupo Guerreros Unidos, el cual da aviso al líder de esta banda delictiva. En ese trayecto, el estudiante conocido como El Cochiloco, recibe una llamada telefónica de los estudiantes que se encontraban en la terminal de Iguala, pidiéndole apoyo porque tenían problema para apoderarse de más autobuses. El Cochiloco da la orden de regresar a Iguala, dirigiéndose a la terminal de autobuses de la empresa Costa Line, para apoyar a sus compañeros. A las 20 horas, los estudiantes llegan a la terminal de camiones Costa Line, perteneciente a la empresa Estrella Roja del Sur, ubicada en la ciudad de Iguala”.
“Los estudiantes descienden de los autobuses y algunos de ellos, acompañados de El Cochiloco y el Fresco tienen un diálogo con los policías pero no llegan a ningún acuerdo. Y la situación se torna rijosa”, señala en el video de la dependencia federal.
Además, se asegura: “Los normalistas inician la agresión, lanzando piedras a los policías y, a su vez, los policías responden disparando sus armas contra los estudiantes, dando como resultado, 2 estudiantes muertos y uno gravemente lesionado. Durante la balacera, algunos normalistas se dispersaron, logrando esconderse en la zona, y otros lograron huir”.
La versión de Ayotzinapa
Sin embargo, para el abogado de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, la versión de la PGR tiene inconsistencias.
“Hay mucho por investigar, no se puede dar por cerrado, no hay una prueba contundente”, dijo esta mañana en Noticias MVS.
Efectivamente, el 26 de septiembre los estudiantes recababan fondos y buscaban autobuses, reconoció.
Pero “el chofer los encierra dentro del autobús, eso amerita un pedido de auxilio de los compañeros y acuden el resto de los autobuses a la terminal (de Iguala). De ahí viene toda la historia de la agresión”.
En Iguala, hubo “una confrontación dentro de la terminal, policías intentaron detenerlos”, detalló.
“Se fueron dando los hechos en cadena, situaciones que no estaban planeadas”, aseveró, en contraste con la versión de la PGR que desliza una especie de plan de los normalistas.
También refutó que los estudiantes tuvieran planeado boicotear el informe de la esposa del alcalde de Iguala.
Respecto a los señalamientos de la Procuraduría General de la República, sobre que Bernardo Flores Alcaraz el “Cochiloco” y Miguel Ángel Hernández “El Patilludo” estarían relacionados con el grupo criminal “Los Rojos”,el abogado rechazó las “aseveraciones totalmente fuera de lugar”.
Dijo que ambos los tienen totalmente identificados, formaban parte de la matrícula de la escuela, y eran del Comité de la Normal Rural, para lo que “tienen que ser nombrados en una asamblea, tienen que ser los mejores estudiantes… no llega al comité cualquier persona”.
“No dudamos, en lo más mínimo, de los compañeros“, mencionó.
Explicó que en la escuela Normal, es tradición poner apodos; se los ponen en la semana de prueba, pero no por eso son delincuentes. Incluso, reveló, hasta Lucio Cabañas tuvo el suyo: “El Chivo”.
Además aclaró que también son rapados los alumnos de primer ingreso, pues una de las costumbres en la escuela.
Precisó que “Cochiloco”, de tercer año y “El Patilludo” del segundo año, tuvieron una reunión previa con el resto de los estudiantes, para llevar a cabo su movilización.
Recalcó que “negamos categóricamente que estén relacionados con ‘Los Rojos’”.
Por lo que adelantó que “vamos acreditarlo de manera contundente, para que conste que son alumnos de la Normal”.
Por último, Rosales señaló que el director de la Normal Rural de Ayotzinapa , “nada tiene que ver con la delincuencia organizada; es de la corriente política del ahora gobernador, Rogelio Ortega, tuvieron pasado de lucha en los años 60 y 70”.
“Está fuera de lugar que digan que está involucrado con el crimen organizado y que él organiza las movilizaciones”, precisó.
Agregó que “está tratándose de proyectar una cosa que no es cierta, no hay elementos suficientes para concluir que el móvil fue ese, y que los compañeros pertenecían a ‘Los rojos’”.
Hay “inconsistencias, en las propias declaraciones, que obligan a la PGR a seguir con la indagatoria, a continuar”.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La “verdad histórica” de los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, presentada el martes en la PGR, develó el presunto móvil de los hechos, por lo que integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, presuntamente asesinaron y desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Tixtla: creían que eran parte de una banda rival, del crimen organizado en el estado.
“(Los integrantes de Guerreros Unidos) Utilizan el argumento de que vienen infiltrados, así usan la palabra muchísimo, infiltrados, los estudiantes con Los Rojos, nosotros no hemos encontrado ningún rojo, a menos que alguno de los estudiantes haya estado ligado a esto, pero eso es lo que ellos pensaban, y ellos pensaban que había una infiltración, una asociación de unos con otros, en el relato dicen los contras, en algún momento lo vimos en este video, dicen los estudiantes, (dicen) ¿qué estudiantes?, eran los Rojos”, comentó el martes el procurador Jesús Murillo Karam.
Los Rojos y Guerreros Unidos se disputan desde hace al menos 4 años el territorio guerrerense, donde también opera una pequeña célula de La Familia Michoacana. La entidad está prácticamente repartida entre los 3 grupos, que no permiten que otro cártel pise lo que -consideran- es suyo, para traficar droga o extenderse a otro de los negocios del crimen: las extorsiones.
La PGR señala directamente al estudiante de Ayotzinapa, Bernardo Flores Alcaraz, alias “El cochiloco”, como quien ordena a los normalistas llegar a Iguala; además de que lo señalan como uno de los que enfrentó, primero verbalmente y después con piedras, a la policía de Iguala.
“Con estas narraciones (de los integrantes de Guerreros Unidos), asentadas en las declaraciones ministeriales que fueron asistidas por sus defensores, se consolida el móvil, consistente en que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región; esa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida. Versión que se transmitió de un nivel a otro del grupo delictivo y que surgió de los líderes de la organización, entre los que se encuentran José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado”, indicó el director de la agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón.
En el video presentado ayer por la PGR se expone: “A las 19 horas (del 26 de septiembre) los estudiantes terminan sus actividades de boteo y abordan de nuevo los 2 autobuses con dirección a Tixtla. En este trayecto, son detectados por un halcón miembro del grupo Guerreros Unidos, el cual da aviso al líder de esta banda delictiva. En ese trayecto, el estudiante conocido como El Cochiloco, recibe una llamada telefónica de los estudiantes que se encontraban en la terminal de Iguala, pidiéndole apoyo porque tenían problema para apoderarse de más autobuses. El Cochiloco da la orden de regresar a Iguala, dirigiéndose a la terminal de autobuses de la empresa Costa Line, para apoyar a sus compañeros. A las 20 horas, los estudiantes llegan a la terminal de camiones Costa Line, perteneciente a la empresa Estrella Roja del Sur, ubicada en la ciudad de Iguala”.
“Los estudiantes descienden de los autobuses y algunos de ellos, acompañados de El Cochiloco y el Fresco tienen un diálogo con los policías pero no llegan a ningún acuerdo. Y la situación se torna rijosa”, señala en el video de la dependencia federal.
Además, se asegura: “Los normalistas inician la agresión, lanzando piedras a los policías y, a su vez, los policías responden disparando sus armas contra los estudiantes, dando como resultado, 2 estudiantes muertos y uno gravemente lesionado. Durante la balacera, algunos normalistas se dispersaron, logrando esconderse en la zona, y otros lograron huir”.
La versión de Ayotzinapa
Sin embargo, para el abogado de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, la versión de la PGR tiene inconsistencias.
“Hay mucho por investigar, no se puede dar por cerrado, no hay una prueba contundente”, dijo esta mañana en Noticias MVS.
Efectivamente, el 26 de septiembre los estudiantes recababan fondos y buscaban autobuses, reconoció.
Pero “el chofer los encierra dentro del autobús, eso amerita un pedido de auxilio de los compañeros y acuden el resto de los autobuses a la terminal (de Iguala). De ahí viene toda la historia de la agresión”.
En Iguala, hubo “una confrontación dentro de la terminal, policías intentaron detenerlos”, detalló.
“Se fueron dando los hechos en cadena, situaciones que no estaban planeadas”, aseveró, en contraste con la versión de la PGR que desliza una especie de plan de los normalistas.
También refutó que los estudiantes tuvieran planeado boicotear el informe de la esposa del alcalde de Iguala.
Respecto a los señalamientos de la Procuraduría General de la República, sobre que Bernardo Flores Alcaraz el “Cochiloco” y Miguel Ángel Hernández “El Patilludo” estarían relacionados con el grupo criminal “Los Rojos”,el abogado rechazó las “aseveraciones totalmente fuera de lugar”.
Dijo que ambos los tienen totalmente identificados, formaban parte de la matrícula de la escuela, y eran del Comité de la Normal Rural, para lo que “tienen que ser nombrados en una asamblea, tienen que ser los mejores estudiantes… no llega al comité cualquier persona”.
“No dudamos, en lo más mínimo, de los compañeros“, mencionó.
Explicó que en la escuela Normal, es tradición poner apodos; se los ponen en la semana de prueba, pero no por eso son delincuentes. Incluso, reveló, hasta Lucio Cabañas tuvo el suyo: “El Chivo”.
Además aclaró que también son rapados los alumnos de primer ingreso, pues una de las costumbres en la escuela.
Precisó que “Cochiloco”, de tercer año y “El Patilludo” del segundo año, tuvieron una reunión previa con el resto de los estudiantes, para llevar a cabo su movilización.
Recalcó que “negamos categóricamente que estén relacionados con ‘Los Rojos’”.
Por lo que adelantó que “vamos acreditarlo de manera contundente, para que conste que son alumnos de la Normal”.
Por último, Rosales señaló que el director de la Normal Rural de Ayotzinapa , “nada tiene que ver con la delincuencia organizada; es de la corriente política del ahora gobernador, Rogelio Ortega, tuvieron pasado de lucha en los años 60 y 70”.
“Está fuera de lugar que digan que está involucrado con el crimen organizado y que él organiza las movilizaciones”, precisó.
Agregó que “está tratándose de proyectar una cosa que no es cierta, no hay elementos suficientes para concluir que el móvil fue ese, y que los compañeros pertenecían a ‘Los rojos’”.
Hay “inconsistencias, en las propias declaraciones, que obligan a la PGR a seguir con la indagatoria, a continuar”.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Ejército estuvo en la escena del crimen: Vidulfo
"No estamos diciendo que ellos estuvieron secuestrando ni matando a los estudiantes, lo que estamos diciendo es que estuvo en la escena del crimen durante mucho tiempo... brindando una especie de protección a los grupos delincuenciales", indicó Vidulfo Rosales, defensor de los padres de Ayotzinapa.
Contrario a lo que estableció el procurador Jesús Murillo Karam, quien dijo que “no hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola… ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar”, el abogado de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, reveló que existen al menos 10 declaraciones testimoniales -rendidas ante el Ministerio Público-, así como el testimonio de un policía, que señalan que los soldados sí actuaron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, en Iguala.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, indicó que algunos sobrevivientes de Ayotzinapa afirman que vieron patrullando al Ejército Mexicano, mientras otros aseguraron que fueron interceptados por militares.
“Por supuesto que sí hay evidencias: al menos 10 declaraciones testimoniales de los compañeros que de diferentes formas unos afirman que vieron al Ejército Mexicano patrullando a las orillas de Iguala, el día de los hechos, los otros afirman que fueron interceptados por ellos en una clínica”, expuso.
“Lo más contundente es que un policía de nombre Salvador Bravo Bárcenas hace una declaración muy reveladora: dice que el Ejército Mexicano, el 27 batallón de Infantería tenía pleno conocimiento desde el 2013 que Guerreros Unidos protegía a la Policía de Cocula y de Iguala y que eso se lo dieron a conocer al Ejército Mexicano y que no actúa, sino al contrario estuvo protegiendo a este grupo criminal y a la policía”, sostuvo el abogado.
“Esos dos elementos claros de parte de testimonios de sobrevivientes y el señalamiento que hace el policía son elementos suficientes para que se pueda indagar, llamar a cuentas dentro de la investigación al Ejército”, indicó.
“sostener que no tiene nada que ver es posición política de autoridades federales de mantenerlo al margen, de no inmiscuirlo, esta es una institución inmaculada y no tenemos que involucrarla en esto”, agregó.
Sobre el policía precisó: “Es uno de los policías detenidos que hoy está enfrentando proceso… hay este elemento probatorio anterior a los hechos, señalamiento directo de que la institución armada protegía al cártel Guerreros Unidos. Testimonios dicen que ahí estuvo, el día de los hechos en la escena del crimen durante mucho tiempo, entonces hay que investigarlo. ¿Por qué no tomó medidas preventivas? Hay una serie de interrogantes que tendría que responder.
“No estamos diciendo que ellos estuvieron secuestrando ni matando a los estudiantes, lo que estamos diciendo es que estuvo en la escena del crimen durante mucho tiempo”, subrayó.
Respecto a las declaraciones de los estudiantes sobrevivientes, Vidulfo expuso: “Después de la segunda agresión, llevaron a Édgar a un lugar donde puedan ingresar para preservar la vida, encuentran un hospital particular, rompen la puerta y abren la puerta y están adentro del hospital, 20 minutos o 15″.
“Llegaron los militares ahí. Les apuntan con las armas, les interrogan quiénes son, qué andan haciendo ahí, ellos se identifican, somos estudiantes de la Normal, incluso ahí hay amenazas con ellos, si tanto se sienten muy hombrecitos, ¿por qué ahora tienen miedo?, incluso les quitan identificaciones y los sacan de ahí, de la clínica los corren y los echan a la calle, empiezan a correr por todos lados, intentando salvaguardar la vida de Édgar y de ellos mismos, más tarde llegó patrulla de la Policía Preventiva y llevó a Édgar al hospital”, puntualizó.
“Ellos (los militares) sabían que eran estudiantes, incluso les quitaron sus identificaciones, nunca se las devolvieron, tendría que tener esas identificaciones en el poder”, reveló el abogado.
“Habían pasado 5 horas de agresiones y balaceras en Iguala, el Ejército sabía ya cuál era la situación en Iguala, a los estudiantes no les brindaron protección, los aventaron a la calle para que siguieran siendo perseguidos, eso ameritaría una investigación. Hay elementos periféricos a esta investigación que hicieron, que propiciaron que los hechos de Iguala se dieran así de manera tan deleznable como ocurrieron, y eso tiene que ver con el Ejército mexicano, que plenamente sabía, conocía, que el día de los hechos omitió, no actuó, al contrario, estuvo en la escena del crimen, brindando una especie de protección a los grupos delincuenciales”, senteció.
Además, urgió investigar desde al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, así como a políticos de la zona norte del estado; ese “entorno de la red política-delincuencial, tiene que investigarse también, no se puede dejar de lado, forma parte de esta investigación y es una de las razones por las que no podemos cerrar el caso”.
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AUTOR: REDACCIÓN.
Caso Ayotzinapa no se puede dar por concluido: CNDH
"Las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos", dijo el ombudsman Luis Raúl González Pérez.
El expediente del caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, no se puede dar por concluido hasta que los responsables sean puestos ante la justicia y reciban una sanción, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
No se cerrará ningún expediente en la materia “mientras no se agoten todas las aristas que tienen que ver con los derechos fundamentales y luego de ello haremos el pronunciamiento que corresponda”, señaló al rendir su informe de actividades 2014 ante la Comisión Permanente y en posteriores declaraciones a la prensa.
Explicó que lo sucedido en Iguala ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo, por tratarse de un hecho que indigna y agravia a todos los mexicanos, y obliga a buscar la verdad, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho.
Los hechos de Iguala, indicó, son ejemplo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de displicencia y omisiones, por lo que hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones, cuyo trasfondo no es otro que la corrupción, comentó el funcionario.
“Las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas que se han presentado, las cuales han sido acompañadas por esta Comisión Nacional, son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes”, dijo González Pérez,
Además, se muestra la inconformidad de los ciudadanos ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país justo e incluyente, mencionó ante los diputados.
Indicó que la CNDH defiende la libertad de expresión y, con ella, el derecho a la protesta social, siempre y cuando se realicen dentro de los límites de la legalidad.
“Es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente. También lo es la oportuna y debida aplicación de la ley, la cual lleva implícito el respeto a los derechos humanos”, señaló.
Precisó que en el caso Iguala solicitaron medidas cautelares y se da un seguimiento a la implementación de aquellas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de octubre del año pasado.
De igual manera, indicó, para la atención y acompañamiento a las víctimas se creó una Oficina Especial en diciembre pasado.
“El caso es grave por su propia naturaleza, así como por su relevancia y proyección, pues hasta que no se acredite lo contrario, estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos”, sostuvo.
González Pérez también aseguró que hechos como Tlatlaya, en el Estado de México, e Iguala, Guerrero, han provocado en la sociedad y las instituciones un nuevo paradigma de actuación.
En rueda de prensa, subrayó la necesidad de unificar en el país los tipos penales, pues, por ejemplo, no todos los estados tienen tipificado el delito de desaparición forzada, por lo que se deben llevar a cabo las adecuaciones jurídicas necesarias.
Sobre ese tema, el ombudsman nacional informó que los próximos 1 y 2 de febrero asistirá ante el Comité de Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, donde dará un reporte que como institución nacional ha elaborado sobre ese tema.
Y comentó que a poco más de 70 días de que asumió la presidencia de la CNDH, trabaja bajo las circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos de Iguala y Tlatlaya, así como por los reclamos sociales en favor de acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana.
El ombudsman agregó que los derechos humanos deben colocarse en el centro de todas las políticas públicas y de la actuación gubernamental. Sostuvo que no es admisible una actitud acomodaticia en esta materia tan sensible, ni en el ámbito nacional ni en el internacional.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El expediente del caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, no se puede dar por concluido hasta que los responsables sean puestos ante la justicia y reciban una sanción, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
No se cerrará ningún expediente en la materia “mientras no se agoten todas las aristas que tienen que ver con los derechos fundamentales y luego de ello haremos el pronunciamiento que corresponda”, señaló al rendir su informe de actividades 2014 ante la Comisión Permanente y en posteriores declaraciones a la prensa.
Explicó que lo sucedido en Iguala ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo, por tratarse de un hecho que indigna y agravia a todos los mexicanos, y obliga a buscar la verdad, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho.
Los hechos de Iguala, indicó, son ejemplo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de displicencia y omisiones, por lo que hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones, cuyo trasfondo no es otro que la corrupción, comentó el funcionario.
“Las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas que se han presentado, las cuales han sido acompañadas por esta Comisión Nacional, son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes”, dijo González Pérez,
Además, se muestra la inconformidad de los ciudadanos ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país justo e incluyente, mencionó ante los diputados.
Indicó que la CNDH defiende la libertad de expresión y, con ella, el derecho a la protesta social, siempre y cuando se realicen dentro de los límites de la legalidad.
“Es obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente. También lo es la oportuna y debida aplicación de la ley, la cual lleva implícito el respeto a los derechos humanos”, señaló.
Precisó que en el caso Iguala solicitaron medidas cautelares y se da un seguimiento a la implementación de aquellas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de octubre del año pasado.
De igual manera, indicó, para la atención y acompañamiento a las víctimas se creó una Oficina Especial en diciembre pasado.
“El caso es grave por su propia naturaleza, así como por su relevancia y proyección, pues hasta que no se acredite lo contrario, estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos”, sostuvo.
González Pérez también aseguró que hechos como Tlatlaya, en el Estado de México, e Iguala, Guerrero, han provocado en la sociedad y las instituciones un nuevo paradigma de actuación.
En rueda de prensa, subrayó la necesidad de unificar en el país los tipos penales, pues, por ejemplo, no todos los estados tienen tipificado el delito de desaparición forzada, por lo que se deben llevar a cabo las adecuaciones jurídicas necesarias.
Sobre ese tema, el ombudsman nacional informó que los próximos 1 y 2 de febrero asistirá ante el Comité de Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, donde dará un reporte que como institución nacional ha elaborado sobre ese tema.
Y comentó que a poco más de 70 días de que asumió la presidencia de la CNDH, trabaja bajo las circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos de Iguala y Tlatlaya, así como por los reclamos sociales en favor de acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana.
El ombudsman agregó que los derechos humanos deben colocarse en el centro de todas las políticas públicas y de la actuación gubernamental. Sostuvo que no es admisible una actitud acomodaticia en esta materia tan sensible, ni en el ámbito nacional ni en el internacional.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Se esfuma la esperanza
Al día siguiente de que miles salieran a las calles para exigir la presentación con vida de los normalistas, el Gobierno asegura que ya comprobó a plenitud que fueron confundidos por delincuentes e incinerados.
Aunque existen numerosos testimonios contradictorios, el Gobierno afirma tener certeza sobre lo sucedido la madrugada del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
En conferencia de prensa, el Procurador General Jesús Murillo Karam informó ayer que tras decenas de confesiones y cientos de pruebas forenses, los 43 estudiantes desaparecidos fueron confundidos por miembros de un cártel con miembros de una organización rival antes de ser asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
En una larga exposición de los detalles de la investigación, Murillo dijo que las muestras tomadas en el lugar, la temperatura que alcanzó el combustible y el fuego de la hoguera formada por los sicarios demuestran “de manera contundente” que los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa fueron incinerados sin que queden restos que permitan su identificación.
Exponen declaraciones
El director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, expuso las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, detenido el pasado 15 de enero.
Zerón detalló que la detención de “El Cepillo” fue clave y que gracias a sus declaraciones, que coinciden con las del resto de los cómplices detenidos, se concluyó que el grupo Guerreros Unidos detuvo a los estudiantes, los llevó al basurero de Cocula y los ejecutó e incineró, puesto que pensaron que pertenecían al grupo antagónico de Los Rojos.
Posteriormente, de acuerdo con 39 las confesiones de los detenidos, los restos humanos fueron triturados.
Murillo Karam detalló que la PGR realizó 487 dictámenes periciales que avalan los testimonios de los acusados en el caso.Además, según Zerón, estudios independientes en distintas materias confirman que los cadáveres de los normalistas fueron incinerados en el basurero.
A esta conclusión se llegó tras haber incorporado a la investigación 386 declaraciones, 16 allanamientos y dos reconstrucciones de los hechos que han permitido 99 detenciones entre las que se incluyen practicamente la totalidad de los policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula, donde fueron quemados, de acuerdo a The Associated Press.
Tomás Zerón afirmó que el grupo criminal Guerreros Unidos tenía una cadena de mando establecida que garantizaba la anonimidad de los líderes.
“En la rama delictiva participaban delincuentes y servidores públicos, especialmente policías encabezados por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda”, indicó.
Mantendrán diálogo
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, descartó que la confirmación de la muerte de los 43 normalistas pueda convertirse en un factor para el escalamiento de la violencia en Guerrero.
En entrevista, Chong señaló que el Gobierno federal seguirá manteniendo la postura de diálogo para solucionar las demandas de las víctimas y sus familiares.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Aunque existen numerosos testimonios contradictorios, el Gobierno afirma tener certeza sobre lo sucedido la madrugada del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
En conferencia de prensa, el Procurador General Jesús Murillo Karam informó ayer que tras decenas de confesiones y cientos de pruebas forenses, los 43 estudiantes desaparecidos fueron confundidos por miembros de un cártel con miembros de una organización rival antes de ser asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
En una larga exposición de los detalles de la investigación, Murillo dijo que las muestras tomadas en el lugar, la temperatura que alcanzó el combustible y el fuego de la hoguera formada por los sicarios demuestran “de manera contundente” que los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa fueron incinerados sin que queden restos que permitan su identificación.
Exponen declaraciones
El director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, expuso las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, detenido el pasado 15 de enero.
Zerón detalló que la detención de “El Cepillo” fue clave y que gracias a sus declaraciones, que coinciden con las del resto de los cómplices detenidos, se concluyó que el grupo Guerreros Unidos detuvo a los estudiantes, los llevó al basurero de Cocula y los ejecutó e incineró, puesto que pensaron que pertenecían al grupo antagónico de Los Rojos.
Posteriormente, de acuerdo con 39 las confesiones de los detenidos, los restos humanos fueron triturados.
Murillo Karam detalló que la PGR realizó 487 dictámenes periciales que avalan los testimonios de los acusados en el caso.Además, según Zerón, estudios independientes en distintas materias confirman que los cadáveres de los normalistas fueron incinerados en el basurero.
A esta conclusión se llegó tras haber incorporado a la investigación 386 declaraciones, 16 allanamientos y dos reconstrucciones de los hechos que han permitido 99 detenciones entre las que se incluyen practicamente la totalidad de los policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula, donde fueron quemados, de acuerdo a The Associated Press.
Tomás Zerón afirmó que el grupo criminal Guerreros Unidos tenía una cadena de mando establecida que garantizaba la anonimidad de los líderes.
“En la rama delictiva participaban delincuentes y servidores públicos, especialmente policías encabezados por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda”, indicó.
Mantendrán diálogo
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, descartó que la confirmación de la muerte de los 43 normalistas pueda convertirse en un factor para el escalamiento de la violencia en Guerrero.
En entrevista, Chong señaló que el Gobierno federal seguirá manteniendo la postura de diálogo para solucionar las demandas de las víctimas y sus familiares.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Gabinete disfuncional
Del 15 de febrero del 2012 a la fecha en Michoacán se han registrado en total mil 347 cambios de funcionarios estatales.
En menos de tres años, Michoacán ha registrado 42 movimientos de funcionarios públicos de primer nivel.
Debido a la remoción continua del gabinete gubernamental, la Federación ha tenido que ‘entrar al quite’ para no declarar la desaparición de poderes en el estado.
Los cambios apuntan en todas direcciones de la estructura burocrática. Las remociones van desde el gobernador pasando por subsecretarios, directores y jefes de departamentos.
Del 15 de febrero del 2012 a la fecha se han registrado en total mil 347 cambios de funcionarios estatales.
A la administración estatal fallida -que se mantiene en pie por el apoyo logístico, político y económico de la Federación- le restan aún ocho meses de gestión, lo que puede representar más cambios en el aparato de gobierno.
Además, no se puede descartar que la misma Federación decrete la desaparición de poderes ante la ausencia de mando del gobernador Salvador Jara, quien teóricamente debe estar en funciones los meses restantes que le quedan a su periodo.
Cambios obligados
Del total de cambios que se han registrado en los mandos del gobierno michoacano, son pocos los generados a partir de iniciativas personales de los propios funcionarios locales.
La mayor parte de los movimientos han sido designados desde la Secretaría de Gobernación, a través de quien hasta el pasado 22 de enero fue el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo.
El mismo Castillo se convirtió también en parte de las estadísticas de la inestabilidad en Michoacán.
Al ahora excomisionado lo suplió el General Felipe Gurrola Ramírez, quien es ahora el encargado de encarar los problemas de violencia y narcotráfico que siguen vigentes en la entidad.
Castillo –anunció el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong- también fue remplazado en su función de coordinador de las dependencias federales en Michoacán.
Aun no se conoce el nombre de quien sea el enviado presidencial para esa función.
Relevos efímeros
Las sustituciones que resaltan en la administración estatal de Michoacán, significativas por la envergadura del puesto, son los de gobernador, secretario de gobierno, secretario de finanzas, procurador de justicia y secretario de seguridad pública. Los puestos claves para la administración eficiente del estado.
El factor común de esos cambios es que todos fueron ordenados desde la Secretaría de Gobernación.
La rotación administrativa
Por el despacho del gobernador, a la fecha, han pasado cuatro personas.
Michoacán ya rompió récord para el número de mandatarios que han ejercido en un mismo periodo.
Fausto Vallejo fue quien asumió el puesto tras ganar las cuestionadas elecciones –por los señalamientos de intervención del crimen organizado a su favor- en noviembre del 2011.
El 7 de marzo del 2013, Vallejo se ausentó del cargo y fue suplido provisionalmente por su secretario de gobierno, Jesús Reyna García.
El 9 de abril del 2013 presentó formalmente una licencia por motivos de salud hasta por 90 días y el Congreso local designó oficialmente a Jesús Reyna García, como gobernador interino.
Reyna García fue gobernador hasta el 23 de octubre del 2013, fecha en la que retornó Vallejo tras presentar mejoría en su salud.
Vallejo finalmente renunció al cargo de gobernador el 18 de junio del 2014, aludiendo problemas de salud.
Para entonces Reyna García ya había sido detenido por la PGR bajo la sospecha de ser parte de Los Caballeros Templarios.
Como encargado del despacho fue gobernador, por espacio de 72 horas, Marco Vinicio Aguilera Garibay.
Este hizo entrega del cargo al catedrático Salvador Jara, que fue nombrado gobernador sustituto por el congreso local, atendiendo la orden de la Secretaría de Gobernación.
Secretaría, con dos puertas
En la segunda cartera de importancia dentro del mando estatal tampoco ha habido continuidad. Por allí han pasado seis funcionarios públicos.
El más reciente cambio se registró el fin de semana pasado, cuando Jaime Darío Oseguera Méndez renunció para buscar la candidatura del PRI a la alcaldía de Morelia.
El que más tiempo estuvo en ese cargo fue el priista Jesús Reyna, quien ha sido el único en salir por las dos puertas de esa dependencia.
Salió por la puerta principal de la secretaría de gobierno para hacerse cargo del despacho de gobernador.
A los meses tuvo que salir por la puerta trasera para ser recluido en la cárcel federal de Almoloya. La PGR lo vincula con una red del crimen organizado.
A Reyna lo suplió inicialmente el Teniente de Corbeta, Fernando Cano Ochoa, quien cedió su posición al piedadense Jaime Mares Camarena, el que a su vez dejó el cargo a Marco Vinicio Aguilera Garibay.
El gobernador Salvador Jara fue el que designó a Jaime Darío Oseguera, quien tras su renuncia dejó el cargo que ya ocupa Jaime Esparza Cortina.
Hasta antes de Darío Oseguera, todos los secretarios de gobierno de Michoacán fueron investigados por la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, por señalamientos de colusión con el crimen organizado.
La Hacienda para los amigos
La Secretaría de Finanzas es otra de las dependencia que mayor número de movimientos ha registrado en lo que va de este periodo corto de gobierno.
Por esa dependencia han pasado ya cinco funcionarios, cuya remoción ha sido definida en última instancia por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Luis Miranda Contreras, llegó a la posición de tesorero por un error del gobernador Fausto Vallejo.
El gobernador pretendía incorporar a la administración a Luis Miranda Nava, pero confundió el nombre y llamó a colaborar a un oscuro personaje administrativo del estado de México que poco sabía de finanzas.
Por orgullo, Vallejo mantuvo en la posición a su tesorero, quien fue sustituido por Marcela Figueroa Aguilar, quien fue retirada del cargo tras no consolidar el programa de austeridad de gastos. Le siguieron Carlos Rio Valencia, José Carlos Rodríguez Pueblita y Miguel López Miranda.
Mucho ruido...
En la Secretaría de Desarrollo Económico se han registrado cuatro movimientos sin que solidifique una sola de las acciones para el desarrollo económico de la entidad.
El 70 por ciento del presupuesto asignado a la dependencia se ha aplicado en gasto corriente -gastos personales de los funcionarios y manejo administrativo de la dependencia-.
Los programas de inversión siguen sin despegar.
Los cambios
Secretaría de Desarrollo Económico
> Ricardo Martínez Suárez
> Juan Pablo Arriaga Díez
> Manuel Antúnez Álvarez
> Carlos Huerta Cañedo
Secretaría de Seguridad Publica
> Javier Ocampo García
> Elías Álvarez Hernández
> Alberto Reyes Vaca
> Leopoldo Hernández Bedolla
> Carlos Hugo Castellanos Becerra
Procuraduría de Justicia del Estado
> Plácido Torres Pineda
> Marco Vinicio Aguilera Garibay
> José Martín Godoy Castro
Contraloría del Estado
> Carlos Ochoa León
> Roberto Coria Villafuerte
> Gabriel Montiel Aguilar
> Carlos González Velázquez
Coordinación de Comunicación Social
> Julio Hernández Granados
> Guadalupe Santacruz E.
> Georgina Morales G
Comisión Coordinadora del Transporte
> Ignacio Colina Quiroz
> Javier Ocampo García> Crispín Gamboa Ramírez
Secretaría de Educación
> Armando Sepúlveda López
> María Teresa Herrera Guido
> Jesús Sierra Arias
Dirección de la oficina estatal del DIF
> Nelly Sastré Gasca
> Ana Compean Reyes E
> Mariana Sosa Olmeda
Secretaría de Salud
> Rafael Díaz Rodríguez
> Carlos Aranza Donis
Secretaría de Desarrollo Rural
> Ramón Cano Vega
> Jaime Rodríguez López
Secretaría de la Mujer
> Consuelo Muro Urista
> Samanta Flores Adame
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
En menos de tres años, Michoacán ha registrado 42 movimientos de funcionarios públicos de primer nivel.
Debido a la remoción continua del gabinete gubernamental, la Federación ha tenido que ‘entrar al quite’ para no declarar la desaparición de poderes en el estado.
Los cambios apuntan en todas direcciones de la estructura burocrática. Las remociones van desde el gobernador pasando por subsecretarios, directores y jefes de departamentos.
Del 15 de febrero del 2012 a la fecha se han registrado en total mil 347 cambios de funcionarios estatales.
A la administración estatal fallida -que se mantiene en pie por el apoyo logístico, político y económico de la Federación- le restan aún ocho meses de gestión, lo que puede representar más cambios en el aparato de gobierno.
Además, no se puede descartar que la misma Federación decrete la desaparición de poderes ante la ausencia de mando del gobernador Salvador Jara, quien teóricamente debe estar en funciones los meses restantes que le quedan a su periodo.
Cambios obligados
Del total de cambios que se han registrado en los mandos del gobierno michoacano, son pocos los generados a partir de iniciativas personales de los propios funcionarios locales.
La mayor parte de los movimientos han sido designados desde la Secretaría de Gobernación, a través de quien hasta el pasado 22 de enero fue el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo.
El mismo Castillo se convirtió también en parte de las estadísticas de la inestabilidad en Michoacán.
Al ahora excomisionado lo suplió el General Felipe Gurrola Ramírez, quien es ahora el encargado de encarar los problemas de violencia y narcotráfico que siguen vigentes en la entidad.
Castillo –anunció el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong- también fue remplazado en su función de coordinador de las dependencias federales en Michoacán.
Aun no se conoce el nombre de quien sea el enviado presidencial para esa función.
Relevos efímeros
Las sustituciones que resaltan en la administración estatal de Michoacán, significativas por la envergadura del puesto, son los de gobernador, secretario de gobierno, secretario de finanzas, procurador de justicia y secretario de seguridad pública. Los puestos claves para la administración eficiente del estado.
El factor común de esos cambios es que todos fueron ordenados desde la Secretaría de Gobernación.
La rotación administrativa
Por el despacho del gobernador, a la fecha, han pasado cuatro personas.
Michoacán ya rompió récord para el número de mandatarios que han ejercido en un mismo periodo.
Fausto Vallejo fue quien asumió el puesto tras ganar las cuestionadas elecciones –por los señalamientos de intervención del crimen organizado a su favor- en noviembre del 2011.
El 7 de marzo del 2013, Vallejo se ausentó del cargo y fue suplido provisionalmente por su secretario de gobierno, Jesús Reyna García.
El 9 de abril del 2013 presentó formalmente una licencia por motivos de salud hasta por 90 días y el Congreso local designó oficialmente a Jesús Reyna García, como gobernador interino.
Reyna García fue gobernador hasta el 23 de octubre del 2013, fecha en la que retornó Vallejo tras presentar mejoría en su salud.
Vallejo finalmente renunció al cargo de gobernador el 18 de junio del 2014, aludiendo problemas de salud.
Para entonces Reyna García ya había sido detenido por la PGR bajo la sospecha de ser parte de Los Caballeros Templarios.
Como encargado del despacho fue gobernador, por espacio de 72 horas, Marco Vinicio Aguilera Garibay.
Este hizo entrega del cargo al catedrático Salvador Jara, que fue nombrado gobernador sustituto por el congreso local, atendiendo la orden de la Secretaría de Gobernación.
Secretaría, con dos puertas
En la segunda cartera de importancia dentro del mando estatal tampoco ha habido continuidad. Por allí han pasado seis funcionarios públicos.
El más reciente cambio se registró el fin de semana pasado, cuando Jaime Darío Oseguera Méndez renunció para buscar la candidatura del PRI a la alcaldía de Morelia.
El que más tiempo estuvo en ese cargo fue el priista Jesús Reyna, quien ha sido el único en salir por las dos puertas de esa dependencia.
Salió por la puerta principal de la secretaría de gobierno para hacerse cargo del despacho de gobernador.
A los meses tuvo que salir por la puerta trasera para ser recluido en la cárcel federal de Almoloya. La PGR lo vincula con una red del crimen organizado.
A Reyna lo suplió inicialmente el Teniente de Corbeta, Fernando Cano Ochoa, quien cedió su posición al piedadense Jaime Mares Camarena, el que a su vez dejó el cargo a Marco Vinicio Aguilera Garibay.
El gobernador Salvador Jara fue el que designó a Jaime Darío Oseguera, quien tras su renuncia dejó el cargo que ya ocupa Jaime Esparza Cortina.
Hasta antes de Darío Oseguera, todos los secretarios de gobierno de Michoacán fueron investigados por la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, por señalamientos de colusión con el crimen organizado.
La Hacienda para los amigos
La Secretaría de Finanzas es otra de las dependencia que mayor número de movimientos ha registrado en lo que va de este periodo corto de gobierno.
Por esa dependencia han pasado ya cinco funcionarios, cuya remoción ha sido definida en última instancia por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Luis Miranda Contreras, llegó a la posición de tesorero por un error del gobernador Fausto Vallejo.
El gobernador pretendía incorporar a la administración a Luis Miranda Nava, pero confundió el nombre y llamó a colaborar a un oscuro personaje administrativo del estado de México que poco sabía de finanzas.
Por orgullo, Vallejo mantuvo en la posición a su tesorero, quien fue sustituido por Marcela Figueroa Aguilar, quien fue retirada del cargo tras no consolidar el programa de austeridad de gastos. Le siguieron Carlos Rio Valencia, José Carlos Rodríguez Pueblita y Miguel López Miranda.
Mucho ruido...
En la Secretaría de Desarrollo Económico se han registrado cuatro movimientos sin que solidifique una sola de las acciones para el desarrollo económico de la entidad.
El 70 por ciento del presupuesto asignado a la dependencia se ha aplicado en gasto corriente -gastos personales de los funcionarios y manejo administrativo de la dependencia-.
Los programas de inversión siguen sin despegar.
Los cambios
Secretaría de Desarrollo Económico
> Ricardo Martínez Suárez
> Juan Pablo Arriaga Díez
> Manuel Antúnez Álvarez
> Carlos Huerta Cañedo
Secretaría de Seguridad Publica
> Javier Ocampo García
> Elías Álvarez Hernández
> Alberto Reyes Vaca
> Leopoldo Hernández Bedolla
> Carlos Hugo Castellanos Becerra
Procuraduría de Justicia del Estado
> Plácido Torres Pineda
> Marco Vinicio Aguilera Garibay
> José Martín Godoy Castro
Contraloría del Estado
> Carlos Ochoa León
> Roberto Coria Villafuerte
> Gabriel Montiel Aguilar
> Carlos González Velázquez
Coordinación de Comunicación Social
> Julio Hernández Granados
> Guadalupe Santacruz E.
> Georgina Morales G
Comisión Coordinadora del Transporte
> Ignacio Colina Quiroz
> Javier Ocampo García> Crispín Gamboa Ramírez
Secretaría de Educación
> Armando Sepúlveda López
> María Teresa Herrera Guido
> Jesús Sierra Arias
Dirección de la oficina estatal del DIF
> Nelly Sastré Gasca
> Ana Compean Reyes E
> Mariana Sosa Olmeda
Secretaría de Salud
> Rafael Díaz Rodríguez
> Carlos Aranza Donis
Secretaría de Desarrollo Rural
> Ramón Cano Vega
> Jaime Rodríguez López
Secretaría de la Mujer
> Consuelo Muro Urista
> Samanta Flores Adame
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
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