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Con esperanza y miedo, madres centroamericanas inician nueva jornada de búsqueda

Dos familias hondureñas tienen esperanza de encontrar con vida a sus hijos después de poco más de tres años de haber desaparecido en México: fueron vistos comiendo en un albergue para migrantes, los identificaron deambulando por las calles en una ciudad del norte del país y hace unas semanas sus teléfonos celulares registraron una llamada perdida.

Seis madres y un padre que son parte de la Red Regional de Familias Migrantes han iniciado la Tercera Brigada Internacional de Búsqueda, que comprenderá trabajos en Hermosillo, Nogales, Caborca, San Luis Río Colorado y Mexicali hasta el 13 de mayo.

México atraviesa la más severa crisis humanitaria de su historia con más de 120 mil desaparecidos y 72 mil cuerpos sin identificar, situación agravada desde el 2018. En este contexto se han formados decenas de colectivos de búsqueda, uno de ellos es la Red Regional de Familias Migrantes, que básicamente integra a personas de Centroamérica.

Una de las casos más antiguos es el de Oscar López Enamorado, que cumple ya 15 años sin ser localizado por Ana Enamorado, su madre y fundadora del colectivo. Durante este proceso han influido para realizar procesos más precisos, como el establecimiento del Protocolo Homologado para la Búsqueda de personas Desaparecidas.

También han recopilado testimonios de gran valor que proyectan la gravedad de la crisis de desaparición, como el de que los «polleros» o coyotes entregan a migrantes tanto a la policía mexicana como a la centroamericana, que el reclutamiento forzado es para que trasladen maletas de droga y que los migrantes son obligados permanecer en sus filas al menos dos años.

Previo a esta nueva jornada de búsqueda pareciera que cuentan con más piezas de un enorme rompecabezas de información. Sin embargo, aunque la esperanza es notoria, la secrecía también.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: GERARDO MAGALLÓN.

“Irresponsable”, conjeturas de la Fiscalía sobre asesinato de madre buscadora en Jalisco: Universidad de Guadalajara

El Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara calificó de “irresponsable” la conjetura de la Fiscalía de Jalisco sobre que el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y de su hijo Daniel Ramírez no guarda relación con sus labores de búsqueda.

“La conjetura que adelantó la fiscalía de Jalisco de que el objeto de la agresión fue Daniel y que su madre fue una víctima circunstancial de hechos que, además, no guardan relación con su labor como buscadora es irresponsable sin haber hecho la investigación conducente”, señaló el Comité en un comunicado.

Los integrantes del comité aseguraron que “ambos asesinatos están vinculados, sin duda, con la actividad de búsqueda de Ernesto Julián”, hijo de Morales desaparecido desde el 24 de febrero de 2024 en Las Villas de Tlajomulco. A su vez, la desaparición del hijo de Morales, agregó el Comité, “es indisociable de la violencia que privó ayer de la vida a su madre y hermano”.

Asimismo, los académicos de la Universidad de Guadalajara recalcaron que es “moralmente condenable” que las autoridades desconozcan el contexto de violencia en Tlajomulco y revictimicen a los dos hermanos “con la presunción de que el móvil, tanto de la desaparición como del asesinato, tuvo que ver con sus actividades particulares”, además de que impide atender la crisis en Jalisco “con la seriedad, responsabilidad y profesionalismo que amerita”.

El Comité exigió que se investigue a fondo el asesinato de Morales y su hijo, perpetrado la madrugada del 24 de abril, así como que se haga público el compromiso de que los crímenes no quedarán en la impunidad y se garantice la seguridad para los buscadores de desaparecidos en el país.

Este jueves, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que fue el que descubrió el campo de exterminio y reclutamiento del crimen organizado en el Rancho Teuchitlán de Jalisco el pasado 5 de marzo, informó que su integrante María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez fueron asesinados en el Fraccionamiento Las Villas, en Tlajomulco de Zúñiga.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Ejército y Guardia Nacional decomisan 2 mil explosivos en La Concordia, Sinaloa

Fuerzas de seguridad federales decomisaron explosivos en Sinaloa, entidad que repuntó en violencia desde la detención de Ismael "El Mayo" Zambada.

Efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) aseguraron ayer una casa en la comunidad de El Huajote, Concordia, en Sinaloa, que se usaba para almacenar más de dos mil 800 minas y explosivos improvisados, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). No se reportaron detenidos.
"En Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano y FGR catearon un inmueble y aseguraron dos mil 889 artefactos explosivos improvisados", explicó en un comunicado de prensa la dependencia Federal.
La acción forma parte de los operativos coordinados del Gabinete de Seguridad y en el que se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco.
De acuerdo con la SSPC, el Gabinete de Seguridad desplegó dichas operaciones el miércoles 23 de abril, las cuales forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron también dos armas largas, 55 cargadores, 400 cartuchos, equipo táctico, siete radios portátiles y dos vehículos con reporte de robo. Asimismo, en otro punto de la ciudad, personal de Guardia Nacional confiscó un arma larga, un arma corta y un vehículo con reporte de robo.
¿Qué otras acciones se llevaron a cabo?

-En la Cruz de Elota, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas a bordo de un vehículo y aseguraron una ametralladora, dos armas largas y 115 cartuchos.

-En Tres Valles y Salvado Alvarado, elementos de la GN, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal detuvieron a cinco personas y aseguraron cinco armas largas, cinco armas cortas, diversas dosis de droga y un vehículo.

-En San Ignacio, en el poblado San Juan, elementos de la Semar aseguraron 59 cartuchos útiles, ocho artefactos explosivos improvisados, tres antenas repetidoras ilegales y dos vehículos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fuerzas federales enfrentan a criminales en Tarímbaro y Apatzingán; abaten a seis

Omar García Harfuch informó que elementos del Ejército y Guardia Nacional fueron agredidos en los municipios de Tarímbaro y Apatzingán, Michoacán.

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional abatieron a seis supuestos criminales en Michoacán, luego de ataques en los municipios de Tarímbaro y Apatzingán, informó este viernes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Un presunto agresor más resultó herido durante los tiroteos y fue detenido por las autoridades. En la zona también se incautaron siete armas largas, equipo táctico y un vehículo, detalló el funcionario en sus redes sociales.
“En seguimiento a los hechos violentos ocurridos en Michoacán el día de ayer, elementos del Ejército Mexicano @Defensamx y @GN_MEXICO_ repelieron agresiones de grupos delictivos en los municipios de Tarímbaro y Apatzingán. Resultado de estos enfrentamientos, seis agresores armados perdieron la vida y otro más resultó herido, también se aseguraron 7 armas largas, equipo táctico y un vehículo”, escribió Harfuch.
Las agresiones ocurrieron un día después de una jornada violenta en Michoacán que incluyó bloqueos viales, vehículos incendiados y el ataque a una tienda comercial.
Según autoridades locales, los incidentes estarían relacionados con disputas entre las organizaciones criminales conocidas como Los Viagras y Cárteles Unidos.

Los actos violentos de esta semana no se limitaron al territorio michoacano. También se registraron hechos similares en Jalisco y Guanajuato, de acuerdo con informes oficiales.

El pasado 22 de abril, un agente de la SSPC fue asesinado durante un ataque armado en León de los Aldama, Guanajuato, según confirmó el propio Harfuch durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trató del suboficial Jonathan “N”, integrante de la Subsecretaría de Investigación, quien realizaba labores operativas en la zona cuando fue interceptado por sujetos armados.


“Fue una agresión directa durante un trabajo de campo en el que participaban elementos de la Subsecretaría de Investigación”, explicó el funcionario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Las autoridades lograron detener a dos personas presuntamente implicadas en el crimen del agente. Sin embargo, Harfuch aclaró que “aún hay más responsables por detener”.

En días recientes, la violencia en Michoacán se ha intensificado a raíz de los constantes enfrentamientos entre grupos criminales que buscan el control territorial.

La SSPC mantiene operativos de coordinación en varios puntos del estado, en conjunto con fuerzas estatales y municipales. Hasta el momento, la SSPC no ha ofrecido más detalles sobre la identidad de los agresores ni sobre el estado de salud del detenido. Tampoco se ha confirmado si los grupos implicados pertenecen a una célula criminal en específico.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CSP pide al Senado eliminar artículo sobre plataformas digitales si genera molestia

Claudia Sheinbaum precisó que el objetivo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) no es censurar por lo que pidió a los senadores eliminar el artículo sobre plataformas digitales que ha generado confusión.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró este viernes que su Gobierno no pretende censurar a nadie, por lo que pidió al Senado de la República eliminar o modificar la redacción del artículo 109 de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) sobre plataformas digitales que ha generado molestia.
"Siempre hemos estado en contra de la censura entonces ese artículo en particular, pues tiene que modificarse para quedar claro, eliminarse, ese no es el objetivo de la Ley. Si crea confusión y se piensa que es para censurar -nunca ha sido el objetivo- en todo caso que se elimine el artículo, se modifique la redacción, para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales", aseveró.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que el propósito de este artículo era que la Agencia Digital pudiera bajar plataformas digitales cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) u otra dependencia estableciera que se estaba violando la Ley.
No obstante, al ver esta generando confusión, Sheinbaum Pardo optó por solicitar al Congreso su modificación para que "no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma como Facebook, Youtube y etcétera".
"Era coadyuvante de otras instituciones del Gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine no hay ningún problema o que se modifique la redacción se lo dejamos ahí a los senadores", dijo.
La Presidenta también detalló que la Ley de Telecomunicaciones se ha trabajado desde hace meses, pero tras la polémica por los spots del Gobierno de Estados Unidos se le agregó el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política e ideológica en nuestro país.

A la par, la Jefa del Ejecutivo pidió al Congreso ampliar la discusión sobre la reforma a fin de enriquecer la propuesta de iniciativa que presentó y una vez que esté suficientemente discutida, se llame a un periodo extraordinario.

“Que se abra la discusión sin problema, que se haga la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos en el marco de la que se presentó, y que una vez que esté clara la orientación de esta Ley, pues que se llame a un periodo extraordinario que podría ser en mayo”, afirmó.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Morir o desaparecer

En un país como México en el cual impera la corrupción y la impunidad -y ese contexto es el caldo de cultivo para el crecimiento de la criminalidad organizada y el narcotráfico-, el destino fatal de muchos se encuentra en una intersección: por un lado, una ejecución, por el otro, la desaparición. Los primeros forman parte de una estadística, aun manipulada, que es parámetro no solo del nivel de violencia que se vive en el País (con AMLO sumaron más de 200 mil los asesinatos), también para tasar la impunidad. Los segundos desaparecen en el olvido ante la indiferencia oficial de si no hay cuerpo no hay evidencia, aun cuando son recordados y buscados por los suyos.

Aunque los desaparecidos también deberían ser contados, tal cual se hace con los ejecutados, para la autoridad federal en la Secretaría de Gobernación, de 2006 a la fecha, en el país únicamente se acepta la desaparición de poco más de 125 mil personas, en contraste con los más de 200 mil homicidios dolosos registrados en los cinco años y diez meses que tuvo de duración el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A diferencia de los asesinatos o ejecuciones de las mafias y sus células en México, donde el cuerpo es el registro de la estadística, en el caso de los desaparecidos parece ser que no tienen a quien contar: ni las pesquisas de los familiares, ni la búsqueda de los colectivos organizados para ello, son declaraciones que se tomen con seriedad y como consiga oficial para integrar una estadística de desaparecidos en México.

Ahí está el ejemplo del rancho Izaguirre localizado a inicios de marzo por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en el cual encontraron restos óseos, presuntamente de humanos, en lo que llamaron un centro de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación, del cual por cierto ya tenían conocimiento las autoridades de Jalisco, pero que dejaron por incapacidad, colusión o corrupción, seguir funcionando. A pesar de los huesos, de las prendas de ropa, de los accesorios y los zapatos encontrados en el rancho, el gobierno de la República y la FGR han hecho hasta lo imposible para cambiar la realidad social y “demostrar” que no era un centro de exterminio del cártel, sino uno de adiestramiento, como si la categoría minimizara el hecho de que una organización criminal se apodera de una región y erige centros de reclutamiento, de muerte, de desaparición forzada, como lo han explicado con decenas de testimonios de personas que sobrevivieron a ese campo apócrifo de la mafia mexicana.

A estas alturas, para la criminalidad organizada es más fácil desaparecer a una persona que matarla. Desaparecerla significa que no será contada por la autoridad, que no será buscada por las fiscalías, que simple y sencillamente quedará al margen de la justicia. En esas condiciones, corren peligro los buscadores de personas. En Baja California, en febrero de 2024, fue asesinada Angelita León, una buscadora del municipio de Tecate que había descubierto no solo restos humanos, sino cuerpos en los cerros de aquella demarcación frontera con los Estados Unidos. Con sus medios, los de su colectivo y otros que se sumaron, solía hacer las expediciones que el gobierno del Estado y la FGE se niegan a hacer, localizando los despojos para buscar identificarlos y acercar a las víctimas a la justicia.

Don Eddy Carrillo, un destacado padre buscador, encontró los restos de su hijo cinco años después de empezar su frenética búsqueda y de haber localizado miles de desaparecidos, algunos vivos, los más, muertos, desmembrados, enterrados para que el olvido bajo tierra imperara; en ese trajinar en busca de su hijo, don Eddy fue objeto de muchas amenazas, lo amenazaban los criminales y también aquellos que en su búsqueda, veían tocada la impunidad que el Estado les provee, delincuentes de cárteles o con charola.

Esta semana, María del Carmen Morales y su hijo, Jaime Daniel Ramírez Morales, fueron asesinados el 24 de abril de 2025. Ella era miembro del colectivo Guerreros Buscadores, el cual localizó y procesó de manera inicial y aun con sus capacidades el Rancho Izaguirre. Una de las descubridoras del rancho del exterminio, fue asesinada, eliminada. La acribillaron cuando, en compañía de uno de sus hijos, buscaba a otro hijo desaparecido.

Esa cruenta imagen es el reflejo de un país en el cual impera la impunidad, la corrupción, la indiferencia del gobierno de la República para con los desaparecidos y sus familiares, a quienes se niega a contar, a los cuales se les deniega el acceso a la justicia, a la seguridad. Los desaparecidos solo son contados cuando aparecen muertos. El hijo de María del Carmen Morales no fue localizado, su madre ya no lo buscará, la mataron junto a otro hijo; y su crimen, como el de la mayoría de los más de 200 mil asesinados en el sexenio inmediato pasado, quedará en la impunidad, como el de Angelita León en Tecate que buscaba a su hermano desaparecido.

En el abandono y la indiferencia de los gobiernos estatales y el federal, los desaparecidos no cuentan porque no los cuentan, y los buscadores son vulnerados por las mafias que se decantan, de manera impune y permisiva, en el dilema de matar o desaparecer; total, no habrá gobierno que investigue aunque el costo de esa omisión algún día habrá de pagarlo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Magistrado llama traidor a ministro Dayán, por votar a favor de la reforma al Poder Judicial

El magistrado en retiro Pablo Monroy Gómez llamó traidor, el 24 de abril de 2025, al ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien fue uno de los cuatro votos contra siete sufragios, con los que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó, el 5 de noviembre 2024, el proyecto de sentencia que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, respecto a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos de oposición, en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y que resolvería las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Durante la conferencia magistral ‘La defensa de la Constitución’, que ofreció el ministro en la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, Yucatán, el magistrado en retiro tomó el micrófono entre el público, para reprocharle las consecuencias de la reforma judicial.

“Nunca sospechamos que tú no votarías a favor de ese proyecto porque, como juzgador, recordarás que no solamente se analizan temas jurídicos, sino también políticos, el momento que se está viviendo. Y también, como juzgador, sabrás, lo sabemos, que hay que pensar en las consecuencias que tiene nuestro voto o nuestra sentencias y ve las consecuencias que estamos sufriendo por ese voto que tú no diste a favor del proyecto. Ve las consecuencias: candidatos a jueces que son personas ligadas al narco y eso es una consecuencia de lo que tú no votaste”, dijo Monroy Gómez.

“Cuando nos designan jueces o magistrados, rendimos una protesta, decimos que protestamos honrar a la Constitución, protegerla; yo creo que esa protesta, y te lo digo de frente, Alberto, no la cumpliste, la traicionaste, yo aquí en este foro te he calificado de traidor y te lo digo de frente, no me gusta decirlo a las espaldas de nadie. Eso es todo, Alberto”, enfatizó el magistrado en retiro.

Monroy Gómez también cuestionó a Pérez Dayán, cómo podía lidiar su conciencia con el hecho de haber acabado con los proyectos de vida de muchos servidores públicos judiciales y con lo que ambos creían de jóvenes, porque ambos se conocían desde hacía 35 años, cuando ambos fueron secretarios en un tribunal colegiado, con la magistrada María Simona Ramos Ruvalcaba.

“Yo lo que te pregunto, y con esto termino, es ¿cómo puedes vivir tú las consecuencias de ese voto que no diste reflejado en tantos perjuicios? ya no digamos a los funcionarios judiciales, ya no digamos al robo de los fideicomisos, uno de ellos, Alberto, uno de ellos ahorros nuestros, tuyos, míos ¿te acuerdas cuando éramos secretarios con Simona, que conformamos ese ahorro? Y después la Corte dijo ‘oigan, están ahorrando, yo les doy un tanto más porque como no sube el sueldo, es una prestación”, expresó el magistrado

“Eso es un robo, es una expropiación, pero bueno, tantos compañeros, tantas compañeras, con sus proyectos de vida frustrados, Alberto. No me lo puedo imaginar cómo tú, siendo una persona que yo conocía, una persona de bien, puede vivir con eso en la conciencia, no lo sé”, insistió Monroy Gómez, quien coincidió con Pérez Dayán en un tribunal colegiado como secretarios, además de que ambos trabajaron en la SCJN, y más tarde llegaron a ser jueces de distrito y magistrados.

En el 2012, ambos estuvieron en la terna que rechazó el Senado para sustituir al ministro Salvador Aguirre Anguiano. No obstante, Pérez Dayán llegaría a ministro en una segunda terna propuesta ese mismo año, para ocupar el cargo del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

El de noviembre de 2024, durante el debate del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Pérez Dayán anunció que votaría en contra del proyecto de sentencia que presentó su homólogo, González Alcántara Carrancá, respecto a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos de oposición, en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y que resolvería las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos PAN, PRI y MC.

Al dar su postura, Pérez Dayán afirmó que invalidar la reforma al PJF sería una insensatez para responder a otra insensatez. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del máximo tribunal constitucional intentó aclarar su posible voto, pero el ministro le volvió a responder que no irá con el proyecto de González Alcántara Carrancá.

“Por tales razones, no coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión. Convencido que esta acción de constitucionalidad a partir de sus precedentes debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma sé de las consecuencias de la reforma judicial e incluso lo siento personalmente, a mí también me toca, sin embargo, sostengo que existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos”, aseguró Pérez Dayán.

“Lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo, y después, en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, esas ciertas y no cuestionadas, hay en privilegiando, interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales”, insistió Pérez Dayán.

“Concluyo, aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad la aquí analizada es en mi concepto total y absolutamente improcedente y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido”, enfatizó el ministro.

“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo, con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez, llevada irresponsablemente al texto supremo, con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, finalizó Pérez Dayán.

El ministro leyó los anteriores criterios emitidos por la SCJN, con los que argumentó su no coincidencia con el criterio de González Alcántara Carrancá, pero destacó que, en determinados casos y a través de otros medios de defensa, el máximo tribunal constitucional sí tenía competencia para revisarlos.

Pérez Dayán agregó que existían medios de control para que se cuestionara ante la SCJN, el procedimiento de reforma a la propia Constitución, siempre y cuando, se desprendiera del artículo 135 de la Constitución, así como de los artículos 71 y 72 de la Carta Magna.

El ministro del máximo tribunal constitucional, González Alcántara Carrancá planteó en su proyecto declarar la inconstitucionalidad de la elección por vía voto popular de jueces y magistrados, pero mantendría la de ministros, para poner fin a la “crisis constitucional”.

“Se declina conocer de ese régimen (elección de ministros) en un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión”, explicó González Alcántara Carrancá en su sentencia.

El proyecto del ministro también propuso declarar la invalidez de la figura de los jueces sin rostro, la supresión de los amparos con efectos generales, así como la elección por voto popular de jueces y magistrados.

Sin embargo, la propuesta de González Alcántara Carrancá pidió que se mantuviera la elección de los integrantes de la SCJN, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.

Además de la posible invalidación de la elección de jueces federales y magistrados, el ministro también propuso declarar la inconstitucionalidad de la renovación total de los poderes judiciales locales, esto es, que los jueces estatales no fueron removidos y sustituidos por otros electos por la vía del voto popular.

El ministro aclaró que el análisis de la reforma judicial surgió de que hubo una violación a los principios constitucionales y una “grave afectación a la democracia constitucional” y, haciendo eco del discurso presidencial en contra del PJF, asegurando que los privilegios que se buscaban mantener, eran las garantías de imparcialidad e independencia en el cargo.

En su proyecto, González Alcántara Carrancá afirmó que sus pares del máximo tribunal estaban plenamente facultados para analizar el régimen electoral de ministros, pero propuso sobreseer su discusión por “mesura institucional”.

El ministro afirmó que la SCJN, en su carácter de tribunal constitucional, pudiera revisar las reformas constitucionales que afectaran los principios básicos establecidos en la Carta Magna, lo que se había llamado “cláusulas pétreas”.

El 5 de noviembre de 2024, por cuatro votos a favor contra siete sufragios, el Pleno de la SCJN, desechó el proyecto de sentencia que presentó el ministro González Alcántara Carrancá, respecto a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos de oposición, en contra de la reforma al PJF y que resolvería las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos PAN, PRI y MC.

Los ministros que sufragaron a favor del proyecto, fueron Noma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, y Luis María Aguilar Morales. Mientras que Alberto Gelacio Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, votaron en contra.

Tras cinco horas de sesión, en la que se discutió y aprobó únicamente los apartados de legitimación y procedencia, el proyecto de González Alcántara Carrancá no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para determinar la invalidez parcial de la modificación constitucional.

Piña Hernández declaró un receso tras la postura del ministro Pérez Dayán, de mantener su voto en contra para analizar el fondo del asunto. La ministra presidenta pidió discutir si era necesario alcanzar una votación de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad o se aplicaba la reforma judicial, que señalaba sólo seis sufragios.

Ante la negativa de aplicar la reforma judicial con la conformación actual del máximo tribunal constitucional de once ministros, se llegó al acuerdo en el Pleno de la SCJN, de mantener una mayoría calificada de ocho votos.

Pérez Dayán rechazó, el mismo día, que fuera presionado políticamente o que existieran denuncias penales en su contra. Sin embargo, horas antes, el mismo día, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, cuestionó al ministro Pérez Dayán, a quien le preguntó, a través de su cuenta en la red social X, si lo habían “doblado” y le pidió no dejarse presionar.

“Simplemente decidí de acuerdo con lo que he expresado en precedentes. No existe denuncia ni carpeta de investigación en mi contra, eso es falso […] Me dolería resolver de manera diferente a lo que pienso, siempre ha sido así […] No imagino una Corte que tenga la atribución de decidir qué lleva la Constitución y qué no lleva”, dijo el ministro, en entrevista con el diario de circulación nacional Reforma.

“Hoy, en una de las sesiones más importantes en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos visto el inusual ‘giro’ que ha dado un Ministro de la Suprema Corte. Me refiero al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien, con su ‘giro’ procedimental, ha asegurado que la reforma del oficialismo pueda quitar a todos los jueces del país mediante una tómbola”, escribió el político campechano, también conocido como “Alito”.

“Respecto al mismo Ministro, la semana pasada nos enteramos, a través de un portal mediático argentino, que en su contra había denuncias por “acoso sexual” en la Fiscalía de la CDMX. El Ministro lo negó, enviando una réplica. Pero luego de lo votado hoy, crecen las dudas. ¿Ministro, ya lo doblaron? No se deje presionar”, enfatizó Moreno Cárdenas.

“Disentir del oficialismo lleva sus costos. Para ser opositor en México hoy hay que tener carácter, firmeza y determinación. El gobierno es bajo, rudo y ruin con tal de alcanzar sus objetivos. Esperamos que el Ministro Pérez Dayán aclare las acusaciones que sobre él se han vertido; y le pedimos que su voto sea libre de presión alguna y que SOLO tenga en mente la defensa de la República, de la patria, de la división de poderes, el estado de derecho y la Constitución de las y los mexicanos. Son horas clave para el futuro del país, y en la certeza que todos buscamos de tener juzgadores profesionales. Es hora de ser patriota. ¡MÉXICO LO NECESITA!”, arengó “Alito”.

“Según comentan en el máximo tribunal, la Fiscalía capitalina impulsa dos expedientes contra el ministro Alberto Pérez Dayan: en un caso, por supuesto abuso contra una trabajadora de escasos recursos, rescatada incluso de un centro de atención a víctimas, para ser re-victimizada; y, en otro caso, igual de grave, la víctima sería una magistrada federal”, afirmó, el 23 de octubre de 2024, el medio digital La Política Online.

“Según pudo conocer esta redacción, la Fiscalía de la CDMX ha hecho contacto ya con la Cámara de Diputados para empezar el proceso de desafuero contra Pérez Dayan a efecto de que pueda perder su ‘fuero’ y ser arrestado. El clima entre la 4T y la Corte Suprema no puede ser peor”, agregó el citado medio digital.

Durante el debate de la sesión del Pleno de la SCJN, al dar su postura, Pérez Dayán afirmó que invalidar la reforma al PJF sería una insensatez para responder a otra insensatez. Piña Hernández, presidenta del máximo tribunal constitucional intentó aclarar su posible voto, pero el ministro le volvió a responder que no irá con el proyecto de González Alcántara Carrancá.

“Por tales razones, no coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión. Convencido que esta acción de constitucionalidad a partir de sus precedentes debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma sé de las consecuencias de la reforma judicial e incluso lo siento personalmente, a mí también me toca, sin embargo, sostengo que existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos”, aseguró Pérez Dayán.

“Lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo, y después, en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, esas ciertas y no cuestionadas, hay en privilegiando, interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales”, insistió Pérez Dayán.

“Concluyo, aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad la aquí analizada es en mi concepto total y absolutamente improcedente y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido”, enfatizó el ministro.

“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo, con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez, llevada irresponsablemente al texto supremo, con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, finalizó Pérez Dayán.

El ministro leyó los anteriores criterios emitidos por la SCJN, con los que argumentó su no coincidencia con el criterio de González Alcántara Carrancá, pero destacó que, en determinados casos y a través de otros medios de defensa, el máximo tribunal constitucional sí tenía competencia para revisarlos.

Pérez Dayán agregó que existían medios de control para que se cuestionara ante la SCJN, el procedimiento de reforma a la propia Constitución, siempre y cuando, se desprendiera del artículo 135 de la Constitución, así como de los artículos 71 y 72 de la Carta Magna.

Afuera de la sede de la SCJN, cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación gritaban “¡Que salga el traidor, que salga el traidor!”, a Pérez Dayán, tras haber votado en contra de la validez del proyecto de González Alcántara Carrancá.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Madre buscadora e hijo asesinado en Tlajomulco, se abastecían de agua cuando les dispararon: buscadora

María del Carmeh había recibido amenazas para que se fuera del lugar, pero no quiso hacerlo en espera de que su hijo desaparecido en 2024 la encontrara en su casa.

María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, fue asesinada junto con su hijo Jaime Daniel Ramírez cuando se abastecían de agua en su fraccionamiento, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y ya había recibido amenazas, explicó Maribel Cedeño, también integrante del colectivo.

“Así es, lamentablemente no supimos desde un principio que ella había tenido amenazas, hasta el día de ayer que ya había pasado todo”, dijo para ‘Aristegui Noticias’.

Dijo que uno de los familiares de María del Carmen, se puso en contacto con el colectivo y les hizo saber de las amenazas.
Ella no se quiso ir de su casa porque, obvio, con la esperanza de que cuando su hijo regresara pues que la encontrará en lo que es su hogar, su domicilio.
Cedeño indicó que desconocen el origen de las amenazas, aunque no descartan que estén relacionadas con su participación en la pega de fichas de búsqueda.

“Ella era más de apoyar en el grupo de WhatsApp, estuvo en algunas pegas de fichas y sí pegaba constantemente la foto de su hijo en el fraccionamiento, ya que su hijo fue desaparecido ahí en ese mismo donde lamentablemente les quitaron la vida”.

Tras enterarse del crimen, el colectivo exigió una investigación exhaustiva y lamentaron que la Fiscalía haya descartado, en solo unas horas, cualquier vínculo entre el asesinato y la labor de María del Carmen como buscadora.

“No puede haber una investigación en un par de horas, en dos, tres horas, para deslindar que tuviera que ver con que ella era integrante del colectivo y que realizaba actividades cada vez que podía”, dijo.

Madre e hijo se abastecían de agua cuando les dispararon

Según testimonios, la agresión ocurrió mientras madre e hijo recolectaban agua debido a fallas en el suministro en su fraccionamiento.

“Salieron ellos a almacenar agua, llevaban unos botes para llevar agua a su casa y es donde pasan estas personas de las motocicletas y les disparan de muy cerquita. Había mucha gente en espera para recolectar el agua y la agresión es directa”, relató Cedeño.

“Nosotros exigimos las investigaciones y que sean exhaustas, la verdad. Esto no puede estar pasando”, manifestó.

A partir del asesinato de su compañer, se han encendido las alertas entre las y los integrantes de los colectivos de búsqueda en Jalisco, indicó la buscadora.
Sí nos pone en alerta, con todo esto  y lo que se había desencadenado de lo del rancho de Teuchitlán, apenas estábamos volviendo a la normalidad de las búsquedas.
Maribel Cedeno mencionó que la líder del colectivo, Indira Navarro, ya solicitó medidas de protección para quienes integran Guerreros Buscadores de Jalisco, especialmente aquellas personas que han sido más visibles en redes sociales y medios, a partir de que sus rostros fueron difundidos por los hallazgos en Teuchitlán.

“Nuestro único objetivo es encontrar a nuestros familiares sin buscar culpables, pero en este caso ya fue una agresión muy directa y sí debe de haber responsables”.

También, dio a conocer que la líder de su colectivo está en Jalisco para acompañar a la familia de María del Carmen, gestionar apoyos para los servicios funerarios y de protección.

“Ayer mismo se entregaron a la señora María del Carmen y a su hijo, se velaron toda la noche y de hecho ahorita en este momento se encuentran en una misa“, dijo Cedeño.

Finalmente, informó que se solicitó apoyo para los gastos funerarios, que se vieron aumentados por el doble gasto y medidas de protección para las hijas de María del Carmen, de 19 y 10 años.

“Que se les esté dando las medidas de protección, porque pues sabemos que probablemente también su vida está en riesgo“, afirmó y apuntó que continuarán gestionando para que las autoridades ofrezcan medidas de ayuda a las dos hijas de María del Carmen.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: KARINA CANCINO.

Fiscalía de Jalisco sigue "varias líneas de investigación" en asesinato de madre buscadora

El miércoles pasado María del Carmen Morales, de 43 años e integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años, fueron asesinados.

La Fiscalía del Estado de Jalisco dijo que en el asesinato de una madre buscadora de desaparecidos y su hijo, ocurrido en Tlajomulco de Zúñiga, persigue varias líneas de investigación, entre ellas, su labor como activista y la agresión directa a su hijo.

El jueves, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que halló en marzo el polémico rancho en el municipio Teuchitlán, donde presuntamente el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desaparecía personas, denunció el asesinato María del Carmen Morales, de 43 años e integrante del colectivo, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años.

“Nosotros ayer dimos una información rápida y de lo que teníamos todavía las líneas de investigación no las teníamos definidas, ahorita tenemos varias líneas de investigación, una claro que es esa, por su actividad como madre buscadora, entonces ayer hubo una confusión en la interpretación de la información”, expuso en conferencia el vicefiscal en investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán.

El jueves, en un comunicado sobre el doble homicidio, la Fiscalía apuntó que “no existen al momento elementos que indiquen que ello tenga relación con la actividad de su madre como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas”.

De acuerdo con la investigación, el ataque se registró a las 23:30 hora local del miércoles en Tlajomulco, municipio localizado a 30 kilómetros al sur de Guadalajara.
Llegan los sujetos, atacan directamente al joven y la mamá trata de defenderlo, eso lo tenemos documentado.
El colectivo de búsqueda de personas describió a Morales como una “buscadora de justicia y verdad para su hijo, Ernesto Julián Ramírez”, desaparecido desde febrero de 2024.

Este viernes, en su conferencia diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de la madre buscadora y su hijo y exhortó a que la autoridades estatales de Jalisco hagan una investigación a fondo.

“Es muy lamentable, nuestra solidaridad a todos los familiares de personas desaparecidas y en especial a este trágico acontecimiento, está hablando la Subsecretaria de Derechos Humanos con la familia, buscándola para apoyarles en todo lo que requieran y tiene que investigarse a fondo”, dijo en Palacio Nacional.

Los hechos reflejan la violencia que padecen las familias que buscan a sus desaparecidos en México, pues suman 27 ciudadanos buscadores asesinados y tres desaparecidos desde 2010, según el proyecto de investigación ‘¿A dónde van los desaparecidos?’.

En México, hay más de 127 mil personas desaparecidas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ley Telecom crea 'un nuevo Leviatán digital' al servicio del Poder: AMEDI

El presidente de la AMEDI cuestionó la concentración de Poder que tendría la nueva agencia, pues sus decisiones quedarían en manos de una sola persona, a diferencia de un cuerpo colegiado como el IFT, donde la nueva agencia 'se vuelve un órgano político', afirmó.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), advirtió que tras la aprobación en Comisiones de la ley en materia de telecomunicaciones iniciada por el gobierno federal, esta no promueve la libertad ni la convergencia, sino el control político y la exclusión digital, creando “un nuevo Leviatán digital”.

En entrevista para ‘Aristegui en Vivo’, calificó esta propuesta como “una contrarreforma digital de la 4T” y aseguró que se trata de una legislación conservadora que bloquea plataformas y derechos.
Pasamos de un regulador autónomo a una agencia omnipotente de telecomunicaciones, al servicio del poder, no de los ciudadanos; a una agencia de transformación digital y telecomunicaciones que se convierte en un nuevo leviatán digital de la 4T.
El especialista cuestionó que la iniciativa se haya aprobado en fast track sin consulta a los sectores involucrados.

“Es una manera de legislar absolutamente inadmisible”, lamentó al señalar que no se convocó a operadores, académicos ni especialistas, pese a que es un tema con amplia documentación y conocimiento técnico.

Sobre el artículo 109 de la ley, que permitiría a la nueva agencia “apagar temporalmente las plataformas digitales”, Bravo advirtió que es “una gran contradicción, porque la agencia lo que busca es habilitar la conectividad, habilitar derechos digitales, pero los va a conculcar al apagar una plataforma digital”.

Explicó que plataformas como TikTok, YouTube o X habilitan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la inclusión financiera y el acceso a la cultura.
Si tú le bajas el switch a una plataforma, pues estás conculcando, violando no solo los servicios que proveen, sino los derechos que habilitan.
En respuesta al argumento de que las redes sociales pueden ser utilizadas por el crimen organizado para reclutar jóvenes, Bravo reconoció que hay contenidos nocivos, pero insistió en que deben ser tratados caso por caso, mediante investigación y decisión judicial.
“Una cosa es eliminar algunas cuentas que están comunicando, transmitiendo un contenido que claramente se ha definido que es nocivo por una autoridad judicial a partir de una investigación. Y entonces se decide bajar esa cuenta, eliminar esos usuarios, porque además puede ser que sean anónimos. Otra cosa es que tú, yo y millones de personas que están produciendo algún contenido, que es una oportunidad que les da las tecnologías de generar conocimiento, oportunidades, difundir. Y entonces toda la plataforma la eliminas.”
Para ejemplificar, comparó la situación como “si alguien se sube a un transporte público para asaltar, y en vez de detener al delincuente, prohíbes que se utilicen esos vehículos”.

Bravo también cuestionó la concentración de Poder que tendría la nueva agencia, pues sus decisiones quedarían en manos de una sola persona, a diferencia de un cuerpo colegiado como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), donde la nueva agencia “se vuelve un órgano político”, afirmó.

Finalmente, llamó a que la legislación sea discutida con todos los actores involucrados para realmente transformar el ecosistema digital del país.

“Internet nació como una tecnología colaborativa, nunca excluyente. Por eso nos choca que bloqueen una plataforma, por eso nos choca que haya comunidades indígenas sin servicios de telecomunicaciones”.

“Si tú excluyes a la industria, a los especialistas, a los usuarios y desde luego a la propia autoridad, pues no funciona el ecosistema, y el ecosistema digital en México está completamente distorsionado”, concluyó.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a Hana Ali, regidora en Huajuapan de León, Oaxaca

Las primeras investigaciones de este feminicidio apuntan que la joven de 19 años fue hallada sin vida, y con disparos de arma de fuego en varias partes de su cuerpo.

Hana Ali de 19 años, regidora de Turismo Cultura y Deporte del Cabildo de Huajuapan de León, en la mixteca de Oaxaca, fue asesinada y su cuerpo fue hallado esta mañana en su casa, confirmaron las autoridades y familiares.

Las primeras investigaciones de este feminicidio apuntan que la joven fue hallada con disparos de arma de fuego en varias partes de su cuerpo, sin que hasta el momento se conozca quién o quiénes le quitaron la vida.

Hana obtuvo el año pasado el título de “Señorita Simpatía” durante la Expoferia, 2024 en Huajuapan de León.

Justicia para Hana

En las redes sociales, sus amigas y amigos también condenaron su crimen y exigieron justicia.

“Hana Ali Rosales Sierra, era una joven con un futuro brillante que le fue arrebatado en un acto cobarde, fungía como Regidora De Turismo Cultura y Deporte En nuestro Cabildo Juvenil 2025, una gran aliada y amiga, con la cual pude compartir varios proyectos en beneficio de la comunidad”, dijo Alexander Osorio, presidente del Cabildo juvenil de Huajuapan de León.

Asimismo, exigió “a las autoridades competentes su colaboración y apoyo solidario para que este acto no quede impune, su cuerpo será velado en la dirección: Juan Escutia, sin número colonia Niños Héroes”.


Hasta el momento la Fiscalía no ha revelado la causa de la muerte, y se encuentran realizando los trabajos periciales para poder esclarecer este feminicidio.

Hace una semana, otra joven de 22 años de edad de nombre Yesenia fue localizada sin vida tras dos días de estar desaparecida. Ella era originaria de la Costa de Oaxaca en la zona Pinotepa Nacional.

El Grupo de Estudios para la Mujer (Rosario Castellanos) informó que de acuerdo con datos hemerográficos, de enero a abril 2025, son 21 mujeres las asesinadas incluyendo a Yesenia y Hana Ali.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.
FECHA: 24 ABRIL 2025.

Consejeros aprueban mecanismo de revisión a candidaturas al Poder Judicial

El Instituto Nacional Electoral aprobó el mecanismo de revisión a candidaturas del Poder Judicial para detectar si alguna incumple con los requisitos legales por violencia contra las mujeres u otro delito.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) habilitará este viernes el mecanismo para investigar a las candidaturas “sospechosas” que compiten en la elección judicial, a fin de retirar a las personas que hayan cometido algún delito de violencia de género, sean deudores alimentarios o, en su defecto, prófugos de la justicia.

Con ocho votos a favor y uno en contra, las consejerías determinaron que presentarán un informe detallado sobre los hallazgos derivados de las pruebas entregadas contra las candidaturas al Poder Judicial de la Federación (PJF), como parte de una evaluación de la idoneidad en los perfiles.

Sin embargo, dicha revisión se hará a partir de la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, quienes deberán denunciar los casos sospechosos ante el instituto electoral para continuar con la investigación.

Para ello, el INE habilitará este viernes 25 de abril, en su micrositio sobre la elección judicial, un espacio en donde la ciudadanía podrá hacer sus denuncias.


El procedimiento de revisión aprobado constará de diferentes actividades:
  • Integración de un grupo interdisciplinario y su marco de atribuciones.
  • Presentación de dos formatos por parte de las personas candidatas. El primero, una carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentran en los supuestos y, el segundo, el certificado de no ser persona deudora alimentaria.
  • Información que la ciudadanía y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) remitan al INE sobre el posible incumplimiento del requisito constitucional de alguna persona candidata a juzgadora.
  • Consulta del INE a las autoridades correspondientes sobre posibles denuncias realizadas por la ciudadanía o alguna OSC.
  • Garantía de audiencia para que las personas candidatas denunciadas puedan hacer valer lo que a su derecho convenga.
  • Proyecto de Acuerdo para análisis del Consejo General sobre los posibles hallazgos de incumplimiento del requisito constitucional.
  • Elaboración de una estrategia de comunicación para informar a la ciudadanía sobre esta medida, así como para promover las denuncias.
Los resultados finales serán entregados el 15 de junio por parte del órgano electoral para determinar si alguno de los ganadores incumple con los requisitos establecidos en la Ley, o en su defecto, seguir en la contienda.

El encargado de este proceso será el grupo interdisciplinario de la Secretaría Ejecutiva del INE, el cual llevará a cabo la medida “8 de 8 contra la violencia”, con el fin de verificar que las candidaturas no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales por otros supuestos.

Este será integrado por la Unidad Técnica de Igualad de Género y No Discriminación; las direcciones ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Asuntos Jurídicos y del Registro Federal de Electores; las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral y de Servicios de Informática, así como la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum choca con Fiscalía de Jalisco por hipótesis sobre buscadora

“No puede haber en un día… ‘No, no tuvo nada que ver con su labor’... que se investigue a fondo”, dice Sheinbaum sobre la hipótesis de la Fiscalía de Jalisco de que iban por el hijo de la buscadora en el doble asesinato.

Luego de que la Fiscalía de Jalisco aventurara la hipótesis de que el asesinato de la buscadora María del Carmen Morales estaba originado por un ataque directo a su hijo Jaime Daniel y no a ella, la presidenta Sheinbaum criticó la rapidez con que llegaron a esa conjetura.

Esto porque María del Carmen estaba buscando a su otro hijo, Ernesto Julián, desde febrero del año pasado. Además, la activista pertenecía al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que en marzo pasado dio la alerta sobre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán.

“Recibí una carta. Primero es muy lamentable y nuestra solidaridad a todos los familiares de personas desaparecidas y en particular este trágico acontecimiento”, dijo la presidenta.

“Está hablando la Subsecretaría de Derechos Humanos con la familia para apoyarles en todo lo que requieran. Tiene que investigarse a fondo. A fondo. No puede haber en un día… ‘No, no tuvo nada que ver con su labor’… que se investigue a fondo. La carta que recibimos, a ver si la tienen por ahí, si me la manda Luisa o la tienen por ahí.

“En la carta, les voy a poner la última parte, porque nos piden que intervengamos en el caso de Jalisco para que haya justicia. Vamos a estar atentos y tiene que investigarse realmente a fondo”, exigió Sheinbaum.
También la Universidad de Guadalajara se expresó en el mismo sentido: 

“Desde el Comité consideramos que la conjetura que adelantó la fiscalía de Jalisco de que el objeto de la agresión fue Daniel y que su madre fue una víctima circunstancial de hechos que, además, no guardan relación con su labor como buscadora, es irresponsable sin haber hecho la investigación conducente. 

“Ambos asesinatos están vinculados, sin duda, con la actividad de búsqueda de Ernesto Julián y la desaparición de este es indisociable de la violencia que privó ayer de la vida a su madre y hermano. Desconocer el contexto de violencia que padece especialmente Tlajomulco de Zúñiga; normalizar la ausencia de autoridad que ha trasladado la función de búsqueda en los familiares de las víctimas, con todo el riesgo mortal que eso conlleva; y revictimizar a los dos hermanos con la presunción de que el móvil, tanto de la desaparición como del asesinato, tuvo que ver con sus actividades particulares, no solo es moralmente condenable, sino también impide enfocar el grave problema de la violencia que ocurre en todo Jalisco con la seriedad, responsabilidad y profesionalismo que amerita”.

María del Carmen Morales, de 43 años, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26, fueron asesinados a balazos en un parque del Fraccionamiento Las Villas, en Tlajomulco, la madrugada de este jueves.

Ella formaba parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, una organización dedicada a la localización de personas desaparecidas. El crimen ocurrió mientras acarreaban agua debido a la escasez en la zona.

María del Carmen se unió al colectivo tras la desaparición de su hijo Ernesto Julián Ramírez Morales en febrero de 2024, también en Tlajomulco. Desde entonces, junto a su hijo Jaime Daniel, participaba activamente en las jornadas de búsqueda.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso del Rancho Izaguirre, presuntamente utilizado por el CJNG como centro de entrenamiento, y el martes 29 darán a conocer si también se usó como lugar de exterminio.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

ONU y Artículo 19 muestran preocupación por la “Ley Censura”

"Hacemos respetuoso llamado al Senado mexicano a garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión", dice la ONU.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos publicó un mensaje en X en el que muestra preocupación por los cambios a la Ley de Telecomunicaciones y el riesgo de censura que conllevan. 

“Ante la presentación de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hacemos respetuoso llamado al @senadomexicano a garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas”.

Esto luego de que por la mañana se aprobara en comisiones del Senado cambios a la Ley de Telecomunicaciones supuestamente para blindar a México de propaganda extranjera, pero que fueron más allá en un documento de 226 páginas que incluye la participación de la Agencia de Transformación Digital en labores de revisión de contenidos.
También Artículo 19 manifestó su preocupación al respecto. “Se prevé que el Senado apruebe la siguiente semana -con premura, sin discusión, sin parlamento abierto, sin argumentos ni criterios- una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo un régimen de control gubernamental del ejecutivo sobre la asignación del espectro radioeléctrico, las concesiones y la supervisión, generando riesgos de censura y preferencia hacia actores afines”, indicó la ONG en un comunicado.
“Entre las principales problemáticas en el cuerpo de la ley se vislumbra, por ejemplo, que se administre el espectro radioeléctrico y se otorguen concesiones bajo consideraciones políticas y no de interés público, permitiendo retirar concesiones a aquellos medios de comunicación independientes y críticos -bajo argumentos subjetivos, sin motivación o ambiguos-”, explicó Artículo 19.

“Las modificaciones también impedirían que se reconozcan los derechos colectivos sobre el espectro radioeléctrico ni la propiedad comunal sobre la infraestructura instalada en territorios indígenas. Aunado a ello no se reconoce explícitamente el derecho a la comunicación con pertinencia cultural y lingüística para pueblos indígenas”, agregó la ONG.

¿Y EL T-MEC?

El grupo parlamentario del PAN en el Senado expuso otro riesgo internacional con el T-MEC: 

“En el Artículo 18.17 del TMEC se establece que en cada país existirá una autoridad u organismo que establezca la regulación asimétrica a los ‘proveedores importantes’ (preponderantes) y define los requisitos de dicha autoridad estipulando que debe contar con independencia en sus decisiones y funcionamiento y evitando ser juez y parte.

“Además, el Tratado también establece que dicho organismo no debe tener ninguna influencia directa o indirecta, ni interés financiero, o papel operativo o administrativo, en algún proveedor de servicios de telecomunicaciones”. 

Las comisiones del Senado aprobaron cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión este 24 de abril, con 29 votos a favor y 9 en contra, entre discusiones a favor que argumentan soberanía y posturas en contra que advierten de censura. El dictamen pasará al Pleno el lunes para su discusión y votación, aunque se esperan cambios para matizar los peligros de censura, como dijo Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas, o de lo contrario dichas modificaciones se harán en San Lázaro.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ley de Telecomunicaciones: Ley censura

¿Censura como política de Estado? Claudia Sheinbaum se desmarca, pero las comisiones del Senado aprobaron el dictamen sin modificar una coma. Y si la presidenta no corrige a su mayoría, ¿entonces quién gobierna?

Nos dijeron que era por Trump. Nos dijeron que era para protegernos. Nos dijeron que se protegía la libertad de expresión.

Pero lo que aprobaron en comisiones del Senado esta semana no es una ley de telecomunicaciones. Es una ley censura.

Una iniciativa que entierra al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), concentra el poder en una oficina bajo control presidencial, y legaliza el bloqueo de contenidos, plataformas y medios. Todo sin juez, sin aviso, sin contrapesos.

El IFT ya estaba muerto por una reforma constitucional. Esta ley le pone la lápida. Y el micrófono nacional termina con un solo dueño: la presidencia.

EXCUSA PERFECTA

El pretexto fue perfecto: los anuncios antiinmigrantes de Donald Trump que aparecieron en televisión mexicana. La narrativa oficial habló de “defender la soberanía”.

Pero como lo dijo Ricardo Anaya desde la tribuna del Senado: “Si el problema eran los spots, ya no están al aire. No necesitaban 283 artículos para eso. Tres bastaban.”

La iniciativa usa el miedo para avanzar una agenda vieja: control. Control de contenidos, de tiempos, de plataformas.

Y no lo dice solo la oposición. Lo dicen expertos como Luis Fernando García, expresidente de R3D: “Se somete a censura previa todo contenido pagado por una persona extranjera. Así, hasta una serie de la BBC necesitaría aprobación del gobierno mexicano.”

La narrativa es nacionalista. La intención, centralista. Y la ejecución, autoritaria.

CENSURA LEGALIZADA

La nueva ley crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), bajo línea directa del Ejecutivo.

Esta “súper agencia” podrá:
  • Otorgar o quitar concesiones de radio, TV y telecomunicaciones.
  • Supervisar contenidos para garantizar contenido “veraz”.
  • Bloquear plataformas digitales (como X, TikTok, YouTube) sin orden judicial.
  • Crear registros de usuarios de telefonía, sin aclarar procesos ni salvaguardas.
La ATDT podrá decidir qué se ve, qué se dice y quién lo dice. En medios, en redes, en internet. Como en los regímenes que la 4T dice combatir.

Y todo sin consulta previa a los concesionarios. Ni a los pueblos indígenas. Ni a los medios independientes.

REDES A.C., organización que representa radios comunitarias de Oaxaca, Puebla y Michoacán, lo denunció con claridad: “No fuimos convocados. No tenemos voz. Esta ley excluye a quienes más dependen de la comunicación libre para sobrevivir.”

Ni siquiera se tomó en cuenta lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. El Poder Legislativo decidió legislar sin escuchar. Y eso, en términos de la ley, es inconstitucional. Sin embargo, difícilmente el nuevo Poder Judicial dirá algo al respecto.

LAVADO DE MANOS

La presidenta Claudia Sheinbaum intentó desmarcarse. Dijo que no hay intención de censura. Que es solo “un error de redacción”. Que habrá cambios.

Pero las comisiones del Senado aprobaron el dictamen sin modificar una sola coma. Y si la presidenta no corrige a su mayoría, ¿entonces quién gobierna?

Ricardo Monreal también se deslindó. Reconoció “observaciones” a la ley y dijo que confía en que se harán cambios. Pero no dio detalles, aunque le preguntaron varias veces.

ADIÓS COMPETENCIA

Los grandes sobrevivirán. Carlos Slim no tiene de qué preocuparse.

Pero las radios comunitarias, las organizaciones indígenas, los medios locales que no viven de contratos oficiales… esos sí quedarán expuestos.

El IDET lo advirtió: “Esta ley viola el T-MEC, permite monopolios estatales y establece censura previa nunca antes vista en México.”

También señala que las multas previstas harán inviable operar para muchos medios y plataformas. La paradoja es brutal: se vendió como una modernización digital. Pero lo que instala es un sistema de silencios selectivos, con castigo para quien no se alinee.

VIEJO GUIÓN

Viktor Orbán en Hungría. Daniel Ortega en Nicaragua. Putin en Rusia.

Todos eso presidentes usaron el mismo libreto: identificar un enemigo, inventar una urgencia, aprobar leyes para callar.

Ahora, México suma su propia versión. Con un pretexto creíble, una ley ambigua, y una agencia con poderes absolutos.

No se trata de una nueva regulación. Se trata de un diseño institucional para controlar la narrativa.
  • No regula.
  • No protege.
  • No consulta.
  • No equilibra.
  • Solo concentra poder.
Si no hay cambios profundos en el pleno del Senado o en la Cámara de Diputados, el obradorismo tendrá su ley censura. No habrá órganos autónomos o una Corte libre que se interponga. Bastará un tuit, una radio o una app incómoda.

La censura ya no será un acto aislado. Será política de Estado.

FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIAL).
AUTOR: JUAN ORTIZ.