Las organizaciones Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS), fueron quienes promovieron un amparo para detener dichas obras, respaldados por la ciudadanía organizada. En tanto, la Defensa dice que su construcción está exenta de presentar la manifestación de impacto ambiental.
De acuerdo con los colectivos Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS), fueron quienes promovieron un amparo para detener dichas obras, respaldados por la ciudadanía organizada.
Paso significativo a favor de la defensa ambiental
En un comunicado de Greenpeace México, destacó que esta medida es un paso significativo en la defensa ambiental y un logro de la ciudadanía y organizaciones que han alzado la voz para defender el equilibrio ecológico, el patrimonio cultural y el derecho a un medio ambiente sano.
Greenpeace se sumó a una denuncia popular ante la Profepa, en conjunto con organizaciones de Quintana Roo.
“La construcción, iniciada en enero de este año, fue denunciada por no contar con los permisos ambientales necesarios, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni haber pasado por un proceso de consulta pública a la comunidad. El proceso de dragado con maquinaria pesada podría ocasionar daños ambientales irreversibles a la laguna de los siete colores, además de las afectaciones propias de la construcción y uso del inmueble”, señaló.
Sedena alega que obra es exenta de impacto ambiental
En ese sentido, la Defensa Nacional se ha limitado a decir que su construcción está exenta de presentar la manifestación de impacto ambiental que la ley ordena, mientras que la Semarnat dice que se trata de una intervención que no genera desequilibrio ecológico, pero sin mayor justificación o pruebas que respalden tal afirmación.
“Si bien, esta suspensión es un paso importante en la lucha ciudadana por la preservación de la laguna de Bacalar, será hasta el 28 de abril cuando se celebre una audiencia incidental, en la cual se definirá si se otorga la suspensión definitiva, lo cual implicaría detener la construcción de la Sedena hasta que se dicte la sentencia del Amparo”, indicó la organización.
Hizo un llamado a las autoridades para que haya legalidad y transparencia de salvaguardar la integridad de la laguna y del medio ambiente.
“Es indispensable que se realice una revisión profunda sobre los impactos ambientales del proyecto, y que se garantice la participación informada de la comunidad”, reiteró.
Aclaró que seguirán atentos al proceso judicial para ir sumando voces “para que este precedente se traduzca en justicia ecológica y respeto pleno a la legalidad y los derechos de las comunidades”.
Obra vulnera Ley General de Equilibrio Ecológico
El empresario y representante de la Asociación Agua Clara, Sandro Ciccarelli, explicó que las obras de la Sedena vulneran la Ley General de Equilibrio Ecológico, ya que el proyecto no fue sometido a consulta pública, impidiendo que la ciudadanía conozca la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y analice adecuadamente los efectos que la obra pueda causar. Además, se atenta contra el patrimonio histórico de Bacalar, por lo que exigen su reubicación.
“Se propone que la Sedena reubique su proyecto y que este terreno, que se encuentra en un lugar tan icónico, pase al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y quede abierto al público”, señaló Ciccarelli.
Advirtió que la construcción de un edificio con habitaciones para los empleados en la Base de los Marinos, frente al Fuerte de Bacalar y a la orilla de la laguna, representa una agresión al patrimonio histórico del municipio y pone en riesgo la inversión millonaria que cientos de empresarios han destinado para consolidar Bacalar como el principal atractivo turístico del sur de Quintana Roo.
Patrimonio histórico de Bacalar en peligro por la Sedena
La construcción del Ejército se encuentra frente al Museo del icónico Fuerte de San Felipe del “Pueblo Mágico”.
El Fuerte de San Felipe fue construido en 1733 para proteger Bacalar de los piratas ingleses, franceses, holandeses, y de otras nacionalidades. Durante la Guerra de Castas, el fuerte fue tomado por los indígenas insurrectos el 21 de febrero de 1858.
Con el paso de los años tuvo diversos usos de carácter militar hasta que en 1965 uno de sus cuatro baluartes fue adaptado como museo y declarado Patrimonio Histórico Nacional. Desde 1974, último año de Quintana Roo como territorio, ha sido un símbolo histórico.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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