martes, 22 de septiembre de 2015

El IFT perfila tres grandes licitaciones para 2016

MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) perfila para 2016 tres grandes licitaciones: 80 megahertz (Mhz) para servicios de telefonía móvil en banda ancha; 191 estaciones de radio en FM, y la concesión de la red compartida.

El pasado 20 de septiembre, el IFT anunció que licitará en enero de 2016 80 Mhz para proveer servicios de telefonía móvil de banda ancha en la tecnología 4G y la LTE (Long Term Evolution), entre operadores ya establecidos y posibles nuevos competidores.

En su comunicado, el organismo regulador informó que desde este lunes 21 de septiembre y hasta octubre, dará a conocer a los interesados las primeras características de la licitación antes de definir los términos y condiciones del proceso.

Según el IFT, se tratará de una “subasta combinatoria de reloj” y pondrá a disposición de los licitantes 50 Mhz de la llamada sub-banda AWS-3 y 30 Mhz de la subanda AWS-1, pertenecientes a las bandas 1.7 a 2.1 Ghz, consideradas unas de las de mayor valor en el mercado de telecomunicaciones.

Por otro lado, el periodo para la elaboración de las llamadas “prebases” de la Red Compartida fue ampliado desde finales de agosto. Se trata de la licitación de una red móvil de acceso inalámbrico para telefonía móvil e internet que utilizará la banda 700 Mhz y la responsabilidad central será de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Según la reforma de telecomunicaciones, esta Red Compartida debe estar lista para finales de 2018, cuando iniciará sus operaciones. Sin embargo, los plazos no se han cumplido. La inversión calculada para desplegar esta red es del orden de los 7 mil millones de dólares.

En el caso de las 191 estaciones de radio en FM y 69 en AM que el IFT pretende licitar, se prevé que las prebases estén listas en el último trimestre de 2015. Se calcula una inversión de 34 millones 400 mil pesos por cada una de estas frecuencias comerciales.

La radio comercial mexicana está dominada por siete grandes grupos a nivel regional y nacional: ACIR, Grupo Radio Centro (que no pudo sostener su oferta en la segunda de las dos cadenas de televisión digital abierta), Radio Fórmula, Radiorama, MVS Radio, Grupo Imagen y WRadio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Rinde Narro último informe; promete “sucesión democrática”

MÉXICO, D.F: En punto de la una de la tarde, las luces de la Sala Miguel Covarrubias se apagaron para proyectar un extenso video con los premios y logros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los últimos ocho años, inicio del fin de los informes de José Narro Robles al frente de la institución.

A la una y veinticinco se iluminó el centro del escenario, dispuesto un pódium de madera y de fondo los estandartes de la universidad nacional para la aparición del aún rector, quien se dispuso a leer su mensaje en uno de sus últimos actos solemnes.

A dos días de que inicie formalmente el proceso de su sucesión, aseguró que la Junta de Gobierno garantizará una elección en absoluta libertad, con “los más altos estándares” dentro de la normatividad universitaria.

Ante las críticas a esa normatividad, pidió tolerancia y deseó que sean “los proyectos y las ideas expuestas” lo más importante. “Que no quepa la menor duda de que estoy preparado para ser un buen exrector. Tengan la seguridad de que seré absolutamente cuidadoso de los tiempos, las formas y las normas de nuestra comunidad”, dijo, reiterando su confianza en el futuro de la UNAM.

Resaltó el papel de las universidades públicas en la sociedad contemporánea.

“He ganado argumentos en mi convicción de que la labor de la universidad supera a la de transmitir y generar conocimiento. El objetivo mayor tiene que ver con la formación de ciudadanos libres, con principios éticos y compromiso social, preparados para vivir en democracia, para ser solidarios con los demás y para defender los derechos humanos”.

Aseguró que la UNAM vive una buena etapa en investigación y difusión de la cultura, con gran infraestructura y acervos para desarrollar todas las áreas del conocimiento, “resultado” de tres lustros de continuidad.

En cifras, se manifestó orgulloso de que, bajo su administración, el total de alumnos de primer ingreso a la universidad ascendió a 710 mil, se titularon 154 mil y se graduaron 32 mil especialistas. Presumió también que 22 mil maestros y 5 mil 700 doctores, además de 210 mil estudiantes de bachillerato, concluyeron sus estudios. En términos de cobertura, dio cuenta de un aumento de más 45 mil jóvenes en la matrícula.

En cuanto a rendición de cuentas se refiere, Narro se comprometió a que los informes de todo lo logrado y lo no conseguido en los planes de desarrollo será público, como públicas serán las cuentas para quienes quieran revisarlas. Los libros blancos para la siguiente administración y los estados financieros serán sometidos al escrutinio de las instancias correspondientes y abiertos a la comunidad.

Anunció una próxima publicación que contenga puntos de vista y razones que lo llevaron a tomar las decisiones más relevantes de su administración. Y adelantó: “Nunca impulsé una acción sin consenso”.

En presencia de miembros del patronato, de los consejeros universitarios, exrectores, directivos, colaboradores, profesores, investigadores, doctores honoris causa, invitados nacionales y extranjeros, estudiantes y trabajadores, dijo que recibió una institución con prestigio. “Y así la entregaré (…) Asumo los errores y defectos que se registraron. No hay retórica. Le toca al rector asumir la decisión final”.

Marcada su gestión por su pasado en la función pública, en más de una ocasión mostró su agradecimiento a los distintos poderes de la República. “Nadie le impidió criticar la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso a la educación, a los servicios de salud, al empleo digno o a la alimentación, a los niveles de injusticia, corrupción e impunidad, exclusión de indígenas, mujeres y pobres.

“Quiero reconocer que ningún funcionario gubernamental o político usó su autoridad para intentar dañar a la universidad por las opiniones del rector. Por ello no debe faltar mi agradecimiento a los funcionarios gubernamentales, a los partidos políticos y a sus dirigencias, a los servidores públicos federales, estatales y municipales, a los legisladores y a los miembros del poder judicial. A todos ellos mi gratitud por el apoyo recibido y por el respeto que mostraron hacia la universidad nacional, lo mismo en los momentos positivos que en las circunstancias difíciles por las que atravesamos en estos ocho años”, fueron las palabras de Narro, y admitió haber sentido el peso de la responsabilidad.

“Estoy acostumbrado a la crítica y ejercí mi derecho a discrepar”, dijo.

También agradeció el respaldo de empresarios, intelectuales, artistas y actores religiosos de todos los credos.

Aseguró que defendió la autonomía ante todo poder, que fue rector de tiempo completo y que vivió de un salario “honestamente devengado”.

Del orgullo de ser universitario, dijo: “Eso lo lleva uno en la piel, en la sangre, en ese continente del alma que llamamos corazón”.

Al final, sin evidencias en la voz, se dijo conmovido: “Qué momento más complejo, lleno de recuerdos y de sentimientos. Qué difícil es decir adiós a una tarea tan grata. Qué emoción. Qué gusto. Qué tristeza”.


Si estuvo a la altura del desafío, concluyó, será tarea de la comunidad juzgarlo: “Yo sólo puedo decir que hice todo lo que pude, que me esforcé al límite de mis capacidades. Sin embargo, eso no basta. A la comunidad corresponde el juicio. Son ustedes los que tienen la palabra. Por mi raza, hablará el espíritu”, terminó José Narro para abrazarse y perderse en la fila de los exrectores de la UNAM, con una goya de fondo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.

Habrá un solo salario mínimo en todo el país

Se trata de un proceso de convergencia de los salarios mínimos de las áreas geográficas A y B, que entraría en vigor a partir del próximo mes de octubre; se establecerá, como mínimo, un pago de 70.10 pesos diarios para todo el país.

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) informó que el próximo jueves se reunirá para concluir el proceso de creación de un solo salario mínimo en todo el país, a partir del próximo 1 de octubre.

En un comunicado, el organismo tripartito (gobierno, empresarios y trabajadores), presidido por Basilio González Núñez, explicó que los integrantes del Consejo resolvieron continuar con la solicitud de revisión de dichos salarios.

Refirió que tal petición fue promovida por el Congreso del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México y por los representantes de los trabajadores ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Detalló que el pasado 17 de septiembre, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, envió un escrito al presidente de dicha Comisión con la solicitud de revisión de los sueldos que presentaron los actores antes señalados.

En dicho escrito se estableció que la STPS se ha cerciorado que la solicitud satisface el requisito de que los solicitantes representan 51 por ciento de los trabajadores sindicalizados, como lo establece el inciso a, Fracción II, del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo cual, después de estudiar la solicitud y decidir si los fundamentos que la apoyan fueron suficientes para iniciar el proceso de revisión, el Consejo de Representantes resolvió afirmativamente la continuación de dicho proceso.

“Los sectores representados en este Consejo nos comprometemos a llevar a cabo la conclusión del proceso de convergencia de los salarios mínimos” en octubre próximo, para llegar a un solo salario mínimo en todo el país, equivalente al de la zona geográfica A (70.10 pesos diarios), señaló el organismo.


Asimismo, dijo que el compromiso es establecer un solo salario mínimo para cada una de las ocupaciones comprendidas en el listado de profesiones, oficios y trabajos especiales para los que rigen salarios mínimos profesionales, como establece el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“En México, el Estado no busca a los desaparecidos”: El Tiempo

Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua son las principales zonas donde la gente se esfuma sin dejar rastro, precisa un reportaje del diario. Pero destaca también el caso de Guerrero.

Jóvenes, hombres y mujeres desaparecen todos los días en México en un contexto en el que el crimen organizado y la trata de personas parecieran ser los principales motivos de la desgracia de miles de familias en el país. De 2006 a julio 2015, las procuradurías de todo el país tienen el reporte de 25.634 personas de las que se desconoce su paradero, reporta este martes el diario El Tiempo en un especial que dedica a los desaparecidos.

El periódico señala que “encontrar en México a un desaparecido es como hallar una aguja en un pajar. Diariamente, en los últimos diez años, siete personas se han desvanecido en algún punto del territorio azteca. Familias en todo el país se topan con paredes normativas que en lugar de ayudarlos, frenan sus búsquedas. Actualmente no existe una ley general de desaparecidos, por lo que las instituciones los nombran de manera distinta”.

El reportaje apunta que después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala la gente comenzó a reunirse y vieron que tenían algo en común: todos tenían a alguien desaparecido. Más de 100 personas estaban desaparecidas tan solo en esa localidad.

Además, indica que “la indolencia con la que buscan a los desaparecidos a través de las procuradurías locales origina que familiares de los desaparecidos sean doblemente victimizados”.


En cuanto a la omisión del Estado, se encuentra la falta de elementos que puedan ayudar en la búsqueda. Por ejemplo, la PGR tiene un número de 15 o 16 policías federales que buscan desaparecidos en todo el país.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa: Por acción u omisión, servidores públicos delinquieron

MÉXICO, D.F: Existen elementos para sancionar administrativa y penalmente a los involucrados en la fallida indagatoria sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y las sanciones pueden ir desde la inhabilitación vitalicia para desempeñar el servicio público hasta 10 años de cárcel, afirman abogados consultados por este semanario.

El 7 de noviembre de 2014 el exprocurador Jesús Murillo Karam presentó la versión de la PGR, apoyada en declaraciones de cinco sicarios. El pasado 27 de enero la elevó a verdad histórica, supuestamente con base en los estudios de fuego y explosivos realizados por los peritos de la PGR Marcos Soto Villalobos, ingeniero en comunicación y electrónica, y Moisés Moreno Gallegos, con estudios inconclusos de ingeniería civil y arquitectura.

El estudio de las plantas y larvas es de Mauricio Cerón Solana, entomólogo del Instituto de Biología de la UNAM y subdirector de Genética Forense de la procuraduría.

El pasado domingo 6, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la indagatoria de la PGR está plagada de irregularidades en todos los peritajes.

Por ese motivo, los expertos independientes pidieron reorientar cada hipótesis del informe: “No sabemos si se podrá determinar el destino de los desaparecidos, pero sí creemos que es el único modo de poder llegar a la verdad sobre el caso y acabar con la impunidad”.

Horas después de que se presentó el informe, la procuradora Arely Gómez anunció que se realizaría un nuevo peritaje; pero al día siguiente Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, afirmó que la postura oficial se mantenía y que el dictamen del CIEI no implicaba que se abriera otra línea de investigación.

Para Daniel Márquez Gómez, experto en función pública adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, el informe del GIEI hace una presunción muy sólida de que en la investigación se cometieron irregularidades que violan la Ley Orgánica de la PGR, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Púbicos y la Federal de Responsabilidades, así como protocolos en manejo de evidencia y técnicas básicas de peritación, además del Código Penal Federal.

“Estamos frente a deficiencias en la integración de la investigación, en peritajes; hay diligencias que no se realizaron. A partir de aquí, la visitaduría de la PGR tendría que abrir una investigación, documentar todas estas irregularidades. Habría por lo menos tres clases de responsabilidades claramente identificables.”

La primera de ellas, dice, les atañe a funcionarios de alto rango, como secretarios de Estado y directores, como los titulares de la AIC y de la SEIDO, y consiste en juicio político, responsabilidad administrativa y una violación al artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de responsabilidad penal vinculada a colusión de servidores públicos u obstrucción de la justicia.

–¿Para fincar responsabilidades es suficiente el informe del GIEI de la CIDH?

–Sí, es una presunción muy sólida de que existe en la investigación un manejo deficiente, desaseado, inadecuado; de que hay complicidades, encubrimiento.

Por una parte, dice que el informe tiene validez porque “el propio Estado mexicano fue el que solicitó la coadyuvancia, y por otra parte México es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA, a la que pertenece la CIDH) y está sujeto a su orden jurídico.

Considera importante que la OEA despliegue su diplomacia para que el Estado mexicano cumpla sus responsabilidades:

“Difícilmente se puede valorar el papel que hicieron los expertos de la CIDH si se empieza a generar ruido para descalificarlos, cuestionar el informe o su mandato legal –apunta el académico–. Creo que hay que darnos una oportunidad. Guatemala para nosotros es un buen ejemplo. Allá, un grupo de expertos independientes de la ONU hizo una investigación sobre corrupción y ya vimos las consecuencias: a un expresidente corrupto en la cárcel, sujeto a un posible juicio, y un pueblo que empieza a confiar en sus instituciones. Habría que valorarlo aquí también.”

A decir de Márquez Gómez, la CIDH abrió un paréntesis para revisar tres problemas estructurales: la manera en que se investigan los delitos, la forma en que se construyen las supuestas verdades históricas y una oportunidad para mejorar esos esquemas.

Indica que la Ley Orgánica de la PGR delimita el papel de todos los participantes en la investigación: el MP, el policía como auxiliar del MP que se ocupa de averiguar ilícitos y los procesos vinculados al desempeño eficiente de un empleo, cargo o comisión.

–¿La sanción se aplica aunque exista falta de capacidad para investigar?

–Por lo que haya sido: falta de capacidad o dolo. Pero en caso de que se probara el dolo, lo que pondría en evidencia serían ilícitos de naturaleza penal. Y aquí, por lo que destacan los expertos, el dolo es evidente: encontraron evidencia, como ropa, no integrada a actuaciones, que apenas se mandó a Innsbruck para su peritaje. Tampoco se investigó la línea que apuntaba a la posible participación de militares. Todo es demasiado evidente como para ignorarlo.

–¿Qué consecuencias jurídicas tiene la proclamación de la versión de Murillo Karam como “la verdad histórica”?

–En principio es una afirmación temeraria. La verdad histórica sólo la fija el juez una vez que valoró evidencia. Lo de Murillo Karam fue precipitado. También se toma en una segunda dimensión, que pone en evidencia la prisa por cerrar el expediente, y quizá tendrá que indagarse si se quiere buscar la responsabilidad de los servidores públicos que hayan incurrido en las omisiones y comisiones de delito en el caso Ayotzinapa.

–¿El Estado mexicano no tiene la voluntad de esclarecerlo? El titular de la AIC, Tomás Zerón, afirma que nada cambia el rumbo de la investigación.

–Esta es una cuestión de incumplimiento fuerte de la Ley. En esto también tiene responsabilidad la actual procuradora, Arely Gómez, porque a su llegada pudo ordenar los peritajes a la ropa y llamar a los militares, pero tampoco lo hizo. Se puede tipificar, entre otras conductas, la obstaculización de la administración e impartición de justicia.

“El procurador, el subprocurador, los directores, los peritos como auxiliares de la investigación de los delitos, el MP, cada uno tiene una obligación. Por eso cuando los padres de los jóvenes afirman que fue un crimen de Estado, tienen razón. En el caso Ayotzinapa, reconocemos como un hecho indubitable que la investigación se hizo mal. Por ejemplo, aparecen peritajes de una persona experta en informática haciendo un peritaje sobre el incendio.”

–¿Considera que la responsabilidad jurídica puede llegar al presidente Enrique Peña Nieto?

–En este país se dice que el presidente es el hombre mejor informado, pero muchas veces lo está a través de tres personas, lo que me lleva a pensar que posiblemente no esté tan bien enterado. Si el presidente sabía y no actuó en consecuencia, estaríamos en un caso como el de Guatemala: en un grave problema.

Entrevistado aparte, el abogado Porfirio Martínez, miembro de la Asociación Civil Mexicanos Unidos, opina sobre este último punto:

“De acuerdo con el artículo 108 constitucional, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Aquí hablamos de desaparición y homicidio, de ocultar evidencias, tergiversar una investigación, no decir la verdad.”

Y todavía habría que analizar la responsabilidad que le resulte a Peña Nieto por no haber sancionado a Murillo Karam cuando se mostró que sus conclusiones no eran verdaderas:

“Como jefe de Estado, al tener conocimiento de la ‘verdad histórica’ llena de graves mentiras y errores, la avaló como versión de su gobierno. Por eso Peña Nieto incurre en colusión, encubrimiento o coparticipación.”

En cuanto a los altos funcionarios, señaladamente Murillo Karam, pueden haber ejercido indebidamente el servicio público, lo que conlleva una pena de dos a siete años de prisión (artículo 214). También puede imputársele un delito contra la administración de justicia, como aparece en el artículo 225, fracción VIII, es decir, que retarde o entorpezca la administración de justicia maliciosamente o por negligencia.

Y en la fracción 21, dicho artículo sanciona los actos de “alterar, destruir, perder o perturbar indistintamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas”, mientras que la siguiente prevé las penas por desviar u obstaculizar la investigación de hechos delictuosos a favor del inculpado y se sustraiga a la acción de la justicia… Para esos delitos se prescriben de tres a ocho años de cárcel, y las últimas fracciones son de cuatro a 10 años de prisión”.


“Lo cierto es que el Estado mexicano está acorralado por la verdad científica”, concluye Martínez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Definen agenda de la reunión entre Peña y padres de normalistas

MÉXICO, D.F: El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, informó hoy que en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa participarán integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Detalló que dicho encuentro se regirá por una agenda de cuatro grandes temas: búsqueda, investigación, atención a víctimas y política pública.

La reunión, que se efectuará a las 13 horas del próximo jueves 24, no tiene sede ni se ha precisado si será abierta a periodistas o privada.

De acuerdo con Campa, los temas a tratar se plantearon después del informe que presentaron los expertos de GIEI, en el que se concluye que los cuerpos de los normalistas de Ayotzinapa no fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, como en su momento lo aseguró el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Entrevistado durante el foro “Presupuestos públicos para la atención integral de la niñez y la adolescencia desde un enfoque transversal”, Campa Cifrián consideró que el informe del GIEI no sólo da luces de cómo abordar de mejor forma la situación, sino que también tiene algunas coincidencias con la versión gubernamental.

“Estoy convencido de que el informe tiene elementos muy importantes para fortalecer las tareas, tiene coincidencias muy importantes, y por la posición sobre el basurero de Cocula se decidió crear una comisión de alto nivel para tener una visión final. El informe es un documento serio”, dijo el excandidato presidencial.

La reunión que sostendrán los padres de los normalistas con el presidente, subrayó, no sólo “será positiva”, sino que también “cumplirá con las expectativas” de ambas partes.

También detalló que desde hace algunas semanas se ha tenido contacto con los representantes de los padres, entre ellos el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro Prodh y Serapaz, y comentó que se ha solicitado a la CIDH una ampliación de seis meses para que permanezcan en el país los expertos del GIEI.

Aclaró que la violencia que se ha registrado en Guerrero con la quema de vehículos, a un año de la desaparición de los normalistas, “no resuelve nada en el caso”.


“Me parece que hoy más que nunca, está claro que con la violencia no se avanza”, sostuvo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Confirman ayuno de 43 horas por Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: Normalistas y familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa iniciarán un ayuno de 43 horas a partir de las 19 horas de este miércoles 23 de septiembre y harán una marcha de Los Pinos al Zócalo al mediodía del sábado 26, día en que se cumple un año de los hechos en Iguala.

El ayuno concluirá el viernes 25 a las 14 horas.

El estudiante Omar García, sobreviviente del ataque de la fuerza pública a los normalistas la noche de ese viernes, confirmó las actividades que sostendrán en los próximos días vía un video difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).


Estas actividades son adicionales al encuentro que sostendrán el jueves a las 13 horas con el presidente Enrique Peña Nieto, en lugar y condiciones aún por definir.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EPN participará en Asamblea General de la ONU, en Nueva York

Estará fuera desde el 26 de septiembre, cuando en México se conmemora un año de la desaparición de 43 estudiantes.

El presidente Enrique Peña Nieto se ausentará del país del 26 al 29 de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con un oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado, en Nueva York el mandatario tendrá actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos así como con otros países prioritarios para México.

En el oficio remitido al Senado de la República se subraya que el presidente de la República “realizará una intervención en esa cumbre donde hablará sobre la erradicación de la pobreza y el hambre en un dialogo interactivo al margen” del encuentro.

El mandatario también copresidirá la Reunión de Líderes Globales por la Equidad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, en el marco del 70 Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Se prevé que a invitación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, el presidente Peña Nieto asista a un almuerzo de Jefes de Estado y de Gobierno Sobre Cambio Climático.

En ese encuentro se discutirá la agenda de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP21) a realizarse en París, este año.

Peña Nieto además participará en el Debate General de la Asamblea General de la ONU y se reunirá con sus homólogos de Perú, Chile y Colombia en un encuentro de presidentes de la Alianza del Pacífico.


De igual forma, asistirá a la Cumbre sobre Mantenimiento de la Paz, convocada por el gobierno de los Estados Unidos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Responde INE a las críticas por su elevado presupuesto

México, DF. Si se quiere un Instituto Nacional Electoral (INE) más ligero que se haga mediante un cambio constitucional, no por la “puerta de atrás” del recorte presupuestal ciego, advirtió el consejero Ciro Murayama.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a la "cascada de críticas" que provocó la petición del organismo para obtener un presupuesto superior a los 15 mil millones de pesos el próximo año.

También rechazó retirar por completo los recursos a los partidos políticos porque de hacerlo habría un caldo de cultivo para que los actores políticos dependieran del dinero privado que en este país está en muy pocas manos.

En un seminario donde se evalúan las pasadas elecciones, organizado por la UNAM y el CIDE, dicho consejero acudió en representación de Lorenzo Córdova. Ahí argumentó que pidieron fondos que representan casi 20 por ciento menos que en 2015 en términos reales. Aunque este año el INE no organizará elecciones federales.

Aseguró que el instituto no quiere que el gasto electoral crezca pues la austeridad es condición de credibilidad de los comicios.

Pero dijo que si lo que cada reforma electoral tiene es el ingrediente de la desconfianza no tendremos como resultado elecciones más austeras y menos barrocas.

Explicó que cada una de las necesidades de financiamiento pueden ser explicadas y documentadas para su deliberación en la Cámara de Diputados.

"Si se quieren revisar las atribuciones, adelante. Si se quiere hacer un INE más ligero, bien. Que sea seria, legal y legítimamente a través de un cambio constitucional y se decida si vamos hacia un modelo electoral minimalista, pero no por la puerta de atrás del recorte ciego", indicó en el Palacio de la Escuela de Medicina.


Recordó a quienes piden recortar los fondos del INE que la ley fundamental es la Constitución, no la Ley de Egresos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA.

Se enfrentan nuevamente militares e integrantes del CJNG; 5 muertos

GUADALAJARA, Jal: En un presunto enfrentamiento entre militares y civiles ocurrido esta mañana en el municipio de Ameca –a menos de 90 kilómetros de esta capital– habrían muerto cinco integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según los primeros reportes.

Tras un operativo realizado después de las 7 de la mañana de hoy en el poblado de San Antonio Matute, habría sido detenido también El Duende, cuyo verdadero nombre es Juan Carlos Márquez Pérez, presunto jefe en la Región Valles, que tiene como sede la ciudad de Ameca.

San Antonio Matute es una pequeña población ubicada aproximadamente a 75 kilómetros de Guadalajara, al borde de la carretera mencionada, donde la Secretaría de la Defensa Nacional tiene ahora varios retenes apoyados por infantería y camiones blindados, de acuerdo con los primeros informes.

Por esta misma ruta, pero entre San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, tuvo lugar la emboscada a policías estatales donde fallecieron 15 uniformados y cinco más resultaron heridos el 6 de abril pasado.

Menos de un mes después, en Villa Purificación, en la Costa Sur del estado, el mismo cártel atacó a helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana cuando elementos de las fuerzas armadas iban tras el capo Nemesio Oseguera “El Mencho”.


En ese ataque, los presuntos narcotraficantes derribaron un helicóptero Cougar con una veintena de integrantes del equipo especial de asalto. Murieron más de una docena de elementos del Ejército y la Policía Federal. Cifras extraoficiales estiman que en total habrían fallecido 43 personas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FELIPE COBIÁN.

Revientan sesión en el Senado por caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: La propuesta de crear una fiscalía independiente para investigar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un año generó una abrupta ruptura en la sesión del pleno del Senado, tras el intento del PRD y PT de discutir el tema en tribuna, y la negativa de PRI y Verde, más la posición de la bancada del PAN, que se sumó a la petición de la izquierda.

Al filo de las 15:30, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Roberto Gil Zuarth, dio por concluida la sesión después de que la mayoría del PRI y del Verde emitiera 50 votos en contra de abordar el debate sobre la fiscalía de Ayotzinapa, contra 46 votos a favor de las bancadas de PRD, PT y PAN.

La sesión cayó en el pasmo cuando la senadora Layda Sansores, de Morena, subió a tribuna con un micrófono en mano para reclamar que se incluyera el tema en el debate. Desde sus curules, el coordinador y la vicecoordinadora del PRD, Miguel Barbosa y Dolores Padierna, también demandaron que se discutiera el tema.

Gil Zuarth argumentó que la Mesa Directiva acordó mantener abierta la sesión hasta recibir el documento referente al caso Ayotzinapa, pero media hora antes los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) suspendieron la sesión sin llegar a acuerdos.

Bajo la presión de PRD, PT y algunos senadores del PAN se sometió a votación la posibilidad de incluir este tema. El legislador Manuel Bartlett afirmó que Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del PRI, había sentenciado: “Háganle como quieran, no hay acuerdo”.

En un comunicado de prensa, la bancada del PRI negó que Gamboa hubiera dicho esto y agregó que “de ninguna manera rehuiremos al debate” sobre el caso Ayotzinapa.

La bancada del PRI, encabezada por Gamboa Patrón, se ha opuesto rotundamente a la posibilidad de crear una fiscalía independiente de la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue los acontecimientos de hace un año en Iguala, Guerrero.

Acuerdo de PRD, PT y PAN

Después de que terminara la sesión, Miguel Barbosa, coordinador del PRD, anunció que su partido, el PAN y el PT presentarán este miércoles 23 en la Jucopo el acuerdo para crear una fiscalía independiente, con el fin de que el jueves 24, el mismo día en que se reúne el presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los normalistas, el Senado vote esta propuesta.

“Reitero que la única manera de desahogar de manera decorosa esa reunión entre Peña Nieto y los familiares de las víctimas, es entregarles el compromiso de la constitución de la fiscalía especializada”, sentenció Barbosa.

“El voto ponderado de PAN, PRD y PT es mayor al voto ponderado de PRI y del Verde. ¿Qué es el voto ponderado? La suma de los porcentajes representativos en el Senado”, explicó Barbosa.


“Emplazamos al presidente Peña Nieto a que la respuesta que dé a los planteamientos de las víctimas el día 24 de septiembre en su reunión a la una de la tarde sea la constitución de la fiscalía independiente”, alertó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Peña Nieto inaugura base militar en Morelos

JOJUTLA, Mor: El presidente Enrique Peña Nieto inauguró una nueva base militar en los límites entre Morelos y Guerrero, ocupando el viejo predio conocido como Lagartos, ubicado en este municipio del sur de la entidad, donde se instaló desde este martes el 108 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.

Durante el acto, el mandatario envió un mensaje al Congreso de la Unión para que considere que la seguridad sigue siendo tarea de todos y en el que los tres órdenes de gobierno deben crear un frente único.

“Hoy habrá de debatirse en el Congreso (de la Unión) cuáles son, precisamente, atribuciones que a cada orden (de gobierno) compete, pero que a final de cuentas todas ellas están orientadas a hacer un frente común. Esta es una tarea que no distingue ni el origen partidario de cada gobierno ni un tema de afinidad ni de preferencias ideológicas”, señaló.

Saludó los esfuerzos de Morelos por crear, “lo que queremos en todo el país”, en alusión al Mando Único, y aseguró que en los próximos días esta estrategia estará dando los primeros resultados, a un año de su implementación.

Señaló que el nuevo cuartel forma parte de la estrategia de reestructuración y reordenamiento de las fuerzas armadas, que comenzó en 2013.

Dijo que el cuartel que alberga al 108 Batallón de Infantería, servirá para cerrar el paso a la delincuencia, con la instalación de “más de 500 efectivos” que en coordinación con las corporaciones locales, darán mayor seguridad, particularmente a los municipios de Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla y Coatlán del Río, limítrofes con los estados de México y Guerrero.

Acompañado por el gobernador Graco Ramírez, en medio de protestas de ejidatarios de Chisco y Vicente Aranda –mismas que fueron aisladas muy lejos del acto–, el mandatario federal abanderó a la nueva representación militar en la entidad.

Los ejidatarios se quejan de que en la primera década de este siglo, el gobierno estatal expropió 280 hectáreas que se dedicaban al cultivo.

El 108 Batallón de Infantería tiene como objetivo, “apoyar y fortalecer las acciones de combate a la delincuencia organizada en la zona”, misma que es disputada por dos derivaciones del Cártel de los Beltrán Leyva, en este caso los Guerreros Unidos y los Rojos, vinculados ambos a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre pasado.
El gobierno federal anunció en diciembre del año pasado la implementación del Operativo Especial Tierra Caliente, que incluye 36 municipios de los estados de México, Michoacán, Guerrero y Morelos. Entre éstos se incluye: Iguala, Ciudad Altamirano, Taxco, Teloloapan, Cocula, Iguala, San Miguel Totolapan y Apaxtla de Castrejón, de Guerrero; y Amacuzac, Puente de Ixtla, Coatlán del Río y Tetecala, en la zona sur de Morelos.

El nuevo batallón de infantería ocupa el predio conocido como Lagartos, una expropiación de tierra de cultivo realizada por el gobierno estatal en los años 90 y que por mucho tiempo estuvo como tierra ociosa. En 1998, el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó la creación de cinco academias policiales nacionales y el año siguiente conminó a varios estados a hacer realidad la creación de éstas. Entre estos estados estaba Morelos. En 2001, por acuerdo entre los gobiernos federal y estatal se creó el Centro de Actualización en Materia de Seguridad Pública “Lagartos”, que ocupa 30 hectáreas y que ha servido para formar, actualizar y capacitar a policías de la zona central del país.

La otra parte del terreno estaba abandonado y en el contexto de la guerra contra las drogas, el 4 de noviembre de 2011, el Congreso de Morelos decretó la donación de las otras 250 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Cinco meses después, el entonces gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo promulgó el decreto que dota a la Sedena de dos fracciones de tierra divididas por una calle. La primera fracción tiene una extensión de 139 hectáreas con 7 mil 500 metros y la otra 121 hectáreas con 6 mil metros, un total de 261 hectáreas con 3 mil 500 metros.

En su oportunidad, el gobernador Graco Ramírez ofreció 15 hectáreas más con que cuenta el gobierno del estado para ampliar las instalaciones, sobre todo en relación a la unidad habitacional que se construyó en el cuartel, además de la instalación de una primaria y un preescolar para las hijas e hijos de los militares. El Presidente de la República agradeció la donación.

Al acto acudieron los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Educación Pública, Desarrollo Agrario y Urbano, Relaciones exteriores y el jefe de la oficina de la presidencia.


El presidente abanderó al 108 Batallón de Infantería y después develó una placa inaugural en la que se puede leer, “sirvan estas instalaciones para construir un México en paz y tranquilidad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO).

Equipo de PGR que “sembró” arma también cateó oficina de Infraiber

El cateo comenzó el viernes 11 de septiembre y terminó la madrugada del sábado. La PGR informó de ello hasta el domingo 20 de septiembre, en un comunicado de prensa.

Los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que “sembraron” un arma de fuego al abogado de Infraiber, Paulo Díez, son los mismos que catearon las oficinas de esa compañía durante 16 horas y sacaron al menos 14 cajas cerradas con cinta canela, después que la empresa OHL la denunció por espionaje, según videos obtenidos por Aristegui Noticias.

El pasado domingo, la PGR informó que cateó un centro de espionaje que operaba en el noveno piso de un edificio de la calle Campos Elíseos, colonia Polanco; aunque no lo aclaró en su boletín, se trata de las oficinas de Infraiber.

La detención de Paulo Díez ocurrió el lunes 7 de septiembre. Un video publicado por Aristegui Noticias muestra que un elemento de PGR colocó un arma de fuego en el automóvil del abogado. El representante legal de Infraiber fue liberado la tarde del miércoles 9 de septiembre luego de pagar una fianza, aunque sigue sujeto a proceso judicial.

El jueves 10 de septiembre, OHL informó a sus accionistas que había iniciado una demanda contra Infraiber por espionaje, a la cual acusó de intervenir comunicaciones de sus directivos con funcionarios federales, como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

En esas grabaciones, los miembros de OHL habrían solicitado ayuda del presidente Enrique Peña Nieto para solucionar un conflicto de cobranza carretera con Infraiber.

Un día después que OHL informó de la denuncia, funcionarios de PGR catearon las oficinas de la empresa Infraiber.

Videos obtenidos por Aristegui Noticias muestran que 18 elementos de la PGR entraron a las oficinas de Infraiber a las 12:48 horas del viernes 11 de septiembre.

La mayoría de los funcionarios vestían traje negro, algunos llevaban cámaras de video y fotografía. Los que más destacan portaban las insignias de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los videos fueron captados en la entrada de las oficinas. Son cortes de un video que originalmente abarcó desde las 12:48 horas del viernes 11 de septiembre hasta las 5:19 horas del sábado 12.

En el material se aprecia la entrada y salida de funcionarios. A las 14:49 horas tres elementos llegaron al piso nueve con cinta canela y un rollo de burbujas protectoras.

Es hasta las 5:01 horas del sábado cuando los elementos de PGR sacan 14 cajas cerradas con cinta canela. Entre las 5:03 y 5:06 salen tres mujeres cargando carpetas y paquetes de hojas.

Al comparar los videos de la detención de Paulo Díez y el cateo, se aprecia que al menos cuatro elementos participaron en ambas acciones, incluyendo al policía que colocó un arma de fuego en el auto del abogado.

A las 13:45 horas, dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal vigilan la entrada del edificio donde están las oficinas de Infraiber; son los mismos policías que bajaron de una camioneta blanca en la detención de Paulo Díez, aunque en ese operativo iban vestidos de civil.

Uno de los dos elementos fue el encargado de colocar un arma de fuego en el automóvil del abogado, según el video publicado por Aristegui Noticias.


A las 13:45 horas, dos elementos vigilan la entrada del edificio donde están las oficinas de Infraiber; sus rasgos físicos coinciden con los de los policías que bajaron de una camioneta blanca en la detención de Paulo Díez, uno de los cuales fue el encargado de colocar un arma de fuego en el automóvil del abogado, según el video publicado por Aristegui Noticias.

Un hombre de lentes oscuros y corbata de color claro está en ambos videos y, al parecer, iba al mando de las acciones.


Durante la detención fue el encargado de presentarse con Paulo Díez, solicitarle sus documentos y exponerle el motivo de la detención. Durante el cateo el mismo hombre aparece platicando con dos personas que salieron de las oficinas de Infraiber.

La mujer que sacó un arma de fuego en el auto de Paulo Díez también participó en el cateo.

En el operativo del 7 de septiembre la mujer grabó la revisión que se hizo al vehículo del abogado y fue la encargada de sacar el arma de fuego que previamente “sembró” uno de sus compañeros.


Durante el cateo la oficial vestía el uniforme de la Agencia de Investigación Criminal y se le aprecia entrando y saliendo del edificio en varios momentos.

A las 2:59 horas del sábado 12 de septiembre, salió de las oficinas para sacar una foto con su celular desde la zona de elevadores.


El abogado Díez fue quien entregó el video a Aristegui Noticias y también lo llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde ya presentó una queja.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Que expertos de la CIDH dejen el caso Ayotzinapa, pide Isabel Miranda de Wallace

No se trata de un caso de desaparición forzada, dijo Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro; Wallace, presidenta de la asociación, opinó que la Oficina de Drogas y el Delito de la ONU es el organismo que debe investigar.

La asociación Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, pidió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deje el caso Ayotzinapa.

Miranda de Wallace y Samuel González, exfuncionario de la PGR y consejero de la agrupación, expusieron el lunes 21 que hay conflicto de interés y se ha politizado el caso, además de subrayar que no sólo es un tema de derechos humanos sino legal.

Lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, mencionó González Ruiz, es técnicamente un secuestro y en consecuencia debió haber sido tratado como elemento criminal y no mandar reporte de derechos humanos, que tiene criterios diferentes al penal.

“Hay que exigir que salgan los actores políticos estrictamente del terreno legal y de análisis para poder llegar a una verdad y no tratarlo solamente de manera política”, dijo en conferencia de prensa.

A decir de Miranda de Wallace, la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la que debe intervenir y coadyuvar en este caso, “porque en estos momentos hay un conflicto con un reporte de derechos humanos y con otro que tiene que ver con delito y droga”.

La activista también aseguró que existen conflictos de interés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien al ser mexicano no puede conocer de conflictos en México.


Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro, abundó que “una confusión radical y tajante, error gravísimo del gobierno mexicano” es no conocer el reglamento del personal de la OEA.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aramburuzabala gana batalla a López Dóriga: podrá reanudar obra

MÉXICO, D.F: La empresa inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, ganó el recurso de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal para reanudar la obra en la calle Rubén Darío número 225, confirmaron fuentes de la empresa y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) del gobierno capitalino.

Ante tal decisión jurídica, esta semana deberán levantarse los sellos de clausura en el desarrollo inmobiliario que detonó una denuncia pública y una demanda penal de la empresaria Aramburuzabala contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga, quien –según acusó– intentó extorsionarla con cinco millones de dólares para permitir la obra.

Se trata de 122 departamentos en la colonia Polanco, una de las zonas de mayor nivel inmobiliario en la capital del país.

Según declaró Aramburuzabala a la revista Proceso (2026), desde septiembre del año pasado, López Dóriga afirmó en sus cuentas de redes sociales que esa obra debía ser clausurada. Además, acusó a la inmobiliaria Abilia de falsificar permisos para derribar árboles.

Lo que pocos conocían es que la esposa del conductor estelar de Televisa, Adriana Pérez Romo, estaba en contra del proyecto inmobiliario y amenazó con “hacer todo lo posible para parar la obra”.

En la entrevista con este semanario, Aramburuzabala recordó que tuvo dos encuentros con la esposa de López Dóriga para tratar de resolver sus diferencias.

Después de las amenazas y de los mensajes del conductor y columnista vía Twitter, el pasado 19 de enero se llevó a cabo un operativo en el que participaron 120 granaderos y 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del DF para clausurar la obra, pese a que el proyecto original ya había sido modificado antes por Abilia para atender los reclamos de vecinos de las calles colindantes de Lord Byron y Tres Picos.

En su demanda penal, Aramburuzabala advirtió que en este operativo de clausura se puso en riesgo “la integridad de los habitantes de los predios aledaños y demás daños que se pudieron haber causado, por el impedimento a la adopción e implementación de medidas mitigatorias urgentes y necesarias”.

A nombre de supuestos comités vecinales y de 11 habitantes del edificio contiguo de Rubén Darío 223, la esposa de López Dóriga emprendió acciones públicas para solicitar la suspensión de la obra. El INVEA autorizó dos clausuras consecutivas, con el argumento de que se incurrió en violaciones al uso del suelo en marzo y mayo de 2015.

Un mes después, entró a escena el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien tuvo un encuentro con representantes de la empresa Abilia para extorsionarlos con la entrega de casi 10 millones de dólares: cinco millones para la esposa de López Dóriga, 600 mil dólares por honorarios de él y más de cuatro millones por obras de “mitificación” en la colonia Polanco.

A cambio de esa cantidad, los quejosos se desistirían de las acciones vecinales y de las acusaciones ante las autoridades capitalinas en su contra. La amenaza de extorsión fue ventilada públicamente por Aramburuzabala.


Aún está pendiente el desenlace de la demanda penal que interpuso una de las mujeres más ricas del país contra el matrimonio López Dóriga-Pérez, el abogado Becerra Pocoroba y supuestos representantes de vecinos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Exigen a EPN aclarar “inconsistencias y engaños” sobre caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: Académicos e investigadores de 16 instituciones de nivel superior en México exigieron al presidente Enrique Peña Nieto el esclarecimiento de todas las “inconsistencias y engaños” contenidos en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, con saldo de seis muertos y 43 normalistas desaparecidos.

En una carta enviada al Ejecutivo, solicitaron que se amplíe de manera indefinida el plazo de estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), hasta que se aclaren los sucesos, y que se les garantice el acceso a “toda la documentación, personas e instituciones públicas como privadas” que estuvieron vinculadas con los hechos.

“Reprobamos la actitud de las autoridades de procuración de justicia federal y del estado de Guerrero por la creación de una historia revictimizante y su insistencia de reconocerla como la verdad histórica. El Estado mexicano debe cumplir con las recomendaciones del informe (del GIEI-CIDH) e investigar a las y los servidores públicos que obstruyeron la justicia”, puntualiza la misiva firmada por 87 académicos e investigadores de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iberoamericana (UIA), entre otras instituciones.

El texto, enviado también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; a la procuradora general de la República, Arely Gómez, y a las cámaras de Diputados y Senadores, destaca que en el informe del GIEI que se hizo público el pasado domingo 6, se informó de diversas “inconsistencias y engaños contenidos en la investigación penal contra las personas responsables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.

Añade: “Resulta una ofensa para las víctimas y la sociedad en general, que a un día de la presentación del Informe del GIEI, servidores públicos del más alto nivel en la Procuraduría General de la República se pronunciaran en contra del mismo”.

En ese sentido, los firmantes coinciden en que el Estado mexicano debe refrendar su compromiso con las víctimas y el respaldo al GIEI, “con la inmediata destitución de servidores públicos que continuarán obstaculizando la acción de la justicia”.

Y consideran que aunque el mandato del GIEI se amplió por un par de meses, ante “la magnitud del trabajo que realizan debe considerarse un plazo indefinido, hasta el esclarecimiento de los hechos”.

Además, el Estado mexicano, a través de todas sus autoridades, “debe respaldar públicamente al GIEI, quienes gozan de una alta calidad moral, amplio conocimiento en materia de derechos humanos y experiencias en hechos de igual o mayor magnitud de violaciones de derechos humanos ocurridas en países como Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Guatemala”, apunta la misiva.

En ese contexto, los académicos e investigadores exigen al gobierno mexicano “el cumplimiento de las recomendaciones” hechas por el Grupo de Expertos de la CIDH y que se individualice la responsabilidad de quienes “actuaron con dolo, mala fe o negligencia, para obstruir la persecución penal de las ejecuciones arbitrarias, tortura y desaparición” ocurridas en Iguala.

También piden la participación del GIEI en todas las actuaciones ministeriales que se realicen y su conformidad con la elección de peritos independientes, así como su presencia en la ejecución de las periciales correspondientes.


Finalmente, exigen “no criminalizar las manifestaciones públicas que se realicen, las cuales derivan de la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para garantizar un acceso a la justicia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Malos pronósticos para la economía: seguirá atorada en 2016

MÉXICO, D.F: Toda vez que continúa la volatilidad financiera internacional y la incertidumbre por la próxima normalización de la política monetaria en Estados Unidos, además de un menor ritmo de crecimiento de la industria manufacturera de ese país, la economía mexicana seguirá desacelerándose aún más en este y el próximo año, coincidieron este lunes diversos especialistas.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) –que congrega a ejecutivos y analistas de grandes empresas y grupos financieros del país– bajó hoy su pronóstico de crecimiento económico para 2015 y 2016, justamente por esas razones y, en el caso del próximo año, porque además el paquete económico para 2016 “no cuenta con medidas que permitan reactivar nuestro ritmo de crecimiento”.

En efecto, el IMEF revisó a la baja su proyección de crecimiento para 2015 a 2.3%, desde el 2.5% que previó en agosto pasado, y desde el 2.8% planteado en julio.

Y para 2016 bajó su proyección a 3%, desde el 3.2% que propuso en los dos meses previos.

Y como un menor crecimiento económico implica una menor creación de empleos, también en este indicador el IMEF bajó sus expectativas.

Para el cierre de 2015, sostiene, se habrán creado 662 mil 500 empleos formales nuevos, que significan 7 mil 500 empleos menos de los pronosticados en agosto y 11 mil 172 menos que los calculados en julio.

Y para el cierre de 2016, según el Instituto, se habrán creado 690 mil nuevos empleos, diez mil menos de los pronosticados en agosto y julio.

“El ritmo de crecimiento de la economía nacional para el próximo año será modesto, impactado en mayor medida por la incertidumbre global, la cual se extenderá hasta el próximo anuncio de la Reserva Federal”, concluye el IMEF.

Por su parte, el grupo financiero Banamex-Citigroup mantuvo sin cambios su expectativa de crecimiento económico para 2015, de 2.3%, en función de que distintas variables –consumo, producción industrial, entre otras– se mantienen en la misma línea de los últimos meses.

Sin embargo, para 2016 Banamex recortó de manera severa –cuatro décimas porcentuales menos–, su proyección de crecimiento del PIB a 2.8% desde el 3.2% que planteó el mes pasado.

La razón de este ajuste, según Banamex-Citi, es que los riesgos para el crecimiento de la economía nacional en 2016 se incrementaron por la conjunción de estos factores, que impactarán en la economía del país: entorno global complicado, debilidad económica mundial y alta volatilidad financiera; además de la desaceleración de la producción manufacturera de Estados Unidos.

Por si eso fuera poco, dice Banamex, el programa económico para 2016 “apunta a que la dinámica de ingresos el próximo año será menos favorable que en 2015, y por lo tanto se acompañó de una propuesta de gasto menor.

“El menor déficit público implica un impacto menos favorable sobre el crecimiento económico del año”.

Por eso, afirma, “hemos revisado a la baja nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para México en 2016, a 2.8% desde 3.2%.


“En el contexto de mayores riesgos externos y limitado impacto fiscal favorable, prevemos ahora resultados para principios del 2016 que mostrarán el impacto de un menor dinamismo de la demanda global, en particular en Estados Unidos, que lo que habíamos anticipado hace un mes”, concluye Banamex.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

Banxico mantiene tasa referencial en 3%

Al igual que la Fed, el Banco de México mantuvo sin cambios la tasa de referencia ante la incertidumbre de la economía global.

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió mantener en 3.0 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, en línea con la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que el jueves pasado también dejó sin cambio sus tasas.

En su anuncio de política monetaria, el banco central mexicano explicó que esta decisión de su Junta de Gobierno se toma en virtud de que estima que la postura monetaria vigente es conducente a afianzar la convergencia de la inflación a la meta permanente de 3.0 por ciento.

El instituto central apuntó que las condiciones cíclicas de la economía continúan mostrando debilidad, aunado a que la inflación general se ubica por debajo del objetivo, y se espera que continúe así durante 2015.

Además, la inflación subyacente en sus dos componentes, de mercancías y de servicios, permanece por debajo de 3.0 por ciento, mientras que las expectativas de inflación están bien ancladas, a pesar de la depreciación de la moneda nacional.

Sin embargo, precisó, las posibles acciones de política monetaria por parte de la Reserva Federal podrían tener repercusiones sobre el tipo de cambio, las expectativas de inflación y, por ello, en la dinámica de los precios en México.

Por tanto, la Junta de Gobierno del Banxico anunció que se mantendrá atenta en la evolución de los determinantes de la inflación y sus expectativas para horizontes de mediano y largo plazo.

En particular, añadió, al traspaso de movimientos del tipo de cambio a los precios del consumidor, a la postura monetaria relativa entre México y Estados Unidos, así como a la evolución del grado de holgura en la economía.


Lo anterior, agregó, con la finalidad de estar en posibilidad de tomar las medidas necesarias con flexibilidad y en el momento en el que las condiciones lo requieran para consolidar la convergencia de la inflación al objetivo de 3.0 por ciento.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Jornada de Oriente denuncia “ataque sin precedente” a su sitio web

De acuerdo con el equipo de sistemas del diario, se trata de una ofensiva que satura de visitas el portal, para hacerlo caer e impedir que usuarios accedan a él.

El diario La Jornada de Oriente denunció un “ataque sin precedente” en contra de su sitio web, que se encuentra ‘caído’ desde el domingo 20 de septiembre y hasta la tarde de este lunes.

“A decir del equipo de sistemas de esta casa editorial, (el ataque) se basa en la saturación de entradas para hacer caer la capacidad de recepción de audiencia”, informó el equipo del medio local poblano.

Desde el domingo, los encargados del sistema de La Jornada de Oriente ha encontrado al menos dos direcciones IP (el identificador de un dispositivo en internet), desde las cuales proviene la ofensiva: una alojada en China y la otra en Canadá.

Existen dos hipótesis sobre el ataque pues podría tratarse de un “pirata informático” que está dañando directamente a los servidores que el diario utiliza para alojar su página web, o podría tratarse de un ataque “deliberadamente orquestado para dañar los sistemas digitales de este periódico“, aseguró el medio.

Mientras se restablece el servicio de la página web de La Jornada de Oriente, la información que usualmente publican en su sitio puede leerse en sus cuentas de Facebook y Twitter.

Según los trabajadores del diario, se trata de la tercera ofensiva contra el sitio web.


Así se ha visto el sitio web de La Jornada de Oriente en las últimas horas:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.