Nuevas atribuciones

La Comisión Nacional Antimonopolio tendrá mayores alcances en su labor, con la facultad de realizar diligencias de inspección o recolectar datos a través de cualquier herramienta para sus funciones.

Entre los cambios destaca el incremento en las multas, de hasta 200 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por obstruir verificaciones de la autoridad.

La ley incorpora la facultad al nuevo órgano de inhabilitar de forma temporal a empresas en procesos de contratación pública por un periodo de seis meses hasta cinco años por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, al margen de las responsabilidades administrativa, civil o penal en que se incurra.

El documento también propone que empresas inmiscuidas en prácticas monopólicas podrán obtener una reducción de las multas si colaboran en las investigaciones.

La reforma facilita que los consumidores presenten “acciones colectivas” desde que la resolución administrativa de la Comisión quede firme,  sin necesidad de esperar a que se agote un juicio en tribunales.

Entre las nuevas facultades que tendrá la CNA están la de establecer, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mecanismos de cooperación y coordinación con autoridades de competencia económica en el extranjero en materia de investigaciones e intercambiar todo tipo de información.

En el terreno de las telecomunicaciones, la nueva Comisión podrá imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación en un mismo mercado o zona geográfica.

Además, tendrá la facultad de declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en los mercados de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en esos sectores y emitir opinión respecto del impacto en materia de competencia económica de las medidas específicas impuestas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. 

La senadora Blanca Judith Díaz, de Morena, defendió el proyecto al señalar que busca romper con una visión elitista y tecnocrática de la competencia económica. 

“México requiere una política de competencia económica que no sólo atienda criterios formales sino que sea sensible a las realidades del país, capaz de reconocer que no existe una competencia auténtica cuando persisten asimetrías estructurales, concentraciones excesivas o condiciones históricas de desventaja para actores productivos, especialmente en regiones marginadas o sectores estratégicos”, dijo. 

El órgano tendría facultades ampliadas para combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos del país.

Oposición acusa “retroceso”

Senadores de oposición calificaron como un retroceso preocupante la reforma, al señalar que centraliza funciones clave y debilita a los órganos autónomos.

El legislador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la reforma afecta la transparencia y la competitividad del país.

“Representa en realidad un grave retroceso para la autonomía, para la transparencia y la eficacia en el combate a las prácticas monopólicas en México. Desde Movimiento Ciudadano enfatizamos claramente nuestra posición, estamos en contra de esta reforma porque creemos firmemente que debilita nuestras instituciones, perjudica a los ciudadanos que representamos y deteriora la competitividad y productividad económica del país”, dijo.

El senador Miguel Ángel Riquelme, del PRI, calificó la reforma como un retroceso con el pretexto de implementar la simplificación administrativa. 

“La propuesta de centralizar estas funciones y crear una Comisión Nacional Antimonopolio subordinada al Ejecutivo representa un riesgo para la democracia económica, diluye su capacidad técnica, abre la puerta a presiones de intereses y reduce su incidencia independiente en las regulaciones y las leyes”, dijo.

En tanto, el panista Marko Cortés acusó a la coalición mayoritaria de concentrar el poder la Presidencia: “Le quitan atribuciones exclusivas al Poder Legislativo y le están dando más poder a la titular del Ejecutivo Federal, quitan los órganos autónomos con autonomía de gestión y crean brazos operadores dependientes del Ejecutivo Federal”

Algo que enfatizó el senador Emmanuel Reyes es la ampliación de los mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, en cumplimiento de acuerdos como el T-MEC, lo cual facilitará investigaciones transnacionales sobre concentración o colusión empresarial.

También se extiende de uno a tres años el periodo para investigar concentraciones entre empresas y se promueve la transparencia, al establecer la publicación obligatoria de versiones estenográficas de las sesiones del pleno de la Comisión.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. Por lo pronto, la Cofece continuaría en funciones de manera transitoria en tanto se conforma el pleno del nuevo organismo.

La ley, producto de iniciativa presidencial, establece las reglas de funcionamiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran, en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.

La legislación subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, el acceso, la consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares que componen la Plataforma Central de Inteligencia.

Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y de particulares.

En ese sentido, incluye a los particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos como datos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros, fiscales, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y de personas prestadoras de servicios de seguridad privada.

Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, en materia marítima y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de los delitos”.

La obligación que establece la ley es que estos sistemas “deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta de acuerdo con las formas y mecanismos previstos en esta Ley”.

Para el procesamiento y análisis de la información, se utilizarán sistemas y programas que reciban, transcriban, conviertan, organicen, clasifiquen e interrelacionen información y datos de todo tipo, incluidos programas de automatización y herramientas de inteligencia artificial, “a fin de generar las estrategias, acciones y los productos de inteligencia en seguridad pública que detonen y refuercen operativos y operaciones especiales”.

Establece que “los sistemas podrán ser mecánicos, tecnológicos e inteligentes” y la información será utilizada para generar productos de inteligencia y otros estudios que contribuyan a “identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública”.

Además, incorpora formalmente a la Dirección de Registro y Evaluación dentro de la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de reconocer la práctica administrativa existente y reforzar sus atribuciones sin generar un costo presupuestal adicional. 

La reforma tiene la finalidad de adecuar los artículos 53 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al nuevo marco constitucional y legal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

La reforma aprobada fue enviada a la titular del Ejecutivo para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.

La ley será votada en el pleno del Senado este sábado, para ser enviada a la Cámara de diputados.

Establece que las empresas de telecomunicaciones deben entregar información geográfica en tiempo real de los usuarios y conservar un registro de las comunicaciones por dos años. Si las autoridades les requieren alguna información, tendrán un día para entregarla. 

Los servicios de telecomunicación móvil —telefonía e internet—, sólo podrán ser otorgados a personas que presenten su Clave Única de Registro de Población (CURP) que, de acuerdo con otras reformas impulsadas por el gobierno federal de forma paralela, contendrá los datos biométricos de las personas. 

Esa disposición está contenida en el artículo 103 de la ley, que establece que “los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones que presten el servicio móvil únicamente podrán activar y mantener activo el servicio de aquellas líneas que estén asociadas a usuarios finales que hayan presentado una identificación oficial conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Comisión. La identificación oficial deberá contener la CURP para personas físicas, y RFC para personas morales”.

Es el artículo 183 el que ordena a las empresas concesionarias colaborar con las autoridades de seguridad y fiscalías en la localización geográfica, en tiempo real, de los teléfonos celulares.

La reforma mantiene el mandato de que las líneas de telefonía móvil deben estar asociadas a un usuario final y de lo contrario serán suspendidas. De acuerdo con artículo 30 transitorio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, a más tardar en 120 días hábiles después de que entre en vigor la reforma, emitirá los lineamientos para la identificación de líneas del servicio móvil. 

Después de otros 120 días hábiles, toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida, y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.

Publicidad extranjera

La reforma establece que las comunicaciones privadas son inviolables. La ley establece que sólo la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de cada estado, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

En el artículo 107, se establece que la información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será confidencial, salvo la que sea pública o cuando medie orden de autoridad judicial competente.

La ley mantiene la disposición que desató la reforma en abril pasado respecto a la publicidad extranjera. En el artículo 232, establece que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en México no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos extranjeros.

La misma restricción aplica a programadores y operadores de señales, así como plataformas digitales, cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional.

La única información de este tipo que estará permitida es la referente a promoción turística, cultural o deportiva. 

La Secretaría de Gobernación será la encargada de vigilar y supervisar de que no se viole la disposición y si ello ocurre ordenará la suspensión de la transmisión de la publicidad, previo apercibimiento y puede multar hasta con una multa equivalente hasta del 5 por ciento. 

La nueva versión eliminó el artículo 109 que permitía a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bloquear plataformas digitales. 

Como énfasis, en el artículo 209, entre las facultades de la Secretaría de Gobernación, se destaca que la dependencia “deberá respetar los derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de expresión y no podrá realizar ninguna censura previa”.

Agencia Digital y la nueva Comisión

Luego de las críticas por la concentración de funciones en la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), la reforma planteó la creación de una Comisión dependiente de la propia agencia y desconcentrada.

La ATDT continuará como principal responsable de elaborar las políticas de telecomunicaciones, satelital y de radiodifusión del gobierno mexicano. 

La reforma crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, integrada por cinco personas nombradas por la Presidencia Claudia Sheinbaum y ratificadas por el Senado de la República. 

Se trata de un órgano administrativo desconcentrado de la propia Agencia, con independencia técnica, operativa y de gestión. 

Así, la Agencia deberá coordinarse con la Comisión para promover el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de banda ancha e Internet.

Es responsabilidad de la ATDT garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades públicas y ayudar a las demarcaciones en ese objetivo, así como establecer programas de acceso a banda ancha en sitios públicos que identifiquen el número de sitios a conectar cada año de manera progresiva, hasta alcanzar la cobertura universal.

En coordinación con la Comisión, la Agencia emitirá el programa nacional de espectro radioeléctrico que tendrá por objeto promover el aprovechamiento, con el fin de brindar mayor cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Asimismo, elaborará el plan nacional de conectividad y acceso a Internet. 

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitirá las disposiciones administrativas generales en la regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión. Es decir, planes técnicos fundamentales, lineamientos, Normas Oficiales, modelos de costos, procedimientos de homologación y certificación, así como ordenamientos técnicos en el sector, comunicación satelital, sostenibilidad espacial, entre otros. 

Tendrá a su cargo también las concesiones para prestar servicios de radio y telecomunicación.

En tanto se integra el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, conforme al artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones continuará en funciones conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Dos meses y cinco conversatorios después

La ley fue propuesta el pasado 23 de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa fue aprobada por las comisiones unidas, pese a las críticas en torno a los riesgos de censura debido al artículo 109 que permitía a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bloquear cualquier plataforma digital bajo criterios de la Secretaría de Hacienda.

La mandataria puso énfasis en que su propuesta no buscaría limitar la libertad de expresión. Otra de las advertencias principales de especialistas y representantes de la oposición fue la concentración de funciones en la Agencia Digital, que dirige José Merino.

La iniciativa había avanzado hasta la primera lectura para ser votada en el pleno del Senado; hasta que Presidencia abrió la puerta a las modificaciones y el 28 de abril el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, solicitó que la votación fuese retirada del Orden del Día. El dictamen fue devuelto a Comisiones, que después de cinco conversatorios presentó una nueva versión de la iniciativa.

📷 #HoyEnElSenado concluyó el análisis en comisiones del dictamen que crea la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.https://t.co/OAFoWS7ZmW pic.twitter.com/UelFpIOipS

— Senado de México (@senadomexicano) June 27, 2025

La reforma busca la creación un marco integral para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas, una mayor coordinación institucional entre fiscalías, intercambio de información y acceso a bases de datos. 

Además, siguiendo la misma línea de otras reformas oficialistas en el sentido de tener los datos de los ciudadanos, también establece la creación de la Plataforma Única de Identidad (PUI) como una herramienta para la consulta, validación y gestión de las Claves Únicas de Registro de Población (CURP), a que se refiere la Ley General de Población. 

Además, en el artículo 91 se establece que, al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. La Clave Única de Registro de Población (CURP) contendrá huellas dactilares, fotografía y datos biométricos. 

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para que la próxima semana, antes de que termine el periodo extraordinario, se discuta en el Pleno.   

La oposición, en contra de la CURP con datos biométricos

La senadora del PRI, Claudia Anaya, afirmó que la iniciativa no resuelve nada ya que, resaltó, no atiende a los cuatro principios de la justicia tradicional transicional: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. 

También enfatizó que los desplegados de los colectivos dicen que no los utilicen para meter un mecanismo de control ciudadano (la CURP biométrica) “con el pretexto de querer encontrar a nuestros desaparecidos”. 

“La CURP, biométrica, la acumulación masiva de datos sin planificación, progresividad, presupuesto, no ayuda a la población, la pone en riesgo, en riesgo de hackeos, en riesgo de robo de identidad y más ahora que no tenemos protección de datos personales, entonces no los utilicen mejor. Resolvamos de manera estructural el diseño de las instituciones y el diseño presupuestal”, explicó. 

Por su parte, la senadora del PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, afirmó que su partido votará a favor del dictamen de Desaparición Forzada, porque responde a una emergencia nacional, pero en contra del dictamen sobre la Población, porque atenta contra los principios básicos de protección de datos personales, privacidad y límites al poder del Estado. 

“Consideramos que la creación de la Plataforma Única de Identidad en la que se incorporan datos biométricos a la CURP es un dardo envenenado. Quieren utilizar este documento de identificación oficial que de manera permanente estará interconectado en tiempo real con el pretexto de que es indispensable detectar y actuar rápidamente ante los casos de desaparición. 

“En realidad, lo que ustedes buscan es apoderarse de manera irresponsable de la información más privada de los mexicanos”, resaltó.

Las instituciones rechazaron los señalamientos, mientras la Secretaría de Hacienda explicó que, aunque el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los vínculos entre las instituciones y delitos financieros.

Hasta ahora, las entidades y el Gobierno mexicano han precisado que las únicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139.000 millones de dólares anuales.

La reforma aprobada será enviada a la Cámara de Diputados para su debate y posible aprobación.

En varias ocasiones, el senador Gerardo Fernández Noroña ha enfatizado que su gestión como presidente del Senado llegará hasta el 31 de agosto próximo, cuando concluye el primer año de la actual Legislatura, y que regresará a sus participaciones en tribuna; sin embargo, el pasado lunes 21 de junio advirtió que puede intentar reelegirse.

“Yo no he tomado ninguna determinación de buscar la reelección. ¿Eso quiere decir que no la buscaré? Tampoco. Lo que estoy diciendo es que no he tomado ninguna determinación. Yo creo que a mí me hará, me va a resultar, muy ventajoso volver a mi condición de senador y volver al debate. Yo espero la decisión que toma el grupo parlamentario y esa la voy a apoyar”.

Las tres senadoras morenistas han sido integrantes de la Mesa Directiva ya sea en esta Legislatura o en periodos anteriores.

El nombramiento está a cargo del grupo parlamentario con más integrantes en la Cámara, que es Morena. Esa bancada deberá definir en agosto, previo al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, quién presidirá el Senado a partir del 1 de septiembre.

Las tres aspirantes a la presidencia del Senado

De acuerdo con las legisladoras, aún no hay acuerdos al interior de la bancada para iniciar con el proceso para definir la presidencia del Senado. 

Verónica Camino Farjat, senadora por Yucatán, reiteró este martes que una de sus aspiraciones es presidir el Senado, pero acotó que espera los tiempos que defina el coordinador de su bancada Adán Augusto López Hernández para formalizar la decisión.

“En agosto es cuando hacemos la plenaria y es cuando votamos para elegir a la persona que nosotros consideremos que puede ir a mesa directiva. Yo voy a esperar mucho los tiempos, que ya el coordinador Adán Augusto nos diga ‘ya pueden inscribirse formalmente’ y en ese momento lo haré, por supuesto que sí”.

Las tres legisladoras defendieron su derecho a que una mujer presida la Mesa directiva, por la alternancia de género que implementaron desde 2018.

“Estamos en una etapa de igualdad sustantiva que ya está en la Constitución, pues entonces el Senado pues tiene que cumplir eso y aparte es como tú lo dices, una tradición ya de por lo menos los 6 años de las últimas dos Legislaturas. Así ha sido y seguramente va a seguir siendo”, dijo Imelda Castro.

“En el sexenio pasado logramos no solamente la paridad en todo, sino en el cargo de los espacios de ejercicio de poder internos de gobierno, del Senado, la alternancia. Eso quiere decir que un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y yo estoy porque la alternancia se mantenga, es una lucha histórica en las mujeres. No le quitamos el derecho a alguien a volver a ser, pero no en este momento tendrá que dejar paso a que una mujer ocupe este espacio y si después el Grupo parlamentario considera que debe tener otra oportunidad por el género…”, agregó Ana Lilia Rivera.

La legisladora por Yucatán Verónica Camino Farjat también defendió el derecho de que una mujer sea la siguiente presidenta de la Mesa.

“Creo que los lugares donde las mujeres ya hemos ganado, los espacios que ya hemos ganado, no vamos a retroceder en ellos”.

Empuja perfil “sin protagonismos”

Sin dar nombres, Ana Lilia Rivera destacó que entre las características que se requieren para presidir el Senado son la moderación, la discreción y la prudencia.

“Que sea una compañera que tenga carácter para poder dominar desde ahí arriba a una oposición que muchas veces no discute razones, sino son posicionamientos políticos que nos ha llevado a un descrédito nacional. En la excentricidad en la que muchas veces se conducen quienes aquí son protagonistas políticos, el que menos protagonismo debe dar es el presidente”.

“Carácter, mesura, inteligencia, conocimiento. Y que tenga una una cualidad: representarnos a todos, que no tengan amistades, confrontación con los demás grupos, porque esa no es una posición de partido. Si es cierto que somos la mayoría, pero representa a todo el Senado”.

Andrea Chávez se descarta, dice que rechazará “los reflectores”

La vocera de Morena en el Senado, quien durante el primer año legislativo ha promovido de manera constante en el territorio chihuahuense su imagen, declaró en un video que su atención está centrada en su estado natal, que también renueva la gubernatura en 2027 y en cuyo proceso la legisladora ha manifestado su intención de participar.