La Guardia Nacional (GN), una policía civil por definición, ha sido dirigida y manejada desde el inicio por militares del Ejército en activo, que igual dan órdenes como jefes policiales que como comandantes de las fuerzas armadas. En los hechos nunca han estado separados de la estructura y jerarquía castrense, pese a que así lo ordenaba la reforma constitucional que dio luz verde a la nueva corporación.
Así lo revela una demanda de amparo presentada por una Mayor del propio Ejército Mexicano, que se desempeñaba como Directora de Vinculación Ciudadana de la Guardia Nacional, y quien fue removida de su cargo y enviada como fiscal militar a Reynosa, Tamaulipas, por orden de la Sedena. Esto, luego de que se inconformara por la participación de una unidad de militares en la atención de una víctima de efectivos de la Guardia Nacional.